Sentencia T-722 de 2017

T-722-17 Sentencia T-722/17 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SU AFECTACION SE DERIVA DEL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION-Reiteración de jurisprudencia Para el reconocimiento y pago de derechos derivados de la seguridad social la acción de tutela procede de manera excepcional: (i) como mecanismo principal, si no existe otro medio defensa idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales del peticionario, y (ii) como medio de defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, es decir, de un perjuicio que sea inminente y grave, y en ese sentido se requiera adoptar una medida urgente e impostergable. Así mismo, para decidir en sede de tutela el reconocimiento y pago de derechos pensionales, el juez deberá tener en cuenta, la edad, la composición del núcleo familiar, el estado de salud, las condiciones socioculturales y las circunstancias económicas del accionante. EMPLEADOR-Responsabilidad por omisión en el pago de aportes patronales y traslado de cotizaciones al sistema general de pensiones DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Empleador es responsable del pago de aportes a pensión PENSION SANCION-Alcance/PENSION SANCION-Finalidad La pensión-sanción es la prestación que debe reconocer el empleador en los eventos en que la relación laboral haya estado vigente por un periodo superior a 10 años y cuando la terminación del contrato de trabajo se haya producido sin justa causa. Se trata de un derecho prestacional “que tiene como finalidad proteger al trabajador en su ancianidad”, finalidad similar a la que se predica de la pensión de vejez. DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Obligaciones del empleador De manera general se tiene que, al contratar una trabajadora o trabajador del servicio doméstico, el empleador está obligado cuanto menos, a cumplir con las siguientes obligaciones de contenido meramente económico: (i) pagar una remuneración por los servicios prestados, que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente; ii) reconocer y pagar horas extras; (iii) pagar cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestido y calzado de labor; (iv) pagar el auxilio de transporte, cuando el salario devengado es inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; (v) pagar una indemnización cuando el empleador decida terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa; (vi) pagar una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario cuando en trabajador sea despedido o su contrato terminado por razón de una discapacidad sin la autorización de la oficina de Trabajo; y (vii) afiliar al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales y pagar las respectivas cotizaciones a cada uno de dichos regímenes. DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Reglas jurisprudenciales Por sus especiales características y la situación de vulnerabilidad de quienes lo ejecutan, el trabajo doméstico demanda la protección del Estado a fin de que sea reconocido legal y socialmente como una actividad laboral, merecedora equitativamente de los derechos respectivos. Para ello la Corte encuentra que existen algunas reglas definidas sobre el particular, las cuales se refieren a (i) la existencia de un mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y ejercicio de los principios mínimos del trabajo, de que trata el artículo 53 C.P. entre los trabajadores y trabajadoras domésticos y las y los demás trabajadores. Esto en los diferentes planos de la protección laboral, entre los que se destacan los aspectos salariales y prestacionales, de la seguridad social, las condiciones físicas del empleo compatibles con la dignidad de la persona; la protección de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, etc. (ii) el reconocimiento que la relación laboral de los trabajadores y particularmente los trabajadores domésticos está signada por una particular forma de subordinación jurídica hacia el empleador, merced de la labor efectuada y las condiciones en que se desarrolla, sumado al hecho que el servicio es usualmente prestado por mujeres de escasos recursos e instrucción; en consecuencia (iii) la necesidad de otorgar a las relaciones laborales en comento un marco reforzado de protección de los derechos del trabajador, lo cual incluso permite fijar discriminaciones a su favor, compatibles con la condición de vulnerabilidad en que suelen encontrarse las trabajadoras y trabajadores