Sentencia SU-387 de 2022

SU387-22 Sentencia SU387/22 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Vulneración del debido proceso por defecto procedimental en la aplicación del régimen de notificaciones judiciales del Decreto Legislativo 806 de 2020 (…), la Sala Plena considera que la autoridad accionada incurrió en dicho defecto procedimental. Esto, por las siguientes razones. Primero, conforme a los artículos 1 y 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el régimen de notificaciones personales previsto por esta norma es aplicable a las notificaciones de esta naturaleza que se lleven a cabo en los trámites de tutela. Segundo, además de los objetivos globales y mediatos que persigue esta normativa (párr. 32), la aplicación de este régimen de notificaciones a las notificaciones personales surtidas en el trámite de tutela busca flexibilizar las exigencias procesales en el marco de la pandemia y racionalizar los trámites en el marco de los procedimientos judiciales. Estos fines son constitucionalmente importantes en el procedimiento de tutela. Tercero, la aplicación de las reglas de notificaciones del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 a la notificación personal de la sentencia de tutela no compromete la protección efectiva de los derechos fundamentales, habida cuenta del cumplimiento inmediato de este fallo. Cuarto, la Sala Plena ha dispuesto que las reglas del artículo 8 del mencionado Decreto Legislativo aplican a la notificación de los fallos de tutela, cuando esta se lleve a cabo por medio de notificación personal. Quinto, la aplicación de dichas reglas al trámite de notificación del fallo de tutela es, por lo demás, compatible con la jurisprudencia constitucional relacionada con la aplicación de las normas procesales generales al procedimiento de tutela. Por último, al aplicarse el artículo 8 del referido Decreto Legislativo en el caso sub examine, la Sala constata que la impugnación interpuesta por los accionantes en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2020 fue oportuna. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Consagración constitucional y marco normativo NOTIFICACION DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Garantía del debido proceso, derecho de defensa, contradicción y principio de la doble instancia/IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia NOTIFICACIONES JUDICIALES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS-Caracterización de la notificación personal del Decreto Legislativo 806 de 2020 NOTIFICACIONES JUDICIALES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS-Notificación personal en procedimiento de tutela TUTELA CONTRA ACTUACIONES REALIZADAS EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Procedencia excepcional en el trámite y resolución del recurso de impugnación del fallo de tutela Referencia: Expediente T-8.573.602 Acción de tutela interpuesta por Germán Camargo de la Torre y otros, en contra del despacho del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, quien forma parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela de 9 de septiembre y 15 de diciembre, ambos de 2021, proferidos por las secciones Segunda y Primera del Consejo de Estado[1], respectivamente. I. ANTECEDENTES 1. Síntesis del caso. El 19 de mayo de 2021, Germán Andrés Camargo de la Torre y otros[2] (en adelante, los accionantes) interpusieron acción de tutela en contra del despacho del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio (en adelante, el accionado o el magistrado sustanciador), quien forma parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Argumentaron que, con los autos de 23 de noviembre de 2020 y de 29 de enero de 2021, el accionado vulneró su derecho al debido proceso, al rechazar y no dar trámite al recurso de impugnación de la sentencia de primera instancia, proferida dentro de otro proceso de tutela[3]. Dicha impugnación había sido concedida por la Sección Cuarta, mediante el Auto de 4 de noviembre de 2020. En criterio de los accionantes, el magistrado sustanciador (i) carecía de competencia para rechazar la impugnación que había sido concedida por la Sección Cuarta, y (ii) no contabilizó “el término dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020, para entender notificadas personalmente las providencias judiciales”[4]. Por tanto, solicitaron que se ordene dar trámite a “la referida impugnación”[5]. 2. Proceso de reparación directa. El 14 de mayo de 2015, Germán Camargo de la Torre y otros interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación[6]. Los demandantes solicitaron, entre otras, condenar “a dicha entidad por los perjuicios ocasionados con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido Andrés Camargo Ardila”[7]. El 26 de julio de 2017, la Juez 31 Administrativa de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, porque, en su criterio, la privación de la libertad no ocurrió de manera “ilegal, arbitraria ni desproporcionada”[8]. Esta decisión fue apelada por los demandantes. El 17 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia[9]. El 31 de julio del mismo año, los demandantes interpusieron recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en contra de la mencionada sentencia. El 15 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente este recurso, decisión que fue notificada de manera electrónica el 10 de agosto del mismo año[10]. 3. Acción de tutela en contra de la sentencia del proceso de reparación directa. El 4 de septiembre de 2020, Germán Camargo de la Torre y otros interpusieron acción de tutela en contra de la sentencia de 17 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca[11]. Los accionantes solicitaron “retirar de la vida jurídica” dicha sentencia, “por ser contraria a la Constitución (…) y a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado”[12]. En particular, los accionantes precisaron que la decisión del proceso de reparación directa desconoció las sentencias de unificación de “28 de agosto de 2014 (expediente 36149) y de 17 de octubre de 2013 (expediente 07459)”, que, según los accionantes, prevén subreglas sobre el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad[13]. Por no tener en cuenta dichas sentencias, los accionantes consideraron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó, de manera errada, que “la pérdida de la libertad del señor Camargo había sido justa al haber ocurrido por culpa de la víctima”[14]. 