Sentencia SU-138 de 2024

SU138-24 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL NULIDAD ELECTORAL-Configuración de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y procedimental por exceso ritual manifiesto (incidencia del vicio) (…) la Sección Quinta del Consejo de Estado interpretó el artículo 21 de la Ley 5 de 1992 de manera exegética, sin atender el principio de instrumentalidad de las formas, así como el criterio de incidencia o trascendencia de la irregularidad, desatendiendo la interpretación que de la misma disposición había hecho anteriormente en la Sentencia del 5 de junio de 2012. (…) ante una regla de decisión establecida previamente … y respecto de la misma causal de nulidad, obtuvo una decisión distinta sin la debida motivación que exige la jurisprudencia constitucional como evento válido en que los jueces pueden apartarse del precedente judicial. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos generales de procedencia requiere argumentación y análisis más riguroso ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos específicos de procedibilidad, exigen análisis restrictivo y deferencia ante la interpretación y valoración probatoria (…) las providencias de las altas cortes «están cobijadas por una garantía de mayor estabilidad que las decisiones proferidas por otros jueces, en razón de su papel en el ordenamiento jurídico». DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las cuales puede incurrir la autoridad judicial PRECEDENTE JUDICIAL-Definición/PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL/DEFECTO SUSTANTIVO-Alcance de la competencia del juez de tutela para analizarlo (…) en el análisis del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, el juez de tutela debe «(i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión contenidos en ellos, (ii) constatar que la regla de decisión cuestionada debió tener en cuenta ese precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un desconocimiento del principio de igualdad y (iii) verificar si existieron razones fundadas para apartarse del precedente, por ejemplo, la necesidad de adoptar una decisión distinta con el fin de lograr una interpretación más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales». DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MERITO-Criterio rector del acceso a la función pública PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MÉRITO-Aplicación para provisión de cargos en convocatoria pública CONCURSO DE MÉRITOS Y CONVOCATORIA PÚBLICA-Diferencias En los concursos públicos de mérito, el grado de objetividad es inversamente proporcional a la discrecionalidad del nominador, en la medida en que ninguna de sus etapas permite grado alguno de subjetividad al momento de proveer la vacante ofertada. Por el contrario, en la convocatoria pública, el principio del mérito no impide que el nominador cuente con cierto grado de discrecionalidad otorgado por la Constitución y la ley, al momento de elegir entre los finalistas. CONVOCATORIA PÚBLICA-Carácter vinculante CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Marco normativo CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado CONVOCATORIA PÚBLICA-Ajustes del acto administrativo que fija las bases del concurso (…), en las convocatorias públicas, el acto administrativo inicial que fija las bases del concurso pude modificarse en casos muy excepcionales, siempre y cuando no favorezca en particular a algunos de los participantes, es decir, no afecte el derecho a la igualdad. Estos ajustes, en todo caso, deben tener lugar antes de llevarse a cabo una prueba determinada. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA-Marco constitucional para su elección/CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA-Calidades CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA-Reglas y etapas de la convocatoria pública CRITERIO DE INCIDENCIA O TRASCENDENCIA DE LA IRREGULARIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado (…) para que prospere la causal de nulidad que se apoya en la expedición irregular del acto de elección, es necesario probar: «i. La existencia de la anomalía. ii. Que la anomalía fue de tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de la decisión, es decir, que sea sustancial, trascendental y con incidencia directa en el sentido del acto definitivo (…), es necesario demostrar que la irregularidad en el trámite tiene la potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista de elegibles». ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL NULIDAD ELECTORAL-Desconocimiento del precedente judicial al ordenar rehacer el proceso de elección de contralor general de la República a partir de la convocatoria REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA SU-138 DE 2024 Ref.: expediente T-9.624.226 Acción de tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado Magistrada ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha aprobado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo dictado el 5 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Hernán Rodríguez Becerra en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Síntesis de la decisión La Corte Constitucional conoció la solicitud de tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual esa corporación declaró nulo el proceso de elección del contralor general de la República 2022-2026. El actor argumentó que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, al acceso a la administración de justicia y a acceder a cargos públicos. Esto por cuanto estimó que la sentencia incurrió en defectos fáctico, sustantivo, orgánico y por violación directa de la Constitución. El primero, al fundamentarse la nulidad en la violación del artículo 21 de la Ley 5 de 1992, sin estar probado que efectivamente se incumplió la regla contenida en esa norma, referida a la forma de citar a la plenaria del Congreso para el día de la elección. El segundo, al aplicarse esa disposición legal al proceso de elección, cuando existe norma especial como lo es la Ley 1904 de 2018. En este mismo punto, expuso que esa corporación desconoció su precedente sobre la incidencia de las irregularidades en el proceso de elección. En opinión del actor, aun cuando la convocatoria pública que precede a la elección del contralor fue modificada, esto no incidió en el resultado final. En este mismo sentido, alegó que no se tuvieron cuenta decisiones judiciales que justificaron esos cambios. Y el tercer y cuarto defecto lo sustentó en que una de las consejeras de Estado estaba impedida para conocer de su caso. La Sala Plena de la Corte Constitucional encontró que la acción de tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia. Tras definir los problemas jurídicos que debía resolver, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado acerca del contenido y alcance de las convocatorias públicas adelantadas para la provisión de cargos que no son de carrera. De igual modo, se refirió a los eventos en los que es procedente la modificación de las reglas de la convocatoria. Y, por último, repasó