domésticos. PENSION SANCION A EMPLEADA DEL SERVICIO DOMESTICO-Se concede de manera transitoria y se ordena pagar a trabajadora un monto equivalente al 50% del salario mínimo legal mensual vigente, hasta cuando exista un pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria Expediente T- 6.320.788 Acción de tutela presentada por Carmen Tulia Chiquito Montoya contra Ana Lucy Bedoya Casadiego Magistrado Sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente, SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 15 de febrero de 2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Carmen Tulia Chiquito Montoya contra Ana Lucy Bedoya Casadiego. El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutela Número Ocho, mediante auto proferido el 25 de agosto de 2017. I. ANTECEDENTES 1. La Solicitud La demandante Carmen Tulia Chiquito Montoya, por medio de apoderado, promovió acción de tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo, a la vida en condiciones dignas, a la vida y a la especial protección al adulto mayor; los cuales consideró vulnerados por Ana Lucy Bedoya Casadiego, debido a que esta última presuntamente: i) no efectuó la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social de la accionante durante el tiempo en que la accionante trabajó para ella como empleada doméstica; y ii) tampoco realizó los pagos correspondientes a las prestaciones sociales de la trabajadora. 2. Reseña fáctica La accionante manifestó, a través de apoderado judicial, lo siguiente: Prestó sus servicios como empleada doméstica a la señora Ana Lucy Bedoya Casadiego, desde el 15 de julio de 2002 hasta el 14 de octubre de 2016, fecha en la cual le fue terminado su contrato laboral sin ninguna justificación. Realizó su labor de manera ininterrumpida, bajo circunstancias de subordinación y dependencia, de lunes a sábado en horario de 6:30 am hasta después de las 3 pm con una asignación mensual de $320.000 para el año 2016. El último salario cancelado a la accionante fue de $160.000 pesos, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2016. Durante la relación laboral, la empleadora Ana Lucy Bedoya Casadiego no realizó los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social a favor de la accionante y tampoco le reconoció ni canceló prestaciones sociales como primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y transporte. El 17 de octubre asistió al servicio de urgencias médicas donde, según señaló, “le diagnosticaron que había sufrido un derrame (ECV enfermedad cerebro vascular)” y que, por tal motivo, estuvo hospitalizada por varios días en el Hospital San Jorge de Pereira. Desde entonces se encuentra incapacitada e imposibilitada para trabajar pues a raíz de este episodio presenta problemas de movilidad en el hombro izquierdo. Como consecuencia de su estado de salud, la demandada terminó la relación laboral. El 26 de octubre de 2016, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social citó a las partes a audiencia de conciliación la cual se celebró el 21 de noviembre de 2016 y fue suspendida con reanudación el 2 de diciembre del mismo año sin que se lograra llegar a un acuerdo. La accionada le ofreció la suma de $8.166.234 de pesos por concepto de prestaciones sociales, tomando como base medio salario mínimo bajo el supuesto de que la trabajadora sólo laboraba medio tiempo. Es una persona de 73 años (actualmente), analfabeta, vive sola en una pequeña vivienda alquilada, no cuenta con familiares o amigos que le brinden ayuda. Su único ingreso provenía de su labor como empleada doméstica en la casa de la accionada. A la fecha de interposición de tutela, la accionante no estaba afiliada ni contaba con aportes al régimen de seguridad social, pues su empleadora nunca canceló los respectivos aportes y ahora no cuenta con posibilidades de recibir una pensión por vejez o invalidez. 3. Pretensiones Carmen Tulia Chiquito Montoya, por medio de apoderado, solicita que se le amparen sus derechos al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo, a la vida en condiciones dignas, a la vida y a la especial protección al adulto mayor y, en consecuencia, que se le ordene a Ana Lucy Bedoya: (i) cancelar mensualmente una suma equivalente a un salario mínimo mensual vigente a favor de la accionante; y (ii) realizar el pago por concepto de prestaciones sociales (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y transporte) correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de julio de 2002 y el 15 de octubre de 2016. 