Sentencia SU-037 de 2019

SU037-19 Sentencia SU037/19 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos ex nunc La declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado la Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales implican “la presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico” mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un proceso de constitucionalidad abstracta MODULACION DE LOS EFECTOS TEMPORALES DE LAS SENTENCIAS-Alcance RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HECHO DEL LEGISLADOR-Jurisprudencia del Consejo de Estado EFECTOS DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISION-Efectos inter partes y efectos inter comunis Esta Corporación ha desarrollado dos dispositivos específicos de extensión de las consecuencias de las órdenes que adopta en las providencias de amparo, los cuales ha denominado efectos inter comunis e inter pares EFECTOS INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad La Sala advierte que la jurisprudencia en vigor autoriza a la Corte para que, en los casos en que estime pertinente con el propósito de salvaguardar la supremacía del orden superior y ante ciertos supuestos específicos, pueda por medio de los efectos inter comunis e inter pares dejar sin valor decisiones judiciales adoptadas frente a ciertos problemas jurídicos específicos, para en su lugar: (i) reconocer prerrogativas a determinadas personas que previamente habían acudido ante las autoridades jurisdiccionales y habían recibido una respuesta negativa, o (ii) revocar derechos reconocidos a individuos que los habían obtenido en fallos expedidos dentro de otros procesos de tutela u ordinarios PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Término razonable debe valorarse en cada caso concreto ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez, en acción interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica contra una sentencia del Consejo de Estado, que declaró la responsabilidad del Congreso de la República Referencia: expediente: T-6171737 Acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del Congreso de la República, contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos expedidos dentro del proceso de la referencia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2017, y por la Sección Quinta de la misma corporación, el 26 de abril de la mencionada anualidad. I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1.1. A través de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000[1], el Congreso de la República creó una tasa especial con el fin de cubrir el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los comerciantes en el proceso de importación de mercancías. 1.2. Entre enero y septiembre de 2001, al realizar una serie de importaciones relacionadas con su objeto comercial, la empresa Solidda Group S.A.S. pagó las sumas correspondientes a la tasa especial contemplada en los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000[2]. 1.3. Mediante la Sentencia C-992 del 19 de septiembre 2001[3], la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000, al considerar que si bien el legislador señaló que la mencionada tasa correspondía a los servicios aduaneros, no determinó el contenido de los mismos ni la manera como el gravamen se vinculaba a ellos, generando una indeterminación que resultaba contraria al artículo 338 de la Constitución Política. 1.4. El 13 de enero de 2003, la Sociedad Solidda Group S.A.S. interpuso acción de reparación directa en contra del Congreso de la República con el propósito de obtener el resarcimiento de los daños causados por el cobro de la tasa contemplada en los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000. En concreto, la compañía actora basó su pretensión indemnizatoria en que: (i) con el pago de dicho tributo sufrió un daño patrimonial, el cual (ii) fue antijurídico debido a la inconstitucionalidad de las normas que contemplaban la contribución, e (ii) imputable al Estado legislador a título de falla en el servicio, comoquiera que éste incumplió su obligación de expedir disposiciones acordes con la Carta Política, tal y como lo declaró la Corte Constitucional en la Sentencia C-992 de 2001[4]. 1.5. Mediante Sentencia del 17 de diciembre de 2004[5], la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño derivado del pago de la tasa especial no puede considerarse antijurídico, pues el mismo tuvo como fundamento una norma de rango legal que estaba vigente para la fecha de la cancelación de la contribución y que tenía presunción de constitucionalidad, la cual sólo fue desvirtuada con posterioridad a su aplicación y únicamente con efectos hacia futuro por la Corte Constitucional en el fallo C-992 de 2001[6]. 1.6. La sociedad demandante apeló el fallo de primera instancia, sustentando el motivo de su disenso en los mismos argumentos presentados en el escrito introductorio[7]. 1.7. A través de Sentencia del 13 de mayo de 2015[8], la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primer grado y condenó al Congreso de la República a indemnizar a la compañía actora con la suma de $2.033.181.416 m/cte., correspondiente a los valores pagados en atención a la tasa declarada inexequible más los intereses respectivos para la fecha. El fundamento de dicha decisión partió de la premisa de que cuando una norma impone una carga a un particular, esta última es jurídicamente válida si la disposición que la consagra es conforme a los mandatos superiores. En consecuencia, como la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000 puso en evidencia su contrariedad con la Constitución, también hizo manifiesta la antijuridicidad de la carga que éstos imponían, es decir, de la obligación de pagar el tributo. 2. Demanda y pretensiones 2.1. El 19 de octubre de 2016[9], la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[10], en representación del Congreso de la República[11], interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado[12], al considerar vulnerado el derecho al debido proceso del legislador con ocasión de la sentencia que profirió el 13 de mayo de 2015. En concreto, la entidad actora señaló que contrario a lo sostenido por dicha corporación judicial, el daño derivado del pago de la tasa por servicios aduaneros no puede considerarse antijurídico conforme lo exige el artículo 90 de la Constitución, ya que el mismo tuvo como soporte una disposición legal que tenía presunción de constitucionalidad, la cual sólo fue desvirtuada con efectos hacia futuro por la Corte Constitucional en la Sentencia C-992 de 2001. 