las normas constitucionales y legales que rigen la elección del contralor general de la República. Con fundamento en las anteriores consideraciones y tras analizar los planteamientos del accionante, la Sala Plena advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en todos los defectos alegados por el actor. Encontró que efectivamente dicha corporación, al proferir la sentencia, desconoció su propio precedente sobre la incidencia de las irregularidades, en el sentido de que la nulidad del proceso sólo procede si se configura un vicio trascendente y relevante en el resultado final. En particular, encontró que desconoció su precedente sobre el principio de instrumentalidad de las formas y la no incidencia del incumplimiento del plazo legalmente previsto para la convocatoria del Congreso de la República para la elección del Contralor General, cuando se demuestra que dicho incumplimiento no afectó el conocimiento de los congresistas sobre los candidatos y la fecha de la elección. Así mismo, encontró desconocido el precedente de la misma Sección quinta sobre la modulación de los efectos de la nulidad en el trámite. En contraste, la Sala Plena encontró que la sentencia del Consejo de Estado es conforme a la normatividad aplicable y al precedente jurisprudencial en lo relativo a que dentro del trámite seguido por el Congreso de la República para elegir al Contralor General se modificaron irregularmente las reglas de la convocatoria que regían dicho proceso, lo que originaba la nulidad de la elección. Como consecuencia de lo anterior, la Corte revocó la sentencia de tutela del 5 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo y, en su lugar, amparó parcialmente el derecho fundamental al debido proceso del accionante. En tal sentido, la Corte ordenó al Congreso de la República rehacer parcialmente el proceso de elección, dejando a salvo lo actuado antes de incurrir en los vicios detectados. I. ANTECEDENTES A partir de los elementos de prueba obrantes en el expediente, la Sala también describe en este apartado y de manera cronológica el contexto que precedió la aprobación de la sentencia que declaró la nulidad de la elección del contralor general de la República, y contra la cual se interpuso la acción de tutela bajo revisión. Convocatoria pública para la elección del contralor general de la República 1. Por medio de la Resolución n.° 001 del 17 de enero de 2022[1], la Mesa Directiva del Congreso de la República abrió la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República y seleccionó a la Universidad Industrial de Santander para que desarrollara «las etapas y criterios de selección de la convocatoria»[2]. 2. Parámetros de la convocatoria. El artículo 4 de la citada resolución dispuso que la convocatoria pública finalizaría con la conformación de la lista de elegibles, que luego sería sometida al Congreso de la República para que eligiera al contralor general. Asimismo, estableció que la convocatoria sería la norma reguladora de todo el proceso de selección y está orientada a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. 3. Etapas del proceso de selección. Siguiendo el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, la convocatoria determinó que las etapas del proceso para la elección del contralor general de la República serían las siguientes[3]: a) La convocatoria b) La inscripción c) La lista de admitidos a la convocatoria pública d) Las pruebas de conocimientos e) Los criterios de selección f) La conformación de la lista de seleccionados o lista de elegibles g) La entrevista h) La elección 4. Respecto de la «convocatoria»[4], el acto administrativo previó que esta se entendía como «el acto de invitación junto con el señalamiento del procedimiento que ha de regular todo el proceso de selección y configuración de la lista de elegibles». Además, precisó que lo allí dispuesto «es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para los participantes». La «inscripción»[5], por su lado, consistió en la entrega de la hoja de vida y de los respectivos soportes por parte de los interesados. Y el «listado de admitidos»[6] hizo referencia a los inscritos que cumplían los requisitos mínimos para ser contralor general de la República y no incurrían en ninguna inhabilidad para ocupar el cargo y, adicionalmente, adjuntaron en debida forma la hoja de vida. 5. En cuanto a la etapa denominada «prueba de conocimientos»[7], el acto administrativo señaló que su finalidad era evaluar las competencias laborales, aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia, así como la idoneidad y conocimientos del aspirante a la Contraloría General de la República. 6. Según la misma resolución, la prueba tenía carácter eliminatorio conforme los siguientes parámetros de ponderación: Concepto Carácter Calificación aprobatoria Parámetros de ponderación Prueba de conocimientos Eliminatorio (Numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1904 de 2018) Se aprueba con 70 puntos sobre 100 La prueba de conocimientos contemplará los temas definidos en la Ley 1904 de 2018 y la ponderación de todas las preguntas tiene el mismo peso para el cálculo del puntaje total de la prueba. 7. El acto administrativo advirtió que continuarían a la siguiente etapa únicamente aquellos participantes que obtuvieran un puntaje igual o superior a 70 puntos sobre 100 en la prueba de conocimientos. 8. Respecto de la etapa «criterios de selección»[8], la convocatoria señaló que en ella se «realiza evaluación por factores de ponderación». Tendría carácter clasificatorio y se aplicaría a las hojas de vida de quienes superaran la prueba de conocimientos. Su finalidad sería evaluar el mérito profesional, laboral y académico del aspirante. Se calificó de 0 a 100 puntos máximos según las reglas allí señaladas, y se evaluó de la siguiente forma: Parámetro Rango de puntaje Factor de ponderación Títulos de formación profesional De cero (0) a cien (100) 30% Experiencia profesional, docente y publicaciones De cero (0) a cien (100) 70% 9. En esta misma etapa, la resolución previno que «[l]a evaluación adelantada por la Universidad Industrial de Santander-UIS y la valoración de las hojas de vida, terminará con la preselección de al menos (20) [sic] personas en calidad de aspirantes habilitados, lista que será entregada a la Comisión Accidental designada»[9]. 10. Respecto de la «conformación de la lista de elegibles»[10], el acto administrativo de convocatoria determinó que la lista de elegibles estaría conformada por diez aspirantes seleccionados por la Comisión Accidental, y luego sería sometida a la plenaria del Congreso para que esta eligiera al contralor general de la República. 