Sentencia T-792 de 2012

T-792-12 [Proyecto de circulación restringida] Sentencia T-792/12 EXCEPCION ETNOCULTURAL PARA EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Aspectos que deben respetarse en la relación entre Ejército y las comunidades indígenas El literal b) del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 establece que “los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica” están exentos en todo tiempo de prestar servicio militar. Desde sus primeras sentencias, la Corte ha sido consistente en señalar que esta norma contempla una prerrogativa constitucionalmente válida, puesto que se trata de una forma de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación prevista en el artículo séptimo de la Constitución. La jurisprudencia en la materia se ha ocupado sobre la condición “indígena” predicable de los individuos que se someten a la definición de su situación militar, y ha señalado de forma enfática que son titulares de la exención a la prestación del servicio militar obligatorio los individuos que se auto reconozcan y sean reconocidos por su comunidad como poseedores de una identidad étnica diferenciada, sin importar el medio de prueba que se emplee para acreditarlo. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Reconocimiento y debida protección/SITUACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN PROCESO DE REETNIZACION O REINDIANIZACION El reconocimiento de la diversidad étnica está íntimamente relacionado con el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y al autogobierno pues el ejercicio de estos últimos incluye, entre otras cosas, la potestad de autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad. Conforme a ello, la Corte ha entendido que las comunidades indígenas ostentan el derecho a “i) ser reconocidas por el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia de identidad cultural diversa, y; ii) a que no se pueda negar arbitrariamente la identidad real de la comunidad y de sus miembros”. COMUNIDADES INDIGENAS-Reconocimiento de estatus especial por la Constitución Política y Convención 169 de la OIT Esta Corte indicó que para efectos de establecer si un pueblo es indígena deben tomarse en consideración tanto elementos subjetivos como objetivos que permitan llegar a una conclusión en este sentido. Entre ellos se encuentra, “la voluntad de preservar o reconstruir costumbres ancestrales, el linaje ancestral, y el auto reconocimiento de los pueblos aborígenes como culturalmente diversos”. Sobre este último punto sostuvo que “la identidad cultural es la conciencia que se tiene de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano al cual se pertenece y que tiene una cosmovisión distinta y específica”. Sintetizando los pronunciamientos hechos en el ámbito internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, una comunidad es susceptible de ser considerada como indígena, cuando satisface el criterio subjetivo de (i) auto reconocimiento como comunidad étnica y culturalmente diversa, y presente algunas de las siguientes características más o menos objetivas: (ii) el linaje ancestral, esto es, la descendencia de habitantes de la América precolombina; (iii) la conexión con un territorio, entendido este como el ámbito cultural en el que desarrolla su vida la comunidad y no solo con un espacio geográfico predeterminado; o (iv) la presencia de instituciones, costumbres y comportamientos colectivos distintivos y específicos. COMUNIDADES INDIGENAS EN PROCESO DE REETNIZACION O REINDIANIZACION Las comunidades en proceso de “reindianización” o “reetnización”, son grupos que tienen procesos más o menos recientes de recuperación de su identidad étnica y, en esa medida, aunque en todos los casos satisfacen el criterio de auto reconocimiento como comunidad indígena (criterio subjetivo), o bien no realizan ni siquiera de forma mínima ninguno de los presupuestos objetivos, pues sus miembros no comparten una lengua, una forma de vestir, tradiciones religiosas o formas de solucionar los conflictos, etc.; o bien la presencia de estos elementos es aún objeto de amplias discusiones políticas entre las comunidades y el Estado, o las comunidades en proceso de reetnización y aquellas cuya identidad étnica se encuentra más consolidada. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Caso en que se solicita exoneración aduciendo que es miembro de una comunidad indígena en proceso de construcción de su identidad EXCEPCION ETNOCULTURAL PARA EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y EXONERACION DEL PAGO DE LA CUOTA DE COMPENSACION MILITAR-Procede por ser miembro de una Comunidad Indígena DERECHO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL Y SERVICIO MILITAR-Orden al Ejército tramitar los documentos relativos a la definición de la situación militar del accionante Referencia: expediente T-3.491.933 Acción de tutela instaurada por Víctor Julio Tocarruncho Umba contra el Comandante de la Primera Zona de Reclutamiento - Distrito Militar Número 7 de Tunja. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, DC., once (11) de octubre de dos mil doce (2012). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del trámite de revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES De los hechos y la demanda. 1. Víctor Julio Tocarruncho Umba, presentó acción de tutela contra el Comandante de la Primera Zona de Reclutamiento - Distrito Militar Número 7 de Tunja, por considerar que esta autoridad vulneró su derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección de la diversidad étnica, con base en los siguientes hechos y consideraciones: 1.1. El accionante, de 18 años, es miembro de la Comunidad Indígena Muisca Chibcha de Cómbita (Boyacá) regida por el Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza ubicado en la ciudad de Tunja. 1.2. Relata que se ocupa en labores agrícolas, y que está validando los grados décimo y undécimo por medio del convenio suscrito entre el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET) y el Colegio Instituto Nacionalizado de Cómbita[1]. 1.3. Afirma que fue citado en varias oportunidades por la Primera Zona de Reclutamiento - Distrito Militar Número 7 de Tunja para definir su situación militar. En la primera de ellas, programada para enero de 2012, se le informó que para ser exonerado de la prestación del servicio militar obligatorio debía aportar documentos relativos a su identificación personal, la inscripción de la comunidad indígena ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, y su pertenencia al Cabildo indígena. 1.4. En la segunda ocasión, establecida para el mes de abril de 2012, el accionante allegó los documentos solicitados, excepto la certificación del registro de la comunidad ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior pues, tal como el Gobernador del Cabildo le informó, la comunidad no cuenta con dicho registro. Por esta razón, el accionante fue convocado nuevamente para resolver su situación militar el 26 de mayo de 2012. 