Sentencia T-887 de 2009

T-887-09 REPÚBLICA DE COLOMBIA SENTENCIA T-887/09 (Diciembre 1º; Bogotá D.C.) ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia respecto a la inmediatez ACCION DE TUTELA PARA IMPEDIR DECLARATORIA DE ABANDONO DE MENOR-Aun cuando se interpuso dos años después, el término se considera prudencial debido a las circunstancias que rodearon el caso INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Sentido y alcance INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios jurídicos que se ajustan al caso concreto Cierto es que la disposición contenida en el artículo 44 superior establece de manera inequívoca el lugar prevalente que ocupa la garantía de los derechos de la niñez en el ordenamiento jurídico colombiano. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente que el sentido y alcance de esta salvaguardia ha de fijarse siempre a la luz de las circunstancias del caso concreto. Justo en esa línea de argumentación, ha distinguido la Corte múltiples pautas. A continuación mencionará la Sala aquellos criterios jurídicos que se ajustan más a las circunstancias del asunto bajo examen. (i) Garantía de desarrollo integral de la niñez así como protección reforzada de sus derechos; (ii) amparo de la niñez frente a riesgos prohibidos; (iii) ponderación y equilibrio entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores; (iv) necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales. GARANTIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA PROTECCION REFORZADA DE SUS DERECHOS-Alcance y contenido En relación con el criterio de la necesidad de garantizar en forma integral el desarrollo de la niñez y la protección reforzada de sus derechos, ha destacado la jurisprudencia constitucional que cualquier decisión susceptible de afectar a la niñez debe encaminarse a asegurar su “desarrollo armónico e integral” y debe procurar que niños y niñas gocen de un ambiente propicio para su pleno desenvolvimiento físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético de modo que puedan obtener “la plena evolución de su personalidad”. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, una sociedad que no vela porque “sus niños y niñas crezcan saludables en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos, libres de carencias, de maltratos, de abandonos y de abusos, no sólo pone en duda su presente sino que siembra serias incertidumbres sobre lo que habrá de ser su futuro”. Por ese motivo, la Constitución vincula a la familia, a la sociedad y al Estado para que, en conjunto y de manera solidaria, apoyen la debida realización de los derechos fundamentales de la niñez AMPARO DE LA NIÑEZ FRENTE A RIESGOS PROHIBIDOS-Alcance Respecto del segundo criterio, a saber, amparo de la niñez frente a riesgos prohibidos, ha dicho la jurisprudencia constitucional que se debe evitar que la niñez enfrente “condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física y moral, la explotación económica o laboral y en general el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas”. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 superior al tenor del cual la niñez será protegida “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Sobre este criterio resulta preciso advertir que lo mencionado en precedencia no agota las circunstancias que pueden significar poner en situación de riesgo a la niñez. PONDERACION Y EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LOS DE SUS PROGENITORES-Alcance Acerca del criterio de ponderación y equilibrio entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores ha dicho la jurisprudencia constitucional que resulta obligado guardar un balance entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores. De cualquier manera, ha insistido la Corte Constitucional en que si se presenta conflicto entre estos intereses jurídicamente amparados la solución que se ofrezca debe ser aquella que mejor se ajuste a la preservación de los intereses superiores de la niñez. Vistas así las cosas, los intereses de los progenitores sólo podrán equipararse a los del niño o la niña cuando ello a un mismo tiempo cumpla con satisfacer el interés prevalente de la infancia. DERECHOS DEL NIÑO-Razones para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno filiales En lo que concierne al criterio referido a la necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales ha sido reiterativa la jurisprudencia constitucional en sostener que deben presentarse razones las cuales, vistas en conjunto y analizadas a la luz de las previsiones establecidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, justifiquen adoptar medidas o actuaciones de intervención estatal. Ante todo debe examinarse la necesidad de las medidas o actuaciones estatales así como la razonabilidad y la proporcionalidad de las mismas, sin incurrir en conductas arbitrarias, desmesuradas e injustificadas. En relación con este último criterio, vale la pena resaltar la importancia que le confiere el artículo 44 al nexo familiar. También el Código de la Infancia y de la Adolescencia hace hincapié respecto de la importancia de la familia en el desarrollo de los niños, de las niñas y adolescentes al igual que la Convención de los derechos del niño. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Sentido y alcance DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Cuando se puede presentar la intervención del Estado/ DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-No es admisible alegar la intervención estatal porque no son óptimas las condiciones económicas o educativas de sus progenitores La intervención estatal se presenta cuando la familia se ve impedida para asumir sus obligaciones de asistencia y de protección[1]. Solo en una eventualidad tal, compete al Estado prestar la protección y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. En otros términos, los padres y demás familiares se encuentran legalmente obligados a ofrecerle a la niñez protección y sustento. El Estado deberá intervenir cuando quiera que ese cuidado y protección no sea suficiente. Dicho en pocas palabras: en aquellos casos en que ni la familia ni la sociedad puedan cumplir con la debida protección de los derechos de las niñas y de los niños, le corresponde al Estado hacerlo. Ha insistido la jurisprudencia constitucional en que alegar la intervención estatal con el argumento de que los padres o familiares carecen de suficientes recursos económicos y nivel de educación, resulta por entero inadmisible y puede implicar, más bien, un trato discriminatorio. En tal sentido, por ningún motivo resulta justificable argüir que un niño o una niña deben separarse de su familia biológica porque las condiciones económicas o el grado de educación de sus progenitores no son óptimos. DERECHO DE LOS PADRES BIOLOGICOS A MANTENER EL VINCULO FAMILIAR CON SUS HIJOS E HIJAS-Sentido y alcance PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION DEL MENOR-Se encuentra estipulado en el Código del Menor y como el caso ocurrió durante su vigencia se debe regir por este DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO-Produce ipso iure