Sentencia SU-636 de 2015

SU636-15 Sentencia SU636/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Reiteración de jurisprudencia LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Ley 1448 de 2011 ha implementado mecanismos de defensa especializados en resolver el fenómeno del despojo de tierras La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas constituye un cuerpo normativo de carácter especial y temporal, que responde a un contexto de justicia transicional, en el que se disponen una serie de medidas para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, para las víctimas del conflicto armado interno, en los términos establecidos en el artículo 3º de dicha ley. Como lo ha señalado este Tribunal en anteriores oportunidades, la Ley de Víctimas es (i) una ley temporal, por cuanto su vigencia está circunscrita a un plazo de diez (10) años, contados a partir del 10 de junio de 2011. Al mismo tiempo, se trata de (ii) una ley especial, proferida en un contexto de justicia transicional, cuya aplicación se circunscribe a las situaciones que quedan comprendidas dentro de su objeto (artículo 1°) y ámbito de aplicación (artículo 2º), esto es, al conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter individual y colectivo, que allí se prevén en beneficio de las víctimas, las cuales comprenden mecanismos de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación. La Corte ha precisado que, debido al carácter especial de esta regulación, las normas generales que desarrollan los derechos consagrados en esta ley no se entienden derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por el solo hecho de la entrada en vigencia de la Ley 1448, pues continúan plenamente vigentes para ser aplicadas a los casos no cubiertos por estas reglas especiales. LEY 1448 DE 2011-Disposiciones en materia de pruebas y derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales de reparación directa Las disposiciones en materia de pruebas contenidas en la Ley 1448 de 2011, en particular las previstas en los artículos 5, 77, 78, 84, 89 y 158, constituyen normas especiales cuya aplicación está prevista de manera expresa para los procedimientos de reparación que se adelanten por vía administrativa y en los procesos judiciales de restitución de tierras. La Ley 1448 no extiende tal regulación a los procesos judiciales de reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa; si bien esta ley introduce normas relativas a los derechos de las víctimas en los procesos judiciales, en su mayor parte se orientan a regular su participación en los procesos penales y de restitución de tierras. En relación con los procesos de reparación que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, la Ley de Víctimas establece las siguientes reglas: (i) el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de dicha ley, no implica prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes en la producción de un daño antijurídico, ni revive los términos de caducidad de la acción de reparación directa (art. 9); (ii) la necesidad de descontar de las condenas judiciales al Estado en materia de reparación, las sumas de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparación (arts. 9 inciso final y 133); (iii) la posibilidad de que la reparación administrativa se entienda realizada en el marco de un contrato de transacción, caso en el cual el monto de la indemnización será mayor, a cambio de precaver futuros litigios judiciales o poner fin a pleitos pendientes (art. 132); (iv) la fijación de un monto máximo de (25) veinticinco salarios mínimos por concepto de honorarios para los abogados que representen a las víctimas en las acciones que intenten ante la jurisdicción contencioso administrativa (art. 44 parágrafo 1). DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y DEFECTO FACTICO POR OMISION EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. La jurisprudencia constitucional ha determinado que en algunas hipótesis se presenta una convergencia entre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa. Ello ocurre cuando el juez (i) omite valorar prueba documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes; también cuando (ii) omite emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se alleguen los originales de documentos aportados en copia simple o, en general, practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos. CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia Conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, se presenta una convergencia entre defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico en su dimensión negativa en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial (i) omite valorar la prueba documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes; también cuando (ii) no emplea su facultad inquisitiva para ordenar que se alleguen los originales de documentos aportados en copia simple o, en general, para practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se requieren para establecer la verdad material. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por la negativa a valorar pruebas aportadas de manera extemporánea en proceso de reparación directa ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se incurrió en defecto procedimental y fáctico, al abstenerse de decretar y practicar de manera oficiosa las pruebas necesarias para establecer la propiedad de los accionantes Referencia: Expediente T-4500770 Acción de tutela interpuesta por Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera Abello contra la sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), de la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera (1ª) instancia, por la Sección Cuarta (4ª) del Consejo de Estado el seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sección Quinta (5ª) del Consejo de Estado el diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), dentro del trámite de tutela iniciado por Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera Abello, actuando mediante apoderado,[1] contra la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado. El proceso de referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Nueve (9) de la Corte Constitucional, mediante Auto proferido el veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014).