11. En cuanto a la «entrevista», la convocatoria precisó que, una vez conformada la lista de diez elegibles, «las Plenarias de Senado y Cámara los escucharán por separado y por el tiempo que señale la Mesa Directiva […]»[11]. Modificación de la convocatoria pública 12. El 20 de enero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la República expidió la Resolución 002, «Por medio de la cual se modifica la Resolución 001 del 17 de enero de 2022». Concretamente, el acto administrativo introdujo ajustes en el artículo 4 de la Resolución 001 del 17 de enero de 2022, «para precisar que la evaluación del mérito académico del aspirante se hace a través de los títulos de estudio de posgrado». Listado de veinte aspirantes habilitados que superaron la prueba de conocimientos 13. Ejecutada la prueba de conocimientos, el 5 de marzo de 2022, la Universidad Industria del Santander informó al Congreso de la República «la lista definitiva de admitidos, en estricto orden alfabético por apellido, que obtuvieron en la prueba de conocimientos un puntaje igual o mayor a 70 puntos sobre 100»[12]. El listado entregado contenía los siguientes nombres: Apellidos Nombre BARRETO NIETO LUIS HERNANDO BUENO LUIS FERNANDO CARDENAS URIBE JULIO CESAR CASTRO FRANCO ANDRES CERTAIN PALMA MONICA ELSY GARCÍA VEGA HUMBERTO GONZÁLES MORA KAROL GONZÁLEZ VEGA ELSA YAZMIN GUALDRÓN ALBA JUAN CARLOS JIMÉNEZ BARRERO HERNÁN GONZALO MONTOYA MEJÍA SEBASTIÁN PEREZ GELVEZ CARLOS FERNANDO PINEDA TELLEZ LUIS CARLOS QUIROZ MONSALVO ANÍBAL JOSÉ RANGEL ESPARZA MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ BECERRA CARLOS HERNÁN RODÍGUEZ OSPINO LUIS ALBERTO SALCEDO FUENTES VICTOR ANDRÉS TORRES GARCÍA DIANA CAROLINA URIBE URREA DUVÁN DARÍO 14. Posteriormente, el 14 de marzo de 2022[13], la Universidad Industrial de Santander informó al Congreso de la República sobre «la evaluación de las hojas de vida de los admitidos, […] efectuada según los criterios y valores fijados en la convocatoria, y en consecuencia remite en estricto orden alfabético por apellido, la listad definitiva de habilitados». La universidad anexó los resultados cuya información relevante es la que se expone en seguida: Nombre Puntaje final – Títulos de formación profesional (T1) Puntaje final – Experiencia profesional, docencia y publicaciones (T2) Valoración (T1*30%) + (T2*70%) Barrero Nieto Luis Hernando 30 80 65.0 Bueno Luis Fernando 60 70 67.0 Cárdenas Uribe Julio César 60 95 84.5 Castro Franco Andrés 65 95 86.0 Certain Palma Mónica Elsy 30 85 68.5 García Vega Humberto 30 45 40.5 González Mora Karol 20 30 27.0 González Vega Elsa Yazmín 30 80 65.0 Gualdrón Alba Juan Carlos 30 95 75.5 Jiménez Barreto Hernán G. 20 45 37.5 Montoya Mejía Sebastián 35 50 45.5 Pérez Gélvez Carlos Fernando 55 80 72.5 Pineda Téllez Luis Carlos 60 95 84.5 Quiroz Monsalvo Aníbal José 20 80 62.0 Rangel Esparza María F. 60 87 78.9 Rodríguez Becerra Carlos H. 50 90 78.0 Rodríguez Ospino Luis A. 30 90 72.0 Salcedo Fuentes Víctor A. 60 85 77.5 Torres García Diana Carolina 55 75 69.0 Uribe Urrea Duván Darío 60 50 53.0 Primera lista de elegibles[14] 15. Teniendo como base el listado de veinte seleccionados remitido por la Universidad Industrial de Santander, el 26 de abril de 2022, el Congreso de la República publicó una primera lista de diez elegibles para el cargo, conformada por ocho hombres y dos mujeres, dentro de la cual no estaba el accionante. Se trata de las siguientes personas: 1 BUENO GONZÁLEZ LUIS FERNANDO 2 CASTRO FRANCO ANDRÉS 3 CERTAIN PALMA MÓNICA ELSY 4 GUALDRÓN ALBA JUAN CARLOS 5 PÉREZ GELVEZ CARLOS FERNANDO 6 PINEDA TELLEZ LUIS CARLOS 7 QUIROZ MONSALVO ANÍBAL JOSÉ 8 RANGEL ESPARZA MARIÁ FERNANDA 9 RODRÍGUEZ OSPINO LUIS ALBERTO 10 SALCEDO FUENTES VÍCTOR ANDRÉS 16. Acción de tutela contra la lista de elegibles publicada el 26 de abril de 2022[15]. El 25 de mayo de 2022, la ciudadana Diana Carolina Torres García, aspirante al cargo no incluida en la lista de elegibles, presentó acción de tutela contra el Congreso de la República por considerar vulnerado su derecho a la igualdad. Para el efecto, indicó que el listado no respetó la ley de cuotas[16], la cual exige la presencia de mínimo tres mujeres. 17. En primera instancia[17], el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, por sentencia del 8 de junio de 2022, negó el amparo solicitado porque la accionante no hizo uso de los mecanismos de reclamación previstos en las reglas de la convocatoria. En todo caso, advirtió que el artículo 3 de la Ley 1904 de 2018 señala que «[l]a lista de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de género». 18. La referida decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Civil[18] y, en su lugar, concedió la protección solicitada por la accionante. En consecuencia, ordenó a la Secretaría General del Senado que, en el término de cuarenta y ocho horas, «elabore una nueva lista de diez elegibles para ocupar el cargo de Contralor General de la República, en el que se respete estrictamente el mandato de conformar la lista con igual proporción de hombres y mujeres, atendiendo las consideraciones expuestas»[19]. 19. Acción popular contra la lista de elegibles del 26 de abril de 2022. El 28 de junio de 2022, la ciudadana Dalal Karime Dager Nieto instauró acción popular contra el Congreso de la República por considerar que este vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa al conformar la lista de elegibles. Lo anterior, bajo el argumento de que no se respetaron los principios de mérito y equidad de género, sumado a que algunos aspirantes seleccionados no cumplían los requisitos para el cargo. En el mismo escrito, solicitó medida cautelar de urgencia con el fin de que se ordenara al Congreso de la República rehacer la lista de diez seleccionados, en acatamiento de los referidos principios. 20. Decisión sobre la medida cautelar. Mediante auto del 14 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, accedió a la medida cautelar con carácter de urgencia solicitada por la demandante. La autoridad judicial encontró acreditado el riesgo de afectación de los derechos de los aspirantes, debido a la inminente elección del contralor general de la República. A su juicio, esto impedía aguardar hasta la admisión de la demanda. 21. El tribunal advirtió que la comisión accidental del Congreso de la República, al conformar la lista de elegibles, no tuvo en cuenta los criterios de equidad de género y de mérito. En cuanto a lo primero, recordó que la Ley 581 de 2000 obliga, en el sistema de listas para proveer cargos públicos, a la inclusión de hombres y mujeres en igual proporción. Y que la Ley 1904 de 2018, al regular el proceso de elección del contralor general, establece que la lista de elegibles «en lo posible respetará la equidad de género». En su criterio, estas normas implican el deber de observar «el principio de equidad de género, lo que quiere decir que la lista de elegibles que se consolide, en lo posible, debe respetar el criterio de género […]»[20]. 22. En cuanto al criterio del mérito, el tribunal administrativo precisó que la Universidad Industrial de Santander había enviado al Congreso una lista de veinte preseleccionados con sus respectivos puntajes en cuanto a formación académica y experiencia laboral específica y docente. Tras reorganizar la lista de mayor a menor puntaje, concluyó que la comisión accidental, «sin que mediara justificación alguna, seleccionó de dichos ciudadanos a 10 participantes, sin que estos fueran los que obtuvieran los mejores resultados, pues dejó de lado por ejemplo, a aquel que obtuvo el segundo lugar y tuvo en cuenta únicamente dos mujeres, cuando existía una tercera con un puntaje igual a uno de los incluidos»[21]. Asimismo, destacó que en el listado final había sido incluido un aspirante que ni siquiera cumplía con el requisito de edad (35 años) al momento de abrirse la convocatoria. 