Sentencia C-609 de 2012

C-609-12 Sentencia C-609/12 Sentencia C-609/12 LIMITE DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Justificación El establecimiento de límites a los honorarios de los abogados que apoderen víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, sí constituye una medida necesaria para evitar los abusos a que han estado sometidas este tipo de víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil. Cualquier otra medida, además de ser posterior al abuso, traería el riesgo de que la víctima no conociera el límite impuesto a los profesionales de la abogacía ni el derecho que pueden exigir respecto de estos. LIMITE DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de falta de unidad de materia, porque no guarda relación con el tema de responsabilidad estatal MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro actione VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Derechos DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN CONFLICTO ARMADO-Rango constitucional/VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Desarrollo normativo/LEGISLACION COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Propósitos VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Definición VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Prerrogativas relacionadas con la administración de justicia VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Representan uno de los sectores más frágiles dentro de una sociedad/VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Sujetos de especial protección constitucional Las víctimas de la violencia dentro de un conflicto armado interno, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y, en tal sentido, demandan un trato especial por parte de las autoridades públicas, las cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta pertinente extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha hecho respecto de los desplazados. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Equiparación Acorde con la equiparación realizada por el Tribunal Constitucional de las víctimas del conflicto armado interno en relación con las víctimas de desplazamiento forzado interno; se puede afirmar que los derechos que integran el mínimo prestacional que debe ser satisfecho por el Estado es el siguiente: 1. El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el Principio 10. 2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11. 3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia‑, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares. 4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. (…) 5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P. 6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio 22. 7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de la zona. (…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados. (…) 9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o restablecerse. Ahora bien, respecto de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en relación con la administración de justicia, se puede aseverar que los estándares internacionales respecto de ellas han sido incorporados al orden jurídico colombiano a través del art. 93 constitucional y por ende son marco de referencia obligatorio. Dentro de dichos derechos encontramos (i) el deber de garantizar recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos, (ii) asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ABOGADOS EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Contenido PROFESION DE ABOGADO-Funciones PROFESION DE ABOGADO-Función social/PRACTICA DEL DERECHO-Escenarios en que se desarrolla El Estado Social de Derecho – como principio constitucional- corresponde a una declaración política y filosófica sobre la naturaleza y manera de comportarse la estructura estatal. En este orden de ideas, dicho parámetro produce connotaciones mayores en el ejercicio de cualquier profesión, pero más aún en el desarrollo de la abogacía por la función social que cumple. Ciertamente, se ha entendido que la práctica del derecho se desarrolla como mínimo en los siguientes escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias. Precisamente en dichos espacios es donde el abogado debe ejecutar su actividad profesional con base en los nuevos postulados que impone el Estado Social de Derecho. Por consiguiente, dicha actividad profesional debe propender por la defensa de la dignidad humana, el respeto y salvaguarda de los derechos fundamentales, la protección de un orden justo, servir a la comunidad, garantizar los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución; entre otros muchos fines, todo esto dentro del marco normativo que dicha profesión tiene como elemento de trabajo y con el propósito de lograr una convivencia pacífica al interior de la sociedad. PROFESION DE ABOGADO-Ejercicio como instrumento primordial en la realización de los postulados del Estado Social de Derecho Con base en el papel esencial que juega el ejercicio de la abogacía en la búsqueda de los fines del Estado, la Corte Constitucional ha considerado como justificada una adecuada regulación a la profesión de abogado. El Constituyente de 1991 otorgó al legislador la potestad de establecer medidas concretas respecto de la actividad profesional que se desarrolle, como la abogacía. Dicha prerrogativa es conocida jurisprudencialmente como el margen de configuración del legislador. Así entonces, es competencia del Congreso determinar los parámetros específicos para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, en este caso de la abogacía, lo que trae consigo el establecimiento de ciertos límites los cuales “encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana”. EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO-Reglas PROFESION DE ABOGADO-Ejercicio a través de diferentes escenarios HONORARIOS DE ABOGADO-Contenido/HONORARIOS DE ABOGADO-Criterios a tener en cuenta según el Consejo Superior de la Judicatura HONORARIOS DE ABOGADO-Jurisprudencia constitucional Esta Corporación especificó en relación con el tema que “Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”. En este orden de ideas, y acorde por lo