Sentencia T-878 de 2014

T-878-14 Sentencia T-878/14 VIOLENCIA DE GENERO-Instrumentos jurídicos y jurisprudencia internacional CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Contenido y alcance CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Hace parte del bloque de constitucionalidad El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que hace parte del bloque de constitucionalidad. La define como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Este instrumento exige a los Estados partes garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como implementar políticas para eliminar la discriminación de la mujer dentro de las cuales se encuentran: consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer; adoptar sanciones que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; abstenerse de incurrir en actos de discriminación; eliminar la discriminación de la mujer en la sociedad y; derogar las disposiciones penales que impliquen una discriminación contra la mujer. Adicionalmente, solicita la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y en particular, el derecho al trabajo con las mismas oportunidades, a elegir libremente profesión y empleo, al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones de servicio, a la formación profesional, al readiestramiento, a la igualdad de remuneración y de trato, a la seguridad social, a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo. ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA MUJER EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer RECOMENDACIONES DEL COMITE DE LA CONVENCION PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Medidas para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de discriminación DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Fundamental En Colombia las mujeres han padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Es necesario recordar que se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, no podían acceder a la universidad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones. En consecuencia, con el fin de equilibrar la situación de desventaja y aumentar su protección a la luz del aparato estatal, la Constitución Política reconoció expresamente la igualdad jurídica al consagrar que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. Adicionalmente, dispuso que el Estado le otorgue asistencia durante el embarazo y después del parto, así como un especial amparo a la madre cabeza de familia. DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Procedencia de tutela para la protección/DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Jurisprudencia constitucional DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-La violencia de género impone obligaciones a la sociedad La violencia de género es aquella violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes de una sociedad, como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder. En nuestra sociedad el dominio es masculino por lo que los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa (lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de perpetuar la subordinación. Centrándose en lo concerniente a la violencia contra las mujeres, las agresiones van más allá de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas violencia visible. La invisible se refiere a la violencia estructural que implica inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico y a la violencia cultural constituida por los discursos que justifican el trato desigual. Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la desigualdad y la violencia. Por tanto, con cada golpe a una mujer se da prevalencia a un patrón social de exclusión y este se reproduce a futuro. DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Agresiones dentro de la pareja comprende toda una gama de actos sexual, psicológica y físicamente coercitivos DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Constituye un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral La violencia contra las mujeres constituye un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas escalas de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. Ya se ha demostrado que las leyes resultan insuficientes, puesto que tienen que formar parte de un esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre hombres y mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de ellas es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que discrimina es responsabilidad de todos. DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Empleadores deben luchar contra la violencia de género y deben apoyar a las mujeres que han sido víctimas de ella En el ámbito laboral la indiferencia sumada a una supuesta neutralidad respecto a la violencia, que en realidad en una toma de posición velada, afecta gravemente a la mujer víctima. Debido a los preconceptos morales y sociales acerca de la violencia en su contra, las víctimas se sienten culpables por causar o permitir las agresiones vividas. Esta percepción es reforzada por su círculo social, donde las personas comentan que la violencia pudo ser evitada por ella o prevenida, ya sea no manteniendo la relación con el agresor o comportándose de acuerdo al deseo de este para no molestarlo. Tales nociones se reflejan en distintos comportamientos discriminatorios que terminan por impedir la reivindicación de los derechos de las mujeres. Se condiciona su permanencia en el trabajo siempre que logre que el abuso no afecte su desempeño o el ambiente laboral, dejando en cabeza de la mujer la responsabilidad de aislar la violencia. El empleador no asume la responsabilidad en el cumplimiento de medidas de protección como la prohibición de ingreso del agresor al lugar de trabajo, el asesoramiento acerca de la ruta de atención de casos de violencia. Tampoco se incentiva la denuncia de los hechos y, en realidad, se considera “problemático” que la mujer pida permisos para asistir a diligencias judiciales, a citas psicológicas, o que se requiera al empleador o a sus trabajadores testimonios sobre el maltrato. DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Utilización de prejuicios y la actitud indiferente de los funcionarios de la Administración de Justicia perpetúa la violencia de género DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Fallas estatales en el deber de diligencia en la investigación de los casos de violencia de género ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Procedencia para proteger derechos de empleada víctima de violencia contra la mujer, a quien Universidad despidió por haber denunciado a su compañero sentimental, estudiante de dicha institución, por las agresiones que le propinó DERECHO A LA IGUALDAD Y DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Vulneración por universidad, al despedir a empleada por haber denunciado a su compañero sentimental por agresiones que le propinó y al alumno victimario solo le hace un llamado de atención A partir de