4. Sentencia de primera instancia de tutela. El 22 de octubre de 2020, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, por incumplir “los requisitos generales de inmediatez y de subsidiariedad”[15]. Lo primero, “porque la decisión que [se] cuestiona fue proferida el 17 de julio de 2019, notificada electrónicamente el 25 de julio de 2019, así [que], a la fecha de presentación de esta acción de tutela, 4 de septiembre de 2020, ha transcurrido” más de un año[16]. Lo segundo, debido a que los accionantes no interpusieron el “recurso de reposición” en contra del Auto de 15 de julio de 2020, por medio del cual el Tribunal declaró improcedente el recurso de unificación de jurisprudencia (párr. 2). Por lo anterior, el a quo concluyó que los accionantes “pretende[n] emplear esta acción constitucional en reemplazo de los medios de defensa judicial ordinarios”[17]. 5. Notificación de la sentencia de tutela, impugnación y trámite de la impugnación en la Sección Cuarta. El 27 de octubre de 2020, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó, por correo electrónico, la sentencia de 22 de octubre de 2020[18]. La constancia de correo recibido o “entregado” de esta notificación fue emitida el mismo día[19]. Dicha providencia fue impugnada, el 3 de noviembre del mismo año, por la parte accionante[20]. El 4 de noviembre de 2020, el consejero Milton Chaves García, ponente de la sentencia de primera instancia, concedió la impugnación, “de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991”[21]. En consecuencia, ordenó “remitir el proceso a la Sección que corresponda, para que se surta la impugnación presentada”[22]. Por reparto, la impugnación correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado. 6. Rechazo de la impugnación por extemporánea. El 23 de noviembre de 2020, el despacho del magistrado sustanciador, quien forma parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, “rechaz[ó] por extemporánea la impugnación en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2020”[23] proferida por la Sección Cuarta. Dicho consejero sostuvo que el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que el fallo de primera instancia podrá ser impugnado “dentro de los tres días siguientes a su notificación”[24]. A la luz de esta disposición, la impugnación fue extemporánea, puesto que “la parte demandante (…) impugnó mediante memorial enviado el 3 de noviembre de 2020”[25]. En criterio de este consejero, “la sentencia de primera instancia fue notificada el 27 de octubre de 2020”, por lo cual “el interesado en impugnar (…) contaba con 3 días, los cuales vencieron el 30 de octubre” del mismo año[26]. 7. Recurso de reposición en contra del rechazo de la impugnación. La parte accionante interpuso recurso de reposición en contra del referido Auto de 23 de noviembre de 2020, por dos razones. Primero, el accionado carecía de competencia para “revocar las providencias judiciales que se encuentran en firme, emitidas por otros magistrados del Consejo de Estado”[27]. En particular, dicho consejero no tenía competencia para rechazar por extemporánea la impugnación concedida, el 3 de noviembre de 2020, por el consejero Milton Chávez García. Segundo, la impugnación no fue presentada de manera “extemporánea”, habida cuenta de lo previsto por el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020[28]. Conforme a esta disposición, “el plazo de tres días que (…) aplica por razón del decreto 2591 de 1991, comenzó a correr el viernes 30 de octubre [de 2020] (trascurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje del 27 de octubre) y terminó el miércoles 4 de noviembre de 2020 (es decir un día después del 3 de noviembre)”[29]. 8. Auto por medio del cual se resuelve el recurso de reposición. El 29 de enero de 2021, el accionado decidió “no reponer el auto de 23 de noviembre de 2020, mediante el cual se rechazó por extemporánea la impugnación”[30]. Al respecto, señaló que el Decreto 2591 de 1991 prevé el término de 3 días para interponer la impugnación, el cual comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia. Por consiguiente, habida cuenta de que la sentencia fue notificada el 27 de octubre de 2020, la impugnación ha debido presentarse, a más tardar, “el 30 de octubre”[31], que no el 3 de noviembre, por lo que resultaba “evidente su extemporaneidad”[32]. Además, argumentó que “las medidas adoptadas en el decreto 806 de 2020 no son aplicables al trámite de la acción de tutela, pues las mismas fueron establecidas con el propósito de agilizar los procesos judiciales cuyos términos se suspendieron con ocasión de los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura desde el 15 de marzo de 2020”[33]. Por lo demás, el magistrado sustanciador ordenó notificar esta decisión a la parte actora y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9. Acción de tutela sub examine. El 19 de mayo de 2021, los accionantes interpusieron acción de tutela en contra de los autos de 23 de noviembre de 2020 y de 29 de enero de 2021, ambos proferidos por el despacho del magistrado sustanciador, quien forma parte de la Sección Quinta[34]. En la primera providencia, el accionado “rechaz[ó] por extemporánea la impugnación en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2020”[35]. En la segunda, ante el recurso de reposición instaurado por los accionantes, confirmó la decisión de rechazo. En criterio de los accionantes, dichas providencias violan su derecho al debido proceso, pues “indebida, inconstitucional e ilegalmente han impedido el trámite de impugnación de la acción de tutela interpuesta”[36]. Explicaron que el magistrado sustanciador (i) carecía de competencia para rechazar la impugnación, que había sido concedida por la Sección Cuarta, y (ii) no contabilizó “el término dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020, para entender notificadas personalmente las providencias judiciales”[37]. Por tanto, solicitaron, como única pretensión, que se ampare su derecho al debido proceso y, por consiguiente, se tramite “la referida impugnación”[38]. Esta tutela fue repartida al consejero de la Sección Segunda, Rafael Francisco Suárez Vargas, quien la admitió, por medio del Auto de 19 de agosto de 2021. 10. Contestación del magistrado sustanciador. El 26 de agosto de 2021, el magistrado sustanciador de los autos acusados solicitó negar el amparo. Argumentó que el Decreto Legislativo 806 de 2020 “no reguló ni los términos ni las notificaciones en materia de acción de tutela”, puesto que “dicho procedimiento no fue suspendido con ocasión de la pandemia actual”[39]. En consecuencia, consideró que “la interpretación que se realizó del decreto legislativo en mención fue razonada y correspondió a la realidad procesal”, por lo que “no se incurrió en defecto alguno”[40]. 