Sentencia T-947 de 2008

T-947-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-947/08 BASES DE DATOS DE TRANSPORTADORES DE CARGA Y DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA No discute la Corte, ni mucho menos va a soslayar a la empresa accionada, la posibilidad de materializar el derecho a la información, pues es claro que la finalidad en el manejo de la misma, es optimizar la actividad del transporte de carga por vía terrestre, que se encuentra incluida en el sector real, pero también considera, que permitir que continúe haciendo uso de este derecho en la forma anotada, es cohonestar el desarrollo de una actividad que lesiona derechos fundamentales, sin duda alguna. En ese orden de ideas, y una vez analizada la información reportada por la empresa demandada a las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, la Sala considera en primer término, que desconoció el principio de libertad, pues verificado el material probatorio que reposa en el expediente, no existe evidencia alguna de que el peticionario hubiera autorizado de manera previa, expresa y clara la publicación o divulgación de cierta información, derivada de la ejecución del contrato de transporte, que originó el hurto. HABEAS DATA-Requisito de procedibilidad previsto en el numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591/91 Verificadas las piezas procesales que reposan en el expediente, es claro que el actor no allegó con la solicitud de tutela, la petición escrita dirigida a la empresa en la que solicitara la rectificación o actualización de la información que reposa en las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar. Tal solicitud, de conformidad con lo manifestado por el peticionario en sede de revisión, fue efectuada verbalmente, razón por la cual la Sala concluye, de conformidad con los parámetros señalados por la jurisprudencia constitucional, que el requisito de procedibilidad dispuesto en el numeral 6° del Decreto 2591 de 1991, para acceder a la protección del derecho fundamental al hábeas data, no se encuentra cumplido. La Sala considera que el sólo incumplimiento del requisito de procedibilidad en mención, no se constituye en una razón suficiente para no acceder a la protección constitucional de los restantes derechos fundamentales, pues existen elementos probatorios adicionales, que le permiten al juez constitucional ampararlos, siendo necesario previamente, determinar si la acción tutelar incoada por el señor es procedente, en tanto la empresa Rápido Humadea S. A., es una persona jurídica de derecho privado. Al respecto, la empresa demandada consideró que la acción de amparo constitucional iniciada por el accionante era improcedente, en tanto “no se enmarca en ninguna de las nueve causales establecidas por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991”, postura que no comparte la Sala, por las razones que enseguida se exponen. El inciso final del artículo 86 de la Constitución Política, encargó al legislador para determinar los supuestos en los que procede la acción de tutela contra particulares encargados (i) de la prestación de servicios públicos; (ii) cuando con su conducta afecten grave y directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se encuentre el estado de subordinación o indefensión, mandato que fue materializado en el Decreto 2591 de 1991. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Reiteración de jurisprudencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Caso de transportador de carga al que no le dan trabajo por cuanto aparece reporte por hurto de la mercancía transportada Atendiendo que el accionante (i) no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, que determine si en efecto los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados por la empresa demandada, con el reporte de información efectuado a las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, que dan cuenta de la comisión del delito de hurto calificado; (ii) que Rápido Humadea S. A., ha desconocido la resolución inhibitoria dictada por la Fiscalía General de la Nación, el 15 de junio de 2006, y (iii) que en virtud de que la sociedad accionada tiene una preeminencia económica o posición dominante frente al actor, la Sala estima que el accionante se encuentra en estado de indefensión, razón por la cual, la acción de tutela interpuesta, formalmente es procedente. Determinado entonces, que el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, no se cumple en esta oportunidad, pero que existen elementos fácticos adicionales para acceder a la protección constitucional de los restantes derechos fundamentales, y constatado el estado de indefensión en el que se encuentra el peticionario, procede la Corte a estudiar el asunto de fondo. DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Reiteración de jurisprudencia DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA-Reiteración de jurisprudencia Se trata de una garantía iusfundamental que no tiene un ámbito restringido, sino que por el contrario, plantea diferentes manifestaciones, dentro de las cuales, pueden incluirse las bases de datos que recaudan información relativa al sector del transporte de carga por vía terrestre, razón por la cual, al tratarse de información personal la que administran estas centrales de riesgo, debe garantizarse el derecho a conocer, actualizar o rectificar los correspondientes datos. DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Reiteración de jurisprudencia HABEAS DATA-Caso en que el demandante no presentó petición por escrito en que solicitara rectificación o actualización de la información Siendo legítima la existencia de bases de datos que administran información personal, en el sector de carga por vía terrestre, los reportes que se efectúen en ellas, deberán en todos los eventos (i) ser históricos, es decir, que deben responder a la hoja de vida o a la historia real de una persona, incluyendo las situaciones que con el paso del tiempo se vayan presentando, aspecto que fue desconocido por la empresa demandada, pues omitió actualizar la información, con ocasión de la resolución inhibitoria dictada por la Fiscalía General de la Nación; (ii) completos, pues de lo contrario se estaría lesionando el principio de integridad de la información, que busca en armonía con el principio de veracidad, prohibir el registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados, circunstancia que igualmente ocurre en el asunto sub examine; (iii) no solamente puede tratarse de recolección o compilación de datos negativos, los cuales deben tener un límite temporal o de permanencia en las centrales de riesgo, en tanto sería atentatorio del principio de caducidad, sino que también deben incorporarse aquellos que sean positivos o que resulten ventajosos para el titular; (iv) debe tratarse de información precisa y determinada, que no ponga en vilo, ni genere desconfianza para desempeñarse en el gremio transportador; (v) previamente debe existir autorización expresa y clara del titular de los datos, con el fin de que sean publicados; (vi) solamente podrá ser registrada la información estrictamente necesaria, para alcanzar el objeto que buscan las bases de datos y (vii) el acopio de los datos, debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, la cual también deberá estar determinada de manera previa, expresa y suficiente. