Sentencia T-750 de 2014

T-750-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-750/14 FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como oportunidad, eficiencia, calidad, integralidad, continuidad Las entidades prestadoras de salud están en la obligación de brindar y suministrar de manera continua, integral y oportuna todos aquellos insumos y tratamientos que requiera la persona que ve afectado su estado de salud, sin dilaciones, obstáculos ni interrupciones. Igualmente, no pueden suspender este servicio cuando al paciente ya le ha sido diagnosticada la enfermedad y se encuentra esperando la realización de los exámenes y procedimientos, hasta que su condición se haya restablecido y le permita llevar una vida en condiciones dignas, o hasta que otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud. DEBIDO PROCESO EN DESAFILIACION DE USUARIOS EN SALUD POR PARTE DE EPS-Vulneración cuando se desafilia a los usuarios sin previa notificación Las EPS deben garantizar el derecho al debido proceso al momento de proceder con la desafiliación de los usuarios del sistema, “aun cuando considere que un afiliado está incurso en alguna de las causales para suspender el servicio, casos en los cuales deberá informarle de las razones o motivos de la desvinculación y permitirle su contradicción”. DESAFILIACION DE USUARIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Procedimiento/DESAFILIACION DE USUARIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Causales COOPERATIVISMO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO Con fundamento en los principios y valores constitucionales que propenden porque los ciudadanos actúen de forma solidaria y cooperada, han surgido diferentes tipos de organizaciones cuyo propósito es producir o distribuir de manera conjunta y eficiente bienes y servicios, para satisfacer necesidades no solo de sus asociados sino de la comunidad en general. Lo anterior, encuentra sustento en los postulados del ordenamiento superior que pregonan por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como servir a la comunidad y promover la prosperidad general, y de los deberes de los ciudadanos de actuar conforme al principio de solidaridad. CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteración de jurisprudencia/CONTRATO REALIDAD-Requisitos Para determinar cuándo se estructura una verdadera relación laboral o un contrato de trabajo deben examinarse los requisitos señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, según el cual se requiere que concurran tres elementos esenciales: (i) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que lo faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y (iii) el salario como retribución del servicio. Lo anterior significa que el principal aspecto que debe tenerse en cuenta es la relación efectiva que existe entre el trabajador y el empleador, independientemente de lo que resulte del contrato o de lo que se derive de este, en tanto lo allí consignado o formalmente pactado puede ser contrario a la realidad. Para ello, el juez debe valorar en cada caso si se configura una verdadera relación laboral. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Prima la realidad sobre la formalidad para establecer la existencia de una relación laboral Independientemente de la denominación que se le dé a una relación laboral o de lo consignado formalmente entre los sujetos que la conforman, deben ser analizados ciertos aspectos que permitan determinar si realmente la misma es o no de naturaleza laboral. Para ello, basta con examinar los tres elementos que caracterizan el contrato de trabajo o la relación laboral y, siendo así, el trabajador estará sujeto a la legislación que regula la materia y a todos los derechos y obligaciones que se derivan de ella. DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA Y AL DEBIDO PROCESO EN DESAFILIACION DE EPS-Orden a EPS no suspender servicio de salud hasta que otra entidad pública o privada asuma efectivamente la prestación del servicio Referencia: expedientes T-4.394.854 y T-4.401.974 (acumulados). Acciones de tutela interpuestas por María del Carmen Mejía Montenegro, como agente oficiosa de Jorge Humberto Montenegro, contra Comfenalco Valle del Cauca EPS (T-4.394.854); y Héctor de Jesús Gaviria Rojo contra Coomeva EPS y la Cooperativa de Transportadores de Urabá -Cootransur- (T-4.401.974). Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014) La Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido por el Juzgado Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali (T-4.394.854) y el dictado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín (T-4.401.974). I. ANTECEDENTES 1. Expediente T-4.394.854. 1.1. Hechos relevantes: 1.1.1. María del Carmen Mejía Montenegro, hermana de Jorge Humberto Montenegro y actuando como su agente oficiosa, interpuso acción de tutela contra Comfenalco EPS, seccional Valle del Cauca, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social. 1.1.2. Explica que su hermano, de 39 años de edad, presenta un cuadro de secuelas neurológicas severas a causa de una parálisis cerebral por hipoxia cerebral congénita, retardo mental y dependencia total para su cuidado. Asimismo, que recibe alimentación por sonda de gastronomía y se encuentra postrado en una silla de ruedas. 1.1.3. Asegura que con ocasión del fallecimiento de su madre[1], quien había obtenido la pensión de jubilación y era “la encargada de la manutención, techo y protección integral en salud” de su hermano[2], la EPS Comfenalco Valle interrumpió completamente la atención médica que le venía brindando. 1.1.4. Relata que el día 8 de enero de 2014, tenía previamente programada una cita de valoración con la nutricionista en la sede principal de Comfenalco Valle, pero al hacerse presente en el consultorio fue informada de que su hermano no sería atendido, debido a que los servicios habían sido suspendidos por el fallecimiento de su madre, quien fungía como cotizante al Sistema de Seguridad Social en Salud. 1.1.5. Dentro de las prestaciones y servicios médicos interrumpidos, enumera: (i) el suplemento alimenticio Ensure; (ii) la atención domiciliaria con la fonoaudióloga y la terapeuta; y (iii) la consulta con especialistas. 1.1.6. Sostiene la accionante, en relación con su situación económica, lo siguiente: “soy una persona que no cuento con un trabajo ni una pensión, me encuentro en estado de pobreza, lo que me impide asumir las consecuencias que la interrupción del servicio médico pueda traer para la vida de mi hermano Jorge Humberto Montenegro”[3]. 