tales elementos probatorios resulta diáfano que la terminación unilateral del contrato de la accionante tuvo como fundamento el hecho de haber sido maltratada y, luego, haber denunciado tales hechos. Igualmente, denota una actitud discriminadora frente a una mujer que ha sobrevivido la violencia por parte de quien alguna vez fue su pareja. El hecho de que la preocupación principal sea la imagen del centro educativo o el peligro que podría representar para la comunidad el agresor, va de la mano con la concepción reseñada antes, según la cual el fenómeno de la violencia dentro de la pareja forma parte de la vida íntima y no debe ser preocupación de los demás. El despido de la accionante contribuyó a acrecentar los efectos de la agresión y le impuso unas graves consecuencias sociales consistentes en la inestabilidad económica y en la búsqueda de un nuevo trabajo. Por tales razones es inaceptable, aunque se haya pagado la indemnización consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Lo anterior, por cuanto una causal legal de terminación del contrato no puede ser utilizada para desconocer la Constitución Política y los múltiples instrumentos suscritos por Colombia en el marco de la protección de la mujer y las obligaciones que, como parte de la sociedad, se le han impuesto a las empresas de contribuir a la eliminación de las agresiones en su contra. No se debe olvidar entonces que la desvinculación de una mujer maltratada es un nuevo golpe en su contra que le impide su rehabilitación. Pero la actuación indebida de la Fundación Universitaria no termina ahí. Mientras a la peticionaria la despidieron del empleo que había ocupado desde hace más de cinco años, a su compañero sentimental le remitieron una comunicación en la que le recomendaban cesar sus actitudes recriminatorias e intimidantes “advirtiéndole que de volver a tener conocimiento del más mínimo comportamiento suyo en tal sentido le aplicaremos las consecuencias previstas reglamentariamente.” Referencia: expediente T-4.190.881 Acción de tutela interpuesta por Esperanza en contra de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil catorce (2014) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena en la acción de tutela instaurada por Esperanza en contra de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena. I. ANTECEDENTES Asunto preliminar En el presente caso, la Sala ha decidido no mencionar el nombre de la accionante ni el de su compañero sentimental para evitar su identificación. Se ordenará restringir el acceso al expediente a las partes del proceso y ordenar que estas, el juez de instancia y la Secretaría de esta Corte, guarden estricta reserva respecto de la identidad de la misma[1]. Para mejor comprensión del caso, se reemplazarán por Esperanza y Pablo, respectivamente. 1. Hechos Esperanza, a través de apoderada judicial, promovió acción de tutela en contra de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la intimidad y a una vida libre de violencia contra las mujeres. Sustenta su solicitud en los siguientes hechos: 1.1. Señala que laboró en la institución, mediante contrato a término indefinido, durante más de 5 años como secretaria de uno de los programas académicos. 1.2. Destaca que su hoja de vida no cuenta con llamados de atención, amonestaciones verbales o escritas, suspensiones ni otras sanciones con ocasión de su desempeño laboral. 1.3. Indica que el 3 de junio de 2013 “fue víctima de violencia, por parte de su compañero sentimental, por la condición de ser mujer”, situación que ocurrió fuera de la institución educativa y en día no laboral. Como consecuencia de lo anterior, el Instituto de Medicina Legal le reconoció una incapacidad de 20 días y la EPS a la que está afiliada una incapacidad de 3 días, entre el 4 y el 6 de junio. 1.4. Manifiesta que el 6 de junio de 2013 acudió a la entidad accionada con el fin de entregar el certificado de incapacidad pero no fue posible, puesto que le fue entregada la carta de terminación unilateral del contrato laboral sin justa causa, que reconocía la indemnización respectiva. 1.5. Una vez recibió la comunicación, solicitó una entrevista con su jefe inmediato, el Director del Programa de Derecho de la institución, quien le afirmó que “[l]a terminación del contrato se debió a que se involucró sentimentalmente con un alumno de la institución y porque al correo electrónico de su institución llegó una denuncia penal que había instaurado en contra del agresor”. 1.6. Aduce que tal funcionario convocó una reunión con todas las personas que laboran en el departamento en la que describió las agresiones sufridas por la accionante, así como la denuncia penal que interpuso, sosteniendo que se trataba de un hecho grave para la institución, por lo que daría por terminada la relación laboral. 1.7. Menciona que la entidad realizó un llamado de atención y recomendaciones al agresor Pablo, mientras que a la demandante la despidió injustificadamente, para lo cual alegó falsamente que los reglamentos del trabajador y el estudiante prohibían las relaciones amorosas entre ellos. 1.8. Expone que el 17 de junio del mismo año reclamó su reintegro al centro educativo por las razones expuestas, pero obtuvo una respuesta negativa. 1.9. La peticionaria considera que con la actuación de la entidad “fue castigada por recibir una golpiza y por denunciar al delincuente”. Por consiguiente, solicita la protección de los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena (i) el reintegro al cargo que desempeñaba con el fin de lograr su estabilización socioeconómica; (ii) la rectificación de la información suministrada a la comunidad de la institución educativa, ya que esta no se ha debido divulgar; y (iii) la introducción de cátedras académicas en contra de la violencia contra las mujeres. 2. Contestación de la entidad accionada El representante legal de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena indicó que la acción de tutela resultaba improcedente porque era un asunto de competencia de la jurisdicción laboral y no cumplía con el requisito de inmediatez, ya que habían transcurrido 3 meses desde la desvinculación. Sostuvo que la peticionaria trabajaba actualmente como Secretaria del Programa de Psicología de la Universidad del Sinú, razón por la cual no era posible alegar la afectación de sus derechos fundamentales. De otra parte, manifestó que no estaba demostrado que el despido obedeciera a los hechos relatados por la accionante, puesto que la terminación fue una decisión unilateral que no guardó relación con su condición de mujer. Agregó que “si bien es cierto que la actora relata un incidente del orden sentimental con su pareja, que en sus palabras trascendió la esfera privada, no lo es menos que si en gracia de discusión admitiéramos que ese incidente ocurrió, bien podría haber ocurrido con un hombre, un gay, un transexual etc., y ello no indicaría que el despido tiene relación con su condición sexual sino con el incidente presentado” (Subrayado fuera