Sentencia T-777 de 2008

T-777-08 MAGISTRADOS CONSEJO Sentencia T-777/08 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/VIA DE HECHO-Procedencia excepcional de tutela ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Sometimiento al imperio de la ley JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante FUNCION UNIFICADORA DEL TRIBUNAL-En casos que carecen de casación CORTE CONSTITUCIONAL-Unificación en la interpretación legal cuando ésta implique aspecto de derechos fundamentales PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL O VERTICAL-Elementos básicos PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Importancia de la aplicación del precedente para definir una situación jurídica PARTIDA PRESUPUESTAL-Apropiación para pago de cesantías parciales VIA DE HECHO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES DE UNA SENTENCIA CON EFECTO ERGA OMNES La Sala Plena de esta Corporación, al ejercer el control abstracto de constitucionalidad sobre el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, había establecido que era inadmisible, desde la óptica de los preceptos superiores, el condicionamiento que allí se contemplaba -justamente el de la existencia de disponibilidad presupuestal para efecto del reconocimiento, toda vez que desconocía el derecho de los trabajadores. Se trata de una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, por tanto, la aludida exigencia no puede hacerse en ningún caso para el reconocimiento de cesantías, aunque se encuentre plasmada en normas legales o en actos administrativos que hayan reproducido el mandato declarado inexequible. En tales eventos procede su inaplicación, con arreglo al artículo 4 de la Carta Política. AUXILIO DE CESANTIA-Prerrogativa laboral según la doctrina constitucional El auxilio de cesantía, es una prerrogativa laboral, que se articula como una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador, y originariamente se consagró como eventual remedio frente a la pérdida del empleo. Se trata sin duda, de una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y trabajador, estableciéndose un mecanismo que busca, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda CESANTIAS-Oportunidad y pago de lo debido Las cesantías deben pagarse completa y oportunamente a los trabajadores, so pena de violar sus derechos fundamentales. Ha considerado la Corte que según la doctrina constitucional, la creación y aplicación de las normas que versan sobre materias laborales -entre ellas las obligaciones prestacionales-, exigen de los funcionarios competentes especial celo pues, en lo referente a las prerrogativas reconocidas por el sistema jurídico a los trabajadores, y bajo la perspectiva del Estado Social de Derecho, tanto el legislador como la autoridad administrativa carecen de atribuciones que impliquen la consagración de normas o la adopción de procedimientos contrarios a las garantías mínimas que la Constitución ha plasmado con el objeto de brindar especial protección a las relaciones laborales AUXILIO DE CESANTIA-Entidad jurídica y económica CESANTIAS PARCIALES-Reconocimiento no sujeto a disponibilidad presupuestal COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Utilización equivocada de sentencia en materia de cesantías por parte de los operadores jurídicos y por los jueces de la República para vulnerar los derechos de los trabajadores que con un titulo ejecutivo debidamente conformado acuden a los estrados a deprecar justicia VIA DE HECHO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-En caso de duda por existir dos o más fuentes formales de derecho aplicables a una situación laboral deberá preferirse la que favorezca al trabajador Referencia: expediente T- 1.763071 Accionante: Gladys Jovita Pino Guzmán Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil ocho (2008). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos proferidos por las Salas de Casación Laboral y Penal respectivamente, dentro de la acción de Tutela instaurada por GLADYS JOVITA PINO contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán , Sala Civil- Laboral. I. ANTECEDENTES La señora GLADYS JOVITA PINO, actuando a través de apoderado formuló acción de tutela contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán- Sala Civil- Laboral, alegando vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Los fundamentos de la demanda son los siguientes: 1. La accionante es docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y con el fin de adquirir vivienda propia, solicitó el cuatro (4) de agosto de 2.003, el reconocimiento y pago de su cesantía parcial por los servicios prestados entre el 11 de marzo de 1974 y el 30 de marzo de 2.003. Mediante Resolución No. 095 del 8 de febrero de 2.005 le fue ordenado el reconocimiento y pago de la prestación solicitada. La Resolución de reconocimiento de las cesantías parciales, en uno de sus apartes dispuso lo siguiente: “ Que el Fondo Nacional de Prestaciones no cuenta con los recursos suficientes para el pago de todas las cesantías parciales que se encuentran en trámite. Que por lo anterior, el pago solamente podrá realizarse cuando exista disponibilidad presupuestal para el efecto, tal como lo señala el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, el cual establece: ‘Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio de que en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de las solicitudes y los reconocimientos y pagos cuando existan.’ (sentencia C-428 de 97 de la Corte Constitucional). 2. Ante la mora prolongada en el pago de la cesantía reconocida, la accionante instauró demanda ejecutiva, cuyo trámite correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán. 3. El 30 de agosto de 2.006 se presentó solicitud al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, para que librara el correspondiente mandamiento de pago, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1071 de 31 de julio de 2006. 4. El 12 de septiembre de 2006 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, mediante auto No. 0095 libra el correspondiente mandamiento de pago por encontrar reunidos los requisitos que permiten deprecar tal solicitud. 5. Señala la peticionaria, que para su extrañeza, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, contrariando los precedentes judiciales existentes, mediante auto interlocutorio No. 201 de veinte (20) de febrero de 2.007, resolvió dejar sin efecto el auto 0095 de 2006, por cuanto el pago de las cesantías de la accionante se había condicionado a la disponibilidad presupuestal respectiva. En la medida en que no estaba acreditada la existencia de tal rubro, no podía continuarse con el proceso ejecutivo. 6. Contra el auto interlocutorio de fecha veinte (20) de febrero de 2007, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Mediante auto de fecha primero de febrero de 2007, la señora Juez Tercero Laboral del Circuito de Popayán, negó la reposición solicitada, y concedió la apelación del auto recurrido, el cual correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán. 7. El Tribunal Superior de Popayán- Sala Civil- Familia - Laboral, mediante proveído de 27 de junio de 2007, al resolver el recurso de apelación interpuesto como subsidiario, decide confirmar el auto recurrido, con idénticos argumentos a los expuestos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán. Considera la accionante que el Tribunal incurrió en una vía de hecho al desconocer sus propios precedentes, puesto que en ocasiones anteriores, de las que da cuenta y anexa los fallos, el Tribunal en esa misma Sala, había considerado que era viable librar mandamiento de pago en los casos en los que se ejecutaba a la Nación por una prestación social no pagada en tiempo. Igualmente considera que el fallo del Tribunal se revela abiertamente contra los mandatos de la Ley 1071 de 31 de julio de 2.006 que en su articulo 5 dispone que las cesantías deben pagarse en un plazo de 45 días y en caso contrario, la entidad cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. Sostiene la demandante, que los jueces incurrieron en una vía de hecho por cuanto decidieron seguir aplicando una ley que no le favorece y dejaron de aplicar la Ley 1071 de 2006, vigente para la época y que a su juicio, deroga el artículo 14 de la Ley 344 de 1996. Solicita en consecuencia, que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso judicial y a la igualdad, procediendo a declarar la nulidad de las siguientes decisiones proferidas dentro del PROCESO EJECUTIVO instaurado por GLADYS JOVITA PINO GUZMAN contra LA NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a saber: 1- Auto interlocutorio de fecha febrero veinte (20) de 2.007 Proferido por el Juzgado Tercero Laboral de Popayán, mediante el cual deja sin efecto el mandamiento de pago librado y todas las actuaciones subsiguientes. 2- Providencia de fecha junio veintisiete (27) de 2.007, proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán- Sala Civil-Familia –Laboral y que se disponga en consecuencia, la continuidad del proceso ejecutivo. II. PRUEBAS RELEVANTES EN EL EXPEDIENTE 1. Se allegó al expediente, el poder conferido al señor Konrad Sotelo Muñoz, apoderado de la accionante, folio 1. 2. La totalidad del expediente contentivo del proceso ejecutivo laboral adelantado por GLADYS JOVITA PINO GUZMAN contra la NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuadernos 2 y 3 del expediente. 3. Las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Popayán en casos similares al de la accionante, folios 12 a 65 del expediente. III. DECISIÓN QUE SE REVISAN 3.1 Sentencia de Primera Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consideró que las decisiones cuestionadas eran razonables y ajustadas a derecho, como quiera que se consultó el ordenamiento legal vigente y el acervo probatorio válidamente allegado a la actuación. Por tal circunstancia no se advierte un actuar caprichoso por parte de las instancias judiciales enjuiciadas. 3.2 Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirma el proveído anterior, luego de señalar que reiteradamente esa Sala ha sostenido que la inconformidad de los accionantes respecto de la interpretación de la ley hecha por funcionarios judiciales, debe plantearse en los escenarios que le son propios y no ante el juez constitucional, que no constituye una instancia adicional de la justicia ordinaria. “Si se admitiera que el juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites o de los supuestos desaciertos en la interpretación de las normas jurídicas de los funcionarios de instancia, no sólo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios...” ,. concluyó el fallo”. IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales referidas. 