1.1.7. Precisa que cada unidad de Ensure tiene un valor comercial de $30.000, lo que equivale a un costo mensual aproximado de $900.000 tan solo por este producto. 1.1.8. En este sentido, asegura, le es imposible sufragarlo, más aun teniendo en cuenta que en muchas ocasiones tiene problemas para costear el arriendo y la alimentación de sus dos hijas. 1.1.9. Con fundamento en lo expuesto solicita por vía de tutela que: (i) se ordene a Comfenalco Valle EPS reactivar inmediatamente la prestación del servicio de salud integral del señor Jorge Humberto Montenegro, mientras se adelanta el trámite administrativo de sustitución pensional y (ii) la exoneración en el cobro de copagos. 1.2. Respuesta de la entidad demandada. De forma extemporánea[4], el representante legal de la Comfenalco Valle del Cauca EPS se opuso a las pretensiones de la agente oficiosa. Aseveró que la desafiliación de la cotizante y su beneficiario se realizó debido al deceso de la primera, en la medida que la EPS solo podía legalmente brindarles servicios de salud hasta ese día. De lo contrario, si Comfenalco “accediera a todas y cada una de estas solicitudes, es decir a aquellas que por ley no está obligada, estaría trasgrediendo no solo su propia normatividad la cual ha sido expedida por nuestros legisladores precisamente para ser cumplida y hacer valer, sino que estaría coadyuvando a acrecer aún más el déficit económico que existe en materia de salud”[5]. En todo caso, señaló que el señor Montenegro podía beneficiarse de la atención en salud como “vinculado” al sistema, mientras tramitaba su solicitud de ingreso al régimen subsidiado. 1.3. Sentencia objeto de revisión constitucional. En fallo de única instancia calendado el 27 de enero de 2014, el Juzgado 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali negó el amparo deprecado. Consideró, en síntesis, que el demandante no aportó pruebas de la atención médica requerida: “[T]enemos que la accionante acude a la acción de tutela buscando la protección de los derechos fundamentales del señor Jorge Humberto Montenegro, mediante la cual pretende que Comfenalco EPS le otorgue alimento Ensure y tratamiento integral en lo referente al servicio médico, pero al revisar el sumario, no se encuentra la documentación que relaciona la accionante en su demanda de tutela, ni la orden médica que prescribe el tratamiento alimentación que alude, razón por la cual el juzgado dispuso citarla telefónicamente al número 320 758 8208 para solicitarle allegara la documentación no anexada, pero fue infructuosa la comunicación, por ende, mal haría esta instancia en acceder a las pretensiones de la accionante sin contar con el soporte probatorio que determine cuál es el procedimiento y tratamiento que le fue ordenado a su hermano por su médico tratante, aunado a ello que no existe evidencia sobre la negación de algún servicio prescrito por médico tratante por cuenta de Comfenalco Valle”[6]. En escrito allegado el 17 de febrero de 2014 por la agente oficiosa, esta manifestó que desistía del recurso de impugnación. 1.4. Pruebas. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes: 1.4.1. Copia del Registro Civil de Nacimiento de Fanny Montenegro (madre de la accionante y del agenciado). (Cuaderno original, folio 8). 1.4.2. Copia de la fórmula de diagnóstico expedida el 14 de diciembre de 2013 por el médico cirujano José Javier Medina Cardona adscrito a la EPS Comfenalco Valle. (Cuaderno original, folio 9). 1.4.3. Resultados del estudio de fluoroscopia del 18 de mayo de 2012, certificado por el médico Andrés Felipe Gómez de la Unidad de imágenes diagnósticas del Centro Médico Imbanaco. (Cuaderno original, folios 10 y 11). 1.4.4. Copia de la cédula de ciudadanía de Jorge Humberto Montenegro (Cuaderno original, folio 12). 1.4.5. Copia del carné de afiliación como beneficiario a la EPS Comfenalco Valle de Jorge Humberto Montenegro. (Cuaderno original, folio 13). 1.4.6. Registro Civil de Defunción de Fanny Montenegro. (Cuaderno principal, folio 16). 1.5. Trámite surtido en sede de revisión. Este Despacho, con miras a obtener mayores elementos de juicio para resolver el caso concreto puesto a consideración decretó las siguientes pruebas: 1.5.1. Ordenó a María del Carmen Mejía Montenegro, en su condición de agente oficiosa, que respondiera las siguientes preguntas: (i) ¿Cuáles fueron las razones para desistir de presentar el recurso de impugnación en el trámite de tutela y si las peticiones impetradas en favor de su hermano Jorge Humberto Montenegro ya fueron totalmente satisfechas?; (ii) ¿En qué etapa se encuentra el trámite de pensión de sobrevivientes impulsado en favor del señor Montenegro?; y (iii) ¿Se le han negado procedimientos o insumos médicos por la EPS en los últimos tres meses? (allegar fórmulas y documentos de soporte, de ser necesario). 1.5.2. Ordenó a Comfenalco EPS, seccional Valle del Cauca, que respondiera las siguientes preguntas: (i) ¿Cuál es la situación actual de afiliación a salud del señor Jorge Humberto Montenegro?; y (ii) ¿Qué servicios y procedimientos se le han practicado en los últimos tres meses? En respuesta a lo solicitado, la EPS Comfenalco Valle informó que el señor Jorge Humberto Montenegro se encuentra afiliado en esa entidad, en el Plan Obligatorio de Salud en calidad de cotizante nivel 1 desde el 3 de febrero de 2014 y anexa la constancia de afiliación expedida por la entidad. Así mismo, remite el siguiente listado de servicios autorizados en el año 2014: FECHA SERVICIO AUTORIZADO 20140206 INSUMOS 20140206 MEDICAMENTOS POS 20140206 MEDICAMENTOS NO POS 20140207 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140214 GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA CLÍNICA DE LOS REMEDIOS 20140214 HEMOGRAMA ANGEL DIAGNÓSTICO 20140214 NEUROLOGÍA CORP. COMFENALCO VALLE 20140218 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140219 URGENCIA COMFENALCO VALLE 20140307 INSUMOS 20140307 MEDICAMENTOS POS 20140307 MEDICAMENTOS NO POS 20140311 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140311 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140322 DOMICILIO MEDICINA INTERNA 20140322 VISITA D MEDICINA INTE 20140407 INSUMOS 20140407 MEDICAMENTOS NO POS 20140407 MEDICAMENTOS POS 20140409 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140409 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140425 MEDICINA GENERAL DOMEDICINA INTE 20140502 URGENCIA COMFENALCO VALLE 20140502 MEDICAMENTOS POS 20140504 URGENCIA COMFENALCO VALLE 20140505 NEUROLOGÍA NEURÓLOGOS DE 20140505 FARINGOGR CENTRO