Sentencia C-327 de 2016

C-327-16 Sentencia C-327/16 EXISTENCIA LEGAL DE TODA PERSONA A PARTIR DEL MOMENTO DE SU NACIMIENTO-No vulnera el deber de protección de la vida desde la concepción reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos/DEBER DE PROTECCION DE LA VIDA DESDE LA CONCEPCION-Hace parte del bloque de constitucionalidad La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. La expresión acusada del artículo 90 del Código Civil tiene en cuenta esta realidad, la cual a su vez protege otros derechos en juego. Por lo tanto, una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento, no viola esta garantía por lo que se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales. CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Expresión “principia al nacer” del artículo 90 del Código Civil no viola la protección del derecho a la vida CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sentencias hacen tránsito a cosa juzgada constitucional SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter definitivo, de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes COSA JUZGADA-Alcance COSA JUZGADA-Dimensión negativa y positiva COSA JUZGADA-Verificación de la existencia COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto COSA JUZGADA EN MATERIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos condicionados DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-No existe cosa juzgada al no presentar los mismos cuestionamientos que la sentencia C-591 de 1995 respecto del artículo 90 del Código Civil En conclusión, aun cuando en los dos casos se alega una violación al derecho a la vida por consagrar la existencia legal después del nacimiento, la Corte en la sentencia C-591 de 1995 no estudió la norma integrante del bloque de constitucionalidad a partir de un cargo que propusiera la violación del deber de proteger el derecho a la vida desde la concepción como una obligación internacional que se deriva de la Convención Americana. Es decir, no analizó el artículo 90 del Código Civil en comparación con dicho parámetro de constitucionalidad, que es diferente al que utilizó en la mencionada sentencia. De acuerdo con lo anterior, la Corte verifica que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada material frente a la demanda presentada en esta ocasión, ya que no se constata el segundo requisito planteado, es decir, que se presenten las mismas razones o cuestionamientos analizados en el fallo anterior, lo cual incluye el referente del bloque de constitucionalidad. EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Contenido normativo de disposiciones demandadas es diferente Es evidente que el contenido normativo de las dos disposiciones es diferente y por lo tanto el parámetro constitucional no es equivalente. Específicamente en relación con los cargos planteados, la disposición que integra el bloque de constitucionalidad determina una protección explícita del derecho a la vida, -en general, desde la concepción-, mientras que el artículo 11 constitucional aborda la protección del derecho a la vida desde su inviolabilidad. Así, una de las normas hace referencia explícita al momento desde el cual, en general, se reputa la protección del derecho, mientras la otra establece una protección sin una alusión temporal. Por lo tanto, las diferencias en el texto y en la fuente que constituye el parámetro de constitucionalidad configuran una distinción formal y material que hacen que el cuestionamiento no sea el mismo, lo cual es relevante, pues delimita el reproche de inconstitucionalidad. Además, recientemente la Corte Interamericana adoptó una interpretación específica acerca del contenido de las obligaciones del artículo 4.1 de la Convención en relación con la fertilización in vitro, el cual dota de contenido el alcance de dicho artículo y es un criterio relevante para el análisis de constitucionalidad. DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Se argumenta violación por cuanto artículo 4.1 de la Convención Americana ordena como deber del Estado, la protección del derecho a la vida desde la concepción BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Integración BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Dimensiones/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Concepto/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Concepto DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia NORMAS QUE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS-Integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS-Hacen parte del bloque de constitucionalidad BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Integración DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación con los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación con la Carta Política NORMAS CONVENCIONALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación con la Constitución/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación sistemática BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Funciones/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función interpretativa DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio de interpretación relevante en el control de constitucionalidad CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio hermenéutico relevante en derechos fundamentales/DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Pronunciamientos se entienden obligación en el cumplimiento del tratado o convención y criterio hermenéutico relevante en el control de constitucionalidad INTERPRETACION DE LAS DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia constitucional La línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno. No obstante, también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre infertilidad y fertilización in vitro CONVENCION AMERICANA SOBRE INFERTILIDAD Y FERTILIZACION IN VITRO-Criterio relevante de interpretación de derechos fundamentales VIDA-Protección como valor constitucional EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Precedente sentado en la sentencia C-591 de 1995 sobre violación del derecho a la vida DERECHO A LA AUTONOMIA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES Y DERECHO A LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO-Marco constitucional reconocido mediante sentencia C-355 de 2006 PROTECCION A LA VIDA PRENATAL-Interpretación mediante sentencia C-355 de 2006 PENALIZACION DEL ABORTO-Inconstitucionalidad según sentencia C-355 de 2006/DERECHO A LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-Reconocimiento mediante sentencia C-355 de 2006 VIDA Y DERECHO A LA VIDA-Distinción en sentencia C-355 de 2006/VIDA Y DERECHO A LA VIDA-Carácter no absoluto DISTINCION ENTRE LA VIDA Y EL DERECHO A LA VIDA-Jurisprudencia constitucional VIOLENCIA SEXUAL FRENTE AL ABUSO A MENORES DE EDAD E INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-Jurisprudencia constitucional ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Jurisprudencia constitucional DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FRENTE AL ABORTO LEGAL Y LA AUTONOMIA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA AUTONOMIA REPRODUCTIVA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Jurisprudencia constitucional HOMICIDIO POR PIEDAD FRENTE AL DERECHO A LA VIDA-Jurisprudencia constitucional DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE FRENTE A LA EUTANASIA Y EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE-Jurisprudencia constitucional VIDA-Como valor tiene una protección proporcional/DERECHO A LA VIDA-Protección reforzada Los precedentes constitucionales establecen que la vida, como valor, tiene una protección proporcional frente al alcance y contenido de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de las mujeres. También, es importante advertir que en principio el valor de la vida y el ejercicio de estos derechos no se encuentra en colisión salvo cuando se trata del ejercicio del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en estos casos, la Corte ha señalado con precisión que el derecho a la vida, en la medida en que está en cabeza de una persona humana, merece una protección reforzada que, sin ser absoluta, permita que se superen los obstáculos que impiden una protección efectiva, real e integral de otros derechos. De la misma manera, permite concluir que el derecho a la vida no es absoluto y también admite ponderación cuando se encuentra en conflicto con otros derechos o valores como en el caso del derecho a morir dignamente. Lo anterior, no implica una violación del deber de protección del valor de la vida o del derecho a la vida, sino que reconoce que éstos se encuentran sujetos a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS FRENTE A LA PROTECCION DE LA VIDA DESDE LA CONCEPCION Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS-Reglas en relación con la función interpretativa del bloque de constitucionalidad VIDA Y DERECHO A LA VIDA-Aplicación de precedentes frente a la expresión “principia al nacer” del artículo 90 del Código Civil/DERECHO CIVIL-Establece que la existencia legal de la persona se da con el nacimiento La Corte considera que en esta oportunidad, el marco constitucional obliga a reiterar dichos precedentes, que son plenamente aplicables al estudio de constitucionalidad de la expresión aquí demandada. Por lo anterior, la Corte en esta ocasión resalta nuevamente que de acuerdo con los parámetros del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, la protección del valor de la vida no impone el reconocimiento de la vida prenatal, como titular de los derechos de las personas desde la concepción. Ni implica un desconocimiento del deber de protección de la vida en potencia, a pesar de lo cual, tal garantía envuelve un carácter gradual e incremental. Las disposiciones del derecho civil han capturado dicha diferencia al establecer que la existencia legal de la persona se da con el nacimiento, lo cual la habilita como sujeto efectivo de derechos y por lo tanto del derecho fundamental a la vida. Lo anterior no significa que no se proteja al que está por nacer, no obstante su protección es diferente, pues parte del interés del Estado en proteger la vida como un valor. Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento se encuentra acorde con los deberes de protección del valor de la vida, pues tiene en cuenta el deber de garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Dicha relación está sujeta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, en los términos textuales del artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un protección gradual e incremental según su desarrollo. En consecuencia, la expresión acusada protege, además de la vida, otros derechos en juego, como los derechos reproductivos de las mujeres, que han sido reconocidos y garantizados de forma reiterada por esta Corporación. Por lo tanto, una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad establece que la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el artículo 93 de la Constitución y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Referencia: expediente D-11058 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 (parcial) del Código Civil. Demandantes: Alexander López Quiroz y Marco Fidel Marinez Gaviria Magistrada ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D.C., veintidos (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luís Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Alexander López Quiroz y Marco Fidel Marinez Gaviria presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 (parcial) del Código Civil por considerar que viola el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención Americana o CADH), el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 11 y 93 de la Constitución y el precedente establecido por la sentencia C-133 de 1994 de la Corte Constitucional. Mediante auto del 30 de octubre de 2015 la demanda fue admitida por el cargo de violación de los artículos 93 de la Constitución y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos e inadmitido respecto de los cargos presentados por violación del preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 11 de la Constitución y el precedente establecido por la sentencia C-133 de 1994, por incumplir con los requisitos de claridad, suficiencia, especificidad y certeza. A su vez, se otorgó a los demandantes un término de 3 días para que corrigieran la demanda, término que venció en silencio, por lo que, en esos aspectos, la demanda fue rechazada. Para admitir la demanda por el cargo de violación de los artículos 4 de la Convención Americana y 93 de la Constitución, la magistrada ponente verificó que no se hubiera configurado el fenómeno de la cosa juzgada, ya que la sentencia C-591 de 1995[1] determinó la constitucionalidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil al estudiar su supuesta violación de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución[2]. En esa oportunidad, la Corte estableció que los artículos del Código Civil demandados no violaban ninguna de las mencionadas normas constitucionales. Mediante auto del 25 de noviembre de 2015 además de rechazar la demanda por los cargos previamente inadmitidos, se ordenó: (i) comunicar a las autoridades pertinentes; (ii) invitar a diferentes organizaciones a participar para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada; (iii) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; y (iv) correr traslado al señor Procurador General de la Nación, para lo de su competencia. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a pronunciarse sobre la demanda en referencia. II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el artículo 90 del Código Civil y se subraya la expresión objeto de demanda de inconstitucionalidad: “CODIGO CIVIL ARTICULO 90. EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”. III. LA DEMANDA Los ciudadanos señalan que el aparte acusado, al establecer que la existencia legal de toda persona principia al nacer, desconoce de forma directa el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la vida y que este derecho debe protegerse desde la concepción. Para los demandantes, el reconocimiento de la existencia legal desde el nacimiento implica que “la concepción se tiene como si no otorgará derechos, en especial el derecho a la vida, que es lo que reconoce de forma expresa la Convención Americana de DDHH”[3]. A su vez, indican que el aparte demandado “permite que sea tratada a la persona humana como objeto, ya que la vida no inicia con la concepción, retirando así la dignidad de todo humano concebido”[4]. Igualmente, sostienen que a partir del artículo 93 de la Constitución, los tratados internacionales prevalecen en el orden interno, así cuando “el Código Civil establece que la existencia principia con el nacimiento, no con la concepción, profana el mandato supranacional, del Pacto de San José de Costa Rica”[5], ya que éste garantiza el derecho a la vida desde la concepción, por lo que el Estado tiene la obligación de protegerlo desde ese momento. De otra parte, plantean que si bien la Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la vida se garantiza desde el nacimiento, su análisis no surtió un control de convencionalidad y no tuvo en cuenta los tratados de derechos humanos, por lo tanto el cargo debe ser conocido por esta Corporación[6]. Igualmente, indican que la Corte ha dicho que no existe un mandato expreso en la Constitución que indique que la vida humana comience desde la concepción, y lo anterior viola las normas internacionales[7]. Así, en su concepto, el deber del Estado es la garantía del derecho a la vida desde la concepción, y el reconocimiento del embrión o cigoto como sujeto de protección por ser persona, en concordancia con la norma convencional, que es más garantista[8]. Los demandantes también señalan que las generaciones futuras son aquellas personas que existirán y deberían beneficiarse de los derechos de tercera generación, es decir, los relativos al ambiente sano “pero desde la perspectiva de la interpretación constitucional del artículo 11 estos individuos futuros, carecen de personalidad jurídica, al no ser personas”[9]. Sostienen que aun cuando son individuos futuros y no tienen personalidad jurídica, la Corte Constitucional ha declarado exequible la mayoría de los tratados y convenios de protección ambiental, lo que garantiza derechos “pero si no son personas, ni tiene derechos, no son nada jurídicamente hablando, son tratados de derechos humanos sin efecto útil, el derecho que no es útil no tiene fuerza vinculante”[10]. A su vez, afirman que el reconocimiento de la persona se da desde la especie y por eso tiene el derecho a la vida y como el cigoto es parte de la especie humana plantean que es persona y goza de esta protección[11]. Por lo tanto, para ellos, el reconocimiento de la persona desde el nacimiento desconoce que la vida inicia desde la concepción, como fue determinado por la Corte Constitucional en la sentencia C-133 de 1994[12]. De acuerdo con lo anterior, el argumento central de la demanda se dirige a concluir que la existencia de la vida y la existencia de la persona legal deberían ser equiparables, pues su diferenciación viola el artículo 4 de la Convención Americana, que protege la vida desde la concepción, y por lo tanto el bloque de constitucionalidad, por vía del artículo 93 de la Constitución. IV. INTERVENCIONES INSTITUCIONALES 1. Ministerio de Salud y Protección Social El apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de la expresión atacada, pues considera que es congruente con los desarrollos jurisprudenciales. Además, sostiene que los argumentos de la demanda ponen un derecho “como es el derecho a la vida del que está por nacer, en un terreno totalmente absoluto sobre el derecho de la mujer gestante, lo cual violaría su relación con los demás principios o valores y derechos. Reconocer esta preeminencia, estaría vulnerando el espíritu mismo de la Constitución colombiana que se centra en el pluralismo, en el respeto por la diversidad, que aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y valoraciones existentes en especial la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento y la libertad de expresión, todos estos como elementos fundantes de la dignidad humana”[13]. Asimismo, plantea que la disposición demandada se encuentra acorde con lo determinado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-355 de 2006 que pondera la protección del derecho a la vida y la vida como valor y establece que “si bien el Estado debe adoptar medidas para cumplir con el deber de protección de la vida (…) esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales”[14]. Igualmente, afirma que: (i) la referida sentencia determinó que una protección absoluta a la vida del que está por nacer implicaría una violación a los derechos a la salud, a la vida, a la libertad a la intimidad, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres; y (ii) determinó el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos. De otra parte, señala que el aborto inseguro es un problema de salud pública “no sólo por la magnitud de su ocurrencia, sino por sus repercusiones en la salud de la mujer (física y mental) y en la mortalidad materna”[15]. A su vez, cita algunos contenidos jurisprudenciales en donde la Corte ha expresado que en materia de derechos existe un límite a la titularidad, impuesta por la Constitución como en la objeción de conciencia, el secreto profesional en lo relativo a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y menciona los apartes jurisprudenciales que hacen referencia a los tres supuestos en los que se ha admitido el aborto como derecho fundamental. Finalmente, refiere las sentencias T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011 y T-841 de 2011, sobre la vulneración de derechos fundamentales y la dignidad humana. 