2. Problema jurídico. El presente asunto versa sobre la acción de tutela promovida en contra de las sentencias emitidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de la misma ciudad en su SALA CIVIL - LABORAL, que decidieron no seguir adelante un proceso ejecutivo laboral que pretendía el cobro de cesantías parciales. En los fallos objeto de tutela, se adujo que existía en la resolución de reconocimiento de las cesantías parciales, una condición suspensiva, relativa a la existencia de disponibilidad presupuestal, que impedía el pago de las mismas y que convertía el título en no exigible. La accionante señala que existió violación a su derecho a la igualdad, por cuanto el Tribunal de Popayán mantenía otra jurisprudencia al interior de su Sala Civil- Laboral y en esta ocasión no se aplicaron los mismos criterios. Igualmente estima que se configuraron varias vías de hecho, al interpretar equivocadamente algunos fallos de la Corte Constitucional y al ignorar para su caso, la aplicación de una ley que le resultaba más favorable. Debe resolver la Sala, si el desconocimiento de los precedente horizontales y del principio de favorabilidad en la aplicación de la ley laboral, constituyen una vía de hecho y un desconocimiento de las garantías propias del debido proceso. 3. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través de la acción de tutela es de alcance excepcional y restringido y se predica sólo de aquellos eventos en los que pueda establecerse una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, en las condiciones señaladas, encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales. De igual manera, ha explicado la Corte que su carácter excepcional y restrictivo se justifica en razón a los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos.[1] En los términos descritos, esta Corporación, tanto en fallos de constitucionalidad como de tutela, ha venido construyendo una nutrida doctrina en torno a los eventos y condiciones en las cuales procede la tutela contra providencias judiciales. En una labor de sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, precisando que los primeros son los presupuestos cuyo cumplimiento es condición para que el juez pueda entrar a examinar si en el caso concreto está presente una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el citado fallo, este Tribunal se refirió a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales de la siguiente manera: “24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[2]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[3]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir. que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[4]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[5]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. En relación con los requisitos especiales de procedibilidad, la Corte en la referida sentencia, expresó: “... para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[7] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[8] i. Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” Encuentra la Corte que en el presente caso pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia. Las razones son las siguientes: a. Relevancia constitucional de la cuestión discutida. El asunto que se decide en este caso posee innegable relevancia constitucional por cuanto se discute la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en relación con el trámite surtido a una prestación social en un proceso ejecutivo laboral. b. En cuanto con el agotamiento de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa, se advierte que la accionante presentó todos los recursos pertinentes dentro del proceso ejecutivo que culminó con la revocatoria del mandamiento de pago. c. Respecto al requisito de inmediatez, es claro que al momento de interponer la tutela había transcurrido tan sólo un mes desde la última providencia que resolvía el recurso de reposición interpuesto contra la negativa del mandamiento de pago. Existe por consiguiente, un plazo razonable entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la instauración de la acción de tutela. d. Que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que dieron lugar a la vulneración y los derechos fundamentales vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. Exigencia que se satisface en este caso, puesto que la accionante ha identificado de manera clara tanto los derechos fundamentales que considera violados, como los hechos que, en su sentir, han dado lugar a tal vulneración. e. Por último, no se pretende controvertir por esta vía una sentencia de tutela, frente a la cual este mecanismo resulta improcedente. Constata así la Sala, que concurren los presupuestos generales que conforme a su jurisprudencia la habilitan para ingresar en el estudio de una tutela que controvierte decisiones judiciales. Ahora bien, atendiendo a su especial pertinencia para el problema que se debate, a continuación se hará un recuento de la doctrina constitucional relacionada con la hipótesis de defecto sustantivo, y específicamente en la vertiente de vía de hecho por interpretación judicial, para luego analizar, el carácter vinculante de la jurisprudencia. 