MÉDICO 20140505 FISIATRÍA IPS CERIO 20140507 MEDICAMENTOS POS 20140507 INSUMOS 20140507 MEDICAMENTOS NO POS 20140508 MEDICAMENTOS POS 20140509 VISITA ENFERMERA PROFESIO MEDICA 20140528 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140528 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA FECHA SERVICIO AUTORIZADO 20140606 AUTORIZACIONES INSUMOS 20140606 MEDICAMENTOS POS 20140606 URGENCIA COMFENALCO VALLE 20140606 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140609 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140609 GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA CLÍNICA DE LOS REMEDIOS 20140626 MEDICINA GENERAL DOMICILIARIA 20140707 INSUMOS 20140707 MEDICAMENTOS POS 20140707 MEDICAMENTOS NO POS 20140715 REUBICACIÓN LABORAL COMFENALCO VALLE 20140721 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140721 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140724 GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA CLÍNICA DE LOS REMEDIOS 20140724 ENDOSCOPIA VIAS DIGESTIVA CLÍNICA DE LOS REMEDIOS 20140808 MEDICAMENTOS NO POS 20140808 INSUMOS 20140808 AUTORIZACIONES (INSUMOS) 20140808 MEDICAMENTOS POS 20140811 TERAPIA DE LENGUAJE HOSPIMED COLOMBIA 20140811 BX ESPECIAL ANGEL DIAGNÓSTICO 20140811 FISIOTERAPIA HOSPIMED COLOMBIA 20140821 MEDICINA GENERAL DOMEDICINA INTE 20140901 FISIATRÍA IPS CERIO A la fecha de expedición de esta providencia no se recibieron las pruebas solicitadas a la accionante. 2. Expediente T-4.401.974. 2.1. Hechos relevantes. 2.1.1. El señor Héctor de Jesús Gaviria Rojo interpuso acción de tutela en contra de la EPS Coomeva y la Cooperativa de Transportadores de Urabá -Cootransur-, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. 2.1.2. Refiere el accionante que desde el año 2009 se vinculó como trabajador asociado a Cootransur para desempeñar el cargo de conductor y, a través de esta, fue afiliado al Sistema de Seguridad Social. 2.1.3. Relata que el día 10 de agosto de 2012 fue atropellado por una moto mientras caminaba hacia su casa. Como consecuencia, sufrió fractura de la epífisis inferior de la tibia, hipoacusia neurosensorial bilateral y osteomielitis. Lo anterior, a su vez, implicó que le realizaran dos intervenciones quirúrgicas. 2.1.4. Sostiene que como resultado del anterior accidente y de su avanzada edad (74 años), permaneció incapacitado por aproximadamente 507 días. Sin embargo, los primeros seis meses no fueron pagados en tanto la cooperativa entró en mora en la consignación de los respectivos aportes a Coomeva EPS. Igualmente, menciona que mediante audiencia practicada el 27 de septiembre de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le asignó un total de 45.58% de pérdida de capacidad laboral. 2.1.5. Asevera que pese a su estado de salud y a que el médico tratante todavía lo seguía incapacitando, el 6 de enero de 2014, al intentar solicitar una cita de valoración, se enteró de su desafiliación cuando le informaron que desde el 31 de diciembre 2013 la cooperativa había suspendido los aportes. Tal interrupción, asegura, afectó los tratamientos de osteomielitis crónica, otorrinolaringología y neurología que venía recibiendo. 2.1.6. Procedió entonces a elevar petición de reafiliación ante Cootransur, la cual fue rechazada mediante respuesta del 20 de enero del año en curso, aduciendo que la precaria situación económica de la cooperativa impedía que se siguieran realizando los aportes a seguridad social. 2.1.7. Agrega que debido a su estado de salud fue finalmente despedido de la cooperativa, pese a que venía desempeñando responsablemente sus labores y que nunca fue objeto de llamados de atención. 2.1.8. Al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y ante la imposibilidad de conseguir otro trabajo, solicita que: (i) se ordene su reintegro laboral; (ii) se disponga el pago de las compensaciones y prestaciones sociales dejadas de percibir; y (iii) se conmine a Coomeva EPS a reactivar los procedimientos y atención médica que requiere. 2.2. Contestación de las entidades demandadas. Cootransur excepcionó la ausencia de relación laboral y en este sentido sostuvo que no se podía tratar como un caso de despido. Precisó, de acuerdo a los estatutos de la cooperativa, que el señor Gaviria Rojo “tenía la calidad de asociado y no de trabajador”[7], en tanto era propietario de un vehículo de transporte con el cual se afiló a la empresa. Coomeva EPS, por su parte, guardó silencio. 2.3. Sentencia objeto de revisión constitucional. En fallo de única instancia, proferido el 6 de febrero de 2014 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín, se negó el amparo. Estimó que del análisis de las pruebas allegadas, debía “concluirse indefectiblemente que el señor Héctor de Jesús Gaviria Rojas (sic), no acreditó contrato de trabajo o vínculo laboral en estricto sentido con la cooperativa accionada, por el contrario, que este, al parecer, ostentó la calidad de afiliado a la misma y por ende, no existió, en principio, dependencia laboral”[8]. En esta medida, sostuvo que el accionante debió primero acudir a las acciones ordinarias laborales a fin de probar si efectivamente existió tal vínculo con la Cooperativa demandada. 2.4. Pruebas. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes: 2.4.1. Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 27 de septiembre de 2013. (Cuaderno original, folios 8 a 15). 2.4.2. Copia de la clasificación de atención en urgencias (triage) en la IPS Uba Centro Medellín el 23 de enero de 2014. (Cuaderno principal, folio 16). 2.4.3. Certificación de las incapacidades otorgadas a Héctor de Jesús Gaviria Rojo expedida por la Jefe Regional de Medicina Laboral de la EPS Coomeva. (Cuaderno principal, folio 17). 2.4.4. Copia de la petición presentada por Héctor de Jesús Gaviria Rojo ante la Cooperativa de Transportadores de Urabá -Cootransur-, a través de la cual solicita el reintegro y la afiliación al sistema de salud. (Cuaderno principal, folio 18). 2.4.5. Copia de la respuesta a la petición presentada por Héctor de Jesús Gaviria Rojo, por medio de la cual Cootransur le informa que por la difícil situación financiera de la cooperativa no era posible continuar efectuando los pagos a seguridad social. (Cuaderno principal, folio 19). 2.4.6. Copia de la cédula de ciudadanía de Héctor de Jesús Gaviria Rojo. (Cuaderno principal, folio 20). 2.4.7. Copia de los estatutos de la Cooperativa de Transportadores de Urabá -Cootransur-. (Cuaderno principal, folios 38 a 62). 