la pérdida de la patria potestad PROCESO DE ADOPCION-Requiere que previamente se haya declarado al menor en situación de abandono Sólo puede darse trámite al proceso de adopción cuando previamente se ha declarado al niño o a la niña en situación de abandono. Ello es así, precisamente porque, de otra manera, no sería posible preservar la observancia plena de disposiciones constitucionales tales como la presunción a favor de amparar de modo principal el nexo biológico primario entre padres e hijos. Como lo recordó la sala, esta presunción debe ser analizada bajo la perspectiva que presenta tanto la garantía constitucional de los derechos prevalentes de la niñez como la del derecho a tener una familia y no ser separados de la misma, cuestiones éstas que, como se mostró, guardan un estrecha vínculo. De manera muy excepcional procede declarar la situación de abandono cuando se verifica contundentemente que los padres biológicos no están en situación de garantizar los intereses prevalentes de su hijo o hija o que permanecer en la familia biológica conlleva para el niño o para la niña un riesgo insuperable. De todos modos, en el trámite que conduce a la declaratoria de situación de abandono deben los funcionarios administrativos que lo adelantan observar estrictamente la Constitución y en especial el derecho constitucional fundamental al debido proceso. DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO-Se deben observar los presupuestos fácticos y jurídicos así como el debido proceso DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO-No se ha constatado que los padres biológicos hubieren abandonado al menor En el caso bajo examen no se constata que los padres biológicos del niño lo hubiesen abandonado o lo hubiesen puesto en una situación tal que a la luz de la normatividad vigente existieran motivos justificados para declararlo en situación de abandono. Por el contrario, se encuentra probado en el expediente que, dentro de las limitaciones del caso, los padres –proveniente ambos de un nivel sociocultural bajo– estuvieron y aún hoy están pendientes de recuperar la custodia de su hijo. Pudo verificarse así que el embarazo fue querido por los padres; que fue un embarazo de alto riesgo que exigió visitas constantes de la madre al médico y que ella realizó estas visitas de modo regular. Resultó factible constatar asimismo que el parto fue prematuro y con complicaciones y que se practicó cesárea. También se comprobó que la madre quedó muy débil después de dar a luz motivo por el cual no pudo asistir a las visitas de rigor en el hospital. DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO DEL MENOR-Medida excesiva, apresurada y arbitraria en la que no se respetó el debido proceso, ni el deseo de los padres de permanecer con su hijo/DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO DEL MENOR-Irregularidades cometidas por la Trabajadora Social del ICBF la llevaron a la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por quince años No se reparó en los esfuerzos efectuados por la pareja para cumplir con los requerimientos determinados durante el trámite de declaración de abandono. Se dio poca importancia al hecho de que el embarazo fue querido por la pareja y que fue un embarazo de algo riesgo. Por lo demás, no existe evidencia respecto de que el Centro Zonal xx haya acompañado a la madre ni le haya brindado el apoyo psicológico requerido. La Sala considera que en el caso bajo examen el equipo interdisciplinario del ICBF –Centro Zonal xx– obró de manera apresurada y dictó una medida de protección que analizada a la luz del asunto particular resulta excesiva, desproporcionada y arbitraria. A lo anterior se suma el hecho de que una de las Trabajadoras Sociales involucradas en el proceso administrativo que culminó con la declaratoria de situación de abandono del niño, fue, en efecto, destituida de su cargo e inhabilitada para ejercer la función pública en cualquier cargo o función pública por el término de quince años. El proceso administrativo se adelantó en forma excesivamente rápida y superficial y con desconocimiento del derecho constitucional fundamental al debido proceso. En todo momento, se partió de presumir la mala fe de los padres. DECLARATORIA DE SITUACION DE ABANDONO DEL MENOR-Privar a los padres de la patria potestad por carecer de recursos económicos y por su bajo nivel cultural y educativo es una sanción injusta Cierto es que la condición de salud del niño y la manera como se presentaron los acontecimientos, unido todo ello, a la historia familiar de la madre, ponen a las autoridades administrativas de protección en la necesidad de adoptar medidas que garanticen el interés prevalente del niño. Sin embargo, la declaratoria de situación de abandono resulta en el asunto bajo análisis excesiva y tampoco se compadece con el interés que han demostrado los padres biológicos de mantener los vínculos primarios con su hijo. Desde esta perspectiva, privarlos de la patria potestad únicamente porque carecen de los recursos económicos suficientes o porque no disponen del nivel cultural o educacional adecuado resulta una sanción injusta que desconoce la realidad del hogar de los padres así como la de miles y miles de hogares en países subdesarrollados como Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL-Ordena al ICBF dejar sin efecto la resolución de la declaratoria de abandono y exigirá que la custodia del niño vuelva a sus padres CORTE CONSTITUCIONAL-Ordena al ICBF proveer los recursos económicos indispensables para el niño, así como sustitutos lácteos y nutricionales y apoyo psicosocial a la familia CORTE CONSTITUCIONAL-Ordena a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del caso rindiendo informes cada tres meses durante un lapso de cuatro años Referencia: Expediente T-2.161.446. Accionante: Liliana, en nombre y representación de su hijo Maximiliano[2]. Accionado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Fallo objeto de revisión: sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de 4 de diciembre de 2008, que confirmó la decisión del Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. I. ANTECEDENTES. 1. Demanda y pretensión. 1.1. Elementos de la demanda. -. Derechos fundamentales cuya protección se invoca: La accionante interpuso acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el supuesto desconocimiento de sus derechos fundamentales a tener una familia y a no ser separado de ella; debido proceso, vida digna y libre desarrollo de la personalidad. -. Conducta que causa la vulneración: haberse adelantado por parte del ICBF proceso administrativo -de modo supuestamente irregular y con desconocimiento de la garantía del debido proceso- que culminó con la decisión de declarar al hijo de la peticionaria en situación de abandono. -. Pretensión: se conceda la tutela, se deje sin efectos la resolución que determinó la declaratoria de situación de abandono del niño y se le entregue a la madre la custodia del infante por medio de esta acción tutelar. 