2.2. En este sentido, la demandante llamó la atención de que en el fallo reprochado, al condenarse al legislador por los daños causados por unas normas que expidió, las cuales con posterioridad a la ocurrencia de los menoscabos fueron declaradas inexequibles hacía futuro, el Consejo de Estado asumió de manera indirecta la competencia de modular los efectos temporales de la sentencia de inconstitucionalidad C-992 de 2001. Específicamente, la actora explicó que el alto tribunal concluyó que el Congreso de la República debía responder por los daños causados por los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000 por ser antijurídicos debido a la contrariedad de las cargas que imponían con el ordenamiento superior, a pesar de que esta Corporación al otorgarle efectos ex nunc a la mencionada providencia de inexequibilidad, avaló la conformidad con la Carta Política de las consecuencias que produjeron dichas disposiciones entre el momento en el que empezaron a regir y la fecha de su decisión. 2.3. Con base en lo anterior, la entidad expresó que la corporación judicial accionada, además de condenar al Estado en contravía del artículo 90 superior, también desconoció que la facultad de modular el alcance temporal de las decisiones de inconstitucionalidad únicamente está en cabeza de la Corte Constitucional al tenor del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, así como según la reiterada jurisprudencia constitucional sobre el particular[13]. 2.4. En relación con la procedencia del amparo, la accionante indicó que: (i) no tiene a su alcance otro mecanismo judicial para atender la vulneración del derecho al debido proceso del Congreso de la República; (ii) la solicitud de protección se presenta dentro de un plazo razonable si se tiene en cuenta que sólo tuvo conocimiento de los elementos fácticos de este caso en marzo de 2016 cuando fue informado de los mismos por el órgano legislativo; y (iii) los argumentos mencionados en los párrafos anteriores dan cuenta de que la corporación judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, una violación directa de la Constitución y un desconocimiento del precedente constitucional. 2.5. Por lo anterior, la actora solicitó que: (i) se proteja el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 superior, del Congreso de la República y, en consecuencia, (ii) se deje sin efectos la Sentencia del 13 de mayo de 2015 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la demanda de reparación presentada por la empresa Solidda Group S.A.S. 3. Admisión y traslado A través de Auto de 24 de octubre de 2016[14], la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia[15], ordenó notificar del inicio del proceso a la demandada y dispuso la vinculación al trámite del Congreso de la República y de la empresa Solidda Group S.A.S. 4. Contestación de la demanda La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado pidió que se denieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pretende utilizar la acción de tutela para reabrir debates jurídicos ya agotados, desconociendo que no le corresponde al juez constitucional desatar una tercera instancia[16]. 5. Intervenciones de los vinculados al proceso 5.1. La empresa Solidda Group S.A.S. solicitó que se declare que la acción de tutela es improcedente, porque: (i) la parte accionante tiene la oportunidad de interponer el recurso de revisión y satisfacer sus pretensiones; (ii) el término trascurrido entre la fecha de la providencia cuestionada y el instante en el que se interpuso el amparo es superior a seis meses, por lo que no se cumple con la exigencia de inmediatez de la solicitud; y (iii) el fallo reprochado no es arbitrario ni incurre en una vía de hecho, pues acoge una tesis jurisprudencial vigente y razonable[17]. 5.2. A su vez, el Congreso de la República intervino con el fin de coadyuvar la solicitud de amparo, reiterando las razones expresadas en el escrito tutelar por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como poniendo de presente la grave afectación que puede generarse a su independencia y patrimonio si se acepta que cualquier norma declarada inconstitucional pueda originar su responsabilidad[18]. 6. Decisión de primera instancia 6.1. Mediante Sentencia del 23 de febrero de 2017[19], la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo solicitado[20], al considerar que: (i) La acción de tutela es procedente, puesto que pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso (relevancia constitucional), fue presentada dentro del plazo razonable de siete meses contados a partir del momento en el que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tuvo conocimiento de las sentencias condenatorias proferidas en contra del Congreso de la República (inmediatez), y el recurso extraordinario de revisión no es idóneo en esta ocasión, ya que en el amparo se cuestionan aspectos que no pueden enmarcarse dentro del alcance de sus causales (subsidiariedad). (ii) En la providencia contenciosa reprochada, se desconoció que la Corte Constitucional no moduló los efectos temporales de la Sentencia C-992 de 2001, por lo que la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000 sólo opera hacia futuro y, por ello, los cobros realizados bajo la vigencia de dichas normas estuvieron respaldados por su presunción de constitucionalidad y no pueden considerarse como daños antijurídicos en los términos del artículo 90 de la Constitución. 6.2. En consecuencia, la corporación de instancia decidió: (i) dejar sin efectos la Sentencia del 13 de mayo de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como (ii) ordenarle a dicha autoridad judicial que, en el término de 30 días, profiriera un fallo de reemplazo en el que tuviera en cuenta las consideraciones que dieron lugar a conceder el amparo. 7. Impugnación La empresa Solidda Group S.A.S. impugnó el fallo de primer grado, presentando los mismos argumentos de su intervención inicial, en especial, los relacionados con la no satisfacción del presupuesto de inmediatez que subyace al recurso de amparo[21]. 8. Decisión de segunda instancia A través de Sentencia del 26 de abril de 2017[22], la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia del amparo pretendido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al estimar que no satisface el presupuesto de inmediatez, comoquiera que habían trascurrido más de seis meses entre la fecha en la cual la entidad demandante tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria y el momento en el que acudió a la acción de tutela[23]. 9. Actuaciones en sede de revisión 9.1. Mediante Auto del 16 de junio de 2017[24], la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional: (i) escogió para revisión el expediente T-6171737 con base en los criterios denominados “necesidad de fijar una línea jurisprudencial y de proteger dineros públicos”, y (ii) asignó la sustanciación del asunto al magistrado Carlos Bernal Pulido. 