Sentencia T-888 de 2010

T-888-10 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-888/10 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos de procedibilidad Actualmente se admite la procedencia de la tutela contra sentencias, siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad, o de procedibilidad general, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez debe preguntarse, en síntesis: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela. FORMAS DE DESCONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCION Ahora bien, el desconocimiento de la Constitución, aunque produce invariablemente la misma distorsión, no siempre se ocasiona de la misma forma. En realidad, el desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al menos, en dos clases de casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben ser extraídos de su texto son por completo desobedecidos y no son tomados en cuenta, en el razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii) cuando las reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al menos implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance insuficiente. (i) En efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53, concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución. (ii) Esa no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden, como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo, sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más allá de lo que era necesario y proporcionado. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Persona que por prueba de ADN tiene certeza de no ser padre de menor/DERECHO A DECIDIR EL NUMERO DE HIJOS/IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD Y DERECHO A LA FILIACION Así las cosas, cuando se declara impróspera la impugnación de paternidad instaurada por una persona que, gracias a una prueba de ADN, tiene certeza de no ser padre o madre de otra, interfiere en el ámbito de protección prima facie de sus derechos fundamentales a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la personalidad jurídica, a la filiación y a acceder a la administración de justicia, como pasa a exponerse. Para empezar, una decisión de esa naturaleza supone en la práctica forzar al demandante a aceptar como hijo suyo a quien no lo es desde un punto de vista biológico. Dado que debe ser en principio “la pareja” la que decida el número de hijos que ha de tener una persona, y no el Estado, cuando la decisión adoptada por un juez de la República supone que uno de los miembros de la pareja debe resignarse a aceptar como hija suya a una persona que biológicamente no lo es, se interfiere en su derecho a decidir en “pareja” y de manera “libre […] el número de hijos” (art. 42, C.P.). Por otra parte, se incide en los derechos de quienes son presentados como el padre o madre (aparente) a la personalidad jurídica (art. 14, C.P.) y, más específicamente, a la filiación (art. 94, C.P.). La Corte Constitucional ha interpretado que el derecho a la personalidad jurídica es el derecho constitucional implícito al reconocimiento “de todos los atributos de la personalidad”, dentro de los cuales está, según la jurisprudencia de la Corte, la “filiación […] puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de las personas”. Ese derecho le confiere a su titular la potestad de exigir que la verdadera filiación prevalezca sobre la puramente formal o ficticia, y es intervenido en este caso porque al demandante se le impidió obtener un pronunciamiento institucional sobre la verdadera filiación de la menor. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD Y DERECHO A ACCEDER A LA JUSTICIA Finalmente, con las decisiones judiciales demandadas se incide también en el derecho del tutelante a “acceder a la administración de justicia” (art. 229). Se trataría, en este caso, de una incidencia en el derecho a acceder a la justicia efectiva. Es decir, en el derecho a acceder a la administración de justicia para obtener, como lo dice la Carta, “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (art. 2, C.P.) y la primacía “[d]el derecho sustancial” (art. 228, C.P.). O, como se deduce de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el derecho que tiene toda persona de “hacer efectivos [en sede judicial] los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en [la Constitución y las leyes]” (art. 1°, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia). Esto sería así porque, como las personas tienen derecho prima facie a decidir en “pareja” el número de hijos que habrán de tener, a que prevalezca la realidad de la filiación sobre las apariencias o las formalidades, cuando por falta de oportunidad se deja incólume el estatus jurídico de una persona como padre o madre de otra, a la que no considera como tal, se lo priva de la posibilidad de hacer efectivos esos derechos. Ahora bien, la mera constatación de esa interferencia no es suficiente para concluir que toda decisión judicial que declare impróspera la impugnación de paternidad resulte inconstitucional, cuando sea instaurada por una persona que tenga certeza de no ser padre o madre de otra. Lo que está prohibido por la Constitución es que una decisión de esa naturaleza no esté debidamente justificada. Pues no sobra recordar que la administración de justicia, dice el artículo 228 de la Constitución, “es función pública”. Esa característica normativa es una exigencia que se le dirige al juez para que explicite y haga públicas las razones que usó para tomar determinadas decisiones. Y, como se trata de un juez que obra en el marco de un Estado de Derecho, y que debe por lo tanto sujetar sus actuaciones a la Constitución y la ley, no puede tomar decisiones arbitrarias, sino dar cuenta en sus razones públicas, de que sus consideraciones están justificadas. Pues bien, para ello debe ofrecer argumentos encaminados a demostrar que su decisión (i) es conforme a la ley, (ii) que persigue una finalidad constitucionalmente admisible, (iii) que esa decisión es idónea para alcanzar la finalidad buscada, (iv) que es necesaria dentro del contexto normativo en el cual se inserta y (v) que es proporcional IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Vulneración de derechos fundamentales