4. Documentos relevantes cuyas copias obran en el expediente Obran en el Cuaderno 2 del expediente los siguientes documentos: - Poder otorgado a Héctor Ospina Sierra para representar a la accionante en calidad de apoderado (folio 24). - Copia de Historia Clínica de la demandante (folios 25 a 29). - Copia de propuesta de acuerdo de transacción y de liquidación de prestaciones (folios 30 a 34). - Copia de actas de audiencias de conciliación del 21 de noviembre de 2016 y del 2 de diciembre del mismo año (folios 35 a 37). - Contestación de tutela por parte de la demandante (folios 58 a 64). - Fallo de tutela de primera instancia del 10 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) (folios 82 y 83). - Apelación al fallo de primera instancia interpuesto por la parte demandante (folio 40). - Fallo de tutela de segunda instancia del 15 de febrero de 2017 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento (folio 41). 5. Respuesta de la accionada El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), mediante providencia del veintitrés (23) de diciembre de 2016 admitió la acción de tutela y corrió traslado a la parte demandada para que ejerciera su derecho a la defensa. El 29 de diciembre de 2016, Ana Lucy Bedoya Casadiego, manifestó lo siguiente: Carmen Tulia Chiquito Montoya entró a prestar sus servicios como empleada doméstica el 15 de julio de 2002 en jornada de medio tiempo. La accionante renunció el 14 de octubre de 2016 de forma voluntaria y sin apremio por parte de la demandada. Durante el tiempo que prestó su servicio, la demandante se negó a que la afiliara al Régimen del Sistema de Seguridad Social ya que se encontraba vinculada al SISBEN en nivel-estrato 0 “para tal efecto se registró como ‘AMA DE CASA’ y así ha figurado durante todos estos años, condición que acredita y prueba con los documentos expedidos por la EPS Café Salud Régimen Subsidiado, visible en la misma historia clínica que obra en la acción de tutela”. La accionante se negó a ser afiliada a una EPS, “aduciendo estar muy satisfecha con el Régimen Subsidiado del Sisben” y le comunicó a la accionada “que no requería el pago de sus prestaciones Sociales sino al final cuando se terminara su relación laboral, decisión que fue aceptada”. Además, que, “le manifestó a la empleadora que todas sus prestaciones sociales las dejaba acumuladas hasta cuando se retirara del trabajo o se terminara la relación laboral, ya que era una persona sola que no requería la liquidación permanente o parcial de sus prestaciones sociales.” La jornada laboral convenida con la accionante, prestada desde el 15 de julio de 2002, fue de medio tiempo por lo que “[n]o es cierto que la accionante doméstica haya laborado con un horario de más de 8 horas diarias de lunes a sábado de 6 y 30 am hasta pasadas las 3 pm, ya que su jornada laboral se contrató y se ejecutó bajo la modalidad de 1/2 tiempo el cual cumplió en la mayoría de ocasiones entre las 6.30 o 7 de la mañana y las 12 o 12.30 pm”. Al momento de su renuncia, la trabajadora devengaba la suma de $360.000 pesos “correspondiente al 1/2 tiempo laborado durante todos los años que prestó sus servicios”. Al no haber llegado a un acuerdo conciliatorio en la audiencia del 2 de diciembre de 2016, al día siguiente, la empleadora le envió a la demandante una propuesta transaccional por la suma de $8.166.234 de pesos para la correspondiente liquidación de prestaciones. “El apoderado de la accionante refiere un problema de salud ocurrido el día 17 de octubre de 2016 y aporta cinco (5) folios de su historia clínica expedida por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en los cuales no se evidencia ninguna enfermedad grave. Por el contrario, en dicha historia se indica lo siguiente: Aspecto y Estado General: PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES SIN DOLOR PRECOEDIAL. Es de anotar que en la historia clínica no se contempla que haya estado hospitalizada durante varios días como se indica en la acción”. De esta manera, agregó, no existe constancia “ni incapacidad médica que sustente la limitación descrita por la parte demandante”. Los precedentes jurisprudenciales citados por el apoderado de la accionante no aplican en este caso dado que en la presente situación no hubo cancelación unilateral y sin justa causa del contrato. “En relación con la edad la empleada doméstica accionante [sic] empezó a laborar jornada de 1/2 tiempo desde el 15 de julio