1.5. El accionante sostiene que pese a que el Cabildo Indígena al que pertenece aún no está registrado ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, la comunidad ha trabajado para lograr visibilidad y reconocimiento ante el gobierno local y departamental. Ejemplo de ello es que la Alcaldía de Tunja ha garantizado la posesión del Gobernador del Cabildo Mayor, Rodrigo Niño Rocha (Xieguazinsa Inguativa Neusa), durante tres años consecutivos[2]; y que la Gobernación los invitó a participar de las reuniones de Consejo de Política Social Departamental de Boyacá en los últimos dos años [3]. 1.6. Debido a esto, el accionante considera que la Dirección de Reclutamiento no debería condicionar la exoneración del servicio militar a la presentación de la Certificación del Ministerio del Interior, pues ello desconoce los derechos de la comunidad indígena y lo obliga a pagar la cuota de compensación militar, o bien a poner en peligro su integridad física y sus convicciones como indígena. Al respecto, el accionante afirmó: “no estoy de acuerdo con lo que se maneja lo de la guerra. Yo soy pacifista, no soy guerrerista. No estoy de acuerdo como se manejan los recursos del país, invirtiéndolo en guerra. Porque la guerra trae más guerra. Deberían hacer inversión social (…)”[4]. 2. La demanda de tutela fue admitida el 19 de abril del 2012 por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja. Intervención de la parte demandada. 3. El Capitán Luiyi Yobany Olarte Fierro, Comandante del Distrito Militar No. 7 y Comandante (E) de la Primera Zona de Reclutamiento, solicitó que se declarara improcedente el amparo solicitado, toda vez que la Dirección de Reclutamiento no ha iniciado “trámite alguno que tenga fuerza obligante contra el señor VICTOR JULIO TOCARRUNCHO en relación con la prestación del servicio militar”. En todo caso, recordó que el actor puede obtener la libreta militar presentando ante el Distrito Militar la siguiente documentación: “- Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% - Certificación escrita y firmada por el Presidente del Cabildo o Resguardo Indígena al cual pertenece el solicitante donde conste que se encuentra censado. - Dos fotografías de 3 x 3.4 cms. de frente y fondo azul - Recibo de cancelación del valor del trámite de expedición de la tarjeta (15% SM.M.L.V) - Certificación escrita y firmada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia donde certifique la existencia del resguardo indígena y el registro del solicitante en el censo del mismo”[5]. Del fallo de tutela. 4. Mediante sentencia proferida el 3 de mayo de 2012, el Juzgado Segundo de Familia de Tunja decidió negar el amparo promovido por Víctor Julio Tocarruncho. Sostuvo que el Ejército Nacional no ha iniciado ningún trámite que vincule al accionante con la institución ni ha negado la solicitud de exoneración del servicio militar obligatorio, pues el actor se ha abstenido de presentar la documentación exigida por la entidad. Por esta razón, no puede afirmarse que haya desconocido los derechos fundamentales del actor. En todo caso, señaló que es necesario que acredite en debida forma la existencia de la Comunidad Indígena y su pertenencia a ella. A su juicio, “[n]o basta tener una actividad y organización con la calidad indígena, sino que ella debe estar avalada por el Ministerio que se encarga de constatar cada una de las circunstancias atinentes a su reconocimiento; los documentos que se allegaron con la demanda tienen una valía que trasciende en la demostración de su condición, pero la Entidad encargada de su reconocimiento no es otra que el Ministerio del Interior”. 5. El fallo no fue objeto de impugnación. Pruebas solicitadas por la Sala de Revisión. 6. Mediante auto del 18 de septiembre de 2012, el Magistrado Sustanciador ofició a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior con el fin de que informara a esta Corporación sobre los trámites que deben adelantarse para obtener el registro de una comunidad indígena ante la entidad; el estado del registro del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza y el estado del registro de otras comunidades indígenas del Pueblo Muisca. También solicitó al ICANH que brindara a esta Corporación toda la información referente a la comunidad en mención, y brindara un concepto en relación con la composición étnica de la organización. Por último, ofició al Gobernador de las Comunidades Indígenas Pueblo Nación Muisca Chibcha de Boyacá para que remitiera a la Corte toda la información en relación con su comunidad y con los posibles trámites ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. 7. Pedro Santiago Posada Arango, Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, indicó que ante la entidad que dirige se encuentran registradas las comunidades muiscas de Suba, Bosa, Chía, Cota y Sesquilé, pero que “el ‘Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza (Tunja)’ no figura registrado en las mismas para ninguna vigencia”. Informó que para determinar si es procedente su registro, la Dirección debe aplicar un estudio etnológico guiado por un protocolo institucional que es liderado en terreno por un antropólogo adscrito a la entidad y desarrollado en conjunto con la comunidad. Para ello, la comunidad debe elevar ante el Ministerio la solicitud de visita, y la Dirección se encarga de programarla, junto con la comunidad y las autoridades locales, teniendo en cuenta el orden cronológico en el que se presentan las solicitudes. De acuerdo con el señor Posada Arango, el estudio tiene como fin establecer los elementos indicados por la Sala Primera del Consejo de Estado, quien en sentencia del 13 de septiembre de 2001, a propósito del registro de la comunidad muisca de Suba, señaló que la Dirección debía establecer: “si los Muiscas tienen una historia común, además de una cohesión de grupo, arraigo a un territorio ancestral, cosmovisión, medicina tradicional, relaciones de parentesco y sistema normativo propio que los diferencia del resto de la población colombiana (…), pues si el Estado se limitara a proteger la identidad de una colectividad étnica, compuesta por personas que no se identifican con la misma, o que no hacen parte de ese grupo racial, pero que igual reciben todas las prerrogativas que se entregan para la conservación de esta minoría, estaría haciendo uso indebido de las atribuciones que en esta materia le corresponden (…)” 8. Por su parte, el Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH-, afirmó que la entidad que preside “no está en capacidad de pronunciarse respecto de la composición étnica y demográfica del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza (Tunja)”, pues no tiene investigadores que estén trabajando directamente el tema de la reetnización en Boyacá. Sus investigaciones sobre el pueblo muisca son solo de tipo arqueológico e histórico (al respecto, citan los trabajos de Jorge Gamboa en relación con la situación de los músicas en el siglo XVI y XVII). En todo caso, de acuerdo con las indagaciones que realización, informó que el Cabildo Mayor posesionó oficialmente a sus miembros en el 2010 ante el Alcalde de Tunja, pero precisó que “como lo señalan los mismos directivos del cabildo, este reconocimiento es de tipo cultural”. 