Sentencia C-096 de 2024

C-096-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-096/24 CAUSALES DE DIVORCIO-Uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes no da lugar a la aplicación de consecuencias patrimoniales En criterio del plenario, la conciliación de las reivindicaciones contrapuestas se consigue manteniendo la causal en el ordenamiento, pero modificando las consecuencias jurídicas patrimoniales previstas por el Legislador. De esta manera, las legítimas expectativas de ejercer el mayor grado de libertad personal, por parte de cada uno de los contrayentes, resultan satisfechas. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Contenido y alcance (...) el derecho al libre desarrollo de la personalidad proclama que el poder regulador del Estado únicamente es legítimo en la medida en que recaiga sobre acciones que comprometan a personas distintas a la de quien las ejecuta. En aplicación de este imperativo, las conductas que únicamente conciernen al titular del derecho, que solo a él lo afectan, en modo alguno pueden ser regladas por el orden jurídico. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Jurisprudencia constitucional DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Límites DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL MATRIMONIO-Relación DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS CÓNYUGES-Tensión frente al consumo habitual de sustancias psicoactivas por uno de los cónyuges/PRINCIPIO DE ARMONIZACION CONCRETA-Aplicación DERECHO A CONSTITUIR UNA FAMILIA-Manifestación del libre desarrollo de la personalidad y de los derechos reproductivos La Sala Plena ha declarado que “el derecho a fundar una familia también es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y de los derechos reproductivos. Por este motivo, la jurisprudencia no ha dudado en considerar el derecho a conformar una familia como fundamental”. La decisión de constituir una familia es, entonces, “una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y, en concreto, de la libre expresión de afectos y emociones, ya que su origen se encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente entre las distintas opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, valores, expectativas y esperanzas, puedan construir y desarrollar durante su existencia”. PORTE Y CONSUMO DE DOSIS MINIMA DE ESTUPEFACIENTES-Jurisprudencia de la Corte Constitucional CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ÁMBITO LABORAL-Jurisprudencia constitucional CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ESPACIO PÚBLICO-Jurisprudencia constitucional ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009-Desarrolla el deber del cuidado integral de la salud MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INSTITUCION JURIDICA DEL MATRIMONIO-Alcance (...) la Constitución ha encomendado al Legislador el desarrollo de las instituciones del matrimonio y del divorcio. Para tal efecto, dentro de los límites que establece el texto superior, el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración. En razón de lo anterior, es preciso que las causales que aquel determine, al tiempo que promuevan la consecución de los fines que persigue el matrimonio, sean respetuosas de los derechos, principios y valores que proclama la Constitución CAUSALES DE DIVORCIO-Clasificación según la jurisprudencia constitucional DIVORCIO-Causales objetivas y subjetivas (...) la jurisprudencia y la doctrina han clasificado esas causales en dos grupos: objetivas y subjetivas. En el primero de ellos, el divorcio se produce como resultado de una ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio. En tal caso, la finalización del vínculo matrimonial aparece como mejor remedio para las situaciones vividas. Esta corporación ha añadido que [l]as causales [objetivas] pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y [que] el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. El segundo grupo reúne las causales divorcio de naturaleza subjetiva. En ellas, el divorcio se atribuye a la culpa de alguno de los cónyuges en el cumplimiento de sus obligaciones conyugales y dan lugar a lo que la doctrina ha denominado el divorcio sanción. PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE EDAD FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-Instrumentos internacionales y nacionales El ordenamiento jurídico colombiano garantiza la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas. En consonancia con lo anterior, los padres y madres de familia tienen dos obligaciones específicas: primero, amparar a los menores frente al acceso, exposición y consumo de estas sustancias; segundo, proporcionar una información correcta, adecuada y suficiente sobre los efectos nocivos que conlleva esta conducta. Por otra parte, el padre o madre de familia que infrinja estas obligaciones no solo viola los derechos fundamentales del menor; además incurre en la causal de divorcio descrita en el numeral segundo del artículo 154 del Código Civil. En atención a que la causal es de naturaleza subjetiva, el cónyuge inocente puede demandar la imposición de las consecuencias pecuniarias establecidas en el Código Civil. JUICIO DE PROPORCIONALIDAD ESTRICTO-Aplicación REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SALA PLENA SENTENCIA C-096 de 2024 Ref.: Expediente D-15.432 Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil Demandante: Camilo Andrés Montero Jiménez Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, dicta la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión[1] 1. El ciudadano Camilo Andrés Montero Jiménez interpuso demanda de acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil. En su criterio, el Legislador violó el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y el principio constitucional de la dignidad humana al instaurar como causal de divorcio el «uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica»[2]. El consumo de las sustancias referidas estaría amparado por los principios constitucionales indicados, por lo que su inclusión en el supuesto de hecho conllevaría la infracción de los límites consignados en el texto superior. 2. Con el objetivo de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala Plena encontró necesario abordar los siguientes asuntos: primero, la evolución de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo de sustancias psicoactivas y, segundo, la relevancia del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad en el matrimonio. Antes de efectuar el análisis de estas consideraciones, el plenario evaluó la aptitud sustancial de la demanda, teniendo en cuenta las objeciones que planteó el Ministerio de Justicia y del Derecho. Dicho estudio le permitió concluir que la demanda era apta, lo que habilitó la continuación del juicio de constitucionalidad. 