Sentencia T-850 de 2012

T-850-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-850/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia Por regla general, el ordenamiento constitucional orienta la procedencia de la acción de tutela contra cualquier actuación de las autoridades públicas y sólo de manera excepcional frente a particulares. PROCESO POLICIVO-Procedencia de tutela contra actos jurisdiccionales Esta Corporación ha reconocido de manera reiterada, que la acción de tutela es el único medio de defensa judicial idóneo y eficaz para lograr la protección de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados en un proceso policivo, como lo es el referente al trámite de lanzamiento por ocupación de hecho. De ahí que, por tratarse de un acto con contenido eminentemente jurisdiccional, para su examen se aplican las mismas reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia En la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de esta Corporación estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial. QUERELLA POLICIVA DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO Y PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE DESALOJO La querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho surge como una respuesta del ordenamiento jurídico para proteger la posesión, la cual ha sido definida como el poder físico directo que las personas pueden ejercer sobre las cosas. Precisamente, cuando se producen actos de despojo que afectan la posesión, se prevé como mecanismo de defensa el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho. QUERELLA POLICIVA DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO Y PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE DESALOJO-Caso de diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho adelantada por el Inspector Único de Policía de Ciénaga PROCESO POLICIVO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Orden de dejar sin efectos la orden de lanzamiento y se restituya a los peticionarios al estado inicial en que se encontraban antes del adelantamiento de dicho procedimiento Referencia: expedientes T-3431478 y T-3440281 (acumulados) Acciones de tutela instauradas por Óscar Ricardo Martínez Valdez y otros, y por Hermes Beltrán Mantilla y otros. Demandados: Alcaldía Municipal de Ciénaga y Juan Miguel De Vengoechea. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá DC, veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos en los procesos correspondientes a los expedientes T-3431478 y T-3440281, los cuales fueron seleccionados por la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional y acumulados por presentar unidad de materia. I. ANTECEDENTES En vista de que ambas acciones de tutela versan sobre los mismos hechos, los peticionarios han realizado iguales alegaciones y los expedientes están compuestos por idénticos documentos, los antecedentes se presentarán en conjunto haciendo las aclaraciones pertinentes cuando a ellas haya lugar. Los peticionarios solicitan que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y móvil y a la vivienda. En este contexto, solicitan que se deje sin efectos el procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado en su contra el 11 de octubre de 2011 por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, en atención a la querella presentada por el señor Juan Miguel De Vengoechea Fleury. Como soporte de esta petición se esgrimen los siguientes: 1. Hechos 1. En el Municipio de Ciénaga (Magdalena) se encuentra un predio denominado Lote Seis, frente al cual existe una disputa en la Alcaldía Municipal desde el mes de octubre de 2010 entre la familia Gargioli y la familia de Vengoechea. En este litigio se discute la posesión y propiedad frente algunas áreas del predio. 2. Ante una ocupación del mismo predio, el señor Juan Miguel De Vengoechea, por intermedio de apoderado, presentó querella contra el señor Pablo Pérez e indeterminados el 20 de septiembre de 2011 en la que alegó: “mi representado, el señor JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA, es propietario de un lote terreno que se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ciénaga, denominado LOTE SEIS C (6-C), Finca Córdoba (…) en su condición de propietario mi poderdante ha poseído el inmueble en cuestión, desde la fecha en que fue adquirido, por medio de división material, con los otros sucesores de su señor padre, en el año de 1990, posesión que siempre ha mantenido, por más de 50 años la familia DE VENGOECHEA, como se puede mirar en el folio de matrícula inmobiliaria No 222-17816, posesión que se ha mantenido en el tiempo, de manera pública y pacífica. El predio rural tiene una cabida de 1.672.000 (sic) hectáreas, dividido en potreros (…) y una gran parte del predio [está] como reserva forestal, la cual han tumbado una gran parte los perturbadores, que no son otra cosa que invasores, los cuales unos están denunciados penalmente, desde el mes de enero de 2011, como lo son los señores llamados Oscar y Salvador, y con el transcurrir del tiempo se han venido asentando otras personas, es decir se percataron de este hecho de nuevas personas el día 10 de septiembre de 2011, los cuales han usado medios violentos, para no permitir el desarrollo normal de las labores del campo a las que tiene derecho mi poderdante, es decir, hace menos de 15 días, mi poderdante se ha podido dar cuenta que han interrumpido en su predio del cual tiene la posesión quieta [pacífica] e ininterrumpidamente, y cada día se [está] presentando, que nuevas personas indeterminadas le están perturbando la posesión, motivo por el cual acudimos a esta diligencia policiva de Lanzamiento por ocupación de hecho, que lo contempla el Derecho de Policía”. (Folio 12, cuaderno 1)[1]. 3. Para acompañar la citada querella, se anexaron dos declaraciones semejantes, la del señor Wilman Segundo Caradozo Ruiz y la de Héctor Enrique Agamez Miranda, quienes declararon que habían vivido por diez y veinte años respectivamente “en la Hacienda Papare, la cual está Ubicada en la Región de Cordobita, Municipio de Ciénaga (Magdalena), donde desempeñaba labores como arreglar cercas, cuidando ganado vacuno y demás actividades que me eran encomendadas que siempre conoció como patrones, poseedores y dueños a [la] familia DE VENGOECHEA, además manifiesto que durante el tiempo que he permanecido trabajando en la hacienda no habían personas o colonos en dichas tierras pero en estos momentos cuando voy a realizar labores en la haciendo encuentro un grupo de colonos los cuales dicen ser los dueños de esas tierras no permiten realizar labores en ellas”. (Folios 18 y 19, cuaderno 1). 