Sentencia T-740 de 2014

T-740-14 [Proyecto de circulación restringida] Sentencia T-740/14 ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR PRACTICA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION DEFINITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL-Evolución jurisprudencial La jurisprudencia ha señalado que se deben agotar ciertos requisitos sustanciales antes de poder acudir a la acción de amparo. En efecto, en primer lugar, se debe adelantar previamente el proceso de interdicción para obtener la calidad de representante o curador del hijo en situación de discapacidad; y, en segundo lugar, se debe acudir al juez competente para que, en un proceso especial, distinto y anterior a la acción de tutela autorice la práctica del procedimiento médico de esterilización quirúrgica. En caso de no haber agotado este procedimiento ordinario, la tutela resulta improcedente toda vez que existe un mecanismo judicial idóneo para solicitar la orden de práctica del procedimiento quirúrgico de esterilización. PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION QUIRURGICOS-Parámetros PRACTICA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION DEFINITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL-Línea jurisprudencial PROHIBICION DE ANTICONCEPCION QUIRURGICA A MENORES DE EDAD-Finalidad CONSENTIMIENTO EN MATERIA DE ESTERILIZACION QUIRURGICA A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Jurisprudencia constitucional La Corte ha encontrado de manera genérica que ante la existencia de medidas menos lesivas de la autonomía de la persona que la intervención quirúrgica, se debe optar por la utilización de mecanismos no definitivos de anticoncepción que no restrinjan de forma irreversible el ejercicio de los derecho a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y menores en situación de discapacidad. CONSENTIMIENTO EN MATERIA DE ESTERILIZACION QUIRURGICA A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Subreglas En el estudio de casos particulares, la Corte ha ido decantando las eventuales hipótesis en las que puede resultar admisible excepcionalmente la autorización del procedimiento de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad, bajo el entendido de que existen razones constitucionalmente válidas para ello. Así, ha encontrado (primera excepción) que si existe un riesgo a la vida de la paciente como consecuencia del embarazo y la imposibilidad de evitarlo eficazmente por otros medios, se preferirá salvaguardar la vida e integridad de la menor en condición de discapacidad siempre que esta, de manera reflexiva y consiente, no decida lo contrario. Esta subregla presupone los siguientes requisitos: (i) que la decisión sea consentida por la menor; (ii) que un grupo interdisciplinario certifique que la misma conoce y comprende las consecuencias de la intervención quirúrgica; (iii) que exista un concepto médico interdisciplinario que establezca que la operación es imprescindible para proteger su vida porque no exista otra alternativa; y (iv) que, en todo caso, se otorgue autorización judicial para garantizar el respeto de los derechos del menor, con especial énfasis en determinar la posibilidad para consentir o no el procedimiento médico. El otro caso (segunda excepción), lo constituye la circunstancia de discapacidad severa o profunda en la que puede presentarse la situación de inexistencia de capacidad para emitir consentimiento futuro, caso en el que parte de la jurisprudencia constitucional ha considerado que no se atenta contra el derecho a la autonomía del menor porque este no la puede ejercer, dado que el menor no comprende las implicaciones de la operación ni el significado de la maternidad o paternidad. PROHIBICION DE ESTERILIZACION QUIRURGICA A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Excepciones (i) Cuando existiera un riesgo inminente de muerte a raíz de un eventual embarazo y frente a la imposibilidad de evitarlo eficazmente por otros medios; y (ii) cuando se trate de una discapacidad, certificada médicamente, que le impidiera a la paciente emitir cualquier clase de consentimiento hacia el futuro. En cada caso, se deberán observar que cuente con los conceptos médicos debidos y en todo caso con la autorización judicial que debe ser declarada por un juez de familia competente (numeral 8º del art. 48 Ley 1306 de 2009) en el proceso especial que autoriza la práctica de este tipo de procedimientos médicos. ESTERILIZACION QUIRURGICA EN MUJERES Y MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Estándares internacionales La normatividad internacional en la materia, ha determinado que las personas con alguna condición de discapacidad deben contar con los apoyos necesarios para su desarrollo pleno e integral. Ello supone, partir de la presunción de capacidad para ejercer su autonomía, y la implementación progresiva de las medidas tendientes para que logren su participación efectiva en las decisiones que los afectan, incluidas aquellas relacionadas con su intimidad, sexualidad y posibilidad de formar una familia. los mandatos de la CDPD y las pautas hermenéuticas del Comité por ella creado, muestran que, en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad, existe un claro mandato que exige al Estado colombiano evitar la utilización y puesta en práctica de medidas que limiten o sustraigan la capacidad jurídica de este grupo poblacional. Más aún, exige que se adopten medidas tendientes a la implementación de apoyos en la toma de decisiones a través de los ajustes razonables necesarios para que dicha población pueda acceder en igualdad de condiciones a todas las oportunidades sociales y al goce efectivo de sus derechos. ESTERILIZACION QUIRURGICA EN MUJERES Y MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Garantía del derecho al consentimiento informado, autonomía de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos ACCION DE TUTELA PARA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACION QUIRURGICA A MENOR DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Competencia y deberes del juez de familia como garante del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las jóvenes En el proceso judicial de autorización de un procedimiento de esterilización quirúrgica a menores en situación de discapacidad, el juez competente debe observar todos los elementos de juicio que garanticen el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de estas. Dichos elementos de juicio por supuesto incluyen los estándares internacionales en materia de esterilización quirúrgica señalados en los fundamentos jurídicos de la presente sentencia. Así, el funcionario judicial que conozca de cada caso deberá tener en cuenta que se debe garantizar el respeto de la capacidad plena y el consentimiento libre e informado de las mujeres y menores en condición de discapacidad para autodeterminarse respecto a la posibilidad de decidir la conformación futura de su familia y del derecho a ser madres. En este sentido, debe recordar igualmente que se deben adoptar todas las medidas de apoyo, médicas, sicológicas y pedagógicas para que se logre emitir consentimiento (modelo de apoyo a la toma