9.2. El 8 de noviembre de 2017, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allegó un escrito mediante el cual le pidió a la Corte que los efectos de la decisión que adopte en el presente proceso se extiendan a los demás asuntos en los cuales fue condenado el Congreso de la República con ocasión de las demandas de responsabilidad presentadas en su contra por la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000. Específicamente, la entidad explicó que dicha medida resulta pertinente para lograr la unanimidad del ordenamiento jurídico, pues interpuso diez acciones de tutela, incluido el amparo de la referencia, en contra de los fallos de las Subsecciones A y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los que se accedió a las pretensiones indemnizatorias de diferentes empresas, obteniendo respuestas contradictorias de la jurisdicción constitucional, como se sintetiza en el siguiente cuadro: Empresa beneficiaria de la condena (Proceso de tutela) Decisión de primera instancia (Sección Cuarta del Consejo de Estado) Decisión de segunda instancia (Sección Quinta del Consejo de Estado)[25] Goodyear de Colombia S.A. (T-5799313) Sentencia del 7 de abril de 2016. Concedió el amparo. Sentencia del 25 de agosto de 2016. Confirmó el fallo de primera instancia. Dow Química de Colombia S.A. (T-6034213) Sentencia del 26 de enero de 2017. Concedió el amparo. No se surtió Hyundai Colombia Automotriz S.A. (T-6096275) Sentencia del 26 de enero de 2017. Concedió el amparo. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Confirmó el fallo de primera instancia. Transejes Trasmisiones Homocinéticas de Colombia S.A. (T-6107106) Sentencia del 2 de febrero de 2017. Concedió el amparo. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Confirmó el fallo de primera instancia. Industria de Ejes y Transmisiones S.A. (T-6107117) Sentencia del 26 de enero de 2017. Concedió el amparo. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Confirmó el fallo de primera instancia. Promigas S.A. E.S.P. (T-6142120) Sentencia del 23 de febrero de 2017. Concedió el amparo. Auto del 4 de abril de 2017. Rechazó por extemporánea la impugnación presentada por Promigas S.A. E.S.P. Solidda Group S.A.S.[26] (T-6171737) Sentencia del 23 de febrero de 2017. Concedió el amparo. Sentencia del 26 de abril de 2017. Revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente el amparo por falta de inmediatez. Ford Motor Colombia (T-6325725) Sentencia del 18 de mayo de 2017. Declaró improcedente el amparo solicitado por falta de inmediatez. Sentencia del 13 de julio de 2017. Confirmó el fallo de primera instancia. Colgate Palmolive Compañía (T-6334181) Sentencia del 1 de junio de 2017. Declaró improcedente el amparo solicitado por falta de inmediatez. Sentencia del 27 de julio de 2017. Confirmó el fallo de primera instancia. Whitehall Laboratories Limited (T-6355609) Sentencia del 29 de junio de 2017. Declaró improcedente el amparo solicitado por falta de inmediatez. Auto del 11 de agosto de 2017. Rechazó por extemporánea la impugnación presentada por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 9.3. En sesión del 6 de diciembre de 2017, la Sala Plena de la Corte dispuso asumir el conocimiento del proceso de la referencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento Interno, y mediante Auto del día siguiente decidió suspender los términos para emitir el fallo correspondiente[27]. 9.4. El 8 de febrero de 2018, con el propósito de evitar una afectación severa al patrimonio del Congreso de la República, la entidad accionante solicitó que mientras se adoptaba una decisión de fondo, como medida provisional, se ordenara la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados por las distintas empresas que fueron beneficiadas por fallos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con ocasión de demandas de reparación por la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000[28]. 9.5. El 8 de marzo de 2018, el Pleno de este Tribunal aceptó los impedimentos planteados por los magistrados Carlos Bernal Pulido y Diana Fajardo Rivera, por lo cual el plenario de la referencia fue asignado al magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez[29]. 9.6. Mediante el Auto 312 del 23 de mayo de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional accedió a la solicitud de medida provisional solicitada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[30]. Empero, el Pleno al advertir que dicha decisión podría afectar los derechos de las empresas que demandaron la responsabilidad del Congreso de la República por la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000, dispuso que a estas les fuera comunicado el proveído para que si lo deseaban intervinieran en el presente proceso[31]. Adicionalmente, esta Corporación ordenó la notificación de la referida providencia por edicto fijado en la Secretaría General y publicado en la página principal del sitio web de este Tribunal[32]. 9.7. En atención a dicho auto, las sociedades Colgate Palmolive Compañía[33], Pfizer S.A.S. (Absorbente de Laboratorios Wyeth Inc. y Whithall Limited[34]), Solidda Group S.A.S.[35] y Harinera del Valle S.A.[36] solicitaron que no se acceda al amparo pretendido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y menos con efectos extensivos, puesto que con la revisión de las decisiones condenatorias decretadas a su favor: (i) Se desconocería que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada al cumplimiento del presupuesto de inmediatez, el cual no se satisface en los casos que se pretenden revisar, ya que las condenas en contra del Congreso de la República se decretaron un año y medio antes de la fecha en la que se interpusieron los amparos correspondientes; (ii) Se afectarían los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada sin una razón constitucional válida, porque en esta ocasión no se examinan casos en los que se haya presentado un fraude a la ley o una irregularidad procesal relevante, sino que se advierten simplemente asuntos en los que se presentaron divergentes posiciones jurisprudenciales, que no pueden ser corregidas por el juez constitucional sin irrespetar la independencia judicial; y (iii) Se convalidaría la actuación negligente de la peticionaria, en tanto que: (a) no presentó acciones de tutela en todos los casos en los que se condenó al Congreso de la República[37]; y (b) no hizo uso de su facultad de insistencia para solicitarle a esta Corte la selección de los casos en los que los jueces constitucionales de instancia no accedieron a sus pretensiones de amparo. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar los fallos proferidos dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[38]. 