4. Adicionalmente, en el escrito de querella presentado, el señor Juan Miguel De Vengoechea invocó como disposiciones aplicables la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930. (Folio 14, cuaderno 1). 5. Por medio del Oficio No. 278 S.G.M. del 23 de septiembre de 2011, la Alcaldía Municipal de Ciénaga asumió conocimiento de la querella bajo las normas invocadas por el señor Vengoechea y ordenó al Inspector Único de Policía que “notificara a las partes por el medio [más] expedito”. (Folio 139, cuaderno 1). 6. El día 27 de septiembre de 2011, el Inspector Único de Policía expidió el Oficio No. 359 por medio del cual se dirigió a Pablo Pérez y personas indeterminadas “con el fin de solicitarles se sirvan comparecen en el [término] de la distancia al despacho de la [Inspección Única] de [Policía] de [Ciénaga] (Magd.) a fin que se notifiquen de la querella Civil Policiva de Lanzamiento por ocupación de hecho de RICARDO FERNANDEZ DANGOND, contra PABLO PEREZ, y personas indeterminadas, proveniente de la Alcaldía Municipal de Ciénaga (Magd.) en la cual se comisionó a este despacho para llevar a cabo una diligencia de INSPECCION OCULAR, en el predio rural denominado LOTE SIES C (6-C), Finca Córdoba”. (Folio 205, cuaderno 1). 7. El día 5 de octubre de 2011, el Inspector Único de Policía se dirigió al Alcalde Municipal y al Secretario de Gobierno de Ciénaga para ponerle en conocimiento “que para el día 11 de octubre del 2011 a partir de las 8:00 A.M. se fijo fecha para llevar a cabo una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga (Magd) esto dentro de la querella Civil Policiva de JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA, contra PABLO PEREZ, y personas indeterminadas, y donde el despacho a su cargo comisionó a este despacho para llevar a cabo la misma, diligencia a efectuarse en el predio rural denominado FINCA CORDOBA, LOTE SIES C”. (Folio 213, cuaderno). 8. A unos cuantos días de que se realizara la diligencia de inspección ocular, los señores Oscar Ricardo Martínez Valdez y Salvador Pareja Charris presentaron escrito por medio del cual reconocían la representación del señor Humberto Duarte Fletcher y alegaron “desde ya manifiesto que el Querellante le ha caducado y prescrito la acción, como se demostrará y conoce de manera clara y directa el señor Inspector, dado que ante su mismo despacho, cursan procesos policivos desde hace más de un año, contra el acá demandante, procesos todos que involucran en toda su extensión superficiaria, la misma tierra objeto de ésta fraudulenta querella; y del mismo modo, el acá demandante o querellante, NO ES PROPIETARIO INSCRITO, [NI] TAMPOCO POSEEDOR NI TENEDOR DE LAS TIERRA[S] OBJETO DE LAS DILIGENCIA[S] EN REFERENCIA”. (Folio 223, cuaderno 1). 9. De la misma manera, las personas que se encontraban viviendo en el terreno bajo disputa, intentaron constituirse como partes y pronunciarse sobre los documentos y argumentos presentados por el señor Vengoechea. Para tal fin solicitaron a la Alcaldía Municipal de Ciénaga los documentos pertinentes a la querella, pero la entidad les respondió que “ellos no son parte en el proceso, y que para eso ya se les había entregado copia de la diligencia de lanzamiento argumentando que era a lo única que tenían derecho”. (Folio 304, cuaderno 1). 10. El día 10 de octubre de 2011, un día antes de la celebración de la diligencia, el inspector único de Policía fijó un aviso en la Secretaría de la Inspección Única de Policía de Ciénaga anunciando que la diligencia se realizaría “el día 10 de octubre del año 2011” sin especificar a que horas exactas se realizaría el lanzamiento. (Folio 154, cuaderno 1, expediente 2). 11. Finalmente, se adelantó la actuación de lanzamiento por ocupación de hecho el día 11 de octubre de 2011, en la cual se hicieron presentes el representante de la parte querellante y de la parte querellada. Como primera actuación, se delegó la práctica de la diligencia en el Inspector de Policía, por parte del Secretario de Gobierno Municipal de Ciénaga. En segundo término, se identificaron todas las personas que se encontraban viviendo en el predio y de manera inmediata se dio la palabra a su representante. En su intervención, el apoderado judicial de los querellados manifestó: “Señor Inspector en uso del poder otorgado por los anteriormente relacionados, quiero manifestar al despacho que nos oponemos a la diligencia de lanzamiento por [ocupación] de hecho objeto de esta [actuación] por las siguientes razones: Primero. –Mis poderdantes Salvador Parejo Charris, y Oscar Ricardo Martínez Valdez–vienen ejerciendo actos de posesión y dueño en las tierras que [mencioné] antes y que ellos han denominado VILLA ANA MARIA, desde hace dos años y dos meses, o sea desde mediados del mes de agosto del año 2009, cuando ingresaron a la tierra que se encontraban en total abandono”. (Folio 47, cuaderno 1). Para justificar que frente a dicho predio ya existían actos posesorios, el apoderado también trajo a colación que: “se da una perturbación violenta en noviembre del año 2010, de lo cual conoce el señor Inspector ampliamente porque además de las acciones penales correspondientes que se iniciaron contra el agresor Alfredo de [Vengoechea] y contra su señoría señor Inspector William de la hoz, actos de perturbación que se repitieron en diciembre del 2010 y por lo cual se entabló querella policiva contra JUAN MIGUEL Y ALFREDO DE VENGOECHEA, también conocidos por usted señor Inspector y por el Alcalde Municipal”. (Folio 48, cuaderno 1). Por otro lado, los querellados cuestionan las declaraciones que se anexan como prueba de la posesión, pues “en ninguna parte dichos declarantes mencionan la finca LOTE SEIS, C, o Córdoba, y ambos mencionan que el señor Juan Miguel de Vengoechea, es el dueño de la hacienda parare, y que ellos han trabajado para la haciendo papare, por lo tanto ni siquiera [ha debido] iniciarse [ésta acción]”. (Folio 50, cuaderno 1). Seguidamente, se señaló que el querellante había mencionado que conocía de dichos actos perturbatorios