3. En el primer apartado de las consideraciones generales, la Sala Plena reiteró que el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconoce el incomparable valor ético que tiene cada individuo, y funda en él la facultad de obrar con autonomía plena. Recordó que el derecho en cuestión es incompatible con las políticas perfeccionistas de la libertad, pues rechaza que el Estado pueda regular o injerir en el proceder del individuo que no afecta a otros sujetos. En dicho campo, en el que sus acciones únicamente tienen efectos sobre él y su plan de vida, el Estado tiene vedado intervenir. Dicho ámbito es el núcleo irreductible de la libertad individual. Por tanto, cualquier injerencia que aquel realice en este campo conlleva una violación del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 4. Los argumentos analizados en el segundo apartado resaltaron el estrecho vínculo que existe entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la decisión de conformar una familia a través del matrimonio. La Sala Plena reiteró que la Constitución ha encomendado al Legislador el desarrollo de las instituciones del matrimonio y del divorcio. Para tal efecto, dentro de los límites que establece el texto superior, el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración. En razón de lo anterior, es preciso que las causales que aquel determine, al tiempo que promuevan la consecución de los fines que persigue el matrimonio, sean respetuosas de los derechos, principios y valores que proclama la Constitución. Con base en estas razones, el plenario procedió a resolver el cargo de inconstitucionalidad formulado contra el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil. 5. Para dar comienzo el análisis de constitucionalidad, la Sala Plena estableció el alcance del supuesto de hecho descrito en la norma demandada. Para tal fin, esclareció el sentido de dos conceptos jurídicos indeterminados que se engastan en la disposición. Se refirió, concretamente, a los términos «sustancias alucinógenas o estupefacientes» y «consumo habitual de sustancias psicoactivas». 6. Con base en el análisis de los conceptos técnicos remitidos durante el proceso, la Sala Plena concluyó que el consumo habitual presenta las siguientes características: i) implica un aumento en la frecuencia y cantidad del consumo de sustancias psicoactivas, en comparación con el uso esporádico; ii) conlleva para el usuario una modificación de la relevancia del consumo, en virtud del cual las sustancias psicoactivas cobran un «papel importante en [su] vida»; iii) no existe compulsión para el consumo y la tendencia a aumentar la «dosis del consumo es escasa o nula»; iv) no supone la existencia de una psicopatología para el consumidor; y v) no conlleva para el consumidor riesgos o daños que, indefectiblemente, habrán de presentarse, pues las consecuencias nocivas dependen de factores como el tipo de sustancia que se consume, las características del usuario y las condiciones del entorno que rodea a este último. 7. A continuación, el plenario identificó el propósito que persigue la norma bajo estudio. Estableció que dicho cometido no es otro que el de permitir al cónyuge no consumidor finiquitar el vínculo matrimonial, cuando este juzga que la conducta del cónyuge consumidor es incompatible con su plan de vida. En dicho apartado, la Sala Plena realizó un estudio de los elementos normativos que contiene la disposición. 8. Dicho análisis permitió a la Corte concluir que el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil no busca prevenir o remediar la violencia doméstica; tampoco pretende proteger a los menores frente a las sustancias psicoactivas. Tales propósitos son satisfechos por otras disposiciones del derecho civil; además, la Sala Plena constató que dichos comportamientos se encuentran tipificados por otras causales de divorcio, cuya índole es de carácter subjetivo. Por tal motivo, el cónyuge que incurre en estos comportamientos no solo da lugar a la posible disolución del vínculo matrimonial; adicionalmente, puede ser condenado al pago de alimentos y a la devolución de las donaciones que hubiera recibido por causa del matrimonio. 9. Concluidas estas digresiones, la Sala Plena procedió a enjuiciar la constitucionalidad de la norma demandada. Al hacerlo, constató que en ella se producía una colisión entre dos derechos fundamentales: los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana del cónyuge que desea finiquitar el lazo matrimonial que mantiene con una persona que consume habitualmente sustancias psicoactivas; y los mismos derechos, pero del cónyuge consumidor, quien desea efectuar esta conducta, sin que ello implique la disolución del vínculo matrimonial o la imposición de consecuencias perjudiciales. 10. La Corte observó que ambas pretensiones se fundan en razones constitucionales atendibles: el cónyuge no consumidor ve comprometida su libertad individual, pues —en el supuesto de hecho previsto por el Legislador— considera que el consumo, aunque no sea nocivo para él, es contrario a sus principios y a su plan de vida como pareja. El cónyuge consumidor, por su parte, ve frustrada su aspiración de llevar a cabo una conducta que, de acuerdo con la terminología empleada por la jurisprudencia constitucional, constituye un «comportamiento no interferido». Esta expresión designa aquellas conductas que, por el hecho de no inferir daño a ninguna persona distinta a la de quien la ejecuta, no pueden ser prohibidas sin incurrir en una violación del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 11. En razón de lo anterior, la Sala Plena juzgó procedente la realización de un ejercicio de armonización concreta entre los derechos fundamentales en pugna. Este ejercicio tuvo como propósito discernir el arreglo jurídico que produjera el mayor grado de satisfacción posible de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de los integrantes de la pareja. 12. El tribunal concluyó que dicha situación se obtiene mediante la modificación de la índole jurídica de la causal de divorcio; más concretamente, a través de la eliminación de la posibilidad de que el cónyuge consumidor sea condenado al pago de alimentos o a la devolución de las donaciones que hubiera recibido. De este modo, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de ambos cónyuges consiguen el máximo grado de realización posible: en primer lugar, el cónyuge no consumidor logra liquidar el contrato matrimonial, lo que satisface plenamente su deseo de poner fin a una relación de pareja que no es congruente con su proyecto de vida; en segundo término, el cónyuge consumidor puede perseverar en la conducta prevista en la norma sin que, por este hecho, deba soportar la imposición de consecuencias jurídicas de carácter patrimonial. A juicio del plenario, esta solución ofrece una realización sustancial de su libertad personal, pues elimina las sanciones que la ley civil imponía por la realización de un comportamiento no interferido. Por tanto, la expectativa de obrar según los dictados de la libertad y la autonomía es restablecida de manera completa. 