Sentencia T-827 de 2005

T-827-05 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-827/05 DEBIDO PROCESO PENAL Y PRESUNCION DE INOCENCIA DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y RELACION CON LA GARANTIA DE LIBERTAD DEL PROCESADO/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y PRESUNCION DE INOCENCIA MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA CON BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL-Interpretación del numeral 3 de los artículos 150 de la ley 270/96 y 79 de la ley 261/00 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA CON BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL-No procedía declaratoria de insubsistencia de empleado de la Fiscalía por encontrarse en esta situación En el caso bajo examen, es indudable que nada de esto se cumplió. El Fiscal General de la Nación obró de manera arbitraria al dictar la resolución de insubsistencia del demandante con fundamento en disposiciones que claramente le ordenaban actuar de otra forma. En el caso concreto, considera la Corte Constitucional que con la resolución de insubsistencia emitida, la Fiscalía ha incurrido en una clara y evidente vía de hecho: vulneró de manera grave e injusta el derecho al debido proceso del señor Terán Orozco y, más concretamente, su derecho a la presunción de inocencia conectada muy estrechamente con la garantía de la libertad y el derecho de defensa y de contradicción. Referencia: expediente T-1094239 Acción de tutela instaurada por José David Terán Orozco y otros contra la Fiscalía General de la Nación. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. Bogotá D. C., diez (10) de agosto dos mil cinco (2005). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) en el caso de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos y Fundamentos El señor Álvaro Ángel Guardiola Maestre en representación de David Terán Orozco y de sus padres Isabel Segunda Orozco de Terán y Daniel Julián Terán Barros hace constar los siguientes hechos: (folios 4-19) 1.1- El doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación nombró mediante resolución No. 0-830 de 15 de abril de 2003 al señor José David Terán Orozco en el cargo de Investigador Judicial I de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de Santa Marta. (Folio 3) 1.2.- A partir de su ingreso, el señor Terán Orozco desempeñó funciones propias del cargo, esto es, funciones de Policía Judicial de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal y en el Manual de Funciones de la Fiscalía General de la Nación, funciones éstas, que el señor Terán Orozco realizó de manera diligente y muy profesional bajo estricto respeto de los derechos de las personas particulares y públicas en los términos señalados por la Constitución y por la Ley. (Folios 3 y 4) 1.3.- Debido a situaciones fortuitas, ajenas a su voluntad, el señor Terán Orozco se vio envuelto en una investigación de carácter penal. Fue investigado por la Fiscalía Décima Seccional Delegada ante Jueces Penales de Circuito de Santa Marta. En desarrollo de tal investigación, se profirió como medida de aseguramiento detención preventiva pero se le concedió beneficio de excarcelación. (Folio 4) 1.4.- El doctor Juan Camilo Osorio expidió una resolución mediante la cual decidió declarar insubsistente al señor Terán Orozco bajo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la presunción de inocencia. (Folio 4) 1.5.- La resolución expedida por el doctor Luis Camilo Osorio se fundamentó en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el numeral 3º del Decreto Ley 261 de 2000, normas que se transcriben a continuación: Artículo 150 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, numeral 3º: “Inhabilidades para Ejercer Cargos en la Rama Judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la Rama Judicial: Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional” (Negrillas fuera de texto). Artículo 79 del Decreto Ley 261 de 2000, numeral 3º: “No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Fiscalía General de la Nación: Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.” (Negrillas fuera de texto). Como se desprende con claridad de los preceptos citados, el nominador no está autorizado para desvincular a personas que se encuentren conminadas con medida de aseguramiento para las que está previsto el beneficio de libertad provisional. (Folio 5) 1.6.- El señor Orozco Terán fue notificado de la decisión adoptada el día 8 de septiembre de 2004 y dentro del término legal interpuso recurso de reposición ante el Fiscal General de la Nación con el fin de que se revocara el contenido de la resolución que lo declaró insubsistente en el cargo, pues consideró que la misma se dictó bajo infracción de normas constitucionales y legales y con base en falsa motivación ideológica. (Folio 5) 1.7.- El señor Fiscal General de la Nación mediante resolución de 25 de octubre de 2004 decidió confirmar el acto impugnado en todas sus partes y mantener la vulneración de los derechos fundamentales del señor Terán Orozco quien fue comunicado el día 04 de noviembre de 2004. En firme las providencias, el señor Terán Orozco fue desvinculado de la entidad ocasionándole perjuicios incalculables para sí mismo y para las personas que dependen económicamente de él. (Folio 6) 1.8.- Los señores accionantes Isabel Segunda Orozco de Terán de 56 años y Julián Terán Barros de 69, respectivamente madre y padre del también accionante Terán Orozco, son personas de la tercera edad que no están cobijadas por ninguno de los servicios de la seguridad social integral pregonados en el artículo 46 de la Constitución y dependen económicamente del señor Terán Orozco para su subsistencia pues no tienen la más mínima probabilidad de obtener recursos para llevar una vida medianamente digna. (Folio 6) 1.9.- El día tres de noviembre de 2004 mediante sentencia debidamente ejecutoriada proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación, el señor José David Terán Orozco fue absuelto de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía Décima de Santa Marta en la resolución acusatoria. Se ordenó que, en firme la decisión, se dejaran sin efecto todas las medidas que pesaran en su contra y se archivara el expediente. La sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el día 11 de noviembre de 2004. De este modo, el señor Terán Orozco quedó exonerado de manera definitiva de toda responsabilidad penal y las medidas que habían sido proferidas en su contra fueron levantadas. (Folio 7) 2. Pruebas relevantes que obran en el expediente 2.1.- Fotocopia auténtica de la Resolución No. 0-0830 de 15 de abril de 2003, firmada por el Fiscal General de la Nación. (Folios 22-25) 2.2.- Constancia de servicios prestados en la Fiscalía General de la Nación de Santa Marta, firmada por la doctora Magalys Beatriz Royero, analista de la oficina de personal de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la entidad en Santa Marta. (Folio 21) 2.3.