4. La existencia de un “defecto material o sustantivo”. La Corte ha señalado que una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos: a. “Cuando se aplica una norma inaplicable a las circunstancias fácticas del asunto”. En reiterados pronunciamientos, la Corte ha señalado que tal situación tiene lugar cuando la norma aplicada: “(i) ha sido derogada y no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) porque resulte claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; (iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional; (iv) porque ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, o (v) porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[9]. b. “Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador”. c. “Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente[10] (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[11] (irrazonable o desproporcionada)”. d. “Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”[12] Dentro de este contexto, la Corte ha sostenido que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, a la ocurrencia de una vía de hecho. El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De hecho, ha enfatizado esta Corporación “las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho.”[13] Señaló el mismo fallo[14], que la autonomía e independencia judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas jurídicas, no es absoluta, pues existen límites claros en la propia institucionalidad y en el orden jurídico. En consecuencia, “la función judicial, analizada desde la perspectiva del conjunto de atribuciones y potestades reconocidas por la ley a los órganos encargados de administrar justicia, tiene necesariamente que desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a los coasociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y de procurar hacer efectivo el propósito Superior de asegurar un orden político, económico y social justo”[15]. En este sentido, los mandatos contenidos en los artículos 228 y 230 del Estatuto Superior, en los que se dispone que la administración de justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, deben ser armonizados y conciliados con el artículo 1° de la Carta que propugna por la promoción y protección de la dignidad humana, con el artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la obligación de garantizar los derechos, deberes y libertades de todas las personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 Superior que consagra, entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la igualdad frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades públicas. En la sentencia C-836 de 2001, la Corte precisó al respecto que: “La función judicial, y por lo tanto, también las atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente para cumplirla deben entenderse enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta. Si bien la Constitución debe considerarse como una unidad de regulación, está compuesta por una parte dogmática, que comprende los valores, principios y derechos fundamentales, y por una parte orgánica en la cual se establecen, entre otras, la estructura fundamental del Estado y las atribuciones y potestades básicas otorgadas a los órganos y autoridades estatales para permitirles cumplir con sus funciones. En la parte dogmática de la Constitución, a su vez, se encuentra el artículo 2º, que establece que el Estado está estructurado para cumplir determinadas finalidades y que sus autoridades –entre ellas las que componen la jurisdicción ordinaria- están instituidas para proteger los derechos, deberes y libertades de las personas residentes en Colombia. “...” “La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley.” (Sentencia C-836/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil). Así, es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. “La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política”[16]. Sobre este particular, sostuvo la Corporación en oportunidad anterior: “Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales (Cfr., por ejemplo, la Sentencia T-765 del 9 de diciembre de 1998). (Sentencia T-001/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Específicamente en el ámbito de los conflictos de trabajo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. “En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley.”[17] En la Sentencia antes citada, se dijo sobre el tema lo siguiente: “Pero además, la regla general -prohijada por esta Corte-, que rechaza como improcedente la tutela cuando se trata de controvertir interpretaciones judiciales acogidas por el juez en detrimento de otras igualmente válidas, admite, por expreso mandato constitucional, la excepción que surge del artículo 53 de la Constitución. En la indicada norma el Constituyente consagró derechos mínimos de los trabajadores, es decir, derechos inalienables, que no pueden disminuirse, renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos; que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos. Entre tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución entiende como "...situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...". Siendo la ley una de esas fuentes, su interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma -la duda-, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez. Allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.” (Sentencia T-001/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Y en decisión posterior, reiteró la Corte: “...el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos.” (Sentencia T-800/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz). Así las cosas, constituye un acto arbitrario del juez desbordar las restricciones constitucionales a su actividad interpretativa y con ello poner en peligro o violar derechos constitucionales. 