de decisiones), según las particularidades de la condición de discapacidad a la que esté sujeta cada mujer o menor de edad. Todo ello de manera que se garantice la optimización de su derecho fundamental a emitir su consentimiento libre e informado. ACCION DE TUTELA PARA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACION QUIRURGICA A MENOR DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Improcedencia para ordenar ligadura de trompas por incumplir requisitos La Sala pudo corroborar que en el sub examine, no se cumple con ninguno de los requisitos para autorizar el procedimiento de esterilización quirúrgica. Así, no se encontró ninguna certificación médica que advirtiera la necesidad de practicar la intervención a raíz de una condición que comprometiera de forma inminente la vida de la menor. Al examinar el expediente del proceso de tutela adelantado por el padre de la menor se evidencia que este solicitó el procedimiento de “ligadura de trompas” de su hija por recomendación de la médico especialista en ginecología tratante de la niña. En todo caso, no consta ningún concepto médico interdisciplinario que certifique debidamente que la intervención quirúrgica es imprescindible para evitar un riesgo a la vida de la menor. Referencia: expediente T-4.395.361 Acción de tutela instaurada por el señor Ricardo Alfredo Monsalve Zapata en representación de María José Monsalve Sánchez contra COOMEVA EPS. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, DC., tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del trámite de revisión del fallo dictado en instancia única por el Juzgado Cuarto (4°) Civil Municipal de Medellín el diecisiete (17) de febrero de dos mil catorce (2014), en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos.[1] 1.1 El señor Ricardo Alfredo Monsalve Zapata, en representación de su hija María José Monsalve Sánchez, de 12 años de edad y declarada judicialmente interdicta, instauró acción de tutela contra la EPS COOMEVA por la presunta vulneración de su derecho de petición. 1.2 El accionante señaló que el 10 de octubre de 2013 radicó ante la EPS accionada una orden médica para la autorización del procedimiento denominado “ligadura de trompas”, que indica fue ordenado por el médico especialista tratante de su hija. 1.3 Transcurridos dos meses sin obtener respuesta por parte de la entidad accionada, el actor, en ejercicio del derecho constitucional de petición, radicó nuevamente una solicitud el 19 de diciembre de 2013 con miras a que se procediera a efectuar el procedimiento solicitado, el cual tampoco fue atendido por la accionada. 1.4 Señaló que se acercó en distintas oportunidades a las dependencias de COOMEVA EPS ubicada en la ciudad de Medellín, en donde le indicaron que en próximos días resolverían su solicitud, sin que tal hecho hubiere ocurrido. Por el anterior motivo, el día 4 de febrero de 2014 presentó la acción de tutela que en esta oportunidad se revisa, con el objeto de exigir a la entidad accionada que respondiera su solicitud, y que autorizara el procedimiento de esterilización quirúrgica pretendido. 1.5 El 12 de febrero de 2014[2] la entidad accionada respondió la petición elevada por la parte actora, en la que afirmó que para autorizar el procedimiento médico solicitado resultaba necesario que se adelantara un proceso de interdicción en el que el juez de familia designara un curador para que tomara la decisión por la persona interdicta. Agregó, que en el caso particular la usuaria debía contar con la mayoría de edad, y que sugería un implante subdérmico “mientras se adelantaban los demás trámites legales durante su vida”. 1.6 Por el hecho anterior, el 17 de febrero de 2014, momento para el cual ya se había instaurado la acción de tutela, el accionante aportó al proceso copia de la sentencia del 8 de agosto de 2013 en el que el Juzgado Sexto de Familia de Medellín había declarado la interdicción de María José Monsalve Sánchez, y designado a su padre Ricardo Monsalve Zapata como su curador general.[3] 1.7 Finalmente, el accionante alegó que la respuesta emitida por la EPS, en la que le señalaba la alternativa ofrecida por la entidad para tratar a su hija, no correspondía con el procedimiento quirúrgico pretendido, razón por la que consideraba que se vulneraban los derechos de la menor. 2. Solicitud de tutela. 2.1 Con base en los hechos descritos, la parte actora solicitó que se tutelara el derecho fundamental de petición y los demás derechos constitucionales de su hija, para que se ordenara a Coomeva EPS dar respuesta clara, concreta y de fondo a la petición realizada el 19 de diciembre de 2013; y que, en consecuencia, se autorizara la realización del procedimiento de “ligadura de trompas”, ordenado por el médico tratante. 3. Respuesta de la EPS Coomeva. La EPS Coomeva en escrito del 17 de febrero de 2014 contestó la acción de tutela solicitando la declaratoria de improcedencia del amparo. Señaló que la menor María José Monsalve Sánchez, se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en salud a dicha entidad, en calidad de beneficiaria. Indicó que, de su parte, había autorizado todos los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud POS de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Precisó que, al consultar con área de atención médica, se había evidenciado que la menor Monsalve Sánchez padecía síndrome de Down y que los padres habían solicitado la práctica del procedimiento de “ligadura de trompas” alegando prescripción médica del médico tratante. Agregó que, analizado el caso, se trataba de una menor de 12 años, afiliada como beneficiaria, en estado activo y declarada judicialmente interdicta. No obstante lo señalado, adujo que a la entidad no se allegó ninguna orden médica, ni historia clínica que ordenara realizar algún procedimiento médico. En particular, afirmó que en la historia clínica de la menor, se encontró que el 16 de octubre de 2013, la paciente asistió al programa de planificación familiar, y que los padres son los interesados en que se realice la tubectomía[4]. Reiteró que, en el caso de la menor representada, no se había generado orden para el servicio solicitado, y que el mismo no era legal puesto que no se permitía en menores de edad. Sobre este tema alegó que de acceder a la intervención quirúrgica solicitada se incurriría en una de las prohibiciones expresadas en la ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable. En el caso concreto, adujo que la menor tan sólo contaba con 12 años de edad. Finalmente, argumentó que ha prestado todos los servicios, medicamentos y exámenes que la menor ha requerido y que, en caso de no se compartiera la postura de la contestación, solicitaba que el juez autorizara a la entidad repetir contra el Fosyga el 100% de los valores pagados derivados de la atención prestada a la accionante. 5. Fallo único de tutela. 