expresado por esta Corte, existe la posibilidad de que el legislador dicte alguna norma particular en punto de tarifas profesionales, que subsane los vacíos existentes en la materia. DERECHO DE IGUALDAD-Deviene del concepto de dignidad humana/DERECHO DE IGUALDAD-Aplicación del test/DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD-Apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente PRINCIPIO DE IGUALDAD-Criterio de comparación o tertium comparationis HONORARIOS DE ABOGADOS QUE APODERAN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Aplicación del test estricto de igualdad para determinar trato diferenciado Considera esta Corporación que el supuesto planteado en la demanda respecto de la posible vulneración del derecho de las víctimas trae consigo aplicar un test de igualdad estricto, por cuanto en amplia jurisprudencia constitucional (supra 7 y ss) estas han sido catalogados como sujetos de especial protección constitucional. En este orden de ideas, en principio, se requiere de este tipo de test por cuanto se estaría en presencia de un criterio que genera sospecha al juez constitucional, por estar en juego los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Ciertamente, el demandante plantea que al limitarse los honorarios a los abogados de las víctimas del conflicto armado interno (en materia de tutela y en acciones contencioso administrativas) se está produciendo un menoscabo a este tipo de víctimas por cuanto limita de manera grave su acceso a la administración de justicia. Aunque lo afirmado en la demanda no es un parámetro de obligatorio seguimiento, si genera sospecha al juez constitucional respecto de los derechos de las víctimas ya indicadas. En consecuencia, corresponde al juez constitucional verificar si en efecto la vulneración planteada en la demanda se está o no presentando. TEST ESTRICTO DE IGUALDAD-Aplicación En aplicación del test estricto de igualdad, debe el juez constitucional determinar si la norma acusada realmente otorga un trato diferente a las personas colocadas en situación similar, si ello en realidad ocurre se debe analizar "(i) si la medida es o no "adecuada ", esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no "necesario" o "indispensable ", para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. ; (iii) finalmente el juez realiza un análisis de "proporcionalidad en estricto sentido" para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial". Debe igualmente la Corte “cerciorarse de que el fin perseguido por el legislador sea legítimo, importante e imperioso; el medio adecuado, efectivamente conducente y necesario, y la relación medio-fin adecuada, efectivamente conducente y no susceptible de ser remplazada por otro medio alternativo o menos lesivo. TOPES DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Trato diferenciado del restante universo de profesionales del derecho responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad TOPES DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Medidas alternativas propuestas no suplen la necesidad de la medida legislativa para evitar el abuso de los abogados/TOPE DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Límites de honorarios de base y no en la cuota litis/SANCION DISCIPLINARIA DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-No suple la necesidad del tope de honorarios para evitar los abusos/FORTALECIMIENTO DE AMPARO DE POBREZA Y REGULARIZACION DE PARAMETROS EN LOS HONORARIOS DE ABOGADOS-Son medidas que pueden ir complementadas pero no suplantan la necesidad del tope de honorarios para evitar abusos Referencia: D- 8928 Tema: límite a monto de honorarios a cobrar sobre las víctimas del conflicto armado interno cuando interpongan acción de tutela o acudan a la justicia contenciosa administrativa para una reparación o indemnización por el daño sufrido. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011. Demandante: Julio Enrique Soler y otro. Magistrado Ponente: JORGE IVAN PALACIO PALACIO. Bogotá, D. C., Primero (1°) de Agosto de dos mil doce (2012). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Enrique Soler y otro, presentó demanda contra el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2012, por vulnerar supuestamente los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 26, 29, 58, 83, 84, 86, 90, 93, 229 y 333 de la Constitución Política, sin embargo la Sala hará el examen respecto de los artículos 13 y 158 de la Carta. Mediante auto de dos (2) de febrero de 2012, la demanda presentada fue admitida por el Despacho. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inexequibilidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011, y se subraya el aparte acusado: “LEY 1448 DE 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: (…) “ARTÍCULO 44. GASTOS DE LA VÍCTIMA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES. Las víctimas respecto de las cuales se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos para cubrir los gastos en la actuación judicial, serán objeto de medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso penal. De manera preferente y en atención a los recursos monetarios y no monetarios disponibles, podrán ser objeto de medidas tales como el acceso a audiencias a través de teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las respectivas etapas procesales. PARÁGRAFO 1o. Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a la justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de éxito, cuota litis, o porcentaje del monto decretado a favor de la víctima por la autoridad judicial. Lo anterior tendrá aplicación independientemente de que se trate de uno o varios apoderados e independientemente de que un proceso reúna a varias víctimas. PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley” (…) III. DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD. El demandante señala dos grandes campos de argumentación que fundamentan la solicitud de inexequibilidad de la norma acusada. En primer lugar, hace referencia a la violación del principio de igualdad y en segundo lugar, a la violación del principio de unidad de materia. Violación del principio de igualdad. Antes de la expedición de la ley 1448 todos los abogados estaban regidos por las mismas normas. La ley introdujo cambios en relación con los abogados que tramitan procesos contencioso administrativos o de tutela, en nombre de víctimas del conflicto armado interno, cuya acción está dirigida contra el Estado, que los deja en extrema desventaja en relación con los restantes abogados, no sólo de los abogados en general, sino incluso de aquellos que adelantan acciones por este mismo tipo de hechos cuando el autor sea un actor armado diferente a un agente estatal. La regla que se aplica a todos los abogados es que el monto de los honorarios se determina como consecuencia del libre acuerdo de las partes. Como referente para la fijación de esos honorarios se cuenta con las definiciones de los colegios de abogados que a su vez incluyen dos aspectos: a). unos razonables aplicables a cualquier tipo de honorarios; y b). unas tarifas con cuantías diferenciadas según el tipo de casos y criterios sistematizados por el Consejo Superior de la Judicatura. El fenómeno de honorarios llamado “cuota litis” se presenta en todos los tipos de procesos y está supeditado a que el fallo sea estimatorio y además a que mientras el proceso se surte el apoderado no cubre costos sino que estos son asumidos por el profesional contratado. El ordenamiento jurídico establece reglas y parámetros para la fijación de honorarios y un régimen disciplinario a accionar en caso de que tales reglas fueran violentadas. En este sentido se hace referencia general a que los honorarios se consideran adecuadamente ajustados cuando se atiende un “criterio equitativo, justificado y proporcional en relación al servicio prestado de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”. Así las cosas, indica, en contraste con lo que venía pasando en materia de honorarios, la norma acusada establece un techo al monto de estos, de abogados en dos tipos de procesos: en acciones de tutela y en procesos contenciosos administrativos promovida por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Dicha diferenciación no tiene en cuenta varias eventualidades: (i) que se represente a una sola persona; (ii) que se represente a varias personas; (iii) el avance del proceso; (iv) la asunción de eventualidades por parte del apoderado; (v) que el apoderado tenga o no experiencia. Afirma que la norma acusada genera un trato diferenciado que viola la Constitución no sólo porque genera una discriminación en relación con los demás abogados litigantes y porque establece limitaciones a los derechos de los abogados que trabajan en causas que vinculan violaciones al DD.HH. y al D.I.H., sino porque genera una discriminación respecto a las víctimas de graves crímenes, que presenten pretensiones a la administración de justicia en casos que deben ser juzgados en función de la naturaleza de las dos acciones referidas. Así las cosas, concluye el demandante, la disposición acusada violenta el principio de igualdad entre los abogados que representan víctimas de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitarios en el marco del conflicto armado interno en acciones de tutela y proceso contenciosos administrativos, en relación con los restantes abogados litigantes, trasgrede el principio general de autonomía de la libertad de esos abogados, así como sus derechos a escoger profesión u oficio y su derecho al trabajo. Determinación del tipo de escrutinio para la violación del derecho de igualdad. Expresa el demandante que la diferenciación entre los abogados que litigan en causas de derechos humanos donde la contraparte es el Estado y aquellos que no, comporta necesariamente un criterio sospechoso en la medida en que la circunstancia por la cual se distinguen unos y otros se encuentra signada por una actividad reconocida y especialmente protegida por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. La diferencia entre los abogados afectados por la norma demandada es que estos representan a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado y/o representan víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan amparo a sus derechos fundamentales por amenazas cometidas por autoridades o particulares, y los restantes abogados que representan a personas que presentan otro tipo de reclamos judiciales. Evidentemente este es un criterio sospechoso, que implica condiciones de contratación restrictivas fundadas en la naturaleza de los hechos involucrados – violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y la naturaleza del Estado como parte demandada-, por lo tanto acorde con la jurisprudencia constitucional el test debería calificarse de estricto. Señala el demandante que la norma acusada afecta gravemente a las víctimas en sus derechos a la verdad, justicia y reparación, por sufrir violaciones a sus derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; limita profundamente el derecho de ellas a contar con una representación judicial que los sitúe en las mejores condiciones de exigencia de sus derechos que les sean posibles, su derecho de acceso efectivo a la justicia y a lograr reparación y/o amparo. Principio de adecuación o de idoneidad. (i) Legitimidad constitucional. Según las actas de discusión de la ley el inciso cuestionado se elaboró para proteger a las víctimas del conflicto interno respecto a eventuales abusos de los abogados. En ese orden de ideas, proteger a las víctimas de la violencia, de supuestos o eventuales abusos de los abogados sería constitucionalmente legítimo. No obstante, no se entiende porque si ese era el propósito expresado, lo que se definió fue una medida de control dirigida exclusivamente a dos tipos de acciones: la acción de tutela y las acciones de lo contencioso administrativas. De las actas mencionadas no se desprende las razones por las cuales el supuesto abuso de los abogados solo se presenta exclusivamente en los dos tipos de acciones referidas. En otras palabras, no existe información sustentada sobre el alegado nivel de desprotección específico y exclusivo en este tipo de procesos, en el que estarían las víctimas en relación con abusos de los abogados. En consecuencia, de lo que trata la disposición acusada es de un control