Sentencia T-752 de 2011

T-752-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-752/11 ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Procedencia en situaciones especiales para dirimir conflictos con usuarios La jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática al establecer dos modalidades de procedencia de la acción de tutela: (i) como mecanismo definitivo cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; y (ii) como mecanismo transitorio, cuando existiendo otros mecanismos de defensa los mismos no resultan idóneos o eficaces para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el cual, la orden impartida por el juez constitucional tendrá vigencia mientras se emite pronunciamiento por parte del juez ordinario. En lo que respecta al asunto de los servicios públicos domiciliarios, se hace necesario precisar que los usuarios cuentan, además de los recursos por vía gubernativa, con las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para controvertir las actuaciones de las empresas de servicios públicos que lesionen sus intereses y derechos en orden a obtener su restablecimiento material. Cuando una empresa encargada de suministrar los servicios públicos domiciliarios, afecta con sus actuaciones derechos de estirpe constitucional a los usuarios, la acción de tutela se hace procedente para evitar que se prolongue en el tiempo la afectación de los mismos. ACCION DE TUTELA PARA EL DERECHO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE-Procede solamente cuando se relaciona con la vida, la salud y la salubridad de las personas Dentro del grupo de servicios públicos domiciliarios esenciales, cobra especial relevancia el derecho al acceso al agua potable, el cual (i) sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinado para el consumo humano, ya que en esta circunstancia se encuentra en conexión directa con otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud, la educación, la salubridad pública etc.; (ii) por tanto, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, bien sea frente a las autoridades públicas, o bien contra particulares que estén afectando arbitrariamente dicho derecho; (iii) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que incluso desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias e incluso múltiples personas o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental. DERECHO DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DESDE LA OPTICA DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD DERECHO AL AGUA POTABLE-Vulneración por no suministro del servicio de agua a sujeto de especial protección, en especial a niños El artículo 44 constitucional establece que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada (…) y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” Desde este punto de vista, los sujetos de especial protección constitucional son merecedores de acciones positivas afirmativas que les garantice una existencia acorde con la dignidad humana. Por ello, la jurisprudencia de esta Corporación -sin desconocer la legitimidad que les asiste a las empresas prestadoras de servicios públicos, de suspender el fluido de los mismos, a un usuario que ha entrado en mora en el pago de las facturas por consumo-; ha venido sosteniendo, que cuando en el hogar objeto de la interrupción, habitan sujetos de especial protección constitucional (como niños, mujeres cabeza de familia, desplazados, personas en situación de discapacidad, adultos mayores etc.), la facultad del corte del servicio público domiciliario no es absoluta. En lo que se refiere específicamente al derecho al acceso al agua potable, el ordenamiento jurídico colombiano le da una doble connotación, toda vez que lo erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En consecuencia todos los habitantes del territorio nacional deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. DERECHO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS NIÑOS-Protección SERVICIOS PUBLICOS EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional En un Estado social de derecho como el nuestro, el suministro de los servicios públicos, no puede depender de la mayor rentabilidad que la prestación de los mismos genere, sino que debe obedecer a la materialización de los principios y teleología recogidos en la Carta política, los cuales propenden por la igualdad real y efectiva y por el respeto de la dignidad humana de todos los habitantes del territorio nacional. En esta medida el Estado debe garantizar sin discriminación alguna, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, lo cual incluye, como es obvio la solución de necesidades básicas como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable; es decir, lo que resulta indispensable para la concreción del “bienestar general” y “la prosperidad general”, sin que dichos postulados se tornen puramente en ilusorios, o en la prosperidad del menor número; sino que, por el contrario, se extienda cada vez a mayor cantidad de colombianos, mediante la prestación eficiente de los servicios públicos, hasta que los mismos lleguen a todos los hogares del territorio patrio. DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden al Acueducto para que reconecte el servicio de agua donde residen sujetos de especial protección constitucional y garantice el suministro diario SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-Sólo puede ser amparado por tutela, cuando afecte derechos fundamentales/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-No es un derecho autónomo No existe un derecho fundamental autónomo al acceso a la energía eléctrica, sino que el mismo podrá ser protegido por vía de acción constitucional cuando tenga conexidad con otros derechos fundamentales; situación que deberá ser estudiada de manera exhaustiva por el juez de tutela, con el fin de establecer si del acervo probatorio, se puede inferir que la falta de dicho servicio público causa una efectiva vulneración a un derecho fundamental del accionante. Referencia.: expedientes Acumulados T-2755275, T-3089356 y T-3131610. Acciones de tutela instauradas por Diana Romero Hoyos contra la Empresa de Acueducto de Bogotá, Sonia Patricia Navia Aguirre contra las Empresas Públicas de Medellín y Luz Miriam Castañeda contra la Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC- S.A. Magistrado