desde enero de 2011, por lo que se encontraba prescrita la oportunidad para presentar la querella policiva. Al respecto, se dijo que: “en el hecho cuarto de la querella, el querellante confiesa y reconoce que el predio [Córdoba está] siendo ocupado por supuestos invasores desde Enero de 2011, y señala como esos supuestos invasores a unos señores llamados [Oscar] y Salvador y además dice en su confesión que con el transcurrir del tiempo se han venido [asentándose más] ocupantes (…) claramente queda [establecido] en su misma [confesión] que la [acción] para entablar la querella por ocupación de hecho ha caducado hace muchos meses”. (Folio 51, cuaderno 1). Además, también señaló que: “lo curioso de [ésta] querella es que se entable contra un Pablo Pérez, persona [ésta] desconocida absolutamente para más de 63 familias asentadas en este terreno lo cual constituye en mi parecer y [así] debe declararlo el despacho un fraude procesal”. (Folio 51, cuaderno 1). Una vez finalizada la intervención del apoderado de la parte querellada, tomó la palabra el representante del señor Juan Miguel De Vengoechea y ratificó los argumentos que presentó en la querella policiva, para tal efecto señaló que su poderdante es el legítimo dueño y poseedor del predio y que, por ese motivo, deben lanzarse a quienes se encuentran ocupándolo ilegalmente. (Folios 51 a 54, cuaderno 1). Posteriormente, se procedió a la práctica del dictamen pericial, en el que se señaló de manera sucinta los linderos que por escritura pública tiene el predio y se afirmó que el terreno se encontraba “con siembras de Pan Coger, tal como maíz, yuca [y] ahuyama que se dan con una duración de tres a seis meses”. (Folio 54, cuaderno 1). Concluida la práctica del dictamen pericial, el apoderado de los querellados objetó el mismo por cuatro motivos principales. En primer lugar, alegó que el perito afirmó encontrarse en el terreno de la finca Córdoba “sin sustentar tal afirmación, sustentación que debió dar conforme al material probatorio arrimado a este proceso”. En segundo término, consideró que los señalamientos sobre los cultivos existentes en el predio resultaron insuficientes por desconocer “la evidencia física que se observa en las distintas parcelas”, pues es un terreno compuesto por más de 220 hectáreas que revelan la existencia de diversas formas de trabajo agrícola que no reconoció el perito en su dictamen. En tercer lugar, señaló que el perito no sustentó la afirmación según la cual las personas que se encontraban en el predio habían sido traídas por el señor Oscar Martínez y Salvador Parejo, pues “ellos no han [traído] personas algunas para que ocupen la tierra sino que las sesenta y tantas familias llegaron por sus propios medios”. (Folio 55, cuaderno 1). Por último, el apoderado cuestionó la falta de precisión del peritaje rendido, ya que no señaló si se encontraba subdividido y ninguna otra característica importante del territorio. Ante los citados cuestionamientos, el Inspector de Policía decidió que estaban exclusivamente encaminados a demostrar que el territorio sobre el cual se estaba realizando la diligencia no era el predio sobre el cual versaba la querella y, por lo tanto, no se configura el error grave alegado. A reglón seguido algunas personas que se encontraban en el predio pasaron a declarar sobre las condiciones que los llevaron a ocupar el terreno y las circunstancias de tiempo que rodearon dichos hechos. Una vez se recepcionaron las declaraciones de algunos ocupantes, el Instituto de Bienestar Familiar, citado a la diligencia para velar por los menores que en ella se pudieran ver perjudicados, manifestó que “no se puede concretar si los menores encontrados en el momento de la diligencia habitan o no el predio materia del asunto y conmina al despacho a tener en cuenta la protección de los menores en el evento de tomar una decisión”. (Folio 60, cuaderno 1). Concluidas todas las actuaciones que debían desarrollarse en el transcurso de la diligencia, el Inspector de Policía consideró que él sí tenía conocimiento de los conflictos previos que sobre dicho predio existen entre la familia Vengoechea y la familia Gargoli Piedriz. Sin embargo, señaló que las 50 personas que aproximadamente se encuentran habitándolo “no hacen parte del litigio [del cual] tiene conocimiento este despacho” (Folio 60, cuaderno 1), por lo que: “en el caso que nos ocupa proferir una orden de [Policía] para volver la cosa al estado en que se encontraba atendiendo las consideraciones arriba señaladas, el Municipio de Ciénaga, necesita restablecer el Statu Quo de las cosas, en este predio que ha sido objeto de diferentes pleitos policivos, tal y como lo afirma el abogado de la parte querellante, por lo que no se encuentra razón de ser a las personas que concedieron poder en ésta diligencia al señor Duarte Fletcher, ya que no demostraron bajo ningún fundamento su presencia en el predio materia del asunto, se hace necesario restablecer el Statu Quo existente, esto quiere decir la situación que se [encontró] en el momento de la primera diligencia es decir las partes en conflicto familia Gargoli Pérez contra la familia Vengoechea, no puede existir ninguna otra persona sin autorización de esta familia hasta que se defina la querella policiva (…) por todo lo anteriormente expuesto el despacho a mi cargo rechaza la oposición formulada por el abogado de la parte [querellada], por clara y manifiesta perturbación de este predio por personas que no hacen parte del proceso policivo de la familia Gargoli Piedriz contra la familia de Vengoechea”. (Negrilla por fuera del texto original). (Folio 60 a 61, cuaderno 1). Una vez proferida la citada decisión, el apoderado de los querellados presentó recurso de reposición alegando que se omitió el pronunciamiento sobre diversos temas que se adujeron en la diligencia, como la prescripción de la querella. Para resolver el citado recurso, el Inspector reiteró los argumentos sobre la existencia de una acción policiva previa y ratificó su decisión inicial de ordenar el lanzamiento de todas las personas que en ese momento se encontraban ocupando el predio. 12. En contra de esta decisión, y al considerar que la diligencia adelantada había vulnerado el orden constitucional vigente, dos grupos de peticionarios, divididos en los expedientes No. T-3431478 y T-3440281, presentaron acciones de tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y móvil y a la vivienda. 