11. Sentencia de primera instancia. El 9 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió “rechazar” el amparo solicitado por “improcedente”[41]. Esto, por tres razones. Primero, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones proferidas en los procesos de tutela. No obstante, dicha sentencia no examinó “la procedencia de la acción de tutela contra autos de tutela que dieron por terminado el proceso, ante el rechazo de la impugnación interpuesta, lo cual impone a este juez constitucional rechazar por improcedente la acción”[42]. Segundo, los accionantes pretenden reabrir una instancia adicional, “para controvertir el rechazo del recurso, lo cual fue debidamente analizado por el juzgador, no sólo con el auto que rechazó la impugnación, sino también al resolver el recurso de reposición”[43]. Tercero, la eventual revisión de tutelas por parte de la Corte es “el mecanismo de control idóneo para revisar todas las decisiones que fueron dictadas por jueces constitucionales en donde posiblemente se hubieran configurado afectaciones al debido proceso”[44]. El 7 de octubre de 2021, el fallo fue notificado mediante correo electrónico[45]. 12. Impugnación. El 8 de octubre de 2021, los accionantes impugnaron dicha sentencia, porque, en su opinión, desconoció la regla fijada por la sentencia SU-627 de 2015. Al respecto, señalaron que, en esta decisión, la Corte sí dispuso “la procedencia de la acción de tutela contra autos de tutela que dieron por terminado el proceso, ante el rechazo de la impugnación interpuesta”[46]. A su vez, expusieron que, en esa decisión de unificación, la Corte retomó el problema jurídico resuelto en la sentencia T-162 de 1997, en la cual analizó si “[l]a decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela”[47]. La respuesta de la Corte a dicho problema jurídico “fue afirmativa, pues el juez de tutela, ‘al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental’, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la acción de tutela”. En criterio de los accionantes, dichas premisas son “suficientes para la procedibilidad y para la prosperidad de la acción de tutela”[48] en el caso concreto. 13. Sentencia de segunda instancia. El 15 de diciembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó el amparo solicitado. De un lado, sostuvo que el análisis del a quo fue “insuficiente”[49] y que “la providencia acusada en la presente acción de tutela sí es susceptible de ser revisada mediante el mecanismo de amparo constitucional”[50]. Esto, “por cuanto los actos acusados impiden a los actores impugnar un fallo de tutela, lo cual podría violar el derecho al debido proceso”[51]. De otro lado, consideró satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso sub examine. Sin embargo, concluyó que no se configuró defecto sustantivo alguno y, por tanto, la “providencia cuestionada no violó el derecho fundamental al debido proceso”[52]. Esto, habida cuenta de que “la Sección Quinta (…) realizó un análisis suficiente y razonable” sobre porqué el Decreto Legislativo 806 de 2020 no aplica al trámite de tutela, por tanto “no actuó de forma arbitraria”[53]. 14. Selección del expediente por la Corte Constitucional. Mediante el Auto de 30 de junio de 2022, el expediente fue escogido para revisión. Esto, de conformidad con los criterios de asunto novedoso y tutela contra providencia judicial en los términos de la jurisprudencia constitucional, previstos por el artículo 52 del Reglamento de la Corte Constitucional. Por sorteo, la revisión de este asunto le correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. 15. Competencia de la Sala Plena y actuaciones en sede de revisión. En sesión de 3 de agosto de 2022, la Sala Plena asumió el conocimiento del caso sub examine. Por medio del Auto de 10 de agosto de 2022, la magistrada sustanciadora ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado remitir la totalidad del expediente de tutela. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 16. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el presente asunto, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. 2. Delimitación del asunto, problema jurídico y metodología 17. Delimitación del asunto. La acción de tutela sub examine controvierte los autos de 23 de noviembre de 2020 y de 29 de enero de 2021, ambos proferidos por el despacho del magistrado sustanciador, quien forma parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado[54]. Mediante estas providencias, el magistrado sustanciador (i) rechazó el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes y (ii) decidió no reponer este Auto (párrs. 6 a 8). Los accionantes alegan que estas decisiones vulneraron su derecho al debido proceso. En su criterio, el accionado (i) carecía de competencia para rechazar la impugnación y (ii) no “contabilizó el término dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020, para entender notificadas personalmente las providencias judiciales”[55]. Los accionantes no identificaron dichas irregularidades con defectos específicos de procedibilidad, conforme a la metodología diseñada por la Corte Constitucional. Sin embargo, con base en los argumentos formulados en la tutela, para la Sala es claro que las mencionadas irregularidades podrían dar lugar, en su orden, a los defectos orgánico y procedimental. Por tanto, solicitaron que se ordene dar trámite a “la referida impugnación”[56]. 18. Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes problemas jurídicos: 18.1. ¿La solicitud de amparo sub examine satisface los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela en contra de providencias judiciales? 18.2. ¿El accionado incurrió en los defectos orgánico y procedimental, al proferir los autos de 23 de noviembre de 2020 y de 29 de enero de 2021? 19. Metodología. Para responder estos problemas jurídicos, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) la regulación constitucional y legal de la acción de tutela; (ii) la notificación del fallo y la impugnación en materia de tutela; (iii) la naturaleza, los objetivos y el alcance del Decreto Legislativo 806 de 2020, con énfasis en su regulación sobre la notificación de las decisiones judiciales, y (iv) la doctrina constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales, en particular, en contra de aquellas providencias dictadas en los trámites de tutela. Por último, la Corte resolverá el caso concreto. 3. Acción de tutela. Regulación constitucional y legal 20. Regulación constitucional de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política prevé la acción de tutela. Esta acción es una garantía judicial que puede interponer cualquier persona siempre que sus derechos fundamentales sean vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de las autoridades. Conforme a dicho artículo, la tutela se caracteriza, entre otras, porque (i) puede ser interpuesta “en todo momento y lugar”, (ii) se tramita mediante “un procedimiento preferente y sumario”, (iii) busca la “protección inmediata” de los derechos, (iv) puede ser promovida por el titular de los derechos “o por quien actúe a su nombre” y (v) solo procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Además, este artículo dispone que el fallo de primera instancia de la acción de tutela (a) será de inmediato cumplimiento, (b) podrá “impugnarse ante el juez competente” y, en todo caso, (c) será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Por último, este artículo prescribe que la ley definirá “los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares”[57]. 