5. El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional. El tema del carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional, se aborda en esta ocasión debido a que uno de los cargos que se hace a las sentencias enjuiciadas es el de ignorar los precedentes sentados por el Tribunal Superior de Popayán en su Sala Civil Laboral en punto al carácter ejecutivo de un título que contiene el cobro de una prestación social. El asunto ha estado desarrollado por la Corte Constitucional en varias ocasiones, en las que se ha indicado en primer lugar, que la actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, y ello implica que al funcionario corresponde determinar en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener y tienen comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivan de ella, por esta razón, efectos distintos. Frente a esta situación, que además es entendida “como correlato necesario de la autonomía judicial, el sistema jurídico ha previsto la figura del precedente, bajo el supuesto de que la independencia interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios para la interpretación del derecho”.[18] La Corte ha dispuesto que con el fin de garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados en sus decisiones por la norma jurisprudencial que para el caso concreto ha dictado el órgano unificador[19]. Para la mayoría de asuntos, la interpretación que deben seguir los funcionarios judiciales es determinada por la Corte Suprema de Justicia. En los asuntos que no son susceptibles de casación, quienes se encargan de dictar la pauta hermenéutica en materia judicial son los Tribunales Superiores de Distrito. El tema que se analiza ha sido ya estudiado por la Corte a partir de dos interrogantes: el primero indaga sobre cuál es el órgano encargado de unificar la jurisprudencia de los Tribunales si no hay relación jerárquica entre ellos y el segundo, se pregunta cómo opera la figura del precedente para las diferentes Salas de un mismo Tribunal de Distrito. 1. Al primer interrogante se ha dado la siguiente respuesta: si el asunto que se ventila es susceptible de casación y el órgano que ocupa el punto más alto en la jurisdicción ordinaria ya se ha pronunciado al respecto, el juez debe aplicar la subregla sentada jurisprudencialmente. En estos casos la autonomía judicial se restringe de manera radical, y por ello, el operador jurídico, sólo podrá apartarse del precedente si demuestra que los supuestos de hecho son radicalmente diferentes a los que regula la norma jurisprudencial[20]. Así lo expuso la Corte: “Ahora bien, este sometimiento a las decisiones de los altos tribunales, salvo en materia constitucional cuya doctrina es obligatoria[21], no puede entenderse de manera absoluta, pues con ello se anularía por completo el principio de autonomía judicial y, además, la jurisprudencia se tornaría inflexible frente a los cambios sociales. De ahí que sea imperioso admitir, que en los eventos en que el precedente sea aplicable para solucionar el caso, el juez está autorizado, mediando una debida y suficiente justificación, para apartarse de la posición del órgano superior, cuando existan elementos de juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica”.[22] Si el proceso no tiene casación, el análisis a realizar es diferente. Los asuntos que no son susceptibles de casación, carecerían de una instancia que unifique los criterios de conformidad con los cuales debe interpretarse la normatividad. Es entendido entonces, que los tribunales superiores son la cúspide de los diversos distritos judiciales y que, en consecuencia, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían entonces ellos los encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos, fijando para ello criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las amplias áreas del derecho que por diversas razones no son susceptibles de unificación vía casación, la función unificadora, como condición necesaria para salvaguardar el derecho constitucional a la igualdad, deber ser asumida funcionalmente por estos entes. ¿Qué ocurre, entonces, cuando los diversos tribunales de distrito asumen posturas hermenéuticas contrapuestas frente a situaciones que implican un serio compromiso de derechos fundamentales de los ciudadanos? Compete en estos supuestos al Juez Constitucional analizar, a la luz de la Carta Política, si las interpretaciones atacadas vulneran derechos fundamentales de las partes en el proceso de tutela. Es decir, si los peticionarios alegan que la posición hermenéutica de un operador judicial respecto de una disposición normativa, es manifiestamente contraria o restrictiva de sus derechos fundamentales, corresponde al juez de tutela determinar si una o más interpretaciones vulneran garantías básicas en el caso concreto. En este sentido será la interpretación que esté más acorde con la Norma Fundamental la que debe ser adoptada y aplicada por los funcionarios judiciales. 