2. Cuestión previa: legitimación en la causa 2.1. Previo al planteamiento de los problemas jurídicos a resolver, se hace necesario esclarecer si en esta oportunidad se satisface la legitimación en la causa por activa y por pasiva de la acción de tutela. - Legitimación en la causa por activa 2.2. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona directamente o “por quien actúe en su nombre”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales. En desarrollo del anterior mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[39] contempló que la legitimación en la causa por activa en los procesos de amparo se materializa: “(i) Con el ejercicio directo, es decir quien interpone la acción de tutela es el titular del derecho fundamental que se alega vulnerado; (ii) Por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) Por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso; y (iv) Por medio de agente oficioso”[40]. 2.3. En relación con la segunda hipótesis, cabe resaltar que en el parágrafo 3º del artículo 610 del Código General del Proceso[41] se estableció una regla especial de legitimación en la causa por activa aplicable en los procesos de amparo, según la cual “la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas”[42]. 2.4. En este orden ideas, la Corte considera que en la presente oportunidad se encuentra satisfecho el presupuesto de legitimación en la causa por activa, comoquiera que: (i) El Congreso de la República es el titular del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la expedición de la Sentencia del 13 de mayo de 2015[43]; y (ii) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por intermedio de su director, interpuso acción de tutela en representación del Congreso de la República, según lo dispuesto en los artículos 610 del Código General del Proceso y 10 del Decreto 2591 de 1991. - Legitimación en la causa por pasiva 2.5. De otra parte, en relación con la legitimación en la causa por pasiva, la Sala advierte que de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 5° del Decreto 2591 de 1991[44], la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es demandable a través de acción de tutela, puesto que de conformidad con el capítulo 3 del título VIII de la Constitución[45] y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996[46], es una autoridad pública perteneciente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de la Rama Judicial. 3. Problemas jurídicos y esquema de resolución 3.1. Corresponde a la Corte decidir sobre el amparo interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del Congreso de la República, contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado[47]. Con tal propósito, este Tribunal deberá determinar: (i) Si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia contra providencias judiciales; (ii) Si con la decisión de un juez administrativo de condenar al Congreso de la República a reparar los daños causados por una norma debido a su disconformidad con la Carta Política, a pesar de que la misma gozó de presunción de constitucionalidad durante el tiempo trascurrido entre la fecha de su entrada en vigencia y el instante en la cual fue declarada inexequible por este Tribunal, se configura: (a) una violación directa del artículo 90 de la Constitución que estipula que el daño a resarcir debe ser antijurídico, (b) un defecto sustantivo por ignorar lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 en torno a la autoridad competente para modular los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, y (c) un desconocimiento del precedente constitucional que ha establecido el alcance de las consecuencias temporales de los fallos de control abstracto de constitucionalidad de esta Corte; y (iii) Si las consecuencias que se deriven del examen de la configuración de dichos defectos pueden hacerse extensivas o no a todos los casos similares, incluso aquellos sobre los cuales se predica el fenómeno de cosa juzgada constitucional. 3.2. Para resolver dichos problemas jurídicos, esta Corporación iniciará por: (i) reiterar la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; acto seguido estudiará (ii) los efectos en el tiempo de los fallos de inconstitucionalidad proferidos por este Tribunal, y (iii) la responsabilidad del Estado por los daños causados por leyes inconstitucionales; luego (iv) examinará las condiciones en las que se ha permitido la extensión de las consecuencias de las providencias de tutela más allá del caso en análisis; y, por último, (v) resolverá los problemas jurídicos planteados atendiendo a las particularidades del presente asunto. 4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 4.1. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991[48], la acción de tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. 4.2. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que “de conformidad con el concepto constitucional de ‘autoridades públicas’, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”[49]. 4.3. Con todo, teniendo en cuenta que las providencias judiciales: (a) son el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales, (b) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático, y (c) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e independencia de los jueces[50], este Tribunal ha señalado que para determinar la viabilidad o no de un recurso de amparo en contra de una decisión jurisdiccional, debe verificarse que: (i) El asunto tenga relevancia constitucional; (ii) La petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) El actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iv) En caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) El accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la vulneración; y (vi) El fallo impugnado no sea de tutela[51]. 4.4. Adicionalmente, esta Sala ha sostenido que si en un caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos, será necesario entonces acreditar, además, que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al debido proceso[52] del accionante al incurrir en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv) fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, o (viii) violación directa de la Constitución[53]. 4.5. Al respecto, cabe resaltar que esta Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de un error por parte del juez en la interpretación o en aplicación de las disposiciones jurídicas que utilizó para resolver un determinado caso[54]. Sin embargo, para que dicho yerro dé lugar a la procedencia de la acción de tutela debe evidenciarse una irregularidad de significante trascendencia, que haya llevado a adoptar una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales[55]. 