9. Por último, Rodrigo Niño Rocha (también auto identificado como Xieguazinsa Ingativa Neusa), gobernador del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Boyacá se pronunció en el trámite de la tutela confirmando que la comunidad que preside no está inscrita en el registro que lleva la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio, pero que ello no puede ser óbice para que se nieguen los derechos que tienen como personas que están en un proceso de “recomposición étnica”, teniendo en cuenta la protección a la diversidad étnica y cultural prevista en la Constitución de 1991. En este sentido, presenta las siguientes pruebas que se dirigen a demostrar que el Cabildo Mayor muisca chibcha de Tunja debe ser considerado como una comunidad indígena para efectos de tramitar la exoneración al servicio militar: 9.1 “En el censo del 2005, aparecen registradas como etnias del Departamento de Boyacá: Los U’wa y Muisca (…), teniendo en cuenta, que en este censo no se aplicaron las preguntas de carácter étnico en ‘cobertura amplia’ sino aleatoriamente, omitiendo la presencia de los descendientes de la etnia en el Departamento de Boyacá”. 9.2 Los cabildantes de la comunidad se han posesionado desde el año 2010, ininterrumpidamente, ante la Alcaldía Municipal de Tunja. De acuerdo con el Gobernador, la aceptación de la Alcaldía obedece a la Circular Externa proferida por el Ministerio del Interior, que señala que como regla general no puede negarse a posesionar un cabildo pues en este acto su labor se circunscribe a dar fe frente al actuar comunitaria. Los únicos eventos en los que puede negarse es cuando evidencie una situación de conflictividad tal al interior de la comunidad, que pueda pensarse que la posesión profundizaría la crisis social, o cuando se celebren dos o más procesos paralelos de elección y se solicite la posesión de todos los elegidos. 9.3 El señor Rodrigo Niño, en su calidad de gobernador del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza, ha sido invitado a varias actividades institucionales del Departamento de Boyacá y la Alcaldía de Tunja. Entre ellas anexa copia de la invitación a participar en las reuniones del Consejo Superior Ambiental de Boyacá; la invitación a participar en la elección de representante y suplente de las comunidades indígenas ante el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ; y la invitación a participar en los procesos de diseño, formulación, aprobación y adopción de políticas públicas para comunidades étnicas en el Departamento. 9.4 Sin embargo, también manifiesta el gobernador que la comunidad fue excluida de la participación en las mesas de trabajo convocadas por la Oficina de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, debido a “la ausencia del registro de la dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia”. 9.5 El 25 de septiembre de 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo un consejo comunitario con las comunidades indígenas del plano cundiboyacense, entre las cuales se incluyó al Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza. 9.6 Las acciones del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza han sido reconocidas por otros cabildos registrados ante el Ministerio del Interior. Específicamente, el Gobernador incluyó certificaciones del reconocimiento hecho por los cabildos muisca de Suba y de Cota, la asociación de autoridades tradicionales y cabildos U’wa, y la comunidad indígena Embera Katío-Chami del Alto Nacaberdwa Motordochaque de Puerto Boyacá. 9.7 José Vicente Rodríguez adelantó un estudio denominado “Los chibchas: hijos del sol, la luna y los Andes” en el que recopila las huellas dejadas por los chibchas que vivían en los Andes orientales de Colombia, en las prácticas culturales y las tradicionales de los bogotanos, boyacenses, cundinamarqueses y santandereanos[6]. 9.8 Pablo Felipe Gómez Montañez adelantó como tesis de grado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes un estudio denominado “Los Chyquys de la Nación Muisca Chibcha: ritualidad, re-significación y memoria”, en el que estudia la mitología de este grupo en recomposición étnica y cuestiona las fronteras jurídicas, políticas y antropológicas actuales del reconocimiento étnico[7]. El contenido de estos textos revisados por el despacho serán presentados según sea necesario a lo largo de la sentencia. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Competencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Problemas jurídicos La controversia planteada a la Corte en esta oportunidad, surge por cuanto el joven Víctor Julio Tocarruncho fue citado para definir su situación militar cuando se encontraba finalizando sus estudios de bachillerato. Al atender esta citación, solicitó a la Dirección de Reclutamiento la exoneración definitiva del servicio militar obligatorio aduciendo su condición de indígena miembro de la Comunidad Muisca Chibcha de Cómbita. Sin embargo, su petición no fue tramitada por cuanto el accionante no pudo aportar la certificación del Registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, ya que esta comunidad perteneciente al Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tunja, no ha solicitado dicha inscripción. Ello obedece a que apenas en los últimos años iniciaron un proceso de reconstrucción de la cultura y la tradición muisca en el Departamento. Así las cosas, la Sala Novena de Revisión debe establecer (i) si el accionante está amparado por la norma que exonera a los indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio, teniendo en cuenta que el Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tunja al que pertenece la comunidad Muisca Chibcha de Cómbita es una colectividad que se encuentra en un proceso de reetnización y reconstrucción de la cultura y la tradición muisca. Además, la Sala estima que también es necesario establecer si se vulneró o amenazó con vulnerar los derechos fundamentales a la identidad étnica y a la supervivencia cultural del accionante, que se auto reconoce como indígena de la comunidad Muisca Chibcha de Cómbita, así como los derechos de esta colectividad, al (ii) exigirle como prueba de la existencia de la comunidad la certificación de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala considera necesario referirse a tres asuntos estrechamente relacionados entre sí. En primer lugar, al alcance y condiciones de aplicación de la exoneración a los indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio como expresión del principio de diversidad étnica y cultural. Luego de ello, la Sala se pronunciará sobre el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de los pueblos indígenas, y examinará los supuestos en que este principio puede amparar a comunidades en procesos de reetnización o reindianización. Por último, abordará el caso en concreto. 1. Los miembros de las comunidades indígenas están exonerados de la prestación del servicio militar obligatorio. Reiteración de jurisprudencia. 