Sentencia C-423 de 2023

C-423-23 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Rechazo por estar en curso una igual y presentada por el mismo demandante ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ejercicio simultáneo atenta contra principios de economía y celeridad procesal DECISION INHIBITORIA PREVIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No impide que los textos acusados puedan ser nuevamente objeto de estudio a partir de una demanda que satisfaga cabalmente las exigencias de ley DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-423 de 2023 Referencia: expediente D-15181 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 de 2006 “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, modificados por los artículos 4 y 8 de la Ley 1878 de 2018 “[p]or medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones”. Demandante: Pablo Andrés Chacón Luna. Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. Antecedentes 1. Pablo Andrés Chacón Luna presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 de 2006 “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y de la Adolescencia”, modificados por los artículos 4 y 8 de la Ley 1878 de 2018 “[p]or medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones”, respectivamente.[1] 2. La demanda fue inadmitida mediante Auto del 13 de marzo de 2023. Dentro del término de ejecutoria de la anterior decisión, el actor presentó subsanación de la demanda. Una vez efectuado el estudio exigido por el ordenamiento, la demanda fue admitida mediante Auto del 11 de abril de 2023. 3. A través de esa providencia se dispuso, además, (i) correr traslado a la Procuradora General de la Nación,[2] (ii) fijar en lista las disposiciones acusadas; y (iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República[3] y a la Nación - ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho; y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 4. De igual forma, con el objeto de emitir concepto sobre la demanda de la referencia,[4] (iv) se invitó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal -ICDP, al Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA, a Save The Children, a la UNICEF, a la Fundación Casa de la Madre y el Niño, a la Fundación Pisingos, a la Fundación CRAN, a la Fundación FANA, a la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia - CORJUSTICIA, al Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, a los programas de especialización en derecho de familia de las universidades Externado de Colombia, del Rosario, Javeriana, Nacional de Colombia, Libre de Bogotá, así como a las facultades de Derecho de las universidades de Antioquia, del Norte, del Valle, de La Sabana, de los Andes, EAFIT, Santo Tomás, Sergio Arboleda e Industrial de Santander -UIS, y al Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. 5. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. II. Norma demandada 6. A continuación, se transcriben las disposiciones demandadas, destacando los apartes cuestionados: “LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8) Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) ARTÍCULO 100. TRÁMITE. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez se dé apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a favor de un niño, niña o adolescente, el funcionario notificará y correrá traslado del auto de apertura por cinco (5) días, a las personas que de conformidad con el artículo 99 del presente Código deben ser citadas, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado, la autoridad administrativa decretará de oficio o a solicitud de parte, las pruebas que no hayan sido ordenadas en el auto de apertura, que sean conducentes, útiles y pertinentes, las cuales se practicarán en audiencia de pruebas y fallo o fuera de ella, de acuerdo con su naturaleza y con sujeción a las reglas del procedimiento civil vigente. Las pruebas que fueron debidamente decretadas deberán practicarse, en caso contrario, la autoridad administrativa competente, mediante auto motivado revocará su decreto. De las pruebas practicadas antes de la audiencia de pruebas y fallo, mediante auto notificado por estado, se correrá traslado a las partes por un término de 5 días, para que se pronuncien conforme a las reglas establecidas en el procedimiento civil vigente. Vencido el término del traslado, mediante auto que será notificado por estado, se fijará la fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en derecho corresponda. El fallo es susceptible de recurso de reposición que debe interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les notificará por Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación. Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición. El juez resolverá en un término no superior a veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la radicación del proceso. En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente en un término máximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar. El juez resolverá en un término no superior a dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la radicación del proceso, so pena que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar. Si el juez no resuelve el proceso en este término, perderá competencia para seguir conociendo del asunto, remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia que le sigue en turno y se pondrá en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura. En los casos que la autoridad administrativa pierda competencia y no remita el proceso al Juez de Familia dentro del término señalado en este artículo, el Director Regional del ICBF estará facultado para remitirlo al juez de familia. PARÁGRAFO 1o. En caso de evidenciarse vulneración de derechos susceptibles de conciliación en cualquier etapa del proceso, el funcionario provocará la conciliación y en caso de que fracase o se declare fallida, mediante resolución motivada fijará las obligaciones provisionales respecto a custodia, alimentos y visitas y en caso de que alguna de las partes lo solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, el funcionario presentará demanda ante el Juez competente. PARÁGRAFO 2o. La subsanación de los yerros que se produzcan en el trámite administrativo, podrán hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuación específica, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del término para definir la situación jurídica; en caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa competente no podrá subsanar la actuación y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su revisión, quien determinará si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente conforme los términos establecidos en esta ley e informará a la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO 3o. Para el efectivo