4.6. En este sentido, este Tribunal ha señalado que, entre otras hipótesis, una autoridad judicial incurre en un defecto sustantivo cuando[56]: (i) La decisión que adoptó tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque: “(a) no es pertinente, (b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o (e) no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[57]; o (ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma que realizó en el caso concreto: (a) no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable, (b) es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, o (c) no es sistemática, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al asunto[58]. 4.7. De otra parte, esta Corte ha explicado que se desconoce el precedente constitucional, entre otros eventos, cuando el juez aplica disposiciones normativas ignorando[59]: (i) La ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; o (ii) El alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional en la ratio decidendi de las sentencias de tutela proferidas por: (a) la Sala Plena o (b) por las distintas Salas de Revisión. En torno a las decisiones adoptadas por estas últimas, el desconocimiento del precedente solo se configura cuando los fallos inadvertidos constituyan jurisprudencia en vigor[60]. 4.8. En esta línea argumentativa, este Tribunal ha expresado que si una autoridad judicial desconoce la jurisprudencia constitucional se produce “en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica”[61]. 4.9. Por lo demás, esta Corporación ha precisado que la causal denominada violación directa de la Constitución encuentra fundamento en el modelo del ordenamiento superior adoptado en 1991, en el cual se le otorga valor normativo a los preceptos de la Carta Política, de modo tal que sus mandatos y previsiones son de aplicación inmediata por las distintas autoridades públicas y, en determinados eventos, por los particulares[62]. Por lo anterior, este Tribunal ha sostenido que resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente dichos postulados[63]. 4.10. Así pues, esta Corte ha indicado que se presenta una violación directa de la Constitución, entre otros casos, cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque[64]: (i) Deja de aplicar una regla contemplada en el texto constitucional que resulta aplicable al caso concreto[65]; o (ii) Omite tener en cuenta un principio superior que determinaba la aplicación de la norma en el caso concreto, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre la ella y la ley u otra regla jurídica “se aplicarán las disposiciones superiores”[66]. 5. Los efectos temporales de las sentencias de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional 5.1. En Colombia el alcance temporal de las sentencias proferidas en sede de constitucionalidad abstracta cuando en estas se advierte la incompatibilidad de una disposición con la Carta Política (inconstitucionalidad) y, en consecuencia, se generan la prohibición general de su aplicación (inexequibilidad) y la imposibilidad de volverse a pronunciar sobre lo decidido en torno a ella (cosa juzgada constitucional), no ha sido un aspecto determinado por el legislador o el constituyente como sucede en otros países[67], sino que ha sido una construcción eminentemente jurisprudencial. 5.2. En concreto, durante la vigencia de la Constitución de 1886 y ante la ausencia de una norma positiva que se refiriera sobre la materia, las providencias en las que se declaró la inconstitucionalidad de una norma legal se consideraron con efectos hacía futuro (ex nunc), según da cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia[68], en la cual se tuvo en cuenta las similitudes existentes entre la inexequibilidad y la derogatoria de la ley. 5.3. Ahora, si bien con ocasión del desarrollo normativo generado por la expedición de la Constitución de 1991, existió la intensión legislativa de establecer una regulación en torno a los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad a través del inciso 2º del artículo 21[69] del Decreto Ley 2067 de 1991 y del artículo 45[70] del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia[71], lo cierto es que la Corte Constitucional al estudiar su compatibilidad con el ordenamiento superior, estimó que dichas disposiciones desconocían el principio de separación de poderes consagrado en los artículos 113 a 121 de la Carta Política y, por ello, debían ser declaradas inexequibles en su mayoría, retomándose así a la regulación por vía jurisprudencial. 5.4. Específicamente, en las sentencias C-113 de 1993[72] y C-037 de 1996[73], mediante las cuales se realizó el control de constitucionalidad de las mencionadas disposiciones, este Tribual explicó que al ser los efectos temporales del fallo una parte del contenido de la decisión, sería inadmisible que otro poder público diferente a la propia Corte Constitucional los definiera, máxime cuando el constituyente primario guardó silencio sobre el particular. En consecuencia, el único aparte normativo de dicha regulación que esta Corporación encontró acorde con el ordenamiento superior fue el inciso 1º del artículo 45 del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, que posteriormente fue acogido en la Ley 270 de 1996[74], y el cual establece que “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”[75]. 5.5. Así las cosas, en la actualidad, por regla general y salvo que se indique expresamente algo diferente en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado esta Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales implican “la presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico” mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un proceso de constitucionalidad abstracta[76]. 5.6. En este orden de ideas, cuando esta Corporación declara la inconstitucionalidad de una norma sin retrotraer los efectos de su determinación, convalida de contera las situaciones jurídicas consolidadas a su amparo entre el instante en el que entró en vigencia y la fecha de la sentencia, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso, en principio, se reputan como legítimas por haber sido ejecutadas en consonancia con el derecho positivo vigente[77]. 5.7. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que este Tribunal tiene la potestad para excepcionar la mencionada regla de efectos ex nunc y determinar otras consecuencias temporales para sus fallos de inexequibilidad, lo que ha sido justificado en su misión de garantizar la supremacía e integridad de la Carta Política, la cual no sólo exige determinar si una disposición desconoce o no el texto fundamental, sino también el instante desde el cual se debe entender expulsado del ordenamiento jurídico un precepto que es hallado incompatible con la Constitución[78]. 