Sentencia T-006 de 2020

T-006-20 NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 271A del 5 de agosto de 2020, el cual se anexa en la parte final, se declara que la intervención de la representante de Open Society Justice Initiative hace parte del contenido de la presente providencia. En consecuencia, se incluye una síntesis de dicha intervención como un anexo de este fallo. Sentencia T-006/20 DERECHO A LA NACIONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE APATRIDIA EN COLOMBIA El contenido del derecho a la nacionalidad de las personas migrantes ha sido desarrollado ampliamente en el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la resolución de casos contenciosos, como en las opiniones consultivas que proporciona en el ejercicio de su facultad de interpretación judicial de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros tratados sobre derechos humanos. DERECHOS DE LOS MIGRANTES-Garantizados por la comunidad internacional DERECHOS DE LOS MIGRANTES-Extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y garantías que gozan los nacionales, salvo las limitaciones que establece la Constitución o la ley DERECHOS DE LOS MIGRANTES-Marco jurídico interno sobre adquisición de nacionalidad DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA, AL ESTADO CIVIL, A LA NACIONALIDAD Y A LA FILIACION DEL MENOR-Orden a Registraduría Nacional registrar como nacional colombiano a menor nacido en país extranjero Referencia: expedientes (i) T-7.206.829 y (ii) T-7.245.483 Acciones de tutela promovidas por (i) Aron en representación de su hija menor Sara contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, y (ii) Pedro en representación de su hijo menor Yoel contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asunto: Derecho a la nacionalidad de niños hijos de venezolanos migrantes en situación irregular. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020). La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de las sentencias (i) del 21 de diciembre de 2018 proferida en única instancia por el Juzgado Sesenta y Tres (63) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, y (ii) del 13 de diciembre de 2018 proferida en segunda instancia por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín mediante las cuales se denegó el amparo. El asunto llegó a esta Corporación por la remisión que hicieron dichas autoridades judiciales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Tres escogió los expedientes para su revisión mediante los autos del 15 y 28 de marzo de 2019. Mediante este último dispuso acumular el expediente T-7.245.483 al expediente T-7.206.829 por presentar unidad de materia para que sean fallados en una sola sentencia. En cumplimiento de los mencionados autos mediante oficios del 1 y 11 de abril de 2019 la Secretaría de esta corporación envió los expedientes a este despacho e informó que el término máximo para fallar es de tres meses. La identidad de las personas de los expedientes de la referencia ha sido cambiada en la presente providencia por nombre ficticios y será tratada bajo estricta reserva por tratarse de un asunto que tiene relación con la intimidad personal y familiar de niños y niñas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012. I. ANTECEDENTES Expediente T- T-7.206.829 El 4 de diciembre de 2018 el señor Aron promovió acción de tutela contra la Registraduría Distrital de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá en representación de su hija Sara quien es menor de edad, por considerar que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la nacionalidad y a la personería jurídica. Manifestó que la niña se encuentra en alto riesgo de apatridia debido a que la entidad accionada se negó a incluir la anotación de valido para demostrar la nacionalidad en el registro civil de nacimiento, por no encontrar acreditado el domicilio de sus padres en Colombia. Para fundamentar la demanda relató los siguientes: A. Hechos 1. El 19 de junio de 2018 nació la niña Sara en Bogotá en el hospital de Engativá. Para el momento del nacimiento su padre (hoy accionante) manifiesta que se encontraba domiciliado en Colombia y que tenía un trabajo formal y una vivienda en la que habitaba junto con su familia. Indicó que el 06 de febrero de 2018 le fue otorgado el permiso especial de permanencia – PEP-. 2. Expresó el accionante que la Registraduría incluyó la anotación en el registro civil de nacimiento de su hija: no válido para demostrar la nacionalidad. Por esa razón, se acercó en varias oportunidades a la entidad para que se le reconozca la nacionalidad a su hija, sin embargo, dicha entidad se negó a acceder a esta solicitud con fundamento a lo establecido en la Circular No. 168 del 22 de diciembre de 2017 expedida por la misma entidad, en relación con la acreditación del domicilio. 3. Señaló que su hija se encuentra en alto riesgo de apatridia en la medida que el Consulado de Venezuela en Colombia exige la presentación de la visa o cédula de extranjería debidamente otorgada en el territorio colombiano para reconocer la nacionalidad de su hija. Sin embargo, él no cuenta con ninguno de los dos documentos. Solo porta un Permiso Especial de Permanencia – PEP –. No obstante, este permiso no es considerado por el Consulado para efectos de realizar una inscripción válida para obtener la nacionalidad de la niña. 4. Por lo anterior, interpuso acción de tutela en representación de su hija por la imposibilidad de acceder a la inscripción del nacimiento en Venezuela, y a la negativa de Colombia de reconocer la nacionalidad de la niña. Considera que ella se encuentra en riesgo de apatridia y privación absoluta de un vínculo jurídico con un Estado. B. Contestación de la acción de tutela La entidad accionada contestó la demanda indicando que era necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 168 del 22 de diciembre de 2017 que se refiere a los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad colombiana por nacimiento. De acuerdo con esta norma la sola inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano no otorga la nacionalidad de manera automática a los niños nacidos en Colombia de padres extranjeros. Para ello es necesario antes verificar el domicilio de los padres con unos de los documentos que son idóneos, tal como ha sido especificado en dicha directriz. Expuso que quien se presenta como declarante debe estar debidamente identificado. Explicó que el Decreto Ley 1260 de 1970 en su artículo 45 modificado por el Decreto 356 de 2017 estableció quiénes están llamados a servir como declarantes e indicó que estos son los únicos que pueden presentar la solicitud de inscripción, a saber: 1. El padre debidamente identificado. 2. La madre debidamente identificada. 3. Los demás ascendientes, debidamente identificados. 4. Los parientes mayores más próximos, debidamente identificados. 5. El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido el nacimiento, debidamente identificado. 6. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado, debidamente identificado. 7. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito, debidamente identificado. 8. El propio interesado mayor de diez y ocho años, debidamente identificado. A su vez, citó los dos parágrafos de la norma que establecen la competencia de algunas entidades públicas para denunciar el nacimiento de una persona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006. Podrán denunciar el nacimiento las Comisarías de Familia (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia) o los Inspectores de Policía (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia ni Comisario de Familia), siempre y cuando se trate de menores de edad, siempre que se den las condiciones señaladas en el numeral 19 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. También podrán hacerlo las Defensorías de Familia, las Comisarías de Familia (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia) o los inspectores de Policía (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia ni Comisario de Familia), en uso de las facultades delegadas para ejercer la función de policía judicial, o quien para el efecto delegue el Fiscal General de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Constitución Política, practicaran las pruebas necesarias para establecer la veracidad de los hechos cuando corresponda actuar como denunciante. Tratándose de un extranjero su pasaporte debe estar vigente al momento de solicitar la inscripción, o de lo contrario, podrá actuar cualquier persona debidamente identificada a las que se refiere el citado artículo. Con relación al Permiso Especial de Permanencia -PEP-, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano, indicó que dicho permiso no constituye un medio de prueba de residencia, toda vez que fue concebido como un mecanismo de facilitación migratoria que le permite a los ciudadanos venezolanos, permanecer en Colombia de manera regular y ordenada. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores En escrito del 10 de diciembre de 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores allegó escrito a la Corte Constitucional en el que manifestó su falta de competencia para atender el asunto en relación con el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento. Señaló que está en cabeza del Presidente de la República o del Ministro de Relaciones Exteriores por delegación. La decisión de naturalizar un extranjero se fundamenta, entre otros requisitos, en el ánimo de permanencia en el país (ius domicili) el cual se acredita con una visa de residente.[1] Citó los artículos 6 y 121 de la Constitución Política los cuales limitan la actuación de las autoridades públicas al ejercicio de las funciones que les son conferidas por la Constitución y la ley. Por esta razón, el Ministerio adquiere competencia solo en materia de nacionalidad colombiana por adopción, respecto de los extranjeros domiciliados en Colombia con visa de residente.[2] Manifestó que corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil establecer el procedimiento y los canales que deben ser utilizados por aquellos interesados en llevar a cabo la inscripción del nacimiento en el registro civil colombiano, y fijar la aplicación de los requisitos correspondientes para tal fin, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente y la jurisprudencia sobre la materia. C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de única instancia El día 21 de diciembre de 2018 el Juzgado 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró improcedente la acción de amparo al considerar que no se acreditó el domicilio de los padres de la menor como requisito indispensable para acceder al derecho a la nacionalidad colombiana. Señaló que no hay evidencia que se le estén negando los servicios de salud a la menor para que sea necesario activar el amparo constitucional reiterando lo establecido en la sentencia T-210 de 2018. Conforme a lo anterior, consideró que la actuación de la entidad obedecía a lineamientos legales y no a actuaciones caprichosas, aunado al hecho de que la acción de amparo no puede ser utilizada para el fin exclusivo referido al reconocimiento de la nacionalidad, la cual está precedida por el reconocimiento de requisitos que no fueron acreditados y que ahora pueden ser actualizados. Expediente T-7.245.483 El 08 de noviembre de 2018 los señores Pedro y Devora actuando en representación de su hijo menor de edad Yoel promovieron acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitando el amparo del derecho fundamental de petición, con fundamento en los siguientes: - A. Hechos 1. El 27 de mayo de 2017 el señor Pedro ingresó a Colombia. Tramitó un permiso especial de permanencia (PEP) con las autoridades colombianas. 2. El 14 de enero de 2018 comenzó a trabajar mediante contrato laboral verbal indefinido como auxiliar de ebanistería en una empresa de carpintería en la ciudad de Medellín. 3. En agosto de 2017 la señora Devora (compañera permanente de Pedro) ingresó a Colombia desde Venezuela de forma regular. Durante su visita y como fruto de la relación afectiva Devora quedó en embarazo. 4. El 24 de marzo de 2018 después de terminar el periodo de estudios universitarios y por la grave situación de orden público en Venezuela, la vulneración masiva de derechos fundamentales, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, Devora ingresó de nuevo a Colombia con la intención de garantizar la unidad de familia, la subsistencia, la estabilidad y las condiciones dignas de vida para ella misma y su bebé. 5. El 18 de abril de 2018 Devora dio a luz a su hijo en el Hospital San Vicente de Paul. 6. El 20 de abril realizó el trámite del registro civil de nacimiento del bebé, sin embargo, allí no se indicó si el documento era o no válido para acreditar la nacionalidad colombiana. 7. El 25 de septiembre de 2018 los accionantes radicaron derecho de petición en la Registraduría Especial de Medellín con el objetivo de que le fuera concedida la nacionalidad al bebe e inaplicar en el caso concreto cualquier circular de la Registraduría, resolución o decreto del gobierno en donde se le exija acreditar el domicilio legal al momento del nacimiento de su hijo. 8. A la fecha de la interposición de la tutela no habían recibido respuesta al derecho de petición y consideraban que eso implicaba una vulneración a este derecho fundamental así como la prolongación de la grave situación de inseguridad y vulnerabilidad en la que se encontraba su hijo. B. Actuación de instancia y contestación de la acción de tutela El Juzgado 7º de Familia de Oralidad de Medellín mediante auto del 16 de noviembre de 2018 admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la entidad accionada de los hechos u omisiones que motivaron la solicitud. Respuesta de Registraduría Nacional del Estado Civil En escrito del 19 de noviembre de 2019 la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al juez de instancia negar las pretensiones de la acción de tutela. En primer lugar, expresó que el procedimiento para el registro de nacimiento de niñas y niños de padres extranjeros en Colombia se estipula en el numeral primero del artículo 44 del Decreto