23. De modo que, para el tribunal, «no se tuvo en cuenta el principio de equidad de género, así como tampoco se observó el mérito que propugna respetar el Congreso de la República, máxime porque no hay razón válida para (i) desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje y (ii) no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos, (iii) incluso con el incumplimiento de requisitos formales para el cargo»[22]. 24. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Congreso de la República «rehacer la lista de elegibles (10) [sic] para el cargo de Contralor General de la República conforme los criterios de selección fijados, cumplimiento de requisitos [sic] y los principios de mérito y equidad de género, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia»[23]. Segunda lista de elegibles 25. El 16 de julio de 2022, en cumplimiento de las referidas providencias judiciales, la comisión accidental del Congreso de la República elaboró una nueva lista de diez elegibles integrada por cinco mujeres y cinco hombres, incluido el accionante[24]. El listado publicado fue el siguiente: N.° Nombre Valoración experiencia -HV Prueba Conocimiento Resultado 1 Castro Franco Andrés 86.0 94.3 90.15 2 Certain Palma Mónica Elsy 68.5 74.3 71.40 3 González Mora Karol Dahiana 27.0 70.0 48.50 4 González Vega Elsa Yazmín 65.0 91.4 78.20 5 Pérez Gélvez Carlos F. 72.5 91.4 81.95 6 Pineda Téllez Luis Carlos 84.5 85.7 85.10 7 Rangel Esparza María F. 78.9 82.9 80.90 8 Rodríguez Becerra Carlos Hernán 78.0 95.7 86.85 9 Salcedo Fuentes Víctor A. 77.5 92.9 85.20 10 Torres García Diana Carolina 69.0 74.3 71.65 26. Solicitud de aclaración e incidente de desacato sobre la medida cautelar. Publicada la segunda lista de elegibles, la demandante en la acción popular solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar en qué condiciones de tiempo, modo y lugar debía cumplirse la orden, toda vez que la comisión accidental del Congreso de la República elaboró la nueva lista de elegibles durante el receso legislativo, lo que consideró contrario al artículo 149 superior. Igualmente, alegó que dicha célula legislativa reevaluó los criterios de experiencia y conocimiento que ya habían sido examinados por la Universidad Industrial de Santander y determinó una nueva regla que no estaba en las normas que rigen el proceso, como lo es ponderar ambos resultados y extraer un «nuevo puntaje», con lo cual se afectó a dos candidatos. 27. El 19 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que lo pretendido no era una aclaración, sino un incidente de desacato, por tanto, dio apertura al mismo. Así, estimó que era necesario verificar la actuación porque, de lo aportado por la demandante, advertía que se había tenido en cuenta «un nuevo parámetro que antes ignoró, máxime cuando la prueba de conocimientos es de carácter eliminatorio y no clasificatorio en virtud del artículo 6 de la Ley 1904 de 2019»[25]. En consecuencia, corrió traslado del asunto al Congreso de la República para que se pronunciara al respecto. Actuación administrativa por parte de la nueva Mesa Directiva Congreso de la República 28. Advertidas las inconformidades manifestadas con ocasión del incidente de desacato[26], mediante Resolución 002 del 27 de julio de 2022, la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República resolvió (i) «sanear» el procedimiento administrativo en el sentido de dejar sin efecto lo actuado a partir de la etapa cinco de la convocatoria (criterios de selección); (ii) dejar sin efectos los actos administrativos por los cuales se conformó la comisión accidental; (iii) designar una nueva comisión accidental encargada de construir una nueva lista de elegibles, «con base en los criterios contenidos en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, la Resolución 001 del 2022 y demás normas aplicables; y la proporción de género, en la que determinarán las reglas, criterios y parámetros que deberá seguir la nueva Comisión»[27]; (iv) y remitir copia de la resolución tanto al Tribunal Superior de Medellín como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 29. Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución 003 del 3 de agosto de 2022[28], la recién elegida Mesa Directiva del Congreso de la República resolvió «establecer los valores específicos para la ponderación de cada una de las pruebas y etapas del proceso de selección de candidatos al cargo de Contralor General de la República, a ser aplicados por la Comisión Accidental»[29] designada el 1 de agosto del mismo año. 30. En consecuencia, dispuso que (i) la prueba de conocimientos tuviera un valor del 70% sobre el valor final (100%) de la calificación; (ii) los títulos de formación profesional, experiencia profesional, docente y publicaciones, un valor del 15% sobre el valor final; y (iii) la aptitud específica para el ejercicio del cargo y el desempeño de la función, que sería evaluada en la entrevista que realizara la Comisión a los 20 mejores puntajes, un valor del 15% sobre el valor final de la calificación. 31. Entre otras razones, la Mesa Directiva justificó esta decisión en que «el procedimiento adelantado cuenta con las calificaciones de la prueba de conocimiento y criterios de selección, sin embargo, no existen valores específicos para realizar la ponderación para dichos criterios que ha de tener en cuenta la Comisión Accidental a la hora de calificar a cada uno de los aspirantes al cargo de Contralor General de la República, y dicha omisión debe ser suplida previo a continuar con el proceso [...], como lo exige la Ley 1904 de 2018 y las órdenes judiciales referidas»[30]. Tercera lista de elegibles 32. A partir de los anteriores criterios, en sesión del 4 de agosto de 2022 la Comisión Accidental conformó una nueva lista de diez (10) elegibles, integrada por cuatro mujeres[31] y seis hombres, en la cual estaba incluido el accionante[32]. El resultado de la votación fue el siguiente: N.° NOMBRE DEL CANDIDATO GÉNERO PRUEBA DE CONOCI- MIENTO (70%) H.V, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, PUBLICACIONES (15%) ENTRE- VISTA (15%) RESUL- TADOS FINAL (100%) OBSERV. 