5.1 En fallo del 17 de febrero de 2014, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Medellín negó el amparo solicitado. La mencionada autoridad judicial adujo que en el caso examinado existía un hecho superado toda vez que la entidad accionada había contestado la petición de la accionante mediante comunicación del 12 de febrero de 2014. El juzgado de la decisión señaló que, en el caso aludido, no se podía realizar el procedimiento solicitado por tratarse de una menor de edad y, porque además tampoco existía una autorización judicial expresa para realizar el mismo como se exige en el caso de personas en situación de discapacidad mental. De manera puntual, señaló que pese a existir una declaratoria judicial de interdicción y la correspondiente designación de curadores, no existía una autorización judicial concreta respecto al procedimiento exigido. Así las cosas, no resultaba viable ordenar la práctica de la intervención quirúrgica pretendida. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 1. Competencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico y estructura de la decisión. 2.1. En la acción de tutela que se revisa, el demandante, representante (padre) de la joven María José Monsalve Sánchez, afirmó que la EPS Coomeva vulneró los derechos fundamentales de su hija al no practicar el procedimiento de esterilización quirúrgica de “ligadura de trompas” que le había solicitado. Sostuvo que la entidad accionada inicialmente no respondió la solicitud elevada, posteriormente le exigió una autorización judicial con la que ya contaba, y finalmente, le ofreció un tratamiento alternativo que no correspondía con el pretendido. Por su parte, la entidad accionada señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, toda vez que no se allegó ninguna orden médica, ni historia clínica que ordenara realizar algún procedimiento médico. Agregó que tampoco se puede acceder al tratamiento solicitado porque éste se encuentra prohibido expresamente por la ley 1412 de 2010, comoquiera que se trata de una menor de edad. Afirmó, finalmente, que ha prestado todos los servicios y tratamientos requeridos a la joven representada. 2.2 Así las cosas, la Sala Novena estima que a la luz de los elementos de juicio señalados, el problema jurídico que se debe resolver en esta oportunidad se circunscribe a determinar si la EPS COOMEVA ha vulnerado los derechos fundamentales a la autonomía y la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y al consentimiento libre e informado de la menor María José Monsalve Sánchez, quien padece síndrome de “Down”, al negar la práctica del procedimiento de esterilización quirúrgica de “ligadura de trompas” solicitado por su padre, quien ostenta la calidad de curador general de aquella, bajo el argumento de que ese tratamiento está prohibido para menores de edad, y que se requiere una autorización judicial especial para el mismo. Como se puede apreciar, el contenido del problema no incluye la discusión sobre la posible vulneración del derecho de petición, comoquiera que a criterio de la Sala: (i) como se evidenció acertadamente en el único fallo de instancia de tutela, la solicitud ya se resolvió (hecho superado) debido a que la entidad finalmente respondió de fondo la petición elevada por el actor del proceso, razón por la que no tiene objeto pronunciarse de fondo sobre el tema[5]; y principalmente (ii) porque esta Sala estima que el problema constitucionalmente relevante consiste en precisar cuáles son los derechos en tensión, y en determinar si la negativa de la EPS accionada de practicar el procedimiento de ligadura de trompas solicitado vulnera los derechos de la hija del actor. De manera que, para solucionar el problema jurídico planteado, la Sala: (i) examinará la línea jurisprudencial que ha construido de forma decantada y consistente la Corte en materia de procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos en mujeres y menores en situación de discapacidad mental; y también (ii) revisará los estándares internacionales en relación con la posibilidad o no de autorizar procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad. Así, una vez reconstruida dicha línea de precedente, y reconocida la normatividad internacional en la materia, será posible aplicar las debidas subreglas decisionales en el (iii) análisis del caso concreto para establecer la posible vulneración de derechos invocada por la parte demandante. 3. Procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción quirúrgica respecto de menores de edad en situación de discapacidad[6]. Reiteración de jurisprudencia. 3.1 Esta Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades[7], tanto en sede de constitucionalidad, como en sede de tutela, sobre la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad. De manera particular para el asunto que se analiza en esta oportunidad, los pronunciamientos referidos han precisado algunos aspectos fundamentales en lo que respecta a la posibilidad de esterilización quirúrgica y el derecho a tener una familia en casos de mujeres y menores de edad con alguna condición de discapacidad mental. Al respecto, la Corte ha determinado que en estos casos existen tensiones que involucran, tanto el derecho a la autonomía de las personas en situación de discapacidad, como la protección de su posibilidad de emitir consentimiento.[8] Así, inicialmente ha explicado que los padres o representantes legales no pueden atribuirse la facultad de decidir sobre la esterilización definitiva de sus hijos, a menos que: (i) se declare la interdicción, cuandoquiera que se trate de mayores de edad; o que (ii) exista una autorización judicial en el caso de menores de edad. Adicionalmente, ha determinado que, ante la existencia de medidas menos lesivas de la autonomía personal que la intervención quirúrgica, se debe optar por no restringir el ejercicio de los derechos a la autonomía sexual y reproductiva de la persona en situación de discapacidad. Ello supone igualmente que las autoridades al momento de evaluar las diferentes medidas y alternativas existentes en materia de métodos de anticoncepción, deberán optar por los procedimientos que supongan la menor restricción del derecho a la autonomía de estas personas. A continuación se hace una síntesis de la línea jurisprudencial en la materia. 3.1.1 En lo que respecta al amparo de derechos fundamentales mediante acción de tutela, la Corte ha delineado un precedente claro en lo que respecta a la esterilización quirúrgica. En esta materia, ha determinado que se debe maximizar el respeto por la autonomía de la persona en situación de discapacidad y minimizar la intromisión de los padres o representantes legales en la decisión de esterilización definitiva de los menores en situación de discapacidad o judicialmente declarados interdictos. Igualmente, ha señalado que la excepción a estos casos la constituyen aquellos eventos en los que se ha declarado la interdicción de adultos o la existencia de una autorización judicial entratándose de menores de edad. La línea de precedente en esta materia se funda en la sentencia T-850 de 2002 en la que la Sala Quinta de la Corte estudió el caso de una joven de 19 años de edad que padecía retraso mental y epilepsia refractaria. La madre de la joven consideraba que la negativa del ISS a realizar la esterilización quirúrgica vulneraba los derechos de su hija ante el riesgo de quedar embarazada. Así, la Corte estimó que se debían tomarse en consideración (i) la posibilidad de emitir consentimiento al futuro, y (ii) la necesidad médica de la intervención quirúrgica. En este caso la Corte encontró que la joven había manifestado querer ser madre, razón por la que, ante la existencia de medidas menos lesivas de la autonomía personal que la intervención quirúrgica, debía optarse por la utilización de mecanismos no definitivos de anticoncepción que no restringieran de forma irreversible el ejercicio de los derechos a la autonomía sexual y reproductiva de la joven en situación de discapacidad. En consecuencia, la Sala ordenó que las autoridades competentes promovieran las condiciones para el acceso a programas de educación especial en temas de educación sexual y reproductiva. Por su parte, en la sentencia T-248 de 2003 la Sala Séptima de la Corte revisó una acción de tutela en la que se solicitaba la esterilización de una menor de edad en situación de discapacidad. En este pronunciamiento se reiteró la subregla decisional establecida en la sentencia T-850 de 2002 en cuanto a la valoración de la necesidad médica y la posibilidad de emitir consentimiento, pero además se tipificaron las diferentes hipótesis que se podrían presentar y que se debían analizarse en cada caso, según las condiciones particulares: “(i) necesidad médica e imposibilidad de consentimiento futuro; (ii) no existencia de necesidad médica e imposibilidad de consentimiento futuro; (iii) urgencia y posibilidad de consentimiento futuro. Finalmente, (iv) inexistencia de necesidad médica y posibilidad de consentimiento futuro”[9]. La Sala de decisión explicó que en el evento (iv) no había mayor discusión pues frente a la inexistencia de indicación médica sobre la necesidad de la intervención y la posibilidad de lograr un consentimiento al futuro por la persona en situación de discapacidad, debía desplegarse la protección absoluta a la autonomía de esta. En el caso (iii), urgencia médica, pese a la existencia de posibilidad de consentimiento futuro debía presumirse que razonablemente la persona habría consentido la protección de su vida, integridad física y salud. De manera que el asunto constitucionalmente complejo se localizaba en los casos (i) y (ii). Para el caso (i), la Corte explicó que ante la inexistencia de un ejercicio de la autonomía individual, de existir una razón médica para realizar el tratamiento, bastaría la autorización judicial para realizarla, puesto que la razón médica está dirigida a salvaguardar la vida, integridad física o salud del paciente. Por su parte, en el caso (ii), el que se estudiaba en la sentencia T-248, la Sala Séptima sostuvo que ante la inexistencia de necesidad médica y de capacidad para consentir en el futuro, la esterilización podía constituir una manera de salvaguardar la autodeterminación sobre el cuerpo de la mujer. Lo anterior, puesto que una persona que no tiene la capacidad para consentir la anticoncepción quirúrgica tampoco podría decidir sobre la conformación de una familia debido a que no entiende lo que ello supone.[10] Finalmente, la Corte advirtió que tratándose de personas afectadas por una discapacidad, sean o no menores de edad, se requiere siempre de autorización judicial previa una vez se haya demostrado, en el proceso correspondiente, que estas personas tienen problemas mentales que no les permiten otorgar su consentimiento para este tipo de intervenciones. En otro de los pronunciamientos importantes en la materia, la sentencia T-492 de 2006, la Sala Sexta de Revisión de la Corte analizó el caso de una joven de 26 años, afectada por síndrome de down, en el que su madre demandó a la EPS Coomeva por solicitar autorización judicial para la práctica de una intervención quirúrgica denominada “Pomeroy”. En este precedente la Corte determinó que existían dos reglas básicas respecto a la procedibilidad de la acción de tutela para ordenar tratamientos quirúrgicos de esterilización: (i) Que la acción de tutela no es el procedimiento específico para lograr esta autorización judicial de esterilización definitiva de mujer incapaz, pues existe otro trámite judicial específico que prevé períodos probatorios más amplios y la necesaria intervención del Ministerio Público en defensa de los intereses de la mujer y; (ii) Que quien pretenda que mediante la acción de tutela se haga efectiva la práctica de un procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva debe ser el representante legal de la mujer incapaz a esterilizar, y además haber obtenido previamente la licencia judicial referida, amén de la orden del médico tratante adscrito a la E.P.S. Según lo señalado, para la Corte, una intervención quirúrgica de esterilización definitiva constituye una restricción intensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Por tanto, por razones que devienen de los mismos postulados constitucionales de protección de los derechos de sujetos de especial protección constitucional, como las personas en situación de discapacidad, una medida de tal alcance debe ser previamente autorizado por el juez competente dentro de un proceso en el que se demuestre la necesidad y la utilidad concreta de la medida en el caso particular. Para explicarlo en los propios términos de la sentencia T-492 de 2006, la justificación de la autorización judicial: “(…)obedece a la necesidad de estudiar en cada caso concreto la situación de la mujer incapaz que pretende ser esterilizada en forma definitiva, a fin de determinar especialmente dos asuntos: primero, su nivel de autonomía, y segundo, la medida o medidas de protección alternas o complementarias que se acomodan a su particular situación personal, familiar y social. Ciertamente, como se desprende de los antecedentes jurisprudenciales en los cuales el mismo asunto de la esterilización de mujeres incapaces se ha planteado, no siempre los niveles de autonomía de las personas con incapacidades psíquicas son iguales, ni siempre son irreversibles.” En este precedente, la Corte determinó que el proceso de autorización judicial para el procedimiento quirúrgico de esterilización es distinto y posterior al proceso de interdicción judicial y discernimiento de guarda. En efecto, se estableció que el conducto regular para obtener una autorización de tal dimensión requería que (i) se adelantara el proceso de interdicción para obtener la calidad de representante o curador del hijo en situación de discapacidad; y que posteriormente (ii) se solicitara la autorización al juez para que se permitiera realizar el procedimiento médico de esterilización quirúrgica, caso en el que se acude a un proceso especial distinto y en todo caso anterior a la acción de tutela. De manera que, sin el cumplimiento de estos dos requisitos, no se puede entender acreditada la legitimación en la causa por parte activa en cabeza de quien interpone la acción de tutela en representación de los derechos fundamentales de una mujer incapaz, a quien se busca esterilizar en forma irreversible.