Sentencia C-017 de 2026

C-017-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-017/26 DESCANSO REMUNERADO-Aplica a todas las personas gestantes en casos de aborto, parto prematuro no viable o interrupción voluntaria del embarazo/OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración (...) para superar la discriminación normativa generada por dicha omisión se extenderá la prestación de descanso remunerado en caso de aborto a todas las personas gestantes. Como consecuencia lógica de dicho análisis de constitucionalidad, la Sala declarará la exequibilidad de la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido de que también aplica a todas las personas gestantes, en los términos de esta sentencia. DERECHO FUNDAMENTAL A LA IDENTIDAD DE GENERO-Ámbito de protección PRINCIPIO DE IGUALDAD-Vulneración por exclusión de la protección de los derechos derivados de la gestación a los hombres trans y personas no binarias La norma reconoce el descanso remunerado en caso de aborto únicamente para “la trabajadora”, lo que presupone una identidad femenina cisgénero. Sin embargo, existen otras personas gestantes -como hombres trans y personas no binarias- que pueden atravesar las mismas situaciones (aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto prematuro no viable). Al no incluirlas, la disposición genera un trato desigual frente a supuestos equivalentes. (...) la exclusión genera una desigualdad negativa que afecta derechos como la no discriminación pues perpetúa patrones de invisibilización y discriminación estructural contra personas trans y no binarias, quienes son sujetos de especial protección constitucional. Este déficit es intolerable, pues impide el acceso a una garantía laboral esencial en condiciones críticas de salud. HOMBRES TRANS Y PERSONAS NO BINARIAS-Derecho al descanso remunerado en caso de aborto, parto prematuro no viable o interrupción voluntaria del embarazo OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Significado y alcance Las omisiones relativas se configuran cuando el Legislador, al expedir una regulación o estructurar una institución jurídica, omite incorporar una condición o elemento que, conforme a la Constitución, constituye un requisito esencial para garantizar su armonización con el orden superior. En este escenario, entonces, el órgano legislativo guarda silencio o excluye una previsión normativa indispensable para asegurar la compatibilidad del texto legal con la Carta Política. OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos que la configuran OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Criterios para determinar la transgresión constitucional OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN NORMA PRECONSTITUCIONAL-Procedencia Cuando la demanda plantea un cargo por omisión legislativa relativa respecto de una norma anterior a 1991, la Corte ha señalado que la preconstitucionalidad puede explicar la omisión, pero no la justifica frente al nuevo orden constitucional. En este sentido, es preciso reiterar que la existencia de disposiciones previas a la Constitución de 1991 que no desarrollan plenamente los mandatos superiores actuales no exonera al legislador de su deber de adecuarlas al marco constitucional vigente. En otras palabras, la permanencia de normas preconstitucionales que generan un vacío o exclusión contrarios a los principios de igualdad y no discriminación constituye una omisión imputable al legislador, quien ha tenido el deber de actualizar la legislación una vez entra en vigencia de la Constitución de 1991. Visto así, la omisión se vuelve actual y verificable, no por su origen histórico, sino por la inactividad posterior del legislador frente a las exigencias constitucionales. DERECHO FUNDAMENTAL A LA IDENTIDAD DE GENERO-Alcance y contenido La Corte ha reconocido la identidad de género como un derecho fundamental innominado, cuya protección se deriva, precisamente, de su conexión con el principio de dignidad humana y los derechos a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Acorde con la jurisprudencia constitucional, es difícil encontrar aspectos más estrechamente relacionados con la definición ontológica de la persona que el género y la inclinación sexual. En esa medida, toda interferencia o direccionamiento sobre la identidad de género de una persona se considera como un grave atentado a su integridad y a su dignidad, pues le priva de la competencia para definir asuntos que solo conciernen a ella. PROTECCION DE LAS MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD DE GENERO-Desarrollo jurisprudencial LENGUAJE INCLUSIVO-Reconocimiento de la diversidad PRINCIPIO PRO PERSONA-Aplicación REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-017 de 2026 Expediente: D-16581 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 237 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. Magistrado Ponente: Carlos Camargo Assis Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión Varios ciudadanos presentaron demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula el descanso remunerado en caso de aborto. Alegaron que la expresión vulnera los derechos a la igualdad y a la identidad de género, pues utiliza la expresión “la trabajadora” excluyendo a los hombres trans y a las personas no binarias gestantes. A manera de contexto, el descanso remunerado regulado en el artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo se refiere a “en caso de aborto, parto prematuro no viable e interrupción voluntaria del embarazo”. Esto, en armonía con la Sentencia C‑055 de 2022, cuya interpretación recoge pacíficamente el Decreto 2126 de 2023. El problema jurídico consistió en determinar si ¿la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo configura una omisión legislativa relativa que desconoce el derecho a la igualdad y a la identidad de género, al establecer que sólo la mujer trabajadora es la beneficiaria del descanso remunerado en caso de aborto, sin considerar a otras personas gestantes? Para resolver el problema jurídico la Sala Plena se apoyó en las sentencias C-324 de 2023 y C-071 de 2025, que extendieron beneficios laborales relacionados con la maternidad y la lactancia a todas las personas gestantes. La Corte Constitucional concluyó que el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo configura una omisión legislativa relativa, al excluir de su ámbito de protección a todas las personas gestantes, en particular, los hombres trans y las personas no binarias. Esta omisión vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la identidad de género, tal como se precisa en las razones expuestas a continuación: Primero, la Corte evidenció la existencia de casos asimilables excluidos. La norma reconoce el descanso remunerado en caso de aborto únicamente para “la trabajadora”, lo que presupone una identidad femenina cisgénero. Sin embargo, existen otras personas gestantes -como hombres trans y personas no binarias- que pueden atravesar las mismas situaciones (aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto prematuro no viable). Al no incluirlas, la