Sentencia T-769 de 2008

T-769-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-769/08 ACCION DE TUTELA-Mecanismo subsidiario ACCION DE TUTELA-Inmediatez ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustancial o material ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico REAJUSTE DE PENSIONES-No discriminación DERECHO AL REAJUSTE PENSIONAL-El ordenado por el artículo 143 de la ley 10 de 1993 no significa pago efectivo de dinero ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por que el juzgado dio a las normas un efecto distinto al señalado por el legislador ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico en la valoración de las colillas de pago DERECHO A LA SALUD-Doble connotación DERECHO A LA SALUD-Fundamentalidad no puede depender de la manera como se hacen efectivos en la práctica Referencia: expediente T-1795904 Acción de tutela interpuesta por la Gobernación de Córdoba contra el Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito de Montería. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela iniciada por la Gobernación de Córdoba contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería. I. ANTECEDENTES. La Gobernación de Córdoba, a través de apoderada, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, por considerar que dicha autoridad vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al proferir sentencia dentro del proceso laboral ordinario de única instancia que adelantará en su contra la señora Blanca López De Sierra, providencia en la cual asegura se incurrió en una “vía de hecho”. Para fundamentar su solicitud de amparo, relató los siguientes: 1. Hechos. 1.1. Manifiesta que la extinta Caja de Previsión Social de Córdoba, mediante Resolución No 043 de abril de 1979, reconoció al señor Rafael Sierra una pensión de jubilación, la cual fue sustituida a la señora Blanca López de Sierra, mediante Resolución No. 0202 de abril de 1986. 1.2. Señala que “no obstante” que la Ley 100 de 1993, estableció los aportes para salud con destino a las EPS en el 12 % y a cargo del pensionado en su totalidad, a la señora Blanca López, desde que se le reconoció la pensión hasta el mes de junio de 2001, se le descontó por este concepto el 4 %, que era el porcentaje de aporte legalmente establecido antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. 1.3. Informa que sobre la base de lo anterior, la Administración Departamental en cumplimiento del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 42 del Decreto 642 de 1994, en el mes de julio de 2001, efectuó el incremento del 8 % a las mesadas de aquellas personas cuyas pensiones fueron reconocidas antes del 31 de diciembre de 1993, entre las cuales se encuentra la de la señora Blanca López de Sierra. Agrega que al efectuar el incremento del 8% ordenado por la Ley, “y empezar a descontar el 12% de aportes, la Administración siguió asumiendo el porcentaje que corresponde a la diferencia entre el aporte que se venía pagando y el nuevo, pero la situación que se venía dando de hecho se ajustó a la forma que la norma estableció”. 1.4. Comenta que mediante memorial dirigido a la Gobernación del Departamento de Córdoba, la señora López de Sierra, solicitó que se le reconociera y ordenara el pago que correspondía de la diferencia entre el valor que se le venía descontando de aportes para salud (4%) y el nuevo aporte (12%) equivalente al 8%, bajo el siguiente argumento: “el departamento de Córdoba ha inobservado lo ordenado por la norma y en consecuencia ha actuado erróneamente al deducirle de su pensión el 12% que deberá ser reembolsado con sus respectivos intereses o subsidiariamente la indexación”. Mediante Resolución No.0008744 del 1 de septiembre de 2003, la Gobernación negó el reconocimiento del ajuste solicitado, argumentando que: “en aplicación de lo dispuesto por el articulo 143 de la Ley 100 de 1993 y el articulo 42 del Decreto 692 citado, a quienes tenían la calidad de pensionados del Departamento de Córdoba con anterioridad al 1 de enero de 1994, se le aplicó un reajuste del 8% a partir del mes de agosto de 2001. Y fue a partir de ese momento cuando se le descontó el 12% de la mesada pensional para cotización en salud”. 1.5. A raíz de la negativa del ente territorial, la señora Blanca López interpuso demanda ordinaria laboral contra el Departamento de Córdoba, a fin de que se ordenara devolver el 8% incrementado en el aporte para salud desde el año 2001 hasta la fecha, “o dicho de otra manera la señora pretende que se le siga descontando el 4% del aporte y no el 12% que estableció la Ley 100 de 1993”. 1.6. Explica que el Juzgado Primero Laboral de Montería, mediante sentencia de única instancia de fecha 25 de junio de 2007, resolvió: “PRIMERO: Declarar que la señora BLANCA LOPEZ DE SIERRA, en su calidad de pensionado (sic) con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que el Departamento de Córdoba en su carácter responsable de la cotización al sistema de salud y conforme se expuso en las consideraciones, reajuste la pensión vitalicia de jubilación en un 8% a partir del año 2002. SEGUNDO: ordenar al ente territorial a pagar al demandante la suma de $1.851.214, por concepto del reajuste comprendido entre el año 2001 hasta el mes de enero de 2006. Trascribe lo dicho por el Juez en la sentencia, en la que se lee: “en este proceso está acreditado que el Departamento como agente responsable de la cotización, dedujo durante los años 2001 al año 2005, de la mesada pensional de la actora, el 12 % con destino a la administración de salud; así mismo también esta probado que si bien para el año 2001 hizo el reajuste legal, no aconteció para los años 2002 al 2006”. 