5.8. Sobre el particular, cabe llamar la atención de que esta Corte, como medida de autocontrol, ha considerado que “deben existir razones de orden constitucional que pongan en evidencia la necesidad de variar la regla general anterior (efectos ex nunc), bien sea para diferir la aplicación de la parte resolutiva del fallo, o bien sea para retrotraer sus efectos”[79], para lo cual ha estimado necesario efectuar los siguientes dos exámenes. 5.9. En primer lugar, este Tribunal debe analizar el nivel de gravedad de la infracción constitucional (leve, moderado o alto), pues cuanto más alto sea el mismo será mayor la necesidad de expulsar la disposición del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos[80]. En cambio, mientras más leve sea el nivel de gravedad será mayor la posibilidad de diferir los efectos hacía futuro[81]. Al respecto, en la Sentencia C-280 de 2014[82], la Corte Constitucional explicó que puede afirmarse la existencia de una relación de proporcionalidad inversa entre la gravedad y la notoriedad de la infracción constitucional y la flexibilidad en la aplicación de la norma declarada inexequible, en tanto que “entre mayor sea la gravedad y mayor sea la notoriedad de la violación del ordenamiento superior, el juez constitucional es más reticente a permitir la aplicación de la norma, o a validar su aplicación pasada”. 5.10. En segundo lugar, se tiene que efectuar un análisis consecuencialista, en el cual esta Corporación debe realizar una valoración de las consecuencias positivas y negativas que puede conllevar la decisión de diferir o retrotraer los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma enjuiciada, ya que en el primer supuesto se mantiene la vigencia de una disposición contraria al ordenamiento superior y en el segundo se afecta la seguridad jurídica y la buena fe en la validez del sistema jurídico[83]. 5.11. En este sentido, este Tribunal debe verificar el impacto del retiro inmediato de la disposición inexequible en razón de los vacíos normativos consecuentes, los cuales pueden generar, entre otros efectos: (i) distorsiones nocivas para la economía[84], (ii) la reviviscencia de normas que podrían ser inconstitucionales[85], (iii) la falta de regulación de aspectos esenciales de un derecho fundamental[86], o (iv) la afectación o alteración de los sistemas prestaciones (salud, educación, etc.) [87]. 5.12. En síntesis, la Corte Constitucional es la única autoridad que tiene la facultad de modular los efectos temporales de sus sentencias, lo cual ha realizado con base en una serie de criterios que pretenden racionalizar el uso de dicha atribución y procurar la mayor eficacia de la Constitución Política en cada asunto. Así pues, bajo ninguna circunstancia los operadores jurídicos pueden pretender a través de sus decisiones desconocer dicha competencia, pues ello resultaría contrario a los principios constitucionales de separación de poderes y de seguridad jurídica, así como a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996. 6. La responsabilidad del Estado por los daños causados por leyes inconstitucionales 6.1. La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador en Colombia estuvo restringida durante gran parte del Siglo XX, toda vez que con base en la noción de soberanía nacional consagrada en la Constitución de 1886, el Consejo de Estado consideró que el Congreso de la República, como principal titular de la misma, era irresponsable y, por ello, los daños que pudiera causar en ejercicio de su potestad legislativa no eran indemnizables[88], salvo cuando por su propia voluntad, manifestada en una norma de derecho positivo, estipulara expresamente tal obligación de resarcimiento[89]. 6.2. Sin embargo, con ocasión de la expedición de la Carta Política de 1991, que en su artículo 90 establece que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” sin estipular exclusión alguna en razón de la rama del poder a la que pertenezcan los agentes que ocasionan los menoscabos, el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo revaluó dicha posición inicial y sostuvo que el legislador puede ser patrimonialmente responsable por sus actos, siempre que se demuestre que los perjuicios originados por su actuación deben ser resarcidos a costa del erario y no tienen que ser asumidos por el particular afectado en virtud de las cargas públicas[90]. 6.3. Sobre el particular, en la Sentencia C-038 de 2006[91], esta Corporación resaltó que el Constituyente de 1991 contempló: (i) Algunos casos en los cuales la expedición de leyes debe llevar consigo el resarcimiento de los daños que estas puedan causar, como ocurre con las normas legales que: (a) dispongan la expropiación de bienes privados por utilidad pública o interés social (artículo 58[92]), (b) concedan amnistías o indultos que eximan el resarcimiento de los daños causados a civiles (artículo 150.17[93]), (c) establezcan monopolios estatales (artículo 336[94]), o (d) excluyan a los particulares de la prestación de servicios públicos o de ciertas actividades estratégicas para el país (artículo 365[95]); y (ii) Una cláusula general de responsabilidad (artículo 90), que permite reclamar la indemnización de los daños causados por cualquier norma legal cuando se demuestre: (a) la existencia de un menoscabo, (b) que la víctima no estaba en la obligación de soportar y (c) es imputable al Congreso de la República o al Presidente de la República cuando actúa como legislador delegado[96]. 6.4. Ahora bien, en la actualidad, el Consejo de Estado reconoce que para efectos de la configuración de la responsabilidad por el hecho del legislador en los términos del artículo 90 de la Constitución, son antijurídicos los daños que resultan del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas[97], como lo advirtió en el caso resuelto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia del 25 de agosto de 1998[98], en el que se encontró responsable al Congreso de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores por los perjuicios causados a una familia por la muerte de uno de sus miembros en un accidente originado por un agente diplomático que en virtud de la Ley 6ª de 1972, aprobatoria de la Convención de Viena, gozaba de inmunidad y no pudo ser demandado para que resarciera los menoscabos causados por su actuación en el siniestro. 6.5. En concreto, en dicha oportunidad, el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo consideró que, pese a que el Estado es soberano en el manejo de las relaciones internacionales y que dicho tratado había sido regularmente incorporado a la legislación interna, su aplicación en el caso de la parte demandante originó un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, porque el privilegio de la inmunidad privó a los actores de la posibilidad de demandar al autor material del daño ante los jueces nacionales con miras a obtener la reparación de los perjuicios ocasionados[99]. 