por interpretación del juez que no tuvo en cuenta resultado de prueba de ADN contundente Lo que, en sustancia, plantea el accionante es que los jueces hayan interpretado la ley en un sentido tan estricto, y que ese entendimiento los hubiera llevado a desconocer una realidad contundente, como es la que se dedujo de la prueba de ADN, de acuerdo con la cual él no es padre biológico de la menor. Por lo tanto, lo que debe examinar la Corte es si se trata de una medida (iv) necesaria dentro del contexto normativo en el cual se inserta y, si lo es, (v) si además resulta proporcional. A juicio de la Sala, la interpretación escogida por los jueces viola la Constitución, pues implicó una limitación innecesaria en los citados derechos fundamentales del demandante IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-A partir de qué momento puede contarse la oportunidad para impugnar la filiación En efecto, lo primero que debe anotarse es que ambos jueces interpretaron que el ‘interés actual’, exigido por la normatividad civil anterior y posterior a la Ley 1060 de 2006, se desvirtúa cuando una persona que ha reconocido a otra como su hija, interpone una demanda para impugnar la paternidad después de haber dejado pasar un tiempo prolongado desde que experimentó por primera vez dudas sobre la verdadera relación de filiación entre ambos. No cuentan en esta interpretación las dudas surgidas antes del reconocimiento de la paternidad, pues en ese momento no hay ninguna relación para impugnar. Por lo tanto, debe entenderse que los jueces aplicaron un entendimiento del derecho pertinente, en un sentido que prescribe contar la oportunidad para impugnar la paternidad desde la primera duda (sobre la filiación verdadera) siempre que esa duda se haya suscitado después –y no antes- del reconocimiento de la misma. En este caso, por lo tanto, aunque la primera duda de Daniel Amado Morales González sobre el verdadero padre de la menor surgió desde el momento mismo de su nacimiento, o incluso antes, el punto que cuenta para computar la oportunidad debe ser el del reconocimiento de la paternidad. La pregunta que debe resolverse primero es entonces si sólo a partir de ese momento puede contarse la oportunidad para impugnar la filiación. La Sala cree que no. En abstracto, sin considerar circunstancias especiales, es razonable y en nada se opone a la Constitución que la oportunidad para impugnar la paternidad empiece a contarse a partir de la primera duda. Si una persona (i) reconoce a otra como su hija, (ii) aunque con dudas sobre la verdadera paternidad, (iii) luego deja pasar un tiempo prolongado para cuestionar la paternidad, y (iv) decide finalmente impugnarla con fundamento en esas mismas dudas, entonces es válido concluir que esa persona ha perdido su oportunidad para ejercer los derechos constitucionales y legales al desentrañamiento de la real filiación y, por tanto, a la personalidad jurídica, a acceder a la justicia y a decidir voluntariamente el número de hijos. Lo mismo podría decirse –en principio- si esa misma persona, luego de un tiempo prolongado, decide impugnar la paternidad con fundamento en medios de prueba recientes que no tienen contundencia científica y, en cambio, deparan una convicción que no es siquiera rayana en la certidumbre. En ambos casos, en un contexto fáctico general de esa naturaleza, la interpretación sería proporcional. Pero algo distinto ocurre en este caso. 21. Porque en esta ocasión hay un elemento adicional: (v) quien impugnó la paternidad, lo hizo unos pocos días después de tener certeza sobre la realidad de la filiación, gracias a una prueba como la de ADN que garantiza un 100% de confiabilidad en cuanto a quienes no son los padres de una persona. Y ese hecho recomienda entonces concluir que la solución debería ser otra. Pues no alterar el entendimiento del ‘interés actual’ en una hipótesis como esta, y en cambio aceptar que una prueba de ADN es irrelevante a efectos de actualizar la oportunidad para impugnar la paternidad, conduce a la configuración de lo que, en la teoría del derecho, se conoce como laguna axiológica, en tanto resuelve el caso sin tener en cuenta una propiedad fáctica sumamente relevante, que amerita sin embargo una decisión jurídica distinta. Esa propiedad fáctica es la contundencia y definitividad de la prueba antropoheredobiológica, cuando se endereza a descartar la paternidad de una persona respecto de otra. Y la jurisprudencia de esta Corte la ha tenido en cuenta para adecuar la normatividad infra constitucional a la Constitución IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD E INTERPRETACION INCONSTITUCIONAL DE LA LEY-Caso en que existe una prueba de ADN En no pocos casos, la Corte Constitucional ha juzgado como inconstitucionales ciertas interpretaciones de la ley, que serían aceptables en la generalidad de los casos, cuando permanecen inalterables ante la fuerza de la evidencia que se desprende de una prueba de ADN. De hecho, de al menos tres casos que a continuación pasan a exponerse, es posible inferir como principio vinculado a la Constitución, especialmente al derecho a la primacía del derecho sustancial sobre el simplemente formal o adjetivo (art. 229, C.P.), que la contundencia de los resultados contenidos en una prueba de ADN es tan relevante, que debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria –el derecho sustancial- consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídico formal. IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Caso en que se declaró que no procedía por carecer de interés actual/IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Interpretaciones distintas del interés actual Así las cosas, es posible ofrecer interpretaciones distintas del ‘interés actual’ en casos como el presente. Esos entendimientos no conducen a desconocer la letra o el espíritu de la ley, ni aparejan un menoscabo para los derechos del accionante a la libertad de decidir el número de hijos, a la personalidad jurídica, a la filiación y a la administración de justicia efectiva. Ciertamente, suponen una incidencia en el derecho de la menor a la protección de los vínculos y las proyecciones que había hecho con seguridad, como fruto de los lazos afectivos y de las memorias