Ponente: JORGE IVAN PALACIO PALACIO Bogotá D.C, seis (6) de octubre de dos mil once (2011) La Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, NILSON PINILLA PINILLA y JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro los procesos de revisión de los fallos proferidos por: el Juzgado Treinta (30) Civil del Circuito de Bogotá, el cual revocó el fallo del Juzgado Cuarenta y Tres (43) Civil Municipal de la misma ciudad (expediente T-2755275); por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín en única instancia (expediente T- 3131610) y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas en única instancia (Expediente T-3089356). Los expedientes de la referencia fueron escogidos para revisión y acumulados por presentar unidad de materia, mediante Auto proferido por la Sala de Selección número siete, del 28 de julio de 2011 y por Auto del 31 de agosto del mismo año, expedido por la Sala Quinta de Revisión. I. ANTECEDENTES EXPEDIENTE T-2755275 La accionante impetró acción de tutela contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y solicitó hacer parte del proceso a la Empresa Aseo Capital S.A., por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y el derecho al acceso al agua potable. Hechos La ciudadana Diana Romero Hoyos relató de la manera que a continuación se resumen, los supuestos fácticos del asunto sub examine: 1. La empresa accionada le suspendió el servicio del agua potable desde el día cinco (5) de marzo de 2010, mediante acta Núm. 105404, debido a que se adeuda la suma de $ 896.000 por concepto de prestación del servicio. 2. Aduce que es madre cabeza de familia y que sus precarios ingresos de sólo doscientos mil pesos ($200.000) mensuales no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y las de sus dos menores hijos de 3 y 9 años, respectivamente. De igual manera, señala que así la entidad demandada le refinancie la deuda, en el momento no se cuenta con recursos para pagar el consumo y la cuota de refinanciación. 3. Argumenta que pertenece al SISBEN –estrato uno- con un puntaje de 6.47, lo que la ubica dentro de las personas que viven en estado de pobreza en la ciudad de Bogotá. 4. Manifiesta que la falta del preciado líquido le está causando un perjuicio irremediable ya que no puede realizar las rutinas diarias de aseo, alimentación y cuidado en general de sus dos hijos, lo que de paso los expone permanentemente a la posibilidad de adquirir enfermedades. 5. Por último, argumenta que ha podido provisionarse de agua a través de los vecinos pero que ya algunos le han empezado a negar el agua que necesita para solventar sus necesidades básicas vitales. Solicitud de Tutela Con base en los anteriores hechos, el día veintiséis (26) de marzo de 2010, la accionante solicitó el amparo a sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y el derecho al agua potable; para ello solicitó que se ordene a Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá que le reconecte el servicio de agua en su lugar de residencia. Contestación de la entidad demandada La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a través de la Dirección Comercial de la Zona 4 de la EAAB-ESP, se opuso a las pretensiones de la accionante; para ello argumentó: 1. Que el predio ubicado en la carrera 73ª núm. 76-58 Sur, del Barrio Caracolí, de la ciudad de Bogotá, no registra pago alguno desde el mes de noviembre del año 2005. Señala además, que dicho inmueble pertenecía al ciclo I de facturación hasta el 14 de julio del año 2009[1]. 2. Advierte que la actuación de la empresa no es caprichosa ni arbitraria, sino que se encuentra facultada por expresas disposiciones legales contenidas en la Ley 142 de 1994, la cual permite en su artículo 140 la suspensión del servicio cuando el usuario incumple con sus obligaciones. 3. Señala que si procediera a reconectar el servicio, sin el correlativo pago de la deuda, estaría generando una situación de desigualdad frente a otros tantos usuarios que se encuentran en condiciones de precariedad económica y generaría una situación crítica y caótica para las empresas de servicios públicos. 4. Por último, reitera que si la accionante cancela la deuda o en su defecto celebra un plan de acuerdo de pago, la empresa procederá de inmediato a la reconexión del servicio, con el fin de dar continuidad al contrato de prestación del servicio. Adicionalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mediante escrito presentado por la Dirección de Representación Judicial y Actuación Administrativa solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que a la accionante le asisten otros medios alternativos de defensa judicial. De igual manera, señaló que la empresa demandada no ha vulnerado derecho fundamental alguno por cuanto la discusión en el presente caso se centra en un aspecto meramente económico. Decisión judicial objeto de revisión Primera Instancia El Juzgado Cuarenta y Tres (43) Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del dieciséis (16) de abril de 2010, concedió el amparo tutelar del derecho al agua potable de los menores Jefferson David Vega Romero y Juan Sebastián Romero Hoyos, hijos menores de la accionante. En pro de la protección constitucional argumentó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional[2] ha reconocido como derecho fundamental el acceso al agua potable en las siguientes circunstancias: “i) el derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinado al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud; ii) por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados; iii) cuando el agua es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho; iv) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental; v) de conformidad con los criterios interpretativos sentados por el comité de Derechos Económicos, sociales y culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella.” De igual manera, advirtió que como quiera que la presente acción de tutela busca garantizar derechos fundamentales de menores de edad, la carta Política en su artículo 44, le prodiga una especial protección a este sector de la población colombiana, hasta el punto de que los derechos de los niños prevalecen por encima de los demás. Impugnación La entidad demandada se opuso a la decisión tomada por el a quo, ya que en su sentir, no se ha vulnerado