1.1 Prestar servicio militar es un deber establecido en la Constitución Nacional, principalmente en el artículo superior 216, que establece que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, y el artículo 95 que prevé el deber de “respetar y ayudar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”. Teniendo en cuenta estas normas, la Corte ha admitido que el servicio militar es obligatorio[8], pero que se trata de un deber que admite excepciones, pues la Carta facultó expresamente al legislador para regular las condiciones “que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”. La Ley 48 de 1993, que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, contempló dos excepciones. Una de ellas, el aplazamiento, permite postergar la entrada a las fuerzas militares de quien se encuentre en las situaciones temporales previstas en la norma, tales como estar detenido preventivamente o ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio[9]. La segunda es la exención del servicio, que dispensa de forma concluyente del cumplimiento de este deber constitucional y da lugar a la definición de la situación militar. Dentro de este grupo están exentos en todo tiempo las personas que tienen limitaciones físicas y sensoriales permanentes y los indígenas[10]. 1.2 El literal b) del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 establece que “los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica” están exentos en todo tiempo de prestar servicio militar. Desde sus primeras sentencias, la Corte ha sido consistente en señalar que esta norma contempla una prerrogativa constitucionalmente válida, puesto que se trata de una forma de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación prevista en el artículo séptimo de la Constitución. No obstante, la Corte ha enfatizado que la exoneración por razones etnoculturales no es equivalente a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio[11]. Esta última constituye un ejercicio de la libertad de conciencia (Art. 18 C.N) que lleva a un individuo a resistirse a obedecer un imperativo jurídico en razón de sus íntimas y fundadas convicciones o creencias, en tanto que la exoneración a los indígenas obedece a la protección de la diversidad étnica y cultural de una comunidad indígena (Art. 7 C.N), y constituye un reconocimiento del Estado respecto del hecho de que los pueblos indígenas estuvieron históricamente sometidos a métodos violentos de exclusión y exterminio, hasta dejarlos en algunos casos al borde de su desaparición. Aun cuando en ambos casos el individuo pueda repudiar la toma de las armas por razones individuales, mientras que al objetor de conciencia se le protege solo por sus convicciones personales, el indígena es eximido más allá de su opinión particular respecto del servicio militar, para proteger la comunidad indígena a la que pertenece –minoritaria dentro de la Nación-, así como a su concepción diversa de deber y vida buena. 1.3 Esta Corporación consideró desde la sentencia C-584 de 1994 (M.P Alejandro Martínez Caballero) que “sustraer durante un año a un indígena de su comunidad para que cumpla con sus deberes militares, puede constituir una amenaza a la preservación de la existencia y la identidad de estos grupos humanos que la Constitución ordena proteger de manera privilegiada, por cuanto la ausencia física de quien presta el servicio puede desestabilizar la vida comunitaria”. En este sentido, la Corte entendió que la excepción al servicio militar es un mecanismo de protección de la existencia misma de la comunidad étnica y de su supervivencia como cultura. Además, dado que esta exención no protege de forma exclusiva al indígena individualmente considerado sino que también involucra los derechos de la comunidad, la Corte consideró que la exención solo tiene sentido frente “a los indígenas que vivan con los indígenas y como los indígenas”. Por ello restringió la exención a quienes habitan físicamente en el territorio ancestral o el resguardo, dando valor al tenor literal del artículo 27 de la Ley 48 de 1993[12]. Más adelante, la sentencia T-113 de 2009 (M.P Clara Elena Reales) reiteró que la exoneración del servicio militar obedecía al mandato constitucional de protección del derecho a preservar la existencia de las comunidades indígenas y, por ende al derecho a la identidad étnica, a la supervivencia cultural y a la preservación de su lugar natural de habitación. Sin embargo, aclaró que conforme a los posteriores desarrollos constitucionales sobre el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, la identidad étnica no puede vincularse de forma exclusiva a la residencia en un determinado territorio. Tal como se había anticipado desde el salvamento de voto a la sentencia C-584 de 1994, la Corte precisó que la identidad étnica está ligada a una cosmovisión antes que a un territorio específico, pues “la Constitución Política garantiza a los miembros de las comunidades indígenas la posibilidad de actuar de acuerdo a su cosmovisión cultural, ‘dentro y fuera de sus territorios’”. Por esta razón, asoció el factor territorial establecido en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 al ámbito cultural en el que desarrolla su vida la comunidad indígena, sin restringirlo a la ubicación geográfica o al resguardo[13]. 1.4 Abandonado como criterio de adjudicación exclusivo de la exoneración del servicio militar la permanencia en un determinado territorio indígena, la Corte encontró necesario reformular los criterios que permiten establecer cómo debe interpretarse la expresión “indígena”, que define el sujeto titular de la exención consagrada en la norma. Para ello, siguiendo los parámetros empleados en otros ámbitos en los que se aplican excepciones etnoculturales[14], concluyó que la demostración de la condición indígena de un sujeto debe darse “a partir de la identidad cultural real de la persona indígena”, esto es, a partir de las consideraciones en torno a la auto identificación a una determinada comunidad y la aceptación por parte de dicha comunidad. Concretamente, para efectos de establecer quién es el individuo titular de la excepción consagrada en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 la Corte fijó las siguientes reglas: (i) “La condición de indígena que conserva su integridad cultural social y económica es algo que ha de valorarse en el contexto específico de cada cultura y cada caso particular”[15]. (ii) Puede emplearse cualquier mecanismo para establecer la condición de indígena de una persona, y no solamente su inclusión dentro del censo de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Entre ellas están “’las certificaciones de la máxima autoridad de cada comunidad o resguardo’; ‘las certificaciones del censo interno que, de acuerdo con la Ley 89 de 1890 y el artículo 5 de la Ley 691 de 2001, debe llevar cada comunidad’; [y los] ‘estudios sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad cultural de la comunidad y del sujeto’”[16]; entre otros. (iii) Dentro de la variedad de mecanismos para probar la condición de indígena “deben tener mayor peso los que la propia comunidad indígena ha adoptado en ejercicio de su autonomía y, en todo caso, debe primar la realidad sobre formalidades”[17]. (iv) “Cuando una persona sea presentada por las autoridades tradicionales indígenas como alguien que pertenece a la comunidad debe presumirse y considerarse que conserva su identidad cultural”[18]. En estos eventos, “corresponde a quienes no consideren cierta tal manifestación demostrar que la persona en cuestión no conserva su identidad cultural”[19]. (v) “[C]uando un joven no haga referencia a su condición indígena o simplemente la niegue por temor a ser discriminado, si existen criterios claros y objetivos para pensar que le joven sí pertenece a una comunidad indígena, es deber del Ejército Nacional adoptar las medidas adecuadas y necesarias para esclarecer su identidad”[20]. 