- Fotocopia auténtica de la resolución No. 0-3552 de 28 de julio de 2004 firmada por el Fiscal General de la Nación. (Folios 34-38) 2.4.- Fotocopia auténtica del acta de notificación hecha al señor José David Terán Orozco del contenido de la resolución No. 0-3552 de 28 de julio de 2004. (Folio 26) 2.5.- Fotocopia simple del recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No. 0-33552 de 28 de julio de 2004. (Folios 27-33) 2.6.- Fotocopia auténtica de la resolución No. 0-5085 de 25 de octubre de 2004 (Folios 34-38). 2.7.- Fotocopia auténtica del acta de notificación hecha a Álvaro Ángel Guardiola Maestre del contenido de la resolución No. 0-5085 de 25 de octubre de 2004. (Folio 39) 2.8.- Fotocopia auténtica de acta de notificación hecha a José David Terán Orozco del contenido de la resolución No. 0-5985 de 25 de octubre de 2004. (Folio 40) 2.9.- Fotocopia auténtica de la providencia de fecha 02 de marzo de 2004 proferida por la Fiscalía Décima Delegada ante Jueces Penales de Circuito de Santa Marta, por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de José David Terán Orozco concediéndosele libertad provisional. (Folios 41-49) 2.10.- Fotocopia auténtica de la sentencia de fecha 03 de noviembre de 2004, proferida por el Juzgado Penal de Circuito de Fundación (Magdalena) en el proceso adelantado en contra del señor José David Terán Orozco por medio de la cual se lo absolvió de los cargos que le fueron formulados por la fiscalía Décima de Santa Marta y se ordenó en firme la decisión, dejar in efecto todas las medidas que pesaban en contra de esta persona y archivarse el expediente. (Folios 50-63) 2.11.- Fotocopia auténtica de la constancia de ejecutoria de la sentencia absolutoria emanada del despacho del Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) en el proceso adelantado contra José David Terán Orozco. (Folio 63) 2.12.- Declaración Extraprocesal rendida bajo la gravedad de juramento ante la Notaría Única del Círculo de Aracataca (Magdalena) por los señores Pablo José Blanco Mercado y Pedro Antonio Moreno Carretero. (Folio 64). 2.13.- Fotocopia simple de cédula de ciudadanía de la señora Isable Segunda Orozco de Terán. (Folio 65) 2.14.- Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del señor Daniel Julián Terán Barros. (Folio 66) 2.15.- Fotocopia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de José David Terán Orozco. (Folio 67) 3. Los derechos fundamentales presuntamente vulnerados y lo que se pretende El señor Álvaro Ángel Guardiola Maestre quien obra en representación de la señora Isabel Segunda Orozco de Terán y de los señores Daniel Julián Terán Barros y José David Terán Orozco, solicita que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Nacional y en especial la protección del principio de legalidad "pues se aplicaron normas sustanciales cuya situación fáctica no se ajustaba a su contenido y en justificación de ello se hizo una interpretación amañada de la jurisprudencia de las Altas Cortes"); del derecho de defensa y contradicción; del derecho a la presunción de inocencia. Solicita, así mismo, que se proteja el derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Nacional) y el mínimo vital del señor Terán Orozco y se garantice, en consecuencia, el derecho al mínimo vital de la señora Isabel Segunda Orozco de Terán y del señor Daniel Julián Terán Barros. 4. Trámite de la acción La acción de tutela fue instaurada ante el Juzgado Primero Civil de Circuito de Santa Marta. Este Juzgado mediante oficio número 1807 remite la acción de tutela para que sea repartida entre los Magistrados de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Santa Marta. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil de Familia, por medio de oficio No. 2409 corre traslado al señor Fiscal General de la Nación. La señora Magnolia Valencia González, quien actúa a nombre del Fiscal General de la Nación, responde de la siguiente manera a los hechos establecidos en el escrito de tutela. 4.1.- Que, la Resolución No. 0-3552 de 28 de julio de 2004 proferida por el señor Fiscal tuvo como fundamento razones de hecho y de derecho y estuvo sustentada en pronunciamientos de tipo jurisprudencial sobre la materia. 4.2.- Que, la Fiscalía Décima Seccional de Santa Marta dentro del proceso para resolver la situación jurídica del señor Terán Orozco había dictado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional como cómplice del delito de peculado por apropiación. 4.3.- Que, a petición de la Secretaría General, la Oficina Jurídica se pronunció sobre la situación administrativa laboral del señor José David Terán Orozco y mediante oficio citó el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 en donde se establece como causal de inhabilidad para ejercer cargos en la Rama Judicial “encontrarse bajo medida de aseguramiento que implique privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional”. A renglón seguido se cita el fallo de la Corte Constitucional C- 037 de 1996 cuando se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 150 de la Ley 270 de 1996[1]. 4.4.- Que, igual inhabilidad está prevista en el numeral 3º del artículo 79 del decreto 261 de 2000 "Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación"[2]. 4.5.- Que, tal como se desprende de lo anterior, "si bien el señor Terán Orozco goza de libertad provisional, esta situación no obsta para que se pueda predicar a la luz de los artículos 150 numeral 3º de la Ley 270 de 1996 y artículo 79 numeral 3º del decreto 261 de 2000, que el funcionario en comento está inhabilitado para ejercer el cargo de Investigador Judicial I, adscrito a la Dirección Seccional del C. T. I. de Santa Marta. En otras palabras, el beneficio de la libertad provisional de que goza no trae como consecuencia el desaparecimiento de la inhabilidad que pesa en su contra para el ejercicio de cargos en la rama judicial." 4.6.- Que, el señor Terán Orozco incurrió en una inhabilidad sobreviniente y esto justifica su separación del cargo pues el cumplimiento de los principios que deben acompañar el ejercicio de la función administrativa no se predica sólo ex ante sino también ex post. Esto ha sido recalcado también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación de octubre 4 de 2001. De acuerdo con todo lo anterior, "se concluye que a pesar de encontrarse José David Terán Orozco gozando del beneficio de libertad provisional, él mismo se encuentra incurso dentro de la causal 3ª del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, concordante con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 79 del decreto 261 de 2000, situación que acarrea la declaratoria de insubsistencia, mediante acto administrativo motivado, previamente se haya determinado la ejecutoria de la providencia que concedió tal beneficio. 4.7.