1.7. Estima que no obstante a que a juicio de la Administración Departamental la sentencia es violatoria de los principios constitucionales y del ordenamiento jurídico, no fue posible interponer recurso de apelación; “en razón a que de conformidad con la cuantía ésta es de única instancia”. 1.8. A juicio del representante judicial del ente territorial, la sentencia de única instancia proferida por el juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería en fecha 25 de junio de 2007, vulnera ostensiblemente el debido proceso al Departamento de Córdoba porque “al condenar a efectuar un reajuste del 8% durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, y 2006, y consecuencialmente a cancelar la suma de $1.851.214 por concepto de diferencias mensuales e indexar dicha suma, incurrió en vía de hecho por cuanto aplicó erróneamente el artículo143 de la Ley 100 de 1993 y el articulo 42 del Decreto 642 de 1994, no obstante haber afirmado en el acápite III. Análisis Jurídico, lo siguiente: “El máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, sostiene que de los antecedentes y finalidades de la Ley en comento, se tiene que su espíritu está dirigido a proteger las pensiones cuya efectividad se diera con antelación al 1 de enero de 1994; asimismo (sic) afirmó, que el reajuste especial de pensiones no comporta una revalorización en el ingreso del pensionado, sino una compensación por la depreciación a que se vería abocado el beneficiario de una pensión como consecuencia del incremento en el monto de la cotización para salud con destino a cubrir la medicina familiar; por lo tanto, el valor de la pensión así incrementada no va a engrosar definitivamente el peculio del pensionado, sino que debe destinarse a la correspondiente entidad promotora de salud para los fines explicados, por parte responsable de la cotización” (Resaltado del accionante). Conforme a lo anterior, deduce “que el juez incurre en una abierta contradicción entre el análisis jurídico y lo resuelto. Pues al ordenar efectuar el incremento del 8% durante los años referidos, está ordenando una revalorización en el ingreso del pensionado, contraviniendo la norma jurídica y más aun, la interpretación que de ella hizo el máximo Tribunal de la Jurisdicción Laboral. No hay que hacer mucho esfuerzo para deducir que el incremento a que se refiere el legislador, es por una sola vez, de la misma forma como una sola vez se efectuó el incremento en el aporte para salud, de manera que sólo si el aporte para salud se hubiese seguido aumentando en cada año, cada año debía seguirse incrementando la pensión”. Para el ente Departamental, de admitirse la “aplicación que el juez le esta dando a la norma, hacía el futuro el incremento que anualmente se hace a la mesada pensional del demandante sería de IPC más el 8%; lo cual no esta previsto en el ordenamiento Jurídico Colombiano para ninguna pensión, que además de afectar el erario público, estaría rompiendo con el principio de igualdad respecto de los pensionados a quienes sólo se les incremente el IPC”. 1.9. Por todo lo expuesto, el ente territorial solicita que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, dejando sin efectos la sentencia de junio 25 de 2007, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería accionado dentro del proceso ordinario referido, ordenándose la suspensión inmediata de los efectos de la sentencia. 2. Trámite Procesal. Correspondió conocer de la acción de tutela a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, la cual mediante Auto de septiembre 4 de 2007, admitió la demanda y ordenó correr traslado, por el término de tres días, a la autoridad judicial accionada. El representante del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, guardó silencio al traslado ordenado. II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN. 1. Sentencia de primera instancia La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante sentencia de fecha 18 de septiembre de 2007, decide conceder el amparo solicitado. En consecuencia “declara nula y sin valor ni efecto alguno”, la sentencia del 25 de junio de 2007, dictada por el juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería en el proceso ordinario laboral promovido por la señora Blanca López de Sierra. A juicio de la Sala, la acción de tutela en el presente caso es procedente en la medida que el fallo censurado se dictó dentro de un trámite ordinario laboral de única instancia, “en el que no procede el recurso de apelación contra las decisiones que en él se profieran”. Igualmente, después de analizar el material probatorio obrante en el expediente, concluyó que la vía de hecho alegada se presentó en la medida, que: “examinadas las colillas de pago del folio 13 del cuadernillo de copias del proceso ordinario, se observa que en junio de 2001, el valor de la mesada equivale a $286.896.oo, suma esta que si la cotejamos con las colillas de los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba, observamos que este fue de acuerdo con la normatividad vigente”. “Luego en el año 2002 y subsiguientes, según lo establece la norma, el valor de la mesada del año anterior a la cual ya se hizo el incremento, únicamente se le debía aplicar el IPC., pues de lo contrario si además a dicha mesada se le adiciona nuevamente el reajuste del 8%, como erróneamente lo interpretó el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, se estaría generando una revalorización de la pensión”. Por lo anterior, para la Sala del Tribunal “no queda duda alguna que el amparo solicitado debe ser concedido al estimar que existió defecto material o sustantivo, debido a que el a quo realizó una interpretación errónea de la normatividad aplicable (artículo 143 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el articulo 42 del Decreto 692 de 1994)…”. 