[2] A raíz del informe presentado por la Magistrada Sustanciadora, el tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014) la Sala Plena de la Corporación decidió asumir el conocimiento del caso, con fundamento en lo previsto en el artículo 54ª del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. I. ANTECEDENTES Los señores Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera Abello, a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra la Sentencia de la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, proferida el catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), dentro del trámite de segunda (2ª) instancia del proceso administrativo de reparación directa promovido contra la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional).[3] Los accionantes consideran que esta decisión judicial transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo, y a la reparación integral a la que tienen derecho en su condición de víctimas del conflicto armado. Sostienen los tutelantes que el exceso ritual manifiesto en la valoración del material probatorio y la inaplicación del principio de la oficiosidad de la prueba generaron el desconocimiento de los derechos indemnizatorios discutidos al interior del proceso administrativo. Fundamentan su solicitud de amparo en los siguientes hechos: Hechos 1. Los accionantes aducen ser los propietarios de las fincas denominadas “El Tres o La Nena” y “Los Cámpanos”, ubicadas en el Municipio de Fundación (Magdalena), con una extensión territorial que en conjunto asciende a novecientas diez (910) hectáreas aproximadamente, destinadas a la explotación ganadera y agrícola.[4] 2. Refieren que en mil novecientos noventa y nueve (1999) fueron objeto de múltiples amenazas y extorsiones por parte de grupos subversivos al margen de la ley que operan en la región. Por lo anterior, tanto ellos como sus familiares solicitaron la debida protección a los comandantes de policía del Magdalena y Barranquilla. Para tal fin, remitieron comunicaciones escritas los días quince (15) de febrero y seis (6) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999); asimismo, reiteraron la solicitud de protección vía telefónica de manera telefónica los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de abril del mismo año, sin encontrar respuesta alguna. 3. Según relatan, el veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.) el “Frente Diecinueve (19) de las FARC” irrumpió en las instalaciones de las fincas, preguntando por la ubicación del señor Rafael Noguera Aarón, padre de los accionantes, y luego de proferir acusaciones y amenazas en su contra, procedieron a incendiar las instalaciones, a destruir con bombas las construcciones e implementos de trabajo y a hurtar las cabezas de ganado de las fincas. 4. Los accionantes informaron a las autoridades militares y de policía del ataque del que fueron víctimas, promovieron la denuncia penal correspondiente y solicitaron la práctica de una serie de pruebas anticipadas ante el Juzgado Único Civil Municipal de Fundación (Magdalena). En virtud de esta petición, se practicó una inspección judicial con intervención de peritos, en la que se constataron los daños ocasionados con la incursión guerrillera, se recibieron los testimonios de los trabajadores y la declaración de autoridades militares y de policía de la zona, quienes manifestaron haber tenido conocimiento de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 1999, así como de las medidas de protección solicitadas con anterioridad. 5. El veintisiete (27) de junio de dos mil (2000), los señores Noguera Abello interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional), solicitando indemnización por los perjuicios sufridos en el ataque guerrillero, argumentando que las autoridades demandadas omitieron cumplir con sus obligaciones de vigilancia y protección.[5] 6. La demanda fue admitida el nueve (9) de agosto de dos mil (2000) por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Durante el proceso, la parte demandada argumentó que no se configuraban los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado, por cuanto el daño se derivó del hecho exclusivo de un tercero; señalaron además que no se había acreditado la propiedad de los bienes por cuyo daño se reclama y que el dictamen aportado como prueba anticipada tenía como único fundamento las afirmaciones de los demandantes. 7. Surtido el trámite correspondiente, el doce (12) de marzo de dos mil cuatro (2004) el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes, declaró la responsabilidad administrativa de la Nación y la condenó al pago de tres mil ochocientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos ($3.847.431.764) por concepto de perjuicios materiales.[6] Consideró que se encontraba acreditada en cabeza de los demandantes la titularidad sobre los bienes muebles e inmuebles[7], así como la constitución de los elementos del régimen de falla en el servicio, atribuible a la parte accionada. 8. La decisión fue apelada por el representante legal de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, respectivamente, quienes reiteraron los argumentos presentados durante el proceso en relación con la falta de prueba: (i) del nexo causal entre el hecho y el daño; (ii) de la falla en el servicio; (iii) del daño sufrido. En relación con esto último, el apoderado de la Policía Nacional llamó la atención sobre la falta de prueba de la propiedad de los bienes, a la falta de soportes y la irregularidad en la práctica del dictamen pericial que se aportó como prueba anticipada.[8] 9. Durante el trámite de segunda instancia se realizaron dos conciliaciones judiciales, el veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009) y el veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010),[9] en las cuales las partes alcanzaron acuerdos conciliatorios. Estos, sin embargo, fueron improbados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante autos del veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y del doce (12) de mayo de dos mil once (2011), por considerar que no existían pruebas que respaldaran dichos acuerdos. Debido a lo anterior, se concedió prelación de fallo al recurso de apelación en trámite.[10] 10. La Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, mediante Sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), revocó el fallo de primera (1ª) instancia, luego de concluir que no se acreditó la legitimación material en la causa por activa.