21. Reglamentación del trámite de la acción de tutela mediante el Decreto 2591 de 1991. El artículo transitorio 5 de la Constitución Política revistió de facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, “reglamentar el derecho de tutela”. Con fundamento en esta habilitación, el presidente de la República, tras llevar a cabo el procedimiento previsto por el artículo 6 transitorio[58], expidió el Decreto 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. Este decreto contiene cinco capítulos, a saber: (i) disposiciones generales y procedimiento (arts. 1 a 36)[59]; (ii) competencia (arts. 37 a 41)[60]; (iii) tutela en contra de particulares (arts. 42 a 45)[61]; (iv) tutela y Defensor del Pueblo (arts. 46 a 51)[62] y (v) sanciones (arts. 52 y 53)[63]. 22. Reglamentación del Decreto 2591 de 1991 mediante el Decreto 306 de 1992. Tras la expedición del Decreto 2591 de 1991, el presidente de la República expidió el Decreto 306 de 1992, mediante el cual, en ejercicio de las facultades de reglamentación previstas por el artículo 189.11 de la Constitución, “reglamentó el decreto 2591 de 1991”. En sus diez artículos, esta normativa reguló materias relacionadas con (i) los derechos objeto de protección[64]; (ii) la inexistencia de amenaza de los derechos fundamentales[65]; (iii) los principios para interpretar el procedimiento de la tutela[66]; (iv) la notificación de las providencias a las partes[67]; (v) el contenido del fallo de tutela[68]; (vi) los efectos de las decisiones de revisión y de segunda instancia de los fallos de tutela[69]; (vii) el reparto[70] y (viii) las sanciones en el marco del incidente de desacato[71]. Ocho artículos de este Decreto fueron compilados por medio del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015[72]. 23. Incidencia de la legislación procesal ordinaria en el trámite de tutela. El Decreto 2591 de 1991 no prevé normas de remisión a los códigos procesales ordinarios. Sin embargo, el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 dispone que “para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho Decreto”. A la luz de estas disposiciones, la Sala Plena ha reconocido que las distintas salas de la Corte “han acudido a los estatutos procesales generales para identificar las irregularidades del procedimiento que desconocen el derecho al debido proceso de las partes o interesados”[73]. Lo anterior, debido a “la ausencia de regulación detallada en tutela y a la remisión normativa a ese tipo de códigos”[74]. Solo a título ilustrativo, de manera reciente, la Corte ha aplicado, al trámite de tutela, las reglas del Código General del Proceso relacionadas con poderes conferidos en el exterior[75], causales de nulidades procesales[76], práctica de pruebas[77] y corrección de yerros en las sentencias[78], entre otras. 4. Notificación del fallo de primera instancia e impugnación en materia de tutela 24. Notificación del fallo de tutela. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prevé que las providencias que se dicten en el trámite de tutela “se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”[79]. A su vez, el artículo 30 ibidem prescribe que “el fallo se notificará por telegrama, o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”. Con base en estas disposiciones[80], la Corte ha sostenido que “el juez no está sujeto a fórmulas sacramentales ni a la obligación de acudir a una cierta forma de notificación para hacer conocer sus decisiones”[81]. Sin embargo, esto no implica que “el juez pueda tomar la decisión sobre el medio de notificación de manera caprichosa”[82], en tanto debe asegurar que la notificación garantice el principio de publicidad. A su vez, la Sala Plena ha reconocido que “es una práctica habitual que la notificación personal sea el medio elegido para dar a conocer las providencias judiciales. Cuando ello ocurre, el juez de tutela debe tener en cuenta las reglas que rigen esta modalidad específica de notificación”[83]. Es más, la Corte ha señalado que “la posibilidad de llevar a cabo las notificaciones personales mediante el envío de mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en modo alguno resulta contrario a las reglas especiales aplicables al trámite de tutela”[84]. 25. Regulación constitucional y legal de la impugnación. El artículo 86 de la Constitución prevé que el fallo de primera instancia de la acción de tutela “será de inmediato cumplimiento” y podrá “impugnarse ante el juez competente”. A su vez, los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 disponen que el fallo de tutela podrá ser impugnado “dentro de los tres días siguientes a su notificación”. Esto, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, en tanto el recurso de impugnación se concede en el efecto devolutivo, que no suspensivo[85]. En efecto, con el fin de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, las órdenes del juez de primera instancia son de obligatorio cumplimiento, con independencia de la interposición del recurso de impugnación, pues, mientras este se resuelve, “la providencia que pone fin al proceso produc[e] todos los efectos a los que está destinada”[86]. 26. Naturaleza jurídica de la impugnación. La Corte ha reiterado de manera uniforme que la impugnación del fallo es “un derecho fundamental que forma parte del debido proceso, a través del cual se pretende que el superior jerárquico de la autoridad judicial que emitió el pronunciamiento, evalúe nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia”[87]. La impugnación permite garantizar la doble instancia, por lo que, “en el caso de que el funcionario no la surta, [pese a haber sido interpuesta de forma oportuna], quebrantará normas superiores”[88]. Esto, en tanto, de manera injustificada, “se pretermite la segunda instancia”[89] del procedimiento de tutela, lo cual afecta “de forma desproporcionada el acceso a la justicia”[90]. 27. Legitimación para interponer la impugnación. La impugnación puede ser interpuesta por “el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente”[91]. A su vez, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que “también puede impugnar (iv) el tercero con interés legítimo en la decisión, (v) el Procurador General de la Nación por sí o través de sus delegados y agentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 277 Constitucional y en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012 [y] (vi) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (…) en su calidad de interviniente -además de cuando asume su función de apoderada-, en los asuntos en los que es parte una entidad pública o en los que se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado”[92]. 