disposición genera un trato desigual frente a supuestos equivalentes. Segundo, la Sala Plena advirtió el incumplimiento de deberes constitucionales. El legislador omitió un mandato expreso derivado de los artículos 13 y 43 de la Constitución: garantizar la igualdad y la protección integral durante la gestación. Esta exclusión desconoce la prohibición de discriminación por identidad de género y el deber de otorgar asistencia especial a todas las personas gestantes, sin distinción. Tercero, la Corte verificó que no existe una razón constitucionalmente válida para mantener la exclusión. Para la Sala, si el contenido normativo busca proteger la recuperación física y psicológica tras un aborto espontáneo, parto no viable o interrupción voluntaria del embarazo, no existe razón válida para negar este beneficio a otras personas gestantes. La distinción, entonces, se basa en una categoría sospechosa relacionada con la identidad sexual, sin perseguir un fin constitucional legítimo. A juicio de la Sala Plena, en una sociedad plural, el descanso remunerado debe vincularse a la gestación, no a la identidad de género. Así las cosas, negar dicho descanso vulnera el derecho fundamental a la identidad de género y desconoce el objetivo de la disposición. Cuarto, la exclusión genera una desigualdad negativa que afecta derechos como la no discriminación pues perpetúa patrones de invisibilización y discriminación estructural contra personas trans y no binarias, quienes son sujetos de especial protección constitucional. Este déficit es intolerable, pues impide el acceso a una garantía laboral esencial en condiciones críticas de salud. En atención a lo expuesto, este Tribunal optó por una sentencia integradora aditiva, declarando la exequibilidad de la expresión la “trabajadora” contenida en el artículo 237 en el entendido de que aplica a todas las personas gestantes, sin importar su identidad de género. Esta solución evita la discriminación y orienta el lenguaje legislativo hacia formas inclusivas. I. ANTECEDENTES 1. Trámite procesal 1. El 8 de mayo de 2025, los ciudadanos Brayan Alexander Chávez Rivera, Francisco Edmundo Paz Obando, Marco Tulio Beltrán, Edwin Ricardo Medias y Lester Henry Suarez Santacruz (“demandantes”) presentaron demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 237 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo[1]. Los demandantes sostuvieron que el artículo demandado contrariaba el Preámbulo y los artículos 2, 13, 16 y 53 de la Constitución Política. Formularon dos cargos (i) el desconocimiento del derecho a la igualdad y a la identidad de género debido a la omisión del legislador de incluir en la norma a los hombres transgénero y a las personas no binarias con capacidad de gestación; y (ii) el desconocimiento del derecho a la dignidad porque la norma le atribuye al aborto un significado nocivo o tortuoso. 2. El 20 de junio de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por considerar que no cumplía con las exigencias argumentativas mínimas de las demandas de inconstitucionalidad[2]. El 1 de julio de 2025, dentro del término legal, los demandantes presentaron escrito de corrección[3]. 3. Por auto del 16 de julio de 2025, el magistrado sustanciador (i) admitió el cargo primero de la demanda relacionado con la posible configuración de una omisión legislativa relativa y la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y a la identidad de género (art. 13 de la Constitución Política)[4]; (ii) rechazó el segundo cargo relacionado con la presunta inconstitucionalidad de la expresión “sufrir”[5]; (iii) fijó en lista el proceso; (iv) corrió traslado al Procurador General de la Nación; (v) comunicó el inicio del proceso a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio del Trabajo; por último, (vi) invitó a participar a varias entidades y universidades[6]. 2. Norma demandada 4. Los demandantes dirigen la demanda contra el artículo 237 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. Se subraya y resalta en negrilla la expresión demandada: “Código Sustantivo del Trabajo Primera Parte (…) Título VIII (…) Capítulo V Protección a la maternidad y protección de menores. (…) Artículo 237. Descanso remunerado en caso de aborto. 1. La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior. 2. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre lo siguiente: a) La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o parto prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar, y b) La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora”. 3. La demanda 5. Acorde con la demanda, la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo acusado desconoce el derecho a la igualdad y a la identidad de género, como consecuencia de una omisión legislativa relativa. Indicaron que la expresión acusada genera una discriminación hacia las personas no binarias y los hombres transgénero. Esto, al no incluirlos dentro del supuesto normativo que permite acceder al descanso remunerado en caso de aborto pese a tener capacidad gestante. Plantearon que la expresión “la trabajadora” representa un panorama de discriminación “toda vez que acudiendo al tenor literal de la expresión, solo se contemplarían como fuente de protección a las mujeres cisgénero”[7]. 6. Argumentaron que el Legislador omitió un deber específico impuesto directamente por el Constituyente y establecido en el artículo 13 de la Constitución. Según los accionantes, la expresión “la trabajadora” vulnera el derecho a la igualdad porque no incluye sujetos asimilables al supuesto contenido en la norma, esto es, a los hombres transgénero y las personas no binarias que, al igual que las mujeres cisgénero, tienen capacidad de gestación. 7. Expusieron que, a la luz del ordenamiento jurídico actual, no hay razón suficiente para mantener dicho trato diferenciado, el cual es desproporcionado y arbitrario. Al respecto señalaron que, si bien existe un marco normativo que reconoce ciertas garantías dirigidas a una población históricamente vulnerada, aquel resulta insuficiente para dar cumplimiento pleno a las obligaciones constitucionales, porque la disposición acusada no contempla medidas que aseguren el reconocimiento y la protección de los derechos de hombres transgénero y personas no binarias con capacidad gestante. 8. Los demandantes se refirieron a la Sentencia C-324 de 2023 mediante la cual la Corte reconoció -a los hombres transgénero y personas no binarias- el derecho a la licencia de maternidad al considerar que su exclusión de la licencia en la época del parto genera desigualdades negativas y perpetúa en su contra un patrón de invisibilización. En aquella decisión se reconoció que los hombres transgénero y las personas no binarias experimentan procesos de gestación que los ubica en una situación de igualdad respecto de la garantía prevista, en ese caso, en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo -CST-. 9. A juicio de los actores, se requiere integrar la expresión acusada a las necesidades actuales de la sociedad y a las concepciones de protección para grupos poblacionales históricamente discriminados. 