2.5. Trámite surtido en sede de revisión. Este Despacho, con miras a obtener mayores elementos de juicio para resolver el caso concreto puesto a consideración decretó las siguientes pruebas: 2.5.1. Ordenó a la Cooperativa de Transportadores de Urabá -Cootransur- que respondiera las siguientes preguntas: (i) ¿Perdió la calidad de asociado a Cootransur el señor Héctor de Jesús Gaviria Rojo? En caso afirmativo, ¿por qué razón y qué procedimiento se siguió para su desvinculación?; y (ii) ¿Cuál es el balance financiero del fondo de solidaridad de la Cooperativa a 2014?, ¿se han utilizado recursos del mismo para sufragar los aportes en seguridad social del señor Gaviria Rojo? 2.5.2. Ordenó a Coomeva EPS, seccional Antioquia, responder: (i) ¿Cuál es la situación actual de afiliación a salud del señor Héctor de Jesús Gaviria Rojo?; y (ii) ¿Se realizó el pago de todos los días de incapacidad debidamente acreditados por el accionante? 2.5.3. Finalmente, ordenó a Héctor de Jesús Gaviria Rojo informar si requirió nueva valoración de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y si está adelantando algún trámite de solicitud de pensión en este sentido. A la fecha de expedición de esta providencia no se recibieron las pruebas solicitadas a las partes. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 1. Competencia. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Planteamiento de los casos y problemas jurídicos. 2.1. Expediente T-4.394.854. De los antecedentes expuestos se tiene que la señora María del Carmen Mejía Montenegro, actuando como agente oficiosa de su hermano, el señor Jorge Humberto Montenegro, instaura acción de tutela en contra de la EPS Comfenalco Valle, debido a la interrupción de los tratamientos médicos que el agenciado venía recibiendo por la desafiliación que efectuara dicha entidad bajo el argumento del fallecimiento de quien fungía como cotizante. Dentro de las prestaciones y servicios médicos interrumpidos enumera: (i) el suplemento alimenticio Ensure; (ii) la atención domiciliaria con la fonoaudióloga y la terapista y (iii) la consulta con especialistas. En contestación al escrito de tutela, la EPS afirmó que de continuar prestando los servicios de salud estaría transgrediendo la normatividad sobre la materia y contribuyendo al déficit económico del sistema de salud. En decisión de única instancia proferida el 27 de enero de 2014, el Juzgado 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali negó el amparo solicitado al considerar que la accionante no allegó los documentos que acreditaran el procedimiento o tratamiento médico requerido y porque no demostró que la entidad accionada hubiera negado algún servicio prescrito por un médico adscrito a la EPS. Mediante escrito del 17 de febrero de 2014 la accionante manifestó que desistía del recurso de impugnación. Posteriormente, en virtud del requerimiento de esta Corporación, la EPS accionada informó que el señor Montenegro actualmente se encuentra afiliado al Plan Obligatorio de Salud como cotizante independiente desde el 3 de febrero de 2014 y anexó un listado de los servicios y medicamentos que fueron autorizados desde el momento de la afiliación. Con base en lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Transgrede una entidad prestadora de salud los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de una persona afiliada en calidad de beneficiaria y que padece de parálisis cerebral, a quien le fue suspendido el tratamiento médico con ocasión de la desafiliación del sistema de salud con fundamento en el fallecimiento de quien fungía como cotizante? Antes de abordar de fondo el anterior interrogante, la Sala hará alusión al fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, dada la posibilidad de que este se hubiera configurado en el presente asunto. Una vez agotado lo anterior, se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) la agencia oficiosa en sede de tutela; y (ii) los principios de integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. Con base en ello, (iii) resolverá el caso concreto. 2.2. Expediente T-4.401.974 El señor Héctor de Jesús Gaviria Rojo instauró acción de tutela contra la EPS Coomeva y la Cooperativa de Transportes de Urabá -Cootransur-. Señala que se vinculó a dicha cooperativa para desempeñar el cargo de conductor y a través de esta fue afiliado al sistema de seguridad social. En agosto de 2012 fue atropellado por una moto y desde el accidente ha estado incapacitado debido a las complicaciones de las lesiones. Además, menciona que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le asignó un total de 45.58% de pérdida de capacidad laboral. Agrega que en enero de 2014, se enteró de su desafiliación de Coomeva debido a que la cooperativa suspendió los aportes, interrupción que afectó los tratamientos de osteomielitis crónica, otorrinolaringología y neurología que venía recibiendo. Por otro lado, afirma que debido a su estado de salud fue despedido de la cooperativa, a pesar de no haber recibido llamados de atención y haber realizado sus labores de forma responsable. Con base en ello, solicita: (i) se ordene su reintegro laboral; (ii) se disponga el pago de las compensaciones y prestaciones sociales dejadas de percibir; y (iii) se conmine a Coomeva EPS a reactivar los procedimientos y atención médica que requiere. En contestación al escrito de tutela, Cootransur excepcionó la ausencia de relación laboral y sostuvo que no se podía tratar como un caso de despido. Aseguró que el accionante tenía la calidad de asociado y no de trabajador. Posteriormente, informó que el señor Héctor de Jesús Gaviria Rojo dejó de pertenecer a la cooperativa en el momento en que incumplió con el pago de sus aportes, establecida en los estatutos como una de las causales de desafiliación y señaló que el proceso se realizó según lo establecen dichos estatutos. Por su parte, la EPS Coomeva guardó silencio. En sentencia de única instancia proferida el 6 de febrero de 2014, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín negó el amparo al considerar que el señor Gaviria Rojo no demostró la existencia de un contrato de trabajo o un vínculo laboral, por lo que debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para resolver el asunto. Con base en lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos: 2.2.1. ¿Transgrede una entidad prestadora de salud los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de una persona a quien le fue suspendido el tratamiento médico con ocasión del atraso en los aportes al sistema de salud por parte de la cooperativa de transporte a la que se encuentra vinculado? 