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR TUTELA-Improcedencia En relación con la solicitud de indemnización de perjuicios, la Sala considera a partir de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, que el actor cuenta con otra vía procesal para realizarla, razón suficiente para no acceder a esta pretensión. EMPRESA DE TRANSPORTE QUE ADMINISTRA INFORMACION-Deberá ajustar sus estatutos a partir de los parámetros señalados en T-947/08 Se advertirá a la empresa de transporte, que deberá ajustar sus estatutos respecto de la administración de la información que se derive de la ejecución de los contratos de transporte, a partir de los parámetros señalados en esta providencia. Por último, prevendrá a la empresa accionada, para que en lo sucesivo no efectúe reportes a las bases de datos, en los que insinúe o impute responsabilidades individuales, sin que haya sido declarada judicialmente la culpabilidad. No significa lo anterior, que la Corte esté proscribiendo la posibilidad de efectuar registros en las centrales de riesgo correspondientes, los cuales de conformidad con lo indicado, y con el fin de proteger la presunción de inocencia, deberán efectuarse en términos generales, y sin que sea posible la individualización. Referencia: expediente T-1841316. Acción de tutela interpuesta por el señor José Dioselino García Rique contra Rápido Humadea S. A. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA Y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos por los Juzgados Doce Civil Municipal y Cuarenta y Tres Civil del Circuito, ambos de Bogotá, dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor José Dioselino García Rique contra Rápido Humadea S. A. I. ANTECEDENTES El señor José Dioselino García Rique, presentó acción de tutela contra Rápido Humadea S. A., por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre, honra, trabajo, debido proceso y propiedad, con ocasión del reporte de información efectuado desde el 25 de octubre de 2005, a las bases de datos de Colfecar, Asecarga y Defencarga, que da cuenta de que el accionante “se ha visto comprometido por hurto de mercancía y daño de mercancía a nuestra Empresa”[1]. La solicitud de tutela está soportada en los siguientes 1. Hechos. Indica el accionante que como inversionista en vehículos, contrató los servicios del señor Julio Cesar Chaparro, para que condujera el camión de placa XAB-993, de su propiedad. Señala que el 21 de octubre de 2005, el vehículo automotor en mención transportó por orden de Rápido Humadea S. A., un viaje de Buenaventura a la ciudad de Bogotá. Agrega que el 23 del mismo mes, recibió una llamada entre las 9 y 10 de la noche, aproximadamente, en la que la esposa del conductor del vehículo le informó que él se encontraba en el hospital de Soacha con una alta dosis de escopolamina, procediendo el actor a poner dicha situación en conocimiento de la Policía Nacional. Precisa, que luego de hablar con el conductor fue informado de que “cuando venía entrando a Bogotá a la altura del cruce de Sibaté, dos policías lo pararon, y le habían quitado el carro.”[2] Pone de presente que después de lo sucedido, la empresa demandada haciendo “uso de su posición dominante frente a mí, y al conductor nos ha vetado con un informe de mala reputación”[3] a las bases de datos de Colfecar, Asecarga y Defencarga, situación que en su sentir vulnera los derechos al trabajo y a la propiedad, “ya que cuando envío el vehículo a cargar no le dan viaje en ninguna empresa ya que todas consultan las bases de datos, y al ver el informe nos niegan el acceder a la operación de servicios, y con ello estoy frente a actos de indefensión, ya que las bases de datos no me reciben las solicitudes de borrarme, y ellas dicen que obedecen a sus afiliados, que para el caso es Transportes Rápido Humadea, y si la empresa lo ordena, ellos proceden a borrar el informe.”[4] Manifiesta que la única alternativa ofrecida por la empresa demandada, para retirar la información reportada, consiste en pagar el valor de la mercancía objeto de hurto, lo cual sería “como culparme del robo y aceptar que soy el ladrón, (…) por lo cual me siento amenazado económicamente y laboralmente por la empresa de transportes.”[5] Por último, sostiene que Rápido Humadea S. A., “aplicando justicia por su propia mano”[6], ha desconocido igualmente la resolución inhibitoria dictada por la Fiscalía General de la Nación, el 15 de junio de 2006. 2. Pretensiones. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, el actor pide al juez constitucional que ordene a la sociedad demandada “levantar la información que a (sic) reportado de mi actuación como transportador y la del conductor.”[7] Así mismo, solicita el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el actuar de la empresa accionada. 3. Respuesta de Rápido Humadea S. A. Mediante escrito del 16 de noviembre de 2007, el representante legal de la empresa demandada, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela incoada, bajo la consideración de que para el caso de los particulares, este mecanismo constitucional solamente procede cuando presta un servicio público ó cuando se afecta de manera grave el interés colectivo, evento que no se presenta en esta oportunidad. De otra parte, ilustró al juez de tutela en el sentido de informar que Rápido Humadea S. A., se encuentra vinculada a confederaciones y asociaciones como Defencarga y Colfecar, las cuales llevan un registro histórico de los siniestros o novedades presentadas en relación con los diferentes acontecimientos que se presentan en la ejecución de los contratos de transporte “con el fin de actualizar estadísticas, levantar indicadores sobre sitios y circunstancias de mayor ocurrencia, y así guiar y determinar las medidas preventivas y correctivas que deberán adelantar las instituciones públicas por el Ministerio de Transporte, Invías, Policía de carreteras, Antipiratería, etc.”