- Que, con motivo de lo señalado con antelación, no se ve cómo el señor Terán Orozco pueda alegar la vulneración de su derecho de defensa. 4.8.- Que, la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal el 4 de octubre de 2001 sirve igualmente de apoyo para mostrar cómo la afirmación del señor Terán Orozco de acuerdo con la cual se le está infringiendo el derecho al debido proceso, carece de fundamento[3]. 4.9.- Que, el señor Terán Orozco tuvo la oportunidad de interponer recurso de reposición, recurso que fue concedido y por lo tanto no es factible alegar violación del debido proceso. Las resoluciones dictadas por el señor Fiscal estuvieron ajustadas a derecho y por consiguiente tampoco se puede alegar vía de hecho. 4.10.- Que, la tutela no procede en el caso bajo examen por existir otros mecanismos como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual se puede hacer efectiva por la vía de la Justicia Contencioso Administrativa a través de la cual "se puede solicitar la suspensión provisional del acto". (Se citan una serie de sentencia proferidas por la Corte Constitucional sobre esta vía, sentencia SU-544 de mayo 24 de 2001 Sala Plena y sentencia T-533 de 1998). 4.11.- Que, en conclusión, ya sea en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho o en escrito separado, antes de ser admitida esta última, “EL ACCIONANTE PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INSUBSISTENCIA POR INHABILIDAD SOBREVINIENTE que presuntamente vulnera sus derechos, demostrando el perjuicio que la ejecución del acto administrativo le causa o podría causarle, ACCIÓN QUE PUDO INTERPONER DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE SU DESVINCULACIÓN, por la razón cual tampoco es predicable la procedencia de esta acción de tutela, desvirtuando así la inminencia del perjuicio." (Mayúsculas y negrillas dentro del texto citado). 4.12.- Que, la vulneración de los derechos a la salud y al mínimo vital alegada por el actor tampoco tiene sustento en las normas ni en la jurisprudencia constitucional. Además, si el actor decide acudir a la vía contencioso administrativa en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de prosperar esta acción, entonces tampoco se podría decir que se ocasionó un perjuicio irremediable. "En este evento el presunto perjuicio no es irremediable, porque en últimas el empleado no sólo recibe todos los sueldos y demás derechos laborales dejados de percibir, sino que además, es incorporado al servicio, entendiéndose para todos los efectos legales que no haya sido desvinculado, lo cual da lugar a la primera causal de improcedencia de la tutela, prevista en el numeral 1, del artículo 6 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991." 5. Fallo de primera instancia En desarrollo de su argumentación, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Marta se pronuncia primero sobre el mínimo vital y considera que este abarca una amplio espectro por cuanto "cobija no solo a quien se dice directamente afectado por la acción cumplida por la Fiscalía General de la Nación, sino también a quienes, por depender económicamente del afectado, resultan indirectamente perjudicados con la acción u omisión que supuestamente violó o puso en peligro dicho derecho fundamental, con la advertencia de que éste derecho no es de naturaleza colectiva o familiar, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, por lo cual el único titular viene siendo José David Orozco, razón por la cual la Sala lo estudiará únicamente respecto de él." Según el a quo, las Altas Cortes coinciden en afirmar que el mínimo vital está compuesto por "aquellos recursos mínimos que una persona y su entorno familiar necesitan para poder subvenir a sus necesidades básicas, atendiendo su status y posición. Es por ello que cuando se priva a alguien injustamente del salario que le permite atender a sus propias necesidades y a las de quienes de él dependen económicamente, ciertamente que se afecta el mínimo vital a todo el grupo familiar." De otro lado, las medidas de aseguramiento se caracterizan por ser medidas de carácter temporal. Estas medidas "buscan garantizar la presencia de un sindicado dentro de la correspondiente investigación y hasta tanto se resuelva de manera definitiva su situación". Cuando se ordena pena privativa de la libertad con beneficio de libertad provisional "el reo queda jurídicamente detenido pero su libertad de locomoción no sufre alteración" (...) "De la exacta determinación de la naturaleza de la detención preventiva, que es instrumental y temporal, surge precisamente su nota característica de ser absolutamente diferente a la sentencia condenatoria, de tal suerte que cuando aquella se ordena apenas es como si se redijera al imputado que existen cargos en su contra y que por ello se le vincula transitoriamente como posible responsable." Cuando una autoridad judicial, bien sea un juez o un fiscal asigne carácter definitivo a una medida cuyo género es netamente temporal, realiza una interpretación "que afecta de manera evidente al sindicado." Decretarle a una persona medida de aseguramiento no significa lo mismo que condenarla; "debe recordarse que toda persona es inocente hasta tanto se le pruebe lo contrario mediante sentencia ejecutoriada, surtida con apego al debido proceso y con plena observación del derecho de defensa." Con respecto a las normas aplicadas por la Fiscalía en el caso bajo examen, es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil de conformidad con lo cual "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu." Al interpretar el numeral 3º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 3º del artículo 79 del decreto 261 de 2000 la Fiscalía pierde de vista que estos preceptos contemplan dos situaciones absolutamente distintas: de un lado, la detención preventiva con encarcelamiento y, de otro, la detención preventiva con beneficio de excarcelación. En el caso bajo examen, se le dictó al señor Terán Orozco una medida de detención preventiva con beneficio de excarcelación. La Fiscalía "unió en un solo haz los dos aspectos para considerar que toda detención preventiva origina la inhabilidad de que se viene hablando." No es factible aceptar la interpretación que la Fiscalía hace de las disposiciones mencionadas, pues con ella se quebranta el orden jurídico constitucional y en ese orden de cosas se vulnera la garantía del derecho al debido proceso. La Fiscalía solo toma uno de los criterios previstos en la norma y desecha los demás "[y] ese factor se multiplica en el presente caso, en virtud de existir prueba de que el sindicado Terán Orozco fue posteriormente absuelto de todos los cargos que se le habían formulado, mediante sentencia que se encuentra en firme." Es preciso advertir, por lo demás, que en este caso no solo se vulnera la garantía del derecho al debido proceso del señor Terán Orozco sino que se vulnera también su derecho a la igualdad, pues "en el