[11] Para ello sustenta: (i) que no se probó la propiedad de los accionantes sobre los predios “El Tres o la Nena” y “Los Campanos”, por cuanto sólo se aportó copia auténtica de una escritura pública de compraventa del primero de estos predios, sin allegar de manera oportuna evidencia de la tradición del derecho de dominio sobre este bien, pues sólo vino a aportarse un certificado de tradición en la audiencia de conciliación judicial realizada en segunda instancia el veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), que no fue valorado porque la oportunidad en que se allegó fue manifiestamente extemporánea; en relación con el segundo predio, los accionantes no aportaron ningún documento que acreditara su adquisición y la tradición del dominio. (ii) Tampoco se demostró la propiedad de los demandantes sobre los bienes muebles que, se dijo, fueron destruidos o hurtados en los mencionados predios, pues respecto de algunos se aportaron copias simples en lugar de autenticadas, o luego de vencido el término de fijación en lista; las fotografías aportadas como prueba de los daños no permiten verificar si efectivamente fueron tomadas en el curso de la inspección judicial; los interrogatorios de parte practicados como prueba anticipada no pudieron ser valorados en el proceso, pues no fueron solicitadas por los accionantes; en relación con las cabezas de ganado, se acreditó que la propiedad correspondía al padre de los accionantes, quien no concurre como demandante en el proceso. En ese orden de ideas, se afirma en la sentencia que “(a)nte la deficiencia probatoria a la que se ha hecho referencia, se impone concluir que quienes formularon la demanda no acreditaron ser los titulares de los derechos reales cuya indemnización se reclama, lo que configura una falta de legitimación en la causa por activa, […]”.[12] Adicionalmente, la sentencia señala que no es posible fundamentar la legitimación material por activa en la condición de poseedores de dichos bienes, dado que esto implicaría variar la causa petendi, en tanto los demandantes fundamentaron sus pretensiones en la calidad de propietarios, que afirmaron tener pero no probaron. 11. Mediante escrito radicado el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), Fernando Ramírez Laguado, apoderado judicial de los señores Noguera Abello presentó acción de tutela en contra de la sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa que los accionantes promovieron en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional).[13] Reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo y a la reparación integral de sus apoderados, que estiman vulnerados con la revocatoria de sentencia dentro del trámite del proceso de reparación directa, toda vez que a su juicio la decisión del Consejo de Estado incurrió en las siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: (i) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al desconocer la evidencia de que los accionantes son propietarios y poseedores de los bienes que sufrieron daños, e imponer una serie de formalismos innecesarios para efectos de acreditar la propiedad de los bienes inmuebles, cuando lo cierto es que es la condición de víctima, acreditada en el proceso, la que determina la legitimación material por activa. (ii) Decisión sin motivación, para lo cual señala que en la sentencia objeto de controversia se excluye el reconocimiento del derecho a la indemnización integral de los señores Noguera Abello en relación con una serie de bienes, sin exponer ninguna justificación ni motivación jurídica. (iii) Defecto fáctico, por la pretermisión del decreto de pruebas de oficio que la autoridad judicial estimaba necesarias para confirmar los supuestos; con ello además se desconocen los postulados establecidos en la Ley 1448 de 2011 y en la jurisprudencia constitucional en relación con el traslado al Estado de la carga de la prueba que se exige a las víctimas del conflicto armado.[14] Con fundamento en estas consideraciones, solicitan como pretensión principal que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa y, en consecuencia, se deje en firme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. De manera subsidiaria, solicitan que se ordene a la entidad accionada rehacer su actuación judicial, sin incurrir en los defectos procedimentales y fácticos alegados. Respuesta de la Entidad Accionada. 12. A través de escrito de contestación de tutela, radicado el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013) en la Secretaría General del Consejo de Estado, suscrito por el Consejero Hernán Andrade Rincón, ponente de la sentencia objeto de controversia, la entidad accionada se opone a las pretensiones y solicita declarar improcedente la acción de tutela.[15] Para ello argumentó que la parte demandante no cumplió con su carga probatoria dentro del proceso, en tanto “[…] debía acreditar, entre otros, los fundamentos de hecho que sustentaban la causa petendi en torno a su legitimación material en la causa por activa, […] Un entendimiento de lo contrario implicaría que el fallador tenga el deber de asumir la carga procesal que le incumbe a las partes,”[16]. Sobre este aspecto indicó que no le era dado al Consejo de Estado en su sentencia variar de manera oficiosa la causa petendi en el sentido que solicitan los demandantes en la tutela, pues ello habría implicado afectar los derechos de defensa y contradicción de las entidades demandadas en el proceso de reparación directa. Asimismo reiteró que la condición de propietarios esgrimida por los accionantes no fue acreditada, toda vez que sobre el predio “Los Campanos” no se aportó ningún documento dirigido a acreditar su adquisición y tradición de dominio, mientras que en relación con el predio denominado “El Tres” o “La Nena”, sólo se aportó copia auténtica de la escritura pública de compraventa, sin que existiera en el proceso evidencia alguna sobre la efectiva tradición del derecho de dominio. Sostuvo que el certificado de tradición aportado durante el trámite de segunda instancia se allegó de manera extemporánea, y no podía ser valorado en atención a lo consagrado en los artículos 174, 177 y 183 del Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, sobre la supuesta falta de motivación respecto de las pretensiones referidas a la afectación de bienes muebles, la parte accionada en esta tutela señaló que la sentencia objeto de controversia cumplió a cabalidad la carga argumentativa sobre este aspecto, pues se detuvo en la valoración de cada una de las pruebas aportadas en relación con dichos bienes. En particular, sobre los automotores señaló que también estos están sometidos al registro del título para que opere la tradición, razón por la cual no les resulta aplicable el régimen que de ordinario rige para los bienes