10. Por otra parte, los accionantes indicaron que la omisión identificada afecta el derecho a la igualdad y a la identidad de género de las personas no binarias y de los hombres transgénero. Sostuvieron que la expresión demandada desconoce la identidad de género porque, al contener referencias propias de una identidad femenina cisgénero, genera una situación de discriminación al obviar otras identidades que pueden representar las mismas circunstancias en torno a la gestación y la maternidad. Adicionalmente, como ya se mencionó, vulnera el derecho a la igualdad de las personas que, pese a estar en igualdad de condiciones, reciben un trato diferente en razón de su identidad. 11. Con sustento en lo anterior, solicitaron que se declare la inexequibilidad de la expresión “la trabajadora” prevista en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo. De forma subsidiaria, pidieron que se declare la exequibilidad condicionada de la expresión “en el entendido de que deberá darse una interpretación extensiva del término, entendiéndose también dicha expresión para hombres transgénero y personas no binarias”. 4. Intervenciones 12. La Corte Constitucional recibió una intervención y cinco conceptos técnicos especializados, presentados por distintas entidades públicas, universidades, instituciones académicas, fundaciones y asociaciones. La siguiente tabla sintetiza las solicitudes de los intervinientes: Tabla 1. Intervenciones. Intervenciones Interviniente[8] Solicitud Universidad CESMAG[9] Exequibilidad condicionada bajo el entendido de que la licencia o descanso remunerado en caso de aborto es plenamente extensible a los hombres transgénero y a las personas no binarias con capacidad de gestación y que cumplan con lo pedido en el supuesto de hecho de la norma controvertida. Conceptos técnicos especializados[10] Ministerio de la Igualdad y Equidad[11] Adoptar una decisión que, a la luz de los principios de igualdad, enfoque de género, enfoque interseccional y enfoque de cuidado, garantice la inclusión de todas las personas gestantes, en especial de las personas no binarias y transgénero. Colombia Diversa y Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes[12] Exequibilidad condicionada “en el entendido de que los hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar, vinculades laboralmente, deben ser reconocides como titulares del derecho al descanso remunerado en caso de aborto o parto prematuro no viable, en condiciones de igualdad”. Temblores ONG[13] Exequibilidad condicionada en el entendido de que debe incluir también a hombres trans, personas transmasculinas y personas no binarias con capacidad de gestar. Universidad Libre[14] Exequibilidad condicionada en el entendido de que el descanso remunerado en caso de aborto también es aplicable a todas las personas gestantes, sin importar su identidad o expresión de género. Secretaría Distrital de la Mujer[15] Exequibilidad condicionada bajo el entendido de que su alcance incluye a todas las personas con capacidad de gestar, independientemente de su identidad o expresión de género. 13. Todas las intervenciones coinciden en solicitar la declaratoria de exequibilidad condicionada de la disposición acusada bajo el entendido de que la expresión “la trabajadora” debe interpretarse en un sentido amplio e inclusivo, que cobije a todas las personas gestantes. 14. Las intervenciones sostienen que la redacción actual del artículo 237 del CST incurre en una omisión legislativa relativa al excluir de su ámbito de protección a personas que, pese a no identificarse como mujeres cisgénero, se encuentran en una situación fáctica asimilable: la gestación y, por ende, de experimentar un aborto o un parto prematuro no viable. Esta exclusión, afirman, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad social y a la salud de las personas trans y no binarias. 15. Destacan que la Corte Constitucional ha reconocido a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas como sujetos de especial protección constitucional, en virtud de la discriminación histórica y estructural que han enfrentado. En ese sentido, la literalidad de la expresión “la trabajadora” constituye una categoría sospechosa de discriminación, al fundarse en un criterio de género binario que desconoce la pluralidad de identidades existentes en la sociedad colombiana. 16. En particular, resaltan la aplicabilidad del precedente sentado en la Sentencia C-324 de 2023, en la cual la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 236 del CST, en el entendido de que las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” comprenden también a hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. De igual forma, citan la Sentencia C-071 de 2025 que extendió las garantías de protección en la etapa de lactancia a todas las personas gestantes, sin distinción de género. 17. Los intervinientes también advierten que el descanso remunerado en caso de aborto, aunque formalmente clasificado como una incapacidad por enfermedad común, cumple una función análoga a la licencia de maternidad, en tanto protege la salud física y mental de la persona gestante, garantiza su estabilidad laboral y asegura el reconocimiento económico durante el periodo de recuperación. En consecuencia, sostienen que el tratamiento jurídico de ambas figuras debe armonizarse, extendiendo el alcance del artículo 237 a todas las personas gestantes, sin importar su identidad de género. 18. La Secretaría Distrital de la Mujer, en su intervención, enfatiza que el lenguaje normativo debe ser coherente con los principios de igualdad, dignidad humana y no discriminación. La entidad respalda su posición en estándares del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como en los Principios de Yogyakarta[16], y subraya que el uso de un lenguaje excluyente constituye una barrera normativa que perpetúa la invisibilidad de identidades de género diversas. 19. En cuanto al juicio de omisión legislativa relativa, advierten que se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional: (i) la existencia de una norma específica (art. 237 CST); (ii) la exclusión de casos asimilables (hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar); (iii) la ausencia de una justificación constitucional suficiente para dicha exclusión; (iv) la generación de un trato desigual injustificado; y (v) el incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al legislador, en virtud del artículo 13 de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. 20. Finalmente, el Observatorio de la Universidad Libre considera pertinente advertir sobre los riesgos de una interpretación restrictiva de la norma, que podría excluir del ámbito de protección a quienes interrumpen voluntariamente su embarazo. En este sentido, se propone una lectura constitucional del artículo 237 del CST que integre toda forma de interrupción del embarazo, sin distinción entre su origen espontáneo o voluntario, y sin juicios de valor moral o estereotipos de género. 