1 González Vega Elsa Yazmín Femenino 91.4 65.0 62.5 83.11 2 Rangel Esparza María Fernanda Femenino 82.9 78.9 74.9 81.10 3 Torres García Diana Carolina Femenino 74.3 69.0 68.0 72.56 4 Certain Palma Mónica Elsy Femenino 74.3 68.5 66.3 72.24 5 Rodríguez Becerra Carlos Hernán Masculino 95.7 78.0 74.5 89.87 6 Andrés Castro Franco Masculino 94.3 86.0 68.7 89.21 7 Salcedo Fuentes Víctor Andrés Masculino 92.9 77.5 58.7 85.45 8 Carlos Fernando Pérez Gélvez Masculino 91.4 72.5 62.7 84.26 9 Bueno Luis Fernando Masculino 85.7 67.0 79.2 81.91 10 Pineda Téllez Luis Carlos Masculino 85.7 84.5 58.3 81.41 Rodríguez Ospino Luis Alberto Masculino 95.7 72.0 0.0 77.79 RENUNCIÓ Cárdenas Uribe Julio César Masculino 75.7 84.5 51.5 73.40 Quiroz Monsalvo Aníbal José Masculino 88.6 62.0 0.0 71.32 RENUNCIÓ Gualdrón Alba Juan Carlos Masculino 81.4 75.5 0.0 68.31 RENUNCIÓ Uribe Urrea Duván Darío Masculino 71.4 53.0 52.8 65.85 Barreto Nieto Luis Hernando Masculino 70.0 65.0 45.8 65.62 Jiménez Barrero Hernán Gonzalo Masculino 75.7 37.5 0.0 58.62 RENUNCIÓ Montoya Mejía Sebastián Masculino 71.4 45.5 3.1 57.27 33. La tercera lista de elegibles estuvo integrada por los diez primeros puestos de la tabla anterior y fue formalmente comunicada al público a través de la Secretaría General del Congreso de la República[33], así: NOMBRE CÉDULA DE CIUDADANÍA GONZÁLEZ VEGA ELSA YAZMÍN [...] RANGEL ESPARZA MARÍA FERNANDA [...] TORRES GARCÍA DIANA CAROLINA [...] CERTAIN PALMA MÓNICA ELSY [...] RODRÍGUEZ BECERRA CARLOS HERNÁN [...] CASTRO FRANCO ANDRÉS [...] SALCEDO FUENTES VÍCTOR ANDRÉS [...] PÉREZ GLEVEZ CARLOS FERNANDO [...] BUENO GONZÁLEZ LUIS FERNANDO [...] PINEDA TÉLLEZ LUIS CARLOS [...] 34. Elección del contralor general de la República. El 10 de agosto de 2022, el entonces presidente del Senado citó al pleno del Congreso de la República para el 18 del mismo mes y año con el fin de adelantar la elección del contralor general de la República. Llegada la fecha, Carlos Hernán Rodríguez Becerra fue elegido para el cargo. 35. No sanción por desacato. El 17 de agosto de 2022, un día antes de la fecha de elección, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió abstenerse de sancionar por desacato a la comisión accidental del Congreso de la República encargada de definir la lista de elegibles. En la motivación de la providencia, aclaró que el análisis del cumplimiento de la medida cautelar se circunscribía a la segunda lista de elegibles, fechada el 16 de julio de 2022, y que esto era independiente de las actuaciones desplegadas por la nueva comisión accidental designada por el nuevo Congreso. 36. De otro lado, no encontró que la conformación de la lista por fuera del periodo ordinario de sesiones constituyera desacato. Por el contrario, halló justificada tal forma de actuar en el hecho de que la demandada también debía cumplir una tutela que le había ordenado rehacer la lista de elegibles en un plazo máximo de 48 horas. Además, dijo que este cuestionamiento tenía las características de un cargo de nulidad, y no de desacato. 37. Respecto del reproche referido a la nueva valoración de los puntajes, el tribunal precisó que, al conformar el nuevo listado, la comisión accidental no acudió a criterios subjetivos. Afirmó que aquella había valorado la hoja de vida y el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos de manera objetiva, independientemente de que la operación matemática escogida para definir puntajes asimilara que ponderar era igual a promediar. En tal sentido, señaló que la forma técnica a través de la cual se obtuvo el puntaje final, que es lo que cuestionaba la incidentalista, escapaba del análisis del incidente de desacato, por pertenecer a una discusión más profunda acerca de cuál era la forma correcta de materializar el mérito. 38. Finalmente, sobre la modificación de los parámetros para conformar una nueva lista de elegibles, aunque no fuera objeto de análisis, el tribunal se manifestó y señaló que, prima facie, no advertía que los intereses colectivos que pretendían protegerse con la demanda estuvieran amenazados por esas actuaciones. Demandas de nulidad electoral contra la elección del contralor general de la República 39. Se presentaron dos demandas de nulidad electoral contra la elección del contralor general de la República. 40. La primera[34], el 15 de septiembre de 2022, bajo el radicado 2022-00297, presentada por Jennifer Pedraza Sandoval, Cristian Avendaño Fino y Jorge Alberto Gómez Gallego, quienes solicitaron que se ordenara al Congreso de la República volver a realizar la elección del contralor, dentro de un periodo atípico y razonable. 41. Los demandantes alegaron los siguientes vicios de procedimiento: (i) las comisiones legales de acreditación documental del Congreso sesionaron durante el periodo de receso legislativo, sin que estuviera permitido; (ii) la comisión accidental elaboró una nueva lista de elegibles sin cumplir el auto interlocutorio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por el cual dio apertura al incidente de desacato dentro de la acción popular. (iii) Asimismo, se modificaron, a mitad del procedimiento, los términos de la convocatoria en lo correspondiente a los criterios de ponderación, permitiendo que el contralor electo quedara en mejor posición respecto de la clasificación anterior. (iv) Finalmente, la última lista de elegibles desconoció el principio de equidad de género, toda vez que se conformó con seis hombres y cuatro mujeres. 42. La segunda demanda se presentó el 29 de septiembre de 2022, bajo el radicado 2022-00311[35]. En esta, el ciudadano Edison Darío Telésforo González Salguero solicitó declarar la nulidad del acto de elección del contralor general de la República y, en consecuencia, ordenar al Congreso de la República realizar una nueva convocatoria para llenar la vacante. 43. El demandante expuso los siguientes cargos: (i) desconocimiento del artículo 21 de la Ley 5 de 1995, el cual impone al presidente del Congreso el deber de citar con ocho días de anticipación a la plenaria con el fin de elegir al contralor, pues en el caso concreto solo transcurrieron seis días hábiles. (ii) Violación de los artículos 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto la Mesa Directiva del Congreso de la República fijó nuevos criterios de puntuación, sin respetar el debido proceso de los aspirantes. (iii) Vulneración de las normas sobre revocatoria directa contenidas en el CPACA, ya que la Mesa Directiva revocó directamente etapas concluidas del proceso de selección, sin el consentimiento de los aspirantes. (iv) Desconocimiento de los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, por haberse escogido, sin criterio objetivo, a la Universidad Industrial de Santander. (v) Expedición irregular del acto de elección porque se llevaron a cabo etapas no previstas, se asignaron puntajes sin fundamento legal y se designó una nueva comisión accidental, entre otros. (vi) Y, finalmente, un vicio por falsa motivación porque no se eligió a la persona idónea ya que, a su juicio, se «negociaron direcciones regionales a cambio del voto»[36]. 