2. Solicitud y fundamentos de la demanda de tutela Con fundamento en los citados hechos, los peticionarios solicitan que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y móvil y a la vivienda, con ocasión de la orden proferida por el Inspector Único de Policía de Ciénaga en la diligencia de lanzamiento, en la que –a juicio de los demandantes– se desconocieron los requisitos que existen para la práctica de esta actuación y los presupuestos básicos del debido proceso. Las vulneraciones específicas que los peticionarios alegan son: En primer lugar, se hace referencia a la aplicación de un procedimiento derogado. En efecto, según los solicitantes, “por mandato legal, el procedimiento a seguirse en las querellas de Lanzamiento por Ocupación de Hecho, es el establecido en el decreto 0747 de 1992, en concordancia con los artículos 125 s.s., del Código Nacional de Policía, y NO los Artículos 15 de la Ley 57 de 1905 y 6 del Decreto Reglamentario 992 de 1930, pues éstas últimas normas fueron subrogadas por el Código Nacional de Policía, conforme sentencia de Constitucionalidad C-241 de 2010”. (Folio 1, cuaderno 1). En segundo término, se alega la existencia de inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos para el apropiado discurrir de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho. Al respecto, se señalan tres (3) errores fundamentales. El primero es la presentación tardía de la querella, pues alegan que se encontraba prescrita, en virtud de que en el mismo escrito el querellante reconoció que conocía de la ocupación desde enero de 2011, esto es, ocho meses antes de la presentación de la queja. El segundo error es la interposición de la misma contra una persona que no existe, o por lo menos que no hace parte de quienes se encontraban viviendo en el terreno. Por este motivo, en el desarrollo de la diligencia, las personas que se encontraba en el predio no fueron reconocidas como parte, situación que se tradujo en posteriores vulneraciones que les impidieron ejercer su derecho a la defensa en la diligencia. Finalmente, consideran que no acreditó la posesión por parte del querellante, pues aseguran que el señor Vengoechea no demostró tener con ánimo de señor y dueño el predio, requisito esencial para que se pueda adelantar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho. Por último, los peticionarios hacen referencia al desconocimiento del debido proceso administrativo, que se evidenció en la negativa por parte de la Alcaldía de dar copias de los documentos que constituían la querella a las personas que las solicitaron y, además, en los errores en el trámite de la notificación que se debió surtir de manera previa a la diligencia. 3. Oposición a la demanda de tutela El 21 de noviembre de 2011, el Inspector Único de Policía de Ciénaga presentó escrito de contestación, en el que solicitó la declaratoria de improcedencia del amparo incoado. Para tal efecto, negó todas las acusaciones realizadas por los peticionarios encaminadas a probar que se había vulnerado el debido proceso en la tramitación de la diligencia de lanzamiento. Para sustentar su posición argumentó que sí aplicó el procedimiento adecuado y que la decisión de lanzamiento se debió a que el “predio ya se encuentra en discusión en un proceso de perturbación a la posesión fundamento en el art. 131 del C.N.P. entre la familia Vengoecha y la familia Gargioli por lo tanto estas personas no les asiste ningún derecho ya que son perturbadores reconocidos por este despacho”. (Folio 85, cuaderno 1). II. TRÁMITE PROCESAL Expediente T-3431478 1. Primera instancia El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), en sentencia del 28 de noviembre de 2011, amparó los derechos fundamentales invocados por los peticionarios y dejó sin efecto el acto administrativo por medio del cual el Inspector Único de Policía de Ciénaga decretó el lanzamiento. En primer lugar, en cuanto a la competencia del citado Inspector, el juez de instancia consideró que “durante el desarrollo de la diligencia de inspección ocular sobre el predio objeto de debate, realizada el 11 de octubre de 2011, el Secretario de Gobierno Municipal de Ciénaga, delega la [práctica] de aquella y el [trámite] correspondiente señalado por la ley, suscribiendo el acta parcial y retirándose aduciendo fuerza mayor, pero comete el craso error de no indicar de manera clara, ni precisa, en quien delega o comisiona para tal efecto. Inclusive, siendo flexibles e interpretando lo que quiso dar a entender el susodicho Secretario de Gobierno, podemos inferir que delegó tal función en el inspector único de policía de este municipio, pero única y exclusivamente para llevar a término la inspección ocular, pero nunca para resolver de fondo la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, ni mucho menos para ordenar a la Policía Nacional el desalojo de las personas identificadas en el curso de dicha diligencia, por la potísima razón que ellos excedía notoriamente las funciones delegatarias concedidas por le funcionario comitente, circunstancia que impregna de total nulidad la actuación desplegada por el comisionado y de contera, comporta una clara trasgresión del debido proceso”. (Folio 64, cuaderno 1). En segundo término, en lo referente a la falta de idoneidad del perito que actuó en la diligencia, la providencia aclaró que: “en ningún momento el perito designado exhibió las pruebas de sus especiales conocimientos técnicos y científicos sobre la materia, es decir, para la delimitación de linderos y medidas sobre inmuebles; llamando poderosamente la atención que en su escueta intervención en la diligencia de inspección ocular, admite que los linderos demarcatorios de la finca Córdoba, región de Cordobita, son los que están insertos en el certificado de matricula inmobiliaria No 222-17816 expedido por Instrumentos Públicos (sic), atestación de la cual podemos inferir que nunca se tomó el trabajo de constatar directamente la demarcación de los multicitados linderos”. (Folio 64, cuaderno 1). Por este, entre otros motivos, el juez de instancia descartó la validez del peritaje allegado. Finalmente, se consideró que los actos de notificación fueron insuficientes e ineficaces, “puesto que en el AVISO obrante a folio 202, el inspector de policía vinculado a la acción de tutela, solo dejó constancia de su inserción en lugar visible de la secretaría de su despacho y en la [práctica] de la diligencia (negrillas propias), de lo cual se deduce que los querellados, en especial el señor PABLO PEREZ, jamás fue notificado con antelación respecto a la fecha y hora en que se practicaría la diligencia”. (Folio 361, cuaderno 1). 