que alcanzó a construir en compañía del tutelante. Cuando menos, es de esperarse que se puedan frustrar algunos anhelos construidos por la menor a lo largo de este tiempo, en relación con los bienes que debe proporcionar la paternidad, que son regularmente los de garantizar “protección, bienestar y formación integral, desde el momento mismo de la concepción, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”. Pero ese quebranto se ve compensado, de una parte, por la salvaguarda cierta de su derecho “al nombre” real, y no a uno ficticio como el que se le registraría si se la hace aparecer como hija de quien no es su padre y, de otra, por la protección cierta también de los demás derechos y libertades del tutelante. PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Caso en que se debió tener en cuenta prueba de ADN obtenida varios años después del reconocimiento de la paternidad/ACCION DE TUTELA-Procedencia cuando no se interpuso recurso de casación en proceso de impugnación de paternidad No obstante, debe la Sala decidir si la acción de tutela es improcedente, en este caso, por una de las razones empleadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema obrando como juez de tutela, y es que el demandante plantea una “inconformidad que bien pudo plantearse a través del recurso extraordinario de casación que fue desdeñado debido a la propia incuria del accionante”. La respuesta debe ser negativa, y en eso la Sala es respetuosa del precedente previamente fijado por esta Corte en la sentencia T-411 de 2004. Como se dijo en esta providencia, en esa ocasión la Corte consideró que era procedente una tutela contra providencia judicial, a pesar de que el tutelante no hubiera interpuesto un recurso (el de apelación) contra la providencia ordinaria atacada, porque los sustancial debía prevalecer sobre lo adjetivo, y en ese caso ni siquiera la incuria del demandante podía privarlo del goce efectivo de su derecho a la personalidad jurídica. Lo mismo puede decirse en este caso, en el cual el tutelante presentó la tutela sin haber agotado previamente la casación. De modo que la acción de tutela es procedente Referencia: expediente T-2734402 Acción de tutela interpuesta por Daniel Amado Morales González contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia. Magistrada Ponente: MARIA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA[1] I. ANTECEDENTES 1. Síntesis. Daniel Amado Morales González interpuso acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, pues en su concepto le violaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la vida digna, al haber considerado que la impugnación de paternidad presentada por él no estaba llamada a prosperar debido a que no tenía ‘interés actual’ para demandar, a pesar de haber instaurado la impugnación dentro de los veinte (20) días siguientes al conocimiento del resultado de una prueba de ADN, que dictaminó como improbable que fuera en realidad padre de una niña a la que había reconocido como hija suya, aunque con dudas sobre si era su descendiente biológica, cuatro (4) años antes. El Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla tomó su decisión con fundamento en el artículo 248 del Código Civil, en la versión anterior a la reforma de la Ley 1060 de 2006,[2] y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia la tomó con fundamento en ese mismo artículo, pero con la versión reformada por la Ley 1060 de 2006.[3] Ambas autoridades, empero, coincidieron en que el demandante debía acreditar ‘interés actual’, para que su acción tuviera vocación de prosperar, y que en este caso no lo había acreditado. La acción para impugnar la paternidad que dio origen a las providencias demandadas, instaurada el veintinueve (29) de julio de dos mil ocho (2008) 2. Daniel Amado Morales González tuvo relaciones sexuales, en más de una ocasión, con Ledis Yecenia Salazar Marín en mil novecientos noventa y nueve (1999). Poco tiempo después de eso, esta empezó a “hacerle creer” al tutelante que estaba embarazada y el hijo era de él.[4] Desde ese momento, el peticionario sintió dudas acerca de la veracidad de lo manifestado por la señora Ledis Yecenia, en relación con la paternidad del que estaba por nacer, pues –según versión del tutelante- “conocía que [ella] tenía otros compañeros sentimentales”.[5] La niña –hoy llamada- Nixa Yuneidy Morales Salazar nació el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). 3. Pues bien –dice la demanda ordinaria-, desde el nacimiento de Nixa Yuneidy, el señor Daniel Amado Morales se mostró dispuesto a reconocerla como hija suya, siempre que antes se le permitiera la práctica de una prueba de ADN. Pero la madre de la niña, según el apoderado, “siempre fue reacia a realizar dicha prueba”.[6] Por eso mismo, sólo después de haber pasado más o menos cuatro (4) años, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil cuatro (2004), Daniel Amado Morales González decidió reconocer a Nixa Yuneidy como hija suya, aunque de acuerdo con su apoderado “contra su voluntad y con la duda de la paternidad biológica”.[7] 4. Pasaron otros cuatro años, durante los cuales el demandante cumplió con los deberes alimentarios que tenía para con su reconocida hija, Nixa Yuneidy, hasta que un día, y aprovechando la visita a la ciudad de Medellín para someter a esta última a una revisión médica, se practicaron ambos (Daniel Amado Morales y Nixa Yuneidy) una prueba de ADN, el resultado de la cual dictaminó –en palabras del abogado del demandante- “que el señor Daniel Amado Morales González no es el padre de la menor Nixa Yuneidy Morales Salazar”.[8] De esta última prueba tuvo conocimiento el once (11) de julio de dos mil ocho (2008) y, poco tiempo después, el veintiocho (28) de julio de dos mil ocho (2008), instauró demanda de impugnación de la paternidad, en la cual solicitó, entre otras cosas, que “mediante sentencia se declar[ara] que la menor Nixa Yuneidy Morales Salazar concebida por la Sra. Ledis Yecenia Salazar Marín, nacida en el Municipio de San Rafael Antioquia, el día 13 del mes de marzo de 1999 y debidamente inscrita en el registro civil de nacimiento, no es hija de mi poderdante el Sr. Daniel Amado Morales González”.