44. Acumulación de demandas de nulidad electoral. Mediante auto del 16 de febrero de 2023[37], el consejero Carlos Enrique Moreno Rubio consideró procedente la acumulación de ambas demandas. En consecuencia, el conocimiento de los procesos se sorteó entre él y la consejera Araújo Oñate, por ser a quienes les fueron repartidos. Como resultado, ambos expedientes pasaron al despacho del consejero Moreno Rubio. Sentencia que resolvió la acción popular[38] 45. El 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, consideró que el Congreso de la República vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa debido a los yerros identificados en la medida cautelar. No obstante, advirtió que los mismos fueron subsanados durante el trámite de la acción popular al conformar la lista de diez elegibles del 16 de julio de 2022, esta vez, respetando el principio del mérito y el criterio de equidad de género. En consecuencia, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado porque, a su juicio, la perturbación a la moralidad administrativa había cesado. La sentencia que declaró la nulidad de la elección del contralor general de la República 46. Mediante sentencia del 25 de mayo de 2023[39], la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección del contralor general de la República y ordenó al Congreso «rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir al contralor general de la República para lo que resta del periodo constitucional»[40]. 47. La Sección Quinta del Consejo de Estado formuló varios problemas jurídicos previamente identificados en la fijación del litigio[41], de acuerdo con los cargos alegados en ambas demandas. En tal sentido, consideró que debía determinar (i) si estaba acreditado o no que las comisiones legales de Acreditación Documental del Congreso sesionaron durante el receso legislativo; (ii) si la citación al Congreso de la República cumplió los dispuesto en el artículo 21 de la Ley 5 de 1992; (iii) si se desconocieron los principios de publicidad, transparencia, moralidad e imparcialidad al elegir a la Universidad Industrial de Santander; (iv) si al «sanear» la convocatoria se desconocieron o no las órdenes impartidas en la medida cautelar y la acción de tutela y, por tanto, se modificó de manera irregular la lista de elegibles; (v) si se modificaron o no de forma irregular los términos de la convocatoria, específicamente en lo relacionado con los criterios de ponderación de la entrevista y demás pruebas practicadas a los aspirantes; (vi) si se desconoció el principio de equidad de género en la elaboración de la lista definitiva de elegibles; y (vii) si la elección demandada estuvo viciada de falsa motivación por cuanto obedeció a «negociaciones políticas», y no a criterios objetivos. 48. Previo a resolver los citados problemas jurídicos, la Sección Quinta desarrolló el contenido de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso de elección del contralor general de la República. 49. En el caso concreto, el Consejo de Estado encontró probadas únicamente las siguientes causales de nulidad: 50. «De la citación para la elección del contralor general de la República». En este apartado, el alto tribunal precisó el contenido y alcance de los artículos 21 de la Ley 5 de 1992[42] y el 9 de la Ley 1904 de 2018[43], por cuanto la parte demandada argumentaba que este último, por ser norma especial, era el aplicable al momento de establecer el plazo de citación. 51. En tal sentido, la Sección Quinta señaló que el artículo 21 de la Ley 5 de 1992 fija el término de antelación con el que deben ser citados los congresistas para elegir al contralor; mientras que el artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 establece el plazo que tiene la Mesa Directiva del Congreso para efectuar la citación una vez culminadas todas las etapas del proceso. Con base en esto, desestimó que la segunda norma constituyera norma especial y se aplicara de manera preferente, en tanto ambas son igualmente aplicables al proceso de elección. 52. Hechas estas precisiones, concluyó que «el presidente del Congreso de la República suscribió la convocatoria para elegir al contralor el 10 de agosto de 2022, citación que fue publicada el 13 de agosto siguiente y la plenaria en la que se eligió al demandado tuvo lugar el 18 del mismo mes y año —fechas que, además, no fueron controvertidas por la parte demandada—. Es decir, entre la citación y la realización de la plenaria en que se eligió al demandado no transcurrieron los 8 días de antelación de que trata el artículo 21 de la Ley 5 de 1992»[44]. Por este motivo, encontró que se había desconocido esta norma, «de lo que se deriva un vicio procedimental en el proceso bajo estudio que impidió que los miembros de la plenaria del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto de manera reposada»[45]. 53. «Del alcance de las órdenes judiciales proferidas durante el proceso de elección del contralor general de la República y de la justificación o no de las modificaciones efectuadas a las normas de la convocatoria». En este punto, el Consejo de Estado estudió dos problemas jurídicos bajo un mismo esquema, al advertir que se basaban en las mismas pruebas. 54. El alto tribunal recordó que conforme la jurisprudencia constitucional[46], la convocatoria es la norma obligatoria de los concursos y cualquier incumplimiento de sus etapas vulnera el debido proceso de los participantes. En línea con lo anterior, reiteró su propia jurisprudencia referida a la elección del contralor general de la República[47]. Esta indica que, aunque las reglas de la convocatoria son de obligatorio cumplimiento para todos los involucrados, es admisible hacerle cambios siempre y cuando «no impliquen un favorecimiento para alguno o algunos de los participantes y sean lo suficientemente anunciados de manera previa al adelantamiento de la etapa correspondiente»[48]. Es decir, «antes de que tenga lugar la prueba o evento determinado»[49]. Esto, con el fin de evitar «que se favorezcan irregularmente a los participantes por cuanto no resulta viable que, por ejemplo, luego de practicada la prueba de conocimientos, se varíe su puntaje»[50]. 55. Al profundizar en lo expuesto, la Sección Quinta citó otra decisión propia acerca del carácter obligatorio de la convocatoria[51], la cual señala que los términos, requisitos, formas de calificación, entre otros aspectos, solo pueden ser modificados en los siguientes eventos excepcionalísimos: (i) cuando el cronograma expresamente así lo autorice; (ii) cuando el reglamento de la entidad así lo permita; y (iii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito. 56. Con fundamento en estas consideraciones, respecto del caso concreto, el alto tribunal hizo un recuento detallado de los hechos más relevantes. Así, resaltó que las reglas de la convocatoria para elegir al contralor general de la República fueron fijadas en la Resolución 001 del 17 de enero de 2022, cuyo artículo 4, numeral, 4, definió el cronograma del proceso y a partir del numeral 6.4 dispuso lo referente a las pruebas y los criterios de ponderación. Luego de trascribir en extenso las citadas normas, resumió todo lo sucedido con cada una de las listas de elegibles, refiriéndose también a los actos administrativos que «sanearon» y modificaron los parámetros de la convocatoria, así como al contenido de las decisiones judiciales que ordenaron rehacer la primera lista. 57. En cuanto a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afirmó que, de conformidad con el artículo 139 del CPACA[52], las decisiones de naturaleza electoral escapan de la competencia del juez popular. No obstante, dijo, «se trató de una orden judicial de obligatorio cumplimiento por lo que no le quedaba otro camino al Congreso de la República que acatarla so pena de incurrir en desacato»[53]. En este apartado, también hizo referencia a que el 19 de julio de 2022 ese tribunal había abierto incidente de desacato en relación con la medida cautelar. 