[11] En la sentencia T-1019 de 2006 la Sala Cuarta de Revisión de la Corte estudió nuevamente un caso de una menor en situación de discapacidad respecto de la que se solicitaba la práctica de un procedimiento de anticoncepción quirúrgica. En este caso la Corte evidenció que no existía certeza sobre la capacidad de la menor de emitir un consentimiento futuro, razón por la que decidió proteger esta posibilidad. En este caso, la Corte adujo que sólo en aquellos eventos en los que la persona no tenga las facultades mentales, físicas o psíquicas que le permitan otorgar un consentimiento razonado, libre y espontáneo, puede considerarse, eventualmente, la posibilidad de que otra persona otorgue su consentimiento de forma sustitutiva. Sin embargo, advirtió que cualquier valoración respecto de la emisión de consentimiento debía sustentarse en información médica y profesional competente y completa, de manera que permitiese dar por cumplido el requisito de consentimiento. La Sala también sostuvo que, en los casos de posibilidad de emisión de consentimiento, para emitir la autorización sobre la intervención sobre su propio cuerpo, es necesario que la persona pueda “reconocer la importancia y seriedad de su decisión, así como también tenga claridad sobre el racionamiento que debió hacer para dar su aceptación”. Así mismo, la Sala reiteró que la autorización judicial resultaba necesaria cuandoquiera que la intervención implicara decidir de manera definitiva sobre alguna función orgánica de la persona. Posteriormente, en la sentencia T-560A de 2007 la Corte nuevamente revisó el caso de una solicitud de esterilización de una menor de edad en situación de discapacidad. En esta sentencia se reiteró la subregla decisional según la cual es necesaria la autorización judicial para realizar el procedimiento de anticoncepción quirúrgica en menores de edad en situación de discapacidad, cuandoquiera que se compruebe la imposibilidad de que otorgue su consentimiento al respecto. En el particular, la Sala Cuarta precisó que “en los casos de esterilización de menores que sufren retardo mental es indispensable obtener de manera previa la autorización o licencia judicial, como medio idóneo de defensa previsto en el ordenamiento jurídico”, más aún, en este punto en particular precisó que dicha autorización debía promoverse por ambos padres del menor, en términos de legitimación por activa (…)”. Finalmente, en la sentencia T-063 de 2012 la Sala Cuarta de Revisión de la Corte estudió otro caso en el que el padre de una joven de 21 años en situación de discapacidad mental moderada, presentó una tutela contra el Hospital Materno Infantil “El Carmen” de Bogotá, el cual se negó a practicar la cirugía de ligadura de “Trompas de Falopio” que había autorizado la EPS Caprecom debido a que la menor no era “apta para ser madre de familia”. En este fallo se sintetizaron las principales reglas jurisprudenciales en materia de representación de menores en situación de discapacidad en procedimientos de anticoncepción quirúrgica. Al respecto, la Sala de revisión, luego de un recuento de las principales decisiones de tutela que se habían proferido hasta el momento, sostuvo que la línea de precedente construida por la Corte: (i) le ha dado una dimensión de peso mayor, en principio, al derecho a la autonomía individual de mujeres con discapacidad mental, cuando el objeto de la acción de tutela es la práctica de cirugías que impliquen la esterilización; (ii) en este supuesto, ha considerado que la legitimación en la causa por activa, exige como requisitos adicionales a los previstos en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, que en trámite judicial diferente al de la solicitud de amparo constitucional, se haya obtenido licencia o autorización judicial, así como la representación legal en virtud del discernimiento de la guarda; y (iii) respecto de un menor de edad, la autorización judicial debe ser solicitada por ambos padres, salvo que razonablemente sea imposible, ya sea por ausencia o abandono.[12] En este caso, sin embargo, la Sala Cuarta no analizó de fondo la solicitud de la práctica del procedimiento quirúrgico de infertilización que se solicitaba, toda vez que consideró que no se cumplieron los requisitos procesales de la agencia oficiosa para conocer del asunto[13]. Por lo anterior, procedió a salvaguardar otras garantías constitucionales de la joven respecto de la que se solicitaba el amparo constitucional, particularmente en lo que respecta a los deberes que tenían las autoridades administrativas para instruir a la joven y su familia respecto de métodos de anticoncepción. 3.1.2 Ahora bien, en materia de control abstracto de constitucionalidad, la Corte ha señalado importantes derroteros en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad. Así por ejemplo, en la sentencia C-804 de 2009, se estudió la constitucionalidad del artículo 68 de la ley 1098 de 2006, que exigía como requisito para adoptar, la idoneidad física del solicitante. En el caso que se analizaba, el cargo de inconstitucionalidad propuesto se fundamentaba en que a criterio de la parte actora, la norma acusada excluía a las personas en situación de discapacidad de la posibilidad de ser padres o madres adoptantes. La Corte señaló que la sola invocación de la falta de idoneidad física de una persona en situación de discapacidad para declararla no apta para adoptar, podía ser discriminatoria, razón por la que, consideró que la disposición demandada era constitucional bajo el entendido de que lo que exigía era una valoración integral de todas las condiciones de quienes solicitaban la adopción. Al respecto señaló la Corte: “la idoneidad para el ejercicio de la función parental, debe ser el resultado de una evaluación integral compleja sobre las posibilidades de protección, amor, guía y cuidado que puedan brindarle ese padre o madre adoptantes, así deban acudir a ayudas técnicas, o de otro tipo para superar las barreras que le impone el entorno a una persona con discapacidad, y no en los obstáculos que su discapacidad debe superar”. Posteriormente, en la sentencia C-293 de 2010 la Corte realizó el control de constitucionalidad de la Ley 1346 de 2009 que aprobó la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.” Al analizar el contenido de los artículos 23[14] y 25[15] de la Convención, que hacían referencia a los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad, este Tribunal Constitucional concluyó que tales disposiciones se ajustaban a la Carta Política en tanto fomentaban el ejercicio de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución[16]. Recientemente en la sentencia C-131 de 2014 la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre la prohibición de anticoncepción quirúrgica a menores de edad, incluidos aquellos en situación de discapacidad, en razón a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010[17]. En este fallo, esta Corporación determinó que la prohibición de someter a los menores en condición de discapacidad mental a la anticoncepción quirúrgica, resultaba ajustada a la Constitución porque: (i) el Legislador estaba habilitado para regular todo lo concerniente a la progenitura responsable; (ii) existía un deber constitucional de protección al menor de edad en condición de discapacidad; y (iii) la edad no constituía en criterio semi-sospechoso de discriminación[18]. Así mismo, la