cumplimiento de este artículo, los entes territoriales y el ICBF, dentro de su organización administrativa adoptarán las medidas necesarias para que la información respecto a la presunta vulneración o amenaza de derechos se ponga en conocimiento de la autoridad administrativa en el menor tiempo posible. PARÁGRAFO 4o. El incumplimiento de los términos para la tramitación y decisión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y judiciales será causal de falta gravísima. PARÁGRAFO 5o. Son causales de nulidad del proceso de restablecimiento de derechos las contempladas en el Código General del Proceso, las cuales deberán ser decretadas mediante auto motivado, susceptible de recurso de reposición, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del término de seis (6) meses señalado anteriormente. En caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que asuma la competencia. PARÁGRAFO 6o. En todo caso, ante cualquier vacío jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la legislación procesal civil vigente. PARÁGRAFO 7o. Cuando la definición de la situación jurídica concluya con resolución que deje en firme el consentimiento para la adopción, deberá adelantar el trámite establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 108 del presente Código. (…) ARTÍCULO 108. DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el artículo 100 del presente Código, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación. En los demás casos, la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña o adolescente adoptable y deberá solicitarse la inscripción en el libro de Varios y en el registro civil del menor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La Registraduría del Estado Civil deberá garantizar que esta anotación se realice en un término no superior a diez (10) días a partir de la solicitud de la autoridad. Una vez realizada la anotación de la declaratoria de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de Familia deberá remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la regional correspondiente, en un término no mayor a diez (10) días. PARÁGRAFO. En firme la providencia que declara al niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de voluntad de darlo en adopción, no podrá adelantarse proceso alguno de reclamación de la paternidad, o maternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario del niño, niña o adolescente, y de producirse serán nulos e ineficaces de pleno derecho.” III. La demanda 7. El demandante solicita que la expresión “si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición”, contenida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, sea declarada exequible bajo el entendido “que los comisarios y defensores de familia deben remitir el expediente PARD[5] (sic) al juez competente, cuando la medida de restablecimiento de derechos comporte la separación del menor de su familia de origen.” 8. Así mismo, pide que las expresiones “habiendo existido oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el artículo 100 del presente Código” y “En los demás casos” contenidas en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006, sean declaradas inexequibles, por cuanto permiten la firmeza automática de la decisión administrativa de adoptabilidad aun cuando el niño haya sido previamente retirado de su medio familiar de origen en virtud de una decisión unilateral decretada y practicada por una autoridad administrativa en materia de familia y en contra de la voluntad de los padres. 9. El actor presenta como único cargo la presunta violación del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (Arts. 4, 93 y 94, CP), por cuanto estima que se desconoce el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada al ordenamiento interno por la Ley 12 de 1991-, particularmente, la obligación del Estado colombiano de contemplar la “reserva de revisión judicial” cuando los niños son separados de su núcleo familiar. 10. Para fundar el cargo, plantea que la Convención sobre los Derechos del Niño extendió la exigencia de revisión judicial a todos los casos de niños, niñas y adolescentes separados de su entorno familiar, sin que ese control judicial quede al arbitrio del legislador interno de cada Estado contratante. Sostiene que la regla general que se extrae del artículo 9.1 de la CDN “concibe al niño, niña o adolescente (en adelante NNA) en su seno familiar y, por excepción, procede la separación siempre que se determine a través de las autoridades competentes que aquella es necesaria para satisfacer su interés superior y esté precedida de revisión judicial”.[6] Para sustentar esta interpretación, el demandante afirma que “la revisión judicial debiera ser siempre obligatoria cuando la decisión sea la de separar a un niño, niña o adolescente de su familia incluso, ante la desidia, el desinterés o el allanamiento de los padres a la misma, porque lo que se determina es el interés superior del NNA, sus derechos y no el derecho de los adultos.”[7] 11. El actor precisa que el mecanismo de la homologación previsto en las normas demandadas busca concretar la exigencia de revisión judicial a la que se refiere la Convención sobre los Derechos del Niño. Señala que, si bien en cualquier momento del Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos los padres del niño, la niña o adolescentes pueden manifestar su desacuerdo con que el menor de edad sea retirado de su entorno familiar, tal desacuerdo no se equipara a los mecanismos legales de impugnación u oposición, por lo que el mero desacuerdo expresado por los padres no permite que se habilite la garantía de revisión judicial de acuerdo con los parámetros establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia para el mencionado procedimiento de restablecimiento de derechos, puesto que solo se permite enervar tal decisión a partir del momento en que se profiere la resolución de vulneración de derechos y adoptabilidad, según el caso. 12. De igual manera, el demandante plantea que el procedimiento actualmente previsto para expedir la resolución de adoptabilidad tampoco garantiza de forma plena la garantía de revisión judicial, por cuanto, en especial, en aquellos casos en que los padres no hacen oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa y guardan silencio dentro de la oportunidad prevista en el artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia para oponerse a la resolución de adoptabilidad, la misma adquiere ejecutoria y genera los efectos jurídicos de pérdida de la patria potestad, sin que se haya agotado la revisión judicial obligatoria atribuida con carácter de reserva a la autoridad jurisdiccional cuando se afecta la unidad familiar de los niños, niñas y adolescentes. De allí deriva “una regulación deficiente del PARD que no garantiza el conocimiento de los mecanismos legales de revisión e impugnación por parte del NNA, para ser ejercidos de manera directa o a través de sus representantes, así como tampoco garantiza la asistencia letrada.”