13. Con base en los argumentos expuestos, la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada de la disposición, en el entendido de que no da lugar a la imposición de las consecuencias patrimoniales propias de las causales de divorcio de orden subjetivo. I. Antecedentes 14. El 10 de julio de 2023, el ciudadano Camilo Andrés Montero Jiménez formuló demanda de acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil. El numeral establece como causal de divorcio «[e]l uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica». 15. La demanda planteó originalmente dos cargos de inconstitucionalidad, uno principal y otro accesorio. El primero de ellos acusa a la disposición de infringir el principio de la dignidad humana, proclamado en el artículo primero de la Constitución, y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo dieciséis. En síntesis, el demandante argumentó que la causal sanciona una conducta que se encuentra protegida por el derecho fundamental en cuestión. Ello se debe a que la causal consignada en el numeral quinto es de naturaleza subjetiva. Por tal motivo, el cónyuge culpable puede ser condenado al pago de alimentos al cónyuge inocente, y es posible que este último pueda revocar las donaciones que le hubiere hecho a aquel con ocasión del matrimonio. Según este planteamiento, la norma demandada instauraría consecuencias perjudiciales —que no serían otra cosa que sanciones— contra el cónyuge que realiza una conducta que se encuentra amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, tal arreglo normativo implicaría la vulneración del principio de la dignidad humana. 16. El segundo cargo denuncia la violación del artículo trece de la Constitución. En opinión del accionante, la disposición ignora que quien consume las sustancias que se refieren en la norma demandada es un «sujeto enfermo y[, por lo tanto, un sujeto] de especial protección constitucional»[3]. Así, en vez de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que impone el principio de solidaridad, la disposición autoriza al «cónyuge sano para que incumpla sus deberes de socorro y ayuda mutua con respecto a su consorte enfermo por el hecho de estar enfermo, [lo que] es un atropello al principio de solidaridad constitucional»[4]. En definitiva, según esta argumentación, el numeral demandado es inconstitucional por cuanto desconoce la obligación de proveer la protección constitucional que requieren los consumidores habituales de estas sustancias. Lo anterior conlleva, en criterio del demandante, la violación del artículo 13 de la Constitución. 17. Mediante auto del 15 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora inadmitió la demanda en atención a que, en su criterio, incumplía los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. 18. El 18 de agosto de 2023, el accionante presentó un escrito de corrección de la demanda. Con el objetivo de enmendar las deficiencias argumentativas señaladas en el auto inadmisorio, rectificó su argumentación, planteando un único cargo de inconstitucionalidad. En él adujo que la norma demandada desconoce la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Desistió, de tal suerte, del cargo de infracción del principio constitucional de la igualdad, que se fundaba en el supuesto desconocimiento de los deberes que tendría el cónyuge cuando su pareja fuese adicta al consumo de sustancias alucinógenas o estupefacientes. 19. Mediante auto del 6 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda «por el cargo de desconocimiento de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad»[5]. En consecuencia, ordenó correr traslado de la demanda a la Procuraduría General de la Nación; dispuso la fijación en lista del proceso para que los ciudadanos interesados intervinieran en esta causa judicial; ordenó comunicar el inicio del proceso a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a las Secretarías Generales del Senado de la República y la Cámara de Representantes y, por último, invitó a participar a varias entidades y organizaciones. 20. Cumplidos los trámites constitucionales y legales pertinentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia. II. Norma demandada 21. A continuación, se transcribe el artículo 154 del Código Civil, y se destaca el numeral demandado: LEY 84 DE 1873 (26 de mayo) Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 1873 CÓDIGO CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA DECRETA: […] ARTICULO 154. Son causales de divorcio: 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. 6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. 8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia. III. El cargo de inconstitucionalidad 22. A juicio del accionante, la norma demandada infringe el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y el principio de la dignidad humana. En su criterio, la disposición desconoce las facultades que tales preceptos otorgan a la persona para que disfrute de un ámbito de libertad, libre de injerencias. Más concretamente, viola la expectativa de «vivir como [se] quiera»[6] y la facultad de efectuar «toda clase de conductas que le conciernen únicamente a [la persona] sin que el Estado pueda ejercer una intromisión o presión sobre […] [sus] decisiones». 23. Con fundamento en un apartado de la Sentencia C-253 de 2019, el accionante sostiene que el «consumo habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes que la norma da por causal de divorcio encaja en el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia constitucional»[7]. En la providencia en cuestión, que se transcribe ampliamente en el escrito de corrección de la demanda, la Sala Plena declaró que «el derecho al libre desarrollo de la personalidad incluye la protección del porte y consumo de la dosis personal». La sentencia ahonda en esta cuestión, señalando que, en ejercicio del derecho, «[t]al decisión del sujeto, que puede no compartirse y el Estado legítimamente desestimularla, ha de respetarse profundamente, cuando no impacte los derechos de los demás, en tanto es una de las dimensiones de la dignidad de la persona en una de sus dimensiones más fundamentales: ser autónomo y libre». Con base en este apartado jurisprudencial, el accionante concluye que el consumo habitual de estas sustancias forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 24. Establecido lo anterior, el demandante afirma que la norma demandada es inconstitucional, por cuanto imposibilita el ejercicio de una libertad que ampara la Constitución. Al respecto, explica que si bien cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para regular el divorcio, el Legislador «debe respetar principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros»[8]. Esta aseveración fue sustentada en la Sentencia C-394 de 2007, en la cual este tribunal afirmó que «los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de los cónyuges se constituyen en criterios orientadores para diseñar el modelo legal en donde aquel no se torne inamovible». 