6.6. Igualmente, el Consejo de Estado ha considerado que son antijurídicos los daños causados por el legislador que resultan de la defraudación del principio de confianza legítima[100], lo cual puede ocurrir, como lo indicó la Subsección B de la Sección Tercera en la Sentencia del 29 de julio de 2013[101] al resolver una demanda presentada por un hotel que presuntamente se vio perjudicado en sus inversiones por el cambio intempestivo de la regulación fiscal del sector turístico, cuando “el legislador deroga normas o disposiciones que reconocen incentivos o beneficios a los particulares previo el cumplimiento de ciertos requisitos, sin tener en cuenta, mediante la creación de un régimen de transición, la situación de todas aquellas personas que al momento de la derogatoria no tenían un derecho adquirido, pero sí la expectativa legítima y razonable de que podrían acceder a tales beneficios por tener proyectos en ejecución y por haber cumplido con todas las exigencias normativamente impuestas para el efecto”. 6.7. Asimismo, el mismo alto tribunal ha estimado que son antijurídicos los daños causados por la aplicación de una norma vigente que, con posterioridad a la ocurrencia de los mismos, es declarada inexequible con efectos retroactivos por la Corte Constitucional[102], comoquiera que las consecuencias de dicho fallo modulado derivan en que la actuación que originó el menoscabo, que para el momento de su ocurrencia no era antijurídico por estar sustentado en una disposición en vigor, ya no pueda considerarse respaldado por la misma, pues de manera ulterior, en virtud de una ficción jurídica, se consideró expulsada del ordenamiento jurídico desde el momento en que entró en vigencia. En este sentido, en la Sentencia del 13 de marzo de 2018[103], la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo explicó que: “(…) teniendo en cuenta que un daño es antijurídico cuando se trata de una carga que el particular no estaba en la obligación jurídica de soportar, es innegable la relevancia que para el análisis de la antijuridicidad del daño causado por una norma o acto que no superó el juicio de constitucionalidad, tiene lo decidido en este último. Esto es especialmente cierto en los casos en los que, como consecuencia del juicio de constitucionalidad, la norma o el acto que impuso una obligación es sacado del ordenamiento, con efectos retroactivos, pues en estos eventos salta a la vista que, habiendo desaparecido por completo el fundamento jurídico directo de la carga impuesta, esta última constituiría un daño que la víctima no está en la obligación de soportar, es decir, se trataría de un típico daño antijurídico”. 6.8. No obstante lo anterior, cabe resaltar que en torno a la antijuridicidad basada en una sentencia de inexequibilidad con efectos retroactivos, dicha posición sólo fue fijada como dominante el 13 de marzo de 2018 en la referida sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ya que a pesar de ser una tesis cuyo origen se remonta a una sentencia del Pleno de la Sección Tercera del año 2002[104], coexistió dentro del Consejo de Estado junto con otra postura alternativa que surgió en la Subsección A de la referida Sección en el 2012[105] y que se consolidó en el 2014[106], la cual si bien reconocía la necesidad de la existencia de una providencia de inconstitucionalidad, sostenía que no era necesario que la misma tuviera consecuencias ex tunc. 6.9. Específicamente, con fundamento en el principio de supremacía constitucional y el símil que puede establecerse con los casos de responsabilidad del Estado por el hecho de actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto declarados nulos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[107], la tesis alternativa argumentaba que cuando una norma impone una carga a un particular, esta última es jurídica si la disposición que la consagra es conforme a los mandatos superiores, por lo cual como la declaratoria de inexequibilidad por parte de esta Corte, independientemente de sus consecuencias temporales, pone en evidencia la contrariedad de la norma con la Carta Política, también hace manifiesta la antijuridicidad de la carga que esta consagraba. 6.10. En este contexto, ante la duplicidad de posturas, surgieron una serie de decisiones divergentes en atención a las demandas presentadas por distintas empresas contra el Congreso de la República por los presuntos daños causados por el cobro de la tasa contemplada en los artículos 56 y 57 de la Ley 663 de 2000, los cuales con posterioridad al cobro de dicho tributo por algunos meses fueron declarados inconstitucionales en la Sentencia C-992 de 2001[108], a saber: (i) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en virtud de la posición alternativa basaba en la antijuridicidad como incompatibilidad con la norma superior[109], condenó al legislador en las sentencias del 29 de enero[110], 9 de abril[111] y 11 de junio de 2014[112], así como del 29 de abril[113], 13[114] y 27 de mayo[115], 24 de junio[116] y 16 de julio de 2015[117]; y (ii) La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en atención a la tesis tradicional[118] no accedió a las demandas indemnizatorias en las sentencias del 24 de octubre de 2013[119] y del 20 de octubre de 2014[120], pero con base en la posición alternativa concedió las pretensiones resarcitorias en el fallo del 26 de marzo de 2014[121]. 6.11. Con todo, como se indicó líneas atrás, dicha la postura que se basaba en la antijuridicidad como incompatibilidad con la Constitución, fue descartada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sentencia del 13 de marzo de 2018, al estimar que: “(…) el criterio de antijuridicidad que mejor se acompasa con el ordenamiento jurídico es aquél que se funda en los efectos de la sentencia proferida en sede de constitucionalidad y no en la constatación que ésta realizó sobre la contrariedad de la norma o acto con las normas superiores. Lo anterior por cuanto, al estimar que los efectos del fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional no deben tener incidencia alguna a la hora de determinar la antijuridicidad de los daños causados por leyes inexequibles, la tesis de la antijuridicidad como incompatibilidad con la norma superior sugiere que, a pesar de existir un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad que establece la interpretación de la Constitución aplicable erga omnes, la cual concierne no sólo a la decisión misma sino a sus efectos, el juez de lo contencioso administrativo podría realizar un juicio de conformidad paralelo y, en virtud del mismo, establecer que, sin importar lo considerado por la Corte, es incompatible con la Constitución el que los particulares deban soportar las cargas impuestas por una ley declarada inexequible. Lo anterior equivale a aceptar que, a pesar de existir un pronunciamiento por parte de la autoridad en la materia, subsistan en el ordenamiento dos interpretaciones sobre la obligatoriedad de una ley inconstitucional –la de la Corte Constitucional que mantuvo su vigencia entre su expedición y la declaratoria de inexequibilidad y la del juez de la responsabilidad del Estado que concluiría que las cargas por ella impuesta no son obligatorias-”[122]. 