[8] En relación con la situación puesta de presente por el accionante, señaló que por tratarse de hurto de mercancías, se reportó el hecho histórico real, “para registro estadístico simplemente”[9]. Por último, señaló que la posibilidad de reportar información a las bases de datos, busca registrar el número de eventos ocurridos y las personas que lo sufrieron, teniendo como objetivos fundamentales (i) administrar riesgos; (ii) evitar la informalidad del sector y (iii) ubicar los puntos de mayor discusión. En ese orden de ideas, consideró que el manejo de la información no ha implicado la vulneración de los derechos fundamentales del actor, pues “se trata es de un registro estadístico de un hecho REAL que sucedió en el desarrollo de la actividad transportadora.”[10] 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente. - Cédula de ciudadanía de José Dioselino García Rique (folio 1 del cuaderno de primera instancia). - Tarjeta de propiedad del vehículo “tractocamión”[11] dodge de placa XAB-993 (ibídem). - Denuncia N° 11678, presentada por el accionante ante la Fiscalía General de la Nación (folios 2 y 3 ibíd.). - Oficio N° 395 FSS del 22 de octubre de 2007, dictado por la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Cundinamarca, Unidad Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de Soacha, en el que indica al accionante, en relación con las diligencias previas N° 140277-37, lo siguiente: “Atentamente nos permitimos informar que revisado el sistema de información que se lleva en esta unidad, se encontró que en el radicado de la referencia fue hurtado el rodante de placas XAB-993, el cual fue recuperado y entregado físicamente a su propietario, por lo que el vehículo no es requerido en razón a estas diligencias, las mismas como tal se encuentran archivadas con inhibitorio de fecha 15 de junio de 2006” (folio 4 ibíd.). - Declaración extraproceso rendida por el accionante ante la Notaría Doce del Círculo de Bogotá, el 22 de febrero de 2008 (folio 42 del cuaderno de revisión). - Reporte de novedades efectuado a la central de riesgos antipiratería -CERA- (folio 88 ibíd.). - Oficio N° DJ-02319 del 25 de octubre de 2005, mediante el cual la empresa demandada efectuó “Reporte por hurto de mercancía Placa XAB-993”, dirigido a Colfecar (folio 89 ibíd.). - Formato de hoja de vida del peticionario, diligenciado por la sociedad accionada (folio 91 ibíd.). - Oficio N° DJ-02320 del 25 de octubre de 2005, mediante el cual Rápido Humadea pone de presente el “hurto de mercancía Placa XAB-993” a Defencarga (folio 165 ibíd.). 5. Trámite surtido ante la Corte Constitucional. La magistrada sustanciadora, mediante Auto del 3 de junio de 2008, por considerar necesario allegar elementos de juicio relevantes al expediente de tutela de la referencia, dispuso: “Primero.- OFICIAR al señor José Dioselino García Rique, en la calle 69 B sur N° 78 i-19, barrio Pablo Sexto, de la ciudad de Bogotá, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe con destino al expediente de tutela de la referencia, si ha presentado alguna solicitud ante la empresa demandada, con el fin de conocer, actualizar o rectificar la información que reposa en las bases de datos de Colfecar, Asecarga y Defencarga. Segundo.- OFICIAR a Rápido Humadea S. A., en la calle 18 N° 69-97, de la ciudad de Bogotá, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe con destino al expediente de tutela de la referencia, si el reporte de información negativa efectuado a nombre del señor José Dioselino García Rique, identificado con la cédula de ciudadanía 19’129.575 de Bogotá, propietario de la tractomula dodge de placa XAB-993, a las bases de datos Colfecar, Asecarga y Defencarga, fue previamente autorizado por éste. En caso afirmativo, deberá remitir copia del documento en el que consta dicha autorización. De igual forma, deberá indicar (i) cuál fue el reporte de información remitido a las centrales de riesgo en mención y (ii) cuál es la finalidad de efectuar los reportes de información negativa y si tienen algún tipo de restricción respecto del derecho al trabajo. Tercero.- OFICIAR a la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera -COLFECAR-, en la transversal 29 N° 39A-47, de Bogotá, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, envíe con destino al proceso de tutela de la referencia, el reporte de información negativa efectuado por la empresa Rápido Humadea S.A., a nombre del señor José Dioselino García Rique, identificado con la cédula de ciudadanía 19’129.575 de Bogotá, propietario de la tractomula dodge de placa XAB-993. Cuarto.- OFICIAR a Defencarga, en la calle 32 N° 80A-94, en la ciudad de Medellín, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, envíe con destino al proceso de tutela de la referencia, el reporte de información negativa efectuado por la empresa Rápido Humadea S.A., a nombre del señor José Dioselino García Rique, identificado con la cédula de ciudadanía 19’129.575 de Bogotá, propietario de la tractomula dodge de placa XAB-993. Quinto.- OFICIAR a la Asociación Nacional de Empresas Transportadores de Carga por Carretera, -ASECARGA-, en la carrera 81C N° 24C-53, barrio Modelia, de la ciudad de Bogotá, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, envíe con destino al proceso de tutela de la referencia, el reporte de información negativa efectuado por la empresa Rápido Humadea S. A., a nombre del señor José Dioselino García Rique, identificado con la cédula de ciudadanía 19’129.575 de Bogotá, propietario de la tractomula dodge de placa XAB-993.” 5.1. Escrito allegado por José Dioselino García Rique. Mediante escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el 12 de junio de 2008, el accionante indicó que presentó solicitud verbal de rectificación, ante la División Jurídica de Rápido Humadea S. A., en la que puso de presente “que la decisión tomada por esa compañía afecta no sólo mis intereses económicos y patrimoniales, sino los de mi familia por cuanto a la fecha aún no he podido trabajar con mi vehículo toda vez que aparezco reportado por dicha empresa y por tanto el rodante que genera nuestro sustento se encuentra inmovilizado sin poder trabajar, hechos que le repetí muchas veces de manera verbal al abogado de la compañía sin que me dieran solución alguna, así mismo le advertí que la delincuencia común retuvo el vehículo y al conductor a quien le escopolaminaron y hurtaron la mercancía que llevaban, que yo en ningún momento debo responder por esa mercancía porque simplemente estaba prestando mi vehículo como transportador de oficio que soy y que por los niveles de inseguridad en nuestras carreteras ocurrieron esos hechos.”