derecho alguno a la accionante, toda vez que la suspensión del servicio de agua obedece sólo a causas imputables a la usuaria del servicio y lo único que ha hecho la empresa es sujetarse a la legislación vigente. De igual manera, solicitó que se aclarara el alcance del fallo, ya que se hizo mención de otros medios que tiene la empresa para cobrar lo adeudado pero no se especificó cuál es el procedente, tampoco se hizo un requerimiento a la usuaria para que no abusara del consumo del agua perjudicando aún más los intereses económicos de la empresa de acueducto. Por último, argumentó que el fallo proferido por el juez de conocimiento atenta contra el principio a la igualdad, ya que existen personas que se encuentran en similares condiciones que las de la accionante, y por esta razón, no debe autorizarse la reconexión del servicio sin el correlativo pago de la deuda. Segunda Instancia Correspondió el conocimiento al Juzgado Treinta Civil del Circuito quien mediante Auto del cinco (5) de mayo de 2010, declaró la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal, por cuanto no se vinculó a la acción de tutela a la Empresa Aseo Capital, y la misma, puede verse afectada por la decisión tomada en el presente asunto. En esa medida el expediente fue devuelto al juzgado de origen para que se subsanara la nulidad, y en caso de que el nuevo fallo fuera impugnado, se remitiera nuevamente al Juzgado Treinta Civil del Circuito. Subsanación de la Nulidad El Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal vinculó a esta tutela, a la Empresa Aseo Capital mediante proveído del 6 de mayo de 2010, dándole el término de dos días para que se pronunciara sobre los hechos que dieron origen a la misma. Mediante escrito presentado en la secretaría del juzgado el 10 de mayo de 2010, la entidad vinculada se opuso a las pretensiones de la accionada; al respecto consideró que la suspensión de los servicios públicos requeridos se debió a la mora en el pago de más de 68 mensualidades y por tanto las empresas sólo están actuado conforme a la legislación vigente (ley 142 de 1994). Arguye que lo único que pueden hacer frente al presente caso, es refinanciar la deuda; sin embargo, precisan que la actora nunca ha manifestado tal intención ante la Empresa aseo Capital, además que el servicio se ha prestado de manera ininterrumpida, situación que torna en improcedente la presente acción de tutela. Una vez se le garantizó el debido proceso a la Empresa Aseo Capital, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal, procedió a emitir nuevo fallo el 21 de mayo de 2010, el cual estuvo sustentado en las mismas argumentaciones que el proferido el 16 de abril del mismo año; es decir, concedió el amparo tutelar del derecho al agua potable de los menores Jefferson David Vega Romero y Juan Sebastián Romero Hoyos, hijos de la accionante. En cuanto al derecho presuntamente vulnerado por la Empresa Aseo Capital, denegó el amparo, ya que dicho servicio nunca ha sido suspendido. Una vez impugnada esta nueva sentencia por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, bajo idénticos argumentos que la anterior (impugnación al fallo del 16 de abril de 2010), el expediente fue enviado de nuevo al Juzgado Treinta Civil del Circuito para que se pronunciara en segunda instancia. Fallo de Segunda Instancia El Juzgado Treinta Civil del Circuito decidió revocar el fallo impugnado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la presente acción. Dicha decisión la argumentó de la siguiente manera: 1. Cuando la empresa demandada procedió a suspender el servicio del agua potable la accionante no ejerció ningún mecanismo de contradicción, tampoco solicitó petición alguna, ni interpuso los recursos pertinentes; así mismo, no manifestó su intención de allegar fórmulas de arreglo que permitieran la normalización del servicio de agua potable en el predio habitado por ella y sus dos menores hijos. 2. Existiendo otros mecanismos de defensa judicial, no se acreditó por parte de la tutelante la ineficacia o falta de idoneidad de los mismos. 3. Por último, adujo que si la accionante no agotó los medios de defensa que tuvo a su alcance para salvaguardar los derechos presuntamente vulnerados, la acción de tutela no puede convertirse en un recurso adicional o supletivo de las instancias ordinarias. Es de anotar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dio cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia y en virtud del mismo reconectó el servicio de agua al predio donde vive la accionante, el pasado 2 de junio de 2010. Pruebas relevantes allegadas al expediente Obran las siguientes pruebas dentro del expediente de tutela: - Copia del acta de corte del servicio. - Copia de la factura de enero de 2010 por valor de $ 896.622. - Copia del puntaje del SISBEN. - Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante. Actuaciones de la sala Quinta en sede de Revisión Mediante auto del 24 de noviembre de 2010, esta Sala, con el fin de mejor proveer, resolvió comisionar al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, para que indagara en qué estado se encuentra la prestación de los servicios públicos a la accionante; al respecto se ordenó inspeccionar: i) Si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. le está prestando actualmente los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en forma normal; igualmente si la empresa de Aseo Capital S.A. le está prestando en la actualidad el servicio público de recolección de basuras de manera normal; en caso negativo, desde qué fecha están suspendidos esos servicios y cómo se está proveyendo de agua. ii) A qué título ocupa o habita el inmueble situado en la carrera 73 A número 76-58 sur (dueña, arrendataria etc.) y qué otras personas viven en él. iii) Qué persona figura como usuaria en las facturas de los servicios públicos de agua, aseo y alcantarillado correspondientes al inmueble precitado. En caso de no ser ella porqué razones. iv) Qué bienes tiene de su propiedad y cuánto dinero devenga mensualmente. v) A cuánto dinero asciende la deuda actual por los servicios de agua, aseo y alcantarillado del inmueble mencionado, quién debe pagar y por qué. vi) Si conoce al señor José Alain Sabogal y qué relación tiene dicho señor con ella y con el inmueble citado. De igual manera, se ordenó una inspección judicial al