medio judicial de Santa Marta es ampliamente conocido, con notoriedad pública, que algunos Fiscales de Santa Marta han sido cobijados con detención preventiva y beneficio de libertad provisional y a ellos no se les declaró insubsistentes. (...) De igual manera trascendió a la opinión pública el caso de dos educadores a quienes se les detuvo preventivamente y luego se les concedió detención domiciliaria, pudiendo de esta forma ejercer su magisterio." El a quo admite que efectivamente el actor cuenta todavía con la vía de lo contencioso administrativo para hacer valer sus pretensiones. Se abstiene, por tal motivo, de pronunciarse de manera definitiva sobre las normas que sirven de sustento a las medidas adoptadas por la Fiscalía. Como juez constitucional, no obstante, considera esencial mirar si prima facie es factible afirmar que se ha vulnerado algún derecho fundamental y en tal caso ordenar la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A renglón seguido, considera el Tribunal importante pronunciarse sobre el perjuicio irremediable y para tales efectos cita la sentencia T-884 de octubre 17 de 2002[4]. Del análisis de las circunstancias del caso concreto y teniendo en cuenta los testimonios allegados al proceso, es factible arribar a la conclusión que José David Terán Orozco "se encuentra sumido en graves problemas económicos, tal como quedó demostrado con las constancias aportadas por su apoderado, y sobre todo que sus padres no cuentan con los recursos para subsistir dado que era el mencionado hijo quien atendía todas sus necesidades." En este caso concreto, considera el Tribunal que el señor Terán Orozco se halla ante un perjuicio irremediable "que no podría jamás ser suplido por una indemnización, dado que la falta de pago de salarios implica la privación del único recurso económico con que cuenta el petente, lo que impide ciertamente atender a sus obligaciones personales unidas a las cuales se encuentra sostener a sus padres." Frente al argumento esgrimido por la entidad acusada, según el cual, el actor cuenta con otros medios de defensa judicial y por tal razón la tutela sería improcedente, es posible afirmar que esta situación admite excepciones y al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional en varios de sus fallos (Se cita la sentencia de Sala Plena de febrero 3 de 1997: SU-039 de 1997) en donde se concluye que es factible instaurar la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y simultáneamente solicitar la acción de suspensión provisional del acto administrativo[5]. En el caso bajo examen, el juez constitucional llega a la conclusión que el medio más apropiado para la efectividad de los derechos del actor y el más ágil es la acción constitucional. Esto salta a la vista, si se tiene en cuenta el "supuesto de congestión que presenta la justicia en la esfera contencioso administrativa y la procedencia de recursos en contra de la suspensión provisional, lo cual hace dilatar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.” El a quo resuelve tutelar los derechos al mínimo vital y a la estabilidad laboral del actor y para tales efectos concede el amparo como mecanismo transitorio "decisión que permanecerá vigente durante el término que la jurisdicción contenciosos administrativa utilice para decidir de fondo la acción que deberá instaurar el directamente afectado para lo cual contará con un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir de la fecha de esta providencia, pues si no lo hace, cesarán los efectos de esta sentencia." En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, no encuentra el a quo que se haya producido ninguna violación del artículo 29 de la Constitución. 6. Impugnación En el escrito de impugnación y obrando en representación del Fiscal General de la Nación, la señora Magnolia Valencia González expone los siguientes argumentos: El señor Fiscal General de la Nación expidió los actos por medio de los cuales se declaró insubsistente al señor Terán Orozco bajo el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales. Tales actos estaban además debidamente motivados y por consiguiente se encuentran amparados por la presunción de legalidad. La Fiscalía tampoco incurrió en vía de hecho. La Corte Constitucional ha sido clara en afirmar que la tutela no puede "convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron de forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción." Con respecto el derecho al mínimo vital que considera el Tribunal se le ha vulnerado al actor, carece de fundamento esta supuesta vulneración pues el actor es joven "y goza de toda su capacidad física productiva, sin que exista prueba que demuestre lo contrario, lo que le permite acudir a actividades independientes o subordinadas para satisfacer el mínimo vital indispensable par su subsistencia." En relación con el cargo que afirma la vulneración del derecho a la igualdad, tampoco se allegan al expediente pruebas al respecto de que existan Fiscales a quienes se les haya dictado medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación y no se les haya declarado insubsistentes. Esta apreciación es de índole subjetiva y no conduce a exigir un juicio de igualdad. Frente a la presunta vulneración del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, según la entidad demandada es preciso recordar que ante la aparición de una incapacidad sobreviniente no hay más remedio que declarar la insubsistencia sin que esto signifique vulnerar derechos fundamentales y menos aún los atinentes a la dignidad de la persona. El derecho al trabajo no es derecho de aplicación inmediata y esto lo enfatizó el Consejo de Estado en providencia proferida el 24 de enero de 1992. El actor cuenta, además, con otros mecanismos de protección en la vía contenciosos administrativa y por tal razón tampoco se puede admitir que esté sufriendo un perjuicio irremediable. No se satisfacen, además, los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que se verifique un perjuicio irremediable. 7. Fallo de segunda instancia La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, recuerda que la acción de tutela es un mecanismo residual al que solo debe acudirse cuando no se dispone de otro medio eficaz de defensa judicial. De lo anterior deduce este Tribunal la improcedencia del amparo constitucional solicitado en el caso concreto. De otra manera, opina la Corte Suprema, el juez constitucional estaría usurpando la competencia del juzgador natural. El acto cuenta, por lo demás, con los recursos que ofrece la vía contencioso administrativa. De otro lado, la tutela no es el instrumento constitucional para hacer efectivas pretensiones de orden económico. Solo de manera excepcional, cuando se afecta el mínimo vital del accionante, se puede acudir a la tutela. En el presente caso no está demostrado "de manera fehaciente la afectación de aludido mínimo vital de los presuntos agraviados, como quiera, cual lo adujo la entidad accionada, José David Orozco dispone de plena capacidad para emprender otra actividad productiva, independiente o subordinada, que le permita atender los requerimientos esenciales propios y los de quienes de él dependen." La Corte Suprema Sala de Casación Civil decide revocar la sentencia impugnada y denegar el amparo constitucional a José David Terán Orozco. II. Consideraciones y Fundamentos de la Corte Constitucional 1. Competencia 1.