Corte concluyó que la prohibición de la práctica de los procedimientos de esterilización quirúrgicos no desconocía el derecho a la autodeterminación de los menores de edad, toda vez que estos podían acceder a otros mecanismos no irreversibles ni definitivos para controlar la reproducción hasta tanto cumplieran la mayoría de edad. No obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional precisó que existían dos excepciones a la prohibición de someter a los menores en condición de discapacidad a los tratamientos de infertilización quirúrgica: En primer lugar, el procedimiento es permitido cuando exista un riesgo inminente de muerte de la madre a raíz de un eventual embarazo, caso en el cual dicha condición deberá certificarse medicamente, y la autorización para la intervención sea consentida por la menor, y autorizada judicialmente; y en segundo lugar, cuando se trate de una discapacidad profunda o severa[19], certificada médicamente, que le impidiera al paciente consentir en el futuro, de modo que en estos casos debería también solicitarse autorización judicial. Finalmente, la sentencia C-131 de 2014 precisó que la posibilidad de realizar el procedimiento de esterilización bajo las condiciones señaladas no incluía a los niños en situación de discapacidad menores de 14 años, en razón a que, antes de esta edad, se presume que los niños no han alcanzado la madurez biológica suficiente para someterse a este tipo de procedimientos. Síntesis de la jurisprudencia constitucional en materia de esterilización quirúrgica a menores de edad en situación de discapacidad mental. 3.1.3 Como se puede advertir, la jurisprudencia constitucional ha protegido los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a formar una familia de las personas en situación de discapacidad, incluidos los menores de edad que se encuentran en esta condición. El amparo de dichos derechos cobija el derecho y el deber de ejercer una progenitura responsable por parte de los padres, ámbito que ha sido regulado por el Legislador (Ley 1412 de 2010, art. 7), con base en los mandatos de la propia Constitución (art. 42 C.N.). En el caso de la posibilidad de practicar la anticoncepción quirúrgica como uno de los contenidos específicos del derecho y deber de la paternidad responsable, la jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de analizar casos en los que ha debido ponderar el derecho a la autonomía personal con el de la vida misma de las personas en situación de discapacidad y menores de edad en tal condición. En estos casos, la Corte ha determinado que deben observarse dos variables: (i) la posibilidad de otorgar consentimiento futuro respecto de la intervención quirúrgica, y (ii) la condición médica del paciente. En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela en esta materia, la jurisprudencia[20] ha señalado que se deben agotar ciertos requisitos sustanciales antes de poder acudir a la acción de amparo. En efecto, en primer lugar, se debe adelantar previamente el proceso de interdicción para obtener la calidad de representante o curador del hijo en situación de discapacidad; y, en segundo lugar, se debe acudir al juez competente para que, en un proceso especial, distinto y anterior a la acción de tutela autorice la práctica del procedimiento médico de esterilización quirúrgica. En caso de no haber agotado este procedimiento ordinario, la tutela resulta improcedente toda vez que existe un mecanismo judicial idóneo para solicitar la orden de práctica del procedimiento quirúrgico de esterilización. Ahora bien, respecto al estudio de fondo de los casos puestos a su consideración, la Corte ha encontrado de manera genérica que ante la existencia de medidas menos lesivas de la autonomía de la persona que la intervención quirúrgica, se debe optar por la utilización de mecanismos no definitivos de anticoncepción que no restrinjan de forma irreversible el ejercicio de los derecho a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y menores en situación de discapacidad. Por su parte, en el estudio de casos particulares, la Corte ha ido decantando las eventuales hipótesis en las que puede resultar admisible excepcionalmente la autorización del procedimiento de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad, bajo el entendido de que existen razones constitucionalmente válidas para ello. Así, ha encontrado (primera excepción) que si existe un riesgo a la vida de la paciente como consecuencia del embarazo y la imposibilidad de evitarlo eficazmente por otros medios, se preferirá salvaguardar la vida e integridad de la menor en condición de discapacidad siempre que esta, de manera reflexiva y consiente, no decida lo contrario. Esta subregla presupone los siguientes requisitos: (i) que la decisión sea consentida por la menor; (ii) que un grupo interdisciplinario certifique que la misma conoce y comprende las consecuencias de la intervención quirúrgica; (iii) que exista un concepto médico interdisciplinario que establezca que la operación es imprescindible para proteger su vida porque no exista otra alternativa; y (iv) que, en todo caso, se otorgue autorización judicial para garantizar el respeto de los derechos del menor, con especial énfasis en determinar la posibilidad para consentir o no el procedimiento médico. El otro caso (segunda excepción), lo constituye la circunstancia de discapacidad severa o profunda en la que puede presentarse la situación de inexistencia de capacidad para emitir consentimiento futuro, caso en el que parte de la jurisprudencia constitucional[21] ha considerado que no se atenta contra el derecho a la autonomía del menor porque este no la puede ejercer, dado que el menor no comprende las implicaciones de la operación ni el significado de la maternidad o paternidad. En este caso la intervención quirúrgica se ha estimado procedente bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la solicitud sea presentada por ambos padres –titulares de la patria potestad–; (ii) que exista certificación médica interdisciplinaria en la que conste que existe un grado profundo y severo de discapacidad; y (iii) que se autorice el procedimiento por el juez competente, quien en cada caso tomará la decisión que mejor salvaguarde los derechos del menor evaluando (i) y (ii). Además de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la sentencia C-131 de 2014 precisó que la posibilidad de realizar el procedimiento de esterilización no incluye a los niños en situación de discapacidad menores de 14 años, debido a que, antes de esta edad, se presume que ellos no han alcanzado la madurez biológica suficiente para someterse a este tipo de procedimientos. La anterior es la línea de precedente que ha sentado la Corte Constitucional en materia de esterilización quirúrgica a mujeres y adolescentes en situación de discapacidad. Aun cuando la Corte ha sentado criterios claros en la materia, la Sala Novena de Revisión estima importante precisar algunos elementos en materia de estándares internacionales en relación con la esterilización en mujeres y menores de edad en situación de discapacidad. Esto, debido a que las precisiones que se citarán resultan fundamentales para delimitar, tanto el alcance de las subreglas decisionales señaladas, como para analizar, no solamente el caso que ahora se revisa, sino futuras situaciones con identidad factual y jurídica. 