[12] Agregó, que a pesar de los argumentos expuestos, no fue rectificada la información que reposa en las bases de datos, situación que lo ha imposibilitado para trabajar, “viéndome obligado a pasar situaciones supremamente difíciles e inconcebibles, y de lo cual se desprende la violación del derecho al trabajo”.[13] Por último, allegó copia de la declaración extraproceso rendida ante la Notaría Doce del Círculo de Bogotá, “en la que ustedes podrán observar lo aquí expuesto.”[14] 5.2. Respuesta de Rápido Humadea S. A. El representante legal de la entidad demandada, en relación con el reporte que efectuó a la base de datos de Colfecar, Asecarga y Defencarga, en el que se indica que la mercancía transportada por el vehículo de propiedad del actor, fue objeto de hurto, señaló que existe autorización por parte de los conductores o propietarios de los vehículos, en tanto “estos firman una hoja de vida en la cual queda claro que podemos registrar la información.”[15] Así mismo, reiteró lo dicho en el escrito de contestación de la acción tutelar, en el sentido de que la finalidad del informe efectuado a las bases de datos, es llevar un registro histórico de los siniestros que se presenten en la ejecución de los contratos de transporte, tratándose solamente “de una actividad informativa que cumple con indicar el número de eventos ocurridos en determinado tiempo y las personas que lo sufrieron. Su objetivo fundamental es administrar riesgos, hacer programas preventivos de seguros, evitar la informalidad del sector y ubicar los puntos de mayor discusión.”[16] A su juicio, no se ha vulnerado el derecho al trabajo del accionante, “pues como se explicó se trata es de un registro estadístico de un hecho REAL que sucedió en el desarrollo de la actividad transportadora.”[17] 5.3. Respuesta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera -Colfecar-. Como aspecto inicial, indicó que es una entidad gremial del transporte terrestre de carga por carretera, que su objeto es la defensa de esta industria y de quienes a ella se dedican y que “el marco de su acción está en la Constitución, la Ley y sus estatutos (sic) ofrece como un servicio para sus afiliados, un informativo o Boletín preventivo de personas y vehículos, que informa sobre novedades que ocurren en el transporte.”[18] Agregó, que se trata de un boletín preventivo que es una base de datos que informa mensualmente las novedades en la actividad transportadora como “Hurto de mercancía o vehículos, falsificación de documentos, abuso de confianza, entre otras”[19], aclarando que el reporte de información negativa no constituye un veto, prohibición u oposición hacia la persona o el vehículo reportado, “pues ella no es función ni de las empresas que utilizan este mecanismo, ni mucho menos del gremio.”[20] Indicó, que la información es difundida por el gremio entre sus afiliados, “respetando siempre la dignidad del reportado, pues en todos los casos, Colfecar genera en el boletín la novedad simple y llanamente, sin calificarla y respetando la autodeterminación del informado.”[21] Por último y en relación con el reporte del actor, sostuvo que se efectuó desde el 25 de octubre de 2005 por la empresa Rápido Humadea “por Delincuencia Común Hurto-Robo, tal como nos lo informó la empresa en comento”[22], información que fue difundida entre los afiliados y que periódicamente es actualizada, a partir de los lineamientos señalados por la jurisprudencia. 5.4. Respuesta de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por carretera -Asecarga-. El representante legal de Asecarga, informó que la base de datos que administra se denomina CERA -Central de Riesgos Antipiratería-, y que su función es recolectar, almacenar y procesar información, con el fin de brindar solución a los problemas que aquejan al sector transportador “como es la piratería terrestre, que en definitiva es el argumento primordial para que el sector privado de la cadena de la industria de carga por carretera planifique y ejecute acciones conjuntas con el sector público en bien del mejoramiento de un país y concretamente de la seguridad.”[23] Aseveró, que en la base de datos aparece el reporte de información negativa a nombre del peticionario, “en la que se advierte la novedad 003 (Investigación por hurto calificado) y que también corresponde a su conductor JULIO CESAR CHAPARRO SÁNCHEZ.”[24] 5.5. Recibidas y valoradas las pruebas, la magistrada sustanciadora mediante Auto del 18 de junio de 2008, consideró necesario decretar las siguientes pruebas adicionales, con el fin de tomar la decisión de fondo: “Primero.- OFICIAR a Rápido Humadea S. A., en la calle 18 N° 69-97, de la ciudad de Bogotá, para que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, responda los siguientes interrogantes: 1.- Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, dictó resolución inhibitoria el 15 de junio de 2006, dentro de las diligencias previas N° 140277-37, seguidas por el delito de hurto calificado de un contenedor que transportaba el tractocamión de placa XAB-993, de propiedad del accionante, ¿cuál es el fundamento constitucional, legal o estatutario, para que el señor José Dioselino García Rique, identificado con la cédula de ciudadanía 19’129.575 de Bogotá, continúe con el reporte de información negativa en las bases de datos de Colfecar, Defencarga y Asecarga? ¿Por qué razón, después de estar ejecutoriada la mencionada decisión, no fue retirado inmediatamente de las centrales de riesgo? 2. El señor José Dioselino García Rique, en declaración extraproceso rendida ante la Notaría Doce del Círculo de Bogotá, afirma bajo la gravedad del juramento que presentó solicitud verbal ante la División Jurídica de esa entidad, presidida por Oscar de Jesús García, con el fin de que la información que reposa en las bases de datos de Colfecar, Asecarga y Defencarga, desde el 25 de octubre de 2005, sea rectificada[25]. A partir de lo anterior, sírvase indicar al despacho: ¿Es cierta o no la afirmación efectuada por el accionante? En caso afirmativo, señale si la solicitud fue efectuada antes o después de la presentación de la acción de tutela y cuál fue la respuesta dada. Segundo.- OFICIAR al señor José Dioselino García Rique, en la calle 69 B sur N° 78 i-19, barrio Pablo Sexto, de la ciudad de Bogotá, para que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe con destino al expediente de tutela de la referencia, cuál fue la fecha de presentación de la solicitud verbal de rectificación, realizada ante la empresa Rápido Humadea S. A., a la que hizo alusión en la declaración extraproceso rendida ante la Notaría Doce del Círculo de Bogotá, el 22 de febrero de 2008, o si la misma, fue elevada antes o después de la presentación de la acción de tutela.” 