2. En relación con la segunda pregunta, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las diferentas salas de los tribunales están atadas a sus decisiones anteriores[23]. En consecuencia, si pretenden apartarse de sus precedentes deben probar al menos que (i) la Subregla sentada en los casos anteriores no es aplicable al supuesto bajo estudio o (ii) que va a apartarse de la ratio decidendi, lo cual requiere una justificación adecuada y suficiente de las razones por las cuales no va a aplicar el precedente[24]. Dijo la Corte sobre el punto: “Para efectos de separarse del precedente por revisión son necesarios dos elementos. De una parte referirse al precedente anterior y, por otra, ofrecer un argumento suficiente para el abandono o cambio. El primer requisito es respuesta al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia. El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen. A partir de la referencia al precedente anterior, es posible entrar a ofrecer argumentos suficientes que justifiquen su abandono o revisión. No se trata, en este orden de ideas, simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta indispensable demostrar que los argumentos que soportan el precedente no son válidos, suficientes, correctos, etc. El juez tiene la obligación de motivar sus decisiones. Ello implica el justificar su postura frente a otras consideraciones que han sido base de decisiones anteriores. Sólo este proceso permite superar la barrera que el derecho a la igualdad impone en la aplicación e interpretación del derecho. Sin dichas razones, el cambio de jurisprudencia será simplemente la introducción de un acto discriminatorio, incompatible con la Constitución. En el fundamento 10 b) de esa sentencia se han presentado razones que hacen válido y admisible el cambio o separación del precedente”[25] En suma, prima facie, los funcionarios judiciales están vinculados por la obligación de aplicar el precedente sentado por los órganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentación más estricta. Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan. Igual consideración es extensible al precedente sentado al interior de los Tribunales por sus diferentes Salas de Decisión. No ocurre lo mismo cuando la discrepancia se presenta entre los Tribunales como órgano unificador de determinados asuntos en sus distritos judiciales. Si respecto de casos iguales en lo relevante los diversos Tribunales dictan providencias contradictorias no es posible acudir al criterio de precedente horizontal, por cuanto no hay relación jerárquica entre ellos. En el caso bajo estudio uno de los cargos planteados por la demandante señala que la vulneración de derechos fundamentales se originó en el desconocimiento por parte del Tribunal de Popayán de sus propios precedentes, lo que será analizado en el caso concreto. 6. Caso concreto. 6.1 Los hechos que motivaron la presente tutela son en síntesis los siguientes: La señora Gladys Jovita Pino, presentó demanda ejecutiva laboral contra la Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el pago de sus cesantías parciales y los correspondientes intereses de mora. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, en auto de 12 de septiembre de 2006, libró el correspondiente mandamiento de pago. Sin embargo, el 20 de febrero de 2007, la misma autoridad judicial dejó sin efecto el auto admisorio de la demanda y negó el mandamiento de pago al advertir que el acto administrativo por el cual se reconocían las cesantías a la accionante, señalaba que “el pago se realizará cuando le corresponda turno y exista disponibilidad”. Consideró el Juzgado que la obligación no era exigible, toda vez que era necesario generar la apropiación presupuestal. Textualmente la providencia sostuvo: “1) Dejar sin efectos el auto de fecha doce (12) de septiembre de 2006 por medio del cual se libró mandamiento de pago y las demás providencias que se hayan librado dentro del proceso de la referencia... . 2) NEGAR mandamiento de pago adelantado por GLADYS JOVITA PINO GUZMAN contra LA NACION - J.;MINISTERIO DE EDUCACION.- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído-. “Revisada una vez más la presente demanda, encuentra el Despacho que el documento que obra como base de recaudo ejecutivo que a la letra dice: ‘… f ) El pago se realizará cuando le corresponda turno y exista la disponibilidad presupuestal, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa contiene una obligación sujeta a un plazo o a una condición por tanto la obligación no es exigible a la fecha, toda vez que se debe generar la apropiación presupuestal para hacer efectivo el cobro de los dineros adeudados, así como para liquidar los respectivos intereses sobre el capital reconocido y no pagado. Con los argumentos anteriormente expuestos se deja en claro que existe un documento contentivo de una obligación pero que está sujeto a condición que lo hace inexigible sin la constancia de expedición de la apropiación presupuestal para hacer efectivo el pago de la prestación social mencionada’.” La accionante impugnó tal decisión, y el proceso se remitió al Tribunal de Popayán quien confirmó la decisión del Juzgado, con fundamento en los siguientes argumentos: “En el asunto bajo estudio, sin lugar a dudas el cumplimiento de la obligación contenida en la resolución presentada como base de cobro compulsivo, depende de la existencia de la disponibilidad presupuesta! de la ejecutada, por lo que luce claro el condicionamiento de la misma para el pago de la suma de dinero que aquella comprende, que a la vez implica un hecho futuro e incierto que impide la exigencia del pago por vía ejecutiva. Dicho condicionamiento no es caprichoso. ni depende de la discrecionalidad del deudor puesto que ello obedece al cumplimiento del mandato de orden legal que se cita en la parte considerativa. como es la preceptiva contenida en el articulo 14 de la Ley 344 de 1996 que establece: "Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, solo podrán pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para el efecto, sin perjuicio de que