2. Ministerio de Justicia y del Derecho El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada, porque considera que el problema jurídico que plantea la demanda ya fue resuelto por la sentencia C-355 de 2006 en la que se determinó que el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos “no contempla un carácter absoluto del derecho a la vida del nasciturus o del deber del Estado de adoptar medidas legislativas para su protección”[16] y cita los apartes relevantes de la decisión. Adicionalmente, señala que no es cierto que se deje sin protección al que está por nacer, ya que la norma se refiere a la existencia legal de la persona, no a la existencia de la vida, lo cual no niega que esta vida sea susceptible de alguna protección y hace referencia los artículos 91 y 93 del Código Civil. Por último, sostiene que “la expresión demandada, contenida en el inciso primero del artículo 90 del Código Civil, vista en conjunto con los artículos 91 y 93 del mismo Código, se encuentra acorde con los términos y condiciones de protección a la vida consagrados en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos humanos; esto es, que en principio, contempla la protección de la vida de la persona y, en términos generales; esto es, salvo excepciones, del que está por nacer”[17]. 3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada, pues considera que se encuentra ajustada a la Constitución. En primer lugar, plantea que el artículo demandado y el artículo 4 de la Convención Americana obligan a preguntarse si la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento niega la protección del derecho a la vida del nasciturus. Así, cita la sentencia C-133 de 1994 que señaló que no es necesaria la determinación de la existencia legal de la persona para que se dé una protección al que está por nacer y afirma que “la anterior sentencia, muestra claramente que no existe contradicción alguna entre el momento en el que el legislador ha dispuesto la representación legal de las personas y la protección del derecho a la vida del nasciturus; además la Corte reconoce la obligación del Estado de proteger la vida del nasciturus desde el momento de la concepción”[18]. A su vez, plantea que la protección del que está por nacer debe ser leída en conjunto con las otras disposiciones del Código Civil, que lo incluyen dentro de otras protecciones. No obstante, indica que “el Código Civil establece coherentemente el sistema de derechos y obligaciones y de protección desde el momento del nacimiento, pues si se reconociera personalidad jurídica del que está por nacer desde el momento de la concepción surgirían vacíos en los atributos como por ejemplo, cuál es el domicilio o estado civil del no nato o incluso su capacidad para contraer obligaciones, su patrimonio, entre otros”[19]. De otra parte, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica cita la sentencia C-591 de 1995 que declaró la constitucionalidad del artículo 90 del Código Civil para apoyar su argumento de que existe una diferencia entre el reconocimiento de la personalidad jurídica y la protección al que está por nacer. A su vez, sostiene que esta distinción se encuentra en armonía con el artículo 42 de la Constitución, que indica que el estado civil de las personas y sus derechos y deberes serán establecidos por la ley. Así, considera que la ley regula la capacidad de contraer derechos y obligaciones que pueden contraer inequívocamente personas ya nacidas. Adicionalmente, cita la sentencia C-013 de 1997 que reitera la protección de la vida para concluir que “la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en afirmar que la existencia legal de la persona en el momento del nacimiento no desconoce en ninguna manera la protección del derecho a la vida del nasciturus y la consecuente obligación del Estado frente a ello”[20]. En segundo lugar, la representante señala que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que el ámbito de protección de la vida prenatal no incluye la existencia legal como persona. Indica que esto fue delimitado por la sentencia C-355 de 2006 que reconoce la obligación legal a cargo del Estado de proteger la vida del que está por nacer, pero no de la misma forma que las personas ya nacidas, pues “dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse entre: el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 superior, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. En tal sentido, el derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición”[21]. En tercer lugar, indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya se pronunció sobre el alcance del artículo 4 de la Convención Americana en el caso de Artavia Murillo y Otros (fertilización in vitro) vs. Costa Rica, en el que estableció que dicha garantía no podía implicar la negación de otros derechos que protege la Convención. Así, sostiene que dicha decisión implica que “los Estados tiene una cláusula de competencia interpretativa que les permite hacer sus análisis de razonabilidad y constitucionalidad, de acuerdo con sus propios marcos jurídicos internos, sin que ello contradiga la aplicación de la Convención dentro de sus jurisdicciones”[22]. A su vez, afirma que los Estados no pueden hacer interpretaciones restrictivas de la norma convencional y que el artículo 90 se ajusta a ese mandato, pues el derecho a la vida no es absoluto, por lo que los argumentos de los demandantes no son procedentes en tanto que no existe violación del artículo 4 de la Convención Americana ni del artículo 11 de la Constitución. 