5.6. Escrito allegado por el José Dioselino García Rique. El accionante mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación, el 15 de julio de 2008, señaló que la solicitud de rectificación de la información que reposa en las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, la realizó verbalmente ente la empresa demandada, antes de presentar la acción de tutela, aproximadamente en el mes de octubre de 2007. Agregó que “en ese instante le suplique (sic) que por favor me solucionaran algo pues a toda parte donde voy a trabajar no puedo por cuanto resulto reportado y me niegan el trabajo hasta tanto la empresa Rápido Humadea no me quite ese veto y que esto me obligaba a inmovilizar el vehículo, téngase en cuenta que desde esa época no he podido trabajar hasta el día de hoy, y en la empresa no tienen en cuenta que hice todas las gestiones ante fiscalía quien es la que debe investigar y juzgar porque la delincuencia común asaltó en carretera el vehículo, escopolaminaron al conductor y hurtaron la mercancía. De ese hurto no se nada y me encuentro condenado por esta empresa, violando mi derecho a trabajar, mi reputación y el ejercicio de la actividad lícita como es la de ser transportador.”[26] 5.7. Escrito allegado por la empresa Rápido Humadea S. A. El representante legal de la sociedad demandada, indicó en primer término que la información reportada a las bases de datos, no es negativa, sino que se trata de un registro histórico “donde se da cuenta de un evento acaecido en la actividad del transporte de carga por carretera, en este caso se informó que una carga fue objeto de hurto cuando era transportada en el vehículo de placas XAV-993, (sic) conducido por el señor Julio C. Chaparro y el propietario el señor JOSE DIOSELINO GARCIA.”[27] De otra parte y en relación con la solicitud de rectificación de la información que reposa en los bancos de datos, señaló que no es cierta la afirmación realizada por el accionante, sino que “es posible que se le haya hecho hincapié en la responsabilidad que predica el artículo 991 del Código de Comercio.”[28] 6. Decisiones judiciales objeto de revisión. 6.1. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá, en sentencia del 23 de noviembre de 2007, tuteló los derechos fundamentales al buen nombre y al trabajo del accionante. Como aspecto inicial, consideró que la acción de tutela instaurada por José Dioselino García Rique es procedente, no obstante que la empresa demandada, es una persona jurídica de derecho privado. De otra parte, dando aplicación a la presunción de veracidad prevista en el Decreto 2591 de 1991 (Art. 20), y en tanto “el ente accionado no respondió oportunamente la comunicación que se le envió”[29], concluyó que los hechos puestos de presente por el accionante son ciertos, situación que hace que las empresas no lo contraten para prestar sus servicios, configurándose una “evidente violación de los derechos fundamentales que esgrime el peticionario como violados, y en especial el derecho al buen nombre y al trabajo.”[30] Así las cosas, ordenó a Rápido Humadea S. A., eliminar la información de las bases de datos “que reporta el accionante señor JOSE DIOSELINO GARCIA RIQUE, como transportador y la del señor JULIO CESAR CHAPARRO, si para la fecha de esta decisión no lo ha hecho.”[31] 6.2. Escrito de impugnación. Dentro del término concedido, la empresa demandada presentó escrito de impugnación, por considerar que el reporte efectuado a las centrales de riesgo, no implica vulneración de los derechos fundamentales del actor, en tanto se trata de información que sirve como herramienta para que las empresas puedan contrarrestar la siniestralidad y obedece solamente a un registro histórico de los asuntos o novedades que se presentan en la ejecución de los contratos de transporte, con el fin de que las diferentes autoridades adopten las medidas preventivas y correctivas que estimen necesarias. Insistió en que para el caso del accionante, se trata de un reporte que es real, y obedece a un hecho que no se puede negar, circunstancia permitida por la jurisprudencia constitucional, y que no comporta ningún tipo de sanción para su titular, pues no genera exclusiones en la actividad económica que desarrolla. 6.3. Sentencia de segunda instancia. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 31 de enero de 2008, revocó la decisión del a quo, declarando la improcedencia de la acción de amparo constitucional propuesta, bajo la consideración de que el demandante no agotó el requisito de procedibilidad previsto en el Decreto 2591 de 1991, (Art. 42, numeral 6°), para buscar la protección del derecho fundamental al hábeas data, consistente en elevar una solicitud ante la empresa accionada y ante las entidades que administran los datos personales, con el fin de que efectuaran la correspondiente rectificación de la información negativa “que considera el actor resulta equivocada.”[32] Agregó, que la solicitud no puede presentarse verbalmente, pues a partir de los parámetros dispuestos por la jurisprudencia constitucional “es indispensable que la aludida petición deba ser dirigida por escrito.”[33] II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia. Esta Sala es competente para revisar la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico. El señor José Dioselino García Rique, presentó acción de tutela contra la empresa Rápido Humadea S. A., con el fin de que el juez constitucional restablezca los derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra, trabajo y debido proceso, los cuales considera vulnerados, con la información reportada a las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, con ocasión del hurto de la mercancía que transportaba el vehículo de su propiedad de la ciudad de Buenaventura a Bogotá, información que a pesar de que la Fiscalía General de la Nación dictó resolución inhibitoria, el 15 de junio de 2006, aún no ha sido retirada. Por su parte, la sociedad demandada solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor García Rique, bajo la consideración de que si bien es cierto la acción de tutela procede contra particulares, la situación puesta de presente por el accionante no se encuentra configurada en las causales previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, estimó que las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, buscan llevar un registro histórico de los siniestros o novedades referentes a los diferentes acontecimientos que se presentan en la ejecución de los contratos de transporte, con el fin de llevar estadísticas “levantar indicadores sobre sitios y circunstancias de mayor ocurrencia, y así guiar y determinar las medidas preventivas y correctivas que deberán adelantar las instituciones públicas como el Ministerio de Transporte, Invias (sic), Policía de Carreteras, Antipiratería, etc.”