inmueble referido con el fin de que se determinaran sus condiciones físicas, estado de conservación, condiciones de higiene y las personas que lo habitan. A las empresas de Aseo y de acueducto de Bogotá, se les solicitó informar si actualmente estaban prestando los servicios públicos; en caso negativo desde cuándo se suspendieron y por qué razón; a sí mismo se pidió que informaran sobre los montos adeudados, la estratificación del predio objeto de esta acción y los beneficios que conlleva pertenecer a dicho estrato. Mediante dicho auto se ordenó la suspensión de términos, hasta tanto sean allegadas y valoradas las pruebas que se solicitaron. Contestación al auto del 24 de noviembre de 2010 La Empresa Aseo Capital S.A. señaló que el predio ubicado en la carrera 73ª núm. 76-58 sur, presenta una deuda de $ 391.810 de los cuales $ 66.040, corresponden a intereses. De igual forma aducen que el predio en mención nunca ha cancelado el valor del servicio y por tanto presenta deuda desde agosto de 2004. Indican que dicho inmueble está ubicado en los parámetros cubiertos con las campañas masivas de normalización de cartera, sin que se haya presentado un acuerdo de pago por parte de la accionante. Por su parte la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá precisó lo siguiente: - Que el predio se encuentra ubicado en estrato uno, con uso residencial, una sola unidad habitacional, lo que lo hace beneficiario de los subsidios concedidos en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994. Que dicho inmueble cuenta actualmente con el suministro de acueducto pero que no cuenta con alcantarillado oficial, sino con uno construido por los propietarios de las viviendas, razón por la cual en la factura sólo se ven reflejados los cargos fijos de acueducto y el consumo. - - En cuanto al monto de la deuda indicó que la misma asciende a la suma de $ 627.802, de los cuales $ 288.660 corresponden a servicios conexos, acometida-medidor, $ 30.600 a intereses y $ 7.917 a intereses de financiación. Dicha deuda se encuentra en mora desde la vigencia febrero- marzo de 2004. - - Frente al mismo predio se han celebrado los siguientes acuerdos de pago: 12 de noviembre de 2005 “SE REALIZA FINANCIACIÓN BARRIO CARACOLI A SOLICITUD DE JOSE ALAIN C.C. 79002361 A 18 CUOTAS, RESOLUCIÓN 0746.” La deuda en aquel entonces ascendía a la suma de $ 92.850, de dicha financiación sólo se pagó una cuota por valor de $ 4.745. Posteriormente, la señora DIANA ROMERO identificada con cédula de ciudadanía núm. 52.757.821 solicitó la consolidación de los valores financiados en el año 2005. En esta ocasión tampoco se logró el pago total de la deuda. En cuanto a la inspección judicial el juzgado comisionado informó: “se trata de un inmueble (casa prefabricada de un sólo piso) casa lote con dos habitaciones pequeñas, cocina, comedor, puerta metálica y dos ventanas en el frente, con área aproximada de seis metros por cinco de construcción y siete metros de lote sin construir.” (…) casa en buen estado de conservación. Tiene los servicios de luz, gas natural, agua con medidor en funcionamiento, no tiene servicio telefónico. Actualmente viven en ella tres personas entre ellas la accionante señora Diana Romero Hoyos y dos menores de edad de nombres Jefferson David Vega Romero de 4 años y Juan Sebastián Vega Romero de 10 años. (…) las condiciones de higiene del inmueble son aptas para vivir (…).” EXPEDIENTE T-3131610 La señora Sonia Patricia Navia Aguirre impetró acción de tutela contra las Empresas Públicas de Medellín, por considerar presuntamente vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud. Hechos 1. Señala que reside en la calle 49c núm. 9ª-50 en el barrio Buenos aires, en una casa que era propiedad de su abuela quien hace varios años falleció. 2. Indica que por su situación económica hace varios años no ha podido cancelar el servicio de agua y que la luz la tiene con tarjeta prepago. Aduce que tiene tres hijos menores y se encuentra en el octavo mes de gravidez, que su hijo de 12 años de edad presenta parálisis cerebral infantil, los otros dos cuentan con 9 años y 11 meses respectivamente. Manifiesta que la suma adeudada ascienda a $ 1.190.206. Que en busca de una solución para que le reconectaran el servicio acudió ante las oficinas de la empresa de Servicios Públicos de Medellín con el fin de que le financiaran la deuda, pero en respuesta le solicitaron que llevara $ 700.000 (setecientos mil pesos). La accionante solicitó que le permitieran pagar una cuota más moderada; sin embargo, la empresa se ratificó en la cuantía solicitada. Por último, afirmó que su trabajo consiste en realizar aseo en las casas y que con lo poco que devenga cubre la alimentación de sus hijos, ya que los padres de los mismos, no colaboran con su manutención. Solicitud de Tutela Con base en los anteriores hechos la accionante solicitó le sean protegidos sus derechos al mínimo vital, a la salud y vida digna; por ello solicita que se ordene a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín que refinancie su deuda de una manera que pueda ser pagada y de esta forma se le reconecte el servicio de agua potable. Contestación de la entidad demandada La Empresa de Servicios Públicos de Medellín argumentó que al consultar los aplicativos que soportan la facturación de servicios públicos que presta EPM, no se encontraron mayores datos para el servicio de acueducto del inmueble ubicado en la calle 49C núm. 9ª-50 del municipio de Medellín, dada la antigüedad de la deuda. El registro que se encontró es de 2003, donde el monto adeudado a esa fecha era de $ 1.783.919.40, por concepto de acueducto y alcantarillado. Señala que la lectura del medidor en el mes de septiembre de 2009 correspondía a 1.705 metros cúbicos y que el 5 de mayo de 2010 se ejecutó una nueva lectura encontrándose que el medidor reportaba 2.079 metros cúbicos, lo que demuestra que en la vivienda estaban utilizando el servicio sin autorización, puesto que estaba suspendido por falta de pago. Puntualizó que no existen registros de acuerdos de pago por parte de la accionante, indicó que en el servicio de acueducto no aparece el registro del nombre del usuario, ya que se identifica como “nombre en investigación”. Indicó que en el momento actual el monto adeudado asciende a $ 1.190.720 por concepto de acueducto y $ 766.528 por