4. Dejusticia Los intervinientes solicitan que se declare la CONSTITUCIONALIDAD del aparte demandado. Para ellos, los demandantes incurren en errores de interpretación y argumentativos al considerar que el artículo 4.1 de la Convención Americana impone la protección de la vida desde la concepción, pues la expresión “en general” “introduce una importante cualificación en el sentido que la disposición no protege la vida desde el momento de la concepción en un sentido absoluto”[23]. En primer lugar, señalan que la Corte mediante sentencia C-355 de 2006 despenalizó el aborto en tres circunstancias, por considerar desproporcionado obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo en tres casos. Así, indican que dicha providencia hizo un análisis integral del artículo 11 de la Constitución y del artículo 4.1 de la Convención Americana en el que señaló que “la vida es un derecho fundamental y un bien constitucionalmente protegido, por lo que todas las autoridades del Estado están llamadas a adelantar conductas necesarias para lograr su desarrollo efectivo”. Sin embargo, también refieren que la sentencia estableció que si bien la protección cobija al no nacido, la protección de la vida varía en grado e intensidad de acuerdo con las diferentes etapas, lo cual tiene en cuenta que el derecho a la vida y la vida son fenómenos diferentes. En este sentido, plantean que la sentencia en cita afirma que entender la protección de la vida del que está por nacer como absoluta, vulneraría los derechos de la mujer embarazada, especialmente aquellos sobre la decisión de continuar o no un embarazo no consentido. Por lo tanto, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana impiden que se entienda a la mujer como un receptáculo y se proteja de forma absoluta la vida del no nacido. De otra parte, indican que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen criterio relevante para el control de constitucionalidad y se refieren al caso de Artavia Murillo y Otros (fertilización in vitro) vs. Costa Rica en el que la Corte IDH “adoptó una interpretación transversal del contenido del artículo 4.1 de la CADH para poder determinar los alcances de este, particularmente en lo que correspondía a las palabras “persona”, “ser humano”, “concepción” y “en general”[24]. Explican que después de usar los métodos del sentido común, sistemático e histórico, evolutivo y del objeto y fin del tratado dicho Tribunal concluyó que “el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la CADH y que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la CADH”[25]. En el mismo orden, señalan que la decisión establece que la cláusula “en general” del artículo 4 convencional permite que ante un conflicto de derechos sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción, puesto que no es un derecho absoluto. Así mismo, afirman que las disposiciones del Código Civil que protegen la vida desde el nacimiento y la de la Convención Americana que la protege desde la concepción no son opuestas sino que se complementan. Lo anterior, pues el artículo 90 no hace referencia a la concepción que tiene el ordenamiento del derecho a la vida, ni a la protección que se otorga al no nacido, sino a la determinación de la existencia legal. Por lo tanto, en su concepto esa distinción no controvierte la protección del Estado a la vida, en general, a partir del momento de la concepción. En consecuencia, sostienen que los cargos de los demandantes no deben prosperar, pues interpretan el artículo 4 de la Convención Americana en un sentido literal, del que infieren una contradicción que es inexistente. Así, sostienen que la Corte Constitucional ha dicho que el artículo 4.1 de la CADH puede tener dos interpretaciones y ninguna de éstas adopta el derecho a la vida como absoluto, lo que también comparte la Corte IDH, por lo que la aparente contradicción que plantean no existe. Por lo tanto, concluyen que “(i) la interpretación que hacen los accionantes sobre el artículo 4.1 de la CADH y el artículo 90 del Código Civil es errada pues contradice de forma clara la interpretación hecha por máximos intérpretes de la Constitución y la CADH; (ii) las disposiciones demandadas, al contrario de lo que sugieren los accionantes, no son contradictorias ni existe tal vulneración. Y (iii) de ninguna disposición del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación, tal como lo siguieren los demandantes- Al contrario, de su interpretación sistemática surge la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros tratados internacionales, y derechos , valores y principios de la Constitución Política de 1991, que desarrollan los derechos fundamentales de las mujeres y que tienen un nivel más alto de protección en tanto titulares de derechos”[26]. INTERVENCIONES INDIVIDUALES Ramiro Cubillos Velandia solicita que se declare la INCONSITUCIONALIDAD del aparte demandado, pues considera que la existencia de la persona comienza desde la concepción y el derecho a la vida debe ser protegido desde ese momento, como lo contempla el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, afirma que el concebido debe ser entendido como un ser humano y se le deben garantizar todas las protecciones como sujeto de derechos y obligaciones. Para apoyar su argumento, cita el artículo 53 del Código General del Proceso que le garantiza al concebido la posibilidad de ser parte en un proceso para la defensa de sus derechos. Para el interviniente, la referencia del Código General del Proceso se encuentra acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Después de citar la objeción de Brasil en las observaciones y enmiendas al proyecto de convención interamericana sobre la protección de derechos humanos, indica que “la decisión conjunta de la Convención fue otorgar la calidad de persona desde el momento de la concepción y desde ese instante la protección que de ello deriva”[27]. En su criterio, la expresión acusada debe ser eliminada del ordenamiento para que se cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia. V. INTERVENCIONES EXTEMPORANEAS Una vez vencido el término de fijación en lista en este proceso, se recibieron escritos del Centro de Estudios Jurídicos Avanzados CEJA de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, de Juan David Gómez Pérez como profesor de derecho civil de la Universidad Externado de Colombia y de la Defensoría del Pueblo. Las tres intervenciones solicitan que se declare la EXEQUIBILIDAD del aparte de la norma acusado. VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare INEXEQUIBLE “el enunciado al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento si quiera, se reputará no haber existido jamás, contenida en el artículo 90 del Código Civil y sustituirla por la expresión `con la concepción´”[28]. La Vista Fiscal considera que el problema jurídico que la Corte debe abordar es “si a la luz del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, es inexequible el artículo 90 del Código Civil cuando establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer”[29]. La Procuraduría considera que el cargo de constitucionalidad debe ser abordado a la luz de los artículos 1.2 y 4.