2. Impugnación. Inconformes con la anterior decisión, el representante del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería y la abogada de la señora Blanca López de Sierra, impugnaron la sentencia del Tribunal. 2.1. Impugnación del Juez Primero Laboral del Circuito de Montería. Para el representante del juzgado, la valoración normativa que se discute y la decisión adoptada en la sentencia se basó en “sentencias de orden constitucional y de la justicia ordinaria laboral. La Corte Constitucional al examinar las normas aquí en juicio, la declaró exequible, desarrollando el principio de “igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación”, al entender que el nuevo monto en la cotización, supone una nueva obligación económica que afecta al pensionado objeto de la norma…”. De la misma forma anexó el concepto 1098 de 2006, expedido por el Ministerio de la Protección Social, que versa sobre el tema en cuestión y el cual, a su juicio, se compagina con lo sostenido por el juzgado, motivo por el cual concluyó, lo siguiente: “Del texto de la norma citada, no obra por lado alguno, que el legislador hubiere limitado el reajuste a una sola vez, a mi modo de entender, la expresión contenida en la norma “a un reajuste mensual”, no significa que sea por una sola vez, sino a contrario sensu, de forma mensual y de acorde a la Ley”. “(…) Entonces, la decisión pronunciada por este despacho estuvo orientada bajo normas legales y de orden constitucional, y no obedecieron a motivaciones internas, desconociendo el sentido literal del art.143 de la Ley 100 de 1993, por lo que no se está ante un defecto sustantivo o material como lo catalogó el honorable Tribunal Sala civil, Familia, Laboral de este distrito judicial”. Por tales motivos solicitó de la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de la decisión impugnada. 2.2. Impugnación de la abogada de la señora López. Después de realizar un recuento de lo acontecido, la representante judicial de la señora López, puso de presente lo sostenido por esta Corporación en la Sentencia “111 de 21 de marzo de 1996”. Sumado a ello, se refirió al reajuste de los porcentajes de aportes para salud de los pensionados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, bajo la misma línea argumentativa del Juez Primero Laboral del Circuito de Montería. Agregó que con las consideraciones que realiza el Tribunal de la norma se le estaría causando “un grave deterioro en la mesada pensional al demandante, lo que es contrario a lo planteado por la Ley.” (…) “No se entiende que una norma que habla de un aumento mensual el Tribunal de un solo tajo diga que es por una sola vez”. Manifestó, que no comprende la determinación del Tribunal, el cual en un caso impetrado por pensionados del Departamento de Córdoba contra un fallo del Juzgado Primero Laboral de Montería, relacionado con el mismo asunto del reajuste pensional del 8% de salud, denegó el amparo solicitado, ante la existencia de otros mecanismos de defensa. De la misma forma señaló que el término para impetrar acción de tutela contra fallos judiciales es de 2 meses, tiempo que al momento de la interposición ya había trascurrido. Así mismo puso de presente que por tratarse de una acción de tutela iniciada por una persona jurídica, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional, sostiene que no están legitimadas para actuar, ya que no puede predicarse que ellas sean titulares de derechos fundamentales. 3. Sentencia de segunda instancia. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2007, revocó el fallo proferido por el a quo. A juicio de la Sala, las personas jurídicas de derecho publico están legitimadas para acudir a la acción de tutela, por ello ha admitido la procedibilidad al considerar que, “en especificas situaciones ellas pueden también resultar afectadas, pero sólo frente a determinados derechos, como sería el caso del debido proceso”. Para la referida Sala de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de estar reconocida la legitimidad por activa del Departamento de Córdoba, la sentencia impugnada debe revocarse, en la medida que dicho ente territorial cuenta con otro medio de defensa judicial. Para ello, considera que en distintas ocasiones esa Corporación ha sostenido la imposibilidad de conceder el amparo cuando las partes cuenten con otra herramienta jurídica para hacer valer sus derechos, pues de lo contrario “se desdibujaría la naturaleza subsidiaria y residual del recurso constitucional”. Agrega, que en el presente caso el Tribunal omitió estudiar lo referente a la posibilidad de acudir al recurso de revisión, de conformidad con lo establecido por los artículos 30 y 31 de la Ley 712 de 2001, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que señala: “(…) La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para éste mismo código además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y, b) Cuando la cuantía del derecho reconocido…”. Por lo anterior, a juicio de la Corte Suprema, el Departamento contaba con otro medio judicial idóneo para defender sus derechos, por lo que no le era posible acudir a la tutela, y de este modo esquivar los mecanismos regulados por la Ley. Sumado a lo dicho, recordó que lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, que establecía que él termino para impetrar acción de tutela en contra de fallos judiciales era de dos meses, fue declarado inexequible mediante sentencia C-543/92 de la Corte Constitucional. No obstante, el magistrado Luis Javier Osorio López, disintió de las anteriores consideraciones y manifestó su salvamento de voto a la Sentencia de la Sala. A su juicio el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería al analizar las normas aplicables al caso, incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo “toda vez que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que el juez le dio a tales disposiciones no corresponde a lo querido por el legislador y es claramente perjudicial para los intereses legítimos del Departamento de Córdoba”. “En dicho proceso quedó demostrado que para el año 2001, esa entidad territorial dando aplicación a tal normatividad, le incrementó por una sola vez la pensión al demandante en un 8% adicional; por lo que no se ajusta a lo legal que en la sentencia portadora del error y cuya nulidad por tutela se pretendió, se condene a ese Departamento para el año 2002 y siguientes, a efectuarle no solo el reajuste legal consagrado de manera general para todas las pensiones, sino también otro 8%”. Igualmente agregó que si bien la mayoría de la Sala considera improcedente la presente tutela, por existir un mecanismo de defensa contemplado en la Ley 797/03, se debe tener en cuenta que dicho mecanismo lo debe solicitar la entidad territorial por conducto del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Republica o del Procurador General de la Nación. III. Pruebas. 1. Pruebas relevantes que reposan en el expediente. · Copia de la sentencia de junio 25 de 2007, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, que accede a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Blanca López de Sierra contra el Departamento de Córdoba. (folios 13 a 19). · Copia del escrito de impugnación presentado por el representante del Juzgado accionado, en el cual trascribe el concepto 1098 del 28 de febrero de 2006, del Ministerio de la Protección Social (folios 45 y 46). 2. Pruebas recaudadas en sede de revisión. Para mejor proveer, esta Sala de Revisión, mediante Auto de 30 de abril de 2008, solicitó al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, remitir en calidad de préstamo la totalidad del expediente contentivo de la actuación surtida dentro del trámite del proceso ordinario laboral de única instancia, promovido por Blanca López de Sierra contra la Gobernación de Córdoba. A través de oficio de mayo 15 de 2008, el secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, remitió a esta Corporación el expediente solicitado, el cual consta 1 cuaderno con 42 folios en total. IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. 1. Competencia. Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico. 2.1. El Departamento de Córdoba interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, al estimar que dicha autoridad vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al proferir sentencia dentro del juicio ordinario laboral de única instancia que adelantara en su contra la señora Blanca López de Sierra. La pretensión de la accionante en dicho proceso consistió en que se ordenara el reembolso de “la suma de ($1.980.759), correspondientes al mes de julio 2001 hasta la mesada de abril del año en curso [2006] por concepto de la diferencia resultante entre el porcentaje que traía los pensionados del cuatro (4%) y el doce (12%) por ciento que se le descontó, para seguridad social en salud”. Tal pretensión se derivó de la aplicación que hiciere el Departamento de Córdoba del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 642 de 1994, al momento de reajustar una pensión anterior al 1 de enero de 1994, correspondiente a la de la señora Blanca López de Sierra, con el fin de descontar el 12% para la contribución en salud ordenada en la Ley. En el proceso ordinario laboral seguido contra el Departamento de Córdoba, por la antedicha señora, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, consideró que la entidad accionada no dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley reguladora citada, motivo por el cual ordenó la pretensión solicitada. 2.2. De la presente acción de tutela, conoció en primera instancia la Sala-Civil-Familia-Laboral del Tribunal de Montería, la que concedió el amparo solicitado por el Departamento de Córdoba, al encontrar que efectivamente se vulneró el derecho al debido proceso del ente territorial, en la medida que la sentencia atacada, se produjo en un proceso de única instancia, en la cual se configuró un “defecto material o sustantivo, debido a que el a quo realizó una interpretación errónea de la normatividad aplicable (articulo 143 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el articulo 42 del Decreto 692 de 1994)…”. Inconforme con la decisión, el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, impugnó la sentencia y manifestó que su decisión se fundamentó en “sentencias de orden constitucional y de la justicia ordinaria laboral. La corte constitucional al examinar las normas aquí en juicio, la declaró exequible, desarrollando el principio de “igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación”, al entender que el nuevo monto en la cotización, supone una nueva obligación económica que afecta al pensionado objeto de la norma…”. De la misma forma, la apoderada de la señora Blanca López de Sierra, sostiene que con el efecto que realiza el Tribunal de la norma se le estaría causando un grave perjuicio en la mesada pensional a la demandante, lo que es contrario a lo planteado por la Ley. Conoció en segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual revocó lo decidido por el tribunal, en la medida que dicho ente territorial cuenta con otro medio de defensa judicial, como es el recurso de revisión, de conformidad con lo establecido por los artículos 30 y 31 de la Ley 712 de 2001, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 2.3. Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala de Revisión previamente establecer i) si resulta procedente la acción de tutela ante la posible existencia de otro medio de defensa judicial, tal y como lo consideró el juez de segunda instancia. ii) Sólo en el evento de que se encuentre procedente la acción, la Corte deberá entrar a resolver si el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, mediante providencia de junio 25 de 2007, proferida dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la señora Blanca López de Sierra contra la Gobernación de Córdoba, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de esta última. De ser procedente la acción, estudiará si se incurrió en un eventual defecto sustantivo al momento de aplicar la forma en que debe descontarse el porcentaje de los aportes en salud de los pensionados anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme a lo establecido por el articulo 143 de dicha Ley y por el artículo 42 del Decreto 642 de 1994.[1] 3. Procedencia de la tutela en el asunto sometido a revisión. Ineficacia del medio de defensa planteado y cumplimiento del requisito de la inmediatez. 3.1 Esta Corporación ha venido reiterando que la acción de tutela es de carácter subsidiario, en cuanto sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando existiendo otros mecanismos, éstos no son idóneos ni eficaces para evitar la consumación del perjuicio[2]. El anterior criterio jurisprudencial, trazado desde la Sentencia T-003 de 1992[3], indica que el otro medio de defensa judicial al que alude el artículo 86 de la Constitución Política, debe ser eficaz y permitir la protección inmediata y real de los derechos fundamentales afectados. De lo contrario, la acción de tutela dejaría de tener ese carácter constitucional preferente que la caracteriza en razón de su objeto, y ya no sería tampoco el mecanismo aplicable para evitar la burla de los preceptos superiores. Recuérdese que el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, dispone que “la existencia de dichos medios (de defensa judiciales) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Esto se traduce en que cada caso en particular corresponde al juez de tutela evaluar si el otro medio de defensa judicial, cuando existe, podría llegar a brindar la protección inmediata que exige el derecho amenazado o vulnerado, o si por el contrario se trata de una vía formal o cuyos objetivos y resultados, dada la prolongación del proceso, resulten tardíos o eventuales para garantizar la idoneidad de la protección judicial y la intangibilidad de los derechos afectados. Así entonces, un medio judicial para que pueda ser señalado como el procedente, en vez de la tutela, con miras a su protección, debe ser eficaz, conducente y estar dotado de su misma aptitud para producir efectos oportunos, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento teórico, por el sólo hecho de estar previsto en norma legal, si, consideradas las circunstancias del solicitante, no puede traducirse en resolución judicial pronta y cumplida que asegure la vigencia de la Constitución en el caso particular de una probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Tal imposición atentaría contra la eficacia de la administración de justicia y pondría en grave riesgo los postulados del Estado Social de Derecho, haciendo inoperantes no pocas garantías constitucionales. De esta manera, la sola existencia formal de otros medios de defensa judicial, no puede tornar automáticamente improcedente la acción de tutela. Así, lo ha sostenido la Corte, puntualizando que: “...no es suficiente, para excluir la tutela, la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están siendo violados”.[4] Dicha idoneidad y suficiencia de acuerdo con la Corte, debe ser analizada en cada caso especifico, para lo cual es indispensable que los otros medios de defensa judicial, “proporcionen el mismo grado de protección que se obtendría mediante el empleo la acción de tutela, es decir, que sean tan sencillos, rápidos y efectivos como ésta para lograr la protección de los derechos fundamentales lesionados o amenazados”.[5] Habida cuenta de lo anterior, es necesario analizar si en el asunto que ahora es objeto de revisión, el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para dirimir la controversia surgida, y si, en caso afirmativo, ellos son materialmente idóneos para asegurar la protección de sus derechos. De no serlo, la acción de tutela se proyectará como el camino procesal adecuado. 