Ley 1260 de 1970 que dispone que se inscribirán en el registro civil los nacimientos que ocurran en el territorio colombiano. En cuanto al procedimiento para la adquisición de la nacionalidad señaló que de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 43 de 1993 y con el artículo 38 de la Ley 962 de 2005, es necesario que al menos uno de sus padres demuestre que para la fecha del nacimiento de su hijo (a), se encuentre debidamente domiciliado en Colombia. Indica que lo anterior dio lugar a la expedición de la Circular Única de Registro Civil e identificación de 2018 en la se impartieron las directrices necesarias a tener en cuenta por parte de los funcionarios registrales al momento de inscribir el nacimiento de personas hijas de padres extranjeros a efectos de demostrar la nacionalidad de los nacidos. En ese sentido, cuando no se logra demostrar la calidad del domicilio de alguno de los padres para la fecha del nacimiento de su hijo (a), se hará la inscripción en el registro civil de nacimiento, pero el titular no gozará de la nacionalidad colombiana hasta que sea posible determinar el domicilio. En consecuencia, no podrá tramitarse ningún documento de identidad que certifique la nacionalidad colombiana como lo es la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento. En relación con la prueba del domicilio está superada la interpretación según la cual se hace a través de la visa de residente. Mediante el oficio S-GNC-15-016796 del 24 de febrero de 2015 el coordinador del Grupo Interno de Nacionalidad de la Cancillería emitió un concepto relativo a los requisitos de domicilio de los extranjeros para demostrar la nacionalidad, en él, se extienden los tipos de visa que pueden considerarse análogos a la visa de residente para efectos de probar el domicilio en Colombia. Con base en lo dicho, se profirió la Circular 059 del 26 de marzo de 2015 (considerada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR como una buena práctica del Estado Colombiano), que extiende lo establecido en el artículo 80 del Código Civil, sobre presunción del domicilio a los extranjeros que quieran demostrarlo. Posteriormente en 2017 se expidió la Circular 168 que modificó la Circular 059 de 2015 en la medida que la Resolución No. 6045 del 02 de agosto de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores modificó los tipos de visas, reduciéndolas solamente a 3 (visitante (V), migrante (M) o residente (R)).[3] De igual manera, se desarrolló un procedimiento para el reconocimiento de los casos de apatridia, que pese a estar establecido este derecho en el inciso 4º y el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 43 de 1993, modificada por el artículo 39 de la Ley 962 de 2005, no tenía regulación alguna. Sobre el Permiso Especial de Permanencia -PEP- la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia emitió un concepto en el que indicó que dicho permiso no constituye residencia, toda vez que fue concebido como un mecanismo de facilitación migratoria para los ciudadanos venezolanos. Expone que la Ley 16 de diciembre 30 de 1972 incorporó al derecho interno de Colombia la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra en el artículo 20 que todo ser humano tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Ahora bien, ACNUR ha recomendado tener en cuenta las disposiciones contenidas en el inciso 4º del parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 43 de 1993, modificado por el artículo 39 de la Ley 962 de 2005, que establece los requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción y para la prevención del riesgo de apatridia. Posteriormente hace un análisis sobre el fundamento jurídico de la nacionalidad. En tal sentido reitera que Colombia ha asumido la obligación internacional de garantizar el derecho de toda persona a tener una nacionalidad, como elemento integrante del reconocimiento a la personalidad jurídica. Señala que la Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la nacionalidad es comprensivo de todos los atributos que se predican de la personalidad humana, como lo son el nombre, el estado civil, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. (Sentencia C-243 de 2010). Menciona que el marco de protección es amplio y de carácter fundamental al tratarse de un elemento inherente a la dignidad humana. No obstante ello no opera per se, la carga mínima legal que debe acreditar el solicitante es el fundamento probatorio que da inicio al trámite administrativo. De allí la existencia del criterio de duda razonable en la valoración. En relación con el estatus migratorio, citó entre otras cosas jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que sostiene que “pedir y obtener la naturalización no es un acto corriente en la vida de un hombre. Entraña la ruptura de un vínculo de fidelidad y establecimiento de otro vinculo de fidelidad. Lleva consigo consecuencias lejanas y un cambio profundo en el destino del que la obtiene”, debido a la importancia que tal relación representa en la vida de cualquier persona. De igual forma indicó que las diferentes decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han permitido entrever que negar el derecho a la nacionalidad implica la vulneración de otros derechos humanos como los derechos del niño, nombre, educación, salud, propiedad privada, igualdad y libertad de expresión. Por otra parte hizo referencia al desplazamiento y migración de los ciudadanos venezolanos en Colombia. Explicó que el gobierno colombiano ha tomado medidas para cambiar la situación de los migrantes y refugiados en temas de salud, acceso a la documentación y regularización, derecho a la nacionalidad y riesgo de apatridia. Sobre esto último señaló que mediante Resolución 6047 de 2017 que entró en vigencia el 30 de octubre, el Ministerio modificó sustancialmente la clasificación de visas que existía y estableció tres tipos: (i) visa de visitante o visa tipo V, (ii) visa de migrante o visa tipo M, (iii) visa de residente o visa tipo R. Para la solicitud la norma dispuso que el extranjero que la solicite debe encontrarse en alguna de las condiciones enlistadas en el artículo 17 de dicha resolución, entre las cuales se encuentran: ser cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano; estar reconocido como refugiado en Colombia; contar con un empleo fijo en el país de larga duración; o haber registrado inversión extrajera entre otras. Por todo lo anterior, solicita negar las pretensiones de la demanda. C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2018 el Juzgado 7º de Familia de Oralidad de Medellín decidió negar el amparo del derecho a la nacionalidad por considerar que existe un trámite vigente para dichos escenarios, establecido en la Circular Única de Registro Civil de 2018 que el accionante aún no ha agotado. Señaló: (…) observa el despacho que la entidad accionada obró de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia aplicables al caso; dable es concluir entonces que en este evento en particular, no se observa violación alguna de los derechos fundamentales del menor; de donde