4. Estándares internacionales en materia de esterilización quirúrgica, en mujeres y menores de edad en situación de discapacidad. Obligaciones en materia de garantía del derecho al consentimiento informado, la autonomía de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las menores en situación de discapacidad. 4.1 Como ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte[22], los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados por Colombia, hacen parte del denominado bloque de constitucionalidad en virtud de lo establecido en el artículo 93[23] de la Carta. Dichas normas, a pesar de no estar formalmente incluidas en el texto de la Constitución, se integran a ésta y son referentes a la hora de realizar, no solo control de constitucionalidad, sino como pautas interpretativas de las normas internas que regulan la aplicación de los derechos fundamentales[24]. En efecto, la jurisprudencia ha explicado que el bloque de constitucionalidad puede ser entendido en dos sentidos.[25] En un sentido estricto (strictu sensu), está compuesto por aquellas normas y principios de rango constitucional que se integran junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos cuya limitación está prohibida incluso durante los estados de excepción (artículo 93 C.N. inciso 1º).[26] Y de otra parte, en sentido lato o amplio (latu sensu), el bloque de constitucionalidad hace referencia a todos aquellos instrumentos internacionales, de diversa jerarquía, que sirven como parámetros interpretativos para el ejercicio hermenéutico de los derechos fundamentales (artículo 93 C.N. inciso 2º) toda vez que los desarrollan. Respecto de esta última expresión del bloque, la Corte ha señalado que tanto la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos[27], como las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen funciones de monitoreo, seguimiento o control respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, también tienen fuerza vinculante al momento de interpretar el alcance de los derechos fundamentales.[28] 4.2 Dentro de los instrumentos internacionales que sirven como pauta interpretativa respecto de los derechos fundamentales se encuentran aquellos referentes a las obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos de la población en situación de discapacidad.[29] En esta perspectiva, los estándares internacionales en la materia, han buscado cambiar el enfoque bajo el cual se ha entendido la discapacidad. Para ello, se ha comprendido que la discapacidad se debe interpretar como una manifestación de la diversidad humana y no como una limitante o un motivo para restringir el goce y ejercicio de ciertos derechos. Igualmente, se ha entendido que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la diversidad funcional y las barreras actitudinales, físicas, sociológicas, jurídicas y comunicacionales que encuentra dicha población en el entorno social.[30] De forma particular, la normatividad internacional en la materia, ha determinado que las personas con alguna condición de discapacidad deben contar con los apoyos necesarios para su desarrollo pleno e integral. Ello supone, partir de la presunción de capacidad para ejercer su autonomía, y la implementación progresiva de las medidas tendientes para que logren su participación efectiva en las decisiones que los afectan, incluidas aquellas relacionadas con su intimidad, sexualidad y posibilidad de formar una familia. 4.2.1 En este tema, el artículo 12[31] de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad de las Naciones Unidas[32], establece que éstas deben ser reconocidas en igualdad de condiciones ante la ley. Más aún, este instrumento establece que en materia de capacidad jurídica se debe eliminar cualquier presunción de incapacidad. Además, exige que no puede utilizarse como regla general en materia de capacidad legal, la sustitución de la voluntad, sino que se debe optar por fórmulas de apoyo en la toma de decisiones (modelo de apoyo a las decisiones). Así las cosas, en cumplimiento del anterior mandato, el Estado Colombiano tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes y efectivas para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de los demás, en todos los aspectos de su vida. En esta línea, como pauta hermenéutica para valorar el alcance de los derechos de la población en situación de discapacidad, es necesario tomar en cuenta la interpretación que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha realizado del señalado artículo 12 de la Convención. Sobre este punto, el Comité ha advertido que del seguimiento al cumplimiento derivado de las obligaciones de la Convención, ha evidenciado que persisten las formas de sustracción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que contrarían lo dispuesto por la normatividad internacional en la materia. En particular, en el documento correspondiente al “examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35[33] de la Convención” adoptado en el octavo periodo de sesiones de dicho organismo, en sus observaciones finales señaló: “el Comité urge a los Estados parte a la inmediata revisión de toda la legislación vigente que, basada en la sustitución de la toma de decisiones, priva a la persona con discapacidad de su capacidad jurídica. Al mismo tiempo, los insta a que tomen medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. El Comité le recomienda además la puesta en marcha de talleres de capacitación sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad dirigida a jueces con la finalidad de que estos adopten el sistema de apoyo en la toma de decisiones en lugar de la tutela y la curatela”[34] Por su parte, en diferentes mandatos la Convención (artículo 2, 5, 14, 24, 27) prescribe la obligación de los Estados y de la sociedad de garantizar los ajustes razonables necesarios para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder en iguales condiciones a todas las libertades y los derechos y servicios sociales. Dichos ajustes son entendidos (artículo 2 de la CDPD) como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. La implementación de estos ajustes debe aplicarse a todos los ámbitos de la vida social. De manera que, la denegación de los mismos constituye una manifestación de discriminación, que perpetúa las barreras de exclusión de dicha población a los diferentes servicios sociales, y el goce efectivo y en igualdad de condiciones de sus derechos. En suma, los mandatos de la CDPD y las pautas hermenéuticas del Comité por ella creado, muestran que, en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad, existe un claro mandato que exige al Estado colombiano evitar la utilización y puesta en práctica de medidas que limiten o sustraigan la capacidad jurídica de este grupo poblacional. Más aún, exige que se adopten medidas tendientes a la implementación de apoyos en la toma de decisiones a través de los ajustes razonables necesarios para que dicha población pueda acceder en igualdad de condiciones a todas las oportunidades sociales y al goce efectivo de sus derechos. 