al acceso a la justicia para determinado tipo de procesos más que una protección para las víctimas sin importar el tipo de proceso de que se trate. Así entonces, la finalidad de proteger a las víctimas de abusos es constitucional y legítima, la finalidad de controlar las acciones de los abogados que representen víctimas de violaciones de derechos humanos en procesos donde la parte demandada es el Estado, bajo el prejuicio de que son éstos los abogados que abusan de las víctimas es una finalidad claramente inconstitucional. (ii) Idoneidad del medio seleccionado en relación con el fin que se propuso el legislador. La profesión de abogado es una actividad que cuenta con varias regulaciones normativas (arts. 26, 29, 299 C.N., arts. 63 C.P.C., arts. 2142 a 2199 C.C., entre muchas otras). De dichas normas se extrae que la representación es una actividad remunerada por ende le es aplicable el carácter conmutativo de las obligaciones entre el mandante y el representado. Igualmente se encuentra que el monto de los honorarios está basado en la libertad contractual, pero tiene límites legales y sanciones para aquellos que se exceden (art. 54 ley 196 de 1971). Así las cosas, la regla general para la definición de los honorarios de los abogados es la libertad contractual, no obstante se han establecido algunas pautas para establecer el monto (ley 1123 de 2007) de los honorarios indicando que no pueden superar la participación correspondiente al cliente. De la misma manera los Colegios de Abogados han fijado criterios para establecer el monto de los honorarios que pueden cobrar los abogados a sus representados; en igual sentido, el Consejo Superior de la Judicatura ha indicado algunos parámetros al respecto. Ahora bien, las normas legales también han señalado prohibiciones y sanciones a los abogados que se excedan en el cobro de honorarios (art. 54 ley 1123 de 2007). Agrega el demandante que, la conexión entre medio y fin es muy problemática en el presente caso: la fijación del un tope rígido, arbitrario y radicalmente bajo, no se evidencia como un mecanismo para contrarrestar abusos de la figura de cuota litis sino para evitar el uso de esa figura y desincentivar las demandas en su contra, por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; ello indica que se está ante una conexión de conveniencia y no una conexión necesaria entre la medida adoptada y el fin perseguido. Sin duda el mecanismo elegido no es el más idóneo para conseguirlo, porque no solo evita los supuestos o reales abusos de los abogados en el ejercicio de su mandato de representación de las víctimas, sino que, en la vida práctica cancela la posibilidad de que los abogados representen judicialmente a las víctimas en los procesos contenciosos administrativos con el Estado. (iii) Idoneidad del medio utilizado por la ley en relación con las víctimas. Con anterioridad a la norma acusada, las víctimas podían acudir libremente y escoger con entera libertad el abogado que las representara ante la administración de justicia. La debilidad de las víctimas de la violencia derivada del conflicto armado es predicable de la asimetría de poder que existe en relación con los victimarios. Por el contrario, no existe prueba alguna que, este tipo de víctimas tenga una relación de debilidad en relación con sus abogados, diferente a la que tienen otro tipo de afectados por la responsabilidad extracontractual del Estado, en relación con sus propios abogados. Subprincipio de Necesidad. (i) Identificación del o los medio (s) alternativo (s) para conseguir el fin perseguido en la ley. El demandante plantea como alternativas: un techo legal para la cuota litis y sanción a infractores, amparo de pobreza para las víctimas y una regularización judicial parametrizada. (ii) Escrutinio de eficacia. Las alternativas expuestas tendrían similar o mayor eficacia para controlar los eventuales abusos de los abogados que los medios utilizados por la norma acusada, su aplicación no sería más tardía que la de la medida acusada, permitiría controlar las mismas variantes de abusos que tal norma y permitiría materializar el control que se pretende alcanzar con la misma seguridad que la disposición normativa en cuestión. En efecto, el techo en cuota litis evitaría cobros superiores a los porcentajes establecidos por los colegios de abogados y su aplicación práctica tendría las mismas posibilidades y limitaciones que la suma fija planteada en la norma acusada. Si además de la medida se establecen mecanismos específicos para investigar y sancionar disciplinaria y penalmente a los abogados que transgredan estos techos, la eficacia aumentaría. La propuesta de amparo de pobreza permitiría lograr que las víctimas que lo necesiten puedan contar con un abogado calificado, que los puede representar por un porcentaje inferior al planteado por los colegios de abogados para este tipo de procesos. Finalmente, la fijación judicial de costas permitiría un control caso a caso de las agencias de derecho a que haya lugar. Si a ello se agrega que tales costas deberían ser trasladadas al perdedor, se lograría mantener la integridad de la indemnización para las víctimas, ello conduciría a que su nivel de eficacia fuera superior al del parágrafo cuestionado. (iii) Grado de intervención que la medida tiene en relación con principios y derechos constitucionales. Para el caso de los abogados, además del principio de igualdad, resultan afectados la libertad contractual, la libertad de escogencia de profesión u oficio y el derecho al trabajo. Respecto de la libertad contractual, indica el demandante que los requisitos para que el legislador pueda limitar la libertad entre abogados y representantes debería haber cumplido con los siguientes requisitos: demostrar que no es manifiestamente innecesaria, que los motivos que justifican la intervención deben ser ajustados a la Constitución, no pueden afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa y su operatividad debe permanecer incólume, debe obedecer al criterio de solidaridad y debe responder a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Así las cosas, el artículo 44 acusado vulnera la libertad contractual por las siguientes razones: (i) la medida tomada no es evidentemente necesaria puesto que existen disposiciones normativas que permiten controlar los eventuales abusos que puedan cometer algunos abogados, (ii) el legislador no explica los motivos que le impulsaron a expedir la norma, (iii) se afecta el núcleo esencial del derecho de contratar libremente entre abogados y representados porque en algunos casos reduce a la décima parte los honorarios que regularmente se cobran por este tipo de representaciones judiciales, en otras eventualidades a la centésima parte y en otras la reducción es mayor. (iv) se violan los criterios de razonabilidad y proporcionalidad porque la fórmula propuesta más que evitar los abusos, lo que termina negando es la posibilidad de que existan acuerdos entre abogados y víctimas para exigir del Estado la reparación de perjuicios mediante procesos contenciosos administrativos. Respecto de la libertad de escoger profesión u oficio, se ve vulnerado por cuanto: (i) las medidas no están construidas para proteger el interés general, (ii) restringen el ámbito de la libertad e igualdad que hacen parte del contenido esencial del derecho a la profesión u oficio porque establece diferencias que no se basan en criterios objetivos o racionales. (iii) se introducen discriminaciones injustas, relacionadas con el art. 84 de la Constitución, por cuanto la norma acusada introduce modificaciones que incluye requisitos adicionales para el ejercicio de la profesión de abogado que son arbitrarios y adicionales. En lo tocante a la afectación del derecho al trabajo, indicó el demandante, que los criterios establecidos por los colegios de abogados y acogidos por el Consejo Superior de la Judicatura para definir los honorarios de los abogados, se alinean con las normas internacionales y el principio de a trabajo igual, igual remuneración. (iv) Grado de intervención que la medida tiene en los derechos y principios constitucionales, en relación con las víctimas. Insiste el demandante que la norma acusada afecta la libertad contractual. En efecto, las víctimas no podrían contar con una oferta suficiente de profesionales del derecho que les permita acudir a la administración de justicia, para que el Estado les repare los daños causados. Los topes impuestos eliminan la libre competencia y con ello la posibilidad de contar con oferta suficiente para ese propósito o por lo menos oferta calificada. El techo de los honorarios planteado por la disposición cuestionada, sería un obstáculo para que abogados calificados adelanten procesos contenciosos administrativos contra el Estado en los casos de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La norma acusada, se adiciona, crea un privilegio a favor del Estado, haciendo ilusoria la posibilidad de que las víctimas acudan a procesos en los cuales se pueda establecer la responsabilidad de los victimarios en los hechos y se les ordene pagar una sanción equivalente al daño infringido. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Respecto del mencionado acápite, indica el demandante que se tendrá en cuenta la comparación entre la importancia del objetivo que se pretende alcanzar (controlar algunos abusos de los abogados) y la afectación de derechos constitucionalmente protegidos, que resultan menoscabados con la medida. (i) En relación con el número de afectados positiva o negativamente. El grado de realización del fin perseguido es bajo en dos sentidos: los abusos son una excepción en el ejercicio de la profesión en las demandas contencioso administrativas contra el Estado. La afectación que con la medida se causa incluye no solo a quienes abusan sino a todos los que ejercen la profesión de manera ética y con apego a regulaciones normativas aplicables al caso. (ii) En relación con la gravedad de las afectaciones positivas o negativas. El tope impuesto es tan arbitrariamente bajo que significa una sanción a los abogados sin que medie el derecho de defensa, elimina la libertad contractual de las partes para fijar sus honorarios, afecta el núcleo esencial de la libertad de escoger profesión u oficio de los abogados, cercena por completo el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación que tienen las víctimas, en los casos regulados por la norma acusada. Por tal razón - afirma el demandante- entre muchas más razones lo que se busca es desincentivar la presentación de demandas contenciosas administrativas en general, pero en particular aquellas que corresponden a graves masacres y numerosas desapariciones forzadas. La razón, evitar que judicialmente se establezca la responsabilidad del Estado por la acción antijurídica de sus agentes y sustraerse a la obligación de pagar las indemnizaciones que de ello se derivan. Por consiguiente, la legitimidad constitucional de la norma acusada es nula. Violación del principio de unidad de materia. Señala el demandante que el artículo 1° de la ley 1448 de 2011 establece como objeto indicar un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en el marco de la justicia transicional, y que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ende, se indica, la norma acusada carece de unidad de materia con lo buscado por la ley, por cuanto a lo largo de la ley 1448 de 2011, el legislador evita y omite la responsabilidad del Estado, de hecho hace énfasis en que en ningún caso se estará ante al reconocimiento de obligaciones a cargo de este y por ello la reparación que se ofrece está basada en el principio de solidaridad que se encuentra estipulado en el preámbulo constitucional. Por las razones expuestas, el demandante solicita se declare la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011. Es de anotar que la demanda presentada es coadyuvada por 21 personas más. IV. INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. José Fernando Perdomo Torres interviene en el presente proceso, en calidad de Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, con el objetivo de solicitar que la Corte se inhiba o en su defecto que declare la exequibilidad de la disposición cuestionada. Ineptitud sustantiva de la demanda. Al respecto manifiesta que se presenta ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no resulta