6.12. Así las cosas, según la jurisprudencia contenciosa administrativa en vigor, la responsabilidad por el hecho del legislador, en los términos del artículo 90 de la Constitución, puede derivarse de un fallo de inconstitucionalidad, siempre que el interesado en la reparación respectiva demuestre que: (i) sufrió un daño con ocasión de la aplicación de una norma legal, la cual, (ii) con posterioridad a la ocurrencia del mismo, fue declarada inexequible con efectos retroactivos por esta Corporación[123]. 6.13. Sobre el particular, este Tribunal considera pertinente manifestar que comparte la posición unificada acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia del 13 de marzo de 2018, pues es la tesis que resulta más acorde con los mandatos superiores que regulan el control de constitucionalidad de las leyes y le asignan únicamente a la Corte Constitucional la atribución de modular los efectos temporales de sus providencias[124]. 7. Los dispositivos de amplificación de los efectos de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela 7.1. La Corte Constitucional ha explicado que de conformidad con los artículos 48 de la Ley 270 de 1996[125] y 36 del Decreto 2191 de 1991[126], por regla general, “los efectos de las decisiones que profiere (…) en su labor de revisión de las sentencias de tutela son inter partes”, es decir, solo afectan a los extremos procesales involucrados en la causa[127]. Sin embargo, en razón de la misión encomendada por el artículo 241 de la Constitución consistente en salvaguardar la integridad del ordenamiento superior, esta Corporación ha desarrollado dos dispositivos específicos de extensión de las consecuencias de las órdenes que adopta en las providencias de amparo, los cuales ha denominado efectos inter comunis e inter pares[128]. 7.2. Al respecto, cabe resaltar que los efectos inter comunis son un dispositivo de amplificación de la decisión que este Tribunal utiliza cuando advierte que, en razón de las particularidades fácticas del caso, el accionante pertenece a un grupo de personas cuyos intereses son: (i) Inversamente proporcionales, por lo que las órdenes que imparta pueden afectarlas en distinto grado y, por ello, resulta necesario tomar las medidas correspondientes para atender adecuadamente dicha tensión[129]; o (ii) Paralelos y, en virtud de consideraciones relacionadas con el principio de igualdad, la economía procesal o la especial protección constitucional que gozan ciertos sujetos, se torna imperioso que las consecuencias del fallo se extiendan a todos los miembros de la respectiva colectividad[130]. 7.3. Sobre el particular, puede evidenciarse un ejemplo del primer supuesto en la Sentencia SU-1023 de 2001[131], en la cual la Corte consideró que la orden dirigida al liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., consistente en que le otorgara prelación al pago de las mesadas jubilación sobre otras clases de créditos, debía tener efectos inter comunis, pues no podía beneficiar exclusivamente a los accionantes sin desconocer los intereses de los demás acreedores pensionales de la sociedad, bajo el entendido de que “a los pensionados de una empresa en liquidación obligatoria que no dispone de los recursos suficientes para cumplir siquiera con las obligaciones preferentes en materia pensional, les asiste el derecho de beneficiarse, en igualdad de condiciones, de la distribución de los activos disponibles en la liquidación”. 7.4. De igual manera, el segundo evento en el que son utilizados los efectos inter comunis, puede verse ilustrado en la Sentencia SU-587 de 2016[132], en la cual al encontrarse vulnerados los derechos fundamentales del actor con ocasión de la determinación de Colpensiones S.A. de dejar en suspenso, en virtud de razones de sostenibilidad y protección de los recursos parafiscales, el goce de la pensión especial de invalidez que le fuera reconocida por su calidad de víctima del conflicto armado de conformidad con la Ley 418 de 1997, este Tribunal decidió que la orden de dejar sin valor dicha decisión administrativa no sólo debía beneficiar al accionante, sino que también tenía que favorecer a todas las personas que se encontraban en una situación igual, pues se trataba de un grupo poblacional (víctimas del conflicto armado) que merece, en virtud de la Constitución y de los tratados internacionales, de una especial protección por parte del Estado[133]. 7.5. De otra parte, es pertinente mencionar que los efectos inter pares son un dispositivo amplificador de la decisión al que esta Corporación acude cuando frente a un problema jurídico determinado considera que existe una única respuesta válida de conformidad con los mandatos constitucionales, la cual debe aplicarse en todos los casos similares sin excepción alguna. En este sentido, debe llamarse la atención de que la regla jurisprudencial fijada para solucionar la controversia puede estar fundada en: (i) una excepción de inconstitucionalidad[134], o (ii) en una interpretación determinada de un conjunto de normas para un escenario factico específico[135]. 7.6. En torno a la primera hipótesis, puede observarse su uso en el Auto 071 de 2001[136], en el cual, al advertir que distintas autoridades empezaron a provocar múltiples conflictos de competencia con base en las reglas de distribución de las acciones de tutela entre los despachos judiciales contempladas en el Decreto 1382 de 2000 posponiendo así por meses la resolución de las mismas, la Sala Plena teniendo en cuenta que dicha normatividad tiene rango reglamentario cuando debería tener estatus legal estatutario por pretender regular aspectos relacionados con la competencia de un mecanismo de protección de los derechos fundamentales según lo exige el artículo 152 de la Constitución, decidió inaplicar las disposiciones del referido acto administrativo con efectos inter pares, con el propósito de que bajo su imperio no se platearan más controversias procesales que dilataran el trámite de las solicitudes de amparo. 7.7. A su vez, un ejemplo del segundo supuesto, puede verificarse en la Sentencia SU-214 de 2016[137], en el cual esta Corporación determinó que, a la luz del mandato constitucional de igualdad, la única interpretación válida de las figuras contractuales desarrolladas para formalizar solemnemente los vínculos conyugales entre parejas del mismo sexo era entender que las mismas tenían el estatus de matrimon...