25. Para terminar, el accionante señaló que la causal en cuestión no alude a las acciones que perjudiquen a los integrantes de la familia del consumidor habitual o a los actos violentos que aquel acometa en su contra. Tales conductas estarían sancionadas en otras causales de divorcio, estipuladas en el artículo 154 del Código Civil. Así ocurre, en criterio del accionante, con «el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres» (nal. 2) y con «[l]os ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra» (nal. 3). Lo anterior demuestra, en criterio del demandante, que la norma demandada alude únicamente el uso habitual de sustancias, y no a las posibles consecuencias nocivas que pudiera ocasionar a los demás integrantes del núcleo familiar. Esta sería la prueba de que el objeto de la disposición no es otro que prohibir el ejercicio de una libertad individual que es inocua frente a terceros. Con fundamento en esta argumentación, el demandante solicita a la Sala Plena declarar la inexequibilidad del numeral demandado. IV. Intervenciones 26. Dentro del término previsto en el Decreto 2067 de 1991, se recibieron once intervenciones: una de ellas solicitó la emisión de un fallo inhibitorio; seis defendieron la constitucionalidad de la norma demandada; y cuatro solicitaron la declaratoria de inexequibilidad[9]. A continuación se sintetizan los argumentos propuestos en los escritos remitidos a este tribunal. Intervención que solicitó la emisión de un fallo inhibitorio Entidad Argumentos propuestos Ministerio de Justicia y del Derecho[10] La cartera solicitó a esta corporación emitir un fallo inhibitorio, con fundamento en la ineptitud sustancial de la demanda. En criterio de la entidad, el cargo planteado incumple los siguientes requisitos: certeza, en tanto atribuye al artículo dieciséis superior un alcance subjetivo, que no corresponde a su sentido genuino; especificidad, pues se funda en «una interpretación restringida de la norma constitucional, dejando de lado un análisis sistémico y completo»[11]; y suficiencia, en atención a que las deficiencias anteriores anulan cualquier duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma demandada. Intervenciones que solicitaron la declaración de exequibilidad de la norma demandada Interviniente Argumentos propuestos Nicolás Mateus Polanco En criterio del ciudadano, la conducta descrita en la causal demandada lesiona «otros valores constitucionales, como la protección de la familia, el bienestar de los hijos y la seguridad de los cónyuges»[12]. El ciudadano sostuvo que el uso de las sustancias referidas en la norma provoca una decadencia del consumidor, lo que acarrea «una clara violación de su dignidad humana»[13]. Además, conlleva el desconocimiento de la prevalencia del interés general y la violación de los derechos de los niños que integran la familia del consumidor. Como consecuencia de lo anterior, la regulación contenida en la norma demandada sería plenamente congruente con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belem do Pará y los Pactos de Nueva York[14]. Pablo Andrés Chacón Luna El interviniente manifestó que la argumentación del accionante desconoce que «las obligaciones derivadas [d]el acto nupcial no tienen carácter prestacional, [pues] son deberes éticos»[15]. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que, en opinión del ciudadano, el matrimonio no es, en realidad, un contrato. De ahí que no sea razonable sostener que dicha unión se encuentre limitada por los derechos fundamentales a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Para dar sustento a lo anterior, hizo referencia a la Sentencia C-821 de 2005, providencia en que la Corte declaró la constitucionalidad de la causal de divorcio que hace referencia a las relaciones sexuales extramatrimoniales. De manera análoga al caso decidido entonces, la Corte se encontraría ante una causal que exige a los cónyuges «guardarse fe, la cual puede ser entendida en sentido amplio sobre la conducta ética que se espera de una persona [que contrae nupcias]»[16]. Ricardo Isaac Noriega Hernández El ciudadano argumentó que ningún derecho es absoluto, y que, en el caso concreto, la limitación impuesta por el Legislador se encuentra justificada por valiosos principios constitucionales. Entre ellos se encuentra la protección de la familia y de los menores que forman parte de ella. Adicionalmente, indicó que la Sala Plena debe asumir una perspectiva de género para la solución de la demanda interpuesta. Esta obligación se funda en que «en la práctica, las más afectadas [por estas conductas] son las mujeres, y que en ese contexto [la actuación del cónyuge culpable] se constituiría [en] una violencia de género que a todas luces se debe evitar»[17]. Por último, el interviniente solicitó a la Corte recordar a los operadores jurídicos que la aplicación de la norma demandada debe hacerse a la luz de los tratados del bloque de constitucionalidad que protegen a los niños y a la mujer. Santiago Palacio Núñez El interviniente adujo que la citación de las sentencias mencionadas en la demanda incurre en una imprecisión conceptual. En su opinión, el accionante distorsionó el alcance de la jurisprudencia, confundiendo los términos de dosis personal y uso habitual de sustancias alucinógenas y estupefacientes. Tal desfiguración de la jurisprudencia habría llevado al demandante a conducir argumentos que fueron concebidos en un contexto particular al ámbito de la familia, que es distinto y cuenta con una robusta protección constitucional. En tal sentido, la norma demandada es «una herramienta de protección de la familia»[18], pues el consumo de sustancias alucinógenas y estupefacientes siempre le ocasionaría daño. Harold Eduardo Sua Montaña El ciudadano presentó un escrito en el que parece defender la constitucionalidad de la disposición y sugerir la existencia de un impedimento sobre los magistrados católicos. En cuanto a lo primero, manifestó que «el [m]atrimonio no fue instituido ni restaurado por obra de los hombres, sino por obra divina»[19], y que tal institución resulta seriamente afectada por el consumo de sustancias alucinógenas o estupefacientes, pues «desencadena per se una ofensa grave a la ley natural permitida por el artículo 42 del régimen constitucional»[20]. En lo que se refiere al aparente impedimento, manifestó que los magistrados que acogen creencias católicas tienen un interés directo en la decisión. Dicho interés consiste en que la aludida religión exige a sus fieles «contribu[ir] a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento (extracto de la Constitución Dogmática Lumen Gentium)»[21]. Por tal motivo, la eventual anulación de la norma constituye una «cooperación al divorcio susceptible de llevar [a quien fomente tal conducta] a juicio canónico»[22]. Jairo Alberto Delgado Beltrán[23] El interviniente recordó que el derecho al libre desarrollo no es absoluto. Tal afirmación fue sustentada en la Sentencia T-435 de 2002, fallo en el que este tribunal manifestó que «la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios». En