2.2.2. Por otro lado, deberá determinar de manera preliminar, si en este caso se dan los presupuestos de existencia del contrato laboral entre el accionante y la cooperativa de transporte accionada. De ser así, ¿vulnera una cooperativa de transporte los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada al dar por terminado el vínculo laboral con uno de sus asociados a pesar de que este último se encontraba incapacitado al momento del despido? 2.2.3. Aun cuando no se configure una verdadera relación laboral, la Sala analizara además si ¿una cooperativa de transporte vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de una persona que se encuentra a ella vinculada y a quien le fue suspendido el descuento de los aportes a salud bajo los argumentos de no contar con la disponibilidad financiera para ello y de no encontrar un sustento legal o en los estatutos que la rigen para el efecto? Con el fin de dar respuesta a los anteriores interrogantes la Corte se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) los principios de integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud; (ii) vulneración del derecho al debido proceso cuando se desafilia a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de las EPS, sin previa notificación; (iii) cooperativismo en el ordenamiento jurídico colombiano; y (iv) el contrato realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Con base en ello, (v) resolverá el caso concreto. 3. El fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado. 3.1. Esta Corporación ha desarrollado la tesis de la carencia actual de objeto en los eventos en que cesa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que inicialmente condujo a una persona a acudir a la acción de tutela para su protección. En esos casos, la Corte ha considerado que “el amparo pierde su razón de ser como mecanismo de defensa judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carece de fundamento fáctico”[9]. En ese sentido, la carencia actual de objeto ocurre bajo dos circunstancias denominadas por la jurisprudencia constitucional como “hecho superado” y “daño consumado”. En cuanto al daño consumado, establece el numeral 4º del artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de 1991 que una de las causales de improcedencia de la tutela se configura cuando “sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. Sobre el particular ha sostenido esta Corte, se está en presencia de un daño consumado cuando “en razón de la vulneración a los derechos fundamentales se ha ocasionado un daño irreparable que se pretendía evitar con la orden del juez de tutela”[10]. En ese caso, el juez constitucional tiene la facultad y el deber de pronunciarse de fondo, exponiendo las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante y haciendo las advertencias respectivas para indicar la garantía de no repetición[11]. Sobre el hecho superado, ha sostenido este Tribunal que se presenta dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela; es decir, desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales porque antes de ser proferida la decisión del juez constitucional sucede o se da lo pretendido a través de dicho mecanismo y con ello, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío[12]. Al respecto, se ha dicho que el hecho superado no conduce a declarar la improcedencia de la acción de tutela, en tanto es posible que la Corte Constitucional estudie de fondo el asunto con el fin de determinar “si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela”[13]. Aunque no se emitirían órdenes de fondo porque las mismas resultarían ineficaces, si la decisión proferida por el juez de tutela es contraria a los postulados constitucionales, es deber de la Corte revocarla. En esa medida, procede el estudio de fondo, “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes”[14]. 3.2. Ahora bien, en los antecedentes del caso (expediente T-4.394.854) se probó que el señor Jorge Humberto Montenegro ya se encuentra afiliado al Plan Obligatorio de Salud en la EPS Comfenalco Valle en calidad de cotizante independiente y actualmente está recibiendo las terapias, medicamentos y servicios necesarios para tratar su patología. Además, al parecer por ello obedeció que la accionante desistiera del recurso de impugnación, tal y como quedó consignado en el escrito radicado ante el juez de conocimiento[15]. De esa forma, es claro que se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que la Sala se abstendrá dictar órdenes en ese sentido. Sin embargo, encuentra la Sala de Revisión que existen suficientes motivos para examinar pedagógicamente algunos aspectos jurídicos relevantes, de tal forma que, si de ello se evidencia una alteración del orden constitucional, se proceda a adoptar medidas encaminadas a llamar la atención o advertir sobre la no repetición de los hechos que le dieron origen a la acción de tutela. Lo anterior, por cuanto el juez de instancia determinó que al no existir pruebas sobre los tratamientos que fueron interrumpidos no podía acceder a las pretensiones de la accionante, dejando de lado el estudio de un aspecto que a juicio de esta Corporación resulta relevante, esto es, el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, que como será abordado, implica el deber de las entidades promotoras de salud de no interrumpir el tratamiento una vez el mismo ha iniciado, hasta tanto no se reestablezca la salud del paciente o hasta que otra entidad, pública o privada, asuma el mismo. 4. La agencia oficiosa en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia. 4.1. La procedencia de la acción de tutela está sujeta al cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas por el Legislador por parte de quien invoca la protección de sus derechos fundamentales a través de este mecanismo constitucional. Dentro de esos requisitos se encuentra el de la legitimación en la causa por activa, consagrada en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que señala lo siguiente: “ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS: La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. De esta disposición se deriva que la acción de tutela puede ser interpuesta de las siguientes maneras: (i) por la persona que considera directamente lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; (ii) por el representante legal; (iii) por el apoderado judicial; (iv) mediante la agencia de los derechos cuando el titular no se encuentre en condiciones de ejercer su propia defensa; (v) por el Defensor del Pueblo y (vi) por los Personeros Municipales. 