58. Hecho el anterior recuento, la Sección Quinta señaló que si bien la posesión de los nuevos integrantes del Congreso de la República el 20 de julio de 2022 pudo ocasionar la variación de los miembros de la comisión accidental, ni la providencia del incidente de desacato ni la medida cautelar y tampoco la acción de tutela eran justificación para la elaboración de una tercera lista de elegibles, y «mucho menos para la variación de los criterios de ponderación inicialmente señalados en la convocatoria del proceso de elección»[54]. 59. Consideró que «lo que debió haberse hecho una vez reconformada la comisión accidental, era revisar lo actuado por la anterior y atender, con base en ello, el requerimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca», pero «no rehacer lo ya actuado que, además, se había elaborado con base en lo dispuesto» por el tribunal[55]. Indicó que aun cuando en la resolución que corrigió la actuación administrativa se citaron las referidas providencias judiciales, esto se hizo de forma genérica y sin plantear con certeza «cuáles fueron las falencias encontradas en la Resolución 001 del 17 de enero de 2022 y en la segunda lista de elegibles», que permitieron elaborar una tercera lista y modificar los parámetros de ponderación fijados en la convocatoria inicial[56]. 60. La Sección Quinta recordó que la referida Resolución 001 de enero de 2022 estableció que la prueba de conocimientos era eliminatoria, de modo que, una vez superada, no otorgaría puntaje adicional. Pero «con la modificación […] se le otorgó un valor del 70% en la calificación final a la prueba de conocimientos, los ítems de títulos y experiencia se fusionaron en uno y se redujo su valor al 15% y además, se le otorgó un porcentaje a la entrevista efectuada por la comisión accidental, la cual no fue incluida en el acto de convocatoria, en el cual sólo se contempló una entrevista, pero para los 10 integrantes de la lista de elegibles, no para los 20 que superaran la prueba de conocimientos, respecto de aquellos había una audiencia pública, concepto que difiere del de entrevista»[57]. 61. A partir de lo anterior, el alto tribunal consideró que la convocatoria inicial sufrió cambios sustanciales, a pesar de que era inmodificable salvo razones excepcionales justificadas. Modificaciones que encontró todavía más graves por cuanto «tuvieron lugar después de que ya se conocían los resultados de la prueba de conocimientos y de la valoración de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industria del Santander». Esto, en abierto desconocimiento de la jurisprudencia sobre la materia. 62. Reiteró que, si bien el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional admiten la modificación excepcional de la convocatoria, esto solo es posible «hasta antes de que se practique alguna prueba o evento que pueda conllevar a beneficiar o afectar a los participantes»[58]. Lo cual consideró apenas lógico porque solo así se garantiza la igualdad de los participantes, pues de lo contrario podría favorecerse a alguno de ellos según los resultados obtenidos en las pruebas, situación que debilita la objetividad del proceso. 63. Tras reiterar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca carecía de competencia para adoptar decisiones en materia electoral, la Sección Quinta advirtió que, a pesar de ello, la medida cautelar no ordenó modificar la convocatoria inicial, sino simplemente rehacer la lista de elegibles por no haber incluido de forma igualitaria a hombres y mujeres; por haber excluido a un participante con el segundo mejor puntaje y por haber incluido a uno que ni siquiera cumplía el requisito de edad mínima para el cargo. Falencias que «podían subsanarse sin necesidad de elaborar una tercera lista de elegibles y sin necesidad de variar los criterios de ponderación de la convocatoria»[59]. 64. Por tanto, para el Consejo de Estado, la Resolución 003 del 3 de agosto de 2022 no llenó vacíos de la convocatoria inicial. A su juicio, lo que hizo fue «modificar sustancialmente los parámetros de ponderación allí establecidos y cre[ar] un nueva entrevista, es decir, una nueva etapa, pese a que se estaba en la etapa de formación de lista de elegibles, es decir, retrotrajo la actuación a una instancia anterior todo ello con base en una orden judicial dictada en el marco de una acción popular que se limitó a rehacer una lista de elegibles, no todo el proceso y mucho menos variar los criterios de evaluación y ponderación»[60]. Así, concluyó que todo esto desconocía lo dispuesto en los artículos 126 superior y 6 de la Ley 1904 de 2018[61]. 65. De otro lado, al comparar la segunda y tercera lista de elegibles, la Sección Quinta advirtió que esta última incluyó a Luis Fernando Bueno González en reemplazo de Karol González Mora, quien había renunciado al proceso de elección. Precisó que este cambio «no subsana la irregularidad planteada ni justifica la conformación de la tercera lista»[62]. Esto por cuanto el artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 dispone que, de presentarse la falta absoluta en alguno de los integrantes de la lista de elegibles, como es el caso de la renuncia, el Congreso de la República debe elegir de entre los restantes nombres de la lista[63]. De modo que, «no era viable elaborar una nueva lista sino elegir de los que quedaban en la segunda». En tal sentido, también encontró acreditado el desconocimiento del artículo 9 de la Ley 1904 de 2018. 66. En relación con el argumento de la defensa referido a que el artículo 41 del CPACA permite la corrección de irregularidades administrativas, el Consejo de Estado respondió que «en este caso no se demostraron las irregularidades de la Resolución 001 de [enero de] 2022», pero sí se probó que «se variaron de manera grave las condiciones de ponderación allí contenidas sin establecer una justificación para el efecto, más allá de la invocación de una orden judicial que en manera alguna avaló dicha actuación»[64]. 67. En la misma línea, sostuvo que aunque el numeral 3 del artículo 8 de la Ley 1904 de 2018 establezca que la comisión accidental tendrá «las demás funciones que le señale la Mesa Directiva», esto no significa que algunas de estas dos instancias administrativas «puedan crear nuevas etapas no incluidas en la convocatoria inicial, como ocurrió en este caso con la entrevista de 3 minutos que se creó en la Resolución 003 del 3 de agosto de 2022 para los 20 preseleccionados antes de la integración de la lista de 10, y a la cual además se le otorgó un porcentaje en la calificación final de los aspirantes que evidentemente tampoco estaba prevista»[65]. 