[8] 13. Finalmente, el accionante reitera que la reserva de revisión judicial debe operar en todos los casos que se adopten medidas de restablecimiento que afecten la unidad familiar de un niño, niña o adolescente, porque en ese escenario se evalúa y determina su interés superior, además de que el Legislador colombiano no ha previsto en el Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos un mecanismo para darle a conocer al menor de edad los mecanismos de impugnación y revisión, para ser utilizados directamente o a través de representante, por lo que el juez competente suple esa garantía cuando analiza en sede de homologación si se cumplieron todos los ritos del proceso y si la decisión administrativa de retirar al niño, niña o adolescente de su entorno familiar -provisional o definitivamente- atendió el interés superior que les asiste. IV. Síntesis de las intervenciones 14. En el término de fijación en lista se recibieron las siguientes intervenciones: (i) el Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por falta de aptitud sustantiva de la demanda; (ii) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Universidad de los Andes también solicitan la inhibición, aunque piden, en subsidio, declarar la exequibilidad de las expresiones atacadas; (iii) la fundación Casa de la Madre y el Niño, la fundación Los Pisingos y la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia estiman que los fragmentos censurados de los artículos 100 y 108 de la Ley 1098 de 2006 son exequibles; a su vez, la Universidad de Rosario plantea que solo el mencionado artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia se ajusta a la Constitución; y (iv) la Universidad Javeriana, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña argumentan que los apartes atacados del artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia deben ser declarados exequibles condicionalmente, mientras que los apartes censurados del artículo 108 deben ser declarados inexequibles. Esta última solicitud en relación con el artículo 108 también es acompañada por la Universidad del Rosario. - Solicitud de inhibición 15. El Ministerio de Justicia y del Derecho[9] solicita a la Corte emitir una decisión inhibitoria, por ineptitud sustantiva de la demanda. Argumenta que las razones de inconstitucionalidad expuestas por el accionante no son pertinentes ni suficientes para generar un pronunciamiento de fondo. Sostiene que “la demanda no se fundamenta realmente en la vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de las normas acusadas, sino en la falencia de la Convención misma al no exigir la revisión judicial para todas las decisiones administrativas que impliquen la separación del menor de su familia biológica.” Por tal razón, los argumentos planteados por el accionante no son pertinentes, en tanto no se basan en lo que la Convención efectivamente exige, sino en lo que debería exigir, con lo cual la acusación se limita a exponer la opinión subjetiva del demandante. Asimismo, las razones de inconstitucionalidad resultan insuficientes porque no explican por qué se afecta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos en que no se exige homologación judicial de la decisión administrativa que implique la separación del menor de su familia biológica por no existir oposición de ésta. Tampoco se demuestra que el ordenamiento no garantice que el menor de edad conozca, por sí o por su representante jurídico, los mecanismos de revisión y recursos contra dicha decisión. 16. Finalmente, llama la atención sobre la decisión inhibitoria adoptada en la Sentencia C-360 de 2021, en relación con una demanda presentada por el mismo ciudadano frente a las mismas normas, en ese caso dentro del expediente D-14206. Señala que, en aquella ocasión, la Corte reprochó la falta de especificidad de las razones de inconstitucionalidad, por cuanto el demandante no especificaba el alcance del parámetro de control ni expuso las razones que justificaban el alcance otorgado a la previsión convencional que estimaba vulnerada. - Intervenciones con petición principal de inhibición y subsidiaria de exequibilidad 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF,[10] pide que la Corte se abstenga de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda o, de manera subsidiaria, que declare la exequibilidad de las expresiones cuestionadas. Respecto de lo primero, sostiene que los argumentos del demandante no son ciertos, específicos, ni suficientes para generar una controversia constitucional. 18. En particular, señala que no se cumple el presupuesto de certeza, pues si bien el demandante reseña en su escrito la necesidad de que todos los procesos de separación de un niño, niña o adolescente sean revisados de oficio por una autoridad judicial, esta apreciación se basa en una interpretación subjetiva de la Convención de los Derechos del Niño, la cual no consagra una regla de esas características. Puntualiza que la interpretación que el demandante propone no resulta en la garantía del principio del interés superior de los niños, pues no tiene en cuenta que la congestión judicial y las particularidades de cada caso pueden retrasar la salvaguarda de los menores. 19. En el mismo sentido, afirma que la legislación y jurisprudencia constitucional garantiza que la separación de un niño de su familia sea el último recurso y proporciona la oportunidad de revisión judicial en caso de oposición. Resalta que el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, contemplado en el artículo 52 del Código de Infancia y Adolescencia es una herramienta clave para proteger los derechos de los niños y que las decisiones dentro de este proceso pueden ser impugnadas a través de recursos de reposición y de control de legalidad. 20. Insiste en que el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño no requiere que todos los casos de separación familiar sean sometidos a revisión judicial, y argumenta que la demanda interpreta este artículo fuera de contexto. Resalta que la Observación General número 14 del Comité sobre los Derechos del Niño indica que la separación solo debe considerarse cuando la protección familiar es insuficiente y la Observación General número 8 del mismo Comité establece que la separación debe ser necesaria y sujeta a revisión judicial, pero de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables. En ese sentido, concluye que el sistema de protección e intervención judicial interno actual se ajusta a los mandatos internacionales en la materia, y que el demandante no aportó elementos de juicio específicos y suficientes para cuestionar su constitucionalidad. 21. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[11] solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse sobre el cargo único de inexequibilidad formulado por el demandante, debido a la ineptitud de la demanda. En caso de no considerar la anterior petición, la entidad solicita declarar la exequibilidad de la normativa demandada, puesto que el demandante no ha logrado desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas atacadas. Respecto del primer aspecto sostiene que los argumentos del demandante no son claros, pues no explica cómo el Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos y el trámite de revisión judicial violan el interés superior del niño, niña o adolescente cuando éste ha sido separado de su núcleo familiar biológico. Asegura que los cargos no indican específicamente cuáles son los derechos fundamentales del menor que entran en conflicto con el procedimiento del restablecimiento de sus derechos. Además, el demandante no logra establecer una relación directa entre la presunta vulneración del artículo 9.1 de la Convención y el interés superior del niño. 22. En relación con la solicitud de exequibilidad, señala que el proceso de restablecimiento de derechos y la declaración de adoptabilidad se basan en garantías jurídicas suficientes, incluyendo la agencia oficiosa, y principios como la razonabilidad y la proporcionalidad. Resalta que la declaratoria de adoptabilidad es precedida por otras medidas administrativas establecidas en el artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia que salvaguardan el debido proceso y el interés superior del niño.[12] Plantea que la homologación no es un recurso adicional sino un control de legalidad en caso de inconformidad. En todo caso, la decisión de declarar al menor en situación de adoptabilidad puede ser controlada judicialmente, pues la parte interesada cuenta con el recurso de revisión ante el Juez de Familia.[13] 23. El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes[14] pide a la Corte inhibirse para emitir una decisión de fondo, o alternativamente, declarar la constitucionalidad de las normas señaladas. En lo concerniente al primer aspecto, asegura que la demanda no cumple los requisitos de pertinencia y suficiencia, debido a que no presenta una argumentación persuasiva que demuestre una oposición objetiva y verificable entre los apartes normativos acusados de los artículos 100 y 108 de la Ley 1098 de 2006 y la situación especial de reserva judicial contemplada en el artículo 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Igualmente, hace referencia a la Sentencia C-360 de 2021, donde se estableció que las razones expuestas por el demandante en esa oportunidad no eran suficientes para explicar por qué siempre debería ser obligatoria la revisión judicial cuando se decide separar a un niño, niña o adolescente de su familia. 24. En lo atinente al fondo de la cuestión, argumenta que el marco jurídico colombiano ya proporciona garantías suficientes para proteger el interés superior del niño. Remarca que el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 52, detalla las garantías existentes para los menores en situaciones de vulnerabilidad, y el artículo 26 señala que deben ser escuchados en cualquier actuación en la que estén involucrados. Por otro lado, el artículo 100 del mismo Código otorga a las autoridades administrativas la potestad de verificar si un niño, niña o adolescente cuenta con una familia que garantice su bienestar, mientras que el inciso 6 del mismo artículo consagra la posibilidad de recurrir las decisiones de la administración ante la Rama Judicial. 25. A su vez, señala que la declaratoria de adoptabilidad establecida en el artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia no atenta contra los derechos constitucionales de los niños, sino que los protege, pues constituye una medida de último recurso para resguardar los derechos de aquel menor que no cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo por parte de su familia. Sostiene que si todas las decisiones de adoptabilidad se revisaran judicialmente, incluso sin desacuerdo, se produciría congestión judicial, ralentizando el procedimiento administrativo y perjudicando a los menores. Enfatiza que el artículo 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño no contempla que la revisión judicial deba realizarse en todos los casos de separación del niño de su familia, y que este principio no opera únicamente en el escenario de revisión judicial. - Intervenciones con petición de exequibilidad de los artículos 100 y 108 de la Ley 1098 de 2006 26. La fundación Casa de la Madre y el Niño[15] defiende la constitucionalidad de los artículos 100 y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA), argumentando que estos articulan un proceso de protección de menores cuyos derechos han sido vulnerados, con un enfoque en la familia nuclear, extensa y, en última instancia, la adopción. Sostiene que este proceso, liderado por el Defensor de Familia y un equipo multidisciplinario, suspende la patria potestad hasta la finalización de la adopción, y es modificable en caso de que surjan nuevos actores familiares.[16] 27. Argumenta que la revisión judicial de este proceso administrativo solo sería necesaria en casos de controversia. Además, señala que las normas impugnadas no contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño ya que la separación del menor ocurre en casos de riesgo y no directamente por cuenta de las normas atacadas. Afirma que de conformidad con los artículos 26 y 34 del Código de la Infancia y la Adolescencia el menor es debidamente informado de sus derechos. Menciona que, si debido a la ausencia de asistencia legal del menor se vulneran sus derechos fundamentales, esto daría lugar a un problema de nulidad del acto administrativo respectivo y no a uno de inconstitucionalidad de las normas atacadas. 28. Finalmente, argumenta que tanto en lo gramatical, como en su propósito, es necesario concluir que el artículo 9.1 de la Convención no exige la participación del juez en todos los casos, “porque si esa hubiera sido la intención del legislador supranacional, lo hubiera dicho directamente, pero utilizó las palabras “bajo reserva de revisión judicial”, dejando claro que no está atribuyendo al juez la competencia para tomar la decisión, sino condicionando la norma local a que se admita la revisión por el juez de la decisión que tomó la autoridad competente, algo que, por supuesto, se cumple íntegramente por la ley colombiana con el mecanismo de la homologación.” 29. La fundación Los Pisingos[17] defiende la constitucionalidad de los apartes cuestionados de los artículos 100 y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Señala que, previo a la implementación de medidas de restablecimiento de derechos, la autoridad administrativa competente asegura el debido proceso y garantiza los derechos fundamentales de los menores, mediante la evaluación de las circunstancias del niño, incluyendo aspectos psicológicos, emocionales, nutricionales y el entorno familiar y educativo. 