del original). Por último destacó que la institución emplea a 338 mujeres, lo que desplazaba la discusión del escenario de discriminación de género presentado por la actora. II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN Sentencia de única instancia El Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, en providencia del 6 de septiembre de 2013, resolvió no amparar los derechos fundamentales invocados. Estimó que no se configuraba un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela en un asunto de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Explicó que la accionante no era un sujeto que requiriera una especial protección constitucional y no era posible presumir la afectación de su mínimo vital ya que, según la entidad demandada, estaba laborando en la Universidad del Sinú. Sostuvo que la Fundación Universitaria terminó la relación laboral con base en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo[2] que contempla la posibilidad de terminar el vínculo laboral sin que exista una justa causa, siempre que se indemnicen los perjuicios causados. Debido a que Esperanza recibió una compensación de $5’485.144, concluyó que no existía prueba que acreditara que la terminación se dio por la riña con su compañero sentimental. Respecto al derecho a la intimidad, consideró que no procedía la rectificación de la información divulgada por el Director del Programa de Derecho, por cuanto esta no se dio a través de medios masivos de comunicación. Afirmó que las palabras del funcionario no se deben entender como una intromisión a la intimidad, sino como la adopción de medidas correctivas necesarias en contra del estudiante, puesto que el altercado desbordó el ámbito privado de la peticionaria. Explicó que de no imponer la sanción al estudiante, como lo establece el artículo 113 del Reglamento Estudiantil, se estaría consintiendo en los actos de violencia contra las mujeres. Por último, expresó que no se cumplía con el requisito de inmediatez, como quiera que la institución cesó la difusión de los hechos objeto de la denuncia. III. PRUEBAS De las pruebas que obran en el expediente se destacan: - Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito el 19 de julio de 2007 (cuad. 1, fl. 8). - Carta de terminación unilateral del contrato laboral suscrita por el Rector de la entidad accionada, con fecha de 6 de junio de 2013 (cuad. 1, fl. 9). En ella se expresó: “Con la presente le estoy comunicando formalmente la decisión unilateral de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena de dar por terminado el contrato Individual de trabajo suscrito con usted, con efecto a partir de la finalización de la jornada del día de hoy. Mediante consignación por el conducto habitual le serán pagados los beneficios salariales y prestaciones que estén a su favor, incluida la indemnización por la terminación incausada (sic) de la relación laboral y dentro del término previsto por la ley se le hará entrega de la constancia de paz y salvo en la consignación de sus aportes a las entidades de seguridad social que la afiliaban. Acepte nuestras manifestaciones de agradecimiento por los servicios prestados a la Institución, deseos de bienestar y éxito en sus actividades futuras”. - Petición presentada por Esperanza ante el Rector de la entidad demandada en la que solicita la revocatoria del despido, manifestando los mismos argumentos que la acción de tutela (cuad. 1, fl. 10-12). - Comunicación de 7 de junio de 2013 dirigida a Pablo, estudiante compañero sentimental de la accionante, por parte del Director del Programa de Derecho, en la que se indica que se adoptarán las medidas disciplinarias según el Reglamento Estudiantil (cuad. 1, fl. 13). Específicamente, señala: “Conforme se lo manifesté ayer personalmente, es del conocimiento de la Institución que la señora Esperanza, Secretaria de la Dirección de este Programa de Derecho, instauró contra usted una querella ante el Fiscal Seccional 19 por lesiones personales. Independientemente de los móviles y lugar de ocurrencia, tal conducta por vincular a dos miembros de nuestra comunidad académica, cae en el campo del régimen disciplinario aplicable a los reglamentos de trabajo y estudiantil. Con respecto de la señora Esperanza, la Fundación Universitaria en forma autónoma y discrecional adoptó los correctivos pertinentes. Con respecto de usted, estamos evaluando la situación planteada para adoptar las medidas correctivas y preventivas que nuestros reglamentos y la legislación aplicable, indiquen. Entretanto, le reitero, formal y perentoriamente, mi recomendación de que cese en sus actitudes recriminatorias e intimidantes hacia cualquier miembro de nuestra comunidad académica, advirtiéndole que de volver a tener conocimiento del más mínimo comportamiento suyo en tal sentido le aplicaremos las consecuencias previstas reglamentariamente.” (Subrayado fuera del original). - Informe pericial de Clínica Forense proferido el 4 de junio de 2013 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Dirección Seccional Bolívar-, en el que consta: “RELATO DE LOS HECHOS: La examinada refiere que el día 3 de junio del año 2013 en el barrio Amberes de la ciudad de Cartagena fue agredida por Pablo el cual la lesionó con patadas y correazos en el cuerpo. SITUACIÓN DESENCADENANTE DEL EVENTO: Intolerancia. EXAMEN MÉDICO LEGAL: Descripción de hallazgos: equimosis de 10 cm sobre la escapula izquierda, equimosis de 12 cm sobre cara externa del muslo izquierdo, equimosis de 7 cm cada una localizada sobre el muslo derecho, edema de tobillo izquierdo, equimosis de 7 cm sobre la cara externa del brazo derecho, equimosis tenue periorbitaria derecha, refiere dolor corporal generalizado. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES: Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA 20 días. Sin secuelas médico legales al momento del examen.” (cuad. 1, fl. 14) - Certificado emitido por Sura EPS en el que le conceden 3 días de incapacidad por enfermedad general a la accionante, entre el 4 y el 6 de junio de 2013(cuad. 1, fl. 15). - Constancia emitida el 17 de septiembre de 2013 por la Jefe de Nómina de la fundación universitaria en la que indica que se encuentran registradas 338 mujeres en la nómina institucional (cuad. 1, fl. 22). - Resolución 5642 de 19 de septiembre de 2006 proferida por el Ministerio de Educación, por la cual se aprueba el cambio de carácter académico de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena (cuad. 1, fl. 24-26). - Liquidación de prestaciones sociales realizada por la institución demandada el 6 de junio de 2013, en la que se ordena el pago de $5’485.144 a Esperanza por concepto de indemnización laboral sin justa causa. Establece que la vinculación de la demandante se dio por contrato laboral a término indefinido entre el 19 de julio de 2007 y el 6 de junio de 2013 y que el motivo de retiro fue “terminación del contrato sin justa causa” (cuad. 1, fl. 28). - Resolución 167 del 17 de marzo de 2010 “por medio de la cual se aprueba la Reforma a un reglamento interno de trabajo” (cuad. 1, fl. 29-32). - Reglamento interno de trabajo de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (cuad. 1, fl. 33-71). - Reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (cuad. 1, fl. 72-91). IV. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 1. Con el fin de obtener elementos de juicio adicionales para mejor proveer en el presente caso, mediante auto de 27 de mayo de 2014, el Magistrado Sustanciador solicitó información al Director de Programa de Derecho de la Fundación Universitaria Comfenalco y a la Fiscalía General de la Nación (Seccional Cartagena). Adicionalmente, se invitó a participar en el debate jurídico a la Fiscalía General de la Nación, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, la Secretaria de Participación y Desarrollo Social de Cartagena, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode-, la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a los grupos de investigación Mujeres, prácticas culturales y Género, y Estudio de Familias, Masculinidades y Feminidades de la Universidad de Cartagena, y Derecho y Género de la Universidad de los Andes; a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional; a la Asociación Mujeres Espejo de Cartagena; al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia-; a Alda Facio Montejo; a las organizaciones Sisma Mujer, Women's Link Worldwide, y Casa de la Mujer; a ONU Mujeres, a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, adolescencia y familia y a la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, juventud y las mujeres. Debido a la extensión de cada uno de los informes, a continuación se exponen los apartes más relevantes de los mismos. 2. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena: Mediante comunicación recibida el 14 de agosto del año en curso, la accionada manifestó que el 6 de junio de 2013 acudió a su oficina el Coordinador del Consultorio Jurídico, quien le presentó copia de la querella interpuesta por Esperanza contra Pablo. Esta había sido entregada por un alumno, puesto que ya circulaban copias en la comunidad educativa. Destaca que se trató de un “incidente particularmente escandaloso” que se dio en la vecindad de la institución académica, toda vez que ocurrió en un hospedaje en donde habitan estudiantes del programa y “llegó al extremo de que la señora Esperanza fue rescatada por la Policía Nacional cuando huía de su agresor por la vía pública”. Señala que el Comité Curricular y de Autoevaluación del Programa de Derecho, presidido por el Director del Programa e integrado por la asistente académica y los docentes de dedicación, se encarga de “atender las situaciones que inciden en la realización de su gestión académico-administrativa”. Por tanto, una vez enterado de los anteriores hechos, consideró su deber convocar a los profesores que se encontraban presentes, a fin de resolver informalmente la conducta a seguir. También comunicó a la Decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, a la cual pertenece el programa que dirige, y al Rector de la Fundación Universitaria, quien decidió dar por terminado unilateralmente el contrato laboral. Solo a partir de esta reunión se percató que Esperanza y el estudiante Pablo mantenían una relación sentimental y que este asediaba constantemente a la actora “generando situaciones ajenas a la corrección, formalidad y actitud ejemplar que deben imperar en el ambiente académico, lo cual estaba incidiendo negativamente en la ejecución de las tareas que le estaban encomendadas”. Considera que no es cierto que vulneró su derecho a la intimidad por el hecho de analizar al interior del grupo de trabajo la situación irregular que se estaba presentando, para tener mayores elementos de juicio y hacer la recomendación más pertinente al Rector. Lo anterior resulta falaz “si se tiene en cuenta que se trató de un hecho público y notorio, que estaba siendo divulgado entre la comunidad educativa principalmente por los estudiantes”. Tal circunstancia generó “gran perturbación de la normalidad en las actividades administrativas y académicas” y atentó contra la confianza social que distingue a una institución de más de 11 mil estudiantes. Aduce que la accionante justificó su ausencia el 4 y 5 junio porque estaba sometiéndose a un tratamiento para cistitis, sin poner en su conocimiento su incidente con el alumno ni informarle que le había sido formulada incapacidad. De otra parte, menciona que tuvo a su cargo el proceso de selección que culminó con la contratación de Esperanza, quien presentó un óptimo desempeño “gran parte del tiempo de su vinculación” y fue nombrada como la secretaria ejemplar en el 2008. Sin embargo, durante el último año evidenció serias deficiencias en su trabajo que generaban quejas por parte de los estudiantes y docentes, así como una observación por parte de la Directora de Talento Humano. A pesar de ello, omitió la promoción de acciones disciplinarias para proteger su estabilidad laboral y optó por realizar reconvenciones cordiales y llamados de atención verbales. Indica que su comportamiento contraría lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Interno de Trabajo de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena, que consagra: “Son obligaciones especiales, en general, de los trabajadores: (....) 8) Mantener una actitud ética, solidaria, respetuosa e inteligente con los estudiantes y usuarios en general de los servicios de la Institución”. Resaltó que es política inflexible de la institución “propender por la sanidad y corrección de las relaciones entre sus servidores docentes y administrativos con los estudiantes”, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población estudiantil es adolescente y mucho más joven que los servidores administrativos y docentes. En ese sentido, expuso: “Para la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena y la Dirección de su Programa de Derecho, desafortunada o afortunadamente, según la perspectiva desde la cual se evalúe, el incidente ocurrido entre la denunciante y el denunciado, sólo tuvo la relevancia de abrir la oportunidad de que fijásemos la atención en el origen de la situación irregular que se venía presentando en el desempeño de las actividades laborales a cargo de la trabajadora, quien se ausentaba con reiteración de su sitio de trabajo, para atender el asedio personal, vía celular o por correos electrónicos de su novio, cuando este no llegaba hasta su escritorio y permanecía largo tiempo tratando asuntos de su relación personal, interfiriendo así la normal prestación del servicio que le correspondía” (Subrayado fuera del original). Respecto al enfoque de género a los casos de violencia contra la mujer al momento de tramitar procesos disciplinarios dentro de la institución, indicó que en los últimos 30 años no se ha presentado ningún caso de violencia contra la mujer. Aclaró que la entidad aborda con rigor la protección de los derechos