2. Impugnación En el escrito de apelación interpuesto por la parte demandada, se presentaron los siguientes argumentos: (i) “en el presente caso no existió vulneración alguna al debido proceso, por parte de la Inspección de Policía de Ciénaga, al admitir la querella, ni mucho menos en su proceder para el desarrollo de la diligencia de lanzamiento, ya que esta es (…) resultado de su competencia, ejercida en desarrollo de la función [de] policía, (…) para que así no se perturbe la posesión y [se restablezca y preserve] la situación que existía en el momento que [ésta] se produjo”. (Folio 379, cuaderno 1); (ii) adicionalmente, existen mecanismos de protección ante la jurisdicción ordinaria, por lo que no resulta procedente el uso del amparo constitucional. 3. Segunda instancia El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena), en sentencia del 31 de enero de 2012, revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente la protección incoada, con fundamento en las siguientes consideraciones: En primer lugar, argumentó que el Inspector de Policía “se ajustó en toda su actuación al ordenamiento legal, por lo que mal podría decirse que [se violó] el derecho al debido proceso, dado que la [práctica] de la diligencia de inspección ocular se realizó con la intervención del [Ministerio Público] y representante del ICBF y de los ocupantes del predio para que ejercieran [su] derecho de defensa”. (Folio 394 a 395, cuaderno 1). En segundo término, se consideró no existió la indebida notificación alegada, pues “obran en el expediente constancias que permiten inferir que se fijó por edicto, en lugar visible de la secretaría de la inspección única de policía y en la (…) diligencia, comunicando al señor PABLO PÉREZ y personas indeterminadas de su práctica”. (Folio 395, cuaderno 1). Por último, se señaló que por medio de la acción de tutela se buscaba revivir un proceso concluido ante las autoridades administrativas competentes, por lo que el amparo constitucional “NO [estaba] previsto para suplantar el proceso judicial ordinario”. (Folio 395, cuaderno 1). Expediente T-3440281 1. Primera instancia El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), en providencia del 23 de enero de 2012, concedió el amparo solicitado. Sobre el particular el juez manifestó que: “conforme a las pruebas allegadas al expediente provenientes del ente accionado correspondiente a la actuación llevada a cabo por el inspector de policía, se observa que si bien la misma asumió el conocimiento de la querella policiva y delegó al Inspector de Policía Único de Ciénaga Magdalena, para la práctica de la diligencia de la Inspección ocular del bien inmueble Lote 6, Finca Córdoba, este último no [ordenó] por medio de auto o resolución el día, fecha y hora en el que se debía llevar a cabo la práctica de la inspección”. (Folio 288, cuaderno 1, expediente 2). Por este motivo, concluyó que “existió una vía de hecho en el trámite de Lanzamiento por Ocupación de Hecho, toda vez que fue llevada a cabo la diligencia sin haber sido ordenada, es decir, sin el respectivo auto que ordena el artículo 7 del Decreto 0747 de [1992]”. (Folio 290, cuaderno 1, expediente 2). 2. Impugnación El apoderado de la parte demandada argumentó las mismas consideraciones expuestas en el recurso de apelación del expediente T- 3431478, por lo que en desarrollo del principio de economía procesal, se remite a lo previamente expuesto en esta providencia. 3. Segunda Instancia El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, en sentencia del 28 de febrero de 2012, confirmó la decisión del juez de primera instancia. Al respecto, consideró que: “el actuar del Inspector de Policía objeto de reclamación por parte de los actores, ciertamente vulnera los derechos de los demandantes, entre otras cosas, al revisar el expediente no se observa actuación de dicho funcionario que haya ordenado la inspección a la que se refiere el artículo trascrito, es decir no se fijó fecha ni hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella”. (Folio 49, cuaderno 2, expediente 2). Por último, se exoneró “al señor JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA, por tratarse de un particular que no encuadra en los requisitos exigidos en el art. 42 del Decreto 2591 de 1991”. (Folio 50, cuaderno 2, expediente 2). 4. Pruebas que obran en el expediente Expediente T-3431478 1. Copia de la querella policiva presentada el día 20 de septiembre de 2011, por el señor Juan Miguel De Vengoechea contra Pablo Pérez y personas indeterminadas. (Folios 11 a 17, cuaderno 1). 2. Copia de la declaración extraprocesal que rindió el señor Wilman Segundo Cardozo Ruiz ante el Notario Único de Ciénaga, en la que afirmó que vivió por 10 años “en la Hacienda Papare, la cual está Ubicada en la Región de Cordobita, Municipio de Ciénaga (Magdalena), donde desempeñaba labores como celador, arreglar cercas, cuidando ganado vacuno y demás actividades que me eran encomendadas que siempre conoció como patrones, poseedores y dueños a [la] familia DE VENGOECHEA, además manifiesto que durante el tiempo que he permanecido trabajando en la haciendo no habían personas o colonos en dichas tierras pero en estos momentos cuando voy a realizar labores en la hacienda encuentro un grupo de colonos los cuales dicen ser los dueños de esas tierras [y] no permiten realizar labores en ellas”. (Folio 18, cuaderno 1). 3. Copia de la declaración extraprocesal que rindió el señor Héctor Enrique Agamez Miranda ante el Notario Único de Ciénaga, en la que afirmó que vivió por 20 años “en la Hacienda Papare, la cual está Ubicada en la Región de Cordobita, Municipio de Ciénaga (Magdalena), donde desempeñaba labores como arreglar cercas, cuidando ganado vacuno y de más actividades que me eran encomendadas que siempre conoció como patrones, poseedores y dueños a [la] familia DE VENGOECHEA, además manifiesto que durante el tiempo que he permanecido trabajando en la hacienda no habían personas o colonos en dichas tierras pero en estos momentos cuando voy a realizar labores en la haciendo encuentro un grupo de colonos los cuales dicen ser los dueños de esas tierras [y] no permiten realizar labores en ellas”. (Folio 19, cuaderno 1). 