30. Manifiesta que la Ley 1098 de 2006 establece las medidas de restablecimiento de derechos, que incluyen, entre otras, la amonestación, el retiro inmediato de situaciones que amenacen sus derechos y su colocación en un programa de atención especializada, la adopción y la promoción de acciones policivas, administrativas o judiciales pertinentes. A su vez, la Ley 2126 de 2021 añade la obligación de realizar visitas presenciales mensuales si el menor se encuentra en un programa de restablecimiento de derechos fuera del entorno familiar. Por estas razones, solicita desestimar las pretensiones de la demanda de inconstitucionalidad y ordenar su archivo por no haberse violado ninguna norma constitucional como tampoco del bloque de constitucionalidad. 31. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia[18] defiende la constitucionalidad de los apartes atacados de los artículos 100 y 108 de la Ley 1098 de 2006. Argumenta que las normas demandadas establecen un proceso administrativo que incluye una etapa inicial para identificar el asunto y establecer las pruebas necesarias, así como una etapa de instrucción y juicio donde se reúnen las pruebas para la decisión final. Este procedimiento permite a todas las partes interesadas solicitar pruebas y permite la oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa, para preservar la familia original del menor. Afirman que, mientras se respeten los principios del debido proceso, el juez natural y el derecho de defensa, un proceso que permite la separación del menor de su familia es constitucional. Finalmente, destacan que la adopción se considera una medida excepcional de protección del menor y que requiere la homologación de un juez, lo cual proporciona un control judicial del proceso. Sostienen que sería desproporcionado que todas las decisiones en un proceso de restablecimiento de derechos estén sujetas a revisión judicial, ya que esto podría llevar a demoras innecesarias y a una falta de reconocimiento de los derechos del menor. 32. La Universidad del Rosario[19] defiende la constitucionalidad de los apartes atacados del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.[20] Asegura que, aunque el artículo 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño requiere una revisión judicial de las decisiones que separen a un niño de su familia, este examen se debe ajustar al rigor y la intensidad de la medida concreta, y no es necesariamente obligatoria a menos que la situación evolucione a una declaración de adoptabilidad. Bajo tal marco, señala que la declaración de vulneración de derechos consagrada en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia cumple el referido estándar convencional, pues es de carácter transitoria y modificable y no conlleva ineludiblemente a la situación de adoptabilidad. Así mismo, al requerir solamente la manifestación de inconformidad u oposición de las partes legitimadas para ello para obligar a la revisión judicial, hace innecesario su examen judicial automático.[21] - Intervenciones con petición de exequibilidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 e inexequibilidad del artículo 108 de la misma ley 33. La Universidad Javeriana[22] solicita a la Corte que declare la exequibilidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, “en el entendido de que todas las medidas provisionales o definitivas dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD- que impliquen separación de los niños, niñas o adolescentes de sus padres o de su cuidadores o progenitores de crianza, siempre que medie oposición del menor de edad o de aquellos, debe ser sometida a revisión judicial, en efecto devolutivo.” Por otra parte, pide que se declare la inexequibilidad de las expresiones cuestionadas en el artículo 108 por ser contrarias al artículo 9.1 de la Convención.[23] 34. En relación con el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia, sostiene que la norma restringe la revisión judicial de las decisiones tomadas por los defensores y comisarios de familia. Según lo establecido en el artículo 9.1, cualquier decisión que conlleve la separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres contra su voluntad debería estar sujeta a la revisión de un juez competente. Sin embargo, la disposición no permite que las decisiones en el auto de apertura, ni las que se toman durante el curso del proceso, hasta antes de emitirse una decisión en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sean objeto de revisión judicial. Lo anterior, por cuanto esta posibilidad solo se contempla después de que se dicta la separación provisional del menor de edad de sus progenitores o entorno familiar, y siempre y cuando la objeción se presente dentro del plazo de 15 días. 35. Señala que, de acuerdo con el Manual sobre Implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño elaborado y revisado en el año 2007 por UNICEF, la Convención enfatiza la necesidad de una revisión judicial adecuada que escuche a todas las partes relevantes, incluyendo a ambos padres y otros cuidadores potenciales, para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.[24] 36. En la misma dirección, refiere que la Convención obliga a los Estados a garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, directamente o a través de un representante, en todos los procesos judiciales y administrativos que les afecten, asegurando así su derecho a expresar libremente sus perspectivas en todos los asuntos que les conciernan.[25] Empero, advierte que la asignación de un representante al menor no garantiza necesariamente su mejor interés ni cumple con la obligación de permitirle expresar su postura, por lo tanto, escuchar directamente a los niños, niñas y adolescentes es un imperativo y una garantía que, de no cumplirse, contravendría la normatividad convencional.[26] 37. Por último, en relación con los apartes acusados del artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, manifiesta que, aunque este contempla la posibilidad de oposición a la declaración de adoptabilidad y la subsiguiente revisión judicial, no proporciona pautas claras para asegurar la participación de los menores. Esta disposición permite la ratificación automática de la decisión administrativa de adoptabilidad, incluso si el menor ha sido separado de su familia en contra de su propia voluntad o la de sus padres. Para proteger el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado debe verificarse y, si no se respeta, se debe negar la homologación, siguiendo el procedimiento pertinente y en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. 