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y no exclusivamente a la luz del artículo 4, como fue planteado en la demanda. La anterior solicitud la hace “con fundamento en el hecho de que el artículo 1° de la Convención Americana, además de contener los deberes generales del Estado (1.1), en su segundo inciso establece que “para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Luego, como puede apreciarse con claridad, es necesario que todo el texto de la Convención se interprete a la luz del artículo 1°, en estos dos incisos”[30]. De otra parte, afirma que el contenido y alcance del artículo 90 del Código Civil debe abordarse en conjunto con los artículos 91, 92 y 93 del mismo Código, de los que se puede inferir que “la intención del Código Civil fue (i) establecer una protección legal al no nacido propendiendo porque su vida continúe desarrollándose y (ii) someter su existencia a una condición suspensiva, de acuerdo con la cual si nace se entiende que existió desde que estaba adentro del vientre materno –para lo cual presume el momento de la concepción-, pero si no nace se predica que nunca existió”[31]. Por lo tanto, considera que una interpretación sistemática del artículo 90 permite entender que la intención del Legislador no era la de negar la existencia de vida humana antes del nacimiento, pues en caso de nacimiento protege ciertos derechos patrimoniales que se consideraban suspendidos. A continuación, la Procuraduría, afirma que los artículos 4.1 y 1.2 de la Convención Americana hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son parámetro de control de constitucionalidad. En este sentido, sostiene que la lectura de esos dos artículos indica que “todos los seres humanos, para quienes corresponde y allí expresamente se utiliza la categoría jurídica de persona, tienen derecho a que su vida sea protegida, por regla general a partir de la concepción, y al mismo tiempo está prohibido privarlos arbitrariamente de ella”[32]. Por lo tanto, considera que “la vida humana se equipara con la existencia de la personalidad jurídica, mientras que el derecho a la vida se tiene por regla general desde la concepción (…)”[33]. Así, afirma que la expresión, en general, del artículo 4 no implica una negación del deber de los Estados de proteger la vida y adecuar sus ordenamientos internos para que se asegure el máximo nivel de protección de la persona humana, que es sinónimo de ser humano. En este orden, se refiere a los cimientos del Estado consignados en el preámbulo de la Constitución como la dignidad humana y las otras salvaguardas constitucionales que determinan la protección e inviolabilidad de la vida. Para apoyar lo anterior, cita la sentencia C-133 de 1994 que se refiere a la protección de la vida desde la fecundación. También indica que la sentencia C-355 de 2006 se apartó de esta visión pero que aun así reconoció que el Estado tiene un deber de proteger la vida en gestación. Más allá, para la Procuraduría las protecciones al no nacido no son sólo constitucionales y convencionales sino también de carácter legal y pone de ejemplo las normas penales que tipifican el genocidio, el aborto preterintencional, el aborto sin consentimiento, las lesiones al feto, las lesiones culposas al feto y la fecundación y tráfico de embriones humanos, así como las protecciones laborales a la mujer en estado de gestación, el fuero de maternidad, y la licencia de maternidad. Para concluir el punto, indica que la expresión en general del artículo 4.1 debe ser interpretada en armonía con el marco jurídico colombiano. De otra parte, señala que el único pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 4.1 es el caso de Artavia Murillo y Otros (fertilización in vitro) vs. Costa Rica y pasa a explicar su contenido. No obstante, plantea que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado requisitos específicos que deben cumplir las sentencias de la Corte IDH para ser consideradas en el análisis de constitucionalidad. En este sentido, cita la sentencia SU-712 de 2013, reiterada en la sentencia T-516 de 2014 que indica que “`los tratados deben ser interpretados de manera coherente y sistemática, no sólo con otros instrumentos internacionales sino con la propia Constitución´ e instituyó como un criterio relevante las similitudes o diferencias de contexto fáctico y jurídico en el que se desarrolló el caso a la hora de emplear una sentencia de la Corte Interamericana como criterio hermenéutico”[34], así, se señala el deber de tener en cuenta la arquitectura institucional de cada Estado y el contexto en el que se inserta. Adicionalmente, cita la sentencia C-500 de 2014, en la que se reiteran los criterios para establecer cuándo una norma convencional hace parte del bloque de constitucionalidad y se pronuncia sobre la posibilidad de que un asunto que ya fue fallado se reabra a partir de una interpretación posterior de la Corte IDH siempre que: “(i)El parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii)los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado radicalmente y de forma clara el sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos humanos; y (v) sea uniforme y retirada”[35]. Así pues, destaca que “si bien la Corte Constitucional ha reconocido el valor hermenéutico de las sentencias de la Corte Interamericana, también ha señalado con claridad que para que tales sentencias tengan implicaciones reales en el control de constitucionalidad”[36] deben cumplir con los requisitos señalados por la sentencia C-500 de 2014 y, para la Vista Fiscal, esto no sucede con la sentencia Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica. Lo anterior, puesto que lo decidido en dicho caso no es compatible con la Constitución colombiana y su decisión tampoco es uniforme y reiterada. Por lo tanto, sostiene que la Corte no debe utilizarlo como parámetro al realizar el control de constitucionalidad. Por último, la Procuraduría considera que el artículo 90 del Código Civil debe ser declarado inexequible, pues no garantiza el estatus de persona jurídica a quien aún no ha nacido, como debería hacerlo de conformidad con los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana y el artículo 93 de la Constitución. En su concepto, la disposición sólo protege de forma parcial y condicionada el derecho a la vida del no nacido, que debe ser garantizado desde la concepción. Así, solicita que el aparte acusado sea retirado del ordenamiento y reemplazado por la expresión “con la concepción”. En concordancia, plantea que el artículo 90 debería quedar de la siguiente forma “la existencia legal de toda persona principia con la concepción”[37]. VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República. Inexistencia de cosa juzgada, planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución 2. Los demandantes consideran que la expresión “principia al nacer” contenida en el artículo 90 del Código Civil viola los artículos 93 de la Constitución y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues desconoce que la vida comienza desde la concepción y que su protección debería darse desde ese momento, como lo establece la norma supranacional. 