1.5 Ahora bien, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 precisa que los indígenas están exentos de prestar el servicio militar “en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar”. En términos del proceso de selección e incorporación al servicio militar obligatorio, esta expresión debe ser interpretada en el sentido de que los indígenas pueden ser citados para inscribirse con el propósito de definir su situación militar pero, luego de ello, no están obligados a continuar con el proceso de selección previsto en la ley, esto es, no pueden ser compelidos a presentar exámenes de aptitud psicofísica, ni a participar en el sorteo y la clasificación. Así lo plantea el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 al prescribir que “todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento”[21]. Para la Sala, dicha exigencia no resulta irrazonable en el caso de los indígenas, por cuanto permite a las fuerzas militares entrar en contacto con los candidatos a prestar servicio militar, llevar un registro de quienes se presentan para definir su situación militar, y aplicar de forma individualizada la exención. Sin embargo, cuando se haya establecido que una persona se encuentra dentro de la causal de exención por el hecho de ser indígena, sin procedimientos adicionales y sin pagar cuota de compensación militar, la Dirección de Reclutamiento tiene el deber de entregar el documento que acredita la definición de la situación militar, teniendo en cuenta que como la exención del servicio militar opera para los indígenas en todo tiempo, estos no pueden ser considerados reservistas de las Fuerzas Armadas[22]. Conforme a la protección otorgada a la diversidad étnica a través de la exoneración del servicio militar, la Dirección de Reclutamiento debe abstenerse de exigir que se continúe el proceso retrasando la decisión sobre la exención. 1.6 No escapa a la Corte que es posible que un indígena desee prestar el servicio militar obligatorio, rechazando la exención que lo cobija. En tal evento, la sentencia T-113 de 2009 estableció que no desconoce el derecho a la diversidad étnica la decisión de un indígena de prestar el servicio militar obligatorio siempre y cuando su decisión esté precedida por (i) el consentimiento expreso del joven indígena, manifestado de forma libre e informada; (ii) el conocimiento de la comunidad sobre esta decisión; y (iii) la adopción de medidas adecuadas y necesarias para que el joven pueda comunicarse antes y durante la prestación del servicio militar con las autoridades reconocidas de la comunidad[23]. Además, en la medida en que la exención de la prestación del servicio militar obligatorio fue extendida a “todo tiempo”, la Corte aclaró que (iv) el joven indígena puede decidir en cualquier momento posterior a la declaración retirar su consentimiento voluntario y, por tanto, exigir la desincorporación de las fuerzas militares. 1.7 Hasta aquí, puede concluirse que la exoneración de los indígenas del servicio militar obligatorio no es otra cosa que una cesión del deber constitucional relativo al servicio militar obligatorio frente al imperativo de protección de la diversidad étnica y cultural del Estado. En este sentido, frente a la tensión planteada entre el deber constitucional de prestar servicio militar obligatorio y el principio de reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural, el Estado ha optado por dar prevalencia a la protección de la comunidad indígena a la que pertenece el candidato a la exoneración, pues considera que cada miembro de la comunidad es importante para la construcción y preservación del pueblo indígena y que, obligar a que cualquiera de ellos se retire del ámbito comunitario, puede vulnerar los derechos a la supervivencia y libre determinación de la comunidad indígena a la que pertenece el candidato a la exoneración. La jurisprudencia en la materia se ha ocupado sobre la condición “indígena” predicable de los individuos que se someten a la definición de su situación militar, y ha señalado de forma enfática que son titulares de la exención a la prestación del servicio militar obligatorio los individuos que se auto reconozcan y sean reconocidos por su comunidad como poseedores de una identidad étnica diferenciada, sin importar el medio de prueba que se emplee para acreditarlo. Sin embargo, no ha abordado casos en los que se controvierta el reconocimiento del derecho a la identidad étnica de la comunidad a la que pertenece el indígena. Por lo tanto, esta Sala estima necesario estudiar los criterios que han permitido a la Corte identificar los sujetos colectivos del derecho al reconocimiento de la identidad étnica con el propósito de identificar luego su incidencia en la determinación de los titulares de la exoneración del servicio militar obligatorio. 2. El derecho de las comunidades indígenas al reconocimiento de la diversidad étnica. Situación de las comunidades en proceso de reetnización o reindianización. Las comunidades indígenas son sujetos del derecho a ser reconocidos en su diversidad étnica y cultural. 2.1 En virtud del reconocimiento constitucional de los principios de diversidad étnica y cultural, pluralismo y participación[24], la Corte ha entendido que no solo los indígenas considerados individualmente, sino también las comunidades de las que son parte, son titulares de derechos fundamentales[25]. Además, ha dicho que uno de los primeros derechos de los pueblos indígenas es el derecho a la identidad y al reconocimiento de la diversidad étnica. Para la Corte, varias razones explican la importancia del reconocimiento de la diversidad étnica de las comunidades. Para empezar, el reconocimiento de su diversidad exige adoptar medidas que impidan someter a las comunidades a una asimilación forzada o a la destrucción de su cultura[26]. Además, este acto hace parte del respeto por el derecho a la identidad étnica que es la “facultad de todo grupo indígena y de sus miembros, de formar parte de un determinado patrimonio cultural tangible o intangible, y de no ser forzado a pertenecer a uno diferente o a ser asimilado por uno distinto”[27]. Igualmente, el reconocimiento de la diversidad étnica está íntimamente relacionado con el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y al autogobierno pues el ejercicio de estos últimos incluye, entre otras cosas, la potestad de autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad. Conforme a ello, la Corte ha entendido que las comunidades indígenas ostentan el derecho a “i) ser reconocidas por el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia de identidad cultural diversa, y; ii) a que no se pueda negar arbitrariamente la identidad real de la comunidad y de sus miembros”[28]. Criterios que contribuyen a identificar las comunidades indígenas. 