4. Copia de la escritura No. 4271 de la Notaría Segunda del Circuito de Santa Marta, en la que se realiza la división material y se protocoliza la división de un predio entre varios miembros de la familia De Vengoechea, a raíz del juicio sucesoral del señor Manuel De Vengoechea Mier. (Folios 20 a 29, cuaderno 1). 5. Copia de la certificación expedida el 29 de noviembre de 2011 por la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales del Circuito Judicial de Ciénaga, en la que consta la denuncia por el delito de lesiones personales que presentaron varias personas alegando ser parceleros del predio, contra Alfredo De Vengoechea. (Folio 30, cuaderno 1). 6. Copia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho adelantada el día 11 de octubre de 2011 por el Inspector Único de Policía de Ciénaga en contra de Pablo Pérez y personas indeterminadas. (Folio 45 a 64, cuaderno 1). 7. Copia de la querella policiva instaurada por Salvador Parejo Charris contra Alfredo De Vengoechea y otros. (Folios 68 a 71, cuaderno 1). 8. Copia del Decreto 001 del 21 de octubre de 2005, por medio del cual el Alcalde Municipal de Ciénaga delega y asigna unas funciones al Inspector Único de Policía Municipal, entre ellas el “lanzamiento por ocupación de hecho, de que trata el artículo 15 de la Ley de 1905 y el Decreto 992 de 1930”. (Folios 119 a 121, cuaderno 1). 9. Copia de escrito del 22 de septiembre de 2011, por medio del cual la Alcaldía de Ciénaga asumió conocimiento sobre la querella policiva presentada en contra de Pablo Pérez y personas indeterminadas. (Folio 150, cuaderno 1). 10. Copia del oficio No. 359 del 27 de septiembre de 2011, en el que se informa al señor Pablo Pérez y personas indeterminadas que se deben notificar personalmente de la querella policiva por lanzamiento presentada en su contra. (Folio 205, cuaderno 1). 11. Copias de diversos oficios enviados a algunas entidades para que acompañen la realización de la diligencia de lanzamiento, proferidos por el Inspector Único de Policía de Ciénaga. (Folios 212 a 215, cuaderno 1). 12. Copia del escrito presentado el 6 de octubre de 2011 por medio del cual Rosa Gargioli Piedriz se constituyó como parte en el proceso de querella policiva y adujo que la misma se encontraba prescrita. (Folio 216, cuaderno 1). 13. Copia del escrito por medio del cual Oscar Ricardo Martínez Valdez se constituyó como parte en el proceso de querella policiva y presentó oposición aduciendo que se encontraba prescrita y que el querellante no es poseedor del predio. (Folio 216, cuaderno 1). Expediente T-3440281 En este expediente obran las pruebas relacionadas a priori y las que se enlistan a continuación: 1. Copia del acta de declaración extraprocesal que rindió María Liliana Picón De Neira ante el Notario Único de Ciénaga, en la que afirmó que le compró “una parcela al señor SALVADOR PAREJO, en la región de Cordobita entre el Río Toribío y Río Córdoba, Municipio de Ciénaga (Magdalena), que me quede [ahí porque] una empresa minera nos ofreció luz, agua y trabajo y no [sabía] que esas tierras eran de propiedad privada, pensábamos que era del [Estado]”. (Folio 94, cuaderno 1, expediente 2). 2. Copia del Aviso expedido por la Inspección Única de Policía de Ciénaga en la que se señaló que se había delegado a dicha entidad para “llevar a cabo la diligencia” de lanzamiento. En el mismo consta que dicha diligencia se fijó para el día 10 de octubre de 2011 desde las 8:00 AM. (Folio 154, cuaderno 1, expediente 2). 3. Copia de acta de entrega de las copias del proceso civil policivo de lanzamiento por ocupación de hecho solicitadas por el señor José Antonio García Hernández. (Folio 203, cuaderno 1, expediente 2). III. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas en el trámite de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problemas jurídicos A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las acciones de tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Es procedente el amparo constitucional promovido en contra del señor Juan Miguel De Vengoechea, en su condición de querellante en el proceso policivo objeto de controversia?; (ii) ¿Es viable la acción de tutela para la impugnación de actos jurisdiccionales emanados de una autoridad administrativa, como lo es la orden de lanzamiento que expidió el Inspector Único de Policía de Ciénaga (Magdalena)?; y finalmente; (iii) ¿Se desconocen los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y móvil y a la vivienda digna y adecuada, con ocasión del proceso policivo y de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, en las que se incurrió supuestamente en las siguientes irregularidades: (a) aplicar un procedimiento derogado, (b) omitir el cumplimiento de varios requisitos que se exigen para la presentación de una querella policiva, (c) negar la entregar de copias del expediente a los habitantes del predio y (d) omitir el reconocimiento como parte en el citado proceso de quienes habitan el territorio disputado? Para dar respuesta a los citados interrogantes, la Sala Tercera de Revisión Se pronunciará (i) sobre el alcance de la acción de tutela contra particulares y las causales excepcionales que permiten su procedencia; (ii) reiterará la jurisprudencia constitucional que reconoce la prosperidad de la acción de amparo constitucional en contra de actos jurisdiccionales proferidos por autoridades de policía; (iii) se pronunciará sobre la naturaleza y alcances de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho; y finalmente; (iv) resolverá el caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela contra particulares 3.1. El artículo 86 del texto Superior consagra que la acción de tutela es procedente para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares previstos en la Constitución y en la ley[2]. Precisamente, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 al regular el alcance de la legitimación por pasiva establece: “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto”. 