1.2. Fundamento de la pretensión. La actora, de 46 años de edad, presentó acción de tutela en nombre y representación de su hijo de 3 años, Maximiliano, en contra del ICBF, centro zonal xx, y apoyó su pretensión en las siguientes afirmaciones y medios de prueba: -. Según la peticionaria, hace seis años formó hogar con Jacobo, del que nació Maximiliano el 23 de abril de 2006 (Folio 1, cuaderno 1). Aporta como medio de prueba, copia de su Cédula de Ciudadanía y copia del Registro Civil de Nacimiento en el cual consta que el niño fue reconocido por el padre, el 12 de septiembre de 2006 (Folios 22 y 23, cuaderno 1). -. Alega que su hijo nació de modo prematuro y con serios problemas pulmonares y ella se encontraba delicada de salud por lo que después del parto el médico le ordenó reposo. En vista de lo anterior, durante tres días no pudo asistir al hospital a velar por su hijo, pero una vez se recuperó, reanudó las visitas de rigor (Folio 1, cuaderno 1)[3]. Aporta como medio de prueba resumen de la historia clínica del niño (Folios 25-27, cuaderno 1). -. Manifiesta que uno de los días en que fue a visitar a su hijo, en forma inexplicable la Trabajadora Social del Hospital El Tunal, Patricia, le exigió entregar al niño a una madre sustituta escogida por el ICBF, Lourdes, con la excusa de que el instituto había dispuesto darlo en adopción. (Folio 1, cuaderno 1)[4]. -. Señala que ante la situación descrita, se había negado a entregar al niño a la madre sustituta hasta el punto que habían tenido que arrebatárselo a la fuerza y había exigido que le explicaran y le aseguraran si, ciertamente, era el ICBF la institución que había dado orden de entregarle el niño a Lourdes. (Folio 1, cuaderno 1). -. Aduce que desde el comienzo fue víctima de discriminación por parte del personal del ICBF, pues nunca le permitieron visitar a su hijo ni hicieron factible que se lo devolvieran a ella o a una de sus hermanas, que son personas con estabilidad económica aceptable. En su caso, siempre condicionaron las visitas a la terminación de las terapias psicológicas, las cuales efectuaron ella y Jacobo, su compañero permanente, padre de su hijo a cabalidad en el centro zonal xx y de las cuales reposan las respectivas certificaciones de cumplimiento. Además, llenaron las exigencias de la Defensora de Familia, Adriana, y cambiaron de habitación, pero de nada sirvieron los cambios pues los informes nunca fueron a su favor[5]. -. Insiste en que el ICBF tampoco aceptó entregar el niño a un miembro de su familia en condiciones más estables. (Folio 2, cuaderno 1). -. Enfatiza que la Trabajadora Social –funcionaria posteriormente destituida por el ICBF al haberse comprobado que incurrió en graves irregularidades, entre ellas, recibir dineros para agilizar los trámites de adopción de infantes que estaban siendo objeto de investigación por situación de abandono– rindió conceptos falsos respecto de su estado económico dado que sus circunstancias no “eran tan precarias como [la funcionaria lo había indicado] en sus informes y mucho menos las condiciones de habitación”. (Folio 2, cuaderno 1). Aporta como medio de prueba copia del reporte de valoración efectuado por la Trabajadora Social destituida. (Folio 41-43, cuaderno 1). -. Hace hincapié en que los hechos que motivaron la destitución de la Trabajadora Social, fueron de conocimiento público al ser transmitidos en el programa de televisión Séptimo Día, circunstancia que confirma cómo en su caso el objetivo de la Trabajadora Social era dar en adopción a Maximiliano a familias extranjeras (Folio 2, cuaderno 1). -. Subraya que nunca le notificaron la resolución por medio de la cual se declara la situación del abandono de su hijo, pese a que siempre permaneció viviendo en el mismo inmueble. (Folio 3, cuaderno 1). Aporta como medio de prueba copia de la resolución 161 de noviembre 10 de 2006 (Folios 49-53) -. Afirma que es una persona humilde pero que ha cumplido con todo lo que le han pedido. Que el ser pobre no es ser indigente y que no es un motivo para perder a su hijo. Considera entonces que han abusado de su ignorancia y de su condición de vulnerabilidad frente al ICBF. -. Sostiene que dada su condición económica frágil y su desconocimiento de los trámites legales, le ha sido muy difícil reaccionar jurídicamente. Que aún cuando ha cometido errores, éstos no tienen la suficiente entidad para privarla de recuperar a su hijo y de poderle brindar el amor que se merece, pues dentro de la escasez de recursos que los embarga como padres, “nunca les falta el alimento, el techo, la limpieza y sobre todo el amor de padres y que por ello [merece] una oportunidad en la vida para demostrarle a la sociedad y al ICBF que puede darle mejor calidad de vida a [sus] hijos”. (Folio 3, cuaderno 1) -. Expresa que la tutela es el único mecanismo de defensa con el que cuenta pues el menor se halla en etapa de adopción y parece que lo van a sacar del país con una resolución de abandono viciada de nulidad. Por todo lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos y los de su hijo a tener una familia, al debido proceso, a la igualdad y a la vida digna como mecanismo transitorio. 2. Respuesta de la entidad accionada. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal XX-, en escrito de contestación de la tutela, informó lo siguiente: -. El Defensor de Familia, Javier, dio apertura a una investigación en favor del hijo de Liliana, recién nacido y reportado por la trabajadora social de la UCI neonatal del Hospital El Tunal, Patricia, por presentar dificultad respiratoria y encontrarse en alto riesgo social. La apertura de la investigación fue notificada a Liliana de manera oportuna. -. La Trabajadora Social del ICBF, Ximena, rindió informe sobre la visita realizada al hogar de Liliana y de Jacobo y mencionó que las condiciones habitacionales del hogar de la pareja no eran adecuadas para el niño y que no existía una red familiar que apoyara a la madre. -. El niño duró hospitalizado 67 días, con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar, apneas por neumonía multilobar, anemia transfundida y sepsis tardía, reflujo gastroesofágico III con coordinación velopalatina y que se lo valoró también psicológicamente, conceptuando que es un bebé con salud delicada por su nacimiento prematuro, oxígeno dependiente, manejo de sonda gástrica, suministro de medicamentos y alimentación. -. El 25 de julio de 2006, se reunió un equipo de protección con el fin de realizar una valoración de equipo técnico a favor del niño Maximiliano, concluyendo que debido a la situación médica descrita, se debería continuar con el proceso terapéutico a la familia. -. El 3 de octubre de 2006, se recibió informe de Liliana en el que manifestó que se marchaba de la ciudad con destino a Cali y que no sabía cuando regresaba. -. El 10 de noviembre de 2006, Adriana, Defensora de Familia, dictó la resolución con la que se declaró en situación de abandono al menor Maximiliano, invocando lo estipulado en el Código del Menor y que la citación se le envío a Liliana, quien según informe de la Trabajadora Social, Ximena, no fue encontrada en el sitio de su residencia y por información de los vecinos se supo que había partido para otra ciudad. Que, por consiguiente, se procedió a