28. Requisitos de la impugnación. La Corte ha resaltado que “el único requisito de procedibilidad para el trámite de la impugnación, es que esta se haya presentado dentro del término legalmente estipulado para ello, sin que se pueda exigir el cumplimiento de alguna otra formalidad”[93]. A su vez, la Corte ha reconocido que, si bien los recursos de impugnación y apelación tienen por efecto activar la segunda instancia, “la impugnación está exenta de las formalidades aplicables a la apelación; únicamente se exige su presentación oportuna, mas no una carga de sustentación o argumentación en cabeza del impugnante, lo cual, a todas luces, difiere de la apelación que sí está sujeta a la carga de motivación del recurso”[94]. 29. Impugnación oportuna, no impugnación e impugnación tardía. En relación con la impugnación, la Sala distingue tres hipótesis relacionadas con el recurso de impugnación, así como sus correspondientes efectos: 29.1. Interposición oportuna de la impugnación. Conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, presentada la impugnación de manera oportuna, el juez de primera instancia deberá remitir “el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”. Este último funcionario cuenta con 20 días para proferir fallo, mediante el cual podrá confirmar o revocar la decisión del juez de primera instancia[95]. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su revisión. Ahora bien, si el juez omite tramitar la impugnación, pese a haberse interpuesto de manera oportuna, “incurre en causal de nulidad insaneable en los términos del parágrafo del artículo 136 del CGP”[96]. 29.2. No interposición de la impugnación. El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 prevé que “los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”. 29.3. Interposición tardía de la impugnación. La Corte ha señalado que si la impugnación no se presenta de manera oportuna en contra de la sentencia de primera instancia, “ésta se tiene por no impugnada”[97]. Por consiguiente, la presentación extemporánea de la impugnación “no surte efectos”[98], pues el término para su interposición “tiene tres características –preclusivo, perentorio e improrrogable – que impiden darle valor sustancial al acto de impugnar por fuera del término”[99]. 30. Poderes del juez de segunda instancia. Según lo previsto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el juez de segunda instancia tiene los mismos poderes que el juez de primera instancia para ordenar y practicar pruebas, así como para solicitar informes, lo que “garantiza los derechos a la defensa y contradicción y contribuye a la corrección de la decisión”[100]. Así las cosas, el juez de segunda instancia “deberá adelantar las actuaciones necesarias a fin de [incorporar] al proceso aquello que (…) considere necesario”[101]. Es más, habida cuenta del “carácter informal de la tutela”[102], la falta de fundamentación de la impugnación “no constituye óbice para que el juez de segunda instancia adelante de manera integral y completa el análisis jurídico”[103] de las decisiones de primera instancia y, por tanto, profiera las decisiones a que haya lugar. En todo caso, cuando el ad quem advierta que la impugnación fue presentada de manera extemporánea, “el juez o tribunal de segunda instancia no tendrá competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto y deberá remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, tal como lo ordenan expresamente el artículo 86 de la Constitución y el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991”[104]. 5. Decreto Legislativo 806 de 2020. Generalidades y regímenes de notificación 31. Naturaleza del Decreto Legislativo 806 de 2020. Mediante el Decreto 637 de 6 de mayo de 2020, el presidente de la República y los ministros del despacho declararon el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de adoptar “prontas medidas para conjurar la crisis y evitar la extensión”[105] de los efectos de la COVID-19. Por medio de la sentencia C-307 de 2020, la Corte Constitucional declaró exequible este Decreto. En el marco del estado de emergencia, el Gobierno Nacional expidió, entre otros, el Decreto Legislativo 806 de 2020, “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia”. Este decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-420 de 2020. En esta providencia, la Corte también declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 6, 8 (inc. 3) y 9 (par.), de esta normativa. 32. Objetivos globales y mediatos del Decreto Legislativo 806 de 2020. En el marco del estado de emergencia, el Decreto Legislativo 806 de 2020 fue expedido con cinco objetivos globales. Primero, controlar “el incremento acelerado del contagio por COVID-19”[106]. Segundo, garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia durante la emergencia sanitaria. Tercero, “garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes dependen económicamente” del sector justicia[107]. Cuarto, proteger el derecho a la salud de los funcionarios judiciales y de los usuarios de esta rama del poder público. Quinto, paliar “la problemática estructural de la congestión judicial” generada por la pandemia y por las medidas sanitarias de aislamiento. Además, los objetivos mediatos de este decreto fueron los siguientes: (i) implementar “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales”; (ii) agilizar “el trámite de los procesos judiciales”, entre otras, en la jurisdicción constitucional; (iii) flexibilizar “la atención de los usuarios del servicio de justicia” y (iv) contribuir “a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este”[108]. 33. Alcance y medidas del Decreto Legislativo 806 de 2020. Para alcanzar tales objetivos, el Gobierno Nacional se propuso, de manera explícita, adoptar medidas para “implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la (…) jurisdicción constitucional”[109]. Con este objeto, el Gobierno dispuso 16 artículos en esta normativa, los cuales fueron clasificados en dos ejes temáticos en la sentencia C-420 de 2020. El primero previó el objeto del decreto, las reglas para la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante, TIC), así como los deberes de los sujetos procesales y de las autoridades judiciales[110]. El segundo introdujo modificaciones procesales, para la implementación de las TIC y para agilizar los trámites procesales[111]. En particular, estas modificaciones tuvieron por objeto regular: (i) requisitos de poderes y demandas; (ii) audiencias; (iii) notificaciones, emplazamientos y comunicaciones; (iv) excepciones previas y sentencia anticipada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (v) trámite de segunda instancia en procesos civiles y de familia, y, por último, (vi) trámite de apelación y de segunda instancia en procesos laborales. 