muebles. En tercer lugar, sobre la alegada obligación de practicar pruebas de oficio, sostuvo que tal facultad, consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, no comporta la sustitución por el juez de la carga que le corresponde a la parte actora de probar las afirmaciones que efectúa en la demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño corresponde al actor; carga que fue incumplida por la parte demandante en este caso y no le correspondía asumir al fallador, por cuanto ello resulta contrario a su compromiso con los principios de igualdad e imparcialidad. Por último, la autoridad judicial demandada en esta acción de tutela señaló que, en virtud del carácter subsidiario de esta garantía constitucional, no puede hacerse uso de ella pretendiendo acceder a una tercera instancia “[…] que satisfaga los intereses económicos, pasando por alto los más elementales principios del derecho probatorio[…]”[17] , lo que conllevaría a la desnaturalización del carácter subsidiario de la acción pública. Finalmente, resaltó que la decisión adoptada está debidamente fundada en la normatividad sustancial y procedimental aplicable, como también en las pautas jurisprudenciales sobre la materia. Intervención de las entidades vinculadas en calidad de terceros interesados 13. En el auto admisorio de la acción de tutela se ordenó notificar al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en las resultas del proceso.[18] 14. Atendiendo a esta comunicación, el Secretario General de la Policía Nacional[19] dio contestación a la acción de tutela, para lo cual señala que: (i) la entidad que representa no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes; (ii) la tutela es improcedente para controvertir providencias judiciales, mucho menos tratándose de una sentencia debidamente ejecutoriada. Con fundamento en estas consideraciones, pide al juez que se rechace por improcedente esta tutela. 15. Por su parte, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa[20] dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: (i) el fallo controvertido se profirió con apego a la normatividad y jurisprudencia vigente, aun cuando no haya sido favorable a la parte accionante, al no encontrar probada la legitimación material en la causa por activa; (ii) no existió vulneración al debido proceso, por cuanto se cumplieron las ritualidades procesales y se garantizó a las partes el derecho de acción y de contradicción en todo momento; (iii) la sentencia efectuó un estudio detallado de todas las pruebas aportadas, por lo que no es cierto que se trate de una decisión sin motivación. Por lo anterior, solicita que la tutela sea declarada improcedente. Decisiones de tutela objeto de revisión 16. En sentencia del seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014), la Sección Cuarta (4ª) del Consejo de Estado[21], negó las pretensiones de la acción de tutela. Sostuvo, en primer lugar, que “de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se cumplen en el caso propuesto”. A continuación, al verificar si concurrían los requisitos específicos de procedibilidad alegados por los accionantes, la sentencia concluye que: (i) No se está en presencia de un actuar excesivo por parte de la autoridad judicial tutelada, por cuanto los demandantes invocaron la condición de propietarios para definir su legitimación material en la causa por activa, razón por la cual no le era dado al fallador variarla; sobre la no valoración del registro aportado de manera extemporánea, la sentencia sostiene que no se verificaba ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, relativo al decreto y práctica de pruebas en segunda instancia. (ii) No cabe invocar la aplicación de las reglas establecidas en la Ley 1448 de 2011, por cuanto no se encontraba vigente para la época de los hechos, ni al momento de presentación de la demanda de reparación directa. (iii) El desacuerdo de la valoración de las pruebas no puede ser desatado mediante el ejercicio de la acción de tutela. (iv) En virtud de lo establecido en los artículos 169 del Código Contencioso Administrativo y 177 del Código de Procedimiento Civil, no se infiere la obligación del juez de conocimiento de decretar pruebas de oficio para suplir la carga de las partes, razón por la cual no se evidencia la existencia de un defecto fáctico en la providencia judicial atacada por vía de tutela. Esta decisión contó con el salvamento de voto de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, quien sostuvo que la sentencia omitió precisar e insistir que la tutela contra providencias judiciales no procede contra las dictadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en tanto son órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones.[22] 17. El diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014), el apoderado judicial de los accionantes radicó escrito de impugnación, para insistir que es clara la configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como también de un defecto fáctico por errónea valoración de las pruebas. Sostuvo que dadas las circunstancias concretas del caso, se tornaba “[…] imperativo que el juez, en su calidad de director del proceso y para la plena observancia de los principios de equidad, dignidad humana y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, […] decretara una prueba de oficio para el esclarecimiento de los puntos dudosos que existía en torno a la legitimación de los demandantes”.[23] 18. Mediante sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), la Sección Quinta (5ª) del Consejo Estado[24] modificó el fallo de primera (1ª) instancia y, en lugar de negar las pretensiones, declaró la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que: (i) en contra de lo alegado por los demandantes, en la sentencia fueron debidamente consideradas las pruebas aportadas para acreditar su legitimación material por activa; (ii) la condición de víctimas del conflicto armado y, con ello, de beneficiarios del tratamiento previsto en la Ley 1448 de 2011 no fue alegada por los demandantes en el proceso ordinario, razón por la cual el cargo deviene improcedente; (iii) el principio de la oficiosidad de la prueba debe emplearse para esclarecer aspectos que así lo requieran, pero no para para suplir las omisiones de las partes. En consecuencia, concluyó que la demanda sólo evidencia el descontento de los tutelantes con una sentencia que fue desfavorable a sus pretensiones, y su intención consiste en reabrir el debate de instancia. Actuaciones surtidas en sede