notificar por edicto a las partes, el cual fue fijado el 25 de noviembre de 2006 en ese centro zonal. -. El expediente permaneció en Secretaría del lugar por el término de 20 días para que las partes hicieran las oposiciones. Tales fechas vencieron en silencio sin que nadie hiciera uso de los recursos, por lo que no se le violó el debido proceso a Liliana como ella lo afirma. -. El derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella prevalece sobre los derechos de los padres biológicos cuando estos han dejado de cumplir con sus obligaciones, por tanto, el ICBF no entiende “cómo después de dos años de haberse declarado el abandono del menor, la señora Liliana interpone una tutela como mecanismo de defensa cuando no hizo uso de los recursos establecidos por la ley y más cuando se trataba de su menor hijo, lo que denota que el vínculo de la madre hacia su hijo es absolutamente distante y que en su proyecto de vida muy tardíamente pareciera que lo quisiera incluir”. En vista de lo expuesto, el ICBF solicita a la Corte Constitucional desestimar la acción de tutela de la referencia. 3. Decisión de tutela objeto de revisión: sentencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Sala Civil. 3.1. Primera Instancia. Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá. Mediante providencia dictada el 5 de noviembre de 2008, el juzgado de primera instancia denegó la tutela invocada. Apoyó su decisión en los motivos que se sintetizan a renglón seguido. Estimó el a quo que revisado el trámite adelantado a prevención por el ICBF desde la decisión de apertura de la investigación en favor del niño Maximiliano hasta la declaratoria de abandono, se surtieron las competencias legales de las autoridades, encaminadas todas ellas, a la protección de un niño en situación de vulnerabilidad. En efecto, para el fallador existen tanto razones de hecho como de derecho para la emisión de la resolución 161 del 11 de noviembre 2006. Por consiguiente, a su juicio, no se constata “desconocimiento de los derechos invocados por la accionante, en tanto que se evidencia en tales actuaciones el agotamiento del procedimiento a cargo del ICBF para la protección de los niños a su cargo en tanto se hizo la notificación por edicto establecida en la ley para aquellos casos en que no es posible llevar a cabo la notificación personal”. Además, se dejó transcurrir el término de contradicción y se motivó de manera razonada y con base en hechos y conceptos de personal capacitado para tal objetivo, la declaratoria de abandono, todo lo cual se puede constar en el expediente respectivo aportado por la accionada. Así, encontró el a quo que era improcedente la solicitud de tutela presentada por Liliana 3.2. Impugnación. La demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Aportó los motivos que se resumen a renglón seguido. Afirma no estar de acuerdo con la decisión emitida por el a quo, pues, en su opinión, la Defensora de Familia del ICBF, Adriana, no estaba “cuidando los niños” sino “vendiéndolos”. Además, solicita que le expliquen la razón por la cual el Bienestar Familiar no le deja ver a su hijo, si a las otras mamás si se los dejan ver. Exige que a las señoras XX y Adriana se las destituya del Bienestar Familiar y considera que todos en esa entidad son cómplices de la pérdida de su hijo. 3.3. Segunda Instancia. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Esa Corporación decidió el 4 de diciembre de 2008 la impugnación de la sentencia de primera instancia y la confirmó en todas sus partes. Aportó los motivos que abajo se exponen en sustento de su decisión. Para el Tribunal, la acción de tutela es un medio de defensa subsidiario que no debe ser usado con el propósito de sustituir los recursos de ley. De hecho, esa Sala advirtió que desde que se profirió la resolución el 10 de noviembre de 2006, la accionante no intentó ninguna clase de acción tendiente a reclamar la custodia del hijo, por lo que carece de inmediatez el amparo señalado y la acción de tutela por su carácter residual no puede ser un mecanismo utilizado cuando se dejan de usar los medios ordinarios de defensa para revivir un procedimiento vencido, cuando “del historial que precedió a la Resolución fluye que desde su nacimiento se desprendió sin mayor dificultad de su cuidado, circunstancias que aunadas hacen de este amparo una reclamación a todas luces tardía”. 4. Hechos relevantes y pruebas que obran en el expediente así como solicitadas en sede de revisión. A partir de las pruebas que obran en el expediente y de las solicitadas en sede de revisión, la Sala cuenta con los elementos de juicio que se exponen a continuación: -. El Hospital El Tunal, en donde nace Maximiliano prematuro y afectado por problemas respiratorios el día 23 de abril de 2006, acusó a Liliana, su madre, de no haber asistido a las visitas de rigor[6]. La Trabajadora Social de la UCI Neonatal del mismo hospital, Patricia, hizo seguimiento del caso y constató que desde el día 2 de mayo de 2006 los padres no asistieron a las visitas. Hasta el día 8 de mayo logra comunicarse con la madre del niño vía telefónica, y la cita para que acuda a la oficina de trabajo social del hospital. Los padres del niño –Liliana y Jacobo– asisten ese mismo día a la cita. Liliana explica que no pudo concurrir al hospital a visitar a su hijo por encontrarse decaída luego del parto –que fue por cesárea–. Jacobo aduce, por su parte, que no disponía de documentos para dejar en la portería del hospital, motivo por el cual no pudo visitar al niño. Liliana refiere que tiene tres hijos más de una relación anterior y que los niños viven con el padre en Ubaté. Relata, que hace diez meses no los ve y que, en el momento, no sabe cómo ubicarlos, por cuanto se cambiaron de casa. Ratifica, asimismo, que convive desde hace varios años con Jacobo, el padre del niño, quien se desempeña como vendedor ambulante y que los dos habitan en un inmueble arrendado. La Trabajadora Social del hospital El Tunal, Patricia, solicita definir la conducta a seguir con el niño, quien, a su juicio, se encuentra en riesgo social[7]. -. El 30 de mayo de 2006, en carta dirigida a la Defensora de Familia del ICBF –Centro Zonal XX–, la Trabajadora Social del hospital el Tunal, Patricia, indica: “De acuerdo a la conversación telefónica del día de hoy, envío resumen de historia clínica donde se solicita autorización para realizar procedimiento quirúrgico, ya que el médico tratante le explicó a la madre del bebé y la respuesta que se obtuvo fue evasión en la responsabilidad y no atendiendo a lo que el médico le decía, por lo tanto se solicita ante ustedes la autorización para dicha intervención quirúrgica”[8]. -. El 6 de junio de 2006, la Trabajadora Social del ICBF, Ximena, presenta informe en el que da cuenta de que el domicilio reportado por Liliana no corresponde a su lugar de vivienda y manifiesta que no dispone de información que le permita determinar si la familia puede asumir el cuidado del niño. Llama la atención respecto de que se trata de un niño que requiere especial cuidado y vigilancia, dadas sus condiciones de salud. Emite el siguiente concepto social: “Por lo anteriormente expuesto considero necesario en tanto que el bebé sea dado de alta, ingrese a protección en colocación familiar en un hogar sustituto con una madre que esté en condiciones de ofrecer los cuidados necesarios para su delicado estado de salud y tenga experiencia en el manejo de oxígeno”. -. Mediante reporte de valoración, el psicólogo del ICBF, Dr. Mauro, explica la situación del niño. Se sustenta, primero, en lo referido por la Trabajadora Social del hospital El Tunal, Patricia, y, luego, rinde el siguiente informe psicológico: “N.N. Hijo de Liliana es un bebé de 2 meses de edad, prematuro, oxigeno dependiente, que requiere de sonda gástrica para alimentarse con alto riesgo social por parte de sus padres biológicos, quienes prácticamente se han mostrado abandónicos (sic) del pequeño. Se recomienda como medida de protección, colocación familiar en hogar sustituto, donde se brinden todos los cuidados psicoafectivos, de salud, de estimulación adecuada, pero principalmente que se le brinde el calor de unos padres, que no ha podido encontrar en los propios”[9]. -. El 22 de junio de 2006, la Defensora de Familia del ICBF del Centro Zonal xx, Adriana, le solicitó a la Trabajadora Social del hospital El Tunal, Patricia, “colocar a disposición de este centro (…) al menor en referencia, una vez sea dado de alta con el peso requerido (…)”[10]. -. El 23 de junio de 2006, por decisión de Javier, Defensor de Familia de esa localidad, se expidió auto de apertura de investigación a favor del niño Maximiliano[11]. En efecto, el niño fue entregado a una madre sustituta vinculada al ICBF, ese mismo día. -. El 4 de julio de 2006, se le notificó personalmente a Liliana el contenido del auto de apertura de investigación administrativa de protección, y se le informó que contra esa decisión procedían los recursos de ley. Copia de esa notificación aparece en el expediente del niño y está firmada por la tutelante[12]. El 4 de julio se le realizó una entrevista psicológica a Liliana por parte del Psicólogo del ICBF, Dr. Mauro[13]. -. EL 5 de julio de 2006 rinde declaración la actora a solicitud del Defensor de Familia, Javier[14]. El 12 de julio de 2006, presenta reporte la Trabajadora Social del ICBF, Ximena[15]. El 17 de julio de 2006 la nutricionista del ICBF, Piedad, presenta reporte[16]. El 17 de julio de 2006 el psicólogo Mauro allega reporte de valoración psicológica[17]. -. El 21 de julio de 2006, por manifestar dificultades de salud, el niño fue ingresado de urgencia al hospital. Se le diagnosticó peritonitis y estuvo hospitalizado hasta finales de agosto de 2006[18]. -. El 25 de julio de 2006, mediante constancia de reunión del equipo técnico del ICBF- Corporación YY, en la que participaron los Drs. Adriana, Mauro y Susy, se concluyó que “[d]ebido a la situación médica se define la necesidad de preparar a la familia aún respecto a su condición de salud; apoyar en el proceso de elaboración de esta situación”[19]. -. En agosto de 2006, la psicóloga del ICBF, Dra. Susy, informó que de acuerdo con la historia del niño aportada por el ICBF se había trabajado con la familia “en la estructuración del proyecto de vida con los padres, [y que se observaba] dificultad para concretar ideas frente al ejercicio de su papel como padres, falta claridad de ideas frente de (sic) metas a corto y a largo plazo”. -. El 18 de septiembre de 2006, según se desprende de la constancia dejada por la reunión del equipo técnico del ICBF –Corporación YY–, en la que participaron la Defensora de Familia del ICBF, Adriana, el Psicólogo de esa misma institución, Dr. Mauro, las Trabajadoras Sociales de esa misma institución, Ximena y Susy, tercer integrante del equipo técnico, se concluye lo siguiente: “Se observa que la familia se ha vinculado activamente; de intervención se observa que las condiciones de riesgo continúan. Se define declaratoria de abandono”[20]. -. El 3 de octubre de 2006, recibe la Nutricionista del ICBF, Piedad, comunicación enviada por Liliana en la que escribe: “Tenga usted un cordial saludo y por medio de esta saludo paso a decirle lo siguiente: es con el fin de informarle yo Liliana y Jacobo viajamos a la ciudad de Cali por motivos familiares el día 30 de septiembre del 2006. Dejamos constancia con el fin a que halla (sic) lugar. No siendo mas (sic) el motivo nos despedimos de usted gracias doctora no sabemos por cuanto tiempo viajaremos”[21]. -. El 31 de octubre de 2006 la Nutricionista del ICBF, Piedad, presenta informe adicional de atención terapéutica a la pareja[22]. -. El 7 de noviembre de 2006 por razón de reporte de actuación, se emite el concepto final del equipo técnico del ICBF, en el que intervinieron el psicólogo Javier; la trabajadora social Ximena; la nutricionista Piedad y la defensora de familia Adriana. Se concluye que “el menor debe ser decretado en abandono debido a que la progenitora no ha mostrado cambios significativos ni se ha movilizado hacia el menor, por lo tanto se considera necesario que el menor sea decretado en abandono”[23]. -. El 10 de noviembre de 2006, se dicta por parte del ICBF la resolución 161 por medio de la cual se declara la situación de abandono de Maximiliano y se ordena iniciar los trámites de adopción del niño como medio para obtener su protección[24]. En la copia de la boleta de citación para la notificación de la referida resolución aparece el recibido firmado por la Trabajadora Social del ICBF Ximena[25]. -. El 14 de noviembre de 2006, mediante reporte de valoración, la Trabajadora Social del ICBF, Ximena, informa: “El pasado 10 de noviembre se realizó visita a la Dirección (…) del Barrio ZZ, con el fin de dejar boleta de citación a la señora Liliana y no se encontró a la señora mencionada. // Un joven que salió atender (sic) el llamado a la puerta informa que la señora y su compañero se fueron desde hace más de un mes y no regresaron se llevaron el trasteo y desconocen el paradero. Por lo cual no se logró realizar su solicitud de realizar la entrega de la boleta de citación. // Por lo anterior recomiendo continuar con el proceso del niño ya que la familia se trasladó de esta ciudad”. -. El 16 de noviembre de 2006, la Defensora de Familia, Adriana, deja la siguiente constancia: “[V]encido el término y no siendo posible notificar personalmente la resolución (…) de noviembre de 2006 a los progenitores del menor Maximiliano, por cuanto se desconoce su paradero y dado que ningún familiar se ha hecho presente se procede a notificar la resolución por EDICTO (…)”[26]. -. El 8 de junio de 2009, el Director (E) del ICBF –Regional Bogotá– responde el oficio No. OPTB 130/2009 enviado a esta entidad por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional[27]. En este lugar se relacionarán únicamente las pruebas que constituyen una novedad por no haber sido anexadas antes al expediente. La comunicación hace una relación de la historia clínica del niño desde el 29 de junio de 2006 hasta el 26 de marzo de 2009. Concluye que el “niño continúa con oxígeno durante el sueño. Presenta cicatrices obscurecidas en todo el cuerpo como secuelas de varicela y cicatrices quirúrgicas abdominales. El