3.2 Verificadas las circunstancias especiales que reviste el presente caso, para la Sala ameritaba al menos un estudio y valoración de fondo por el juez de segunda instancia el cual sin mayores consideraciones revocó el fallo de primera, bajo el argumento de existir otro mecanismo de defensa “idóneo” para la defensa de los derechos. La Sala reconoce conforme al ordenamiento jurídico vigente la existencia de un mecanismo de revisión, para las providencias judiciales que reconocen sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Para mayor claridad, hace referencia al artículo 20 de la Ley 797 de 2003[6], que dispone: “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. “La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. “La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y (…) . Sin embargo, la idoneidad no constituye el objeto de discusión en este asunto sino más bien la eficacia de dicho medio de defensa judicial frente a las particulares condiciones del caso que se revisa. Para esta Sala, el mecanismo de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no resulta eficaz debido a que se trata de un medio indirecto y eventual. Indirecto porque en el presente caso la Gobernación no puede personalmente interponer la revisión de la Sentencia ante el organismo en principio competente (Consejo de Estado o Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el tema), sino que debe solicitar al Gobierno (Ministerio de la protección Social, Ministerio de Hacienda) o a la (Contraloría General de la República o Procuraduría General de la Nación), que adelante la petición ante dichas Corporaciones. La anterior circunstancia genera una orbita que lo hace eventual, en la medida que la revisión queda supeditada a la voluntad de dichas entidades y pone en duda la certeza de que dicha revisión se efectué. Sumado a lo anterior, la sentencia en la que se afirma que existe una “vía de hecho”, se produjo en un proceso ordinario laboral de única instancia, para el cual no existen recursos. 3.3 Cabe señalar, que si bien esta Corporación en las sentencias T-908/05, T-966/05 y T-843/06 ha manifestado que la acción de tutela es improcedente cuando pueda interponerse el recurso de revisión, los precedentes en los cuales se ha estudiado dicha procedencia han hecho referencia al recurso de revisión contemplado en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, ya que las discusiones que allí se plantearon correspondían a asuntos civiles o de derecho privado que no comprometían los interés legítimos del Estado y a que el recurso de revisión los afectados podían interponerlo directamente. Distinto acontece en el presente caso, en donde el ente territorial por las circunstancias anotadas, no puede interponer directamente el recurso de revisión ante las entidades señaladas por la Ley 797/03, ya que su eficacia está supeditada a la voluntad de terceros. Sumado a lo dicho, las consecuencias de la sentencia que se acusa portadora de una vía de hecho, ordenó a un ente territorial del Estado Colombiano (Departamento de Córdoba), asumir el pago de sumas periódicas de dinero, lo cual podría comprometer recursos destinados al Sistema de seguridad Social en Pensiones. Ahora, en el evento de existir la supuesta “vía de hecho” alegada esta se configuraría con la sentencia censurada, razón por la cual es procedente acudir a la acción de tutela alegando vulneración del debido proceso por vía de hecho, motivo que permite que este asunto cobre relevancia constitucional y amerita la procedencia excepcional de la acción de tutela, ante la carencia de eficacia del medio de defensa, por ser indirecto y eventual. 3.4 En complemento de lo estudiado, en el presente asunto se verifica el acatamiento de lo establecido por la jurisprudencia constitucional, referente al presupuesto de la inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela[7], en la medida que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Tal condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados. En relación con el plazo razonable, esta Corte ha considerado que el mismo debe medirse según la urgencia manifiesta de proteger el derecho, es decir, según el presupuesto de inmediatez. Al respecto, en la Sentencia SU-961 de 1999, la Corte estableció: “La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción. Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”. En el asunto sometido a revisión, se aprecia que el requisito se cumple en la medida que la providencia controvertida esta fechada del 25 de junio de 2007[8] y la presente acción de tutela fue interpuesta el 31 de agosto de 2007[9], es decir poco más de dos meses de la fecha del fallo, término que para esta Sala de Revisión resulta oportuno[10]. Es pertinente recordar que lo alegado por la abogada de la señora (Blanca López de Sierra) en la impugnación de la sentencia de primera instancia cuando afirmó: “el Decreto 2591 en su articulo 11 dice que el termino para impetrar acción de tutela en contra de fallos judiciales es de 2 meses, en el caso que nos ocupa han trascurrido para algunos 5 meses y para otros 3 meses (sic)”, como bien lo señaló el juez de segunda instancia, el antedicho término fue declarado INEXEQUIBLE por esta Corporación a través de la Sentencia C-543 de 1992, imperando actualmente el criterio del plazo razonable. Con fundamento en las consideraciones expuestas hasta este punto, la Sala considera que la tutela en este caso resulta procedente, por lo que se impone entrar a considerar el fondo del asunto planteado. Para tal efecto, (i) se reiterará la jurisprudencia de la Corte relativa a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales (defecto fáctico y sustantivo), con base en ello (ii) se procederá al análisis del caso concreto. 