opinión del ciudadano, la causal objeto de control instaura una restricción legítima de la libertad individual, que busca garantizar la protección del «derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien no consume, para [que] decid[a] si acepta la infracción de la misma o prefiere invocarla para decretar el divorcio»[24]. Intervenciones que solicitaron la declaración de inexequibilidad de la norma demandada Interviniente Argumentos propuestos Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia[25] La entidad adhirió a la demanda interpuesta por el accionante, y presentó varios argumentos que amplían el fundamento de la solicitud de inexequibilidad. Como preámbulo, informó que el Gobierno nacional ha diseñado una nueva política de drogas, llamada Sembrando vida desterramos el narcotráfico. Su objetivo es brindar un «nuevo enfoque y tratamiento a todas las personas que tengan una relación con las sustancias psicoactivas, sea de uso ocasional, ritual, recreativo, lúdico, funcional, habitual, problemático o dependiente»[26]. De este modo, el Gobierno pretende dar solución a los problemas asociados a este fenómeno de una manera integral e integrada, adoptando un enfoque de derechos humanos y procurando la igualdad de género, la salud y la seguridad de las personas. Al referirse a la norma demandada, la entidad declaró que es «evidente que la causal de divorcio demandada no tiene una cohesión con el orden constitucional y con el enfoque de derechos humanos y salud pública que debe darse al consumo de sustancias psicoactivas. Por el contrario, la misma realiza una contribución a la narrativa estigmatizante sobre los consumidores de SPA [sustancias psicoactivas], incluso cuando el mismo no sea problemático»[27]. Según la entidad, el rechazo de la sociedad a las personas que consumen sustancias psicoactivas trae como resultado «la exclusión y autoexclusión de los consumidores de sus derechos a tener una familia, educación, trabajo y salud»[28]. Se encuentra demostrado que un número significativo de ellos rehúsa «servicios de atención y tratamiento para no ser discriminados, lo cual exacerba el daño asociado al uso de drogas»[29]. Según este razonamiento, la norma refuerza, infundadamente, el prejuicio que existe contra las drogas y las personas que las consumen. Es una norma «represiva, que da cuenta de una clara marca negativa al consumidor de SPA, sin dejar lugar a analizar la finalidad del consumo, esto es, si el mismo se desarrolla dentro de un ámbito recreativo o adictivo»[30]. La entidad finaliza cuestionando que el Legislador hubiera resuelto el conflicto entre los dos cónyuges, el consumidor habitual y el que no lo es, de manera «desequilibrada y excesiva»[31], «sin ningún tipo de ponderación o análisis»[32]. Estas afirmaciones se basan en el hecho de que este último, el que no es consumidor habitual, puede demandar el divorcio, reclamar el pago de alimentos y revocar las donaciones que hubiere realizado en favor del otro. Con fundamento en estas razones, la Dirección solicitó a esta corporación declarar la inexequibilidad de la norma demandada. Alejandra León Gómez En criterio de la interviniente, «las personas consumidoras deberían ser tratadas como un grupo discriminado y minoritario»[33], en atención a que sufren una «patología que tiene cura»[34]. Según este planteamiento, la norma es inconstitucional por cuanto permite a los integrantes de la familia «discriminar, dejar en situación de desamparo a toda aquella persona que es consumidora de estupefacientes»[35]. Alejandro Mican Vanegas El ciudadano adujo que la causal demandada es inconstitucional porque promueve un trato «discriminatorio, ya que se está imponiendo un castigo a alguien por tomar una decisión diferente a lo que se considera “normal” pero que en ningún momento es ilegal»[36]. A juicio del ciudadano, existe una clara distinción entre el consumo de sustancias que causa daños en los derechos de los demás integrantes de la familia y aquel que resulta inocuo para ellos. Este último caso se presenta en el supuesto de hecho de la causal demandada. Esta circunstancia pone de presente la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, el interviniente manifestó que la conducta en cuestión no necesariamente conlleva una afectación de la familia. Ello se debe a que las conductas que resultan perjudiciales ya se encuentran tipificadas en otras causales de divorcio. Ana María Caro Cabuyo La ciudadana argumentó que el Legislador incurre en un error al presumir que, en todos los casos, el consumo de estas sustancias implica el deterioro de las relaciones maritales. Asegura que bien puede presentarse un consumo habitual que resulte inofensivo para la pareja y los demás integrantes de la familia. Al respecto, sostiene que «[l]a generalización y falta de delimitación en este fragmento del Código Civil lo único que hace es excluir a las personas que consumen sustancias estupefacientes del resto de la sociedad, generando discriminación y una limitación directa del desarrollo de la libre personalidad de los mismos»[37]. V. Concepto de la Procuraduría General de la Nación 27. Mediante concepto remitido el 31 de octubre de 2023, la Procuraduría General de la Nación solicitó a esta corporación declarar la exequibilidad del numeral demandado. A juicio de la entidad, si bien contiene una restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la norma supera el test de razonabilidad, lo que demuestra su concordancia con el texto superior. El cumplimiento del test fue justificado en los siguientes términos: i. La disposición persigue una finalidad legítima, consistente en «asegurar la autonomía personal [del cónyuge que no realiza un consumo habitual de sustancias psicoactivas] que […] tiene para elegir el “proyecto de vida emocional y familiar” que […] desea, como una manifestación de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal y la protección de los menores de edad»[38]. ii. La medida es idónea para el cumplimiento de los fines constitucionales referidos. La afirmación se basa en que «las causales de divorcio buscan ofrecer a los esposos la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial», resultado que conduce a la satisfacción de los propósitos que persigue la norma demandada. iii. La restricción es necesaria en la medida en que permite al cónyuge afectado por el consumo habitual de sustancias psicoactivas reclamar, de manera individual, el divorcio. Tal facultad, según este planteamiento, le permite salvaguardar sus derechos fundamentales, cuando estos se pongan en peligro debido a la realización de la conducta en cuestión. iv. La medida es proporcionada frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad por dos motivos: primero, la norma no instaura una prohibición del consumo de estas sustancias; segundo, «la mera concurrencia del supuesto fáctico no origina el divorcio, pues la norma no opera automáticamente por ministerio de la ley, sino que requiere que el cónyuge afectado demuestre la existencia de la situación y decida solicitar la disolución del vínculo familiar ante la autoridad competente»[39]. 