admisible que el argumento de un cargo de inconstitucionalidad se fundamente exclusivamente en la descalificación de la diversidad regulativa. No es posible que el cargo se limite en señalar que dos situaciones disímiles han sido reguladas de manera diversa por el legislador. Expresa el interviniente que el demandante parte de un supuesto errado: que se trata de dos grupos que son comparables entre sí cuando, por el contrario, no es dable compararlos. No es posible concluir que las víctimas para las cuales están dirigidas las medidas de protección de la ley 1448 de 2011 y los demás ciudadanos se encuentran en una situación similar y por lo tanto, deben ser objeto de los mismos mecanismos de protección. En el mismo sentido, tampoco es posible concluir que los abogados para los cuales está dirigida la norma cuestionada y los demás abogados se encuentran en la misma situación, y, por lo tanto, al establecer un trato diferenciado se está vulnerando el derecho a la igualdad de los primeros respecto a los segundos. Con base en los argumentos expuestos se solicita a la Corte declararse inhibida para decidir de fondo la demanda impetrada y de forma subsidiaria en caso de que la Corte decida pronunciarse se declare la exequibilidad de la norma acusada con base en los siguientes razonamientos: Si bien el proyecto de la ley 1448 de 2011 no incluía en su texto inicial una referencia expresa acerca de los honorarios de los abogados de las víctimas en el marco de la ley, si se hacía referencia desde un comienzo a los gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales. Lo referente a los honorarios de los abogados de las víctimas fue discutido y debatido ampliamente en el curso del trámite legislativo. No afectación del principio de igualdad respecto de los abogados. La situación de los abogados que deciden representar judicialmente a las víctimas a las cuales se refiere la ley 1448 de 2011 , es diametralmente diferente a la de los demás abogados, por cuanto se está frente a personas que pertenecen a una población que en su mayoría se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. En el evento que la Corte considere realizar el test de igualdad, el interviniente presenta los siguientes razonamientos: (i) la diferenciación comprendida en el parágrafo demandado, se encuentra dirigida a proteger de manera especial a las víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derecho humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La norma buscó proteger a las víctimas en relación con los abusos de profesionales del derecho inescrupulosos que pretendan aprovecharse de esa especial situación de vulnerabilidad, el fin buscado por la diferenciación es legítimo a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el fin buscado por la norma demandada goza de asidero constitucional. (ii) el medio empleado es compatible con la Constitución. El medio es compatible con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En efecto, con esa medida el legislador pretendía proteger a las víctimas y así garantizar la efectiva materialización de sus derechos. (iii) el medio no solo es idóneo respecto del fin buscado sino que no constituye una medida arbitraria. No existía otro medio distinto a la inclusión de unos topes en los honorarios de los abogados del parágrafo 1° del art. 44, para garantizar que no se cometieran abusos en contra de la población vulnerable. No existía además otra forma que pudiera haberse utilizado para delimitar el cobro de sumas exorbitantes por parte de los abogados, situación contraria a los derechos de las víctimas. En relación con la supuesta vulneración de otros derechos, indicó el interviniente que no se afecta la libertad de profesión u oficio, por cuanto el legislador no abordó con la norma una regulación específica sobre la posibilidad de elegir profesión, ello no afecta la posibilidad de optar por convertirse en abogado. Se agrega que la libertad contractual puede ser limitada cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales o consideraciones de interés general. No afectación del derecho a la igualdad respecto de las víctimas. (i) la situación de hecho de las víctimas de que trata el art. 3 de la ley 1448 de 2011, no es comparable con la situación de otras víctimas de acciones u omisiones de agentes del Estado. La Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que el grupo social de los desplazados por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles; de igual manera lo ha reconocido el legislador al establecer una política especial de atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. (ii) La diferenciación comprendida en el parágrafo demandado, se encuentra dirigida a proteger de manera especial a las víctimas de que trata el art. 3 de la ley 1448 de 2011, respecto a los abusos de profesionales del derecho inescrupulosos que pretendan aprovecharse de su especial condición de vulnerabilidad. Señala el interviniente que se han reportado casos de abogados que aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado interno, cobran honorarios excesivos por trámites de naturaleza gratuita. Después de mostrar varios casos sobre abusos de abogados refiere a los honorarios acordados por los apoderados de las víctimas en el renombrado caso de la “toma de las delicias”. (iii) Establecer un tope a los honorarios de los abogados es una medida adecuada para proteger a las víctimas. Si los abusos señalados por el legislador en la exposición de motivos, como por noticias de prensa, incluso mediante denuncias penales, parte de la base del cobro indiscriminado de honorarios por representar a las víctimas en procesos judiciales, es adecuado establece un tope para recibir, pactar o acordar una remuneración determinada en esos casos. (iv) Respecto a la supuesta afectación al derecho a acceso a la justicia de las víctimas. De aceptarse que la norma en comento establece una limitación al derecho al acceso a la justicia de la víctimas, lo cual no se encuentra fundamentado ni probado desde ninguna perspectiva, esa limitación es legítima a la luz de la Constitución teniendo en cuenta que la ley 1448 de 2011 constituye uno de los mecanismos de justicia transicional con los que cuenta el Estado para enfrentar una serie de violaciones que han resultado en un número extraordinario de víctimas. 