4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – causales de procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia. 4.1. Conforme al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, la Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina acerca de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias dictadas por las autoridades judiciales. En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, dichas disposiciones fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992, en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la intangibilidad de las decisiones judiciales. No obstante lo anterior, en esa misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y que, por tanto, frente a “actuaciones de hecho”, de las autoridades judiciales la acción de tutela sí es procedente con el objeto de proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”[11]. Subrayado fuera del texto original. Así las cosas, a partir de la Sentencia T-079 de 1993, al revisar una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial, respetando la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992, paulatinamente se fueron definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la procedencia del amparo con el fin que se protejan los derechos fundamentales de quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la administración de justicia. Posteriormente, la Corte remplazó el enunciado dogmático “vía de hecho”, previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial anómala, y formuló los “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”. Éstos constituyen pautas que soportan una plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el trasfondo de las causas que pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales. La nueva enunciación de tal doctrina ha llevado, en últimas, a redefinir el concepto de vía de hecho, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[12], producto de la carencia de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para concernir al juez constitucional. En su lugar, con la formulación de los criterios, se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en la rutina judicial. Al respecto, en la Sentencia T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (Art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.). Igualmente, en la Sentencia T-462 de 2003, se puntualizó: “En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”. Además, en la Sentencia T-1285 de 2005, esta Sala de Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la siguiente manera: “La sistematización de los criterios o causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la Constitución[13]. En este punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad los derechos fundamentales que se encuentren en disputa. El principio de eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[14] y los derechos fundamentales[15]. Conforme a los anteriores presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente manera[16]: “i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[17]. “ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido[18]. “iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[19]. “iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos[20]. “v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia. “vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[21]” . El hecho que se configure una causal de procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial, lleva a concluir que el juez en su decisión ha incurrido en una “actuación defectuosa” que se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales y por lo mismo debe ser reparada. Ahora, atendiendo a los temas específicos que involucran el asunto objeto de revisión, la Corte precisará brevemente los defectos sustancial y fáctico. 4.2. El defecto sustancial o material. Respecto a este defecto, la jurisprudencia en varias decisiones[22] ha señalado que se presenta, entre otras situaciones, cuando (i) la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso, “es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente”[23]. También puede fundarse en la “aplicación indebida” por el funcionario judicial de la preceptiva concerniente[24], (ii) “cuando la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance”[25]; (iii) “cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada, o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[26]. Subrayado fuera del texto original. Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas, que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial, no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación…”[27]. 4.3. El defecto fáctico. El defecto fáctico es una de las anomalías superlativas y excepcionales que justifican la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Tiene como ámbito especial, la definición de aquellos episodios de tipo probatorio que menoscaban gravemente el derecho fundamental al debido proceso. En sentencia proferida por la Sala Novena de Revisión, se reiteraron las características de esta irregularidad, en los siguientes términos: “El vicio por defecto fáctico se configura cuando no existe el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, por la falta de apreciación del material probatorio anexado al expediente o, simplemente, por un error grave en su valoración. “En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un defecto fáctico da lugar a una violación del derecho al debido proceso, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien dirige el proceso, es decir, el funcionario distorsiona la verdad para darle un alcance a los hechos que en realidad no tienen, por lo que no dicta una decisión en derecho, sino lo quebranta.[28] Por ello, cuando estos supuestos converjan, la acción de tutela resulta idónea, porque, además, tal error incidió de manera determinante en el sentido de la decisión final”.