[9] La providencia de primera instancia en el proceso de impugnación de la paternidad, expedida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- 5. El Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia-, mediante fallo del ocho (08) de junio de dos mil nueve (2009), declaró la prosperidad de la “excepción de caducidad de la acción de impugnación del reconocimiento de hija extramatrimonial de dicha menor”.[10] En efecto, de acuerdo con la providencia, en el curso del proceso se procedió a decretar una nueva práctica de la prueba genética de ADN, la cual dio como resultado –según palabras de ese Juzgado- “la exclusión de la paternidad [del señor Daniel Amado Morales] respecto de la menor”.[11] Esta constatación, de acuerdo con el criterio del Juez Promiscuo de Marinilla, “sería indicativa de que la menor no pudo tener como padre al demandante lo cual [c]onduciría necesariamente a la declaratoria de la prosperidad de las pretensiones de la demanda”.[12] No obstante, en este caso, consideró que se había producido la caducidad de la acción. 6. El Juzgado sostuvo que la caducidad de la acción de impugnación de paternidad debía contarse de acuerdo a como lo disponía el artículo 248 del Código Civil entonces vigente, esto es, “sin atender [l]a reforma introducida por el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006 que fue posterior y por ende no podría aplicarse retroactivamente (el cual indica que dicho fenómeno actualmente es de 140 días)”.[13] Según su interpretación, el mencionado precepto establecía que el reconocimiento de la paternidad sólo podía impugnarse, cuando se basaba en que el hijo extramatrimonial no ha podido tener por padre al reconociente, dentro de los sesenta (60) días siguientes al momento en el cual “surgió” en él el interés de impugnar la paternidad. Por tanto, dado que en este caso el interés no surgió –en su concepto- desde que el señor Daniel Amado Morales conoció el resultado de la prueba de ADN, sino desde el reconocimiento mismo de la paternidad; es decir, desde el “27 de noviembre de 2004”, entonces la demanda fue interpuesta después de haber pasado más sesenta (60) días desde que surgió ese interés, y por consiguiente la acción debía declararse caduca.[14] El razonamiento del Juzgado fue el que enseguida se transcribe: “[p]or lo tanto, debemos tener en cuenta, para efectos de la contabilización del término de caducidad para emprender la acción de impugnación del reconocimiento, que el interés para ello surgió desde el momento mismo en que se hizo dicho reconocimiento de paternidad por parte del demandante, es decir, el 27 de noviembre de 2004, pues desde antes de tal fecha ya existían dudas de dicha paternidad, no desde la fecha en que efectuó la práctica de la prueba de ADN extra [p]roceso con la menor; es decir, el 11 de julio de 2008. El acto de reconocimiento de la paternidad respecto de la menor Nixa Yuneidy Morales Salazar, efectuado por la demandante, se efectuó, no obstante las dudas acerca de la misma, de forma expresa[,] consciente y libre y por ende no puede ahora, después de lo confesado en la demanda, argumentarse que el interés apenas surgió ahora, es decir, a partir del 11 de julio de 2008”.[15] 7. De hecho, en su providencia, el Juzgado Promiscuo de Marinilla sostuvo que esa interpretación de la Ley partía del criterio, fijado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de acuerdo con el cual el momento que debe tomarse como punto de partida para contabilizar la caducidad debe ser determinado según los siguientes elementos -se cita el aparte que el Juzgado refiere como proveniente de la sentencia del once (11) de abril de dos mil tres (2003), expediente 6657 (MP César Julio Valencia Copete)-: “[l]a hipótesis fáctica que consulta la dinámica de la disposición exige, por tanto, un interés actual, cuyo surgimiento deberá establecerse en cada caso concreto y que cobra materialidad con el ejercicio del derecho de impugnar el reconocimiento, el cual, por su propia naturaleza, que lo erige en potencial exclusivo de la ley y no del mero querer de las partes, impone la intervención judicial, pues sería inútil cualquier intento particular de cambiar sus efectos mediante un acto voluntario de los interesados, más cuando su contenido atañe al orden público. Ese interés actual pone en evidencia que está latente la necesidad de acudir a la decisión judicial ante la imposibilidad de decidir el derecho privadamente, de forma individual ora consensual, prédica que invade desde luego la esfera de quien efectuó el correspondiente reconocimiento frente a la irrevocabilidad unipersonal del acto objeto de impugnación, según lo dispone el artículo 1° de la Ley 75 de 1968. [E]l interés actual, ha de resaltarse, no alcanza a confundirse con cualquier otro motivo antojadizo, pues aquél refiere a la condición jurídica necesaria para activar el derecho, al paso que éste apenas viene a ser cualquiera otra circunstancia veleidosa y, por innecesaria y, por ende, es inane en relación con el propósito de accionar; dicho interés, por consiguiente, valga repetirlo, no puede ser sometido al estado de ánimo o a la voluntad de los afectados, o a la simple conservación y mantenimiento de las relaciones interpersonales”.[16] Apelación de la sentencia de primera instancia, en el proceso de impugnación de paternidad 8. La parte demandante impugnó el fallo, basada en las siguientes consideraciones: “[q]ue la sentencia proferida constituye una violación al [P]reámbulo y a los artículos 1, 2, 22, 42, 44 y 229 de la Constitución; que las normas del Código Civil en las cuales se basó el juzgado para tomar la decisión aunque tienen la gran mayoría de sus normas vigentes éstas no reconocen la realidad social y científica que existe en la actualidad y con base en la cual es posible conocer con exactitud la paternidad por medio de la práctica de la prueba de ADN. Que el plazo tan corto que fija el artículo 217 del Código Civil afecta el núcleo esencial del derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia y de obtener el esclarecimiento de la verdad. Que ante la existencia de un medio científico para determinar la paternidad biológica, el contenido del artículo que impone un término para impugnar la paternidad se torna contrario a la Constitución”.