de 2002, fecha para la cual se consideraba mujer mayor de 57 años, toda vez que conforme a su fecha de nacimiento ocurrida el 28 de octubre de 1944 realmente tenía 57 años, 8 meses y 17 días, lo que significa que ya había cumplido el término legal para gozar de su pensión de jubilación, por ser mayor de 55 años”. Es cierto que la demandante es una persona totalmente sola. “(...) la acción de tutela incoada no concierne al Juez de Tutela sino al Juez Ordinario Laboral quien es el único competente para precisar si en este caso la empleada doméstica trabajó jornada plena o si por el contrario durante todo el tiempo laborado correspondió a una jornada de 1/2 tiempo”. Por todo lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de tutela en su contra. 6. Decisiones judiciales que se revisan 6.1. Decisión de primera instancia El 10 de enero de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) decidió declarar improcedente la acción de tutela incoada, argumentando que la accionante debe acudir a la vía de la justicia laboral y no a la vía constitucional en tanto que, considera que no existe evidencia de que la demandante sea sujeto de especial protección constitucional. Según el a quo “(...) la señora CARMEN TULIA CHIQUITO MONTOYA no se encuentra inmersa en ninguna de las situaciones que la harían sujeto de especial protección constitucional conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, pues si bien se trata de un adulto mayor, se entiende de lo narrado que se encuentra vinculada al régimen subsidiado a través de Cafesalud, y si bien se reclama la vulneración al mínimo vital, no entiende este despacho por qué no fue aceptada la liquidación ofrecida por la accionada, más teniendo en cuenta que las acreencias laborales son irrenunciables (...)” por lo que la demandante debe acudir a la justicia laboral para que allí se determine la vulneración que haya generado la accionada. En el trámite de la acción fueron vinculadas la EPS Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental y en el fallo fueron desvinculadas toda vez que no tenían responsabilidad sobre los hechos alegados en el caso en cuestión. 6.2. Impugnación Oportunamente, la parte accionante impugnó el fallo reiterando que, dadas las condiciones especiales de la demandante y el precedente judicial que presentó como apoyo a sus peticiones, considera que debe revocarse el fallo de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos incoados. Por su parte, la accionada presentó escrito ante el juez de segunda instancia con el fin de coadyuvar con la impugnación en el entendido de estar de acuerdo con la decisión del a quo y reiterando lo dicho, respecto a que la demandante se retiró de sus labores voluntariamente. 6.3. Decisión de segunda instancia El 15 de febrero de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) confirmó la decisión del a quo, compartiendo el análisis elaborado por la juez de primera instancia en lo relativo a la subsidiaridad y excepcionalidad de la acción de tutela, la idoneidad de otros medios de defensa y el perjuicio irremediable, toda vez que “(…) en el caso de marras se está ante una controversia cuya solución sí es de competencia de un juez de la república pero no en materia constitucional sino laboral”. II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN 1. Con el propósito de clarificar los supuestos de hecho que motivaron la presente acción de tutela y para un mejor proveer en el presente asunto, mediante auto del 13 de octubre de 2017, el Magistrado Sustanciador solicitó tanto a la parte demandante como a la parte demandada profundizar en la información presentada sobre el caso. En ese sentido se requirió: 1.1. A Carmen Tulia Chiquito Montoya, rendir informe sobre la relación laboral y el contrato establecido con la demandada, su estado actual de salud y la actividad económica de la cual deriva sus ingresos, en los siguientes términos: - Describa, de la manera más detallada posible, ¿Cuáles fueron los acuerdos que pactó con la Sra. Bedoya Casadiego en relación con las condiciones laborales (jornada, actividades a realizar, etc.)