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la sentencia de la referencia. 3. El asunto objeto de la discusión 3.1.- El señor Álvaro Ángel Guardiola Maestre, obrando en calidad de agente oficioso de la señora Isabel Segunda Orozco de Terán y de los señores Daniel Julián Terán Orozco y David Terán Orozco solicita la protección del derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Nacional, en especial, del principio de legalidad; del derecho de defensa y contradicción; del derecho a la presunción de inocencia) del señor Terán Orozco. Solicita, de igual modo, que se garanticen el derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Nacional) y el mínimo vital del señor Terán Orozco y se proteja, en consecuencia, el mínimo vital de los señores Isabel Segunda Orozco de Terán y Daniel Julián Terán. El escrito de tutela se centra en que la decisión por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación declaró insubsistente al señor Terán Orozco carece de fundamento. El señor Fiscal dictó la resolución de insubsistencia con base en una disposición cuyos supuestos normativos no se compadecen con los supuestos de hecho del caso concreto y, al hacerlo, vulneró la garantía del debido proceso y afectó de manera grave los intereses económicos del señor Terán Orozco; perjudicó, de paso, los intereses de sus padres quienes se encuentran en absoluta situación de dependencia económica del hijo. La entidad demandada a través de su representante Magnolia Valencia González, considera que la resolución por medio de la cual se decidió la insubsistencia del señor Terán Orozco a quien se había dictado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional como cómplice del delito de peculado por apropiación, se encuentra bien fundamentada tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico. Dado que el señor Terán Orozco incurrió en una inhabilidad sobreviniente, está más que justificada su separación del cargo. No se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues el señor Terán recurrió a tiempo la resolución proferida y este recurso fue decidido también a tiempo. El señor Terán Orozco dispone, además, de las garantías que le ofrecen la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del acto administrativo proferido, motivo por el cual, la tutela es improcedente. Tampoco se mostró que el mínimo vital hubiese sido afectado pues de prosperar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción ésta a la que puede acudir el señor Terán Orozco, no se podría decir que se ocasionó un perjuicio irremediable que haya incidido de manera negativa en su mínimo vital. El a quo consideró que la resolución dictada por el señor Fiscal, en efecto, se sustentó en un precepto cuyos supuestos normativos no se corresponden con los supuestos de hecho del caso concreto y pese a admitir que no podía decidir de fondo el asunto por tratarse de una pretensión que habría de resolverse a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resolvió conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable con la condición de que el afectado instaurara directamente la acción de nulidad y restablecimiento en un plazo de cuatro meses contado a partir de la fecha de la providencia. Frente al cargo de vulneración al debido proceso, no encuentra el a quo que se haya producido ninguna violación del artículo 29 de la Constitución Nacional. Impugnada la sentencia, fue revocada por el ad quem quien pone énfasis en el carácter subsidiario de la acción de tutela y en que el señor Terán Orozco dispone de otros medios judiciales alternativos, razón por la cual, no procede la acción de tutela en el caso concreto. Según el ad quem, el señor Terán Orozco es joven y cuenta, además, con plena capacidad para emprender una actividad productiva, de tal manera que tampoco es factible sostener una vulneración del mínimo vital. 4. Problema Jurídico a resolver 4.1.- Corresponde a la Corte Constitucional solucionar el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la resolución de insubsistencia dictada por el Fiscal General de la Nación con fundamento en un precepto cuyos supuestos normativos (lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 150 de la Ley Estatutaria de Justicia y por el numeral 3 del artículo 79 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía[6]) no coinciden con los supuestos fácticos del caso concreto (pues al señor Terán Orozco se le dictó medida de aseguramiento con beneficio de libertad provisional) el derecho al debido proceso y, específicamente, el derecho a la presunción de inocencia, la garantía de libertad y el derecho de defensa y contradicción? 4.2.- Para responder este interrogante, la Corte (1) hará primero una referencia de carácter general sobre el derecho fundamental al debido proceso y (2) pasará luego a examinar el nexo entre la presunción de inocencia, la garantía de libertad y el derecho de defensa y contradicción. (3) Finalmente, abordará el asunto concerniente a la interpretación del artículo 150 numeral tercero de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de Justicia que se expresa en idéntico sentido al artículo 79 numeral tercero de la Ley 261 de 2000 o Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación realizada por parte de la Fiscalía y la manera como se proyecta tal interpretación sobre el caso concreto. 5. El derecho fundamental al debido proceso El derecho al debido proceso goza de una muy amplia garantía en el ordenamiento jurídico colombiano. A nivel interno, el artículo 29 de la Constitución Nacional contiene los elementos que caracterizan tal protección[7]. La garantía efectiva del derecho al debido proceso se ve reforzada, además, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución, de acuerdo con lo cual, "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia." (Énfasis fuera de texto). La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho al debido proceso es reiterada y se orienta a conceder una muy extensa protección del derecho al debido proceso. Una síntesis de los elementos que la Corte ha considerado más sobresalientes en relación con la garantía del derecho al debido proceso como instrumento dirigido a satisfacer las exigencias imprescindibles para la efectiva garantía del derecho material, arroja el siguiente resultado. El derecho al debido proceso comprende la posibilidad de acceder de manera libre y en condiciones