en los presupuestos públicos anuales se incluyan apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de las solicitudes y los reconocimientos y pagos cuando existan-. Es notorio que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al expedir la Resolución que se presenta corno titulo ejecutivo, no hizo cosa diferente que cumplir a plenitud el mandato contenido en la citada norma en cuanto la cesantía parcial solo podrá pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para el efecto”. Considera la peticionaria que se incurrió en una vía de hecho, en donde las instancias comprometidas desconocieron los precedentes judiciales sobre la materia, las leyes vigentes sobre cesantías, y una sentencia de la Corte Constitucional a la que dieron un alcance equivocado. Las sentencias objeto de revisión, dictadas por las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, sostuvieron que la tutela no era procedente porque (i) el razonamiento de los funcionarios judiciales no puede controvertirse por medio de la tutela; (ii) las decisiones cuestionadas son razonables y ajustadas a derecho y (iii) las providencias atacadas consultaron válidamente el acervo probatorio para adoptar el respectivo fallo. Estima la Sala que en este caso, la sentencia demandada incurrió en dos de las causales que hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, (i) en un defecto sustantivo por interpretación judicial, al desconocerse la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes y hacerse una interpretación no favorable a los derechos fundamentales de la trabajadora, y (ii) en la causal de desconocimiento del precedente[26] en tanto, el Tribunal de Popayán no siguió sus propios precedentes y no justificó el cambio de jurisprudencia en torno a los procesos ejecutivos seguidos contra el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Se analizan a continuación las dos circunstancias. 6.2 Vía de hecho por desconocerse los alcances de una sentencia con efectos erga omnes Como se anotó en los antecedentes de este fallo, la sentencias enjuiciadas sostuvieron que la Resolución de reconocimiento de las cesantías parciales a la accionante, contenía una condición que impedía el pago de las mismas por la vía ejecutiva. Como soporte de tal afirmación, citaron el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, y la sentencia de la Corte Constitucional que declaró su inexequibilidad en algunos apartes. Las sentencias señaladas como vías de hecho en este caso, tuvieron como base para sus decisiones, el contenido de la sentencia C- 428 de 1997, de donde infieren que la Corte Constitucional ha introducido una limitante al pago de las cesantías parciales, permitiendo la mora de la administración en la cancelación de las mismas. Al respecto, las siguientes consideraciones : Según la doctrina constitucional el auxilio de cesantía, es una prerrogativa laboral, que se articula como una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador, y originariamente se consagró como eventual remedio frente a la pérdida del empleo. Se trata sin duda, de una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y trabajador, estableciéndose un mecanismo que busca, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda. “La clara relación que existe entre la estructura formal y la función social que cumplen las cesantías no aminora su naturaleza obligatoria. Son verdaderas obligaciones de derecho que tienen una vocación solidaria que fortalece el vínculo jurídico existente entre dos partes y que refuerza su necesidad de cumplimiento.”[27] Como notas distintivas de ese tipo de prestación social, se precisaron tanto su cantidad, es decir que deben ser proporcionadas al tiempo de servicio prestado como su oportunidad. En ello, dijo este Tribunal, “hay una razón de elemental buen sentido, pues si se reconoce en las cesantías un eficaz instrumento para atender a ciertas necesidades de los trabajadores, lo menos que se puede esperar de esta ayuda es que llegue en el momento oportuno y en la cantidad debida”.[28] En esa misma línea, la Corte ha reconocido en innumerables ocasiones,[29] que las cesantías deben pagarse completa y oportunamente a los trabajadores , so pena de violar sus derechos fundamentales. Ha considerado la Corte que según la doctrina constitucional, la creación y aplicación de las normas que versan sobre materias laborales -entre ellas las obligaciones prestacionales-, exigen de los funcionarios competentes especial celo pues, en lo referente a las prerrogativas reconocidas por el sistema jurídico a los trabajadores, y bajo la perspectiva del Estado Social de Derecho, tanto el legislador como la autoridad administrativa carecen de atribuciones que impliquen la consagración de normas o la adopción de procedimientos contrarios a las garantías mínimas que la Constitución ha plasmado con el objeto de brindar especial protección a las relaciones laborales[30]. Se trata de un verdadero derecho económico que no puede ser desconocido por el empleador o por la autoridad estatal, sin vulnerar derechos fundamentales, pues constituye el ahorro hecho por el trabajador durante el lapso laborado, y se incrementa con el transcurso del tiempo[31]. Igualmente se ha sostenido que no es justificable “que con el pretexto de dar aplicación a normas legales vigentes, las autoridades administrativas puedan desmejorar o menoscabar la libertad, la dignidad humana, la igualdad o la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades las necesidades y expectativas de los trabajadores y esperar de ellas pronta resolución, porque esas autoridades no pueden procurar el interés general sacrificando los derechos fundamentales de las personas, sin violar, al menos, los artículos 2 y 5 de la Carta Política, y porque "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las dispocisiones constitucionales" (C.P. art. 4). El conjunto de obligaciones que se originan en la relación de trabajo -y fundamentalmente las prestaciones sociales-, han de ser proporcionadas al tiempo de servicio prestado, oportunamente canceladas, y reconocidas de la misma forma a todas las personas que cumplan con los requisitos consagrados en la ley, sin que haya lugar a discriminación o tratamiento diferenciado”[32]. En relación especialmente con el pago de las cesantías parciales, la Corte ha sostenido: “Es indudable que el cumplimiento de las obligaciones depende en buena medida de la existencia de los recursos que le permitan al deudor ponerse al día en sus acreencias. Esta es una realidad que tiene igual vigencia en el ámbito de los particulares como en la vida estatal. En los casos en los que no se cuenta con medios suficientes para responder por los compromisos adquiridos, el ordenamiento jurídico establece mecanismos de solución ante situaciones de crisis económica en los que, siguiendo los principios de consensualidad, proporcionalidad, prelación de pagos y respeto por las necesidades de cada parte, se puede llegar a una solución que respete las expectativas del acreedor y del deudor.Resulta entonces injustificado que en estas situaciones extremas, nacidas de la imposibilidad de cumplir con la obligación adquirida, una de las partes se atribuya la posibilidad de modificar unilateralmente la forma y el momento para dar cumplimiento a una deuda. Permitirlo no es otra cosa que aprobar el desconocimiento de los derechos ajenos, y quebrantar uno de los fundamentos sobre los que se construyen las relaciones jurídicas.”[33] Así, pues, a la luz de la jurisprudencia vigente, resulta claro que todo trabajador tiene derecho a su cesantía y que tal derecho, en su consolidación, depende del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley y aplicados en su caso, sin que al respecto importe la disponibilidad actual de recursos o presupuesto por parte del ente obligado a su pago. Si el derecho se consolida objetivamente en cabeza de una persona, la entidad respectiva no tiene opción distinta de reconocerlo. Otra cosa es, ciertamente, el momento y la oportunidad del pago. La Sala Plena de esta Corporación, al ejercer el control abstracto de constitucionalidad sobre el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, había establecido que era inadmisible, desde la óptica de los preceptos superiores, el condicionamiento que allí se contemplaba -justamente el de la existencia de disponibilidad presupuestal para efecto del reconocimiento, toda vez que desconocía el derecho de los trabajadores. Se trata de una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, por tanto, la aludida exigencia no puede hacerse en ningún caso para el reconocimiento de cesantías, aunque se encuentre plasmada en normas legales o en actos administrativos que hayan reproducido el mandato declarado inexequible. En tales eventos procede su inaplicación, con arreglo al artículo 4 de la Carta Política. Dijo así la Corte: “En efecto, aun habiendo reconocido una cesantía parcial o un anticipo de cesantía, y siendo claro que el trabajador tiene derecho a su pago, éste no puede producirse de manera inmediata si en el presupuesto de la respectiva vigencia no ha sido prevista la apropiación presupuestal que permita a la administración disponer de los fondos correspondientes. De manera que esta exigencia legal encuentra sustento en la Carta Política. “No ocurre lo mismo con el reconocimiento y liquidación de las cesantías parciales, que no pueden negarse al trabajador so pretexto de no existir partida presupuestal, ni supeditarse a ella, pues son actos que apenas hacen explícita una obligación ya existente en cabeza del organismo estatal y, lo más importante, el correlativo derecho del trabajador solicitante, quien según las normas jurídicas en vigor, si se somete a esos requisitos, puede pedir que se le reconozcan y liquiden las sumas que por tal concepto le es posible retirar. “Por ese motivo, esta Corporación, en Sala de tutela, por Sentencia T-228 del 13 de mayo de 1997, inaplicó las aludidas expresiones a casos concretos, dada su ostensible oposición a los artículos 53 y 345 de la Constitución Política” (Sentencia C-428 de 1997). De lo anterior se concluye que: (i) la sentencia C-428 de 1997, declaró inexequibles las expresiones “reconocerse, liquidarse y”, del artículo 14 de la Ley 344 de 1996 (ii) recordó los mandatos constitucionales sobre la necesidad de partida presupuestal disponible para todo gasto público, por ello no se pueden pagar las cesantías sin una disponibilidad previa; (iii) hizo suyas las consideraciones de sentencias anteriores en donde se sostuvo que una vez liquidada una cesantía parcial, lo normal sería que se le entregara al empleado, toda vez que él cuenta con ella para atender a las necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. Lo anterior, porque “el retardo de la administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida de la oportunidad de utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de contratar créditos mi...