5. Concepto del Procurador General de la Nación[17] 21. El 4 de septiembre de 2025, el procurador general de la Nación presentó concepto en el que solicitó declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido de que incluye a todas las personas con capacidad de gestación, garantizando así el acceso igualitario al descanso remunerado en caso de aborto. 22. Desde la perspectiva del Ministerio Público, la norma acusada incurre en una discriminación indirecta al utilizar un lenguaje que presupone una identidad de género específica como condición para acceder a un derecho laboral. Esta redacción invisibiliza a otros sujetos gestantes que, por no identificarse como mujeres cisgénero, quedan excluidos del ámbito de protección previsto por el legislador. La Procuraduría General de la Nación -PGN- advirtió que esta exclusión carece de justificación constitucional y desconoce el mandato de no discriminación consagrado en los artículos 13 y 43 de la Carta Política, así como en instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. 23. En su concepto, la PGN reconoció que la Corte Constitucional ha sido clara en reconocer que la identidad de género constituye un derecho fundamental innominado, derivado de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, el lenguaje normativo debe reflejar una comprensión amplia e inclusiva de las realidades sociales, especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginados. La protección reforzada a la persona gestante, independientemente de su identidad de género, es una exigencia constitucional que no puede ser desconocida por el legislador. 24. Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “la trabajadora”, bajo el entendido de que esta incluye a todas las personas con capacidad de gestación. Esta interpretación, en su concepto, garantiza la aplicación del principio de igualdad y evita que el lenguaje legal se convierta en una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos laborales y reproductivos de personas trans y no binarias. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 25. La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución. 2. Delimitación del asunto, problema jurídico y metodología 2.1. Delimitación del asunto. 26. Los demandantes solicitaron que se declare la inexequibilidad de la expresión “la trabajadora” prevista en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo. De forma subsidiaria, pidieron que se declare la exequibilidad condicionada de la expresión “en el entendido de que deberá darse una interpretación extensiva del término, entendiéndose también dicha expresión para hombres transgénero y personas no binarias”. Acorde con la demanda la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo acusado desconoce el derecho a la igualdad y a la identidad de género, como consecuencia de una omisión legislativa relativa. Todas las intervenciones solicitaron la exequibilidad condicionada de la expresión para extender la protección a otras personas gestantes. 27. Conforme con lo anterior, para la Sala Plena el fundamento del reproche es la configuración de una omisión legislativa relativa vinculada a la expresión “la trabajadora” al excluir del disfrute de la licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable de personas que no se identifican como mujeres, específicamente los hombres trans y las personas no binarias. 2.2. Problema jurídico a resolver. 28. El problema jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente: ¿la expresión “la trabajadora” contenida en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo configura una omisión legislativa relativa que desconoce el derecho a la igualdad y a la identidad de género, al establecer que sólo la mujer trabajadora es la beneficiaria del descanso remunerado en caso de aborto, sin considerar a otras personas gestantes? 2.3. Metodología de la decisión 29. En el auto admisorio se determinó que los accionantes aportaron los elementos necesarios para proponer un cargo por omisión legislativa relativa y por la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y a la identidad de género. Dada la estrecha y esencial relación entre las vulneraciones planteadas por los demandantes, la Sala Plena considera que, en efecto, la metodología para examinar la constitucionalidad de las expresiones acusadas debe ser integral y conjunta, comprendiéndolos en forma integrada[18]. 30. En consecuencia, con el fin de resolver el problema jurídico, la Corte abordará los siguientes temas: (i) las reglas jurisprudenciales relacionadas con la omisión legislativa relativa, (ii) la protección constitucional a la identidad de género; y (iii) el alcance de las sentencias C-324 de 2023 y C-071 de 2025. Finalmente, (iv) se precisará la solución al problema jurídico planteado. 3. La omisión legislativa relativa. Reiteración de jurisprudencia[19] 31. La Corte Constitucional ha reiterado que las omisiones legislativas se presentan cuando el legislador incumple un deber de acción expresamente establecido por la Constitución[20]. Estas omisiones pueden clasificarse en absolutas o relativas. Las omisiones absolutas se caracterizan por la ausencia total de regulación normativa de un área de la vida social, económica o política que requiere de regulación[21]. En este caso, al no existir un texto jurídico que pueda ser confrontado con la Constitución, la Corte no tiene competencia para pronunciarse[22]. 32. Las omisiones relativas se configuran cuando el Legislador, al expedir una regulación o estructurar una institución jurídica, omite incorporar una condición o elemento que, conforme a la Constitución, constituye un requisito esencial para garantizar su armonización con el orden superior[23]. En este escenario, entonces, el órgano legislativo guarda silencio o excluye una previsión normativa indispensable para asegurar la compatibilidad del texto legal con la Carta Política[24]. A diferencia de las omisiones absolutas, esta clase de omisiones puede ser objeto de control por parte de esta Corporación en cumplimiento de sus competencias de control abstracto de constitucionalidad. 33. Una consideración merece el estudio de omisiones legislativas relativas de normas preconstitucionales. Recientemente, en la Sentencia C-428 de 2025 la Sala Plena recordó que está facultada para resolver las demandas de inconstitucionalidad que los ciudadanos interpongan contra cualquier disposición con rango y fuerza de ley, incluyendo aquellas que fueron expedidas antes de la Constitución de 1991, siempre que continúen vigentes o, aun derogadas, sigan generando efectos jurídicos. 34. Cuando la demanda plantea un cargo por omisión legislativa relativa respecto de una norma anterior a 1991, la Corte ha señalado que “la preconstitucionalidad puede explicar la omisión, pero no la justifica frente al nuevo orden constitucional”[25]. En este sentido, es preciso reiterar que la existencia de disposiciones previas a la Constitución de 1991 que no desarrollan plenamente los mandatos superiores actuales no exonera al legislador de su deber de adecuarlas al marco constitucional vigente[26]. En otras palabras, la permanencia de normas preconstitucionales que generan un vacío o exclusión contrarios a los principios de igualdad y no discriminación constituye una omisión imputable al legislador, quien ha tenido el deber de actualizar la legislación una vez entra en vigencia de la Constitución de 1991. Visto así, la omisión se vuelve actual y verificable, no por su origen histórico, sino por la inactividad posterior del legislador frente a las exigencias constitucionales. 