[17] La providencia de segunda instancia en el proceso de impugnación de la paternidad, expedida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia 9. En su fallo de segunda instancia, expedido como se dijo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009), la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia decidió confirmar la providencia de primer grado, pero por razones distintas. La Sala consideró que la normatividad aplicable no era la legislación civil anterior a la reforma introducida por la Ley 1060 de 2006, sino precisamente la normatividad civil reformada por esta última Ley. De modo que el término para impugnar la paternidad –de acuerdo con la Sala del Tribunal- era de “ciento cuarenta (140) días” contados desde cuando “se enteraron del reconocimiento de que quien reconoció no es el padre”.[18] Pero, además de demostrar que no había caducado la acción, el impugnante debía acreditar “interés actual”.[19] Esto es especialmente válido en casos –como el que estaba conociendo- en los cuales están envueltos los derechos de una niña, pues estos últimos son “prevalentes” y no es posible, “años después de efectuado [su] reconocimiento[,] dar al traste con los efectos de éste”.[20] De tal suerte, en opinión de la Sala del Tribunal, no es admisible como forma de sustentar el interés actual para impetrar la acción de impugnación de paternidad, “el simple capricho del padre en cuestionar de repente y sin razón alguna el verdadero vínculo biológico”.[21] 10. Así las cosas, a juicio de la Sala del Tribunal, en este caso no pudo comprobarse el interés actual, pues “aparte del instrumento público mediante el cual se produjo el reconocimiento –Registro civil de nacimiento de la menor-, y de la prueba de ADN no se cuenta en el plenario con más pruebas que permitan establecer que además del antojo del padre de indagar por la filiación biológica respecto de su hija cuatro años después de haberla reconocido, haya tenido conocimiento de hecho alguno en virtud del cual no podría ser el padre de Nixa Yuneid[y]”.[22] De modo que, por este motivo, la conclusión debía ser que no era posible estudiar el fondo de la demanda, porque “no se demostró interés actual alguno por parte del demandante y menos aún se impetró la acción dentro de los ciento cuarenta días siguientes al reconocimiento con el cual el demandante dijo ser padre de la demandada a pesar de las dudas que tenía al respecto”.[23] Acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia, y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia 11. Daniel Amado Morales González interpuso, el veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, porque a su juicio en las providencia dictadas dentro del proceso de impugnación de paternidad habían incurrido en un defecto procedimental, pues le dieron un “inadecuado procedimiento”[24] a su demanda al considerar que no debía estudiarse de fondo debido a que el interés actual no fue demostrado; y todo ello pese a que “[e]ste último surge con la CERTEZA de que aquel hijo realmente no es suyo”,[25] y no se origina simplemente –como lo consideraron las autoridades demandadas- “con el reconocimiento de la menor” cuando en ese momento existían efectiva y simplemente “dudas”.[26] Así las cosas, solicita que se conceda la tutela de sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias del Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia dictadas dentro del proceso de impugnación de paternidad adelantado por él. Respuesta de las accionadas 12. La acción de tutela le correspondió, por reparto, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, la cual decidió vincular al trámite a Ledis Yecenia Salazar Marín, en calidad de representante de la menor Nixa Yuneidy Morales Salazar, así como a los Magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, y Juez Promiscuo de Marinilla Antioquia. Sin embargo, todas estas personas guardaron silencio. Sentencia de tutela objeto de Revisión 13. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de tutela del diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010) decidió negar el amparo invocado. Para sustentar su decisión, la Sala de Casación Civil manifestó que la acción de tutela contra providencias judiciales fue declarada inconstitucional, sin condicionamientos, por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992. Por lo tanto, la acción de tutela sólo procede cuando “la providencia acusada [p]or arbitraria y absurda, sea una mera apariencia de decisión judicial que resquebraje el ordenamiento jurídico”. En este caso no es eso lo que ocurre –según la Corte, suprema en lo ordinario- “habida consideración que el debate constitucional se contrae a la valoración probatoria y la interpretación normativa efectuada por los jueces de instancia en el proceso ordinario acusado; inconformidad que bien pudo plantearse a través del recurso extraordinario de casación que fue desdeñado debido a la propia incuria del accionante. [A]l respecto, es de anotar que la acción de amparo no está prevista para remediar fallas de gestión procesal, ni rescatar oportunidades fenecidas, lo contrario a no dudar, dejaría perennemente abierto el debate a libre discreción de los interesados en clara contravención de la seguridad jurídica que debe pernear las decisiones judiciales”.[27] II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS[28] Presentación del caso y problema jurídico 1. Daniel Amado Morales González pretende que se dejen sin efecto las providencias dictadas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla Antioquia y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia. Estas autoridades, según el demandante, le violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la vida digna, al haberse rehusado a decidir de fondo la impugnación de paternidad presentada por él, por considerar que no tenía ‘interés actual’, pese a haber presentado la demanda sólo diecisiete (17) días después de saber a ciencia cierta, y gracias a la práctica de una prueba de ADN, que no era padre de la menor reconocida por él, con dudas, cuatro años antes. 