de sus trabajadores en general y en particular los de las mujeres. Por último, sostuvo que ha cumplido de manera estricta el artículo 15 de la Ley 1257 de 2008[3] que consagra las obligaciones de la sociedad respecto a la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Empero, explicó que no ha tenido la oportunidad de acatar con la obligación de “denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra”, por cuanto no han ocurrido tales situaciones. Remitió las siguientes pruebas: - Querella presentada por Esperanza en contra de Pablo ante el Fiscal Seccional 38 de Cartagena. En ella relató: “Lo que sucedió fue que yo recibí una llamada de un hombre conocido de mi-ex esposo y mío. El señor es prestamista. El me llamó a mí para cobrarme. En ese momento se me acercó Pablo al teléfono y sé me puso al lado para escuchar la conversación. Después me arrancó el teléfono, habló y creo que la persona le colgó. El inmediatamente tiró el teléfono, me dañó la batería y el teléfono tiene el display dañado. Después comenzó a agredirme verbalmente, diciendo que yo era una perra, me dijo que era una solapada y comenzó a pegarme. Me comenzó a pegar en la cara, me pegó con las manos, me metió patadas varias veces, me dio puños, me dijo que me iba a trasquilar el cabello y que si yo le meto cacho o le soy infiel me manda a rapar y a afeitar la cabeza y las cejas y manda a alguien para que haga eso y nadie va a saber si fue él. Yo después salí del cuarto y grité y fue cuando me pegó con la correa en la espalda. De inmediato yo grité y le pedí ayuda a las compañeras de apartamento que viven con él (…)” (cuad. 2, fl. 126-127). - Correo electrónico que el Director del Programa de Derecho le dirigió a la Universidad de Medellín, facultad de la que fue transferido Pablo, en el que expresa: “Tenemos un problema muy grave con Pablo, quien vino transferido desde la Facultad de Derecho de la Universidad y acaba de cursar el noveno semestre. La situación consiste en que estableció relaciones sentimentales con nuestra secretaria Esperanza, quien está divorciada, en desarrollo de la cual ha ocurrido un incidente entre ellos, que implicó una grave agresión física de Pablo contra Esperanza quien presentó una denuncia en la Fiscalía. Es claro que debemos cancelar de inmediato el contrato individual de trabajo de Esperanza. Mi mayor preocupación estriba en que el referido estudiante ha evidenciado una conducta que nos hace presumir que se trata de una persona de alto riesgo, que puede tener antecedentes de actividades delincuenciales. Le estaré muy agradecido que me ayude a establecer qué antecedentes disciplinarios existen en la Universidad de Medellín con respecto del estudiante en mención y cualquiera otra referencia que nos sirva de orientación.” (cuad. 2, fl. 160) (Subrayado fuera del original). - Certificación de la Subdirectora de Investigación y la Coordinadora de Investigación del Programa de Derecho que da cuenta de los proyectos de investigación impulsados a través de la línea género y derecho (cuad. 2, fl. 129-135). - Convenio de cooperación académica, investigativa y de proyección social suscrito entre la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (cuad. 2, fl. 136-141). - Informe del trabajo realizado en el Programa de Derecho que involucra la Perspectiva de Género en la Formación Académica Universitaria (cuad. 2, fl. 136-141). Entre los productos de investigación destacó: • Artículos: Política Pública de Mujeres y Género en Cartagena: Un desafío por cumplir; Porque te quiero: Una mirada a la violencia basada en género en las relaciones de noviazgo en la ciudad Cartagena de Indias; La labor de las madres comunitarias en Colombia, tras la sombra de la subvaloración. • Capítulos de libro: Experiencias de participación y programación estratégica de las mujeres incidente en el diseño de la política pública de equidad de género en la ciudad de Cartagena de Indias; El acceso a la justicia como elemento indispensable del ejercicio de la ciudadanía femenina; El acceso a las mujeres al sistema de justicia en Cartagena. - Currículo de la asignatura Género y Derecho que se imparte desde el segundo periodo de 2011, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. En la cátedra los estudiantes abordan entre otras, “las temáticas de: perspectiva de género, lenguaje como forma de discriminación, orden de género y transgresión de este orden, violencia basada en género, violencia contra las mujeres, acceso a la justicia para víctimas de violencia de género y la normativa internacional y nacional de protección de los derechos de las mujeres” (cuad. 2, fl. 148-156). - Dentro de los documentos de la hoja de vida de la actora se encuentran: • Acta de entrega de uniformes del año 2011, con fecha de 3 de enero de 2011 (cuad. 2, fl. 157). • Carta de aceptación de cambio a la EPS Sura y formulario de afiliación (cuad. 2, fl. 158-159). • Aviso de vacaciones por parte de la Jefe de Nómina, con fecha de 25 de noviembre de 2011 (cuad. 2, fl. 162). • Certificado de aptitud laboral expedido por el médico de salud ocupacional, con fecha de 2 de marzo de 2012 (cuad. 2, fl. 163). • Autorización de pago parcial de cesantías y sus soportes (cuad. 2, fl. 164-166). • Entrevista psicológica realizada el 30 de abril de 2007 (cuad. 2, fl. 167-169). • Autorización del examen médico ocupacional de retiro, con fecha de 6 de junio de 2013 (cuad. 2, fl. 174). • Evaluaciones de desempeño de 17 de enero de 2008 con resultado excelente y un promedio de 92.86%; y de 25 de noviembre de 2008 con 93.33% de nivel de competencias del trabajador (cuad. 2, fl. 175-183). • Hoja de vida de Esperanza (cuad. 2, fl. 184-187). • Certificados de incapacidades ocurridas durante la vigencia del contrato, entre 2007 y 2010 (cuad. 2, fl. 189-195). • Informe psicotécnico realizado en abril de 2007 (cuad. 2, fl. 196). • Liquidación definitiva de prestaciones sociales, con fecha de 6 de junio de 2013 (cuad. 2, fl. 197). • Comunicaciones de cambio de salario y de cargo (cuad. 2, fl. 198-200). • Formato de paz y salvo con fecha de 6 de junio de 2013 (cuad. 2, fl. 201-202). • Diplomas de estudios (cuad. 2, fl. 203-209). • Recomendaciones y certificaciones laborales expedida por los anteriores empleadores de la accionante (cuad. 2, fl. 210-215). • Formato de visita domiciliaria (cuad. 2, fl. 216-219). - Resolución 161 de 28 de junio de 2012, proferida por la Universidad de Medellín, por medio de la cual se autorizó la cancelación de la matrícula del estudiante Pablo (cuad. 2, fl. 220). - Certificación expedida por la Universidad de Medellín el 11 de junio de 2013 en la que indica que inició estudios en el Programa de Derecho en enero de 2006 y solicitó la cancelación de su matrícula en junio de 2012. Durante su permanencia en el plantel mantuvo buena conducta y en su hoja de vida no reposa sanción disciplinaria (cuad. 2, fl. 221). - Certificado de notas del estudiante Pablo correspondiente al año 2012 (cuad. 2, fl. 222-223). 