4.2. En reiterada jurisprudencia se ha señalado que, para el caso de la agencia oficiosa, la persona que actúa en nombre de otra debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) manifestar que está obrando en esa calidad; (ii) que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de asumir su propia defensa, lo cual puede ser acreditado de forma tácita o expresa; y finalmente (iii) identificar a la persona por quien se intercede[16]. En cuanto a la acreditación de la imposibilidad física o mental para asumir la defensa, ha dicho la Corte que se trata de un requisito que debe ser valorado dependiendo de las circunstancias propias de cada caso. Al respecto, ha explicado que “corresponde al juez de tutela, ponderando las circunstancias del caso, definir si, en efecto, la persona de cuyos derechos fundamentales se trata podría haber presentado por sí misma la demanda, evento en el cual carecería de sustento jurídico la agencia oficiosa y se configuraría la ilegitimidad en la causa por el aspecto activo”[17]. De igual forma, esta Corte ha mencionado que la agencia oficiosa se desarrolla bajo la observancia de tres principios fundamentales: “(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales[18], el cual impone la ampliación de los mecanismos protectores de los derechos fundamentales para los particulares y autoridades públicas; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma[19], que busca impedir que por diseños artificiales de la norma, se deje de cumplir el fin último de ésta; y (iii) el principio de solidaridad[20], la obligación de los miembros de la sociedad de Colombia de velar no sólo por los derechos fundamentales propios, sino por los del otro, en la imposibilidad que tiene éste de propender por la protección de sus derechos”[21]. (Resaltado fuera de texto). 4.3. De lo anterior se concluye que toda persona puede acudir a la acción de tutela directamente o por quien actúe en su nombre, para obtener la protección de los derechos fundamentales que considere amenazados o vulnerados, siempre y cuando se acrediten los presupuestos y requisitos fijados por la ley y desarrollados por esta corporación. Específicamente, sobre la agencia oficiosa, la misma es permitida constitucionalmente cuando se manifieste expresamente esa condición y se demuestre expresa o tácitamente que el afectado se encuentra imposibilitado física o mentalmente para interponerla. 5. Los principios de integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. Reiteración de jurisprudencia[22]. 5.1. El artículo 49 de la Carta Política consagra la salud bajo una doble connotación: como un derecho constitucional y como un servicio público esencial que impone al Estado la obligación de organizar, dirigir y reglamentar su prestación, así como garantizar el acceso a la misma conforme los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[23]. Al mismo tiempo, la jurisprudencia de este Tribunal se ha referido a otros principios que deben atender el Estado y, específicamente, las entidades encargadas de la prestación del servicio, para hacer efectiva esta garantía constitucional. Tales principios son los de integralidad y continuidad, que fungen como elementos definitorios en materia de salud. En virtud del principio de integralidad, “la atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley”[24]. (Resaltado fuera de texto). Por su parte, mediante el principio de continuidad se busca “que el servicio de salud no sea interrumpido antes de la recuperación o estabilización del paciente”[25]. Al respecto la Corte ha señalado que resulta válido que, mediante el procedimiento correspondiente, una entidad prestadora del servicio dé por terminada la relación jurídico-formal (la que se establece entre la institución y el usuario) con el paciente, pero no por ello puede dar por terminada la relación jurídico-material (que supone una obligación de medio o de resultado según el caso), más aún cuando a la persona se le está garantizando el acceso a un servicio de salud[26]. Lo anterior significa que las EPS deben prestar el servicio, no de manera indefinida sino hasta que otra entidad, pública o privada, asuma la atención del paciente[27]. Esto con el fin de evitar la interrupción en el acceso a la salud y de garantizar su prestación de manera eficiente y efectiva. Sobre el particular, en la sentencia C-800 de 2003 la Corte sistematizó los eventos en los cuales las EPS no pueden suspender un tratamiento o medicamento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un paciente, invocando como justificación que: “(i) la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo; (iii) la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario; (iv) la EPS [entidad] considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado; (v) el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS [entidad] y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi) se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene prestando”[28]. 5.2. En definitiva, las entidades prestadoras de salud están en la obligación de brindar y suministrar de manera continua, integral y oportuna todos aquellos insumos y tratamientos que requiera la persona que ve afectado su estado de salud, sin dilaciones, obstáculos ni interrupciones. Igualmente, no pueden suspender este servicio cuando al paciente ya le ha sido diagnosticada la enfermedad y se encuentra esperando la realización de los exámenes y procedimientos, hasta que su condición se haya restablecido y le permita llevar una vida en condiciones dignas, o hasta que otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud. 6. Vulneración del derecho al debido proceso cuando se desafilia a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de las EPS, sin previa notificación. Reiteración de jurisprudencia[29]. En la sentencia T-545 de 2013 la Corte Constitucional sintetizó las consideraciones que de manera unificada y reiterada ha expuesto sobre el procedimiento que debe llevar a cabo cualquier Entidad Promotora de Salud al momento de desafiliar a un usuario del sistema de salud. En primer lugar, explicó que el principio de continuidad hace parte de las responsabilidades a cargo del Estado, así como también de los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud, quienes deben facilitar su acceso conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad señalados en el artículo 49 de la Constitución Política[30]. Por otro lado, hizo mención al artículo 2° del Decreto 2400 de 2002[31], el cual señala los casos en lo que procede la