35. La jurisprudencia constitucional[27] ha señalado que una omisión legislativa relativa se configura cuando: (i) Exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y que “(a) excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos equivalentes o asimilables o, en su defecto, (b) que no incluya determinado elemento o ingrediente normativo”. (ii) Exista un deber específico impuesto directamente por el constituyente al Congreso que resulta omitido, pues se constata que este (a) excluyó un caso equivalente o asimilable o (b) dejó de incluir un elemento o ingrediente normativo. Ciertamente, como lo resaltó la Sentencia C-083 de 2018, solo se configura tal fenómeno cuando el legislador incumple una concreta “obligación de hacer” prevista en la Constitución. (iii) La exclusión tácita o expresa de los casos o ingredientes carezca de una razón suficiente. Esto último supone verificar si el legislador “contó con una razón suficiente para omitir algún elemento al momento de proferir la norma”. En este estadio del análisis, la Corte debe definir si la omisión es producto de un ejercicio caprichoso o si, por el contrario, existen argumentos claros y precisos para obviar el aspecto que los demandantes echan de menos. (iv) La falta de justificación y objetividad de la exclusión genere una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma. 36. Con relación al último presupuesto, es necesario aclarar que es aplicable sólo en aquellos casos en los que se afecte el principio de igualdad[28], esto es, “cuando la norma incompleta se evidencia discriminatoria al no contemplar todas las situaciones idénticas a la regulada, o, (…) cuando no se extiende un determinado régimen legal a una hipótesis material semejante a la que termina por ser única beneficiaria del mismo”[29]. Acorde con la jurisprudencia constitucional con el fin de constatar la concurrencia de este último presupuesto, es necesario verificar la razonabilidad de la diferencia de trato[30] a partir de la valoración de dos cuestiones: “(a) si los supuestos de hecho en que se encuentran los sujetos excluidos del contenido normativo son asimilables a aquellos en que se hallan quienes sí fueron incluidos, y (b) si adoptar ese tratamiento distinto deviene necesario y proporcionado con miras a obtener un fin legítimo”[31]. 37. Una vez se concluya que, en efecto, se configuró la omisión legislativa relativa, por regla general, se debe adoptar una sentencia en la que la Corte “extienda las consecuencias de la norma a los supuestos excluidos de manera injustificada, es decir, (…) una sentencia integradora tipo aditiva, que mantenga en el ordenamiento el contenido que, en sí mismo, no resulta contrario a la Carta, pero incorporando al mismo aquel aspecto omitido, sin el cual la disposición es incompatible con la Constitución”[32]. En caso de que tal solución no sea admisible debido a la redacción o la coherencia de la disposición, por ejemplo, cuando la disposición está sujeta a la exclusión del ingrediente que se echa de menos, lo pertinente será declarar la inexequibilidad de la norma acusada[33]. 4. El derecho a la identidad de género[34] 38. La Corte ha reconocido la identidad de género “como un derecho fundamental innominado, cuya protección se deriva, precisamente, de su conexión con el principio de dignidad humana y los derechos a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad”[35]. Acorde con la jurisprudencia constitucional, “es difícil encontrar aspectos más estrechamente relacionados con la definición ontológica de la persona que el género y la inclinación sexual. En esa medida, toda interferencia o direccionamiento sobre la identidad de género de una persona se considera como un grave atentado a su integridad y a su dignidad, pues le priva de la competencia para definir asuntos que solo conciernen a ella”[36]. 39. Es por esta razón que en la Sentencia SU-440 de 2021 la Corte definió el derecho fundamental a la identidad de género como aquel que “le asiste a toda persona de (i) construir y desarrollar su vivencia de género, de manera autónoma, privada y libre de injerencias y (ii) reivindicar para sí la categoría identitaria que mejor represente su manera de concebir la expresión de tal identidad”. Además, indicó que el ámbito de protección de este derecho está compuesto por la facultad de desarrollar la identidad de género de forma libre y autónoma, el derecho a la expresión del género (esto es, la forma en que esa identidad se proyecta exteriormente) y la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género[37]. 40. En consecuencia, el ámbito de protección en este escenario consta, al menos, de tres posiciones jurídicas o garantías iusfundamentales[38]: (i) la facultad de desarrollar la identidad de forma libre y autónoma, (ii) el derecho a la expresión de dicha identidad y (iii) la prohibición de discriminación basada en la misma[39], estas tres garantías fueron sintetizadas en la Sentencia C-071 de 2025 así: (i) El desarrollo libre y autónomo de la identidad. Este es un elemento “constitutivo y constituyente”[40] de la definición del plan de vida de las personas[41]. En tales términos, la facultad de construir y desarrollar de manera autónoma dicha identidad es una manifestación esencial de la libertad que reconoce la individualidad del ser humano[42] como sujeto moral con capacidad plena para autodeterminarse, autoposeerse y autogobernarse,[43] conforme a sus propios intereses y convicciones[44] y sin que implique la afectación de derechos de terceros. Asimismo, está directamente relacionada con el derecho a la intimidad, dado que su construcción y desarrollo tiene una naturaleza profundamente definitoria del ser[45] y es un aspecto que forma parte de la vida privada de las personas[46]. Por esta razón, la Constitución prohíbe la imposición de barreras al reconocimiento y desarrollo de dichas experiencias de vida, lo cual implica, de un lado, que no es un objetivo social legítimo que al individuo se le impongan cargas derivadas de ideas preconcebidas sobre los roles de género[47]. De otro, que el Estado y los particulares deben abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que interfiera o direccione[48] la definición personal, privada y libre de dicha identidad[49]. (ii) El derecho a la expresión de la identidad[50]. La Constitución protege la expresión de la identidad[51], esto es, la manera en que cada individuo se proyecta en la sociedad[52], la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento[53]. Esta garantía no sólo salvaguarda la construcción identitaria de las personas y su vivencia íntima y personal, sino también comprende la facultad de