2.2 En algunos casos el reconocimiento de la identidad étnica diversa por parte de la Corte ha estado precedida de la determinación de criterios constitucionalmente válidos que permitan establecer el carácter “indígena” de una comunidad. En estos escenarios, la Corte ha decidido no adoptar una definición fija o estricta de la identidad étnica, para limitar el peligro de la injerencia estatal en el espacio constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que incluye su auto reconocimiento como indígenas. Con todo, teniendo en cuenta esta precaución, ha optado por acudir principalmente a los criterios interpretativos empleados en el sistema internacional de protección de los derechos humanos que le permitan establecer qué comunidades son sujeto de reconocimiento étnico y cultural. 2.3 El Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional de central importancia para el reconocimiento a nivel interno de los derechos de los pueblos indígenas, prevé en su artículo primero que su contenido se aplica a los pueblos indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Además, el Convenio 169 señala en el numeral dos del mismo artículo que “la conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”[29]. Igualmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”[30]. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que para el sistema regional de protección de derechos humanos, el “criterio de autoidentificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos”[31]. Y específicamente en cuanto a las comunidades indígenas, ha explicado que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la identificación de cada comunidad indígena ‘es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía’[32], por lo cual corresponde a la comunidad correspondiente identificar su propio nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos lo hagan o lo controviertan: ‘la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto-identifique’[33]”[34]. 2.4 Con base en lo anterior, en las sentencias T-703 de 2008 (M.P Manuel José Cepeda) y T-282 de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), esta Corte indicó que para efectos de establecer si un pueblo es indígena deben tomarse en consideración tanto elementos subjetivos como objetivos que permitan llegar a una conclusión en este sentido. Entre ellos se encuentra, “la voluntad de preservar o reconstruir costumbres ancestrales, el linaje ancestral, y el auto reconocimiento de los pueblos aborígenes como culturalmente diversos”[35]. Sobre este último punto sostuvo que “la identidad cultural es la conciencia que se tiene de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano al cual se pertenece y que tiene una cosmovisión distinta y específica”[36]. 2.5 Así las cosas, sintetizando los pronunciamientos hechos en el ámbito internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, una comunidad es susceptible de ser considerada como indígena, cuando satisface el criterio subjetivo de (i) auto reconocimiento como comunidad étnica y culturalmente diversa, y presente algunas de las siguientes características más o menos objetivas: (ii) el linaje ancestral, esto es, la descendencia de habitantes de la América precolombina; (iii) la conexión con un territorio, entendido este como el ámbito cultural en el que desarrolla su vida la comunidad y no solo con un espacio geográfico predeterminado; o (iv) la presencia de instituciones, costumbres y comportamientos colectivos distintivos y específicos. Por supuesto, los criterios mencionados no constituyen una lista taxativa que la autoridad judicial o administrativa deba verificar antes de proteger una comunidad indígena. Tampoco se trata de una lista que las comunidades indígenas “deban” cumplir a cabalidad. La Corte ha mencionado estos criterios de forma meramente enunciativa, de modo que a partir de la presencia de algunos o todos de ellos, pueda recaudarse información suficiente que lleve a la certeza en relación con la composición étnica de una comunidad. 2.6 La identificación de estos criterios objetivos y subjetivos de etnicidad involucra un proceso de diferenciación por parte de actores externos e internos de la comunidad que da lugar de forma simultánea a la autodesignación de la identidad étnica y a la heterodesignación de la misma. Por esto, es necesario considerar también las relaciones del grupo étnico con el conjunto de la sociedad, pues el reconocimiento que hace uno y otro sobre la identidad indígena de un determinado colectivo influye en la constitución de la misma. En palabras de Laurent, la etnicidad debe concebirse “a partir del equilibrio entre un conjunto fácilmente identificable –pero cambiante- de elementos objetivos y la subjetividad mediante la cual el grupo se percibe y reproduce, no sólo dentro de sus fronteras sino también frente a ellas”[37] (subrayas fuera del texto). 2.7 En esta lógica relacional, adquiere relevancia estudiar la presencia de marcadores objetivos y subjetivos de etnicidad desde la perspectiva de los pronunciamientos que sobre el carácter étnico de la comunidad hacen otras comunidades indígenas, las instituciones del Estado y los mismos miembros de la comunidad, sin que ellos, por sí solos, puedan convertirse en criterios determinantes para establecer si se está en presencia o no de una comunidad indígena. 2.8 Con todo, para la Corte, no puede colegirse que la prueba de estos marcadores objetivos, subjetivos y relacionales deban probarse mediante determinados documentos, a la manera del sistema de “tarifa legal”. Restringir los medios probatorios de estas características únicamente a las certificaciones que provengan del Estado, desconoce de forma absoluta la autonomía de los pueblos indígenas, la importancia que tiene el auto reconocimiento para la definición de su carácter étnico y los eventos en los cuales, por circunstancias ajenas a su voluntad, las comunidades indígenas no están en capacidad de satisfacer todos los criterios presentados anteriormente. 2.9 En este orden de ideas, debe la Corte precisar que el registro ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior tiene un alto valor probatorio, además de la importancia que tiene a nivel de las gestiones administrativas, pero no es el instrumento definitivo para establecer si una comunidad es titular del derecho al reconocimiento y respeto de su diversidad étnica y cultural. Para dirimir este asunto es necesario tener en cuenta la identidad indígena real de la comunidad, tomando en consideración los elementos subjetivos y objetivos que permiten llegar a tal conclusión. Además, es preciso que estos criterios sean interpretados bajo el respeto al principio de buena fe, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al debido proceso, y la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección. 