alcantarillado, para un total de $ 1.957.248. De igual manera, señaló que la accionante se dirigió a la empresa en dos oportunidades para solicitar el estado de la deuda pero que no existen más registros, como tampoco solicitud de financiación por parte de la accionante. Por último, señaló que la empresa no ha obrado de manera caprichosa o arbitraria, sino que tal conducta obedece al incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de la usuaria, y en esa medida la empresa sólo ha procedido conforme a lo señalado en la Ley 142 de 1994. Decisión judicial objeto de revisión Única instancia El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín, mediante proveído del 2 de junio de 2011, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, por considerar que a la accionante le asisten otros medios de defensa judicial y por considerar que no existe un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de amparo. Impugnación La presente acción de tutela no fue impugnada y fue enviada a la Corte Constitucional mediante Oficio del 20 de junio de 2011, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín. Pruebas relevantes allegadas al expediente 1. Fotocopia del carné de maternidad de la señora Sonia Navia Aguirre. 2. Fotocopia de la consulta de deuda y el debido cobrar ante las Empresas Públicas de Medellín. 3. Fotocopias del registro civil de nacimiento y de las tarjetas de identidad de los hijos menores de la señora Navia Aguirre. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante. EXPEDIENTE T-3089356 La señora Luz Miriam Castañeda impetró acción de tutela contra la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC S.A. E.S.P., por considerar presuntamente vulnerado su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, en la medida en que le fue suspendido el fluido eléctrico en su lugar de residencia. Hechos 1. Señala que su grupo familiar está compuesto, además de la accionante, por su compañero permanente de 64 años y cuatro hijos menores de edad de 8, 10, 12 y 16 años respectivamente. 2. Indica que son una familia pobre que subsiste con el producto de la pesca que realiza su esposo y con lo que esporádicamente recibe la accionante por lavadas de ropa y servicios varios que presta en casas de familia. 3. Aduce que están incluidos en el SISBEN estratificados en el Nivel I como población pobre vulnerable. 4. Manifiesta que sus precarias condiciones de vida les obliga a vivir en una casa de su propiedad construida en tablas y sus pisos aún son de tierra. 5. Por último, afirma que desde diciembre de 2010 han venido presentando mora en el pago del servicio de energía, por cuanto la ola invernal ha dificultado la pesca, y en esa medida se han reducido considerablemente sus ingresos. Solicitud de Tutela Con base en los anteriores hechos la accionante solicitó le sean protegidos los derechos del consumidor en conexidad con los derechos fundamentales de los niños, en especial su vida en condiciones dignas; por todo ello solicita que se ordene a la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. la reconexión del servicio de energía. Contestación de la entidad demandada La Empresa de Servicios Públicos Central Hidroeléctrica de Caldas argumentó que la cuenta núm. 540941219, cuya suscritora es la señora Luz Miriam Castañeda, registra una deuda de $ 75.110 correspondientes a una cartera de 8 meses, por concepto de consumo de energía eléctrica. Señaló que la empresa no ha obrado de manera caprichosa o arbitraria, sino que tal conducta obedece al incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de la usuaria, y en esa medida la entidad sólo ha procedido conforme a lo señalado en los artículos 99.9 y 140 de la Ley 142 de 1994[3]. Igualmente solicitó que se declare improcedente la acción constitucional, por cuanto, la accionante no ha agotado los mecanismos legalmente establecidos (quejas y recursos) ante la entidad demandada. De igual manera, la tutela no está llamada a prosperar, toda vez que no se ha puesto en peligro la vida de los ocupantes del bien inmueble donde habitan los accionantes, ni la prestación de los servicios públicos están catalogados como fundamentales en la Constitución Política. Decisión judicial objeto de revisión Única instancia El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada- Caldas, mediante sentencia del 6 de mayo de 2011, resolvió no tutelar los derechos fundamentales solicitados por la señora Luz Miriam Castañeda, por considerar que a la accionante le asisten otros medios de defensa judicial. Como sustento de lo anterior, el juzgado de conocimiento argumentó que la controversia del caso sub examine gira alrededor de una situación patrimonial, que lo que pretende en últimas es una exoneración del pago del servicio público de energía; situación que por sí misma es ajena al ámbito de la tutela, ya que por su naturaleza cuenta con otros mecanismos de defensa ordinarios. Adicionalmente consideró que en el presente caso no existe una afectación de derechos fundamentales que permitan al juez constitucional conceder el amparo solicitado; ya que no está probado que la suspensión del fluido eléctrico haya causado menoscabo en la vida o la salud del núcleo familiar de la accionante; lo único que se puede observar es que la falta de energía causa ciertas molestias en el ordinario transcurrir de un hogar. Por todo ello, el juez de instancia consideró que la tutela no era el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pero de los cuales no se allegaron pruebas. Impugnación La presente acción de tutela no fue impugnada y fue enviada a la Corte Constitucional mediante proveído del 17 de mayo de 2011 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada – Caldas. Pruebas relevantes allegadas al expediente 1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Problema Jurídico En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Central Hidroeléctrica de Caldas, vulneraron los derechos fundamentales al acceso a los servicios públicos, a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la igualdad, de las señoras Diana Romero Hoyos, Sonia Patricia Navia Aguirre, Luz Miriam Castañeda, y sus respectivos núcleos familiares, al negarse a prestarles los servicios de acueducto y energía eléctrica, debido al incumplimiento en los pagos de los mencionados servicios públicos. A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos constitucionales surgidos entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios; (ii) El derecho al acceso a los servicios públicos desde la óptica del bloque de constitucionalidad; (iii) el acceso a los servicios públicos esenciales, el interés superior de los sujetos de especial protección constitucional y en especial de los niños; (iv) obligación del estado de garantizar a todos los colombianos el acceso real y efectivo a los servicios públicos; (v) conclusiones jurisprudenciales atinentes a la suspensión del acceso al servicio del agua potable para consumo humano; (vi) resolución de los casos concretos. 2. Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos constitucionales surgidos entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. Quiere decir lo anterior, que quien vea amenazados o vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales podrá acudir ante los jueces, con el fin de obtener la protección inmediata de los mismos, y lograr de esta forma, que el juez constitucional imparta la orden para que la entidad o particular que le está afectando con su acción, se abstenga de seguir causándole un perjuicio; o en el caso de que la afectación provenga de una omisión, ponga en marcha todas las gestiones necesarias para el restablecimiento del derecho conculcado. De esta manera, la acción de tutela entra a ser el mecanismo necesario para hacer efectiva la protección de los derechos constitucionales, en aplicación del principio de respeto de la dignidad humana, con el fin de lograr la efectiva materialización de las prerrogativas iusfundamentales como uno de los fines esenciales del Estado y de garantizar la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., arts. 1, 2 y 5). La jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática al establecer dos modalidades de procedencia de la acción de tutela: (i) como mecanismo definitivo cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; y (ii) como mecanismo transitorio, cuando existiendo otros mecanismos de defensa los mismos no resultan idóneos o eficaces para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el cual, la orden impartida por el juez constitucional tendrá vigencia mientras se emite pronunciamiento por parte del juez ordinario. En lo que respecta al asunto de los servicios públicos domiciliarios, se hace necesario precisar que los usuarios cuentan, además de los recursos por vía gubernativa, con las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para controvertir las actuaciones de las empresas de servicios públicos que lesionen sus intereses y derechos en orden a obtener su restablecimiento material. De ello se advierte, la existencia de una vía especial para dirimir los conflictos que puedan surgir entre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los suscriptores potenciales, los suscriptores activos o los usuarios. Sin embargo, en los eventos en que con la conducta o las decisiones de las empresas de servicios públicos domiciliarios se afecten de manera evidente derechos constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la igualdad, los derechos de los desvalidos, la educación, la seguridad personal, la salud, la salubridad pública etc., el amparo constitucional puede resultar procedente. En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-927 de 1999 señalo: “si bien existe un medio de defensa gubernativo y judicial para dirimir las contiendas que de ordinario se presentan entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y sus clientes, es igualmente claro que estos servicios pueden ser reivindicados a través de la acción de tutela en tanto guarden relación de conexidad con algún derecho fundamental que resulte vulnerado o amenazado por la acción u omisión de tales empresas, máxime si se está en el evento del perjuicio irremediable.” Quiere decir lo anterior, que cuando una empresa encargada de suministrar los servicios públicos domiciliarios, afecta con sus actuaciones derechos de estirpe constitucional a los usuarios, la acción de tutela se hace procedente para evitar que se prolongue en el tiempo la afectación de los mismos. Dentro del grupo de servicios públicos domiciliarios esenciales, cobra especial relevancia el derecho al acceso al agua potable, el cual (i) sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinado para el consumo humano, ya que en esta circunstancia se encuentra en conexión directa con otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud, la educación, la salubridad pública etc.; (ii) por tanto, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, bien sea frente a las autoridades públicas, o bien contra particulares que estén afectando arbitrariamente dicho derecho; (iii) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que incluso desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias e incluso múltiples personas o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental. Lo anterior está referido al consumo de agua, ya en lo que respecta al asunto específico del acceso a la energía eléctrica, debe precisarse que su protección por vía tutelar exige un estudio más exhaustivo por parte del juez constitucional, toda vez que la afectación de derechos fundamentales se reduce a casos excepcionales en que la vida, la subsistencia o la salud, dependan exclusivamente del fluido eléctrico; por ello, el accionante deberá aportar el material probatorio que permita inferir el perjuicio irremediable que se le causa a un derecho de estirpe iusfundamental. En conclusión, la acción de amparo sólo procede cuando con la suspensión del fluido de servicios públicos se afectan derechos constitucionales fundamentales. 3. El derecho al acceso a los servicios públicos desde la óptica del bloque de constitucionalidad Por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución política, “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Desde este punto de vista, el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad, y amplía el radio de protección por vía de tutela de los derechos fundamentales. Lo anterior conlleva explícitamente a que las observaciones que realice la máxima autoridad de dicho organismo internacional; esto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deben ser tenidos en cuenta al momento de interpretar el contenido del Pacto. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales en el año 2002, en su 29° período de sesiones en Ginebra, mediante la Observación núm. 15, sustrajo de sus artículos 11 (derecho a tener un nivel de vida adecuado “incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”) y 12 (derecho al más alto nivel posible de salud), en concurrencia con otros derechos principalísimos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos (vida y dignidad humana), los fundamentos jurídicos sobre el derecho al agua; los Estados Partes tienen la obligación especial de facilitar y garantizar el suministro necesario del preciado líquido a quienes no disponen de medios suficientes , y en esa medida están igualmente obligados a adoptar las políticas adecuadas en materia de precios, o a suministrar el agua a bajo costo e incluso a título gratuito de ser el caso[4]. Al respecto, en la referida Observación se argumentó: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos (…) El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”. (…) “El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto. De igual manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que el derecho al agua debe cumplir los siguientes elementos: i) debe ser adecuado a la dignidad, la vida y la salud humana, ii) el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico, iii) El ejercicio del derecho al agua debe ser de tal forma que sea sostenible tanto para las generaciones actuales como para las futuras[5]. Adicionalmente el referido Comité en el artículo 12 de la Observación núm. 15, manifestó que aunque el adecuado ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones; los siguientes factores pueden ser aplicados en cualquier circunstancia: “a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo. “b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. “c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua”[6]. Desde el punto de vista de nuestra legislación interna, el Título XII, Capítulo V, de la Constitución, denominado “de la finalidad social del Estado y de los Servicios Públicos” estableció una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos. Dicho postulado encuentra eco en los artículos constitucionales: 1°(Estado social de derecho); 2° (fines esenciales del Estado); 13 (derecho a la igualdad); 365 (los servicios públicos y la finalidad social del Estado) y 366 (el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida como fines esenciales del Estado); ello sin pasar por alto que la prestación de estos servicios se rige por el principio de solidaridad social bajo el entendimiento de que el bienestar del individuo ocupa un lugar privilegiado en el conjunto de la actividades que debe desarrollar el Estado. De igual manera, estos principios constitucionales rectores fueron desarrollados por el legislador, en la Ley 142 de 1994, la cual se aplica, de acuerdo con el artículo 1° de la misma a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Aunado a lo anterior, el artículo 4° de la mencionada ley establece que cada uno de los servicios señalados en el artículo precedente son servicios públicos esenciales. Desde este punto de vista la adecuada prestación de los mismos, en un Estado Social de derecho como el nuestro, requiere indefectiblemente la aplicación de los principios y valores consagrados en los pactos internacionales debidamente ratificados por Colombia ante la comunidad internacional y los acogidos por el constituyente en el año de 1991. Nótese que se predica la esencialidad de todos los servicios públicos enunciados; más no se dispone que el derecho al acceso a los mismos sea fundamental. De tal manera, que para que pueda considerarse que la falta de acceso a un determinado servicio público afecta los derechos fundamentales de alguien, se hace necesario demostrar la conexidad entre uno y otro. Se exceptúa de la anterior regla, el caso del derecho al acceso al agua potable para consumo humano; toda vez que varios organismos internacionales lo han declarado como derecho autónomo, situación que ha sido ratificada por la jurisprudencia constitucional emanada de esta Corporación. 4. El acceso a los servicios públicos esenciales, el interés superior de los sujetos de especial protección constitucional y en especial de los niños El texto constitucional en su artículo 13 prescribe la obligación de que el Estado promueva “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” y adopte las medidas “en favor de grupos discriminados o marginados”. De igual manera, dispuso que se debe proteger de manera especial a “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” y que se sancionen los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. De otra parte, el artículo 44 constitucional establece que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada (…) y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” Desde este punto de vista, los sujetos de especial protección constitucional son merecedores de acciones positivas afirmativas que les garantice una existencia acorde con la dignidad humana. Por ello, la jurisprudencia de esta Corporación -sin desconocer la legitimidad que les asiste a las empresas prestadoras de servicios públicos, de suspender el fluido de los mismos, a un usuario que ha entrado en mora en el pago de las facturas por consumo-; ha venido sosteniendo, que cuando en el hogar objeto de la interrupción, habitan sujetos de especial protección constitucional (como niños, mujeres cabeza de familia, desplazados, personas en situación de discapacidad, adultos mayores etc.), la facultad del corte del servicio público domiciliario no es absoluta[7]. En lo que se refiere específicamente al derecho al acceso al agua potable, el ordenamiento jurídico colombiano le da una doble connotación, toda vez que lo erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En consecuencia todos los habitantes del territorio nacional deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Al respecto, esta Corporación en la Sentencia T-915 de 2009 señaló: “La prestación del servicio público de agua potable en un Estado Social de Derecho, se constituye en un elemento indispensable para la supervivencia y la calidad de vida, situación que resulta particularmente realzada si entre los usuarios hay población infantil, encontrándose el Estado