se sigue que la decisión a adoptar será la de negar el amparo deprecado (…) respecto del derecho a la nacionalidad invocado. Sin embargo, decidió amparar el derecho fundamental de petición en la medida que los accionantes no han obtenido una respuesta clara y precisa respecto a la solicitud elevada desde el 29 de septiembre de 2018. Por lo que ordenó a la Resgistraduría Nacional del Estado Civil que dentro de los 5 días hábiles diera respuesta a la gestión adelantada por los accionantes. Impugnación El 30 de noviembre de 2018 los accionantes manifestaron que el juez de primera instancia basó la decisión en el Permiso Especial de Permanencia -PEP- considerando que este no puede predicarse como un documento que otorgue la calidad de residente en el territorio colombiano. Sin embargo ellos nunca afirmaron que dicho permiso les sirviera para acreditar la residencia pues entienden que este es irrelevante para determinar si una persona está o no domiciliada en el país. Consideran que no tener en cuenta el permiso especial de permanencia para constituir domicilio es exigir requisitos que son impuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y no por la ley, lo cual deriva en una actuación inconstitucional. Manifestaron que sus argumentos fueron desatendidos por el juez y que de acuerdo a la Ley 43 de 1993 y a lo dispuesto en la sentencia T-075 de 2015 su hijo cumple con los requisitos para ser reconocido como nacional colombiano pues su padre estaba domiciliado en Colombia para el momento de su nacimiento. Sentencia de segunda instancia Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2018 la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín decidió confirmar la sentencia impugnada y adicionó otra orden para que una vez cumplida la orden en relación con el amparo del derecho de petición, se le enviara copia de su cumplimiento. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN La Magistrada Sustanciadora emitió auto de pruebas el 6 de junio de 2019 en el cual se ofició (i) al Ministerio de Salud y Protección Social para que informara al despacho sobre nacimientos de niños y niñas de padre y/o madre venezolanos desde el año 2015 a la fecha, así como la nacionalidad y estatus migratorio de sus padres, (ii) a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera la información sobre la normativa vigente en materia de adquisición de la nacionalidad para los hijos de padre y/o madre venezolanos nacidos en Colombia, (iii) al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicitara a la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia información sobre el tratamiento legal de los hijos de padre y/o madre venezolanos nacidos en Colombia conforme a la Constitución y las leyes de ese país, así como información sobre la naturaleza jurídica y la finalidad del Permiso Especial de Permanencia PEP otorgado a los nacionales venezolanos que habitan el territorio colombiano, entre otras cosas, (iv) a la Red Humanitaria de Albergues, a la Fundación Mujeres y Futuro, a la Asociación Central de Venezolanos en Colombia – ASOCVENECOL, a la Red de Programas de Desarrollo y Paz REDPRODEPAZ, a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, para que participaran en el debate jurídico objeto de estudio, (v) a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia para que emitieran concepto sobre el riesgo de apatridia de los niños y niñas hijos de padre y/o madre venezolanos nacidos en Colombia, (vi) a la Misión en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, a las oficinas en Colombia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR- y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF-, para que si lo estimaren conveniente remitieran un concepto relativo a la situación de los niños y niñas nacidos en Colombia de padre y/o madre venezolano frente al posible riesgo de apatridia. Registraduría Nacional del Estado Civil De conformidad con lo anterior la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió oficio a la Corte Constitucional en el que respondió las preguntas formuladas por la Sala. En primer lugar, frente a la pregunta de la normatividad vigente en materia de adquisición de la nacionalidad para hijos de padre y/o madre venezolanos nacidos en Colombia manifestó lo siguiente: El artículo 96 numeral 1º de la CP establece quienes son nacionales colombianos de acuerdo al origen. Así establece que se requiere el cumplimiento de una de dos condiciones: (i) que el padre o la madre haya sido natural o nacional colombiano o (ii) que siendo hijos de extranjeros, alguno de los padres estuviere domiciliado en la República al momento del nacimiento. De igual forma son nacionales colombianos los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliares en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. Expuso que el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por parte de niños y niñas hijos de extranjeros en Colombia está previsto en el numeral primero del artículo 44 del Decreto Ley 1260 de 1970 el cual dispone que se inscribirán en el registro civil de nacimiento los nacimientos que ocurran en el territorio colombiano. En cuanto al procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por parte de niños hijos de extranjeros es necesario que al menos uno de los padres demuestre que, para la fecha del nacimiento de su hijo, se encontraba debidamente domiciliado en Colombia. Si no se logra demostrar la calidad del domicilio en Colombia de alguno de los padres extranjeros para la fecha del nacimiento de su hijo en atención a lo dispuesto en el punto anterior, se adelantará la inscripción del registro civil de nacimiento respectiva, pero su titular no gozará de la nacionalidad colombiana hasta tanto no se logre demostrar lo ya indicado. Ahora bien, de conformidad con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia a través de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 20 consagra que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. En ese sentido, el inciso 4 y el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 43 de 1993, modificado por el artículo 39 de la Ley 962 de 2005 (artículo 39), establecen que para los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombino a los cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad, la prueba de esta es el registro civil de nacimiento. Sin embargo, para ello es necesario que los padres extranjeros acrediten a través de la certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho país no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad. En relación con la cantidad de niños y niñas de padre o madre venezolanos registrados en Colombia desde el año 2015 informó a la Sala que desde el 19 de agosto de 2015 hasta el 11 de junio de 2019 habían sido registrados 23.478 niños. Frente a la naturaleza jurídica que tiene el registro civil de nacimiento de los niños y niñas hijos de padre o madre venezolanos nacidos en Colombia consideró que esta es la de acreditar el hecho del nacimiento (lugar, fecha, sexo, y datos de filiación). Sin embargo, resaltó que para acreditar