28. Con fundamento en estas razones, la Procuraduría concluyó que la norma demandada conlleva una restricción razonable del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por tal motivo, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la disposición. VI. Pruebas decretadas 29. El 6 de diciembre de 2023, la magistrada sustanciadora dictó un auto de pruebas. Con el propósito de contar con los elementos de juicio necesarios para resolver la controversia, solicitó a varias instituciones, públicas y privadas, que contestaran un cuestionario que tenía por objeto ahondar en el alcance de la norma demandada y en las consecuencias que, de acuerdo con la evidencia científica, conlleva el consumo habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes. En la medida de lo pertinente, algunas de las respuestas a las preguntas formuladas en los autos de prueba serán expuestas en el acápite dedicado a la solución del caso concreto. VII. Consideraciones 1. Competencia 30. La Corte Constitucional es competente para realizar el control de constitucionalidad solicitado en la demanda formulada por el accionante, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 241 del texto superior. 2. Cuestiones preliminares 31. Asuntos que deben ser resueltos antes de emitir el pronunciamiento de fondo. Antes de dar comienzo al estudio de constitucionalidad, es preciso resolver dos cuestiones, que fueron planteadas por los intervinientes: la alegada configuración de una causal de impedimento y los reparos planteados sobre la aptitud de la demanda. En este apartado, la Sala Plena dará solución a estos asuntos. 32. El pretendido impedimento fundado en razones religiosas. Uno de los intervinientes sugirió que los magistrados católicos podrían estar impedidos para tomar parte en la decisión de este proceso debido a que, en su criterio, quienes profesan esta religión deben «opo[nerse de manera] decidida a todas las medidas legales y administrativas que introduzcan el divorcio»[40]. La Sala Plena observa que existen dos razones por las cuales la solicitud no es procedente: primero, el ciudadano no identificó cuáles serían los magistrados que se encuentran en la situación descrita; igualmente, se abstuvo de explicar los hechos o pruebas que darían sustento a la configuración del impedimento. Segundo, el interviniente manifestó, de manera expresa, que no pretendía formular acusaciones de esta índole contra los «miembros católicos de esta corporación cuya increpación no hago»[41] [énfasis fuera de texto]. Por las razones anotadas, la Sala Plena estima que no se encuentra llamada a adoptar ninguna actuación en la materia. 33. Cuestionamiento sobre la aptitud de la demanda. En opinión del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cargo de inconstitucionalidad formulado no satisface los requisitos para acometer el control de constitucionalidad. Específicamente, la cartera considera que la acusación incumple las exigencias de certeza, especificidad y suficiencia. Tales defectos impiden, según este planteamiento, la emisión de un fallo de fondo. 34. Según se explica a continuación, las objeciones formuladas son infundadas. A juicio de la Sala Plena, el cargo planteado satisface todas las exigencias aplicables en la materia. Para dar sustento a esta afirmación, conviene recordar los requisitos que, de acuerdo con el precedente fijado en la Sentencia C-1052 de 2001, deben cumplir los cargos de inconstitucionalidad que se formulen contra la ley, para que sea posible la tramitación de un proceso de control constitucional. Sobre el contenido de cada una de estas exigencias, de manera reciente, en la Sentencia C-489 de 2023, la Sala Plena manifestó lo siguiente: La claridad exige la existencia de un hilo conductor que permita comprender el significado de los argumentos. La certeza requiere que la demanda recaiga sobre una proposición existente, y no sobre deducciones o supuestos hechos por el demandante. La especificidad implica que la demanda debe contener, por lo menos, un cargo de inconstitucionalidad concreto, para que sea posible determinar si se presenta una confrontación objetiva y verificable entre esta y la Constitución. La pertinencia indica que “el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional”, esto es, basado en la evaluación de una norma superior frente a la disposición demandada. Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a “la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad” y, por otra, a la exposición de argumentos que logren despertar “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”. 35. Cuestionamiento sobre el requisito de certeza. Concluida la reiteración jurisprudencial, la Sala Plena procederá a analizar, de manera individualizada, los reparos propuestos por el Ministerio. El primero de ellos acusa al cargo de inconstitucionalidad de incumplir el requisito de certeza. A juicio de la cartera, la argumentación propuesta por el demandante traslada, de manera irreflexiva, una consideración jurídica que fue concebida por este tribunal en un contexto específico, para que sea empleada en un campo sustancialmente distinto. En concreto, el accionante habría desconocido el contexto particular en el que se enmarca la protección de los comportamientos no interferidos, al tratar de llevar dicha jurisprudencia a un ámbito, el de las relaciones maritales, en el que aquella no puede ser empleada por la propia naturaleza del contrato de matrimonio. 36. En criterio del Ministerio, la argumentación planteada por el demandante implica «por lo menos, una interpretación limitada que parte de la base de derechos subjetivos e individuales, desconociendo que la norma versa sobre el matrimonio, que a la luz del [C]ódigo [C]ivil “es un contrato solemne, de mutuo consentimiento y con obligaciones reciprocas”»[42]. Agrega que el razonamiento de la demanda parte del supuesto de que el derecho en cuestión es «un derecho absoluto del que no puede existir ninguna limitación»[43]. 37. La demanda cumple el requisito de certeza. La objeción propuesta por el Ministerio no está llamada a prosperar por cuanto no plantea, en realidad, un reproche sobre la aptitud de la demanda. La Sala Plena advierte que la cartera no demuestra que la demanda incumpla el deber de formular un cargo que «recaiga sobre una proposición jurídica real y existente»[44]. Ello se debe a que el Ministerio no cuestiona las inferencias que realiza el accionante sobre el significado o alcance de la disposición demandada. Por el contrario, reprocha que el cargo de constitucionalidad se hubiera estructurado con base en una subregla jurisprudencial —aquella que sostiene que los comportamientos no interferidos forman parte del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad— que, en su criterio, no sería aplicable en el contexto del matrimonio. Es evidente que este cuestionamiento de ninguna manera demuestra, como sería su deber, que el accionante hubiera estructurado el cargo de inconstitucionalidad con base en una norma «deducida por el actor o [en una] implícita»[45]. 