obligado a procurar su suministro permanente, en la cantidad básica, sea directamente o a través de las entidades prestadoras de servicios públicos, independientemente del carácter público o privado de éstas.” Esta protección especial al consumo de agua potable de los niños se debe, a que en muchos casos, la falta de suministro del preciado líquido puede aparejar la vulneración de otros derechos fundamentales de los menores ya que sin agua no podrán acudir a la escuela (se incentiva la deserción escolar), se agudizan las enfermedades contagiosas y epidemiológicas (atenta contra la salud y la salubridad pública); lo que de contera, puede llevar al traste con políticas públicas donde el Estado ha invertido una considerable fuente de recursos, terminando por resultar más onerosa la falta del recurso hídrico que la efectiva prestación del mismo. Este planteamiento está acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone que los Estados Partes están obligados a garantizar el suministro de agua potable salubre a los niños, con el objetivo de combatir las enfermedades y la malnutrición. En efecto, la mencionada convención en su artículo 24.2 preceptúa: “2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. Además de la protección especial dispensada a los niños en materia de acceso a los servicios públicos esenciales, esta Corporación también la ha extendido a otros sujetos merecedores de especial protección constitucional. Al respecto, la sentencia T- 270 de 2007, al decidir un asunto en que la accionante solicitaba la reconexión de los servicios públicos domiciliarios de agua y energía eléctrica, dispuso: “Ahora bien, esta Corte ha sido insistente al decir que el derecho a la vida debe mirarse en sentido amplio, entendida la connotación de existencia en condiciones dignas, es decir, atendiendo el conjunto de circunstancias mínimas inherentes al individuo que le permitan vivir con dignidad -lo menos penosa posible- acorde con su naturaleza de ser humano, para lo cual deben tomarse en cuenta aspectos como la satisfacción de las necesidades básicas, la salud, la edad, la situación de discapacidad o de debilidad manifiesta en que se encuentre el individuo, o cualquiera otra que desde una concepción social del Estado, implique de éste una especial atención.” Lo anterior, fue reafirmado por esta Corte en la sentencia T-717 de 2010, donde se preceptúo: “La potestad de suspender completamente el servicio público de agua potable a una persona tiene un cortafuegos, aplicable siempre que se den tres condiciones necesarias: 1) en primer término, que la suspensión del servicio público efectivamente recaiga sobre un sujeto de especial protección constitucional; 2) en segundo término que esa suspensión tenga como consecuencia directa, para él, un “desconocimiento de [sus] derechos constitucionales”; 3) que se produzca por un incumplimiento de las obligaciones que pueda considerarse como involuntario, debido a circunstancias insuperables e incontrolables por el sujeto especialmente protegido o por quienes cuidan de él. De lo anterior se concluye que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, deben procurar que los fluidos esenciales lleguen a los usuarios en las cantidades necesarias; más aún, a los lugares donde se encuentren menores de edad, tales como guarderías, jardines infantiles, centro educativos, fundaciones, albergues y demás establecimientos donde suelan acudir o permanecer niños; así como a los hogares donde vivan sujetos de especial protección constitucional, bajo el marco de un análisis de legitimidad, que pondere la afectación sufrida en caso de la interrupción de los servicios públicos. 5. Obligación del estado de garantizar a todos los colombianos el acceso real y efectivo a los servicios públicos Desde 1992 la Corte Constitucional expresó, que los servicios públicos no son una carga para el Estado, sino “un logro conceptual y jurídico de los ciudadanos en su propio beneficio”, concepción ésta que da cuenta de la transformación del Estado al servicio de los gobernados. De igual manera se indicó: “Los servicios públicos como instancia y técnica de legitimación no son fruto de la decisión discrecional del poder público sino aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad social (CP arts. 1 y 2). A través de la noción de servicio público el Estado tiene el principal instrumento para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva. Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico. De esta forma se garantizan las condiciones materiales para el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y para la consecución de una igualdad real y efectiva (CP art. 13) de toda la población.” Adicionalmente, conforme al artículo 365 de la Constitución Política, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y es un deber del mismo “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Por todo lo anterior, en un Estado social de derecho como el nuestro, el suministro de los servicios públicos, no puede depender de la mayor rentabilidad que la prestación de los mismos genere, sino que debe obedecer a la materialización de los principios y teleología recogidos en la Carta política, los cuales propenden por la igualdad real y efectiva y por el respeto de la dignidad humana de todos los habitantes del territorio nacional. En esta medida el Estado debe garantizar sin discriminación alguna, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, lo cual incluye, como es obvio la solución de necesidades básicas como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable; es decir, lo que resulta indispensable para la concreción del “bienestar general”[8] y “la prosperidad general”[9], sin que dichos postulados se tornen puramente en ilusorios, o en la prosperidad del menor número; sino que, por el contrario, se extienda cada vez a mayor cantidad de colombianos, mediante la prestación eficiente de los servicios públicos, hasta que los mismos lleguen a todos los hogares del territorio patrio[10]. Tal como lo dejó sentado esta corporación en la sentencia T-092 de 2011, trayendo a colación los pactos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad: “el Estado está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional, entre otras cosas, a (i) abstenerse de privar a una persona del mínimo indispensable de...