niño asiste de manera permanente a consulta con neumología y cardiología pediátrica”. Más adelante, transcribe el pronóstico presentado por el médico neumólogo el día 26 de marzo de 2009[28]. Posteriormente[29], informa que al haber sido el niño reconocido por su padre biológico ello cambia la situación respecto del trámite de adopción por cuanto se debe vincular el padre al proceso para subsanarlo. Manifiesta asimismo que el niño continúa en Hogar Sustituto y que no se le ha asignado familia alguna. Respecto de la información solicitada por la Sala Quinta de Revisión en relación con la situación disciplinaria de la Trabajadora Social, responde que, en efecto, “la reseñada exfuncionaria fue sancionada con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN POR QUINCE AÑOS, en el proceso disciplinario iniciado por el informe presentado por la Coordinadora del centro zonal XX. Agrega que la sanción se hizo efectiva por parte de la Directora General del ICBF y añade finalmente que “en el caso materia de análisis por la Honorable Corte, no se tiene conocimiento hasta la fecha de que las acciones de la mencionada trabajadora social, hayan deslustrado las actuaciones administrativas y que afectara la decisión de la Defensora”. -. El día 30 de junio de 2009, la Procuradora 61 Judicial II de Familia responde el oficio enviado por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional y hace un recuento de su actuación respecto del asunto bajo examen. En síntesis, relata la Procuradora que recibió en su despacho a Liliana quien solicitó al Procurador Delegado para los Derechos de la Infancia y la Familia se le asignara un abogado que ejerciera vigilancia respecto del proceso de restablecimiento de derechos que se adelanta en el ICBF –centro zonal xx–. Manifiesta que solicitó “en escrito remitido vía fax a la (…) Defensora de Familia del Centro Zonal [xx] del ICBF, informe sobre el estado actual de la historia administrativa de restablecimiento de derechos y la decisión adoptada”. Expresa que recibió en su despacho, en horario de atención al público, a Liliana y a Jacobo y que les comunicó que el niño había sido declarado en abandono desde el año 2006, a lo que ellos repararon que la resolución no les había sido notificada. Informa que visitó el centro zonal xx y solicitó copia de todas las actuaciones administrativas. Además, dado que los señores Jacobo y Liliana consideraban vulnerados sus derechos fundamentales, los contactó de forma inmediata con un funcionario de la Personería Delegada para Asuntos Jurisdiccionales –Área de Tutela de la Personería de Bogotá– con el objeto de que se le diera soporte a los señores Liliana y Jacobo. Señala que tuvo dificultades para ponerse en contacto con Liliana, pues no había vuelto a su oficina. Sobre el particular, Liliana le explicó que no había podido acudir a la Procuraduría pues “se encuentra trabajando por días y que no le dan permiso”. Informa, por último, que el día 20 de agosto de 2008 Liliana y Jacobo se presentaron en su despacho; que se les explicó el contenido del expediente y “se les advirtió sobre la necesidad de acudir a la Personería de Bogotá, con el objeto de recibir asesoría para la presentación de la acción de tutela, único camino con el que cuentan, toda vez que la resolución de abandono se encontraba en firme desde finales del año 2006”. De este modo, aclaró y precisó la Procuradora 61 Judicial II de Familia la actuación de la Procuraduría Judicial. -. El 15 de julio de 2009, la Psicóloga Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, responde la solicitud hecha por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional e informa que no puede realizar visita por trabajo social, por cuanto “no cuenta en la actualidad con ese servicio”. Respecto del peritaje en relación con el estado actual del niño y sus requerimientos en salud mental y atención psicológica realiza un completo análisis[30] y concluye: “Examinado el niño Maximiliano presenta un desarrollo cognitivo global acorde a su edad, exceptuando la esfera del lenguaje, con importante déficit expresivo que requiere un programa de terapias por fonoaudiología formal y prolongado. // El Estado colombiano requiere velar por sus derechos fundamentales a la salud, educación y nexos familiares de origen contemplados en el Código de Infancia y Adolescencia”. (Subrayas fuera del texto original) -. Respecto del peritaje atinente a la situación psíquica y emocional actual de la madre de Maximiliano, Liliana, la médica especialista en psiquiatría del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectúa un análisis completo y concluye: “1. La examinada Liliana no presenta un cuadro clínico psicopatológico que le incapacite o altere la realización de las tareas propias del rol de madre. // 2. La examinada Liliana presenta un funcionamiento cognitivo en la inteligencia, limítrofe o bajo promedio poblacional, que no le incapacita en sí mismo y para su caso, la realización de las tareas propias del rol de madre. // La examinada Liliana, requiere asistencia psicosocial de apoyo, psicoeducación y acompañamiento en la realización de tareas de crianza de hijo que van entrando en la adolescencia, ya que presenta algunas dificultades para atender esta etapa del ciclo vital de sus hijos. // La examinada Liliana, percibe a su último hijo Maximiliano como fruto de la relación con su actual pareja y en el espacio de su psiquis o mundo objetal, sostiene un vínculo vivo con el niño que le ha permitido imaginar su crecimiento, albergando la escena del reencuentro y descartando toda posibilidad de duelo por la pérdida”. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. La Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Nacional y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto de Sala de Selección número dos de febrero 17 de 2009. 2. Problema jurídico-constitucional. 2.1. Determinará la Sala si la acción de tutela es procedente para dejar sin efecto un acto administrativo por medio del cual se declara la situación de abandono de un niño. En otras palabras, si es factible mediante acción de tutela ordenar que la custodia de un niño sea devuelta a los padres biológicos que la solicitan, aún cuando ha mediado resolución que declara la situación de abandono del niño. 2.2. La Sala verificará si el procedimiento administrativo que culminó con la resolución en mención se efectuó de conformidad con el ordenamiento constitucional y, también, si en desarrollo de este trámite se respetó la garantía del derecho al debido proceso. Constatará la Sala, a este tenor, cuáles son los alcances que tiene el derecho de los padres biológicos a mantener el vínculo natural con sus hijos, y en tal sentido, los alcances del derecho, en principio prevalente, que tienen mutuamente padres e hijos a permanecer juntos. 