cada persona de “proyectarse libremente hacia los demás”[54], mediante expresiones sociales tales como la vestimenta, el modo de hablar, los modales y las formas de interacción social[55]. En tales términos, la manifestación pública de la identidad “no puede ser objeto de invisibilización o reproche”[56]. De igual forma, impone a la sociedad y al Estado el deber de responder a esa concepción autorreferente de la persona[57] y tratarla de un modo congruente y respetuoso de la visión que tiene de sí misma[58]. (iii) Prohibición de discriminación. Dicha protección cualificada supone, entre otros factores, que el Estado tiene un “deber cualificado de conducta”[59] que le impone adoptar medidas afirmativas encaminadas a (a) erradicar las leyes y prácticas discriminatorias que afecten jurídicamente o de facto[60] el desarrollo autónomo de otras formas de identidad. En tal sentido, el Estado debe proteger estas de conformidad con el principio de igualdad en todas las dimensiones; (b) fomentar la libre expresión de las identidades en los ámbitos sociales, académicos, laborales, gubernamentales y culturales; (c) transformar los patrones de menosprecio y violencia física y simbólica que han operado en contra de poblaciones discriminadas a lo largo de la historia[61] y (d) asegurar que estas personas sean titulares de los mismos derechos y puedan ejercerlos en igualdad de condiciones[62]. 41. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos[63] ha identificado, de manera progresiva, varios estándares de protección en materia del reconocimiento de la identidad de género[64]. 42. En esta materia la Corte Constitucional ha establecido, entre otros, dos estándares de especial relevancia en esta oportunidad. Primero, la garantía que tienen las personas de recibir un trato digno acorde con la identidad autopercibida, de acuerdo con la cual, de la manifestación de la persona sobre su identidad de género se deriva el deber que tienen la sociedad y el Estado de tratarle conforme a dicha declaración[65]. Segundo, el reconocimiento de la identidad de género permite a las personas el ejercicio de sus otros derechos, bien sea en ámbitos laborales, sociales, educativos. Ello por cuanto, la expresión del género conforme a la autopercepción constituye un ejercicio de los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, a la intimidad y a la libertad, es decir, se trata de derechos íntimamente relacionados con el significado y alcance que el propio titular de los derechos le da el ser persona[66]. 43. Recientemente, en la Sentencia C-071 de 2025 la Corte Constitucional reconoció que las distintas experiencias de vida amparadas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana dan lugar a nuevos paradigmas. Generalmente, se trata de identidades que no siguen los patrones normativos, entre las cuales se incluyen las masculinidades trans y la identidad no binaria, conceptos mencionados en la demanda objeto de análisis. En dicha oportunidad la Sala Plena precisó que las masculinidades trans son aquellas cuyo sexo asignado al nacer es femenino/mujer, pero su identidad corresponde al ámbito de lo social y culturalmente construido, concebido y leído como masculino[67]. 44. Con relación a la identidad no binaria, en la Sentencia T-401 de 2025, la Corte sostuvo que el término “no binario” “es usado por aquellas personas cuyas identidades de género están excluidas de la concepción binaria, socialmente dominante; esto es: femenino y masculino (…)”[68]. Adicionalmente, en dicha providencia precisó que los estudios contemporáneos han entendido que no es adecuado entender lo “no binario” como una categoría unívoca y singular sobre la autopercepción y la identidad de género, pues lo “no binario” abarca una serie de identidades complejas que, a la vez, comprenden y excluyen características de lo tradicionalmente “binario”, y añaden a sus atributos elementos no reconocidos por lo “normativamente binario”. 45. En consonancia con lo anterior, la Sala Plena reiteró que “las personas y los derechos de quienes se auto-perciben por medio de estas nuevas identidades, deben ser protegidas por el juez constitucional, en tanto se reconoce que todas estas son expresiones de la identidad de género, el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. Esta identificación comprende, sin duda alguna la materialización de la identidad de género como un derecho constitucionalmente protegido”[69]. 46. En síntesis, el derecho a la identidad de género, al amparar las decisiones personales relativas a la definición de la individualidad, está íntimamente relacionado con el trato especial que merece toda persona por el hecho de serlo, así como con la autonomía individual y con la posibilidad de establecer un proyecto de vida propio[70]. Dicha protección contempla la facultad del individuo de definirse a sí mismo, en función de su cuerpo, vivencias y experiencias en cuanto a su identidad y reconocimiento. De igual forma, impone a la sociedad y al Estado el deber de responder a esa concepción autorreferente de la persona[71], para tratar al individuo de un modo congruente y respetuoso de la visión que tiene de sí. 4.1. La Sentencia C-324 de 2023 47. La Sentencia C-324 de 2023 constituye un precedente[72] para el caso bajo estudio. En dicha providencia judicial la Corte examinó si el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo (licencia de maternidad), modificado por el artículo 2° de la Ley 2114 de 2021, configuraba una omisión legislativa relativa que vulnerara los derechos a la igualdad y a la seguridad social al utilizar expresiones como “mujer”, “trabajadora” y “madre”, reconociendo como titulares de las licencias en la época del parto únicamente a las mujeres, sin contemplar explícitamente a hombres trans ni a personas no binarias. 48. Con el fin de resolver el asunto, la Corte explicó la protección constitucional del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, así como su relación con las experiencias de género. Señaló que estas garantías implican la libertad de definir la identidad sin interferencias del Estado o de particulares, además de la prohibición de discriminación por identidad de género. La Sala Plena reiteró que cualquier trato diferenciado que afecte el ejercicio de otros derechos fundamentales por esta razón es, en principio, contrario a la Constitución. 49. Asimismo, la Corte reconoció que, debido a la discriminación estructural y la invisibilización histórica, los hombres trans y las personas no binarias son sujetos de especial protección constitucional. Esto exige al Estado eliminar normas, prácticas discriminatorias, implementar acciones afirmativas y garantizar que estas personas gocen de los mismos derechos en condiciones de igualdad. 