3. El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y de Derecho, el ICBF y Dejusticia solicitan que se declare la constitucionalidad de la expresión demandada, pues en su criterio no viola el artículo 4.1 de la Convención Americana. Todos los intervinientes hacen referencia a la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional que establece la distinción entre la protección de la vida como interés estatal y las protecciones que se desprenden del derecho a la vida. En este sentido, consideran que se trata de dos temas diferentes y que la determinación de la existencia jurídica de la persona al nacer no implica un desconocimiento del derecho a la vida. Así, consideran que la distinción en el nivel de protección de la vida como valor y como derecho responde a una ponderación frente a la protección de la autonomía reproductiva en concordancia con la sentencia C-355 de 2006. De otra parte, algunos intervinientes refieren la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y Otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica como fundamento de la constitucionalidad de la norma ya que estableció el alcance del artículo 4.1 en el entendido de que la vida antes de nacer no exige una protección absoluta porque deben ponderarse con otros derechos que merecen protección. El Centro de Estudios Jurídicos CEJA de la Universidad de Nariño, la Universidad Externado de Colombia y la Defensoría del Pueblo presentaron intervenciones extemporáneas que solicitan la exequibilidad del aparte de la norma acusada. Un interviniente solicitó la inexequibilidad de la disposición impugnada, pues en su criterio ésta se debe entender de forma sistemática con el Código General del Proceso que considera que se encuentra acorde con la Convención Americana ya que prevé disposiciones que reconocen la vida prenatal como sujeto de derechos. 4. La Procuraduría General de la Nación solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión “nacer” y se reemplace por la de “con la concepción”. Para la Vista Fiscal, la norma desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece la protección de la vida desde la concepción, así como una lectura sistemática de otras disposiciones del Código Civil. En su concepto la norma viola la Convención Americana que estatuye la protección del derecho a la vida desde la concepción. De otra parte, señala que el precedente fijado por la sentencia del caso Artavia Murillo y Otros (fertilización in vitro) vs. Costa Rica de la Corte IDH no es aplicable a este caso ya que no cumple con los criterios establecidos por la Corte Constitucional para que un asunto que ya fue fallado se reabra a partir de una interpretación sobreviniente de la Corte IDH, como considera que sucede en este caso. Inexistencia de cosa juzgada 5. De conformidad con el artículo 243 “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. Por lo tanto, las sentencias de control abstracto proferidas por la Corte hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. En el mismo sentido, los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, establecen que las decisiones que dicte la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga omnes[38]. 6. En la sentencia C-744 de 2015[39] se reiteró lo establecido en la sentencia C-228 de 2015[40] sobre el alcance de la cosa juzgada. Ahora se pasa a reiterar literalmente lo expresado en esa oportunidad[41]. Sobre las funciones de la cosa juzgada tanto en una dimensión negativa como positiva, en la sentencia C-228 de 2015[42] se estableció que“(…) la cosa juzgada tiene una función negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas[43].”[44] En esa misma providencia se reiteraron las reglas jurisprudenciales de verificación de la existencia de cosa juzgada una vez: “(…) (i) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) que se presenten las mismas razones o cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), analizados en ese fallo antecedente; y (iii) que no haya variado el patrón normativo de control[45].”[46] 7. En relación con la cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia de este Tribunal ha considerado que la misma puede ser formal o material. Se tratará de una cosa juzgada constitucional formal cuando[47]: “(…) cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio...”[48], o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual[49]. Este evento hace que “... no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...”[50]” De otra parte, habrá cosa juzgada constitucional material cuando: “(…) existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo. En estos casos, es claro que si ya se dio un juicio de constitucionalidad previo en torno a una de esas disposiciones, este juicio involucra la evaluación del contenido normativo como tal, más allá de los aspectos gramaticales o formales que pueden diferenciar las disposiciones demandadas[51]. Por tanto opera el fenómeno de la cosa juzgada.”[52] 8. Ahora bien, los efectos de la cosa juzgada en materia de control de constitucionalidad están condicionados a la manera en que la Corte resuelve las demandas que son sometidas a su jurisdicción. En efecto, la declaratoria de inexequibilidad de una norma, implica que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento de esta Corporación, por tal razón la demanda que se presente con posterioridad deberá rechazarse o proferirse un fallo inhibitorio y estarse a lo resuelto en la decisión anterior[53]. Si este Tribunal ha resuelto la exequibilidad de una norma que con posterioridad es nuevamente demandada, debe analizarse cuál fue el alcance de la decisión previa, con la finalidad de “(…) definir si hay lugar a un pronunciamiento de fondo o si por el contrario la problemática ya ha sido resuelta, caso en el cual, la demanda deberá rechazarse de plano o, en su defecto la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto en el fallo anterior.”