2. Por su parte, aunque las autoridades judiciales demandadas no intervinieron en el proceso de tutela, en las providencias ordinarias, tanto el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla como la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia consideraron que en cualquier momento la legislación civil ha exigido (antes y después de la Ley 1060 de 2006), para efectos de estudiar el fondo de una demanda de impugnación de paternidad, contar con un interés actual para instaurarla. Así, el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla consideró que como no estaba comprobado el “interés actual” debía prosperar la excepción de caducidad; y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia concluyó que, aun cuando no había caducidad, tampoco estaba acreditado el “interés actual”. De modo que la actualidad de ese interés quedaba desvirtuada en este caso, debido a que el accionante dejó pasar un tiempo prolongado desde el reconocimiento de la menor, momento desde el cual debe contarse en todos los casos como este la oportunidad para impugnar la paternidad. 3. Así las cosas, aunque la acción de tutela se proyecta como un medio de protección de los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la vida digna, a juicio de la Sala plantea el siguiente problema jurídico: ¿viola los derechos fundamentales a la familia, a acceder a la justicia y a la filiación de una persona que ha reconocido a otra como menor hija suya, que los jueces declaren impróspera una impugnación de paternidad presentada por ella, por considerar que no tiene ‘interés actual’ para demandar, a pesar de haber instaurado la impugnación dentro de un plazo razonable (diecisiete -17- días), contado desde que tuvo certeza, gracias a una prueba de ADN, de que no era el padre de quien reconoció como hija años antes? La Sala procede a resolverlo. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 4. La acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales cuando “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (art. 86, C.P.). La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que esta disposición autoriza promover el amparo también contra las autoridades judiciales, cuando violen o amenacen derechos fundamentales. Así lo indicó desde la sentencia C-543 de 1992:[29] “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).” 5. Luego de eso, la misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996,[30] SU-159 de 2002[31] y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005.[32] También la han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el comienzo, como se evidencia por ejemplo en las sentencias T-079[33] y T-158 de 1993.[34] De modo que la jurisprudencia Constitucional ha sido coherente desde sus inicios, al sostener que algunos actos judiciales, en determinadas condiciones, pueden ser cuestionados mediante tutela si violan derechos fundamentales. Aunque, debe anotarse, la magnitud del defecto judicial que amerita una intervención del juez de tutela para proteger derechos fundamentales violados, no ha sido valorada durante todo el tiempo de igual manera. Como lo expuso la Sala Segunda en la sentencia T-377 de 2009: “[e]sta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación […] con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su realidad constitucional. La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de hecho.”[35] 6. Actualmente se admite la procedencia de la tutela contra sentencias, siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones.[36] En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad, o de procedibilidad general, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez debe preguntarse, en síntesis: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario;[37] (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación);[38] (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela.[39] 7. Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad, el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los defectos a que se ha referido la jurisprudencia constitucional como defectos sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental, por error inducido, por desconocimiento del precedente, por falta de motivación o por violación directa de la Constitución.[40] Además, debe verificar si la comisión de alguno de esos defectos supuso la violación de derechos fundamentales. Defecto judicial por violación directa de la Constitución 8. Ahora bien, de todos los defectos que la jurisprudencia constitucional ha tratado, en este caso merece especial atención el que se deduce de violar directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constitución. Este defecto fue concebido por la Corte, inicialmente, como un defecto sustantivo. [41] Sin embargo, posteriormente la Corte le empezó a conferir autonomía e independencia conceptual a este defecto. En la sentencia T-949 de 2003,[42] la Corte Constitucional al estudiar una tutela contra providencias penales que habían condenado a una persona erróneamente, como resultado de una suplantación palmaria, reiteró lo dicho por la jurisprudencia en torno a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero mencionó otros defectos adicionales, entre los cuales incluyó el derivado del desconocimiento de una norma constitucional aplicable al caso: “todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.[43] 9. Esta interpretación se consolidó en la sentencia C-590 de 2005,[44] al estudiar una acción pública contra la disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional incluyó, en ese contexto, definitivamente a la violación directa de un precepto constitucional en el conjunto de defectos autónomos que justifican la presentación de una tutela contra providencias judiciales. Al hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la jurisprudencia anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo le reconoció. 10. Ahora bien, el desconocimiento de la Constitución, aunque produce invariablemente la misma distorsión, no siempre se ocasiona de la misma forma. En realidad, el desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al menos, en dos clases de casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben ser extraídos de su texto son por completo desobedecidos y no son tomados en cuenta, en el razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii) cuando las reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al menos implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance insuficiente. (i) En efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53, concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución.[45] (ii) Esa no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden, como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo, sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más allá de lo que era necesario y proporcionado. Así las cosas, lo que debe decidir esta Sala de Revisión es si el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla –Antioquia- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia violaron directamente la Constitución. En este caso, las providencias demandadas les asignaron a los derechos a decidir libremente y en pareja el número de hijos, a acceder a la justicia y a la filiación, una eficacia menor de la que era óptima 11. Las pruebas de ADN garantizan una confiabilidad del 99.99999…% en el establecimiento de la verdadera paternidad o maternidad, y en cambio deparan certeza (100%) en la exclusión de las mismas. Esta conclusión ha sido reconocida como válida por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-411 de 2004,[46] en la cual tomó una decisión con base en el dictamen rendido ante ella por el genetista Emilio Yunis Turbay, en el proceso que concluyó con la sentencia C-004 de 1998. En dicho concepto, el científico manifestó que “[l]as pruebas científicas disponibles en el mundo, y en aplicación en Colombia, permiten descartar en un 100% a los falsos acusados de paternidad y establecerla, cualquiera sean los fundamentos que rodean a la pareja, con una probabilidad de 99.999999…”.[47] 12. Así las cosas, cuando se declara impróspera la impugnación de paternidad instaurada por una persona que, gracias a una prueba de ADN, tiene certeza de no ser padre o madre de otra, interfiere en el ámbito de protección prima facie de sus derechos fundamentales a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la personalidad jurídica, a la filiación y a acceder a la administración de justicia, como pasa a exponerse. 13. Para empezar, una decisión de esa naturaleza supone en la práctica forzar al demandante a aceptar como hijo suyo a quien no lo es desde un punto de vista biológico. Dado que debe ser en principio “la pareja” la que decida el número de hijos que ha de tener una persona, y no el Estado, cuando la decisión adoptada por un juez de la República supone que uno de los miembros de la pareja debe resignarse a aceptar como hija suya a una persona que biológicamente no lo es, se interfiere en su derecho a decidir en “pareja” y de manera “libre […] el número de hijos” (art. 42, C.P.). 14. Por otra parte, se incide en los derechos de quienes son presentados como el padre o madre (aparente) a la personalidad jurídica (art. 14, C.P.) y, más específicamente, a la filiación (art. 94, C.P.). La Corte Constitucional ha interpretado que el derecho a la personalidad jurídica es el derecho constitucional implícito al reconocimiento “de todos los atributos de la personalidad”, dentro de los cuales está, según la jurisprudencia de la Corte, la “filiación […] puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de las personas”.[48] Ese derecho le confiere a su titular la potestad de exigir que la verdadera filiación prevalezca sobre la puramente formal o ficticia, y es intervenido en este caso porque a Daniel Amado Morales González se le impidió obtener un pronunciamiento institucional sobre la verdadera filiación de Nixa Yuneidy. 15. Finalmente, con las decisiones judiciales demandadas se incide también en el derecho del tutelante a “acceder a la administración de justicia” (art. 229). Se trataría, en este caso, de una incidencia en el derecho a acceder a la justicia efectiva. Es decir, en el derecho a acceder a la administración de justicia para obtener, como lo dice la Carta, “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (art. 2, C.P.) y la primacía “[d]el derecho sustancial” (art. 228, C.P.). O, como se deduce de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el derecho que tiene toda persona de “hacer efectivos [en sede judicial] los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en [la Constitución y las leyes]” (art. 1°, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia). Esto sería así porque, como las personas tienen derecho prima facie a decidir en “pareja” el número de hijos que habrán de tener, a que prevalezca la realidad de la filiación sobre las apariencias o las formalidades, cuando por falta de oportunidad se deja incólume el estatus jurídico de una persona como padre o madre de otra, a la que no considera como tal, se lo priva de la posibilidad de hacer efectivos esos derechos. 16. Ahora bien, la mera constatación de esa interferencia no es suficiente para concluir que toda decisión judicial que declare impróspera la impugnación de paternidad resulte inconstitucional, cuando sea instaurada por una persona que tenga certeza de no ser padre o madre de otra. Lo que está prohibido por la Constitución es que una decisión de esa naturaleza no esté debidamente justificada. Pues no sobra recordar que la administración de justicia, dice el artículo 228 de la Constitución, “es función pública”. Esa característica normativa es una exigencia que se le dirige al juez para que explicite y haga públicas las razones que usó para tomar determinadas decisiones. Y, como se trata de un juez que obra en el marco de un Estado de Derecho, y que debe por lo tanto sujetar sus actuaciones a la Constitución y la ley, no puede tomar decisiones arbitrarias, sino dar cuenta en sus razones públicas, de que sus consideraciones están justificadas. Pues bien, para ello debe ofrecer argumentos encaminados a demostrar que su decisión (i) es conforme a la ley, (ii) que persigue una finalidad constitucionalmente admisible, (iii) que esa decisión es idónea para alcanzar la finalidad buscada, (iv) que es necesaria dentro del contexto normativo en el cual se inserta y (v) que es proporcional. Por lo tanto, a continuación la Corte procederá a examinar estos puntos. 