34. Regulación sobre la notificación personal prevista por el Decreto Legislativo 806 de 2020. Este Decreto incluyó regulación sobre las notificaciones personales[112] y por estado[113]. En esta decisión, la Sala solo referirá la regulación de la notificación personal, por su relevancia para resolver el caso concreto. El artículo 8 modificó “la notificación personal de providencias judiciales”[114]. Al respecto, dispuso que las “notificaciones que deban hacerse personalmente” podrán efectuarse con el envío de la providencia y sus anexos, como mensaje de datos, a la dirección electrónica o sitio suministrado, “sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual”. Para lo anterior, el interesado debía afirmar, bajo la gravedad del juramento, “que la dirección electrónica o sitio suministrado correspond[ía] al utilizado por la persona a notificar, informar[ía] la forma como la obtuvo y allegar[ía] las evidencias correspondientes”. Dicho artículo previó que la notificación personal se surtía “una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezar[ían] a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. Además, dispuso que, para los efectos de la disposición, podían implementarse o utilizarse “sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos”. También, prescribió que la nulidad por indebida notificación, prevista por el CGP, podía ser alegada, al señalar “que no se enter[aron] de la providencia”. Por lo demás, el Decreto instituyó que lo previsto por el artículo 8 tenía aplicación con independencia de la “naturaleza de la actuación” o proceso[115]. 35. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020. Por medio de la sentencia C-420 de 2020, la Corte Constitucional controló la constitucionalidad de esta normativa. En dicha sentencia, la Corte constató que el Decreto satisfizo los juicios dispuestos por la Corte para el control de los decretos legislativos de desarrollo. La Corte advirtió que, en términos generales, el Decreto Legislativo (i) no contradijo la Constitución Política; (ii) no desconoció “el marco de referencia de actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia”; (iii) desarrolló “los mandatos constitucionales relacionados con el acceso a la administración de justicia (…), el principio de publicidad y el ejercicio al debido proceso (…)”; (iv) fue “una respuesta razonable y proporcionada a las causas que suscitaron la declaratoria de emergencia”, y (v) “materializ[ó] las medidas anunciadas” en el Decreto 637 de 2020[116]. Además, la Corte precisó que, durante la vigencia del decreto, “en todas las jurisdicciones las autoridades judiciales y los sujetos procesales ‘deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones’ en ‘todas las actuaciones, audiencias y diligencias’ de los ‘procesos judiciales y actuaciones en curso’”[117]. 36. Decisión sobre la constitucionalidad del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020. La Corte declaró exequible esta norma, porque, permitía “implementar el uso de las TIC”, “agilizar el trámite de la notificación personal, para mitigar el agravamiento de la congestión”, “reducir el riesgo de contagio”, “flexibilizar la obligación de atención personalizada” y, por último “racionalizar trámites y procesos”. Además, la Corte precisó que la medida es idónea, porque (a) suprimió la obligación de comparecer a los despachos judiciales para surtir la notificación, “lo que reduce el riesgo para la salud”; (b) reguló “un remedio procesal para aquellos eventos en los que el interesado en la notificación no recibió el correo”, sin crear “una causal adicional de nulidad”[118]; (c) dispuso “condiciones para garantizar que el correo, en efecto, es el utilizado por la persona a notificar”[119] y, además, (d) permitió que el interesado conociera “la providencia a notificar, en tanto los correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el envío de aquella”. A su vez, la Corte condicionó el inciso 3 de este artículo, “en el entendido de que el término de dos (…) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibido o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”. Al respecto, la Corte concluyó que la medida prevista por dicho inciso estaba justificada, porque “tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet”. Sin embargo, incluyó el condicionamiento para armonizar “las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante correo electrónico”[120]. 37. Aplicación del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 a la notificación personal en el trámite de tutela. El régimen de notificaciones personales previsto por el referido decreto es aplicable a las notificaciones de esta naturaleza que se lleven a cabo en los trámites de tutela (párr. 79). Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en los Autos 002, 587, 588, 1084 y 1085, todos del año 2022. 37.1. En el Auto 002 de 2022, la Sala Novena de Revisión, de manera unánime declaró la nulidad de todo lo actuado en un trámite de tutela, al concluir que el juez de tutela “pretermitió una instancia del proceso”[121], lo que “configuraba una nulidad insaneable”[122]. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial rechazó la impugnación, pese a haber sido interpuesta de manera oportuna. La Corte concluyó que la impugnación fue oportuna, para lo cual contabilizó el término para impugnar con base en el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020. 37.2. En el Auto 587 de 2022, la Sala Plena revisó la solicitud de nulidad de la sentencia T-431 de 2021. Para efectos del examen del requisito de oportunidad, la Corte aplicó el régimen de notificaciones personales referido[123]. Al respecto, estimó que “cuandoquiera que [el juez de tutela] decida llevar a cabo la notificación [del fallo] a través de mensajería electrónica, debe observar lo dispuesto en el artículo octavo del Decreto 806 de 2020”[124]. Esto, habida cuenta de que el referido artículo “en modo alguno resulta contrario a las reglas especiales aplicables al trámite de tutela”[125]. La Corte rescató la discrecionalidad del juez de tutela para elegir el medio más expedito y eficaz de notificación y reconoció que, como práctica habitual, esta se practica de forma personal. Sin embargo, advirtió que esto no desconoce la facultad del juez para notificar las decisiones proferidas en sede de tutela por otros medios, cuando “las partes del proceso care[zcan] de acceso a internet o no lo mane[jen] de manera adecuada”[126]. 37.3. En el Auto 588 de 2022, la Sala Plena revisó la solicitud de nulidad de la sentencia T-447 de 2021. Para efectos del examen del requisito de oportunidad, la Corte aplicó el régimen de notificaciones personales dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020. En ese sentido, la Sala Plena tuvo por surtida la notificación “dos días después del envío del correo electrónico”[127]. Para fundamentar lo anterior, la Corte citó el Auto 002 de 2022. En particular, reiteró que “la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. 