[29] En una dimensión negativa se produce un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, que omitió[30] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[31]. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”[32]. En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”[33]. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.)[34] o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión”[35]. En estos casos, sin embargo, sólo es valido fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando: “[De una] una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[36]. 5. Análisis del caso concreto. 5.1. La Gobernación de Córdoba considera que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en vía de hecho por defecto sustantivo al momento de proferir sentencia dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en su contra la señora Blanca López de Sierra en calidad de pensionada. Dicho proceso se derivó del estudio que hiciere el Departamento de Córdoba del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 642 de 1994, al revisar la pensión de la señora López, ya que a juicio de la pensionada, el ente territorial descontó el 12% de su mesada pensional para aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, de los años 2002 a 2006, sin reajustar su pensión a lo ordenado por las normas referidas. La autoridad judicial demandada, accedió a las pretensiones de la señora López Sierra, condenando al Departamento de Córdoba a pagar la suma de $1.851.214. En su parte resolutiva la providencia referida señaló: “PRIMERO: Declarar que el (sic) señor BLANCA LOPEZ DE SIERRA, en su calidad de pensionado con anterioridad a entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que el departamento de Córdoba en su carácter de responsable de la cotización al sistema de salud y conforme se expuso en las consideraciones, reajuste la pensión vitalicia de jubilación en un 8 % a partir del año 2002. “SEGUNDO: Condenar al Ente Territorial a pagar al demandante la suma de $1.851.214, por concepto del reajuste comprendido entre el año 2001 hasta el mes de enero del año 2006. La suma anterior será indexada conforme al IPC vigente a la ejecutoria de la sentencia”. El ente accionante estima que en la sentencia controvertida se incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, en la medida que el juez “aplicó erróneamente el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 642 de 1994, no obstante de haber considerado (…) que el reajuste de pensiones no comporta una revalorización en el ingreso real del pensionado”. 5.2. Por tratarse de un asunto en el que se alega que una sentencia es portadora de vía de hecho por defecto sustantivo, se hace necesario examinar el alcance de las disposiciones aplicables al asunto, para luego revisar el razonamiento del juez en el fallo. Al respecto, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, para lo que atañe al caso, contempla: “ARTÍCULO 143. REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS ACTUALES PENSIONADOS. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente Ley”. La anterior disposición debe analizarse en conjunto con lo consignado en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, que estipula: “ARTICULO 42. REAJUSTE PENSIONAL POR INCREMENTO DE APORTES EN SALUD. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de esa fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993. “En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%”. Igualmente, lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 100/93, referente al reajuste anual de las pensiones con el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C), señala: “ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”. La normativa anteriormente citada, plasma el sistema adoptado por el legislador para que las pensiones anteriores al 1 de enero de 1994, o de quienes a esa época tuviesen los requisitos para adquirirla, no fuesen afectadas por efecto del aumento de la cotización (del 4% al 12%) para aportes en salud dispuesto en la Ley 100 de 1993. Conforme a la normatividad aplicable, es claro que el reajuste que actualiza la pensión se debe presentar sólo una vez, por cuanto en los años posteriores se incrementa con la variación porcentual del IPC certificado por el DANE, en el cual necesariamente se incluye el reajuste, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de la mesada. Lo que no puede aceptarse es que año tras año, deba hacerse el ajuste del IPC y adicionalmente un nuevo incremento del 8%, pues dicha disquisición se constituiría en una doble valorización anual de la pensión que no está contemplada en las normas que regulan la materia. Lo expuesto encuentra sustento adicional en el Concepto que reposa en el expediente[37] y que el mismo Juez Primero Laboral del Circuito de Montería, allegó al proceso de tutela con el fin de impugnar la sentencia de primera instancia que concedió el amparo solicitado. La Sala hace referencia al Concepto 1098 del 28 de febrero de 2006 expedido por el Ministerio de la Protección Social, en el cual se advierte: “Ahora bien, para una mejor comprensión del tema, mediante un ejemplo indicaremos la forma en que consideramos se aplica este articulo. Para nuestro evento, la persona se pensionó con anterioridad al 1º de enero de 1994, venía cotizando un 4 % para salud y devenga una pensión equivalente al salario mínimo: Valor de la pensión para el 2003 (salario mínimo) $332.000 Menos: descuentos para salud 12%- $39.840 $292.160 Más reaju...