68. Adicionalmente, en respuesta a otro argumento de la defensa, el Consejo de Estado estableció que las resoluciones 02 de julio de 2022 y 03 del 3 agosto del mismo año no constituyen actos de ejecución, pese a que invocan fallos judiciales como fundamento. Reiteró que las órdenes de la acción de tutela y la medida cautelar en la acción popular «se limitaron a ordenar la reelaboración de la lista de elegibles, nada más»[66]. Por lo que la decisión de la nueva Mesa Directiva de modificar la convocatoria y retornar a una etapa del proceso ya superada «no obedeció a órdenes judiciales»[67]. Sobre el particular, aprovechó para aclarar que todas las irregularidades que precedan el acto de elección pueden ser sometidas a consideración de la jurisdicción contenciosa administrativa, dado que las mismas contribuyen a la formación del acto definitivo. 69. Finalmente, respecto del argumento de la defensa según el cual existe cosa juzgada constitucional en relación con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de la acción popular, el Consejo de Estado indicó que esa sentencia no podía ser tenida en cuenta en el proceso de nulidad electoral por prohibición expresa del artículo 139 del CPACA. 70. Recusación contra la consejera de Estado Rocío Araújo Oñate. El 7 de junio de 2023, el apoderado de Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el proceso de nulidad electoral presentó recusación contra la referida consejera de Estado, con fundamento en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso[68]. Expuso que la consejera Araújo Oñate avocó conocimiento y tramitó una de las dos demandas mientras su hermana estuvo vinculada como funcionaria de libre nombramiento y remoción en el despacho del contralor general de la República. Señaló que luego de la acumulación de las demandas, la consejera deliberó, votó y suscribió la sentencia del 25 de mayo de 2023. A su juicio, de haberse declarado impedida, se hubiera desintegrado la sala de decisión. 71. Indicó que la consejera Araújo Oñate tenía interés en el proceso dado que su hermana era funcionaria de confianza del anterior contralor general, y la desvinculación de esta se dio luego de que se posesionara Carlos Hernán Rodríguez Becerra en ese cargo, por lo que su «rumbo laboral» dependía de este. 72. Finalmente, advirtió que solo pudo presentar la recusación hasta ese momento porque se enteró por un medio de comunicación acerca de la vinculación de la hermana de la consejera de Estado con la Contraloría General de la República. 73. Por auto del 8 de junio de 2023[69], el consejero ponente, Carlos Enrique Moreno Rubio, rechazó la recusación por extemporánea. Indicó que de conformidad con el artículo 142 del CGP[70], la oportunidad para recusar es antes de que la parte que la formula actúe en el proceso. No obstante, evidenció que el demandado había actuado en los procesos acumulados sin haber manifestado la recusación. En cuanto al momento en que se enteró de la causal de recusación, esto es, con posterioridad a la sentencia del 25 de mayo de 2023, el consejero indicó que tal situación no revivía la oportunidad fijada en la norma. 74. Solicitudes de aclaración y nulidad. Mediante auto del 8 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado en algunos casos negó y en otros rechazó varias solicitudes de aclaración y nulidad presentadas contra la sentencia del 25 de mayo de 2023. Acción de tutela 75. El 9 de junio de 2023, Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó acción de tutela contra la sentencia del 25 de mayo de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a acceder a cargos públicos, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. El accionante alegó varios defectos, en el orden en que se citan a continuación: 76. Defecto sustantivo porque el artículo 21 de la Ley 5 de 1992 era inaplicable al caso concreto. El actor consideró que el artículo 21 de la Ley 5 de 1992, relativo a la convocatoria de la plenaria del Congreso con 8 días de anticipación, era inaplicable al caso concreto. A su juicio, esta norma fue derogada por la Ley 1904 de 2018 en lo que se refiere a la elección del contralor general de la República. 77. Tras hacer un breve recuento de los antecedentes de la Ley 1904 de 2018, afirmó que la voluntad del Legislador fue excluir la Ley 5 de 1992 del proceso de elección del contralor general de la República. Por tanto, la Ley 1904 de 2018 regula íntegramente el proceso de elección, de cuyo artículo 9 se entiende que el Congreso dejó en libertad a su Mesa Directiva para decidir cuándo sería la elección del contralor general, siempre que fijara la fecha y hora de la sesión dentro de los ocho días siguientes, una vez elaborada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que el límite constitucional es el 20 de agosto. 78. Defecto fáctico porque no hay prueba de que la citación se publicó el 13 de agosto de 2022. Adujo que, aún si el artículo 21 de la Ley 5 de 1992 fuera aplicable, el Consejo de Estado debió contar los 8 días a partir del 10, y no del 13 de agosto de 2022. 79. Manifestó que ninguno de los documentos allegados al proceso por parte del secretario general del Congreso permite concluir que la citación se publicó el 13 de agosto de 2022. Resaltó que el único documento que permite definir una fecha es el de la convocatoria a elección, calendada el 10 de agosto del mismo año. 80. Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado extrajo la fecha del 13 de agosto de una de las demandas que aseguró que así había sucedido. Por ello, cuestionó que el alto tribunal diera plena credibilidad a uno de los demandantes, sin contrastar esta información con las pruebas obrantes en el proceso. Aseguró que esto demostraba la falla en el análisis probatorio por parte del juez y en el deber de probar a cargo del demandante. 81. Defecto sustantivo por no interpretar el artículo 21 de la Ley 5 de 1992 de conformidad con el artículo 83 ibidem. Alegó el desconocimiento del artículo 83 de la Ley 5 de 1992, según el cual todos los días de la semana son hábiles para efectos de las reuniones de las Cámaras durante el periodo de sesiones. Precisó que esta norma aplica tanto para la función legislativa como electoral del Congreso de la República. De modo que, si el Consejo de Estado hubiera reparado en ella, habría concluido que el mes de agosto de 2022, cuando se hizo la elección, era periodo ordinario de sesiones para el Congreso, por lo que todos los días de la semana eran hábiles. 82. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la propia Sección Quinta del Consejo de Estado, según el cual las irregularidades identificadas deben ser trascedentes y tener incidencia en el resultado de la elección para poder anularla. Consideró desconocido el precedente judicial de la Sección Quinta del Consejo de Estado contenido en las sentencias del 5 de junio de 2012; 27 de octubre de 2016; 8 de febrero de 2018; 18 de marzo y 11 de noviembre de 2021; y 2 de febrero de 2023. De este grupo de decisiones, el actor extrae la regla según la cual la nulidad de la elección sólo procede si la irregularidad advertida constituye un vicio trascendente y relevante en el resultado final. 83. En su opinión, ninguna de las anomalías detectadas por la sentencia del 25 de mayo de 2023 conducía a la decla...