de revisión 19. El treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014), el apoderado de los accionantes radicó un escrito en la Secretaría de esta Corporación en el que somete a consideración de la Sala los argumentos por los que, en su criterio, debe otorgarse a sus representados el amparo que solicitan. En él reitera los argumentos expuestos en la demanda de tutela referidos a: (i) la procedencia de aplicar para este caso las reglas de flexibilización probatoria consagradas en la Ley 1448 de 2011, por su condición de víctimas del conflicto armado; (ii) la existencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; (iii) la existencia de un defecto fáctico, por la omisión del Consejo de Estado de decretar las pruebas de oficio que requería para alcanzar la verdad material; (iv) la ausencia de motivación en la decisión, en lo que respecta a la falta de legitimación en la causa para reclamar reparación respecto de los demás bienes muebles. Advierte que este último cargo, pese a haber sido planteado en la demanda de tutela, no fue considerado por ninguno de los jueces de instancia. 20. Luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional asumió la revisión de esta acción de tutela, el cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014) la magistrada sustanciadora profirió un auto en el que dispuso suspender los términos del proceso, con fundamento en lo previsto en los artículos 53 y 54A del Reglamento Interno de esta Corporación.[25] 21. En auto del veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014) se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Magdalena para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de dicha providencia, remitiera copia íntegra del expediente del proceso de reparación directa adelantado en ese despacho en primera instancia, con número de radicado 47001-23-31-000-2000-00501-01, dentro del cual fue dictada la sentencia de segunda instancia que es objeto de controversia en este juicio de tutela.[26] Ante la falta de respuesta del despacho judicial destinatario del oficio, se requirió nuevamente el envío del expediente mediante autos del seis (6) de febrero y diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015).[27] En comunicación radicada en Secretaría el siete (7) de abril siguiente, el Tribunal Administrativo del Magdalena informa que el expediente fue remitido una vez recibido el primer oficio que así lo requería, y aportó como prueba copia de la planilla de la oficina de correos.[28] Finalmente, mediante oficio del veinte (20) de abril de dos mil quince (2015), suscrito por la Oficial Mayor de la Secretaría de la Corte Constitucional, fue remitido el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Presentación del caso, planteamiento de los problemas jurídicos y metodología de decisión 2. Los señores Noguera Abello invocan la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo y a la reparación integral a la que tienen derecho por su condición de víctimas del conflicto armado, los cuales estiman vulnerados por la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) por la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa que los accionantes promovieron en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional). Esta providencia revocó la decisión de primera instancia proferida el doce (12) de marzo de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se condenó a la Nación al pago de $3.847.431.764 pesos por concepto de perjuicios materiales ocasionados por el asalto de un grupo guerrillero a las fincas “La Nena o El Tres” y “Los Campanos”, donde destruyeron las instalaciones e implementos de trabajo y hurtaron las cabezas de ganado. La razón expuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado para revocar la anterior decisión y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, consistió en que: (i) los demandantes no acreditaron ser los propietarios de los bienes muebles e inmuebles cuya indemnización se reclama, lo que configura una falta de legitimación material en la causa por activa; (ii) en tanto los demandantes concurrieron al proceso invocando la calidad de propietarios, está vedado al juez variar la causa petendi para fundamentar la legitimación material por activa en la condición de poseedores de dichos bienes. Los accionantes afirman que la decisión del Consejo de Estado incurrió en tres de las causales que tornan procedente la tutela contra providencias judiciales: (i) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al desconocer la evidencia de que los accionantes son propietarios y poseedores de los bienes que sufrieron daños, e imponer una serie de formalismos innecesarios para efectos de acreditar la propiedad de los bienes inmuebles, cuando lo cierto es que es la condición de víctima, acreditada en el proceso, la que determina la legitimación material por activa. (ii) Defecto fáctico, por la pretermisión del decreto de pruebas de oficio que la autoridad judicial estimaba necesarias para confirmar los supuestos; con ello además se desconocen los postulados establecidos en la Ley 1448 de 2011 y en la jurisprudencia constitucional en relación con el traslado al Estado de la carga de la prueba que se exige a las víctimas del conflicto armado. (iii) Decisión sin motivación, por cuanto la sentencia niega el derecho a la indemnización integral en relación con una serie de bienes, sin exponer ninguna justificación ni motivación jurídica. Por su parte, la autoridad judicial accionada y las entidades intervinientes en calidad de terceros con interés legítimo coinciden en señalar que la sentencia impugnada no incurrió en ninguno de los defectos alegados, así: (i) la negativa a reconocer la calidad de propietarios sobre los bienes a partir de los medios de prueba aportados por los demandantes no configura un defecto procedimental, por cuanto la prueba del dominio sobre los inmuebles y los vehículos requiere el registro del título, que en este caso sólo se aportó respecto de uno de los inmuebles y de manera manifiestamente extemporánea; de otro lado, no le era dado al fallador variar de manera oficiosa la causa petendi en el sentido que solicitan los demandantes en la tutela, pues ello habría implicado afectar los derechos de defensa y contradicción de las entidades demandadas en el proceso de reparación directa. (ii) No se configuró un defecto fáctico por abstenerse de decretar pruebas de oficio o dar por acreditada la legitimación de los demandantes, por cuanto corresponde a la parte actora la carga de probar las afirmaciones que efectúa en la demanda, sin que pueda el juez emplear la facultad para decretar pruebas de oficio a efectos de suplir las falencias probatorias del demandante. (iii) Tampoco se presenta la supuesta falta de motivación en lo que atañe a las pretensiones indemnizatorias sobre algunos bienes muebles, pues la sentencia se detuvo en la valoración de cada una de las pruebas aportadas en relación con dichos bienes. 