2. Intervención del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Lucy Edrey Acevedo Meneses en su calidad de jefe de la oficina asesora jurídica, interviene con el propósito de solicitar que la Corte se declare inhibida para emitir un fallo de fondo o en subsidio declare la exequibilidad de de la norma acusada. En efecto, en la demanda bajo examen el actor se limitó a citar las normas aparentemente violentadas sin hacer mayor precisión del porqué la disposición demandada infringe las disposiciones legales y constitucionales, la ausencia del desarrollo argumentativo que sustente la presunta inconstitucionalidad de la norma demandada imposibilita a la Corte para emitir un pronunciamiento de fondo. No obstante lo anterior, la interviniente esboza argumentos de fondo para defender la constitucionalidad de la disposición demandada. Así las cosas, señala que la ley en cuestión no aparece espontáneamente en el ordenamiento jurídico colombiano sino que es el resultado de un proceso de reconocimiento de la sociedad en general. Siendo un tránsito hacia la paz, es admisible que exista una amplia facultad de configuración legislativa por parte del Congreso de la República. Por consiguiente, y viendo lo que pasa, la finalidad de las ayudas humanitarias, la reparación administrativa se desvanece, debido a que no cumple con su objeto de satisfacer los derechos de las víctimas, ya que parte de las sumas reconocidas se quedan en manos de apoderados judiciales. Se señala igualmente que si bien es cierto la norma es una limitante a la profesión de la abogacía, empero es importante aclarar que no toda limitación es un menoscabo a un derecho de rango constitucional, debido a que en el caso bajo examen la regulación descrita en la norma cumple con el objetivo de garantizar que la administración de justicia sea de bajo costo para el ciudadano y que la reparación obtenida bien sea por orden judicial o por protección constitucional mediante tutela no se quede en manos de los apoderados judiciales. 3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lina Quiroga Vergara en su calidad de delegada del Ministro de Hacienda y Crédito Público, interviene en el presente proceso para solicitar que se declare la exequibilidad de la norma acusada. Manifiesta la interviniente que la modificación de la reglamentación relativa a los honorarios de los abogados no es una violación al principio de igualdad. El demandante parte de una inconsistencia, ya que supone que el derecho sobre el cual la norma acusada extiende sus efectos es el derecho a la igualdad. La norma demandada es una regulación de un aspecto específico de la relación jurídica entre apoderado y poderdante que entra en la órbita de la libre competencia y de la libertad contractual, así entonces la sola alteración de las reglas que regulan las actividades económicas de los agentes privados no puede considerarse en sí misma violatoria del derecho de igualdad. Señala la interviniente, que en realidad la norma no establece un trato desigual sino que fija unas condiciones para el ejercicio de una actividad liberal y por lo mismo el análisis de su constitucionalidad no se adelanta mediante un test de igualdad, sino mediante la verificación de la razonabilidad de la intervención del legislador en dicho derecho. La norma acusada responde entonces a la intervención del legislador en los derechos de libre competencia y libertad de empresa, por cuanto establece unas condiciones puntuales que regulan la determinación de los honorarios que se generen como resultado de una actividad liberal. En este orden de ideas, la norma pretende evitar que los abogados defensores hagan uso de la condición de indefensión y debilidad de sus poderdantes, para apropiarse de porcentajes desorbitantes de las condenas obtenidas a su favor. 4. Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Cristina Pardo Schlesinger en su calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, interviene con el fin de solicitarle a la Corte Constitucional que declare al exequibilidad del artículo 44(parcial) de la ley 1448 de 2011. Violación del principio de igualdad. El primer argumento de la demanda se basa en una división artificiosa que lo invalida desde el comienzo. En efecto, se parte de la base que los abogados apoderados de las víctimas de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, están adscritos previamente a una jurisdicción y no pueden ejercer su profesión en otra. Y como a juicio del demandante, esa adscripción existe, entonces la norma que limita el alcance de los honorarios resulta discriminatoria en relación con los demás. No obstante, esta premisa es equivocada y por tanto el primer cargo de la demanda resulta insostenible. Por consiguiente, la limitación que trae consigo la norma acusada no implica discriminación alguna, ya que no existe como tal la categoría de “abogado de acción de tutela” o la de “abogado de proceso contencioso administrativo”, respecto de los cuales la norma estuviera otorgando un trato desigual inconstitucional. El trato diferenciado no se confiere en función de la profesión o de la especialidad, sino del proceso de que se trata. Incluso dentro de la respectiva jurisdicción, la norma no resulta discriminatoria, debido a que la limitante de honorarios sólo se refiere a los procesos (de tutela o contencioso administrativos) que se adelanten voluntariamente por las víctimas a que hace referencia el art. 3 de la ley 1448 de 2011, lo que deja a salvo los demás procesos que los abogados tramiten ante dichas jurisdicciones (sin contar con los de las demás jurisdicciones). La norma restringe significativamente el espectro de los procesos, limita su ámbito de acción y debilita cualquier argumento justificativo de una posible discriminación. Desprotección de las víctimas. La reducción de la cantidad de abogados dispuestos a llevar procesos de tutela o contenciosos administrativos, no es consecuencia necesaria de la reducción de honorarios en la materia. Esta conclusión es resultado de una especulación que no