la nacionalidad debía cumplirse con el requisito del domicilio de alguno de los padres al momento del nacimiento del menor tal como lo indica la Constitución en el artículo 96. Sobre el registro civil como medio de prueba de la nacionalidad explicó que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 962 de 2005 el registro civil de nacimiento es la prueba de la nacionalidad de los menores de 14 años. Finalmente señaló que a través de la Circular Única de Identificación y Registro Civil, la Registraduría calificó las visas TP3, TP4, TP5, TP9, TP10, TP15, visa de residente y visa tipo M como medio de prueba del domicilio en Colombia. De manera que si uno de los padres presenta alguna de estas visas al momento del nacimiento se incluye en el registro civil la anotación “válido para demostrar nacionalidad”. En cuanto al Permiso Especial de Permanencia –PEP- este no constituye prueba del domicilio. Así las cosas, aunque todos los nacimientos ocurridos dentro del territorio nacional deben inscribirse en el registro civil de nacimiento, no toda inscripción implica para el inscrito el reconocimiento de la nacionalidad. Ministerio de Salud y Protección Social Por su parte la anterior la Directora Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social remitió oficio a la Corte Constitucional el 10 de julio de 2019. Allí señaló que la información recibida de las IPS relacionadas con la atención a la población migrante se recibe por medio de la Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social PISIS – SISPRO y es cargada en la base de datos conforme a lo establecido en la Circular 29 de 2017. De acuerdo con lo anterior el Ministerio informó a la Sala en relación con los niños y niñas nacidos padre o madre venezolano por año lo siguiente: desde el 1 de marzo de 2017 hasta el fin de ese año, nacieron 267, en el 2018, 2.371 y en lo transcurrido de 2019, 2.899, para un total de 5.537 niños. Ministerio de Relaciones Exteriores Como respuesta al requerimiento hecho por la Sala, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un oficio en el que hizo las siguientes consideraciones. Manifestó que dada la urgencia de la situación que afrontan los menores nacidos en el territorio colombiano, hijos de padres venezolanos que han migrado hacia Colombia como consecuencia de la coyuntura económica, política y social que atraviesa la República de Venezuela, la entidad se encuentra trabajando con otras entidades del Estado en la implementación de una medida administrativa con carácter urgente, temporal y excepcional, la cual señala, será anunciada por el Presidente de la República en los próximos días, orientada al reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento a los menores nacidos en el territorio colombiano, hijos de padres venezolanos que cumplen el requisito de tener el domicilio, con el fin de garantizar el derecho a la nacionalidad efectiva. Esta cartera remitió también un concepto técnico en el que expuso que ha venido haciendo un seguimiento del procedimiento de registro consular venezolano. Sobre el particular, en su momento se constató la exigencia de requisitos por parte de las oficinas consulares de Venezuela de difícil cumplimiento para los padres venezolanos. Posteriormente, con ocasión del cierre de los consulados venezolanos en Colombia surgió la imposibilidad de realizar el registro consular venezolano de los niños nacidos. Señaló que lo anterior permitió evidenciar que, si bien la legislación venezolana prevé el otorgamiento de la nacionalidad venezolana a los hijos de venezolanos nacidos en el exterior, en la práctica, existen obstáculos insuperables que impiden el libre acceso al derecho a la nacionalidad venezolana a estos menores. Además, dijo que los padres de estos menores no cumplen en la mayoría de los casos con el requisito del domicilio exigido en Colombia para el reconocimiento de la nacionalidad. De acuerdo con lo anterior concluyó que estos niños y niñas se encuentran en riesgo de apatridia, en los términos de la definición contenida en el artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Expuso que en el marco del trabajo interinstitucional tendiente a la adopción de medidas administrativas para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento a estos menores y en aras de mitigar el riesgo de apatridia y garantizarles el derecho a una nacionalidad efectiva, emitió un concepto técnico mediante el cual se formulan algunas consideraciones jurídicas sobre los casos de los menores nacidos en territorio colombiano hijos de padres venezolanos que no cumplen con el requisito de domicilio para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento. En este concepto técnico, el cual adjuntó a la intervención,[4] la entidad identificó los obstáculos que presentan los niños y niñas nacidos en Colombia hijos de padres venezolanos que no cumplen con el requisito del domicilio. Al respecto hizo las siguientes consideraciones: Antes del cierre de las oficinas consulares de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia se evidenciaban dificultades que imponían a los padres venezolanos una carga probatoria superior a la prevista en el artículo 50 del Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil Venezolano. Estas dificultades que se traducen en el procedimiento imposible de cumplir impiden el registro de los niños y niñas y por lo tanto el acceso al derecho a la nacionalidad. Adicionalmente, desde el 23 de enero de 2019 la República Bolivariana de Venezuela no presta servicios consulares en Colombia, lo que agrava la situación de estos menores, toda vez que, al no tener un representante consular de su país, existe la imposibilidad absoluta para inscribir su nacimiento en el registro consular venezolano, y por ende el impedimento para acceder a la nacionalidad venezolana. Ahora bien, sobre la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la nacionalidad venezolana en su propio territorio debe tomarse en consideración que el contexto de la crisis venezolana ha conminado a que los padres de los menores abandonen su país, sin que exista vocación de retorno. Ello, sumado al cierre de la frontera colombo – venezolana, hace imposible que los padres venezolanos puedan realizar las gestiones directamente en su país, tendientes a obtener la nacionalidad venezolana para sus hijos menores. Así entonces, los padres venezolanos se encuentran en imposibilidad de acreditar el requisito del domicilio en el país por encontrarse en situación de irregularidad migratoria en Colombia o por cuanto no acreditan el tipo de visado que permite probar el domicilio. Al no existir servicio consular venezolano, los padres venezolanos están en la imposibilidad de realizar inscripción en el registro consular de sus hijos menores nacidos en el territorio colombiano, lo cual no permite acreditar las gestiones realizadas ante el Estado venezolano para demostrar que los menores no son reconocidos como nacionales venezolanos, y por lo tanto no pueden cumplir con el requisito que impone la reglamentación colombiana para acceder a la nacionalidad por