2.10 Ahora bien, aunque el valor de los parámetros objetivos y subjetivos para identificar una comunidad indígena desde el punto de vista constitucional es innegable, casos como el que aborda en esta oportunidad la Sala, en los que por las características de la colectividad no pueden verificarse satisfactoriamente a través de los criterios mencionados, pero se acreditan otros elementos que hacen pensar razonablemente que se está ante una comunidad étnica, o al menos ante una comunidad que intenta reivindicar esta condición, cuestionan a la Corte sobre la suficiencia de los criterios objetivos y subjetivos de identificación. Específicamente, la Corte se pregunta si estas comunidades ubicadas en lo que se ha denominado “frontera étnica”, pueden ser amparadas por el principio de diversidad étnica y cultural, o si es constitucionalmente admisible que sean excluidas de la protección que reciben las comunidades indígenas. Las comunidades en proceso de reetnización o reindianización. 2.11 Las comunidades en proceso de “reindianización” o “reetnización”, son grupos que tienen procesos más o menos recientes de recuperación de su identidad étnica y, en esa medida, aunque en todos los casos satisfacen el criterio de auto reconocimiento como comunidad indígena (criterio subjetivo), o bien no realizan ni siquiera de forma mínima ninguno de los presupuestos objetivos, pues sus miembros no comparten una lengua, una forma de vestir, tradiciones religiosas o formas de solucionar los conflictos, etc.; o bien la presencia de estos elementos es aún objeto de amplias discusiones políticas entre las comunidades y el Estado, o las comunidades en proceso de reetnización y aquellas cuya identidad étnica se encuentra más consolidada. En la medida en que su propósito es construir una identidad individual y colectiva como indígenas es posible que, como resultado del paso del tiempo y de la movilización social y política, algunas de estas comunidades logren consolidar no solo la auto identificación de sus miembros como indígenas, sino la apropiación de territorios, la recuperación de la cultura, la lengua y otros marcadores objetivos que los identifiquen como indígenas. Pero también es posible que luego del proceso de reconstrucción de la identidad, la colectividad desaparezca o decida abandonar la pretensión de ser reconocida como una comunidad étnica. 2.12 De acuerdo con Chaves y Zambrano, “los procesos de reindianización pueden verse desde dos ángulos: (1) como el reverso deliberado de los procesos de desindianización; y (2) como la reconfiguración de la parte indígena de las identidades mestizas”[38]. En el primer caso, comunidades indígenas que se autodespojaron de su identidad en respuesta a presiones políticas, sociales o económicas externas, deciden empezar a revertir estos procesos, reivindicando las tierras en las que siempre han vivido, las prácticas cotidianas que mantienen, el autogobierno para todos aquellos que conocen una lengua étnicamente diferenciada, etc. Ejemplo de ello es el caso emblemático de los Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pueblo que pese a ser considerado totalmente asimilado a la cultura mayoritaria nacional por la academia[39], empezó un proceso social de recuperación de su cultura indígena, e hizo reclamos por su territorio y el derecho al autogobierno que lo han llevado a obtener el reconocimiento de la comunidad en la mayoría de las instancias estatales y comunitarias existentes. Sobre los Kankuamos, en la sentencia T-903 de 2009 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte indicó que “la decisión de una comunidad indígena, con un grado escaso de conservación de sus tradiciones, en el sentido de iniciar un proceso de recuperación cultural debe ser respetada, de la misma forma y en el mismo grado que la decisión de otra comunidad, con alta conservación de sus tradiciones, de incorporar formas sociales propias de la cultura mayoritaria”. 2.13 El segundo caso se circunscribe a procesos de etnogénesis, en los que un grupo trabaja por el reconocimiento de su diversidad cultural y étnica, no con base en la recuperación de elementos identitarios que quedaron prácticamente invisibilizados o suprimidos, pero de los que se conservan al menos vestigios, sino con fundamento en la apropiación actual de elementos étnicos propios de comunidades ancestrales –al menos aparentemente- extinguidas, con los que se construye alguna conexión por la vía de la ocupación del territorio, de la práctica de ritos religiosos, o de la incorporación de prácticas y costumbres tradicionales en la vida cotidiana[40]. En la medida en que la reindianización por esta vía constituye un proceso histórico y político, en este campo pueden hallarse comunidades recién formadas que parecen encontrarse más cerca del mestizaje propio de la sociedad mayoritaria, y otras que han logrado un reconocimiento étnico, decidido y pacífico de otras comunidades indígenas, del Estado y de otras instituciones, de suerte que su “condición indígena” ha quedado ya fuera de discusión. 2.14 Estos procesos de reetnización que ubican a las comunidades en una “frontera étnica”[41] es problemática a la hora de establecer si ellas están amparadas por el principio de diversidad étnica y cultural, y si deben ser consideradas titulares de los derechos de los pueblos indígenas. Pues si bien es claro que no pueden ser identificadas a partir de los criterios objetivos y subjetivos previstos usualmente, no es igualmente evidente que deban ser excluidas de la protección brindada a los pueblos indígenas. La decisión sobre este último punto plantea una tensión entre los deberes del Estado en la materia y el alcance de la diversidad étnica y cultural contemplada en la Constitución. De un lado, puede argumentarse que el Estado, como primer garante de los derechos fundamentales y administrador de los recursos públicos, debe ejercer un control estricto que permita garantizar que dichas comunidades realmente tengan como propósito reconfigurar su identidad como indígenas, pues ello limita el riesgo de que constituyan una colectividad que, sin ser diferenciable por su etnia o cultura, y sin encontrarse en las condiciones materiales de vulnerabilidad que justifican la protección reforzada de las comunidades, pretenda acceder a las prerrogativas que los indígenas tienen frente a la sociedad mayoritaria en virtud de una pretendida reivindicación étnica. En efecto, el Estado tiene el deber de asegurar el buen uso de los recursos públicos y, por ello, debe establecer mecanismos de verificación para que los recursos económicos que garantizan algunos de los derechos de las comunidades indígenas, las asignaciones del Sistema General de Participaciones[42] o la administración colectiva de un territorio, sean correctamente destinados. Pero los derechos de los pueblos indígenas no se agotan en lo económico. Por eso, también parece necesario