3.2. Lo anterior significa que, por regla general, el ordenamiento constitucional orienta la procedencia de la acción de tutela contra cualquier actuación de las autoridades públicas[3] y sólo de manera excepcional frente a particulares. Por esta razón, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de servicios públicos. 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. 5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”. 3.3. Por consiguiente, es claro que el artículo 42 consagra las hipótesis excepcionales en las que es posible la presentación de la acción de tutela contra particulares, por lo que el amparo constitucional sólo es procedente si se verifica la ocurrencia de una de dichas causales. 4. La acción de tutela como mecanismo idóneo de defensa judicial para controvertir actos jurisdiccionales proferidos por autoridades de policía 4.1. El inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política establece que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. Esto significa que en ciertos casos excepcionales las autoridades administrativas pueden ser habilitadas por el legislador para impartir justicia, a través de actos que tienen una naturaleza eminentemente jurisdiccional, como ocurre, por ejemplo, con los alcaldes e inspectores de policía, en desarrollo del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, como se deriva del contenido del artículo 311 de la Carta y los artículos 39 y 70 del Código Nacional de Policía. 4.2. Por esta razón, como reiteradamente lo ha reconocido la Corte, no es procedente el ejercicio de los medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente a las actuaciones proferidas por dichas autoridades en desarrollo del citado artículo 116 del Texto Superior, pues dicha jurisdicción conoce de los litigios originados en “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo”[4], de suerte que –por regla general– carece de competencia para conocer de las controversias que se originan en actos de contenido jurisdiccional, como lo es el que se dicta por las autoridades de policía en un procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho[5]. En este sentido, a manera de ejemplo, el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…) 3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”. 4.3. Adicional a lo expuesto, tampoco son procedentes las acciones civiles para controvertir actos jurisdiccionales proferidos por autoridades de policía, puesto que aquellas están previstas para resolver disputas originadas en litigios referentes a los derechos de propiedad y/o de posesión, más no para debatir la posible violación de un derecho fundamental, cuando supuestamente se adelanta un proceso policivo de manera irregular. 4.4. Excluidas las acciones civiles y los medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[6], la única acción idónea y eficaz para controvertir las irregularidades que se puedan presentar en un proceso policivo, es el amparo constitucional. Precisamente, sobre la materia, esta Corporación ha dicho que: “alrededor de los procesos policivos no existe un medio de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, quedando tan sólo la acción de tutela como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de tales derechos”[7]. Posteriormente, la Corte ahondó en el tema y señaló que: “cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales. (…) Estos actos se encuentran excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, que dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley. Lo anterior significa que alrededor de los procesos policivos no existe un medio de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, quedando tan sólo la acción de tutela como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de tales derechos”[8]. (Negrilla por fuera del texto original). Como se infiere de lo expuesto, esta Corporación ha reconocido de manera reiterada[9], que la acción de tutela es el único medio de defensa judicial idóneo y eficaz para lograr la protección de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados en un proceso policivo, como lo es el referente al trámite de lanzamiento por ocupación de hecho. De ahí que, por tratarse de un acto con contenido eminentemente jurisdiccional, para su examen se aplican las mismas reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 5.1. En su condición de guardián de la integridad y supremacía del Texto Constitucional, esta Corporación ha establecido unas reglas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se fundamenta en la búsqueda de una ponderación adecuada entre la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[10]. Precisamente, en desarrollo del principio de supremacía de la Constitución, todos los servidores públicos que ejercen funciones jurisdiccionales, deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los sujetos que intervienen en los distintos procesos. Por consiguiente, las normas de la Carta Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen parámetros ineludibles para la decisión judicial. De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. En este sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”[11], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta Política. En desarrollo de lo expuesto, en la Sentencia C-590 de 2005[12], la Sala Plena de esta Corporación estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial. 5.2. Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias en la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución. 5.3. Los primeros requisitos se concretan en seis elementos: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[13] 5.4. Una vez se ha verificado el cumplimiento de los citados requisitos, el juez constitucional puede proceder al examen de la existencia de los siguientes defectos o vicios (requisitos específicos de procedencia), según sean objeto de alegación por parte del accionante: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.[14] d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.[15] f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.[16] h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i. Violación directa de la Constitución”.[17] En desarrollo de lo expuesto, no cabe duda de que la prosperidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, conduce a la imperiosa necesidad de que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos generales de procedencia y de por lo menos uno de los defectos o vicios específicos, previamente señalados. 