nacimiento. Sobre este aspecto la entidad considera que es innecesaria la exigencia de un requisito que a todas luces resulta formalista e implica la falta de garantía del derecho a la nacionalidad para estos menores. Al respecto, precisa que el fenómeno de apatridia no solo ocurre por aspectos asociados con lagunas o con el conflicto sino también puede ser el resultado de procedimientos complejos y costosos, así como de muy exigentes requisitos burocráticos para adquirir o confirmar la nacionalidad y para la expedición de los documentos relevantes para demostrala. Dichos problemas pueden resultar especialmente graves para los niños y las niñas nacidas fuera del país del cual sus padres son nacionales. Defensoría del Pueblo Por su parte la Defensoría del Pueblo en atención al Auto del 6 de junio y en el marco de sus competencias remitió oficio a la Corte Constitucional. En él expuso que la permanencia de los migrantes venezolanos no es una situación transitoria y fácilmente superable. Señaló que de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para el año 2017, se encontraba un total de 184.087 personas venezolanas con la intención de radicarse en Colombia, para el año 2018 un total de 769.726 también pretendían lo mismo, y según el registro Administrativo de Migrantes Venezolanos realizado por el Gobierno Nacional entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018, 8.209 mujeres venezolanas en situación irregular se encontraban en gestación y 7.496 en lactancia. Dijo que de acuerdo con cifras del Gobierno Nacional más de 20.000 niños y niñas se encontraban en riesgo de apatridia. Expuso que la Defensoría del Pueblo ha venido documentando con preocupación que una proporción importante de casos de hijos e hijas de migrantes venezolanos con situación migratoria irregular se ven enfrentados a múltiples obstáculos para el ejercicio de sus derechos fundamentales, poniendo en riesgo incluso sus vidas. En este contexto, la entidad ha identificado el riesgo de apatridia, y en ese orden, la necesidad de que el Estado adopte medidas necesarias que conduzcan a que los niños y niñas migrantes venezolanos, independientemente de su estatus migratorio, puedan gozar de sus derechos y tener condiciones de vida dignas. Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional que convocara a una audiencia pública que permitiera dimensionar la problemática, que revoque las sentencias proferidas por los jueces de tutela en los casos que se estudian y ampare los derechos fundamentales a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y el interés superior de los niños involucrados en este caso. De igual forma solicitó que se revisen los casos similares a quienes se les haya negado la inscripción de la nacionalidad con sustento en la Circular 168 de 2017, para adoptar las medidas correspondientes que eviten su apatridia. A continuación, la Sala resumirá las intervenciones y conceptos remitidos por las diferentes organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento y universidades dentro del proceso. 1. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados UNHCR ACNUR. La representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, explicó que ACNUR es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas y tiene “el mandato de identificar, proteger, prevenir y reducir la apatridia en todo el mundo”, el cual se ha consolidado, debido a que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha respaldado las conclusiones del Comité Ejecutivo de esta organización, adoptadas por consenso de sus miembros, y por tanto, “se puede considerar que reflejan su entendimiento de las normas legales referentes a la protección de las personas refugiadas. En la actualidad 102 Estados son miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo a Colombia, que ha sido miembro desde 1955”. Señaló que existen convenciones internacionales y regionales sobre nacionalidad y apatridia. Respecto de las primeras, recordó las dos convenciones Internacionales en materia de apatridia[5] y que Colombia es parte de la Convención de 1961 que “tiene como objeto y fin prevenir y reducir la apatridia, lo que garantiza a toda persona el derecho a una nacionalidad, incluido el derecho de todo niño y niña a adquirir una nacionalidad al nacer (…) y requiere a aquellos Estados que son parte, otorgar la nacionalidad a los niños y niñas nacidos en su territorio, que de otro modo serían apátridas”. Además, enlistó otros instrumentos que reconocen el derecho de toda persona a la nacionalidad.[6] Destacó la importancia de la Convención de Derechos del Nino para determinar el alcance de las obligaciones de la Convención de 1961 y recordó que todos los Estados contratantes de esta última también son parte de la primera, “por lo tanto, los artículos 1-4 de la Convención de 1961 deben interpretarse a la luz de la CDN”. Asimismo, señaló que los redactores de este tratado advirtieron la relación entre el derecho de todo niño y niña a adquirir una nacionalidad, previsto en el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, y la Convención de 1961, de modo que incluyeron el numeral 7.2., según el cual “Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esa esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida ”. Refirió otros artículos de la Convención de Derechos del Nino que contienen obligaciones dirigidas a los Estados, no solo respecto de aquel, “sino a todos los países con los que un niño o niña tiene un vínculo pertinente, como a través del parentesco o de residencia”. [7] Agregó que la Convención de 1961 “exige a los Estados conceder su nacionalidad a los niños y niñas nacidos en su territorio que de otro modo serían apátridas” y que apátrida es un concepto que se encuentra en la Convención de 1954, según el cual es la persona que “no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. Al respecto, señalaron que esta definición es parte del derecho internacional consuetudinario y que para establecer esta condición se requiere determinar si el niño o niña ha adquirido la nacionalidad de otro Estado, en virtud del ius sanguinis o del ius soli, de modo que “una persona puede ser apátrida si nace en un Estado en el que no es aplicable el principio de ius soli y, de manera incondicional, si uno o ambos padres poseen una nacionalidad pero ninguno de los dos la puede conferir a sus hijos”.[8] Con relación a los instrumentos regionales, recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla el derecho a la nacionalidad, y además, salvaguarda que los niños y niñas puedan adquirir la nacionalidad del país en el que nacieron, si no tienen derecho a otra. En seguida, mencionaron algunos de los estándares regionales fijados por la Corte IDH: Primero, los límites del derecho internacional a la potestad soberana del Estado de determinar quiénes son sus nacionales, con base en su deber de protección integral de los derechos humanos, brindar a los individuos protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, así como prevenir, evitar y reducir la apatridia.