[34] Igualmente, consideró que el hurto de la mercancía que transportaba el vehículo de propiedad del demandante, fue el generador del reporte de la información a las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, enfatizando en que se trata de un hecho histórico real, que busca (i) registrar el número de eventos ocurridos en determinado tiempo y las personas que lo sufrieron; (ii) administrar riesgos; (iii) hacer programas preventivos de seguros; (iv) evitar la informalidad del sector y (v) ubicar los puntos de mayor discusión. Respecto de las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, el a quo accedió a la protección constitucional solicitada, en tanto el reporte efectuado, hace suponer “que las empresas transportadoras no lo contraten para prestarle sus servicios de transportador, configurándose de este modo una violación a los derechos fundamentales al buen nombre y al trabajo del accionante.”[35] En segunda instancia, el juez revocó la decisión y dispuso declarar la improcedencia de la acción tutelar, bajo la consideración de que el actor no agotó el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, cual es la solicitud de rectificación de la información que reposa en las bases de datos. Con fundamento en los hechos expuestos, las pruebas que reposan en el expediente y las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, le corresponde determinar a la Sala de Revisión, si la información que reposa en las bases de datos de Asecarga, Defencarga y Colfecar, que pone de presente el hurto de la mercancía que transportaba el camión de propiedad de José Dioselino García Rique, vulnera sus derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra, trabajo y debido proceso. Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario hacer mención previa de (i) la procedencia de la acción de tutela contra particulares, cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión; (ii) la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra; (iii) alcance dado por la jurisprudencia de esta Corporación al derecho fundamental al hábeas data; (iv) el derecho fundamental a la libertad de información y (v) resolverá el caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela contra particulares, cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión. Reiteración de jurisprudencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente, residual y sumario de protección de los derechos fundamentales, que sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos establecidos en la ley,[36] (i) encargados de la prestación de un servicio público; (ii) cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión.[37] En relación con este tópico, la Corte mediante sentencia T-632 de 2007[38], señaló que el Constituyente de 1991, al definir una cuestión procesal, cual es la legitimidad pasiva del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, resolvió un asunto de naturaleza sustancial, referido a la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, concluyendo en esa oportunidad que “sería errado sostener que como el artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela procede contra los particulares que prestan un servicio público, aquellos que con su conducta afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los supuestos de subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares queda limitada a esos eventos. Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al “orden objetivo de valores” establecido por la Carta política de 1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional.” Así las cosas, uno es el ámbito sustancial de los derechos fundamentales entre los particulares, el cual está referido estrictamente a su eficacia, que en todo caso debe armonizarse con los valores y principios constitucionales y que obviamente no puede estar sujeto a los supuestos establecidos en el inciso 5° del artículo 86 Superior, pues sería tanto como plantear una tesis restrictiva y lesiva de derechos fundamentales en las diferentes relaciones que surgen entre particulares. Otro es el ámbito procesal, que tiene que ver con la protección que por vía de tutela puede lograrse de las eventuales vulneraciones que surjan de las relaciones entre los particulares, para lo cual deberán aplicarse las reglas adjetivas dispuestas en la citada norma constitucional. Ahora bien, como desarrollo de este mandato constitucional, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, establece los casos en los que procede la acción de tutela contra particulares, en los siguientes términos: “Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación. 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. 3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. 5. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.” (subrayas y negrillas por fuera del texto original). Respecto de la permisión constitucional y legal, que hace viable interponer acciones de tutela contra particulares, cuando se demuestre que el afectado se encuentra en estado de subordinación o indefensión, el desarrollo jurisprudencial efectuado por el intérprete constitucional ha sido abundante desde sus inicios, enfatizando en que si bien se trata de figuras diferenciables, en determinados eventos pueden ir asociadas, y que la configuración de estos fenómenos depende de las circunstancias que se susciten en cada caso concreto. La Corte ha entendido la subordinación, como “el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[39], encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores y los incapaces respecto de los padres o (iv) las relaciones entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos. Por su parte, la indefensión alude a la persona que “ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona.”