se deriva de manera obligatoria de la norma. Ello porque la conclusión presume varias circunstancias que nos son invariables. Constituye una especulación sostener que la oferta de abogados para atender los casos que habrían de tramitarse en la jurisdicción constitucional y contencioso administrativa se reduciría necesariamente por falta del incentivo económico que promueve la disposición. La finalidad de los procesos en que están involucrados los derechos de las víctimas no es necesariamente la indemnización, por lo que a ojos del legislador, es conveniente y legítimo evitar que el escenario de la reparación del daño de la víctima no se convierta en un negocio para el abogado. Vulneración de la libertad de contratación. No existe en el ordenamiento constitucional un derecho de vigencia absoluta y además el derecho a la libre contratación en materia de litigio en derecho está sometido a regulaciones legales de conformidad con los intereses en juego, en reconocimiento del componente de responsabilidad social que involucra esta profesión. Dado que el abogado no está en plena libertad de señalar sus honorarios, es posible indicar que la proporcionalidad de los mismos debe estar acorde con su función. La libertad de contratación en materia de fijación de honorarios jurídicos no es absoluta y en cambio está sometida a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, es legítimo que el Estado restrinja legalmente el monto de los honorarios cuanto identifique que en ciertos procesos es necesario garantizar la realización de principios que exceden el mero interés económico del abogado 5. Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas. El señor Gustavo Gallón y otros, en su calidad de integrantes de la Comisión, intervienen para solicitar a la Corte Constitucional se declare la inexequibilidad de la norma demandada. Se afirma que los únicos procesos donde la norma acusada ha limitado los honorarios de los abogados representantes de víctimas son aquellos donde puede estar involucrada la responsabilidad del Estado. Es necesario evidenciar que la norma acusada entraña un trato diferenciado entre las víctimas que acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de tutela, y el Estado, que en estos procesos acude como sujeto pasivo de las respectivas acciones enunciadas que tienen como finalidad la reparación de los hechos dañosos ocasionados por graves violaciones. Dicho trato diferenciado consiste en que las víctimas para efectos de presentar las acciones de esta naturaleza, solamente pueden acudir a la representación judicial de abogados cuyos honorarios no superen el límite dispuesto por la ley, mientras que el Estado para efectos de su defensa judicial, no tiene restricciones en la escogencia del profesional del derecho que represente sus intereses. Una de las garantías que hacen parte del acceso a la justicia consiste en que dicho acceso se realice en una situación idéntica a la de la contraparte, de tal forma que las pretensiones o excepciones accionadas se presenten al juez en las mismas condiciones de tiempo, modo, lugar, para que el juez pueda decidir sin que medien arbitrariedades o desventajas con respecto a las partes. En este orden de ideas, el legislador con el argumento de otorgar protección a las víctimas que acceden a la representación judicial, afectó el núcleo de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Por consiguiente, es posible inferir una afectación del derecho a la igualdad procesal proveniente de la diferenciación entre la regulación a la que están supeditadas las víctimas en cuanto a su representación judicial en los procesos de tutela y contencioso administrativos, de un lado y el Estado o las autoridades públicas que estén llamadas a acudir a estos procesos. Ahora bien, respecto de la finalidad de la medida conviene preguntarse si el objetivo concebido por la norma acusada busca satisfacer un requerimiento de carácter constitucional. Pretender que no existan abusos de los abogados aprovechándose de las víctimas de que se viene tratando, es un objetivo legítimo. Lo precedente por cuanto son sujetos de especial protección. El segundo paso de análisis es si el medio concebido por el legislador no se encuentra prohibido en el ordenamiento jurídico. Es posible señalar que este tipo de medidas afirmativas constituyen medios legítimos contemplados por la misma Constitución para efectos de corregir las distintas circunstancias de inequidad y abuso provenientes del ejercicio del derecho al acceso a la justicia y el debido proceso. Debe valorarse si el medio concebido por el legislador es necesario y proporcionado para alcanzar el fin constitucionalmente imperioso. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura valiéndose de la regulación prevista por el Código Disciplinario del Abogado, han establecido parámetros que resultan flexibles ya que permiten analizar en cada caso concreto cuando los honorarios cobrados por los abogados resultan desproporcionados. Se agrega que el Estado debe fortalecer el sistema nacional de defensoría pública y ampliarla a este tipo de procesos donde las víctimas requieren de asistencia jurídica cualificada y gratuita para efectos de obtener una reparación, bien sea por vía de acción contenciosa administrativa o de la acción de tutela. Por ende, al no poder constatar que la restricción en los emolumentos destinados a las agencias en derecho también está prevista para la defensa judicial del Estado en los procesos contencioso administrativos y de tutela, se configura entonces una afectación severa al principio de igualdad procesal, debido a que las víctimas que acuden al aparato de justicia para presentar sus pretensiones de reparación no tienen al respecto el mismo derecho que su contraparte de acudir al profesional que consideren más cualificado para la defensa de sus intereses. Lo anterior, en detrimento del derecho a desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Así las cosas, la relación medio-fin resulta insuficiente para proveer una justificación constitucionalmente válida que permita evidenciar la constitucionalidad de la medida prevista en la norma acusada. 6. Intervenciones Ciudadanas 6...