[9] El segundo estándar corresponde a la obligación del Estado de otorgar su nacionalidad a los niños y niñas que nacen apátridas dentro del territorio nacional, pues la Corte IDH expuso que “si el Estado no puede tener certeza de que la niña o el niño nacido en su territorio obtenga la nacionalidad de otro Estado, por ejemplo la nacionalidad de uno de sus padres por la vía del ius sanguni, aquel Estado tiene la obligación de concederle (ex lege, automáticamente) la nacionalidad, para evitar desde el nacimiento una situación de apatridia, de acuerdo con el artículo 20.2 de la CADH. Esta obligación se aplica también en el supuesto de que los padres no puedan (por la existencia de obstáculos de facto) registrar a sus hijos en el Estado de su nacionalidad”.[10] Tercero, el Estado debe garantizar la inscripción de todo niño o niña “inmediatamente después de nacer”, pero su ausencia, junto con otros factores de riesgo de apatridia “deben tenerse en cuenta para la interpretación y aplicación de las salvaguardias contenidas en el artículo 1 de la Convención de 1961 y el artículo 20.2 de la CADH”.[11] Indicaron que la Corte IDH ha señalado que los procedimientos de inscripción deben darse en condiciones de igualdad y no discriminación, y permitir el goce del derecho a la nacionalidad.[12] En relación con la condición migratoria, refirieron que no puede ser una barrera para el otorgamiento de la nacionalidad o justificar su privación o el goce, ni el ejercicio de derechos.[13] Afirman que el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos y el nacimiento en el territorio del Estado es la única condición por demostrar para la adquisición de la nacionalidad, en cuanto a personas que no tendrían derecho a otra. Sobre la obligación de identificar a los niños y niñas apátridas, refirieron que la Corte IDH determinó que en el contexto migratorio y/o en necesidad de protección internacional, es obligación del Estado receptor establecer “si la niña o el niño es apátrida, sea refugiado o no, a fin de asegurar su protección como tal, y dependiendo de los motivos de salida del país de residencia habitual, referirlo a un procedimiento de determinación de la condición de refugiado y/o apátrida, o a un mecanismo complementario de protección”.[14] Agregaron que en estos casos, debe valorarse la aplicación de las leyes en la práctica, así como el respeto de las decisiones judiciales por parte de los funcionarios del gobierno. En el mismo sentido, explicaron que la carga de la prueba es, en principio, compartida y tanto solicitante como examinador deben cooperar para obtenerla y establecer los hechos, así como tener en cuenta que, usualmente, las personas solicitantes no tienen el conocimiento o las capacidades requeridas para adelantar este trámite, por lo que se debe, “cuando sea procedente, prestar una especial consideración a las explicaciones testimoniales respecto a la ausencia de ciertos tipos de prueba”.[15] Hicieron referencia al bloque de constitucionalidad colombiano y el control de convencionalidad. Recordaron el art. 93 de la CP, convenciones internacionales ratificadas por Colombia, y que los derechos y deberes constitucionales deben ser interpretados conforme con esos instrumentos. Además, que la jurisprudencia de instancias internacionales es criterio hermenéutico relevante[16] y el Estado debe aplicar el control de convencionalidad[17] con base a los pronunciamientos de la Corte IDH. En relación al marco normativo relativo a la nacionalidad venezolana y colombiana explicaron lo siguiente. En cuanto a la primera, explicaron que “se adquiere automáticamente cuando la persona: (i) nace en el territorio nacional, con independencia de la nacionalidad o condición migratoria de sus padres y; (ii) en el extranjero, si ambos padres son venezolanos por nacimiento”.[18] En caso que sólo uno de los padres sea venezolano, su hijo nacido en el extranjero no adquiere automáticamente la nacionalidad, pues debe ejercerse el derecho de opción, que depende de que establezca su residencia en el país, declare su voluntad de adquirirla y otros requisitos.[19] Si el padre o madre adquirió la nacionalidad por medio distinto al nacimiento, se debe establecer residencia antes de los 18 años o manifestar su voluntad de adquirirla antes de los 25 años. Explicaron que en la práctica existen obstáculos que impiden a los padres registrar los nacimientos. Dentro del territorio de Venezuela, luego de presentar todos los documentos, no reciben el registro por carencia de papel y también se han reportado fallas en el sistema digital de registro.[20] Esta situación se complica cuando vence el plazo de 90 días para realizar el registro porque el declarante debe acudir ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para solicitar un informe con las razones de la inscripción tardía. Por otro lado, en los consulados hay dificultades, pues solicitan requisitos adicionales a los establecidos en la ley, obstaculizando el derecho de opción o el registro, mientras que otros están cerrados. Por su parte, respecto del marco normativo colombiano señalaron que se exige el requisito de domicilio, que se entiende como residencia junto con el ánimo de permanecer, para al menos uno de los padres. En este sentido, la Corte Constitucional afirmó que son admisibles diversos medios de prueba, como visados de negocios, residentes o temporales, entre otros. Sostuvieron que bajo los requisitos de la Circular Única de Registro Civil e Identificación, los portadores del Permiso Especial de Permanencia, quienes se encuentren en situación migratoria irregular y los solicitantes de asilo no acreditan el requisito de domicilio. “El ACNUR considera que la interpretación restrictiva del concepto de domicilio contenida en la circular no es compatible con la formulación en el Código Civil de Colombia, ni con la interpretación del Tribunal Constitucional y aumenta el riesgo de apatridia”. Sin embargo, relataron que el Tribunal Superior de Medellín concedió la nacionalidad a un menor de edad, cuyos padres portaban el Permiso Especial de Permanencia, [21] porque consideró que el hecho de que no se cuente con uno de los visados que otorga el Estado, “no puede considerarse como una circunstancia que amerite la aplicación de la presunción negativa del ánimo de permanencia de que trata el artículo 79 del Código Civil. El Tribunal resolvió que los padres beneficiarios del PEP si se encontraban domiciliados en el territorio nacional al momento del nacimiento del niño”. Posteriormente se ocupó de los perfiles de niños y niñas apátridas o en riesgo de apatridia en Colombia, definidos con base a los siguientes criterios: primero, la manera como operan las leyes de nacionalidad en Venezuela y Colombia; segundo, el acceso a los consulados venezolanos en Colombia, ya sea para registrar los nacimientos, confirmar la nacionalidad venezolana, ejercer el derecho de opción o adquirir documentos para probar la nacionalidad; tercero, las categorías migratorias derivadas de la Circular Única de Registro Civil; y cuarto, las dificultades en el acceso al registro civil de nacimiento en Colombia. El primer grupo son los niños y niñas en condición de apatridia, porque no adquieren la nacionalidad al nacer por falta del requisito del ius soli del artículo 96.1.a de la Constitución Política de Colombia, y a la vez, porque no obtienen automáticamente la nacionalidad de su padre o madre venezolana, pues debe ejercer primero el derecho de opción, que es “una modalidad no automática de adquisición de la nacionalidad”. Respecto a esta situación, “el Estado en el cual el niño o niña nace debe otorgarle de manera automática su nacionalidad si no tiene certeza de que posee otra nacionalidad o pueda ejercer dicho derecho de opción”.