38. La Academia Colombiana de Jurisprudencia[27] solicita la exequibilidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 “en el entendido de que todas las medidas provisionales o definitivas dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD- que impliquen separación de los niños, niñas o adolescentes de sus padres o de su cuidadores o progenitores de crianza, siempre que medie oposición del menor de edad o de aquellos, debe ser sometida a revisión judicial, en efecto devolutivo.” Así mismo, pidió la inexequibilidad de los apartes acusados del artículo 108 de la misma legislación. 39. En relación con el artículo 100 censurado, argumenta que las medidas adoptadas por un Defensor de Familia, tanto provisionales como definitivas, deben estar sujetas a revisión judicial en casos de oposición, ya sea por los progenitores o por el mismo menor. Según su interpretación, esta revisión judicial es esencial cuando las medidas adoptadas implican una separación del menor de su entorno familiar, para así verificar el interés superior del afectado. Considera que la revisión judicial desde el auto de apertura del procedimiento de restablecimiento de derechos hasta el fallo permitiría asegurar que los derechos del menor son protegidos en todo momento, en línea con los principios de la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado colombiano, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño.[28] 40. Frente al artículo 108 atacado, indica que este permite la firmeza de una decisión administrativa de adoptabilidad, incluso cuando el niño ha sido retirado de su medio familiar de origen en contra de la voluntad de los padres o del propio niño. Asegura que las medidas de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes deben ser “mandatos de optimización”, es decir, decisiones que se ponderen, sean proporcionales, se basen en evidencias sólidas, tengan una duración adecuada y consideren las posibles consecuencias negativas para el menor. Finalmente, alude al derecho de los niños a ser escuchados y plantea que el Estado debe evaluar la capacidad del niño para formar una opinión autónoma en asuntos que le afectan. 41. La Universidad del Rosario[29] pide la inexequibilidad de los apartes atacados del artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Asegura que estas expresiones normativas son contrarias al bloque de constitucionalidad (Arts. 4, 93 y 94, CP) y al artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior, teniendo en cuenta que la declaratoria de adoptabilidad tiene un impacto significativo en la vida del menor y es potencialmente irrevocable. Por esa razón, estima que se debería garantizar una revisión judicial obligatoria de la misma, independientemente de si hubo oposición durante el procedimiento administrativo. 42. El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña reitera los mismos argumentos que presentó en el proceso que concluyó con la Sentencia C-360 de 2021. Considera que los apartes atacados del artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia deben ser declarados exequibles condicionalmente, en tanto que las expresiones censuradas del artículo 108 del mismo código deben ser declarados inexequibles. Lo anterior, porque las observaciones generales No. 8 y 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, interpretan el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño como una necesidad de revisión judicial para cualquier separación de un niño de sus padres y que dicha separación debe considerarse en el interés superior del niño. Además, considera que la situación del niño y su familia debe ser evaluada, si es posible, por un equipo multidisciplinario de profesionales con la debida colaboración judicial. V. Concepto de la Procuradora General de la Nación 43. La Procuradora General de la Nación defiende la constitucionalidad de los artículos 100 y 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, argumentando que se ajustan al artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sostiene que estos artículos no violan este convenio internacional, ya que garantizan que un niño no será separado de sus padres en contra de su voluntad a menos que las autoridades competentes consideren que dicha separación es necesaria para el bienestar del niño, lo cual está en línea con lo estipulado en el convenio. 44. Se refiere también a las observaciones generales N° 8 y 14 del Comité de los Derechos del Niño, las cuales enfatizan la necesidad de conservar el ambiente familiar y mantener las relaciones entre los miembros de la misma. Estas observaciones indican que cualquier separación debe ser considerada solamente como último recurso y siempre en función del interés superior del niño. Adicionalmente, el Ministerio Público resalta que si se produce una separación, es responsabilidad del Estado garantizar que la situación del niño y su familia sea evaluada por un equipo interdisciplinario de profesionales competentes, en concordancia con el artículo 9 de la Convención. 45. De igual manera, señala que los artículos censurados permiten la implementación de medidas de restablecimiento de los derechos para los menores que sufren de violencia, maltrato, abandono u otras circunstancias perjudiciales. Remarca que los progenitores tienen derecho a oponerse a estas medidas y solicitar una revisión judicial, garantizando así el derecho del niño a la revisión judicial. 46. Por último, la Procuraduría sostiene que los artículos impugnados van más allá de lo estipulado en la Convención, ya que permiten la activación del procedimiento de homologación o revisión judicial por parte del Ministerio Público, incluso si los padres no lo solicitan. VI. Consideraciones de la Corte Constitucional 1. Competencia de la Corte 47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral, 4 de la Constitución Política, este Tribunal es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues los enunciados normativos demandados tienen fuerza de ley. 2. Cuestiones preliminares. Presentación de múltiples demandas similares por el mismo accionante. Estudio de aptitud de la demanda presentada en este caso. 48. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes pidieron a la Corte abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. Estos intervinientes, a excepción del ICBF, se refirieron a la Sentencia C-360 de 2021, donde la Corte se declaró inhibida para fallar de fondo en relación con una demanda interpuesta por el mismo ciudadano contra las mismas normas y por los mismos cargos. Con fundamento en las consideraciones expuestas en dicho pronunciamiento, piden a la Corte que también se declare inhibida en esta oportunidad. 