38. En lugar de cuestionar la aptitud de la demanda, el Ministerio pretende demostrar que la causal constituye una limitación válida del derecho en cuestión. El contexto en el que se lleva a cabo el consumo habitual —el del matrimonio, valga decir— y el hecho de que aquel no sea un derecho absoluto justificarían, en criterio de la cartera, el establecimiento de la restricción contenida en la norma demandada. 39. En cualquier caso, la Sala Plena estima necesario hacer un comentario sobre el cuestionamiento que plantea, en términos de fondo, el Ministerio de Justicia y del Derecho. A juicio de esta corporación, el defecto que le atribuye la entidad al cargo es infundado. Ello se debe a que el reproche no tiene en cuenta el sentido de la argumentación que se desarrolla en el escrito de demanda. Si bien el accionante hace alusión a la Sentencia C-253 de 2019, providencia en la que se analizó la constitucionalidad de una norma que regulaba el porte y consumo de sustancias psicoactivas en lugares abiertos al público, ello no quiere decir que hubiera pretendido trasladar, de manera irreflexiva, el precedente fijado en dicho fallo al caso de la norma demandada. 40. Por el contrario, la referencia a la sentencia tenía por objeto demostrar que, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, el consumo habitual de sustancias psicoactivas se encuentra amparado en el artículo dieciséis de la Constitución. Así lo demuestra el siguiente apartado del escrito presentado por el accionante: La sentencia C-253 de 2019 parte del año 2012 para aseverar que como componente del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad se encuentra el consumo personal de sustancias psicoactivos o estupefacientes en el espacio intimo de toda persona, independientemente de que sea con prescripción médica o habitual[46] [énfasis fuera de texto]. 41. La citación del fallo pretende demostrar que «la Corte Constitucional [ha] reiter[ado] que el libre desarrollo de la personalidad incluye la protección del porte y consumo de estupefacientes de la dosis personal»[47] y que «[e]xiste un derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad que contempla la tenencia, porte y consumo de dosis personales de sustancias psicoactivas en el espacio íntimo de la vida de toda persona»[48]. Por tanto, una lectura integral de los argumentos propuestos por el demandante lleva a concluir que el accionante no pretende demostrar la inconstitucionalidad de la causal de divorcio demandada con fundamento en la regla de decisión de un fallo que declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones que regulaban el porte y consumo de sustancias psicoactivas en lugares abiertos al público. Por el contrario, la cita jurisprudencial únicamente tenía por objeto demostrar la relación que existe entre el uso de dichas sustancias y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 42. Cuestionamiento sobre el requisito de especificidad. A juicio de la cartera, la argumentación planteada por el demandante es vaga y genérica, por lo que no demuestra la violación de los artículos primero y dieciséis de la Constitución. Concretamente, indica que las razones expuestas en el escrito «se encuentran alejadas de la realidad, porque no se pueden confundir los fundamentos jurisprudenciales actuales sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas, concretamente, aquellos referidos en la sentencia C-253 de 2019 que se oponen a la limitación amplia y general del consumo debebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas como una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad; con las consecuencias jurídicas adversas dispuestas por el legislador en esta causal de divorcio»[49]. 43. La demanda cumple el requisito de especificidad. De manera reciente, la Sala Plena de esta corporación ha manifestado que la «especificidad de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible»[50]. De conformidad con lo anterior, el requisito en comento impone al demandante la obligación de formular «un problema de validez constitucional y […] explica[r] […] manera en que esa consecuencia le es atribuible»[51] a la norma demandada. En suma, en aplicación de este requisito, la demanda ha de proponer un enfrentamiento normativo objetivo y verificable[52] entre el texto legal y la norma constitucional supuestamente infringida. 44. A la luz de esta caracterización, se observa que la objeción propuesta por el Ministerio es infundada. La entidad cuestiona que, en su argumentación, el demandante hubiera aludido a la Sentencia C-253 de 2019, pese a que dicha providencia resolvió un problema de constitucionalidad distinto al que debe resolver en esta oportunidad. Entonces, la Sala Plena conoció una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la posibilidad de imponer restricciones al porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Ello implicaría el desconocimiento del requisito en comento. 45. La Sala Plena advierte que esta acusación parte de una errada comprensión del requisito de especificidad. La entidad parece entender que esta exigencia impone a los accionantes la obligación de argüir precedentes judiciales que coincidan plenamente con el supuesto de hecho de la norma demandada. La descripción que acaba de hacerse de este requisito evidencia la incorrección de dicha inferencia. Según quedó establecido, el requisito de especificidad exige demostrar la existencia de una oposición normativa entre la norma legal y el texto superior. Y, tal como lo señaló la magistrada sustanciadora en el auto admisorio, dicho enfrentamiento se encuentra debidamente demostrado. 46. La oposición entre la causal quinta del artículo 154 del Código Civil y el artículo dieciséis de la carta estriba en que, según el cargo propuesto, el Legislador permite disolver el vínculo matrimonial por el hecho de efectuar una conducta que está permitida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La citación que realiza el accionante de la Sentencia C-253 de 2019 pretende demostrar que la jurisprudencia constitucional entiende que la ley tiene prohibido regular el «comportamiento no interferido», es decir, aquel no causa daño ni afecta a otros sujetos. En consecuencia, más allá de las reales diferencias que existen entre los dos casos, lo cierto es que la argumentación demuestran una oposición normativa entre las disposiciones, lo que justifica la realización del juicio de constitucionalidad. 47. Cuestionamiento sobre el requisito de suficiencia. Para terminar, el Ministerio argumenta que la demanda «carece del alcance persuasivo suficiente para considerar que los artículos son inconstitucionales»[53]. Este defecto es resultado de que el accionante hubiera propuesto un «análisis limitado, subjetivo y tergiversado de la norma, [lo que] trae como consecuencia la carencia de razones de peso para generar por lo menos la duda de la inconstitucionalidad de las premisas normativas atacadas»[54]. Con base en esta acusación se pretende fundamentar el incumplimiento del requisito de suficiencia. 