37.4. En los Autos 1084 y 1085, ambos de 2022, la Sala Plena de la Corte estudió la solicitud de nulidad de las sentencias T-073 de 2022 y T-148 de 2021. Al examinar el requisito de oportunidad, la Corte señaló que tales solicitudes “fueron presentada[s] en vigencia del Decreto legislativo 806 de 2020”. También constató que la notificación de las sentencias se surtió mediante mensaje de datos. En sus consideraciones, la Sala Plena reiteró los argumentos expuestos en los Autos 587 y 588 de 2022, respecto de la aplicación del inciso tercero del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 al conteo de términos para examinar el requisito de oportunidad de la solicitud de nulidad. 38. Decreto Legislativo 806 de 2020 y Ley 2213 de 2022. Las medidas implementadas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 eran, por definición, transitorias. En efecto, conforme al artículo 16, el Decreto regiría luego de su publicación y estaría vigente “durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición”. Por medio de la Ley 2213 de 2022, el Congreso de la República adoptó, como legislación permanente, las disposiciones previstas por el Decreto Legislativo 806 de 2020. Esto, también con la finalidad de “implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales” ante, entre otras, “la jurisdicción constitucional”[128]. 6. Tutela en contra de providencias judiciales 39. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede, de manera excepcional, contra providencias judiciales. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional (i) diseñó la metodología para examinar estas acciones de tutela y (ii) sistematizó y definió los requisitos generales y específicos de procedibilidad[129]. A partir de dicha sentencia, la Corte ha reiterado, de manera uniforme, esta metodología, en relación con acciones de tutela en contra de providencias judiciales. 40. Requisitos generales de procedibilidad. La Corte ha señalado, de manera uniforme, que los requisitos generales de procedibilidad deben “cumplirse en su totalidad, para que el fondo del asunto pueda ser examinado por el juez constitucional”[130]. Estos requisitos son los siguientes: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) relevancia constitucional, es decir, que el asunto “no [debe] ser meramente legal y/o económico”[131], debe involucrar “algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”[132] y, por último, no debe buscar “reabrir debates”[133] concluidos en el proceso ordinario; (iv) subsidiariedad, esto es, que el accionante hubiere instaurado “todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable”[134]; (v) inmediatez, a saber, que la solicitud de amparo hubiere sido interpuesta dentro de “un plazo razonable”[135]; (vi) efecto determinante de la irregularidad procesal, es decir, que la irregularidad alegada tenga “un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”[136]; (vii) identificación de “los hechos que generaron la vulneración como de los derechos vulnerados”[137] y, por último, (viii) que no se controvierta una sentencia de tutela[138]. 41. Requisitos específicos de procedibilidad. Para que prospere la acción de tutela en contra de providencias judiciales, además de satisfacer los requisitos generales, el actor debe acreditar “al menos uno” de los siguientes requisitos específicos[139]: (i) defecto orgánico, el cual “se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece de competencia”; (ii) defecto procedimental, el cual se configura, entre otras, cuando el funcionario judicial pretermite una etapa procesal, dilata, de manera injustificada, la adopción de las decisiones o su cumplimiento, o incurre en exceso ritual manifiesto[140]; (iii) defecto fáctico, que se configura, en términos generales, cuando el juez omite la práctica o la valoración de pruebas determinantes para resolver el caso concreto o las valora de manera manifiestamente irrazonable[141]. (iv) defecto sustantivo, en el que se incurre siempre que, entre otras, el funcionario judicial funda su decisión en normas derogadas, inexequibles o evidentemente inaplicables al caso concreto; (v) error inducido, que se presenta, en términos generales, cuando el juez profiere una decisión que vulnera derechos fundamentales y fue determinada por la actuación de otros órganos estatales[142]; (vi) decisión sin motivación, esto es, cuando el juez incumple el requisito “de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos” en la decisión que se impugna[143]; (vii) desconocimiento de precedente vertical[144] u horizontal[145] y, por último, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte ha reiterado que las “causales específicas de procedibilidad no se consideran necesariamente autónomas e independientes”[146], así como que una misma irregularidad podría dar lugar la configuración de dos o más defectos[147]. 42. Habida cuenta de los cuestionamientos formulados por el accionante, la Corte definirá los defectos orgánico y procedimental a continuación: 42.1. Defecto orgánico. Este defecto se configura cuando un juez “profiere una decisión sin tener competencia para adoptarla”[148]. En este sentido, la Corte ha señalado que este defecto se fundamenta en los artículos 29 y 121 de la Constitución Política. Esto, puesto que estos artículos prescriben, respectivamente, que los ciudadanos deben ser juzgados “ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, así como que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la Ley”. La Corte ha reiterado que este defecto se configura en los siguientes dos supuestos[149]: (i) falta de competencia funcional de la autoridad judicial, que ocurre cuando “extralimita de forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, lo que en ocasiones, puede desconocer los márgenes decisionales de otros funcionarios”[150] y (ii) falta de competencia temporal, es decir, cuando “el juez cuenta con atribuciones y funciones, pero las ejerce por fuera del término previsto para ello”[151]. 