50. Luego de exponer los fundamentos constitucionales de la licencia en la época del parto, la Sala determinó que al no incluir en la regulación de las licencias en la época del parto a otras personas que no se identifican como mujeres pero que ejercen un rol parental equivalente (como los hombres trans o las personas no binarias), el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa. Esta exclusión, para la Corte, constituyó un trato discriminatorio que desconocía el derecho a la igualdad, así como, la garantía de la universalidad y la no discriminación en el sistema de seguridad social. En consecuencia, la Sala adoptó una sentencia integradora aditiva y declaró exequibles las expresiones cuestionadas, bajo el entendido de que las licencias por parto también aplican a hombres trans y personas no binarias, conforme a lo dispuesto en la sentencia. 4.2. La Sentencia C-071 de 2025 51. En esta providencia judicial, la Corte Constitucional estudió una demanda contra las expresiones “mujer”, “madre” y “trabajadora” incluidas en la Ley 2306 de 2023 y en el Código Sustantivo del Trabajo (salas de lactancia), por presunta vulneración de los artículos 13 y 43 de la Constitución. Los demandantes alegaron que existía una omisión legislativa relativa, ya que las normas no contemplaban a hombres trans ni personas no binarias en etapa de lactancia, lo que generaba un trato discriminatorio basado en identidad de género y vulneraba el principio de igualdad. Argumentaron que el trato diferenciado no cumplía con los criterios de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad, dado que estos grupos también podían experimentar procesos de lactancia. 52. Una vez admitida la demanda, la Corte se preguntó si dichas normas incurrían en omisión legislativa al referirse únicamente a mujeres, excluyendo explícitamente a hombres trans y personas no binarias. Para resolverlo, la Corte analizó (i) las reglas sobre omisiones legislativas; (ii) la protección constitucional de la lactancia y los derechos de mujeres y niños; y (iii) los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, así como el alcance de la Sentencia C-324 de 2023. 53. Al resolver el caso concreto, la Sala Plena evidenció la existencia de una omisión legislativa relativa. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “mujer”, “mujeres”, “madre”, “madres”, “trabajadora” y “trabajadoras” contenidas en dichas disposiciones, en el entendido de que las normas aplicaban a todas las personas en etapa de lactancia. Señaló que los vocablos utilizados no eran neutros y, por tanto, no podían extenderse automáticamente a otras personas que también lactaban y cumplían funciones de cuidado, lo que evidenciaba una exclusión injustificada. 54. Esta exclusión vulneraba deberes constitucionales impuestos al legislador, como los mandatos de igualdad, la protección de las personas gestantes antes y después del parto, la prevalencia de los derechos de los niños y niñas, la protección de la familia y el principio pro persona. La Corte advirtió que la interpretación debía ser dialógica y evolutiva, orientada a expandir la protección de derechos sin desconocer avances previos, y destacó que la exclusión afectaba los derechos de los niños y niñas, cuya garantía no dependía de la identidad de género de sus cuidadores. 55. Asimismo, concluyó que la exclusión carecía de justificación suficiente, pues el hecho protegido -la lactancia- era biológico y extensible a otras personas. Pese a ello, el legislador no explicó la exclusión, utilizó un lenguaje que solo contemplaba a mujeres y no consideró otras experiencias de vida, a pesar de que la jurisprudencia ya había avanzado en la protección de estos derechos. Tampoco era válido alegar efectos fiscales para negar la extensión de beneficios. 56. Finalmente, la Corte determinó que la exclusión generaba una desigualdad negativa, vulneraba el principio de igualdad y producía un déficit de protección constitucional intolerable, al impedir que un grupo poblacional ejerciera la lactancia y el cuidado infantil en condiciones de dignidad y seguridad. 4.3. La Sentencia C-409 de 2025 57. Recientemente, en la Sentencia C-409 de 2025 la Corte declaró la constitucionalidad del Convenio 183 de la OIT, sobre la protección a la maternidad, en el entendido de que algunas disposiciones que hacen referencia a la “mujeres”, “mujeres” y “madre” aplican a todas las personas gestantes y en etapa de lactancia. 58. En esta decisión la Corte consideró que “las disposiciones incluidas en el Convenio estaban conformes con la Constitución en tanto desarrollaban derechos y garantías centrales del ordenamiento constitucional, como la protección del trabajo en condiciones dignas y justas, la protección de la maternidad, el principio de universalidad de la seguridad social, los derechos a la salud y a la vida, entre otros”[73]. 59. Sin embargo, la Sala Plena advirtió que limitar la regulación al término “mujer” generaría un problema de constitucionalidad “al afectar derechos de aquellas personas que sin identificarse en la categoría de mujer -como los hombres trans y las personas no binarias- tienen la capacidad bilógica de gestar y lactar”. En concreto, la Corte consideró que dicha exclusión desconocería los derechos a la identidad de género, a la igualdad y la protección reforzada que debe brindar el Estado a la persona durante el embarazo y después del parto, así como el derecho al cuidado y el principio del interés superior de los niños y niñas. Debido a ello, condicionó las expresiones en los términos ya expuestos. 4.4. Avances normativos en el reconocimiento de la diversidad en uso de lenguaje inclusivo 60. La Sala Plena reconoce que el Congreso de la República y el Gobierno nacional han expedido normas en las que se reconoce la diversidad en materia de embarazo, mediante el uso de lenguaje inclusivo, lo cual evidencia un avance en el derecho positivo paralelo a los pronunciamientos de esta corporación. 61. Así, por ejemplo, en la Ley 2310 de 2023, que regula los “casos de duelo por pérdida gestacional o perinatal”, se acude al término de “persona gestante” para evitar discriminaciones lingüísticas. Además, en el numeral 6 del artículo 2 se refiere al principio de “diversidad y no discriminación”, el cual exige que: “Toda mujer o persona gestante en duelo por pérdida gestacional o perinatal, en el marco del ejercicio de sus derechos, debe ser reconocida en su diversidad y garantizarse el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podrá ser discriminada o limitada en sus derechos por motivos de pertenencia étnica, condición socioeconómica, sexo, identidad de género, orientación sexual, religiosa, o de cualquier índole. En cualquier caso, en virtud de esta disposición se deberán respetar los derechos de las personas con identidad diversa, como las personas trans o personas no binarias. En caso que la familia requiera atención para el duelo por pérdida gestacional o perinatal, se respetarán los mismos derechos”. 62. Igualmente, es importante mencionar el “lineamiento técnico para la atención integral y el cuidado de la salud mental de la mujer o persona gestante, sus familias y comunidades en casos de duelo por pérdida gestacional o perinatal”, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de la Ley 2310 de 2023, en el cual también se utiliza lenguaje incluyente. 