[22] El Estado colombiano debe determinar la condición de apatridia,[23] para otorgarle automáticamente su nacionalidad, con el mecanismo especial que reguló a través de la Circular Única de Registro e Identificación de 2018.[24] Por otro lado, están los niños y niñas en riesgo de apatridia, porque no pueden probar los vínculos con un Estado,[25] por las dificultades de acceso a los consulados venezolanos o debido a las categorías migratorias “establecidas vía interpretación administrativa”, para acreditar el domicilio en Colombia, y aunque la falta de inscripción no genera apatridia per se, “podría generarle un problema al niño o niña para que éste logre probar el vínculo con sus padres y su país de nacimiento”. Los perfiles de niños y niñas con riesgo de apatridia se explican a continuación: Cuando el nacimiento ocurrió en Colombia, y a pesar de que el niño ha sido registrado en este país, los padres, ambos venezolanos, no acreditan el requisito de domicilio. En este caso, si bien se adquiere la nacionalidad venezolana de manera automática, tienen dificultades para confirmarla en los consulados, porque están cerrados, no poseen documentos de prueba de identidad, no pueden cumplir con requisitos exigidos, etc. La anterior situación es más grave, si el niño no ha sido registrado y se mueve a un tercer país, “donde tendría que efectuar dicho registro de nacimiento ante el consulado colombiano. En estos casos, si las barreras legales o prácticas para confirmar su nacionalidad venezolana se convierten en insuperables, el niño o niña puede ser considerado, en un grado razonable, como apátrida”. El tercer perfil involucra a los padres solicitantes de asilo, quienes, por un temor fundado, pueden no acudir a un consulado, en cuyo caso “se recomienda al Estado colombiano facilitarle a este niño o niña la adquisición de la nacionalidad colombiana”. Finalmente, en el escrito se formularon las siguientes recomendaciones: (i) asegurar el registro de todos los nacimientos de niños y niñas ocurridos en el territorio nacional, de forma gratuita, accesible, inmediata o tan pronto como sea posible. Además, recomendó atender a las particulares circunstancias de las familias en situación de desplazamiento forzado. “Estos niños deben adquirir un certificado de su nacimiento de manera rápida y gratuita”. (ii) Facilitar el registro oportuno y tardío de todos los nacidos en su territorio nacional, independientemente de la situación legal de sus padres, también vía consular. Este trámite debe ser gratuito y “los costos indirectos no deben constituir un obstáculo para la inscripción y obtención de documentos registrales”,[26] y deben tener acceso a servicios básicos. (iii) Los niños apátridas deberían adquirir la nacionalidad de manera automática al momento de su nacimiento. (iv) Realizar una interpretación flexible y amplia del requisito constitucional de domicilio. (v) El establecimiento de un marco normativo de protección y un procedimiento de determinación de la apatridia que facilite la naturalización de las personas apátridas. 2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF- Unicef describió el marco legal aplicable de acuerdo con las circunstancias de los casos estudiados, así como del mandato de la organización. Señaló que Colombia ha suscrito y ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña de 1989, la Convención para la Protección de los Derechos de las y los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos entre otras. Resaltó que la ratificación de estas normativas internacionales ha estado acompañada de la aceptación de la competencia de los organismos que, creados por los mismos Estados al redactar los convenios internacionales, tienen mandato de interpretarlos. A través de esa interpretación se contribuye a la elaboración de los estándares internación ales, es decir, de directrices fundamentales para que los Estados puedan dar cumplimiento a sus obligaciones de manera adecuada. Por lo tanto, junto a la letra de las principales disposiciones de los tratados aplicables en el presente caso, se presentan los principios y estándares que allí se derivan, con referencia a la situación de los derechos de niños y niñas afectados por el proceso de migración internacional.[27] 3. Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el Servicio Jesuita a Migrantes de Santiago de Chile y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales Directores y profesores de las clínicas jurídicas de estas universidades, así como el director del Servicio Jesuita a Migrantes de Santiago de Chile, presentaron conjuntamente un escrito en el que relataron la experiencia de su país, en la que ha transitado desde el desconocimiento de la nacionalidad a algunos hijos de extranjeros nacidos en su territorio, hacia la consolidación de la política pública, “Chile Reconoce”. Destacaron la existencia del artículo 10º de la Constitución Política de Chile en el que se reconoce la nacionalidad a “todos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes”. No obstante, la problemática surgió cuando el alcance de la expresión transeúnte fue entendido por la autoridad administrativa como “una estadía transitoria, de paso, y por ello exigía a los padres un tiempo de avecindamiento en el país igual o superior a un año –anterior al nacimiento del niño o niña-”. En 1995 este criterio fue modificado para incluir a los hijos cuyos padres se encontraren en condición migratoria irregular al momento del nacimiento, “sin considerar, por lo tanto, el tiempo ni el ánimo de permanencia en el país”. Resaltaron que en vigencia de esta interpretación fueron inscritas 2.843 personas como hijos de extranjeros transeúntes -HET-, quienes “deben obtener una visa para residir en el país como extranjeros, hasta que cumplan la mayoría de edad. En muchos casos, tampoco acceden a otra nacionalidad, por ejemplo, la de sus padres. Por lo tanto, permanecen en riesgo de apátrida durante muchos años, e incluso en algunos casos, durante todas sus vidas”. Indicaron que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han coincidido en manifestar en sus observaciones finales a los informes periódicos presentados por Chile, su preocupación por esta práctica sistemática y han sugerido que en una ley migratoria se reglamente “que los niños cuyos padres se encontraban en situación migratoria irregular al momento de nacimiento puedan acceder a las nacionalidad chilena”. Advirtieron que como consecuencia d...