de igualdad a la justicia a fin de obtener por parte de los jueces decisiones motivadas y comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales decisiones, cuando se está en desacuerdo con ellas ante un juez de superior jerarquía, así como el derecho a que se de debido cumplimiento a lo determinado en los fallos. El derecho al debido proceso comporta, de otro lado, la posibilidad de acceder al juez natural, esto es, de acudir ante el funcionario que está facultado para "ejercer la jurisdicción en determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por el legislador entre los miembros de la judicatura[8]." Este juez debe ser independiente, lo que implica la garantía constitucional de no intromisión del poder ejecutivo o del poder legislativo - e incluso de otros poderes fácticos - en el desarrollo de labor judicial autónoma, ajena a amenazas y a presiones. El derecho al debido proceso entraña de suyo la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial con aplicación de todos los instrumentos legítimos para hacerse oír en juicio y obtener una decisión favorable. Asuntos tan neurálgicos como los relacionados con "el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso[9]", forman parte del derecho al debido proceso. A lo anterior se suma la exigencia según la cual los procesos deben ser públicos y han de desenvolverse dentro de un lapso razonable sin dilaciones injustificadas o inexplicables[10]. El derecho al debido proceso exige la presencia de un juez que se esfuerce por ser imparcial y decida "con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas[11]." El debido proceso abarca también el derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una de las columnas sobre las cuales se configura el Estado de Derecho y es, de igual modo, uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Su significado práctico consiste en que quien ha sido imputado de haber cometido un delito se presume inocente hasta tanto no se haya demostrado lo contrario mediante sentencia debidamente ejecutoriada. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre la presunción de inocencia. En sentencia C-416 de 2002 dijo: "Cuando el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, dispone que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, se establece un postulado que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance." (Énfasis dentro del texto). La Corte Constitucional ha puesto énfasis en que la presunción de derecho asume en el ordenamiento jurídico colombiano el rango de derecho fundamental. En este sentido, quien se haya vinculado a una investigación no está obligado a ofrecer pruebas a fin de demostrar su inocencia. Son las autoridades judiciales competentes quienes deberán probar la culpabilidad del acusado. También en el ámbito internacional se destaca la importancia de la presunción de inocencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 confirma el carácter fundamental de la presunción de inocencia[12]. Igual sucede con lo previsto en el artículo 8 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[13]. 6. La presunción de inocencia y su relación con la garantía de libertad del procesado y con el derecho de defensa y de contradicción El derecho a la presunción de inocencia presenta al menos tres aspectos que se podrían sintetizar así: un aspecto que hace referencia al modo como se establece la responsabilidad penal y, más concretamente, a la forma como opera la carga de la prueba[14]. No es el acusado quien debe probar su inocencia, pues él se presume inocente hasta tanto el Estado no pruebe lo contrario, a saber, que es culpable. Otro aspecto tiene que ver con la imputación de la responsabilidad penal o de participación en hechos delictivos a un individuo que no ha sido juzgado. Es factible que a una persona o a varias se les achaque el haber participado en la comisión de un delito. Ese solo hecho, sin embargo, no significa que con la acusación la persona o personas puedan ser tenidas por culpables. Solo podrán serlo en el momento en que su responsabilidad haya sido debidamente comprobada por medio de un juicio justo. El tercer aspecto y quizá el más delicado y contradictorio hace relación al tratamiento de personas que están siendo investigadas por un delito y como consecuencia de ello se les ha dictado medida de aseguramiento bien con beneficio de libertad provisional o bien sin beneficio de libertad provisional. Aquí es preciso señalar que en cualquiera de estos dos eventos no se está imponiendo una sanción, pues no existe aún convicción sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado. En relación con el tema de las medidas de aseguramiento no se puede dejar de lado el peso que le cabe al derecho a la presunción de inocencia. No se pueden perder de vista, sin embargo, las dificultades teóricas y prácticas que las medidas de aseguramiento implican cuando se proyectan sobre el derecho a la presunción de inocencia, sobre la garantía de libertad y sobre el derecho de defensa y contradicción. Bien sabido es que a la presunción de inocencia le subyace una valoración muy profunda que se conecta justamente con la necesidad de proteger la libertad del sindicado así como con su derecho de defensa y contradicción[15]. A partir de esta profunda justificación con fundamento en la cual se construye uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho, se da por cierto que el acusado es inocente sin que este hecho esté aún probado, sin que nos conste[16]. En un sentido amplio, el derecho de defensa y contradicción exige que no exista culpa sin juicio. En un sentido estricto, tal derecho implica que solo hay juicio cuando la acusación ha sido sometida a prueba y a refutación. La presunción de inocencia del imputado se postula, por tanto, hasta cuando se pruebe su responsabilidad y esto se haga por medio de sentencia definitiva de condena. Ahora bien, una parte de la doctrina considera la presunción de inocencia como un "principio fundamental de civilidad", como "el fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad de algún culpable[17]." Desde esta perspectiva, la importancia que se deriva de la presunción de inocencia para el cuerpo social es incalculable pues sobre sus cimientos es factible configurar un equilibrio entre la libertad, la verdad y la seguridad de los ciudadanos. Si bien es cierto que la seguridad de los ciudadanos se ve amenazada por las actuaciones delictivas que puedan realizar algunos de sus miembros, no menos cierto es que la seguridad de los ciudadanos también se amenaza de modo serio cuando se legitiman sanciones y procedimientos arbitrarios. En este orden de ideas, la presunción de inocencia no solo es "una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad o si se quiere de defensa social: de esa "seguridad" específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de la específica "defensa" que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo[18]." (Énfasis y comillas dentro del texto). Hay, no obstante, quienes han querido dar cuenta de las aporías que envuelven a la presunción de inocencia y consideran o han considerado a lo largo de la historia que la presunción de inocencia es, más bien, una fórmula " 'vacía', 'absurda' e 'ilógica '[19]." Otros, han llegado al punto de dejar la presunción de inocencia de lado para sentar el principio de prisión obligatoria y generalizada o para inclinarse a favor de "modelos de justicia sumarial y sustancial más allá de las pruebas de culpabilidad[20]." Hay, incluso, quienes han considerado la presunción de inocencia como "un extraño absurdo extraído del empirismo francés" y la han juzgado como "burdamente paradójica e irracional[21]." Sobre la posibilidad de hacer compatible la presunción de inocencia con las medidas de aseguramiento que se decreten con motivo de haberse dictado resolución de acusación existen también varias posiciones. Hay quienes se niegan o se han negado por entero a admitir la posibilidad de una prisión preventiva. En Roma se adoptó esta primera posición que luego fue puesta en tela de juicio durante la Edad Media cuando la disponibilidad del cuerpo del acusado se consideró esencial "para obtener la confesión per tormenta[22]." Los teóricos de la ilustración le confirieron a la presunción de inocencia un lugar central y reafirmaron el principio nulla poena, nulla culpa sine iudicio, pero ninguno de ellos llegó a pedir la suspensión de las medidas de aseguramiento. Tales medidas recibieron distintas justificaciones y se fueron consolidando en los diferentes ordenamientos. La presunción de inocencia entró en abierta crisis con la llegada del fascismo. Con el advenimiento de los regímenes fascistas se consolidó el uso y el abuso de la prisión preventiva “sin púdicos juegos de palabras, como 'medida de seguridad procesal', 'necesaria para la defensa social' e indispensable siempre que el delito haya causado una 'grave alarma pública'[23]." En aquella época la prisión preventiva se caracterizó por ser una verdadera medida de prevención frente a los peligrosos y los sospechosos o lo que era aún peor: se destacó por ser una "ejecución provisional y anticipada de la pena[24]." Con el fascismo se llegó al extremo de hacer obligatoria la captura. Esto conllevó a invertir el sentido de la presunción de inocencia que se convirtió en una presunción legal de absoluta peligrosidad y desembocó, luego, en una presunción de culpabilidad del imputado. La afirmación contundente y provocadora de Manzini según la cual la presunción de inocencia es algo así como un sueño alelado de la razón, no logró amedrentar a algunos doctrinantes convencidos de que el uso y el abuso de la detención preventiva no solo reduce la presunción de inocencia a la condición de "puro oropel inútil[25]" sino que arrasa, de paso, con las demás garantías penales y procesales. Frente a ciertas tímidas reacciones tendientes a lamentar "la dolorosa contradicción", hubo quienes se cuestionaron "si de verdad algún fin puede justificar el medio" o si más bien "se ha ido en busca de los fines que de cualquier manera lo justifiquen, como si el medio fuera un fenómeno natural, que no precisa justificarse, sino tan solo ser explicado y a lo sumo delimitado[26]." Esta línea de argumentación, aduce, por ejemplo, que las medidas de aseguramiento pueden llegar a ser percibidas y sentidas como el resultado de la fuerza y del arbitrio y pueden, incluso, llegar a socavar de manera profunda la confianza en la justicia y en el derecho. En este orden de ideas, no es posible hacer compatible lo incompatible y no se puede admitir la prisión preventiva como mal necesario. La prisión preventiva pone al imputado en una condición de inferioridad respecto de la acusación. Ante esta situación, es preciso reaccionar y es conveniente hacerlo a partir del derecho constitucional "poniendo en relación la prisión preventiva no solo con la presunción de no culpabilidad sino también con el conjunto de las demás garantías penales y procesales establecidas por la Constitución y violadas directa o indirectamente por aquella[27]." Ante esta postura, se siguen esgrimiendo varios argumentos por medio de los cuales se intenta ofrecer una justificación a la detención preventiva dentro de los que se destacan principalmente dos. De un lado, se ha dicho que la detención preventiva se justifica para evitar que el imputado altere las pruebas y, de otro, se ha afirmado que la detención preventiva se justifica para contrarrestar el peligro de fuga del imputado. Ambas argumentaciones coinciden en otorgarle a la detención preventiva un carácter eminentemente procesal y cautelar. Ahora bien, es factible aducir razones en contra de uno y de otro argumento. Frente al primero, se ha dicho que constituye un derecho del procesado defenderse y allegar las pruebas que hagan posible esa defensa con el máximo de garantías. Existen, en efecto, delitos particularmente graves y no se descarta la posibilidad de que algunos delincuentes intenten alterar las pruebas u obtener falsas defensas antes del interrogatorio. No resulta sin embargo demasiado claro que sea la medida de detención preventiva la única capaz de contrarrestar ese riesgo y que pueda hacerlo de una manera proporcionada. Algunos han sugerido, por ejemplo, utilizar una detención por el tiempo estrictamente necesario para interrogar al imputado. De este modo, se produciría una limitación de la libertad personal mucho más breve que la prisión preventiva y "no produciría o al menos reduciría, los efectos infamantes y difamatorios de la acción penal que constituyen hoy uno de los aspectos (...) más humillantes y aflictivos de todo el sistema punitivo[28]." La presunción de inocencia que se conecta tanto con la garantía de libertad del imputado como con el derecho de defensa y contradicción, solo tiene sentido cuando se deja en libertad al sindicado para poder realizar una efectiva defensa, para allegar a su favor las pruebas que considere conducentes y pertinentes y para controvertir las que se ofrecen en su contra. El temor de que el imputado escape y la necesidad de capturarlo y detenerlo para que no lo haga, es justificado en casos extremos. No se puede perder de vista, sin embargo, y más tratándose de un ámbito como el del derecho penal, que los casos extremos son tan solo unos cuantos, esto es, que tales casos constituyen la excepción y no la regla. A propósito de la discusión sobre la justificación de la detención preventiva Ferrajoli recuerda las palabras de Voltaire quien en relación con el argumento de la fuga afirmó lo siguiente: " 'Es el rigor extremo de vuestro procedimiento criminal quien lo obliga a esta desobediencia. Si un hombre está acusado de un crimen, empezáis por encerrarlo en un calabozo horrible; no permitís el que tenga comunicación con