63. Así mismo, la Resolución 051 de 2023 del mismo Ministerio “por medio del cual se adopta la regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, cuyo artículo 6 emplea el término “personas gestantes”, indicando que “incluye a toda persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias o personas intersexuales, sin excluir otras identidades de género con las cuales la persona se autoreconozca”. 5. Examen de constitucionalidad del artículo 237 del CST 5.1. El descanso remunerado en caso de aborto 64. El artículo 237 de Código Sustantivo del Trabajo regula el descanso remunerado en caso de aborto. Acorde con la disposición, la trabajadora que, durante el embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable tiene derecho a una licencia remunerada de entre dos (2) y cuatro (4) semanas, según lo determine el médico tratante, pagada con el salario que devengaba al inicio del descanso. La norma aclara que, si el parto resulta viable, se aplican las reglas de la licencia de maternidad ordinaria previstas en el artículo 236. Para acceder a esta licencia especial, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico que cumpla dos requisitos: primero, confirmar que se produjo un aborto o parto prematuro, indicando la fecha del hecho; segundo, señalar el tiempo de reposo necesario para la recuperación. 65. Con el fin de precisar el contexto normativo en el que se inscribe la disposición, es necesario referirse al Decreto 2126 de 2023[74] donde se define la “licencia por aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto prematuro no viable”, como una “garantía que se otorga a las cotizantes gestantes que en el curso del embarazo sufran un aborto espontáneo, parto prematuro no viable, o se practiquen una interrupción voluntaria del embarazo, y que corresponde a 2 o 4 semanas, conforme el criterio del médico tratante, atendiendo a lo señalado en el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo”[75]. 66. Acorde con el concepto del procurador general de la Nación, el descanso remunerado reglado en el artículo 237 “cumple con la finalidad de proteger la salud de quien lo atraviesa [el aborto] y lograr su pronta recuperación física y psicológica que le permita retornar a sus actividades cotidianas”, al margen de si se trata de un aborto espontáneo, inducido o voluntario. Esto obedece a que, de acuerdo con la literatura médica, las consecuencias físicas de un aborto tanto a corto como a largo plazo “requiere evidentemente reposo para lograr la recuperación física[76]”. Esto sumado a las “implicaciones psicológicas para la persona gestante[77]”. 67. La Secretaría de la Mujer de Bogotá, en su intervención, también se refirió al contenido normativo del artículo 237. Según la intervención, la licencia por aborto “tiene como finalidad reconocer el impacto físico, mental y emocional de estas situaciones en la vida de las personas gestantes, y garantizar un tiempo de recuperación compatible con sus derechos a la salud, al trabajo digno y a la protección reproductiva. Su justificación radica en el deber estatal de garantizar condiciones laborales acordes con la dignidad humana y los principios de igualdad sustantiva”. 68. Visto así, la garantía prevista en la norma demandada protege a la persona gestante para que se recupere de las consecuencias del procedimiento, independientemente de la forma en que se produjo y reconoce los impactos asociados a la pérdida[78]. En efecto, sin importar el tipo de aborto que se produzca, sea este espontáneo o voluntario, se impacta, de una u otra forma, en la salud de la persona gestante y, en consecuencia, es necesario activar un período de tiempo para descansar y emprender la recuperación. Dicho de otro modo, con independencia de la técnica utilizada, el aborto no deja de ser un procedimiento quirúrgico o químico, que podría generar riesgos para la salud física o mental de las personas gestantes, por ello, quienes estén en dicha situación son beneficiarias de un descanso remunerado. 69. En este punto, vale la pena hacer referencia a los conceptos presentados por la Secretaría Distrital de la Mujer y por el Ministerio de la Igualdad en la cuales se invocó la Sentencia C-055 de 2022. El Ministerio de la Igualdad señaló que en dicha oportunidad, y a manera de ratio, la Corte “reconoció a las personas gestantes como sujetos titulares del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin exigir un reconocimiento binario” [79]. En términos análogos se pronunció la Secretaría Distrital de la Mujer, entidad que aseguró que “en la Sentencia C-055 de 2022, [la Corte] empleó expresamente el término ‘personas gestantes’ al referirse a los sujetos de protección en el marco del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” [80]. 70. A partir de lo expuesto, es importante referir lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-055 de 2022. En esa oportunidad, la Sala Plena identificó una tensión entre dos bloques de garantías: (i) la protección de la vida en gestación, que constituye una finalidad imperiosa del artículo 122 del Código Penal, incluso después del condicionamiento introducido por la Sentencia C-355 de 2006; y (ii) los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes, como la salud, los derechos reproductivos, la igualdad -especialmente en contextos de vulnerabilidad o migración irregular- y la libertad de conciencia. 71. La Corte sostuvo que no era posible resolver esa colisión privilegiando una garantía sobre otra, pues ello implicaría sacrificar derechos fundamentales. Con el fin de alcanzar este equilibrio, la Corte buscó un punto óptimo en el término de gestación que, en abstracto, protegiera la vida en formación y, al mismo tiempo, garantizara la dignidad y los derechos de las personas gestantes. Este análisis se apoyó en tres elementos. Primero, las hipótesis extremas de afectación de la dignidad reconocidas en la Sentencia C-355 de 2006. Segundo, el concepto de autonomía, que marca el momento en que la vida en formación rompe su dependencia de la persona gestante, justificando una protección penal reforzada. Tercero, la necesidad de promover un diálogo democrático para diseñar políticas públicas integrales que reduzcan las barreras al ejercicio de derechos reproductivos y protejan gradualmente la vida en gestación. 72. A partir de lo anterior, resolvió que la conducta de abortar solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la persona gestante, certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”. 73. Además, la Corte recalcó que le corresponde al legislador y al Gobierno Nacional definir las medidas más adecuadas para proteger los bienes jurídicos en tensión, que pueden ser de carácter penal o social, como garantizar cuidados médicos, alimentación o ingresos para las personas embarazadas que se encuentran en las hipótesis despenalizadas -24 semanas de gestación y las causales de la Sentencia C-355 de 2006-[81]. Precisamente, uno de los fundamentos del Decreto 2126 de 2023 es la Sentencia C-055 de 2022 y la necesidad de garantizar el derecho al mínimo vital, a la salud y a la vida digna durante los periodos en los cuales la persona no se e...