[40] Por tratarse entonces, de un adjetivo que tiene una dimensión indeterminada a partir de los lineamientos señalados por la jurisprudencia, es que esta Corporación ha considerado que los supuestos son más amplios, pues no implican la existencia de un vínculo de carácter jurídico entre la persona que alega la vulneración de sus derechos fundamentales y el particular demandado. Sin embargo, la Corte sin el ánimo de ser exhaustiva, ha establecido algunos supuestos en los que existe estado de indefensión, como por ejemplo, (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular; (ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica[41], (iii) personas de la tercera edad[42], (iv) discapacitados[43] (v) menores de edad[44]. Asimismo, el intérprete constitucional ha estimado que ante la existencia de una posición de preeminencia social y económica que resquebraja el plano de igualdad en las relaciones entre particulares, o también cuando se trata de poderes sociales y económicos, los cuales disponen de instrumentos que pueden afectar la autonomía privada del individuo, es procedente igualmente la acción de tutela. Tal es el caso de los medios de comunicación[45], clubes de fútbol[46], empresas que gozan de una posición dominante en el mercado[47] o las organizaciones privadas de carácter asociativo, como asociaciones profesionales[48], cooperativas[49] o sindicatos[50]. En suma, la principal diferencia entre estas dos figuras, radica en “el origen de la dependencia entre los sujetos. Si el sometimiento se presenta como consecuencia de un título jurídico nos encontraremos frente a un caso de subordinación y (sic) contrario sensu si la dominación proviene de una situación de hecho, podremos derivar la existencia de una indefensión.”[51] 4. Doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Reiteración de jurisprudencia. De manera reiterada, la Corte ha considerado que el derecho al buen nombre no se tiene solamente por la positivización que en el ordenamiento jurídico se haya efectuado, sino que se trata de una construcción social, que depende de la forma como una persona se desenvuelve o se comporta en el medio, y de la percepción que los terceros tienen de ella.[52] Así las cosas, esta garantía individual puede ser definida como “el derecho que tiene todo individuo a una buena opinión o fama adquirida en razón a la virtud y al mérito, y como consecuencia necesaria de sus acciones personales.[53] Es en ese orden de ideas, uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad.”[54] También ha precisado el intérprete constitucional, que son contrarias al buen nombre, las informaciones falsas y erróneas que son publicadas sin justificación alguna, de manera directa o personal o a través de los medios de comunicación, que tengan como efecto la distorsión del prestigio social que un individuo ha adquirido, socavando la confianza y la imagen que tiene la persona en su entorno social.[55] De igual forma, ha expresado que el derecho al buen nombre no se refiere exclusivamente al concepto que se tenga de una persona, sino que igualmente hace referencia a la buena imagen o representación externa del sujeto, la cual “tiene su asiento necesario en la persona de la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposición, reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien personalísimo”[56]. Así las cosas, la disponibilidad de este derecho, depende del consentimiento expreso dado por su titular. Ahora bien, el derecho a la honra ha sido entendido por el intérprete constitucional, como la estimación o deferencia con la que, en razón de su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, lo cual exige para las autoridades y la sociedad su protección “con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad.”[57] Se trata en consecuencia, de un derecho que tiene una relación íntima con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad.[58] En suma, los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, son garantías individuales que están directamente relacionadas con el comportamiento de la persona, la credibilidad social que tal comportamiento genere, la buena imagen que la persona proyecta y el prestigio ganado con sus actuaciones.[59] Por último y respecto de la exigibilidad de estos derechos, la Corte ha considerado que la acción de tutela es la vía procesal más amplia y comprensiva para buscar su protección, y que a pesar de su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal, “cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos.”[60] 5. Alcance dado por la jurisprudencia de esta Corporación al derecho fundamental al hábeas data. Las bases de datos que recaudan información relacionada con la actividad del sector transportador de carga por vía terrestre, se constituye en uno de sus tantos ámbitos. El derecho fundamental al hábeas data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, ha sido entendido por esta Corporación[61], como un derecho y una garantía, que otorga la facultad al titular de los datos, ya sea persona natural o jurídica, para conocer, actualizar y rectificar la información que haya sido recaudada en bases de datos y en archivos, de entidades públicas o privadas. Sobre el particular, esta Sala en reciente pronunciamiento sostuvo[62]: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado el derecho al habeas data como aquél que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma manera estipula la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos.” Igualmente, ha considerado la jurisprudencia emanada por el intérprete constitucional, que se trata de un derecho que se encuentra estrechamente relacionado con los derechos a la autodeterminación, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad.[63] En ese orden de ideas, los titulares de la información[64] tienen como ámbitos de protección, (i) el derecho a conocer los datos personales remitidos a las bases de datos[65], comprendiendo adicionalmente la posibilidad de que el titular sea informado en qué base de datos aparece reportado, así como la naturaleza y propósito de la misma y de acceder al contenido de la información recopilada, la cual en caso de ser reportada sin que medie ningún tipo de autorización, o se varíe respecto de la autorización otorgada, puede dar lugar a que se efectúe la respectiva reclamación, con el fin de que se realice la exclusión del dato; (ii) el derecho de actualización, el cual se refiere a la facultad de solicitar que toda nueva información, primordialmente aquella relacionada con el cumplimiento de las obligaciones, así sea tardío, se ingrese de manera inmediata al banco de datos y (iii) la facultad de rectificación de los datos, entre otras cosas, por tratarse de información que no es veraz, que es ambigua y puede dar lugar a interpretaciones equívocas o que fue obtenida por medios ilegales y su publicación se efectúa por canales que lesionan los derechos fundamentales del titular.[66] Así las cosas, ha indicado esta Corporación que el núcleo esencial del derecho al hábeas data, está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en especial económica. En relación con la autodeterminación informática, indicó que es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación de conformidad con las regulaciones legales, en tanto que la libertad económica, podría ser vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la ley.