42.2. Defecto procedimental. Este defecto se configura cuando el funcionario judicial incurre en error en la aplicación de las normas procesales “que fijan el trámite a seguir para la resolución de una controversia”[152], siempre que dicho yerro tenga “la entidad suficiente para vulnerar derechos fundamentales”[153]. Este defecto se funda en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que prevén el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental se configura cuando: (i) “el funcionario judicial actúa por fuera de los postulados procesales aplicables al caso y, desconoce de manera evidente los supuestos legales”[154]; (ii) “el funcionario judicial prefiere la aplicación irreflexiva y excesiva de las formalidades procesales sobre la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones devienen en una denegación arbitraria de justicia”[155]; (iii) “el funcionario judicial pretermite etapas o fases sustanciales del procedimiento establecido, en detrimento del derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”[156] y, por último, (iv) “en el proceso se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial definitiva”[157]. Además, la Corte Constitucional ha identificado, como modalidades de este defecto, los defectos procedimentales absoluto y por exceso ritual manifiesto. El primero se configura cuando “la vulneración proviene del desconocimiento de ‘los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad’”[158]. El segundo, “cuando se vulnera ‘en esencia al acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal”[159]. 43. Procedencia excepcional de tutela contra sentencias o actuaciones en el trámite de tutela. La acción de tutela no procede, por regla general, en contra de sentencias de tutela. Esta regla aplica también cuando “la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela”[160]. En contra de las sentencias proferidas por la Corte, solo procede, de manera excepcional, el incidente de nulidad[161]. La regla general de improcedencia de la tutela en contra de decisiones proferidas en el marco del trámite de tutela tiene como finalidad “prevenir que el debate en sede de tutela nunca concluya”[162] y, por esta vía, se sacrifique de manera irrazonable el principio de seguridad jurídica[163]. No obstante, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional identificó algunos supuestos extraordinarios en los que la acción de tutela procede, de manera excepcional, en contra de sentencias de tutela y de otras decisiones proferidas en el marco de este trámite. 44. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela. Se reitera que la regla general es la improcedencia, la cual no admite ninguna excepción cuando la sentencia “ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela”, caso en el cual “sólo procede [presentar ante la Corte Constitucional] el incidente de nulidad”[164]. A la luz de la referida sentencia SU-627 de 2015, la tutela procede de manera excepcional contra sentencias de tutela “cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta”[165]. Al respecto, la Corte precisó que, de ser el caso, además de las exigencias generales, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) la tutela “no puede compartir identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada”; (ii) el accionante debe demostrar, “de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (fraus omnia corrumpit)”; (iii) por lo anterior, el juez debe constatar que “exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta” y, por último, (iv) el juez debe verificar que no existe “otro medio ordinario o extraordinario eficaz para resolver la situación”[166]. Por lo demás, incluso en estos casos, la procedencia de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela es estrictamente excepcional[167]. 45. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de otras providencias proferidas en el trámite de tutela. En la misma sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que si la acción de tutela “se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia” es necesario “distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia”[168]. En el primer evento, la acción de tutela procede cuando, cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, el accionante controvierte, por ejemplo, “la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…) incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”[169]. En el segundo evento, la tutela procede, de manera excepcional, cuando el accionante busca “la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato” o en el trámite de “la impugnación de un fallo de tutela”[170]. 46. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones sobre la procedencia de la impugnación de un fallo de tutela. En las sentencias T-162 de 1997 y SU-627 de 2015, la Corte refirió, de manera explícita, el caso en el cual el juez de tutela se “neg[ó] a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico”[171]. Esto, “pese a que el [artículo 10 del] Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso”[172]. Ante dicho supuesto, la Corte se planteó el siguiente problema jurídico: “¿la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela?”[173]. Al respecto, la Corte concluyó que dicha decisión sí podía ser cuestionada por medio de la acción de tutela. Esto, porque, en el marco de dicha decisión, el juez de tutela, “al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la acción de tutela”[174]. Si bien los supuestos de hecho de las sentencias T-162 de 1997 y SU-627 de 2015 no son idénticos al analizado por la Corte en el caso sub examine, en ambas decisiones, la Corte fijó reglas que fundamentan la procedibilidad de la acción de tutela en contra de autos que niegan o rechazan el recurso de impugnación en el marco del trámite de tutela. Además, las referidas providencias permiten evidenciar que la Corte resaltó que el derecho a impugnar “cristaliza el derecho a la defensa y el principio de las dos instancias” y desconocerlo vulnera tanto el debido proceso como el acceso a la administración de justicia, lo cual resulta paradójico en el trámite de la tutela, dado que este mecanismo busca precisamente “hacer efectivas las garantías constitucionales”[175]. Con base en esta misma regla, mediante la sentencia T-286 de 2018, la Corte declaró procedente una vez más una acción de tutela en contra del auto que negó la impugnación. 7. Caso concreto 47. A continuación, la Sala responderá los problemas jurídicos formulados en el párr. 18. Con este objetivo, examinará si la solicitud de amparo (i) satisface los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y (ii) acredita alguno de los defectos específicos de procedibilidad en los que presuntamente incurrió el magistrado sustanciador, a saber, orgánico o procedimental. La Sala resalta que, por definición, este examen no implica un control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual fue llevado a cabo mediante la sentencia C-420 de 2020[176]. 7.1. Examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales 48. La Sala examinará si la solicitud de amparo sub judice satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, los cuales fueron enunciados en el párr. 40. La Sala reitera que la solicitud de tutela será improcedente siempre que no satisfaga al menos uno de estos requisitos. a. Legitimación en la causa por activa 49. Germán Camargo de la Torre, Myriam Alicia Ardila de Camargo, Andrés Camargo Ardila y Monserrat Mayol, as...