desafiliación de una persona a una EPS, a saber: “Artículo 2°. El artículo 10 del Decreto 1703 de 2002 quedará así: Artículo 10. Desafiliación. Procederá la desafiliación a una EPS en los siguientes casos: a) Literal declarado NULO por el Consejo de Estado mediante fallo EXP: 1476-06 de 2011. b) Cuando el trabajador dependiente pierde tal calidad e informa oportunamente a la entidad promotora de salud, EPS, a través del reporte de novedades que no tiene capacidad de pago para continuar afiliado al Régimen Contributivo como independiente; la novedad de retiro informada a través del formularlo de autoliquidación hace presumir la pérdida de capacidad de pago del trabajador retirado; c) Cuando el trabajador independiente pierde su capacidad de pago e informa a la entidad promotora de salud, EPS, tal situación, a través del reporte de novedades o en el formulario de autoliquidación; d) Para los afiliados beneficiarios, cuando transcurran tres meses de suspensión y no se entreguen los soportes de la afiliación requeridos por la entidad promotora de salud, EPS, en los términos establecidos en el presente decreto; e) En caso de fallecimiento del cotizante, también se producirá la desafiliación de sus beneficiarios, salvo que exista otro cotizante en el grupo familiar, caso en el cual quedará como cabeza de grupo[32]; f) Cuando la Entidad Promotora compruebe la existencia de un hecho extintivo de la calidad de afiliado, cuya novedad no haya sido reportada; g) Cuando la Superintendencia Nacional de Salud defina quejas o controversias de multiafiliación; h) En los demás casos previstos en el Decreto 1485 de 1994 artículo 14 numeral 7”. (Resaltado fuera de texto). En concordancia con lo anterior, en dicha providencia este Tribunal citó el artículo 11 del Decreto 1703 de 2002 que contempla el procedimiento que deben surtir las EPS para desafiliar a sus usuarios. Este consistirá en notificar de manera previa a la última dirección del afiliado, con una antelación no menor a un mes, una comunicación por correo certificado en donde se señale con precisión las razones que motivan la decisión de desafiliación indicando la fecha desde la cual se hará efectiva la medida. De esta forma, el usuario podrá manifestar sus razones para no continuar o controvertir la decisión[33]. Más adelante, la Sala sostuvo que cuando una persona ingresa al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en principio, debe permanecer en él. No obstante, de manera excepcional es posible desafiliar a los usuarios del sistema, cuando se acredite alguna de las causales previstas en la ley y siempre bajo la garantía de los derechos fundamentales[34]. En esa medida, la decisión de las entidades promotoras de salud de suspender el servicio o desafiliar al usuario no puede adoptarse de manera unilateral o arbitraria[35] y “antes de desafiliar a un usuario del sistema de salud, deben agotar previamente el debido proceso, es decir, informar al afiliado sobre las razones de la desvinculación y permitirle su contradicción”[36]. En otras palabras, entiende la Sala de Revisión que las EPS deben garantizar el derecho al debido proceso al momento de proceder con la desafiliación de los usuarios del sistema, “aun cuando considere que un afiliado está incurso en alguna de las causales para suspender el servicio, casos en los cuales deberá informarle de las razones o motivos de la desvinculación y permitirle su contradicción”[37]. 7. Cooperativismo en el ordenamiento jurídico colombiano. 7.1. Teniendo en cuenta que uno de los debates que surge de los casos puestos en consideración de la Corte concierne a la naturaleza de las cooperativas de transporte, la Sala incluirá en este acápite un panorama general sobre los fundamentos normativos de este tipo de organizaciones y los principios que las orientan. La ley 79 de 1988, “Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa” consagra como propósito principal el de “dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional”[38]. Bajo esa premisa, dicha normatividad define el acuerdo cooperativo como “el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo”[39]. A su vez, dispone que la cooperativa “es la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”[40]. De igual forma, la ley previamente citada hace una diferenciación sobre las cooperativas en razón al desarrollo de sus actividades. En esa medida, las cooperativas podrán ser: (i) especializadas: “se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas”[41]; (ii) multiactivas: “se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado de cooperativa”[42]; o (iii) integrales: “aquellas que en desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios”[43]. En cuanto a las cooperativas de transporte, la ley únicamente hace referencia a ellas en el artículo 75, según el cual “serán, separadas o conjuntamente, de usuarios del servicio, trabajadores o propietarios asociados, para la producción y prestación del mismo” y contarán con beneficios como el estímulo del gobierno para su constitución, la prelación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora, entre otros. Por otro lado, la Ley 454 de 1998[44] determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, regida por los principios que están consagrados en el artículo 4º, cuyo tenor dispone lo siguiente: “1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los medios de producción. 2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 5. Propiedad asociativo y solidaria sobre los medios de producción. 6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva. 8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 9. Servicio a la comunidad. 10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 11. Promoción de la cultura ecológica”. (Resaltado fuera de texto). La ley establece como sujetos de dicha normatividad “las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general”[45], carácter que se predica, entre otras, de las cooperativas. Entre otras disposiciones, dicha normatividad regula además del marco conceptual, lo concerniente a la integración, los órganos de apoyo y la actividad financiera en la economía solidaria. 