3. Fiscalía General de la Nación -Seccional Cartagena-: En comunicación USI núm. 941 de 10 de julio del año en curso, la Coordinadora de la Oficina de Asignaciones de Cartagena manifestó que “de acuerdo a los registros de nuestros sistemas misionales de información de fiscalía se encontró la investigación con NUC 130016001128201305989 de conocimiento de la fiscalía 17 local, de esta ciudad, el cual a la fecha se encuentra Inactivo (archivado), denuncia que fue presentada por la señora Esperanza en contra del señor Pablo” (cuad. 3, fl. 188). El 11 de agosto siguiente, la Fiscal Local ante los jueces penales municipales de Cartagena allegó informe sobre las actuaciones surtidas dentro de la investigación[4]. Adujo que la indagación tuvo como origen la querella presentada por la accionante, que acusó a su compañero sentimental de haberle causado lesiones en su cuerpo el 3 de junio de 2013. Dentro de la etapa pre-procesal, la entidad solicitó medidas de protección al comandante de la estación de Policía para garantizar su seguridad personal y familiar[5]. Además, hizo entrega de un “acta de derecho y deberes de las víctimas”[6] que transcribe lo consagrado en el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal sobre las garantías para acceder a la administración de justicia[7]. Posteriormente, convocó a diligencia de conciliación a ambas partes involucradas. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo porque la querellante manifestó su intención de seguir el proceso, debido a que Pablo la amenazó e hizo que perdiera su empleo. Por su parte, el denunciado expresó su deseo de terminar la investigación y propuso colaborar con el pago de los gastos médicos no cubiertos por el Pos, en relación con las lesiones sufridas[8]. El 17 de octubre de 2013, la Fiscal 17 Local de Cartagena ordenó el archivo del proceso bajo la causal “falta de antijuridicidad material de la conducta”[9]. Explicó que el ordenamiento penal establece la posibilidad de no castigar el hecho que no genera un perjuicio para el titular del bien y la sociedad, a la luz del artículo 11 del Código Penal[10]. Este se materializa con una seria o significativa afectación del interés penalmente protegido. Expuso que una conducta antijurídica se da cuando un comportamiento ofende de manera real y efectiva los intereses sociales. Por ende, “a la antijuridicidad no puede despojársele de su esencia valorativa, para convertirla en un mero concepto formal, confundiéndola con la tipicidad, hasta el punto de sostener que una conducta es antijurídica por ser típica”. En ese sentido, consideró que la conducta presuntamente desplegada por el indiciado era típica, pero no causó un daño al bien jurídico tutelado debido a que la incapacidad formulada fue de 20 días y no se generaron secuelas médicas. 4. Fiscalía General de la Nación En oficios 1393 de 13 de junio y 0028 de 10 de julio del presente año, el Director Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales remitió un informe sobre las actuaciones realizadas en las investigaciones por delitos en los cuales la víctima es una mujer, correspondiente al periodo entre enero de 2005 y el 30 de mayo de 2014. Incluyó los tipos penales que tienen un impacto desproporcionado sobre las mujeres y que podrían coincidir con formas de violencia basada en género, aclarando que algunas conductas como marcar el rostro con ácido que no se encuentran tipificadas, tienen una clara connotación de violencia basada en el género. Sostuvo que entre el año 2007 y el 30 de mayo de 2014 se registraron 827.559 noticias criminales que incluyen denuncias y querellas. Número de casos donde la víctima es mujer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 70.799 83.835 106.107 105.842 116.226 113.026 119.928 53.088 827.559 Además, expuso que al disponer la remisión de todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía, se aumentó en un 23% el número de noticias criminales recibidas por tales hechos: Delito de violencia intrafamiliar. Número de casos donde la víctima es mujer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 19.456 29.396 35.731 36.463 40.246 37.514 43.850 20.337 279.672 En el marco del Programa de Justicia con Enfoque Diferencial se ha promovido que el abordaje de comportamientos delictivos con fuerte componente de violencia contra las mujeres, se da un tratamiento especial a la víctima para compensar su situación de vulnerabilidad. Para ello, se han expedido normas internas[11], se han ideado medidas de impulso en los casos de violencia sexual[12], se han creado diversos espacios de articulación interna e interinstitucional[13] y se han asignado funciones a diversas unidades y dependencias internas el tema de la violencia sexual asociada al conflicto[14]. Así mismo, se han expedido rutas para las solicitudes de medidas de protección y asistencia en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y amenazas y tentativa de homicidio, cuando las conductas se deriven de sesgos de género. En relación con la capacitación de sus funcionarios, sostuvo que se han desarrollado programas continuos que incluyen formación en violencia y perspectiva de género, justicia con enfoque diferencial y violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dentro de ellos, se ha capacitado un promedio de 1690 funcionarios, entre 2005 y 2013. 5. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: Mediante memorando EJM14-323 de 13 de junio de 2014 la Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sostuvo que cada año se aprueba el Plan de Formación de la Rama Judicial, que incorpora la perspectiva de Género en la Administración de Justicia. Este tiene como objetivo estructurar una cultura judicial que observe y aplique en sus procesos el enfoque diferenciado como instrumento indispensable para la materialización del derecho fundamental a la igualdad y se realiza a través de: - Conversatorios regionales y nacionales realizados en articulación con la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial[15] y el apoyo de los Comités Seccionales de Género del país. - En el marco del “VI Curso de formación judicial inicial para jueces civiles del circuito que conocen de procesos labores en la Rama Judicial promoción 2013-2014”, fue obligatoria para los discentes la participación en la Mesa de Estudio Perspectiva de género en la administración de justicia. - El módulo “Género y Justicia” es un instrumento de aprendizaje auto dirigido, que sirve de orientación para la incorporación de la perspectiva de género con énfasis en las decisiones judiciales. 