49. Adicionalmente, revisado el sistema de registro de la Corte Constitucional, se advierte que el accionante ha presentado cuatro demandas contra los apartes acusados de los artículos 100 y 108 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia”, como se aprecia en la siguiente tabla: Fecha presentación demanda Radicado Magistrado(a) sustanciador(a) Normas demandadas Normas constitucionales que estima infringidas Estado actual 16-03-2021 D-14206 Antonio José Lizarazo Ocampo Arts. 100 y 108 (parciales), Ley 1098 de 2006 Art. 9.1, CDN y Art. 93, CP. La Sentencia C-360 de 2021 se inhibió para conocer la demanda. 20-01-2022 D-14650 José Fernando Reyes Cuartas Arts. 100 y 108 (parciales), Ley 1098 de 2006 Art. 29 CP, Art. 9.1, CDN y Art. 16, Protocolo de San Salvador. Rechazada por Auto de 4 de marzo de 2022. 20-02-2023 D-15181 Diana Fajardo Rivera Arts. 100 y 108 (parciales) Ley 1098 de 2006 Art. 9.1, CDN y Arts 4, 93 y 94, CP. Admitida el 11-04-2023. 22-03-2023 D-15239 Antonio José Lizarazo Ocampo Arts. 99, 100 y 108 (parciales), Ley 1098 de 2006 Art. 9.1, CDN y Arts 4, 93 y 94, CP. Inadmitida por Auto del 04-05-2023. Rechazada por Auto del 26-05-2023. Rechaza recurso de súplica por Auto 1483 del 12-07-2023 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera). 50. Tras examinar cada una de las demandas presentadas por este ciudadano, la Sala encuentra que en todas ellas se acusan los mismos contenidos normativos que hoy son objeto de reproche. Asimismo, todas comparten el mismo argumento central, pues coinciden en señalar la infracción del artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Adicionalmente, no escapa a la Sala el hecho de que un mes después de presentar la demanda que hoy estudia la Sala (D-15181), admitida el 11 de abril de 2023, el mismo ciudadano interpuso una cuarta demanda (D-15239) que fue inadmitida pocas semanas después, el 4 de mayo de 2023 y que el actor pretendió subsanar transcribiendo algunos pasajes textuales del concepto de violación expuesto en la demanda D-15181, objeto de este proceso. 51. El análisis de esta situación requiere el previo examen de los pronunciamientos de esta Sala sobre la presentación reiterada de demandas idénticas o similares por un mismo ciudadano y las consecuencias que de ellos se derivan para la decisión del presente caso. 2.1. Presentación de demandas idénticas o similares por un mismo accionante. Reiteración de jurisprudencia y análisis del caso concreto 52. Esta Corte se ha pronunciado sobre situaciones en las que un mismo ciudadano o ciudadana demanda en repetidas ocasiones las mismas normas y por los mismos cargos. Tal hipótesis remite a lo decidido en el Auto 088 de 2003,[30] donde la Sala Plena resolvió desfavorablemente el recurso de súplica interpuesto en el proceso D-4499 contra el auto que rechazó varios de los cargos contenidos en una demanda presentada contra la Ley 764 de 2002.[31] El mismo ciudadano ya había interpuesto una demanda contra la misma ley, por reproches similares a los que ahora proponía; ésta se tramitaba en el proceso D-4424, el cual se encontraba a la espera de decisión por parte de la Sala Plena. En la segunda demanda (D-4499), que contenía un total de diez cargos, el actor transcribió segmentos de la demanda inicial que correspondían tanto a (i) cargos ya admitidos en el proceso D-4424,[32] como a otros que (ii) habían sido inadmitidos y luego rechazados en el mismo proceso.[33] Tras analizar ambas situaciones, la Corte confirmó el auto de rechazo en todas sus partes. 53. Las consideraciones relativas a la primera hipótesis, el rechazo de los cargos que ya habían sido admitidos previamente y estaban a la espera de decisión por la Corte, resultan de especial interés para el análisis del presente caso. Al respecto, el Auto 088 de 2003 señala que “cuando el mismo demandante intenta, en más de una ocasión, obtener la declaratoria de inexequibilidad de una norma determinada, utilizando argumentos idénticos y a sabiendas de que una de dichas demandas se encuentra en trámite de resolverse por haber sido admitida”, tal circunstancia “amerita el rechazo de la segunda demanda.” Para respaldar esta regla de decisión, la Sala se refirió a “la necesidad de depurar el litigio constitucional y de optimizar los recursos de la administración de justicia, a fin de que se concentren en la producción de sentencias útiles y eviten el desperdicio de energía y tiempo en la resolución de los casos sometidos a su consideración.”[34] Con fundamento en estas consideraciones se rechazaron los cargos que fueron objeto de súplica en la segunda demanda (D-4499). 54. El proceso D-4424 siguió su curso y culminó con la Sentencia C-692 de 2003[35], en la que se dio respuesta de fondo al cargo 5.2.8[36], declarando exequible la norma acusada. Entretanto, el proceso D-4499 continuó con los cinco cargos que habían sido inicialmente admitidos y concluyó con la Sentencia C-1115 de 2003.[37] Esta providencia aborda la cuestión de si el ejercicio simultaneo de la acción de inconstitucionalidad por parte del mismo accionante, contra la misma norma y por idénticos cargos, además de acarrear el rechazo de la segunda demanda (conforme a la regla fijada en el Auto 088 de 2003), constituye una práctica lesiva del principio de lealtad procesal que amerite un reproche contra quien incurra en ella. En respuesta a esta inquietud, la Corte señaló que: “una de las conductas lesivas de la recta administración de justicia, es la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. Para esta Corporación es indiscutible que una actuación en dicho sentido estaría no solo atentando contra la economía procesal, sino también contra los principios de eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de Administración de justicia, como garantías adyacentes de la moralidad procesal.” Destacó además que la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción “constituye un incumplimiento del deber de los ciudadanos de colaborar con la buena administración de justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 95 Superior.” Sin embargo, precisó que “dada la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad se presume la buena fe de los ciudadanos que interponen al tiempo varias demandas ante esta Corporación”, presunción que solo se desvirtúa cuando se verifica la “identidad de cargos contra el mismo precepto legal.”[38] 55. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte concluyó que, bajo las circunstancias examinadas, la doble presentación de la demanda por parte de quien, además de ciudadano, ostentaba la calidad de abogado, implicó “una actuación manifiestamente contraria a los principios de buena fe y lealtad procesal y, además, un franco desconocimiento a los deberes profesionales del abogado previstos en los artículos 1° y 47 del Decreto 196 de 1971.”[39] Por tal razón, llamó la atención del accionante sobre la improcedencia de este tipo de actuaciones. 