2.3. Previamente la Sala definirá si cabe exigir el cumplimento del requisito de subsidiariedad así como el de inmediatez, en cuanto exigencias de procedibilidad de la acción de tutela. Acto seguido se pronunciará sobre el sentido y alcances de los intereses superiores de la infancia de conformidad con el artículo 44 superior, y sobre el sentido y alcance del derecho a tener una familia y no ser separado de ella. A la luz de lo anterior, examinará la Sala los alcances del derecho que tienen, prima facie, los padres biológicos a mantener el vínculo familiar con sus hijos. Luego, verificará los alcances del proceso por medio del cual se declara la situación de abandono de niños como requisito previo para dar paso al proceso de adopción. Por último, comprobará la Sala si existe o no un desconocimiento de los derechos cuya protección se invocó en el caso concreto y expondrá una síntesis de las razones de la decisión en el asunto bajo examen. 3. Procedencia de la acción de tutela: subsidiaridad e inmediatez. 3.1. Subsidiaridad. 3.1.1. Reiteración de jurisprudencia. La tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en atención a que está concebida como un mecanismo judicial previsto ante la inexistencia de mecanismos procesales para el amparo integral del objeto de protección[31]. En otras palabras, la tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial que garanticen de modo efectivo la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Ahora bien, también ha insistido la jurisprudencia constitucional en que si los mecanismos ordinarios resultan ineficaces, o de no concederse el amparo, se presenta un perjuicio irremediable, entonces es factible acudir a la acción de tutela. En esa eventualidad concurren dos situaciones: (i) puede concederse el amparo transitorio, para dar lugar a órdenes de inmediato cumplimiento que permitan contrarrestar dicho efecto, hasta tanto la autoridad correspondiente decida de fondo; (ii) también se ha considerado la acción de tutela como un mecanismo judicial supletorio de los mecanismos ordinarios, cuando la actuación de las entidades responsables de la protección de los derechos fundamentales se abstienen de cumplir los requisitos exigidos por la ley y por la Constitución y las medidas adoptadas en ejercicio de sus atribuciones resultan excesivas y desproporcionadas y no respetan el derecho constitucional fundamental al debido proceso[32]. 3.1.2. La subsidiariedad en el caso concreto. La actora alega el desconocimiento del derecho fundamental a la garantía del debido proceso presuntamente vulnerado en el trámite administrativo adelantado por el ICBF que culminó con la declaratoria de abandono de su hijo. Ahora bien, cuando en el caso concreto se verifica la presunta vulneración o amenaza de vulneración de un derecho constitucional fundamental y no existe –como en el caso bajo análisis– una vía por medio de la cual pueda asegurarse la preservación del derecho, la tutela procede como mecanismo definitivo sin que de ello pueda deducirse que el juez constitucional suplantó la autoridad administrativa[33]. Debe pues examinar la Sala si en el trámite efectuado por el ICBF –centro zonal xx– se respetó el derecho constitucional fundamental al debido proceso toda vez que por los motivos que se expondrán más adelante, la actora no cuenta con otra vía para solicitar la protección de los derechos cuyo amparo invoca. 3.2. La inmediatez para la procedencia de la acción de tutela. 3.2.1. Reiteración jurisprudencial. Debe recordarse como doctrina de esta Corporación que la procedibilidad de la acción de tutela depende también de su interposición oportuna. Así la Corte ha precisado que[34]: “Tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la negligencia y la desidia”. “En efecto, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos.” 3.2.2. La inmediatez en el caso concreto. 3.2.2.1. El hecho de haberse interpuesto la acción de tutela dos años después de iniciada la conducta violatoria del ICBF, impediría otorgar el amparo. No obstante, las pruebas que obran en el expediente resultan suficientes para constatar que la actora se opuso desde el principio a que su hijo fuese declarado en abandono -a fin de ser puesto en adopción- y manifestó en múltiples ocasiones el deseo de estar con su hijo y de proporcionarle los cuidados que él se merece y requiere en vista de su situación de salud. Adicionalmente, el nivel socio cultural de la madre incide en que se vea privada de conocer y de acceder con facilidad a los mecanismos jurídicos que están a su disposición, tales como la acción de tutela. Aunado a lo anterior, debe repararse en que dadas sus precarias condiciones económicas, la peticionaria estaba sometida a largas jornadas de trabajo, lo que en varias ocasiones le impidió asistir a las distintas actuaciones para las que fue citada. 3.2.2.2.. Así las cosas, en el asunto bajo análisis de la Sala, se tiene que la actora ejerció la acción de tutela dentro de un tiempo prudencial, cuanto más si se repara en las circunstancias que rodearon el caso así como en las consecuencias de las medidas adoptadas en el trámite administrativo que culminó con la declaratoria de abandono del niño y si se tiene en cuenta, además, la repercusión de los trámites realizados y de las medidas adoptadas en la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuyo amparo se invoca. 4. Los derechos de la niñez. El derecho a la familia. 4.1. Sentido y alcances del interés superior de la infancia según el artículo 44 de la Constitución Nacional. Reiteración de jurisprudencia. 4.1.1. Los derechos fundamentales de la infancia gozan de una especial protección tanto en el orden jurídico interno como en el ámbito internacional[35]. La garantía que el orden jurídico constitucional le otorga a la niñez es extensa. Se encuentra establecida en distintos preceptos constitucionales[36] y en especial en el artículo 44 superior. Allí se enumeran, entre otros, el derecho a que su vida e integridad física sean debidamente protegidas; el derecho a la salud y a la seguridad social; el derecho a gozar de una alimentación equilibrada; el derecho al nombre y a la nacionalidad, así como el derecho a gozar del cuidado, del amor, de la cultura y de la libre expresión de su opinión. De acuerdo con lo establecido por el artículo en mención, la niñez gozará también de los demás “derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 4.1.2. Cierto es que la disposición contenida en el artículo 44 superior establece de manera inequívoca el lugar prevalente que ocupa la garantía de los derechos de la niñez en el ordenamiento jurídico colombiano. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente que el sentido y alcance de esta salvaguardia ha de fijarse siempre a la luz de las circunstancias del caso concreto, pues la cautela consignada en el artículo en mención no puede entenderse como “una garantía abstracta desprovista de vínculos con la realidad concreta llamada a ser aplicada de modo mecánico, así ello no impida sentar algunos criterios jurídicos más generales”[37]. Justo en esa línea de argumentación, ha distinguido la Corte múltiples pautas. A continuación mencionará la Sala aquellos criterios jurídicos que se ajustan más a las circunstancias del asunto bajo examen. (i) Garantía de desarrollo integral de la niñez así como protección reforzada de sus derechos; (ii) amparo de la niñez frente a riesgos prohibidos; (iii) ponderación y equilibrio entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores; (iv) necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales. 4.1.3. En relación con el primer criterio, esto es, la necesidad de garantizar en forma integral el desarrollo de la niñez y la protección reforzada de sus derechos, ha destacado la jurisprudencia constitucional que cualquier decisión susceptible de afectar a la niñez debe encaminarse a asegurar su “desarrollo armónico e integral” y debe procurar que niños y niñas gocen de un ambiente propicio para su pleno desenvolvimiento físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético de modo que puedan obtener “la plena evolución de su personalidad”[38]. Como lo ha señalado la Corte Constitucional[39], una sociedad que no vela porque “sus niños y niñas crezcan saludables en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos, libres de carencias, de maltratos, de abandonos y de abusos, no sólo pone en duda su presente sino que siembra serias incertidumbres sobre lo que habrá de ser su futuro[40]”. Por ese motivo, la Constitución vincula a la familia, a la sociedad y al Estado para que, en conjunto y de manera solidaria, apoyen la debida realización de los derechos fundamentales de la niñez[41]. Como antes se dijo, la protección integral que se le confiere a la niñez en el ámbito interno se ve reforzada por aquella derivada de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En este lugar vale mencionar lo dispuesto por la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 cuyo principio 2º prevé que la niñez “gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios (…) para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad” [42]. 4.1.4. Respecto del segundo criterio, a saber, amparo de la niñez frente a riesgos prohibidos, ha dicho la jurisprudencia constitucional que se debe evitar que la niñez enfrente “condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física y moral, la explotación económica o laboral y en general el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas”. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 superior al tenor del cual la niñez será protegida “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Sobre este criterio resulta preciso advertir que lo mencionado en precedencia no agota las circunstancias que pueden significar poner en situación de riesgo a la niñez. Para tener una visión más amplia es necesario acudir a la legislación internacional así como a lo dispuesto en el Código de la Infancia y de la Adolescencia. 4.1.5. Acerca del tercer criterio, es decir, ponderación y equilibrio entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores ha dicho la jurisprudencia constitucional que resulta obligado guardar un balance entre los derechos de la niñez y los derechos de sus progenitores. De cualquier manera, ha insistido la Corte Constitucional en que si se presenta conflicto entre estos intereses jurídicamente amparados la solución que se ofrezca debe ser aquella que mejor se ajuste a la preservación de los intereses superiores de la niñez. Vistas así las cosas, los intereses de los progenitores sólo podrán equipararse a los del niño o la niña cuando ello a un mismo tiempo cumpla con satisfacer el interés prevalente de la infancia. 4.1.6. En lo que concierne al cuarto criterio, esto es, a la necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales ha sido reiterativa la jurisprudencia constitucional en sostener que deben presentarse razones las cuales, vistas en conjunto y analizadas a la luz de las previsiones establecidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, justifiquen adoptar medidas o actuaciones de intervención estatal. Ante todo debe examinarse la necesidad de las medidas o actuaciones estatales así como la razonabilidad y la proporcionalidad de las mismas, sin incurrir en conductas arbitrarias, desmesuradas e injustificadas. En relación con este último criterio, vale la pena resaltar la importancia que le confiere el artículo 44 al nexo familiar. También el Código de la Infancia y de la Adolescencia hace hincapié respecto de la importancia de la familia en el desarrollo de los niños, de las niñas y adolescentes[43] al igual que la Convención de los derechos del niño[44]. Los criterios mencionados en precedencia junto con las consideraciones acerca del sentido y alcances del derecho a tener una familia y no ser separado de ella –que realizará la Sala a continuación– servirán de referente para a partir de allí determinar los alcances del derecho que tienen, prima facie, los padres biológicos a mantener el vínculo familiar con sus hijos. 4.2. Sentido y alcance del derecho de los niños y de las niñas a tener una familia y no ser separados de ella. 4.2.1. La jurisprudencia constitucional ha insistido de modo constante en la importancia de la familia para el desarrollo integral de la infancia. Los lazos familiares contribuyen, en principio, a crear un ambiente de amor y de cuidado imprescindible para tal desarrollo. La previsión contenida en el artículo 44 respecto de la necesidad de proteger el derecho de la niñez a tener una familia y no ser separada de la misma, se ve así complementada y reforzada por las normas establecidas en la Declaración Internacional sobre los Derechos del Niño[45]. Por su parte, la jurisprudencia constitucional se ha referido en varias ocasiones a la importancia del vínculo familiar y ha hecho énfasis en que desconocer la protección de la familia significa de modo simultáneo amenazar seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez[46]. A continuación se presenta una síntesis de los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre esta temática. 4.2.2. Un niño o una niña sin familia –sostiene la Corte– se ven privados de crecer en un ambiente “de afecto, solidaridad, alimentación equilibrada” que suele propiciar “la educación, la recreación y la cultura”. Sobre este extremo, enfatiza la jurisprudencia constitucional que los padres o miembros de familia que ocupen ese lugar –abuelos, parientes, padres de crianza– son titulares de obligaciones muy importantes en relación con el mantenimiento de los lazos familiares y deben velar, en especial, porque sus hijos e hijas gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos y puedan contar con los cuidados y atenciones que su desarrollo integral exige. Desde esta perspectiva, la intervención estatal en el núcleo familiar solo puede presentarse de manera marginal y subsidiaria y únicamente si existen razones de peso que así lo ameriten[47]. La intervención estatal se presenta cuando la familia se ve impedida para asumir sus obligaciones de asistencia y de protección[48]. Solo en una eventualidad tal, compete al Estado prestar la protección y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. En otros términos, los padres y demás familiares se encuentran legalmente obligados a ofrecerle a la niñez protección y sustento. El Estado deberá intervenir cuando quiera que ese cuidado y protección no sea suficiente. Dicho en pocas palabras: en aquellos casos en que ni la familia ni la sociedad puedan cumplir con...