6. Ministerio de Trabajo: En oficio 98344 de 12 de junio de 2014, la Coordinadora del Grupo de Equidad Laboral informó que desde el año 2012 viene desarrollando acciones para la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo, así como acciones específicas que buscan promover la entrada y permanencia de las mujeres en el mercado laboral en condiciones justas y equitativas. Con respecto al proceso de fortalecimiento del área de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio, se ha incorporado dentro del manual de funciones y obligaciones de los Inspectores Laborales el mandato de tener una perspectiva de género que busque proteger y garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. De igual manera, se incorporó dentro del programa de capacitaciones de los Inspectores Laborales y del Plan Institucional de Capacitación -PIC-, módulos específicos sobre género que contemplan temas como los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo, acoso sexual y laboral, violencia contra la mujer y estudios de caso. Lo anterior con el fin de que los funcionarios aprendan a identificar comportamientos discriminatorios que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en su lugar de trabajo[16]. Aduce que se ha emprendido una campaña de comunicación y sensibilización que tiene como objetivos visibilizar el rol de la mujer en la sociedad de hoy (i) promoviendo la reestructuración de roles sociales, (ii) buscando una mayor participación masculina en las labores del hogar y la incursión de la mujer en disciplinas que tradicionalmente son ejercidas por el hombre y (iii) creando conciencia de la importancia de la equidad de género como eje transversal de las políticas públicas y privadas. 7. Ministerio de Educación Nacional: En escrito de 6 de junio del año en curso, anexó el informe presentado al Congreso de la República sobre la gestión realizada para cumplir la Ley 1257 de 2008 entre abril de 2013 y abril de 2014, del que se destaca que el Ministerio desarrolló una guía para la prevención, identificación y disminución de la violencia. Además, realizó jornadas de socialización con la comunidad, los secretarios de educación, los rectores de los establecimientos educativos públicos y privados con el fin de generar espacios de reflexión sobre las situaciones cotidianas de la escuela, con un enfoque de género. 8. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode): El 10 de junio de 2014 el Presidente del Comité Ejecutivo de la entidad indicó que dentro de sus procesos de formación sindical se aborda “el amplio abanico de derechos fundamentales, sociales y políticos, la perspectiva de género, la lucha por los derechos de las mujeres, incluidos los laborales, y la prevención contra la violencia a las mujeres, y su incorporación pedagógica en la escuela”. Su propuesta pedagógica ayuda a que los participantes incluyan en el proceso educativo los conceptos de igualdad y de perspectiva de género. Sin embargo, considera que la auténtica sensibilización se da a partir de la experiencia y la práctica efectiva del respeto de los derechos humanos. Por eso, además de la pedagogía vivencial, se requiere que las instituciones educativas adopten cotidianamente conductas efectivas de reconocimiento y respeto de estos derechos. 9. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: En oficio de 18 de junio del presente año, la Alta Consejería Presidencial para la Mujer indicó que desde mayo de 2010 se instaló un Comité de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008. A este concurren la entidad, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y tres representantes de organizaciones de mujeres y “se ha constituido en el principal espacio de articulación interinstitucional en relación con la garantía de los derechos de las mujeres y la incidencia efectiva en el proceso de toma de decisiones y de política pública que contribuya a la erradicación de las violencias contra las mujeres y la atención integral de las mismas”. Durante el 2012, realizó sesiones de rendición de cuentas con los Ministros de Trabajo, Salud, Educación y Justicia, responsables de la implementación de la ley y sus decretos reglamentarios. Así mismo, realizó el estudio y la posterior socialización de los decretos reglamentarios de la mencionada Ley y efectuó un llamado conjunto frente a las entidades del Estado ante hechos de violencia contra las mujeres de trascendencia nacional. Sostuvo que dentro del Plan Nacional de Capacitación se han formado cerca de 800 funcionarios judiciales. Así mismo, se han realizado jornadas de educación a personeros municipales, secretarios de despacho, y alcaldes. Con respecto a los procesos de socialización y difusión de la Ley 1257 de 2008, la Alta consejería ha elaborado material del que se ha hecho entrega a todos los departamentos a través de los enlaces de género. Este consta de material didáctico de la norma, guías de acción en comunicación y material audiovisual (películas, cuñas, videos) para la difusión de la misma. 10. Procuraduría General de la Nación En oficio recibido el 11 de junio del presente año, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia estableció que desde la expedición de la Ley 1257 de 2008, la entidad ha alertado sobre situaciones generales que impiden la efectiva protección de los derechos de las mujeres, entre ellas el desconocimiento de la normativa, las dificultades que representan la cultura y las costumbres de la ciudadanía y las instituciones y la concepción de la violencia como problemática privada. Específicamente ha encontrado dificultades en torno a la falta de registros administrativos de información que permita dimensionar las situaciones de violencia y asignar las competencias a cada entidad. La inclusión de los derechos de las mujeres en la planeación territorial es muy débil y existen problemas en el funcionamiento de la ruta de atención a las víctimas, ya que los funcionarios no conocen la norma o creen que la violencia es natural. Afirma que el Decreto 2734 de 2012, que reglamenta las medidas de atención por el sistema de salud, impone condiciones adicionales a las expresadas en la ley para acceder a ellas. Ello desvirtúa el carácter urgente de la asistencia ya que se tarda entre 15 y 20 días, al exigir la evaluación del riesgo por la Policía Nacional[17], la verificación de que la víctima no se encuentre cobijada por otro programa de protección[18], y al ordenar que sea un juez quien las imponga, cuando el caso haya sido conocido por una fiscalía. Como parte del Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, sugirió la modificación del artículo 108 de la Ley 1453 de 2011 que sostiene que para el delito de violencia intrafamiliar se requiere querella para iniciar la acción penal. Ello podría configurar una barrera para la protección de los derechos de las mujeres, en el sentido de afianzar la creencia de que la violencia que afecta a las mujeres dentro de su contexto familiar es un asunto privado sustraído a la injerencia estatal y a su poder punitivo y, por tanto, tolerada en la sociedad. Considera que las Comisarías de Familia no logran cumplir con su función de restablecimiento, debido a la ausencia de estructuras organizacionales, físicas y de recurso humano limitan el trámite de acciones preventivas, policivas, de restablecimiento de derechos de niños y niñas, de protección contra la violencia intrafamiliar, de conciliación y de asesoría