evitar que las comunidades que no se diferencian por razones etnoculturales de la sociedad mayoritaria abusen del derecho, obteniendo a su favor los derechos al autogobierno, a la supervivencia cultural, a la educación, la salud propia, la administración propia de justicia, la participación política, y, en general, a la especial protección del Estado, sin tener las calidades necesarias para ello. Cabría señalar además que estos deberes constituyen una forma de proteger la diversidad étnica a la que se comprometió el Estado en el artículo 7 de la Constitución, pues la obligación de protección exige llevar a cabo acciones positivas que conduzcan a las comunidades indígenas a desarrollar libremente y sin perturbaciones su diversidad étnica y cultural, y que puedan ser reconocidas como indígenas sin obstáculos de ningún tipo. Siguiendo este argumento, una de la acciones para preservar la diversidad de las comunidades, y la legitimidad de su identificación como indígenas, sería precisamente evitar que bajo el nombre de las comunidades indígenas se incluyan otros grupos que aunque reivindiquen algunas diferencias en relación con la sociedad mayoritaria, no lo hagan en razón de ser una etnia distinta pues, ello llevaría a situaciones que contradicen el propósito de la Constitución, tales como la trivialización de los derechos de los indígenas o el fomento de los conflictos entre grupos indígenas por los recursos y derechos de sus pueblos. Del otro lado, sin embargo, se tiene que no son admisibles constitucionalmente los parámetros que plantean una definición fija o estática de la identidad étnica, porque la etnicidad es una “construcción cultural”[43] y, por lo tanto, no puede desconocerse que ella varía en función del desarrollo de los procesos al interior de cada comunidad, del momento histórico-social, e incluso de los avances de otras disciplinas tales como la sociología, la antropología y la historia. En la misma dirección, debe tenerse en cuenta que un ejercicio irrestricto de caracterización de lo que puede entenderse como “indígena” y de aquello que no, es una injerencia indebida del Estado en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues este derecho incluye la posibilidad de auto reconocerse como diverso y de que esa auto identificación tenga valor ante la sociedad y el Estado. El rígido establecimiento de criterios de identificación de las comunidades indígenas tiene el peligro de abrir paso a prácticas de diferencialismo negativo, que atenten contra el principio constitucional de pluralismo y reconocimiento de la diversidad étnica, así como contra el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. 2.15 Puestas así las cosas no parece posible que la Corte se incline hacia ninguno de los dos extremos. Si solo tomara en consideración la necesidad de proteger los recursos del Estado y evitar el ejercicio abusivo del derecho y de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, podría tender a negar el carácter indígena de las comunidades que apenas inician su proceso de auto y hetero identificación como indígenas, desconociendo que otras comunidades que ya tienen este reconocimiento han transitado vías muy similares. De otro lado, si pusiera su acento solo en la protección de la diversidad étnica podría terminar desdibujando esta institución, al punto de permitir la inclusión en ella de todo tipo de colectividades. 2.16 Por ello, partiendo del supuesto según el cual ningún principio es absoluto y su realización debe llevarse a cabo en la mayor medida de lo posible teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, y las normas que se le opongan[44], la Corte considera que frente a las dudas razonables en torno a la diferencia étnica de una colectividad que, aunque se auto identifica como indígena no responde a criterios objetivos de reconocimiento (pues no comparte una lengua común, un territorio, linaje ancestral, costumbres ancestrales, entre otros), o dice atenderlos, pero su satisfacción es objeto de múltiples controversias al interior de las comunidades, en la relación de estas con el Estado y con otras comunidades indígenas, debido a que es una comunidad en proceso de reetnización, el juez constitucional debe conceder la protección de la diversidad étnica y cultural de una comunidad que se auto identifica como tal, siempre y cuando verifique en el caso concreto: (i) que los miembros que pertenecen a la comunidad se auto reconocen como indígenas y pueden dar razones que sustentan esta auto identificación; (ii) que puede corroborarse que la comunidad está adelantando un proceso de reconstrucción étnica y no otro tipo de proceso organizativo, pues se observa que el trabajo comunitario se dirige principalmente a lograr la reconstrucción de la costumbres ancestrales, la lengua de la comunidad, y el reconocimiento por parte de otras comunidades indígenas, entre otras; esto es, que pueda concluirse que la comunidad trabaja por la recuperación o reapropiación de los elementos que conforman usualmente los criterios objetivos de identificación de las comunidades indígenas; (iii) que este proceso se realiza de buena fe, y sin la intención de apropiarse indebidamente de los recursos del Estado o de abusar de los derechos de los pueblos indígenas, y (iv) que, aun cuando los anteriores elementos estén presentes, la protección de otros principios constitucionales involucrados, o la aplicación de las reglas del derecho de la sociedad mayoritaria, no reviste una mayor importancia que la protección del proceso de reconstrucción étnica en el caso concreto. Teniendo en cuenta estos criterios, la Corte da prevalencia a la diversidad étnica y cultural, principio que constituye uno de los pilares del Estado colombiano, y concede valor a la auto identificación de un sujeto o una comunidad como indígena, al tiempo que garantiza la protección del erario y la justa adjudicación de los derechos de los que son titulares los pueblos indígenas, en el caso de aquellas comunidades que adelantan procesos culturales y organizativos tendientes a reivindicar su condición indígena frente a la sociedad mayoritaria. Ello no obsta para que si posteriormente se establece con claridad que la colectividad no constituye una comunidad indígena, el juez constitucional se abstenga de proteger sus derechos en tanto comunidad étnica diferenciada. 3. El caso en concreto. 3.1 Víctor Julio Tocarruncho fue citado a principios del año 2012 por la Primera Zona de Reclutamiento – Distrito Militar Número 7 de Tunja con el fin de inscribirse para definir su situación militar. Tocarruncho acudió a la cita programada y solicitó la exoneración del servicio militar obligatorio aduciendo que es miembro de la comunidad muisca chibcha de Cómbita, que a su turno hace parte del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Tchunza (Tunja). Sin embargo, su solicitud no fue resuelta pues, antes de tomar una decisión, los funcionarios de la Primera Zona de Reclutamiento le pidieron aportar la certificación del registro de la comunidad ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Como se prob...