17. La Sala encuentra que el centro del debate en este caso no está en que la interpretación adelantada por los jueces sea contraria a la ley. Ambas providencias toman en consideración la ley al momento de decidir y le otorgan sentidos aceptables, si se las juzga desde un punto de vista estrictamente legislativo. Tampoco se centra el debate en que las providencias persigan finalidades constitucionalmente inaceptables, pues como se puede ver con ellas se busca blindar la filiación previamente reconocida por el demandante y proteger, por esa vía, la confianza legítima de la menor, que se ha construido a partir de un vínculo de años. De hecho, la discusión tampoco reside en que la interpretación sea inidónea para alcanzar el propósito perseguido, pues en este caso pudo verse hasta qué punto logró, precisamente, petrificar el reconocimiento de la hija extramatrimonial. 18. Lo que, en sustancia, plantea el accionante es que los jueces hayan interpretado la ley en un sentido tan estricto, y que ese entendimiento los hubiera llevado a desconocer una realidad contundente, como es la que se dedujo de la prueba de ADN, de acuerdo con la cual él no es padre biológico de Nixa Yuneidy. Por lo tanto, lo que debe examinar la Corte es si se trata de una medida (iv) necesaria dentro del contexto normativo en el cual se inserta y, si lo es, (v) si además resulta proporcional. A juicio de la Sala, la interpretación escogida por los jueces viola la Constitución, pues implicó una limitación innecesaria en los citados derechos fundamentales del demandante, como pasa a mostrarse. 19. En efecto, lo primero que debe anotarse es que ambos jueces interpretaron que el ‘interés actual’, exigido por la normatividad civil anterior y posterior a la Ley 1060 de 2006, se desvirtúa cuando una persona que ha reconocido a otra como su hija, interpone una demanda para impugnar la paternidad después de haber dejado pasar un tiempo prolongado desde que experimentó por primera vez dudas sobre la verdadera relación de filiación entre ambos. No cuentan en esta interpretación las dudas surgidas antes del reconocimiento de la paternidad, pues en ese momento no hay ninguna relación para impugnar. Por lo tanto, debe entenderse que los jueces aplicaron un entendimiento del derecho pertinente, en un sentido que prescribe contar la oportunidad para impugnar la paternidad desde la primera duda (sobre la filiación verdadera) siempre que esa duda se haya suscitado después –y no antes- del reconocimiento de la misma. En este caso, por lo tanto, aunque la primera duda de Daniel Amado Morales González sobre el verdadero padre de Nixa Yuneidy surgió desde el momento mismo de su nacimiento, o incluso antes, el punto que cuenta para computar la oportunidad debe ser el del reconocimiento de la paternidad. La pregunta que debe resolverse primero es entonces si sólo a partir de ese momento puede contarse la oportunidad para impugnar la filiación. La Sala cree que no. 20. En abstracto, sin considerar circunstancias especiales, es razonable y en nada se opone a la Constitución que la oportunidad para impugnar la paternidad empiece a contarse a partir de la primera duda. Si una persona (i) reconoce a otra como su hija, (ii) aunque con dudas sobre la verdadera paternidad, (iii) luego deja pasar un tiempo prolongado para cuestionar la paternidad, y (iv) decide finalmente impugnarla con fundamento en esas mismas dudas, entonces es válido concluir que esa persona ha perdido su oportunidad para ejercer los derechos constitucionales y legales al desentrañamiento de la real filiación y, por tanto, a la personalidad jurídica, a acceder a la justicia y a decidir voluntariamente el número de hijos.[49] Lo mismo podría decirse –en principio- si esa misma persona, luego de un tiempo prolongado, decide impugnar la paternidad con fundamento en medios de prueba recientes que no tienen contundencia científica y, en cambio, deparan una convicción que no es siquiera rayana en la certidumbre. En ambos casos, en un contexto fáctico general de esa naturaleza, la interpretación sería proporcional. Pero algo distinto ocurre en este caso. 21. Porque en esta ocasión hay un elemento adicional: (v) quien impugnó la paternidad, lo hizo unos pocos días después de tener certeza sobre la realidad de la filiación, gracias a una prueba como la de ADN que garantiza un 100% de confiabilidad en cuanto a quienes no son los padres de una persona. Y ese hecho recomienda entonces concluir que la solución debería ser otra. Pues no alterar el entendimiento del ‘interés actual’ en una hipótesis como esta, y en cambio aceptar que una prueba de ADN es irrelevante a efectos de actualizar la oportunidad para impugnar la paternidad, conduce a la configuración de lo que, en la teoría del derecho, se conoce como laguna axiológica, en tanto resuelve el caso sin tener en cuenta una propiedad fáctica sumamente relevante, que amerita sin embargo una decisión jurídica distinta.[50] Esa propiedad fáctica es la contundencia y definitividad de la prueba antropoheredobiológica, cuando se endereza a descartar la paternidad de una persona respecto de otra. Y la jurisprudencia de esta Corte la ha tenido en cuenta para adecuar la normatividad infra constitucional a la Constitución. 22. En no pocos casos, la Corte Constitucional ha juzgado como inconstitucionales ciertas interpretaciones de la ley, que serían aceptables en la generalidad de los casos, cuando permanecen inalterables ante la fuerza de la evidencia que se desprende de una prueba de ADN. De hecho, de al menos tres casos que a continuación pasan a exponerse, es posible inferir como principio vinculado a la Constitución, especialmente al derecho a la primacía del derecho sustancial sobre el simplemente formal o adjetivo (art. 229, C.P.), que la contundencia de los resultados contenidos en una prueba de ADN es tan relevante, que debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria –el derecho sustancial- consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídico formal. 22.1. Para empezar, así lo dijo en la sentencia T-411 de 2004,[51] al juzgar que aunque en principio era improcedente la acción de tutela contra una providencia judicial debido a que –como lo exige la jurisprudencia de la Corte-[52] no se habían agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alc...