3. De acuerdo con los antecedentes expuestos la Corte debe resolver los siguientes problemas jurídicos: 3.1. ¿Incurre una decisión judicial en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando niega las pretensiones formuladas en una demanda de reparación directa, argumentando que los demandantes carecen de legitimación material por activa, porque concurrieron al proceso en calidad de propietarios pero no acreditaron en debida forma el derecho de dominio sobre los bienes cuya indemnización reclaman? 3.2. ¿Se configura un defecto fáctico cuando, en un proceso de reparación directa promovido por personas que reclaman su condición de víctimas del conflicto armado, la autoridad judicial no decreta pruebas de oficio para despejar dudas sobre la legitimación material de los demandantes, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional y a las reglas especiales en materia de prueba establecidas en la Ley 1448 de 2011? 3.3. Por último, la Sala debe establecer si la autoridad judicial accionada (i) omitió pronunciarse sobre las pruebas aportadas para reclamar la indemnización respecto de los bienes muebles a los que se refieren los demandantes y (ii) de existir tal omisión, si es de tal magnitud que comporta una vulneración del derecho al debido proceso por ausencia de motivación, frente a la cual proceda el amparo constitucional. 4. Para tal fin, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En segundo lugar, examinará si en el presente caso se verifican los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. De hallarlos satisfechos procederá, en tercer lugar, al análisis de los desarrollos jurisprudenciales en torno al derecho de las víctimas del conflicto armado a obtener reparación integral; de manera específica se referirá a las diversas vías – judicial y administrativa – previstas para hacer efectivo el derecho a la reparación, a fin de precisar si, como lo sostienen los demandantes, las disposiciones contempladas en la Ley 1448 de 2011 son aplicables al proceso judicial de reparación directa. Precisado este punto, la Sala dará respuesta, en su orden, a cada uno de los problemas jurídicos antes identificados, para lo cual reiterará su jurisprudencia sobre las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela invocadas por los demandantes y examinará si estas concurren en el presente caso. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 5. A partir de la sentencia C-543 de 1992[29], la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela contra providencias judiciales sólo procedía, de manera excepcional, “en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho”. Tras más de una década de desarrollo jurisprudencial, la Corte introdujo una importante modificación conceptual en la sentencia C-590 de 2005[30], al sustituir el concepto de “vía de hecho” por el de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”, por considerar que este último daba cuenta, en mejor modo, del amplio espectro de supuestos en los cuales resulta admisible ejercitar la acción de tutela contra providencias judiciales. De acuerdo con la sistematización propuesta en esta decisión, y acogida desde entonces por la Corte, es preciso distinguir entre los “requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, los cuales determinan que la providencia pueda ser objeto de control constitucional a través de la acción de tutela, y otros “requisitos o causales especiales de procedibilidad”, que constituyen los cauces argumentativos dentro de los que debe enmarcarse la violación de derechos fundamentales que se atribuye a la decisión judicial objeto de control. 6. Las causales generales de procedibilidad que deben concurrir para que una providencia judicial pueda ser conocida por el juez de tutela son las siguientes: (i) que la cuestión discutida sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[31]; (v) que el peticionario identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 7. Entretanto, según lo establecido en la referida sentencia C-590 de 2005, para que pueda declararse que una providencia judicial incurre en violación de derechos fundamentales, es preciso que se verifique alguna de las siguientes causales especiales de procedibilidad: (i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto, el cual se presenta cuando el funcionario judicial en aras del rigorismo en las formas, sacrifica de manera injustificada su deber de dar prevalencia al derecho sustancial; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; (viii) violación directa de la Constitución. 8. A continuación, la Sala examinará si en el presente caso se verifican las mencionadas causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la decisión judicial objeto de controversia. Solo en caso de que así ocurra, la Corte tendría competencia para pronunciarse sobre las causales específicas de procedibilidad que invocan los demandantes. Examen de las causales generales de procedibilidad en el caso concreto 9. Relevancia constitucional de la cuestión que se discute. La controversia sometida a consideración de la Corte reviste importancia constitucional por cuanto está referida al derecho a la reparación integral que asiste a las víctimas del conflicto armado y, de manera específica, a las exigencias probatorias que deben ser satisfechas cuando se pretende hacer valer este derecho por la vía judicial del proceso de reparación directa que se tramita ante la jurisdicción administrativa. 10. Subsidiariedad. La decisión objeto de controversia es una sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente a la cual no cabe interponer ningún recurso ordinario. Ahora bien, en la acción de tutela se formulan tres cargos, el último de los cuales no satisface este requisito de procedibilidad, como pasará a explicarse. 