4.2.2. Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)[35], en su artículo 12[36] establece que se deben adoptar todas las medidas tendientes a eliminar las formas de discriminación a la mujer, en lo que se refiere a la planificación familiar, marco dentro del cual incluyó a las mujeres en situación de discapacidad. Respecto a este tema, el Comité de las Naciones Unidad para la eliminación de la Discriminación contra la mujer, en la sesión celebrada en octubre del año 2013 en Ginebra (Suiza), se refirió a los riesgos de vulneración de derechos a raíz de la utilización de medidas de esterilización quirúrgica.[37] El Comité instó a los Estado parte, en especial a Colombia, a eliminar las figuras normativas como la interdicción, que presumen la incapacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, toda vez que no responden a las necesidades de protección y apoyo requeridas por este grupo poblacional. Incluso, el Comité recordó que, en muchas oportunidades, el uso de estas figuras conlleva la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas en situación de discapacidad cognitiva, en los casos en los que se aprueban, sin su consentimiento, medidas de esterilización forzada que, no solo constituyen actos de violencia basados en el género, sino que también pueden constituir formas de ejercer violencia sexual contra este grupo poblacional.[38] 4.3 En conclusión, con base en los estándares internacionales relacionados con el alcance de los derechos de las personas en situación de discapacidad y derechos de las mujeres para proscribir las diferentes formas de discriminación, se puede afirmar que: (i) existe un mandato internacional según el cual se deben adoptar todas las medidas necesarias para reconocer la capacidad plena de las personas en condición de discapacidad para tomar sus propias decisiones, para lo cual se deben utilizar todas las herramientas de apoyo para emitirlas (modelo de apoyo a la toma de decisiones), incluida la toma de decisiones en los procedimientos como el de esterilización quirúrgica; (ii) la esterilización puede constituir un acto que vulnera los derechos de las mujeres y niñas en situación de discapacidad, cuandoquiera que, arguyendo razones de salud o consentimiento sustituto de terceras personas, no se consulte su consentimiento; (iii) la esterilización quirúrgica que prescinde del consentimiento informado, puede no resultar en mecanismo de protección, sino en un factor de vulnerabilidad frente a situaciones tales como el abuso sexual; y (iv) el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para reconocer la capacidad plena de las personas en condición de discapacidad para tomar sus propias decisiones, así como otorgar todos los apoyos necesarios para poder emitirlas. Con base en el anterior recuento, tanto de los parámetros internacionales, como del desarrollo jurisprudencial en materia de solicitudes de esterilización quirúrgica a mujeres y menores en situación de discapacidad, procede la Sala a analizar el asunto que en esta oportunidad ha sido puesto a su consideración. III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. 5. Síntesis del caso, elementos probatorios del proceso, y metodología de solución. 5.1 Para realizar un examen ordenado de los elementos de juicio que fundamentan la decisión que se va a adoptar, la Sala estima pertinente explicar la metodología de análisis y solución del caso concreto que ahora se estudia. Para el evento, la Corte encuentra que (i) de manera preliminar resulta necesario realizar una breve descripción de la evidencia material obrante en el proceso, con la finalidad de aclarar algunas circunstancias de hecho relevantes para la decisión; luego de ello, se procederá a (ii) analizar la procedencia o no de la acción de tutela que se revisa como mecanismo para autorizar la esterilización quirúrgica solicitada respecto de la menor, hija del demandante; posteriormente, la Sala (iii) realizará algunas aclaraciones en lo que respecta al proceso judicial de autorización de los procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad; y, finalmente, (iv) se adoptarán algunas medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de la menor sujeto del amparo tutelar solicitado. 5.2 En el caso puesto a consideración de la Sala Novena de Revisión, el accionante, como padre y representante legal de la menor María José Monsalve Sánchez, solicitó mediante petición[39] que la entidad accionada le realizara a su hija el procedimiento de esterilización quirúrgica de “ligadura de trompas”. En el caso, el actor alegó que la intervención médica fue autorizada por el médico especialista en ginecología que ha atendido a la menor, y que la entidad no respondió en su momento la solicitud. Por su parte, la entidad accionada al contestar la demanda, sostuvo que del análisis de la historia clínica de la menor se encontró que no existía soporte médico para la realización de la cirugía solicitada. Señaló que sin contar con la orden médica para la esterilización quirúrgica pretendida se podría incurrir en el incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 7º de la ley 1412 de 2010, según la cual en ningún caso se permite la práctica de la anticoncepción quirúrgica en menores de edad, más aún cuando la hija del accionante cuenta con 12 años de edad. Agregó, además, que la entidad le ha prestado todos los servicios médicos pertinentes y que ha cumplido sus obligaciones conforme a la normatividad vigente. En el expediente consta que con posterioridad a la admisión de la tutela de instancia (5 de febrero de 2013)[40], el día 14 de febrero de 2013 el actor aportó una comunicación[41] efectuada por la entidad accionada en la que ésta le señalaba que debía adelantar un proceso de interdicción para acceder al proceso de esterilización quirúrgica de su hija. En la comunicación mencionada, la entidad señaló adicionalmente que para acceder al procedimiento quirúrgico solicitado resultaba indispensable que la usuaria contara con 18 años de edad, razón por la que sugería optar por un implante subdérmico que tenía muy buena eficacia anticonceptiva, mientras adelantaba el proceso que le serviría para posteriores trámites. La entidad señaló que esta opción fue informada de forma verbal a la madre de la menor y que ésta respondió de forma negativa a la recomendación del implante subdérmico. Frente a dicha respuesta el accionante advirtió que ya contaba con la sentencia que había declarado a su hija interdicta y que le había otorgado la curaduría de la misma. En el acervo probatorio obra la sentencia del 8 de agosto de 2013 del Juzgado 6º Civil de Familia de Medellín[42] mediante la que se declaró la interdicción judicial por discapacidad mental absoluta de la menor María José Monsalve Sánchez, y se nombró como curador provisorio a su padre, el señor Ricardo Alfredo Monsalve Zapata. En las consideraciones de la decisión judicial señalada, consta que la menor fue calificada por el Médico Rodrigo Corrales Hernández, quien determinó que “sí padece de SÍNDROME DOWN con RETARDO MENTAL MODERADO, con det...