56. Las consideraciones planteadas en las providencias anteriores fueron retomadas por la Sala Plena en el Auto 593 de 2017,[40] que resolvió desfavorablemente el recurso de súplica interpuesto frente al auto que rechazó la demanda tramitada en el expediente D-12325. En el auto objeto de súplica, el Magistrado sustanciador había ordenado, además, compulsar copias para que se investigara disciplinariamente al abogado demandante por interponer dos veces una demanda sin cambios sustanciales, tras constatar que la misma demanda objeto de rechazo había sido interpuesta por el accionante en el expediente D-12048, donde había sido inadmitida y posteriormente rechazada.[41] En aquella ocasión, la Sala Plena confirmó en su integridad el auto objeto de recurso. 57. Entretanto, en el Auto 400 de 2020[42] la Corte negó el recurso de súplica interpuesto por una ciudadana que en cuatro ocasiones había demandado las mismas normas, por los mismos cargos y con los mismos argumentos y pruebas.[43] La accionante afirmaba que legalmente le era posible seguir demandando de manera indefinida hasta tanto la Corte le diera la razón, pese a que las normas demandadas (artículos 90, 91 y 93, Código Civil) ya habían sido declaradas exequibles por los cargos respecto de los cuales insistía la accionante, quien a través de su persistente litigio buscaba reabrir la discusión ya resuelta en las sentencias C-591 de 1995[44] y C-327 de 2016.[45] En esta ocasión, la Sala Plena precisó que “ante la inadmisión y el posterior rechazo de una demanda de inconstitucionalidad, o frente a la decisión de inhibición […], el ciudadano puede volver a interponer otra acción contra la misma norma al no haberse configurado el fenómeno de cosa juzgada.” Sin embargo, a renglón seguido advirtió que en su nuevo intento el accionante debe suplir las deficiencias advertidas en los escritos de acusación anteriores y ajustar la nueva demanda a las sugerencias impartidas por la Corte para su admisibilidad. Tras considerar que en el caso concreto no habían sido superadas dichas falencias, la Sala Plena desestimó el recurso de súplica contra el Auto que había rechazado la cuarta demanda. Sobre la presentación sucesiva de idénticas demandas, precisó: “[…] (i) nada impide que la Corte admita una demanda que ha sido presentada contra una disposición que, a su vez, ha sido demandada previamente, así los argumentos coincidan; pero (ii) esto es diferente del caso en el que el mismo demandante intenta, en más de una ocasión, obtener la declaratoria de inexequibilidad de una norma determinada, utilizando argumentos idénticos y a sabiendas de que una de dichas demandas se encuentra en trámite de resolverse, por haber sido presentadas por ella misma. Lo anterior, para concluir que así las normas no lo prohíban manifiestamente, una repetición injustificada de demandas, estaría no solo atentando contra la economía procesal, sino también contra los principios de eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de administración de justicia, como garantías adyacentes de la moralidad procesal. […].”[46] 58. En síntesis, las decisiones de este Tribunal en casos de presentación de idénticas o similares por un mismo ciudadano se han sustentado en las siguientes reglas: (i) Las decisiones de inadmisión y posterior rechazo de una demanda de inconstitucionalidad, o las de inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda, no hacen tránsito a cosa juzgada ni cercenan el derecho de acción de los ciudadanos, quienes pueden volver a plantear ante la Corte Constitucional las cuestiones que no fueron consideradas de fondo. (ii) Sin embargo, la presentación de una nueva demanda debe hacerse en debida forma, lo que implica para el accionante asumir la carga de corregir las falencias advertidas en los autos de inadmisión y rechazo, o en las sentencias inhibitorias respecto de demandas presentadas con anterioridad. (iii) Incumplir esta carga para, en su lugar, insistir en la presentación sucesiva de la misma demanda previamente considerada inepta, constituye una infracción del deber ciudadano de colaborar con la recta administración de justicia (Art. 95, CP), así como a los principios de buena fe y lealtad procesal. Para el caso de abogados, incurrir en esta mala práctica supone el desconocimiento de sus deberes profesionales y puede dar lugar a la compulsa de copias para investigar la falta disciplinaria a que haya lugar. (iv) La presentación de una demanda formal y materialmente idéntica a otra que en el pasado fue objeto de inadmisión, rechazo o inhibición, da lugar a un nuevo rechazo, en aplicación del principio de eficiencia que debe regir la administración de justicia. Aunque la competencia de rechazo corresponde al magistrado sustanciador, la Sala Plena también es competente para retomar el debate, incluso si ningún interviniente lo propone. (v) La presentación de una nueva demanda cuando ya le ha sido admitida al accionante una demanda previa contra las mismas normas y por los mismos cargos, y esta se encuentra pendiente de decisión, genera el rechazo de la demanda presentada con posterioridad, pero no obsta para que la Sala Plena se pronuncie de fondo sobre la primera demanda admitida, en caso de juzgar que ésta satisface los requisitos de aptitud sustantiva. 59. Aplicando las anteriores reglas al análisis del presente caso, la Sala encuentra que el solo hecho de que en el pasado el accionante haya acusado los mismos contenidos normativos que hoy demanda (artículos 100 y 108 parciales del Código de Infancia y Adolescencia), por cargos similares al que hoy propone (infracción del artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño), y que las dos demandas anteriores (D-14206 y D-14650) hayan concluido con decisiones inhibitorias[47] y de rechazo,[48] respectivamente, no constituye, en sí misma, una circunstancia que impida al ciudadano volver a plantear ante la Corte una cuestión sobre la que no existe un pronunciamiento de fondo. 60. Entre la presentación de la primera demanda (D-14206, radicada el 16 de marzo de 2021), la segunda (D-14650, del 20 de enero de 2022) y la tercera, que hoy estudia la Sala, (D-15181, del 20 de febrero de 2023), media una distancia temporal suficiente para descartar que se trate de demandas simultáneas. Asimismo, al comparar el escrito de acusación del proceso D-15181 con los dos anteriores se aprecia el esfuerzo del demandante por subsanar las falencias advertidas en el fallo inhibitorio a que dio lugar la primera demanda y los autos de inadmisión y rechazo de la segunda. En efecto, (i) cada una de estas tres demandas desarrolla una secuencia argumentativa y una redacción diferente; (ii) el condicionamiento propuesto respecto de la expresión acusada del artículo 100 varía en cada una de ellas;[49] y (iii) el parámetro de constitucionalidad propuesto no coincide por completo en...