6. Naturaleza de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho La querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho surge como una respuesta del ordenamiento jurídico para proteger la posesión, la cual ha sido definida como el poder físico directo que las personas pueden ejercer sobre las cosas[18]. En este mismo sentido, el Código Civil señala que la posesión es “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”[19]. Precisamente, cuando se producen actos de despojo que afectan la posesión, se prevé como mecanismo de defensa el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho. El siguiente cuadro ilustra las posibilidades de defensa que se establecen en el sistema legal colombiano para defender la posesión[20], a saber: GENERO ESPECIES CONSAGRACIÓN NORMATIVA Amparo a la posesión Por meras perturbaciones Código Nacional de Policía, art. 125. Por despojo (ocupación de hecho) Decreto 747 de 1992. Como se observa, la querella por ocupación de hecho ampara a quienes actúan con ánimo de señor y dueño sobre un bien. Esta circunstancia adquiere una especial relevancia, pues en ocasiones se confunde este mecanismo con las acciones encaminadas a proteger la propiedad. Por ejemplo, en los casos en que el propietario carece de la posesión sobre un bien, sin importar que se mantenga incólume su derecho de disposición, carece de la posibilidad de hacer uso de la mencionada querella, ya que este mecanismo –como ya se dijo– está previsto exclusivamente para salvaguardar la relación de hecho que existe entre una persona y un bien. Esto significa que para recuperar su propiedad, el dueño del derecho de dominio tendría la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria, la cual se encuentra prevista en el artículo 946 del Código Civil. Esto explica que la legitimación por activa para interponer la querella por ocupación de hecho la tienen los meros tenedores y los poseedores regulares o irregulares, como se establece en el artículo 4º del Decreto 747 de 1992. Por tanto, la adecuada presentación de la misma exige acreditar dicha legitimación con una prueba siquiera sumaria de que se ha venido explotando económicamente el predio, así como hacer uso de la querella en un plazo perentorio y preclusivo previsto en la ley. Al respecto, la citada norma dispone que: “A la querella debe anexarse prueba siquiera sumaria de que el querellante ha venido explotando económicamente el predio y de que la invasión se inició dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la presentación de la misma”. Una vez se constata la posesión como elemento que determina la presentación de la querella, la autoridad competente tiene la obligación de adelantar el resto de las actuaciones que se prevén en la normatividad actualmente vigente (Decreto 747 de 1992). El desarrollo de este proceso se encuentra a cargo de los alcaldes municipales quienes –en todo caso– lo pueden delegar en los inspectores de policía[21]. Precisamente, el artículo 320 del Código de Régimen Municipal prevé que las inspecciones de policía dependen del respectivo alcalde y realizan las funciones que les asigne la ley y las demás “que les delegue” la Alcaldía. Como ya se dijo, la autoridad administrativa que tiene a su cargo este proceso, actúa de conformidad con el ejercicio de una atribución judicial, en desarrollo del inciso 3° del artículo 116 del Texto Superior. Por este motivo, dicha autoridad adquiere la calidad de juez y deberá decidir con base en el acervo probatorio si prospera o no la decisión de lanzamiento. Para dar inicio al proceso de querella, la autoridad competente deberá expedir un auto en el que se fije la fecha y hora en que se adelantará la práctica de inspección ocular, conforme se establece en la normatividad vigente: “En el auto en que se avoque conocimiento, se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. Este auto se comunicará al Procurador Agrario competente y se notificará personalmente a la parte querellada o en su defecto se hará mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia”[22]. En dicha diligencia se concentra el ejercicio del derecho de contradicción y la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que existan en su contra, como lo consagra el artículo 8 del Decreto 747 de 1992: “Llegados el día y hora señalados para práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los hechos donde oirá a las partes, recepcionará y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos”. Concluida la etapa de oposición y práctica de pruebas, el Alcalde o Inspector deberá adoptar una decisión motivada con base en los argumentos y pruebas presentados por las partes. La motivación resulta esencial para que se puedan presentar recursos de reposición o de apelación en su contra[23]. Con anterioridad a la expedición del Decreto 747 de 1992, previamente expuesto, el procedimiento de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho se encontraba previsto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y en el Decreto 992 de 1930. Sin embargo, estos últimos se consideran derogados a partir de la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y del citado Decreto 747 de 1992. Al respecto se pronunció esta Corporación en la sentencia C-241 de 2010 en los términos que a continuación se exponen: “A partir de la entrada en vigencia de la acción policiva prevista en el artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970, se explica a continuación cómo opera el fenómeno de la subrogación respecto de normas policivas anteriores a 1970, destinadas también a proteger los bienes –rurales y urbanos– contra perturbaciones a la posesión y a la tenencia. (…). En materia agraria, tal como se indicó en párrafos anteriores, el artículo 32 de la Ley 200 de 1936 consagraba una acción policiva destinada a impedir las vías de hecho sobre predios rurales hasta tanto el Juez Agrario tomará medidas de fondo; por su parte el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970, también introdujo una acción policiva destinada a impedir vías de hecho que afectaran los derechos reales a la posesión y la tenencia, al punto que con fundamento en los dos artículos se expidió el Decreto reglamentario 747 de 1992, por el cual se regula...