[54] 9. Ahora se pasa a analizar si se configura el fenómeno de la cosa juzgada de acuerdo con los requisitos mencionados, para establecer si el juicio de constitucionalidad planteado en esta oportunidad es procedente. En primer lugar, la Corte constata que el artículo 90 del Código Civil ya ha sido objeto de revisión constitucional por esta Corporación en la sentencia C-591 de 1995[55]. En esa ocasión, se demandó dicha disposición por considerar que violaba los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución. Los cargos de inconstitucionalidad presentados en contra del precepto normativo fueron resumidos de la siguiente forma en la providencia: “- Afirman los demandantes que de una interpretación armónica de la Constitución, se puede inferir que el constituyente se inclina a reconocer que todo ser es persona desde el momento mismo de su concepción. Es por ello, que se brinda una especial protección a la mujer en estado de embarazo, o se consagra el derecho de todo niño a la vida. Por tanto, la ficción que consagra el artículo 90 del Código Civil, desconoce el principio de la dignidad humana, pues sólo reconoce como persona al nacido, cuando lo lógico sería que desde el momento de la concepción el ser humano fuera sujeto de derechos. - Al no reconocer que el ser humano es persona desde su concepción, se están desconociendo una serie de derechos que son esenciales al hombre, entre ellos, y el principal, el derecho a la vida. (…) - Finalmente, se argumenta que las normas acusadas desconocen un sinnúmero de tratados internacionales que garantizan la vida de todo ser humano y su calidad de persona, garantías éstas que comienzan desde el momento mismo de la concepción. Al respecto, citan la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3o. y 6o., así como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José.” 10. La Corte estableció que el problema jurídico que debía resolver era si los artículos 90, 91, y 93 demandados violaban los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución “al no reconocer que la existencia legal de las personas comienza con la concepción y no con el nacimiento. Según ellos, la Constitución sí consagra expresamente el principio de que la existencia legal de la persona comienza en el momento de la concepción”[56]. La Corte consideró que las disposiciones, y en particular la consagración de la existencia legal de la persona desde el nacimiento, no violaba ninguno de los artículos de la Constitución de los que se reclamaba una vulneración. Primero, determinó que las normas acusadas establecían la existencia legal de las personas desde el nacimiento y la existencia de la vida desde la concepción[57]. A su vez, dijo que durante el periodo entre la concepción y el nacimiento se debería aplicar el principio según el cual "el concebido se tiene por nacido para todo lo que le sea favorable"[58]. A continuación hizo referencia a las normas legales consagradas en el Código Civil que establecían una protección al no nacido. No obstante, dijo que para que la premisa planteada por los demandantes fuera cierta “tendría que demostrarse que la Constitución, por el contrario, establece que la existencia legal principia con la concepción”[59]. Así, determinó que las normas acusadas no violaban la Constitución, y que ésta no establecía que la existencia legal de la persona comenzara con la concepción. La Corte sostuvo: “A juicio de la Corte, la Constitución no establece que la existencia legal de la persona principie en el momento de la concepción. No existe una sola norma de la cual pueda sacarse tal conclusión. Posiblemente por esto, la demanda se funda en la supuesta violación de normas que no se refieren ni siquiera indirectamente al tema: el preámbulo, el artículo 1o., el 2o., el 5o., el 11, el 12, el 13, el 14, el 94”. Después, a partir del mandato del artículo 42 constitucional, precisó que el comienzo de la existencia legal se encontraba regulada por la ley al establecer que ésta regularía lo “relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes” e inequívocamente se trata de personas, es decir, seres humanos que ya han nacido[60]. En concordancia, concluyó que “no existe razón para afirmar que los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil sean contrarios a norma alguna de la Constitución. En consecuencia, la Corte declarará su exequibilidad”[61]. 11. Para la Sala Plena, es claro que existe cosa juzgada sobre cualquier reclamo relativo a los cargos por los que la Corte Constitucional estudió la norma. Es decir, la violación por parte del artículo 90 del Código Civil, de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución, por estimar que las disposiciones constitucionales ordenan que la existencia legal de la persona comienza con la concepción. La revisión del artículo 90 por cualquiera de esos cargos no sería posible, ya que, como se advirtió, en virtud del artículo 243 de la Constitución no es posible analizar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior por los mismos cuestionamientos. En este caso, la Corte verifica que aun cuando se trata de una acusación en contra de la misma norma no se presentan los mismos cuestionamientos que en esa ocasión, ni éstos fueron estudiados. Desde la perspectiva material del cargo podría pensarse que existe identidad parcial entre las acusaciones que se comparan, sin embargo estas son diferentes. En las dos oportunidades se alega la violación de disposiciones diferentes que reconocen el derecho a la vida, porque la norma establece la existencia legal después del nacimiento. No obstante, (i) el contenido normativo de los artículos 11 de la Constitución y 4.1 de la Convención Americana es diferente, por lo tanto el parámetro de constitucionalidad es distinto; (ii) el demandante formula un entendimiento del artículo 4.1 que no fue analizado en la sentencia, desde el deber para el Estado colombiano de proteger la vida desde la concepción a partir de la obligación convencional; y (iii) la Corte, en esa ocasión, no estudió la violación de la Convención Americana ahora propuesta. En primer lugar, el artículo 11 de la Constitución establece que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, mientras que el artículo 4 de la Convención Americana determina: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años...