7.2. Ahora bien, esta Corporación ha explicado en diferentes oportunidades los fundamentos constitucionales del cooperativismo en Colombia. Así, en la sentencia C-314 de 2009 explicó que las cooperativas surgen a partir de una iniciativa colectiva y constituyen lo que la Constitución ha denominado una forma solidaria de propiedad. Partiendo de esa base, la Corte hizo referencia específica a la solidaridad como valor constitucional y principio fundante de la organización política (artículo 1º C.P.). Sobre el particular, señaló que ante la ausencia de una definición normativa la solidaridad puede entenderse como “un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”[46]. En el mismo sentido se pronunció esta corporación en la sentencia C-188 de 2006, ocasión en la que señaló que la solidaridad era entendida como “aquella comunidad de intereses, sentimientos y aspiraciones, de la cual emana, como consecuencia natural y obvia, un acuerdo de mutua ayuda y una responsabilidad compartida para el cumplimiento de los fines propuestos: la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas”[47]. Bajo esa premisa, explicó la Corte en la mencionada sentencia C-314 de 2009 que “si bien no existe a cargo del Estado ni de la comunidad el deber general de atender y solventar todos los problemas y necesidades particulares que sus integrantes puedan afrontar, dentro del Estado social de derecho sí existe en cabeza de aquéllos y de los ciudadanos en general, la obligación de participar y contribuir a la solución de tales situaciones”[48]. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 2º de la Carta, que establece como uno de los fines esenciales del Estado el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la vigencia de un orden justo, así como en el numeral 2º del artículo 95 Superior, que reclama la necesidad de obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante aquellas situaciones extremas que pongan en peligro la supervivencia o la salud de sus semejantes. Asimismo, se justifica en otras disposiciones del ordenamiento superior que establecen como obligaciones del Estado “promover las formas asociativas y solidarias de propiedad (inciso 3° del artículo 58 Const.) y el de fortalecer las organizaciones solidarias (inciso 3° del artículo 333 ibídem), situaciones que además son importantes manifestaciones del derecho de asociación de que trata el artículo 38 del mismo texto superior”[49]. 7.3. De lo expuesto se concluye que, con fundamento en los principios y valores constitucionales que propenden porque los ciudadanos actúen de forma solidaria y cooperada, han surgido diferentes tipos de organizaciones cuyo propósito es producir o distribuir de manera conjunta y eficiente bienes y servicios, para satisfacer necesidades no solo de sus asociados sino de la comunidad en general. Lo anterior, encuentra sustento en los postulados del ordenamiento superior que pregonan por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como servir a la comunidad y promover la prosperidad general, y de los deberes de los ciudadanos de actuar conforme al principio de solidaridad. 8. El contrato realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral. Reiteración de jurisprudencia. 8.1. El artículo 53 de la Constitución Política consagra como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Bajo esa premisa, esta Corporación ha entendido este postulado constitucional de la siguiente manera: “no importa la denominación que se le dé a la relación laboral, pues, siempre que se evidencien los elementos integrantes de la misma, ella dará lugar a que se configure un verdadero contrato realidad”[50]. De ello se deriva la existencia de lo que ha sido denominado como contrato realidad, “entendido por la Corte como aquél que teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación laboral en donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma”[51]. Sobre el particular, ha señalado este Tribunal: “La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato”[52]. Bajo ese entendido, para determinar cuándo se estructura una verdadera relación laboral o un contrato de trabajo deben examinarse los requisitos señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, según el cual se requiere que concurran tres elementos esenciales: (i) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que lo faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y (iii) el salario como retribución del servicio[53]. Lo anterior significa entonces que el principal aspecto que debe tenerse en cuenta es la relación efectiva que existe entre el trabajador y el empleador, independientemente de lo que resulte del contrato o de lo que se derive de este, en tanto lo allí consignado o formalmente pactado puede ser contrario a la realidad[54]. Para ello, el juez debe valorar en cada caso si se configura una verdadera relación laboral, aspecto sobre el cual la Corte ha considerado: “Uno de los postulados desarrollados de manera más prolija en materia laboral por esta Corporación es aquel conocido como el ‘principio de contrato realidad’ o ‘primacía de la realidad sobre las formalidades’[55]. Como fue señalado en sentencia C-166 de 1997, esta máxima guarda relación con el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 del texto constitucional como uno de los preceptos rectores de la administración de justicia. En desarrollo de esta máxima, corresponde al juez llevar a cabo un atento examen de cada uno de los elementos que rodean la prestación de servicios de manera tal que logre determinar el contenido material de la relación que subyace la pretensión de las partes que se dirigen a la autoridad judicial. En tal sentido, el operador jurídico se encuentra llamado a hacer prescindencia de los elementos formales que envuelven el contrato con el objetivo de establecer si en el caso concreto se presentan los elementos que de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo definen el vínculo laboral”[56]. 8.2. Ahora, es bien conocido que una de las formas utilizadas para dar apariencia diferente a una verdadera relación laboral es aquella definida a través del cooperativismo. Sobre el particular existen numerosos pronunciamientos de este Tribunal, en los cuales se pretende dilucidar en cada caso concreto si este tipo de asociación compromete verdaderos derechos laborales. En reciente jurisprudencia, se ha sostenido que el vínculo entre el cooperado y la cooperativa no está comprendido en el marco de las relaciones de trabajo subordinado, por cuanto se supone que sus asociados son dueños de la cooperativa. Por esta razón, no existe la dualidad entre empleado y empleador y, en principio, no podría utilizarse la legislación laboral[57]. No obstante, en algunos eventos a las personas vinculadas a las cooperativas les son aplicables las normas en materia laboral como sucede, por ejemplo, con la intermediación laboral o cuando la persona trabaja directamente para la cooperativa sin...