T-903-99
Sentencia T-903/99
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Protección
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Improcedencia de tutela por no afectación del mínimo
vital
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: Expediente: 232610
Acción de tutela
instaurada por Martha Lucía Cruz contra Hoteles Limitada.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santa Fe de Bogotá, dieciséis (16) de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrado Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio
Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de las competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Juzgado cincuenta y seis Penal Municipal de Bogotá dentro de la
acción de tutela promovida por MARTHA LUCIA CRUZ contra Hoteles Ltda.
I.
ANTECEDENTES.
1. Hechos.
La accionante laboró al servicio de
Hoteles Ltda, por espacio de tres años en el cargo de pastelera. Fue despedida
el 30 de mayo de 1999, con 8 meses de embarazo, estado que le había comunicado
al Gerente cuando tenía 2 meses de estado de gravidez. Solicita en consecuencia
le amparen sus derechos como mujer embarazada.
2. Decisión que se revisa.
El Juzgado Cincuenta
y Seis Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, niega la tutela interpuesta por
la demandante, al considerar que cuenta con otra vía para hacer valer sus
pretensiones, además de que no demostró el perjuicio irremediable para acceder
a la tutela de manera transitoria.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
La Carta Política de
1991, estableció una especial protección para aquellas personas que son
manifiestamente débiles en la sociedad como lo son los niños, las personas de
la tercera edad, y las mujeres en estado de embarazo. Para estas últimas, la
protección no sólo se extiende durante su periodo de gestación, sino además se
prolonga después del parto, incluso dándose un subsidio de alimentación si
entonces se encontrase desamparada o sin empleo. Obviamente la protección se
dará respecto de ella como de su hijo desde el momento mismo de la concepción.
En reiteradas sentencias proferidas por esta Corporación[1], se
ha puesto de presente esa especial protección que merecen las mujeres
embarazadas, tanto a nivel constitucional como a través de tratados y convenios
internacionales.
En el presente caso, la actora ni
siquiera consideró en la exposición de su demanda, los perjuicios que se le
están causando, hecho que descarta que exista una afectación a su mínimo vital,
lo cual haría procedente la tutela para conjurar la realización efectiva de un
perjuicio irremediable. Antes por el contrario, se advierte que la demandante
ya se encuentra laborando en otro lugar y en la diligencia de declaración que
rindió ante el juez de instancia, sostuvo que con la tutela sólo buscaba saber
qué normas la amparaban y no sabe si fue un error presentar la demanda, por
cuanto la empresa ha pagado “todo lo referente a su sueldo, a la E. P.S. y han
cumplido con todo”. Ello confirma que no existen circunstancias que hagan procedente
el amparo solicitado.
I.
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal
Municipal de Santa Fe de Bogotá.
Segundo. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado Ponente Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS MARTHA
V. SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrado Secretaria
General
[1] En relación con este tema pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-606 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-106 de 1996. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, C-568 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
C-694 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-710 de 1996. M.P. Jorge
Arango Mejía y T-662 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Fuente auxiliar/interpretativa. No constituye asesoría jurídica profesional.