a los ciudadanos. Además, a partir de comités realizados en Quibdó, Medellín, Montería y Cali pudo identificar que “persiste la deuda del Estado colombiano respecto a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en particular frente a las medidas de protección y de atención previstas en la Ley, pues la débil articulación interinstitucional minimiza la efectividad de las mismas, convirtiendo su adecuada implementación en un reto para las entidades responsables”. En esa línea, advirtió la falta de un espacio para atención especializada bajo el enfoque de género, la baja frecuencia de sentencias condenatorias, la ausencia de fortalecimiento de las comisarías y la falta de acciones de sensibilización y comprensión de la norma por parte de los operadores judiciales. Estima necesaria la actuación efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, así como el mejoramiento de la articulación entre organismos de control y municipios para que estos últimos incorporen como prioridad el tema de violencia contra la mujer en los Consejos de Política Municipal. 11. Corporación Sisma Mujer: La Directora y la Coordinadora de acceso a la justicia y no violencia contra las mujeres, en oficio de 16 de junio del año en curso, manifestaron que las cifras presentadas anualmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reflejan la situación de violencia que afrontan en la cotidianeidad las mujeres en nuestro país. Aclararon que se tratan de una muestra porque la mayoría de los casos no son denunciados ante las autoridades. Violencia doméstica según sexo* Año Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 2010 19.723 22% 69.713 78% 89.436 2011 19.673 22% 70.134 78% 89.807 Total 39.396 22% 139.847 78% 179.243 *Incluye maltrato a menores de edad, pareja, otros familiares y adultos mayores. Dentro de la violencia doméstica, la violencia efectuada por la pareja o expareja representa una cifra superior a la mitad de los casos, siendo uno de los contextos sociales donde mayor agresión sufren las mujeres. Para 2010 correspondió al 64.7% y para 2011 al 64.3% de las cifras de violencia intrafamiliar. Maltrato de pareja y ex pareja según sexo Año Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 2010 6.693 12% 51.182 88% 57.875 2011 6.669 12% 51.092 88% 57.761 Total 13.362 12% 102.274 88% 115.636 De estas cifras se concluye que durante los dos años evaluados un promedio anual de 88% de las mujeres fueron maltratadas por su cónyuge, compañero permanente, pareja o expareja, frente a un 11% de los hombres. En tal periodo fueron maltratadas 142 mujeres diariamente y 6 cada hora. Sostienen que “en el mundo laboral, las mujeres padecen una de las formas de discriminación más arraigadas porque su participación en esta esfera pone en cuestionamiento la exclusividad de su rol en el ámbito doméstico. Y ese rol precisamente, el de madre y cuidadora, es el que sirve de excusa para actuar de manera inequitativa y discriminatoria”[19]. En ese sentido, destacan que la violencia contra las mujeres no es un asunto exclusivo de la familia o el ámbito doméstico. Sin embargo, hasta el momento el Estado ha destinado gran parte de sus esfuerzos hacia este ámbito, situación que se explica desde la perspectiva familista de las políticas estatales. Según tal punto de vista la atención a la mujer se brinda en la medida en que se protege a toda la familia, vinculando una vez más los derechos de las mujeres a su rol reproductivo y de cuidado. Por esta razón, no se encuentran estudios que profundicen cuál es la situación de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, ni siquiera en relación con el acoso sexual en el trabajo[20]. Una forma de violencia contra las mujeres basada en la discriminación de género es precisamente la valoración del trabajo de las mujeres respecto de asuntos familiares y personales. La estabilidad y condiciones laborales para las mujeres pasan por una evaluación de sus empleadores en la que se consideran aspectos tan personales como la intención o el hecho de tener hijos, de tener personas bajo su cuidado (niñas y niños, ancianos, personas con capacidades diferentes) y de ser víctimas de violencia doméstica. Los empleadores perciben que los actos de agresión doméstica que soporta una mujer trabajadora constituyen factores que afectan el rendimiento laboral, el ambiente en la empresa. Consideran que es un asunto privado en el cual no deben adoptar medidas de auxilio, y por acción u omisión, terminan protegiendo en la mayoría de casos al agresor. En este punto subrayan que una de las mayores reivindicaciones de los derechos de las mujeres es alterar esa concepción de lo privado, tal y como se refleja en el artículo 15 de la Ley 1257 de 2008 que impone obligaciones a la sociedad para eliminar la violencia y discriminación contra ellas. La mujer es revictimizada cuando denuncia a su agresor y en su empleo es objeto de: (i) acoso laboral, (ii) calificación como mujer problemática, (iii) aislamiento social y laboral, (iv) investigaciones disciplinarias y/o (v) despido. Con ello se refuerza el mensaje social de la naturalidad de la violencia y las consecuencias que deben afrontar las mujeres si deciden llevar el asunto de lo privado a lo público. El despido de la mujer violentada compromete seriamente su estabilidad socioeconómica, debido a que debe asumir la carga que representa quedar sin ingreso estable, responder por sus responsabilidades económicas, buscar un nuevo trabajo, cambiar sus rutinas y sus relaciones sociales, y tener que reconocer que en su último trabajo fue despedida, como una mancha en su hoja de vida. La inseguridad monetaria es un factor de riesgo para la repetición de la discriminación y la violencia, puesto que la dependencia económica o la precariedad en sus condiciones facilita situaciones de agresión, humillación y maltrato donde están presentes los estereotipos y prejuicios de género. Por esa razón los agresores recurrentes buscan que sus parejas o exparejas sean despedidas de su trabajo, contando con la solidaridad machista del jefe que prefiere evitar molestias en su negocio que tomar acciones contra el agresor. Encuentran que el Ministerio de Trabajo ha incumplido con las obligaciones encomendadas en la Ley 1257 de 2008, ya que no ha desarrollado estudios ni campañas sobre los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, ni ha adoptado medidas correctivas contra las empresas que vulneran tales garantías. Lo mismo sucede con la cartera de Educación, que debe velar porque las instituciones de educación superior adelanten acciones concretas para visibilizar y provenir las violencias de género, brindar atención y protección a las mujeres. 12. Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y familia: En oficio de 13 de junio del año en curso, afirmó que la violencia de género es una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Debido a que puede adoptar múltiples modalidades, sus efectos son variados. La víctima es sujeto pasi...