10.1. En relación con los dos primeros cargos - (i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las exigencias probatorias impuestas para acreditar la legitimación material respecto de los inmuebles y algunos de los bienes muebles (vehículos y cabezas de ganado) por cuya indemnización reclaman; (ii) defecto fáctico, por la omisión de declarar pruebas de oficio necesarias para establecer la verdad sobre hechos que resultaron dudosos para el juez – la Sala encuentra que su planteamiento en sede de tutela respeta el carácter subsidiario de este mecanismo de defensa judicial. Ninguna de estas objeciones quedan comprendidas dentro de las causales de revisión, único mecanismo extraordinario de impugnación del que dispondrían para controvertir la sentencia que negó sus pretensiones.[32] 10.2. La tercera de las acusaciones señala que el Consejo de Estado incurrió en una decisión sin motivación, al no haber fundamentado la carencia de legitimación material para obtener indemnización por los demás bienes muebles. Al respecto es necesario remitirnos al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo dispone que, en los aspectos allí no regulados, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Ahora bien, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, dentro de término de ejecutoria de la sentencia, las partes pueden solicitar su adición, cuando aquella “omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”. Como lo ha señalado la Corte en anteriores pronunciamientos, el mecanismo de la adición se orienta a salvaguardar una garantía central del debido proceso, como es el derecho de las partes a obtener respuesta completa y razonada a sus pretensiones, a la vez que salvaguarda el principio de economía procesal.[33] Asimismo, este Tribunal ha estimado improcedente la tutela contra providencias judiciales acusadas de faltar al deber de congruencia, o de incurrir en decisión sin motivación, cuando las partes no solicitaron al juez la adición de la providencia recurrida en amparo. En la sentencia T-950 de 2006[34] se negó la procedencia de la acción de tutela contra una providencia de naturaleza laboral proferida por un Tribunal Superior, acusada de no haber dado respuesta a la petición de reconocimiento de indexación de la primera mesada pensional, debido a que la actora no había acudido a la adición de la sentencia, contenida en el artículo 311 de la Código de Procedimiento Civil. En aquella oportunidad se precisó: “[…] (N)o puede acudirse a la acción constitucional de tutela cuando el afectado por una decisión judicial que considera incongruente con las pretensiones, no ha agotado los mecanismos ordinarios que el sistema jurídico ofrece con ese propósito. La conclusión precedente no pierde validez por el hecho de que el artículo 311 del C.P.C. autorice al juez de instancia para adicionar de oficio la demanda, pues es claro que dicha alternativa opera cuando el funcionario judicial se ha percatado de la omisión; por manera que si eso no ocurre, es carga procesal del interesado solicitar el pronunciamiento aditivo de la sentencia”. Tal regla de decisión fue reiterada en la sentencia T-570 de 2011,[35] para declarar improcedente la tutela interpuesta contra una providencia judicial que negó el reintegro de una trabajadora. La causal invocada por la tutelante sostenía que el juez laboral incurrió en decisión sin motivación, al no haber dado respuesta a algunas de las pretensiones formuladas por la demandante. En esta oportunidad, la Corte señaló que: “[…] la herramienta contenida en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil sí constituyó un recurso judicial idóneo y eficaz para atender la presunta vulneración de derechos fundamentales generada en el trámite de la segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral interpuesto por la señora Fabiola Muñoz de Erazo contra Comfacauca. En efecto, a través de la adición la actora bien pudo haber planteado la “omisión” indicada […] señalando las razones por las cuales consideraba que el fuero circunstancial hacía parte del recurso y precisando que la sustentación era suficiente para que fuera atendida por el Tribunal […]”. Bajo estas condiciones y atendiendo que no se evidencia la existencia de un evento que logre justificar la ausencia de la presentación de la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia, la Sala concluye, al igual que las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el amparo interpuesto por la señora Fabiola Muñoz de Erazo no cumple con el segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales lo que, de conformidad con la jurisprudencia anotada, en especial la sentencia C-590 de 2005, impide que se hagan más consideraciones sobre el caso.” En definitiva, cuando a través de la acción de tutela se pretende impugnar una providencia judicial en la que se adoptan determinaciones que, a juicio del accionante, carecen de motivación, es deber del juez constitucional verificar si la parte interesada previamente solicitó la aclaración de la sentencia ante el juez que la profirió y, de haberlo omitido, si media alguna circunstancia que así lo justifique. De lo contrario, la acción de tutela se torna improcedente por no haber sido agotados todos los mecanismos de defensa judicial. Examinado el presente caso, la Sala encuentra que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la aplicabilidad del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción administrativa.[36] En ese orden de ideas, es claro que la parte demandante contaba con este mecanismo de defensa judicial para hacer valer su derecho a obtener una decisión debidamente motivada en lo atinente a la legitimación en la causa para reclamar por los bienes muebles que, según afirma, no fueron considerados en la sentencia de segunda instancia. Adicionalmente, no había lugar a dudar sobre la idoneidad en concreto de este mecanismo de defensa judicial, por cuanto, al plantear la solicitud de adición en el sentido requerido por los tutelantes, se habría abierto la oportunidad para que el juez natural del proceso expidiera una sentencia complementaria dando respuesta a aquellos extremos del litigio que los demandantes echaban de menos. Sin embargo, sin que mediara ninguna justificación para ello, omitió solicitar ante el juez natural del proceso la adición de su sentencia para, en su lugar, plantear directamente su inconformidad con la decisión ante el juez de tutela. Al obrar de este modo, desconoció el carácter subsidiario de este mecanismo de defensa judicial. En consecuencia, la Sala proseguirá el estudio de los requisitos generales de procedibilidad en relación con los dos primeros cargos y desestimará por improcedente el tercero, que acusa a la sentencia de ausencia de motivación por no haber fundamentado la carencia de legitimación material para obtener indemnización por los demás bienes muebles. 