nadie; lo cargáis de hierros como si ya lo hubieseis juzgado culpable. (...) ¿Cuál es el hombre a quien este procedimiento no asuste? ¿Dónde hallar un hombre tan justo que pueda estar seguro de no abatirse? ' (...) '¡Oh Jueces!', concluía Voltaire, 'queréis que el inocente acusado no se escape, pues facilitadle los medios de defenderse[29].' " Con respecto a las dificultades que originan la proyección de las medidas de aseguramiento sobre la presunción de inocencia no hay, pues, una única respuesta y las posiciones son oscilantes[30]. Existe sí un acuerdo que se expresa en la jurisprudencia internacional[31] y en la jurisprudencia interamericana en el sentido de enfatizar el vínculo entre la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva así como las reglas mínimas a las cuales se tiene que ajustar el tratamiento preferencial que merecen los presos sin condena en razón, precisamente, de la presunción de inocencia[32]. El caso Suárez Rosero examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan solo una pequeña muestra de los problemas que presenta la detención preventiva como medida de aseguramiento y del modo como esta se proyecta sobre la presunción de inocencia. El señor Rosero fue detenido sin mediar orden de autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrancia. Estuvo en detención preventiva durante tres años en condiciones inhumanas y degradantes, lapso durante el cual no se encontraba separado de los presos condenados. Respecto al impacto que tuvo en el caso Suárez la detención preventiva sobre la presunción de inocencia se expresó así el alto Tribunal internacional: “La Corte considera que con la prolongada detención preventiva del señor Suárez Rosero, se violó el principio de presunción de inocencia, por cuanto permaneció detenido del 23 de junio de 1992 al 28 de abril de 1996 y la orden de libertad dictada en su favor el 10 de julio de 1995 no pudo ser ejecutada sino hasta casi un año después. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2 de la Convención Americana[33].” Las consideraciones de la Corte Interamericana con ocasión de la sentencia emitida en el caso Suárez Rosero son de la mayor importancia: “[E]l principio de presunción de inocencia subyace al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos[34].” En el caso Raquel de Mejía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reflexionó de modo extenso sobre la presunción de inocencia[35]. La señora Raquel Martín de Mejía fue violada y torturada al parecer por fuerzas gubernamentales quienes la acusaban a ella y a su marido de favorecer a grupos de izquierda como Sendero Luminoso y le achacaban el cargo de terrorismo. Su marido fue secuestrado y muerto. Ella fue sentenciada de terrorismo en un proceso en desarrollo del cual se vulneró su derecho al debido proceso y se infringió, en concreto, su derecho a la presunción de inocencia. Frente al caso de Raquel Martín de Mejía, dijo la Comisión que el principio de inocencia configura una presunción en favor del "acusado de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme[36]." En este evento, es al Estado a quien corresponde determinar la responsabilidad penal del sindicado; es el Estado quien "debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable[37]." Según la Comisión Interamericana, la presunción de inocencia guarda relación con "el ánimo y la actitud del juez que debe conocer de la acusación penal[38]." El juez debe examinar el caso sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia puede partir de que el acusado es culpable. La tarea del juez consiste en "construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta[39]." La Comisión cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y se refiere en los siguientes términos a la exigencia de imparcialidad del juez: “La imparcialidad supone que el Tribunal o juez no tiene opiniones sobre el caso sub judice y, en particular, no presume la culpabilidad del acusado. Para la Corte Europea, la imparcialidad del juzgador se compone de elementos subjetivos y objetivos[40]. La imparcialidad subjetiva del juez en el caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. A diferencia, la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso.” (Énfasis dentro del texto). En efecto, es factible que el juez tenga una precomprensión – todo juez la tiene -; es posible que tenga una primera impresión o una corazonada con respecto al caso sobre el cual ha de dictar sentencia. No obstante, todo juez debe estar dispuesto a reconocer tal precomprensión y debe estar listo a hacer el mayor esfuerzo por obrar de la manera más imparcial posible. Ser imparcial, por consiguiente, no significa no tener precomprensión - algo que ningún humano puede dejar de tener –. Implica, más bien, moderar esa precomprensión ajustándola al derecho a la presunción de inocencia, a la garantía de libertad y al derecho de defensa y contradicción, acomodándola a estos derechos de los que goza toda persona que ha sido acusada de haber cometido un delito cuando aún no obra contra ella una sentencia debidamente ejecutoriada que determine su culpabilidad. La conclusión a la que llega la Comisión Interamericana en el caso Martín de Mejía es que el juez ordenó la detención de la imputada, formuló acusación e inició un proceso penal con fundamento en una mera denuncia. El juez no analizó si realmente existían los suficientes elementos de prueba para justificar la acusación y, al obrar de ese modo, invirtió el orden de la presunción pues desplazó la carga de la prueba en cabeza del acusado. La Corte encontró que esa inversión del onus probandi vulneraba el artículo 8 de la Convención Interamericana y, más concretamente, la presunción de inocencia y el derecho a ser oído por una instancia imparcial y el derecho a un juicio justo[41]. Admitiendo de antemano la insuficiencia que denotan las soluciones intermedias en un asunto tan delicado como este, existe cierta coincidencia tanto en la jurisprudencia como en la doctrina en exigir que también respecto de las medidas de aseguramiento se cumpla el principio de legalidad. "Si nadie puede ser sancionado por motivos previamente establecidos en la ley, tampoco puede ser temporalmente privado de la libertad cuando dichos motivos no existen[42]." En el caso colombiano, el artículo 250 de la Constitución Nacional (reformado por el Acto Legislativo número 3 de 2002) le concede a la Fiscalía General de la Nación la facultad de "solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas." El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) distingue dos tipos de medidas[43]: de un lado, medidas privativas de la libertad y, de otro, medidas no privativas de la libertad. Los motivos con fundamento en los cuales puede dictarse una medida de aseguramiento que implique pena privativa de la libertad deben hallarse establecidos en la ley[44]. Tanto la Constitución en...