48. La Sala Plena arriba a una conclusión diametralmente opuesta a la planteada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. A la luz de la caracterización que ha hecho este tribunal del requisito de suficiencia, la Sala concluye que la demanda cumple dicha exigencia. Ello se debe a que satisface el deber de «expo[ner] todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad»[55]. Lo anterior es consecuencia del minucioso análisis que realiza el demandante tanto sobre el alcance de la norma legal como del artículo dieciséis superior, estudio que incluye una revisión adecuada de las principales conclusiones que ha planteado en este ámbito la jurisprudencia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, el argumento propuesto consigue suscitar «una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada»[56]. 49. Cumplimiento de los requisitos de claridad y pertinencia. Con base en este análisis, la Sala Plena concluye que los reparos expresados por el Ministerio de Justicia y del Derecho son infundados. A fin de comprobar plenamente la aptitud de la demanda, únicamente haría falta examinar el cumplimiento de los requisitos de claridad. En opinión del plenario, la demanda satisface, igualmente, dichas exigencias. Ello se debe a que, en lo que se refiere a la condición de claridad, la argumentación propuesta por el demandante sigue un hilo conductor consistente, que permite comprender el sentido del problema constitucional que denuncia la demanda. En lo que atañe al requisito de pertinencia, la Sala Plena advierte que «el reproche formulado por el peticionario [es] de naturaleza constitucional, es decir, [está] fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado»[57]. La demanda sustenta el cargo de inconstitucionalidad, únicamente, en el enfrentamiento entre la norma demandada y el artículo dieciséis superior. Esta manera de discurrir demuestra que la acusación es pertinente, pues se basa en el alegado desconocimiento de una norma constitucional. 50. Comentario sobre la pertinencia de los conceptos empleados en el cargo de constitucionalidad. Para terminar, conviene aludir a un cuestionamiento hecho por uno de los intervinientes, que guarda relación con uno de los reparos planteados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Aquel sostiene que el accionante habría distorsionado el alcance de la jurisprudencia, al confundir los términos de dosis personal y consumo habitual de sustancias psicoactivas. Este argumento debe ser descartado, por cuanto se basa en una distinción formal, que en modo alguno afecta el cargo de inconstitucionalidad planteado. Si bien estos conceptos son distintos —pues el primero alude a «la cantidad de estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio consumo»[58]; y el segundo, a una conducta que da lugar a la disolución del vínculo matrimonial de una pareja[59]—, ambos comparten la característica de implicar el porte y consumo de sustancias psicoactivas. Este atributo compartido explica que el accionante haya argumentado que este tribunal deba observar, para la solución del presente caso, el precedente fijado en la Sentencia C-221 de 1994, en la que se despenalizó la dosis personal. 51. Desde esta perspectiva, que se encuentra claramente expuesta en el escrito de demanda, queda en evidencia que, en criterio del accionante, ambas actuaciones —tanto el porte y consumo de la dosis personal como el consumo habitual de sustancias psicoactivas en el matrimonio— se encontrarían amparadas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este planteamiento no es irrazonable, pues se basa en premisas coherentes y lógicas, que encuentran asidero en la jurisprudencia constitucional. Su validez habrá de ser analizada más adelante, cuando se resuelva el caso concreto. 52. En cualquier caso, esta constatación pone en evidencia que el reparo formulado por el interviniente no es un reproche sobre la aptitud de la demanda, sino un cuestionamiento sobre el argumento de fondo que plantea la acción pública. Por consiguiente, dicha objeción no está llamada a prosperar. 53. Con base en estas razones, la Sala Plena concluye que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano satisface los requisitos exigibles para la iniciación del proceso de constitucionalidad. Concluido este análisis preliminar, procede la Sala a efectuar el enjuiciamiento de la norma demandada. 3. Problemas jurídicos planteados y metodología de la decisión 54. Problema jurídico. A fin de resolver el cargo de inconstitucionalidad planteado, la Sala Plena encuentra necesario dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿El numeral quinto del artículo 154 del Código Civil, que estipula como causal de divorcio «[e]l uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica», conlleva la violación de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana del cónyuge que desea efectuar esta conducta, teniendo en cuenta que, dada su condición de causal subjetiva, el precepto autoriza la condena al pago de alimentos a favor del cónyuge no consumidor y la revocación de las donaciones que este último hubiera hecho por causa del matrimonio? 55. Metodología de la decisión. Para resolver este problema jurídico, la Sala Plena abordará los siguientes temas: i) evolución de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo de sustancias psicoactivas y ii) relevancia del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad en el matrimonio. Con base en estas consideraciones, solucionará el cargo de inconstitucionalidad formulado por el demandante. 4. Evolución de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo de sustancias psicoactivas 56. Fundamentación normativa y conceptual del derecho al libre desarrollo de la personalidad. El artículo dieciséis de la Constitución proclama el derecho bajo análisis en los siguientes términos: «Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico». La jurisprudencia ha manifestado que el reconocimiento de este derecho es producto de la particular concepción que la Constitución ha acogido en torno al poder público y la libertad individual. En tal sentido, el derecho al libre desarrollo de la personalidad proclama que el poder regulador del Estado únicamente es legítimo en la medida en que recaiga sobre acciones que comprometan a personas distintas a la de quien las ejecuta. En aplicación de este imperativo, las conductas que únicamente conciernen al titular del derecho, que solo a él lo afectan, en modo alguno pueden ser regladas por el orden jurídico. Así lo manifestó la Sala Plena en la Sentencia C-221 de 1994, providencia que ha fijado el derrotero de la jurisprudencia en este campo: Más allá de las disputas de escuelas acerca de la naturaleza del derecho, puede afirmarse con certeza que lo que caracteriza a esa forma...