11. Inmediatez. También se satisface esta condición, toda vez que la sentencia contra la que se dirige esta acción de tutela, proferida el catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), fue notificada por edicto y quedó ejecutoriada el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013).[37] La demanda de tutela se interpuso el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), con lo cual entre la fecha de ejecutoria y la presentación de la tutela medio un lapso inferior a seis (6) meses, tiempo que la jurisprudencia constitucional ha estimado razonable para efectos de verificar el requisito de inmediatez.[38] 12. Que la irregularidad procesal alegada haya tenido un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Esta condición se encuentra acreditada, por cuanto, los criterios de valoración, de carga de prueba y de no variación oficiosa de la causa petendi, empleados por el Consejo de Estado para entender no probada la legitimación material en la causa, y que a juicio de los demandantes configuran un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, fueron determinantes para negar las pretensiones indemnizatorias de los señores Noguera Abello. 13. Que el peticionario identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. La primera de estas condiciones se encuentra satisfecha, por cuanto la demanda de tutela identifica los hechos que, a juicio de los actores, generaron la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo y a la reparación integral que reclaman en su condición del víctimas del conflicto armado. Tales son: (i) la negativa a reconocer su legitimación material en la causa, pese a que, según los actores, acreditaron su condición de propietarios de los bienes cuya indemnización reclaman y, en todo caso, se hallaba probada su calidad de poseedores y de víctimas del conflicto armado; (ii) la omisión de decretar pruebas de oficio y de aplicar las reglas probatorias contenidas en la Ley 1448 de 2011 para garantizar el derecho a la reparación que les asiste en su condición de víctimas. El tercer motivo de censura, relativo a la ausencia de motivación, no será considerado pues, como ya se anticipó, tal cargo no satisface la exigencia de subsidiariedad y, por tanto, la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el mismo. Sala advierte que las dudas en torno a la prueba de la propiedad de los bienes y el monto de los daños fueron planteadas a lo largo del proceso, en particular durante la segunda instancia; de manera específica, tras las decisiones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y del doce (12) de mayo de dos mil once (2011), respectivamente, que improbaron los dos acuerdos conciliatorios que fueron suscritos entre las partes durante el trámite de segunda instancia. En este momento procesal, los demandantes en reparación directa reiteraron sus argumentos en torno a la valoración de las pruebas, aportaron prueba del dominio sobre uno de los inmuebles y reiteraron su derecho a ser reparados por el ataque guerrillero del que fueron víctimas.[39] No obstante, en relación con esto último la sentencia de tutela objeto de revisión argumenta que la condición de víctimas del conflicto armado y, con ello, de beneficiarios del tratamiento previsto en la Ley 1448 de 2011 no fue alegada por los demandantes en el proceso ordinario. Por tal razón, estimó improcedente el estudio de este cargo. A este respecto, la Sala precisa que la condición de víctimas del conflicto armado siempre fue alegada por los actores dentro del proceso de reparación directa, aunque no para derivar de ella la pretensión de que les fuera aplicada la regulación contenida en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, esto último encuentra explicación en el hecho de que la mencionada ley, aunque entró en vigencia antes de proferirse la decisión de segunda instancia, no se hallaba en vigor para el momento en que las partes tuvieron la última oportunidad procesal para presentar sus alegatos. Por lo anterior, la Sala encuentra procedente el estudio de este cargo. 14. Que no se trate de sentencias de tutela. La providencia judicial controvertida no es una sentencia de tutela, sino un fallo de segunda instancia proferido por el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de un proceso de reparación directa. 15. Dado que en el presente caso se verifican causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, puede la Corte entrar a decidir sobre el fondo de la controversia planteada por los demandantes respecto de los cargos que aluden a la existencia de (i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las exigencias probatorias impuestas para acreditar la legitimación material respecto de los inmuebles y algunos de los bienes muebles (vehículos y cabezas de ganado) por cuya indemnización reclaman; (ii) defecto fáctico, por la omisión de declarar pruebas de oficio necesarias para establecer la verdad sobre hechos que resultaron dudosos para el juez. El tercer motivo de censura, relativo a la ausencia de motivación, no será considerado pues, al no cumplir el requisito de subsidiariedad, la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el mismo. Derecho de las víctimas a obtener reparación integral a través de un recurso judicial efectivo. Reiteración de jurisprudencia 16. La jurisprudencia de esta Corporación ha partido de una interpretación armónica de los artículos 1, 2, 29, 93, 229, y 250 de la Carta Política, así como de los lineamientos trazados por el derecho internacional humanitario y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, para fundamentar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. [40] 17. En anteriores decisiones este Tribunal ha precisado los componentes del derecho a la reparación integral y las diversas vías, judiciales y administrativas, a través de las cuales tal derecho puede hacerse efectivo. Sobre estos aspectos, ha señalado que el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral incorpora, entre otros elementos: “(i) El reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos. (ii) El respeto a los estándares definidos por el derecho internacional relativos al alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios del derecho a la reparación. (iii) El derecho a obtener una reparación integral, que implica para el Estado el deber de adoptar distintas medidas orientadas a la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. Tales medidas han d...