[67] Ahora bien, teniendo en cuenta que el mandato contemplado en el artículo 15 Superior, hace referencia a las informaciones que reposan sobre las personas “en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas”, una conclusión se impone, y es que el derecho fundamental al hábeas data puede tener varias manifestaciones. Así lo sostuvo la Corte, en sentencia T-771 de 2007[68], al indicar: “La Corte Constitucional ha protegido este derecho fundamental en varios ámbitos. Así, por ejemplo, ha considerado que la negativa por parte de las entidades promotoras de salud o clínicas que manejan de manera exclusiva las historias clínicas de los pacientes y la información de lo sucedido durante el tiempo transcurrido bajo la custodia de la institución y los tratamientos médicos, no pueden negarse a suministrar la información que éstas contienen, pues de lo contrario, desconocen el derecho al habeas data y otros derechos fundamentales como el derecho de petición e, incluso, el derecho a la salud. Al respecto ha señalado, además, que de la garantía a esos derechos se desprende el correlativo deber de estas entidades de mantener archivos de la información relevante[69] (subrayas y negrillas por fuera del texto original). El alcance y el contenido del derecho a la autodeterminación informática han sido particularmente desarrollados por esta Corporación en sede de revisión en aquellos asuntos relativos al reporte de datos negativos a las centrales de riesgo financiero. Ha definido entonces esta Corte el derecho al habeas data financiero como “la facultad de rectificación de los datos en cabeza del titular de los mismos. Esto hace alusión a la posibilidad de exigir (i) que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas, (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras exigencias.”[70], por manera que la acción de tutela procede para su protección cuando los datos divulgados en una base de datos, lo sea sin la autorización del titular del mismo, autorización ésta que debe ser previa, libre expresa y por escrito, o cuando dicha autorización es empleada para difundir información con finalidades diferentes a las que la entidad financiera ha informado al usuario previamente[71]. Así mismo, este derecho fundamental ha sido protegido cuando ha interferido en garantías fundamentales de la población desplazada por la violencia. En un reciente pronunciamiento, la Sala Primera de Revisión de tutelas estudió un caso igual en lo relevante al que ahora ocupa a esta Sala y decidió amparar el derecho de libre asociación de los peticionarios, el cual se había visto vulnerado, a consecuencia del desconocimiento de su derecho al habeas data, precisamente por la negativa de la entidad demandada[72] a acreditar tal condición, bajo el argumento de la confidencialidad de la información sobre la población desplazada.” Otra manifestación, puede encontrarse en el manejo de las bases de datos que administran las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (régimen contributivo y subsidiado), en donde inconsistencias sobre datos, como fechas de afiliación, novedades de retiro de empleados y pago de cotizaciones, entre otros, “no puede privar a los usuarios de la debida atención en salud o del suministro de otras prestaciones relacionadas con la seguridad social, como las pensiones, lo que, por lo general, involucra la amenaza de derechos fundamentales.”[73] En la misma línea de argumentación, la Corte ha amparado en diferentes oportunidades el derecho al hábeas data respecto de las entidades administradoras del SISBEN, las cuales “deben tener presente que la información recogida mediante las encuestas tiene una finalidad específica, cual es focalizar el gasto social y permitir que la población vulnerable pueda acceder a programas sociales, luego es indispensable que a quienes se les practica la encuesta tengan conocimiento de sus resultados y de la forma como fueron evaluados, pues ello les permite controvertir las decisiones que con base en éstos tome la Administración, así como aportar nuevos datos o rectificar aquellos que fueron mal obtenidos”[74] (subrayas y negrillas por fuera del texto original). Así mismo, la Corte mediante sentencia T-166 de 2008[75], estimó que el derecho al hábeas data fue vulnerado por la Cooperativa Multiactiva de Comercio y Servicio -SUPLAN-, al no permitir que una persona accediera a la información que reposaba en la base de datos de esa entidad, relacionada con el estado de su crédito, razón suficiente para que esta Corporación accediera a la protección constitucional solicitada.[76] Igualmente, mediante sentencia T-542 de 2003[77], la Corte encontró vulnerada esta garantía constitucional, por la Fiscalía Séptima del Distrito de la ciudad de Santa Marta, al no haber actualizado la base de datos de Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, luego de que la investigación que se encontraba en curso contra el accionante, hubiera precluido. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional sostuvo: “En virtud a la no actualización de la información, el señor Wilson Enrique Díazgranados Perea está viendo perjudicado su buen nombre, ya que a pesar de que precluyó la investigación que se adelantó en su contra por el presunto delito de extorsión, este nuevo hecho no fue actualizado y sigue figurando en la base de datos del aparato de justicia. Esto hace que su derecho al Habeas Data esté siendo vulnerado. (…) En el presente caso la acción de tutela es procedente porque la permanencia del dato errado, así como la correlativa omisión de las autoridades de actualizarlo o rectificarlo, y de dar una respuesta suficiente, vulneran los derechos fundamentales de petición y del habeas data” Como pudo verse, se trata de una garantía iusfundamental que no tiene un ámbito restringido, sino que por el contrario, plantea diferentes manifestaciones, dentro de las cuales, pueden incluirse las bases de datos que recaudan información relativa al sector del transporte de carga por vía terrestre, razón por la cual, al tratarse de información personal la que administran estas centrales de riesgo, debe garantizarse el derecho a conocer, actualizar o rectificar los correspondientes datos. 6. Derecho a la libertad de información. Reiteración de jurisprudencia. Recientemente esta Corporación en sentencia T-391 de 2007[78], consideró que el ámbito de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es amplio, en el sentido de que consagra simultáneamente varios derechos y libertades fundamentales distintos y autónomos, los cuales deben ser interpretados armónicamente con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, en virtud del bloque de constitucionalidad. Así las cosas, señaló que la citada disposición constitucional contiene varios elementos...