? - Describa, de la manera más detallada posible, la forma en que se presentó su terminación de contrato; indicando, entre otras cosas: si la decisión fue notificada personalmente, telefónicamente o por medio de otra persona, ¿qué razones se expusieron para la decisión?, ¿fueron discutidas esas razones? - ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no fue afiliada al Sistema General de Seguridad Social?, indicando, entre otras cosas: ¿Cuál fue la postura adoptada por la empleadora y cuál fue su reacción?, ¿Existió una discusión sobre las condiciones? y ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? - Teniendo en cuenta que el día 2 de diciembre de 2016 se celebró Audiencia de Conciliación ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Risaralda, entre usted y la Sra. Bedoya Casadiego indique ¿Cuáles fueron las razones principales por las cuales no aceptó la propuesta de conciliación ofrecida por la demandada? - ¿Se encuentra en curso algún tipo de proceso judicial en torno a la resolución del referido conflicto laboral? Si es así, indique número de juzgado y última actuación procesal. - Respecto del suceso acaecido el 17 de octubre de 2016, deberá anexar la historia clínica completa correspondientes, que sustente el padecimiento y/o la hospitalización expuesta. - ¿Cuál es actualmente su estado de salud? En caso de presentar alguna enfermedad o condición de salud especial, anexar los certificados correspondientes y que sustenten la o las enfermedades que padece o ha padecido. - ¿Con qué tipo de afiliación al sistema de seguridad social cuenta actualmente y mediante cuál EPS recibe atención de salud? En caso de estar afiliada al SISBEN, indique su puntaje y anexe el certificado correspondiente. - ¿De qué actividad económica o vinculación laboral deriva sus ingresos en la actualidad? Señale el monto mensual de sus ingresos. Si recibe ingresos por otros medios, indique cuál es la fuente. - Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indique cuál es su valor y de darse el caso, cuál es la renta que pueda derivar de ellos. - Si tiene personas a cargo, indique quiénes (parentesco) y cuántos. - Señale la relación de sus gastos mensuales por todo concepto (alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.). 1.2. A Ana Lucy Bedoya Casadiego, rendir informe sobre la relación laboral y el contrato establecido con la demandante, así como sobre la actividad económica de la cual deriva sus ingresos, en los siguientes términos: - Describa, de la manera más detallada posible, ¿Cuáles fueron los acuerdos que pactó con la Sra. Carmen Tulia Chiquito en relación con las condiciones laborales (jornada, actividades a realizar, etc.)? - Describa cómo se presentó la terminación de contrato de la trabajadora; indicando, entre otras cosas: si la decisión fue notificada personalmente, telefónicamente o por medio de otra persona, ¿qué razones se expusieron para la decisión?, ¿fueron discutidas esas razones?, ¿se dio alguna nueva oportunidad de discutir sobre el asunto o solamente se presentó la decisión y no volvió a tener contacto con la trabajadora hasta la audiencia? - ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la trabajadora no fue afiliada al Sistema General de Seguridad Social?, indicando, entre otras cosas: ¿Cuál fue la postura adoptada por la trabajadora y cuál fue su reacción?, ¿Existió una discusión sobre las condiciones? y ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? - Durante la relación laboral, ¿la trabajadora se ausentó por motivos de salud de especial consideración?, de ser afirmativa su respuesta, describa las circunstancias de tales hechos. - ¿Se encuentra en curso algún tipo de proceso judicial en torno a la resolución del conflicto laboral referido? Si es así, indique número de juzgado y última actuación procesal. - ¿De qué actividad económica o vinculación laboral deriva sus ingresos en la actualidad? Señale el monto mensual de sus ingresos. Si recibe ingresos por otros medios, indique cuál es la fuente. - Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indique cuál es su valor y de darse el caso, cuál es la renta que pueda derivar de ellos. - Si tiene personas a cargo, indique quiénes (parentesco) y cuántos. - Señale la relación de sus gastos mensuales por todo concepto (alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.). 1.3. Al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)[1], rendir informe sobre el estado actual del proceso ordinario laboral de Carmen Tulia Chiquito Montoya contra Ana Lucy Bedoya Casadiego. 2. El 20 de noviembre de 2017, la Secretaría General de esta Corporación informó que se recibió lo siguiente: 2.1. El apoderado judicial de la demandante allegó escrito del 24 de octubre de 2017, en el que señaló lo siguiente: - La accionante fue contratada por la Sra. Ana Lucy para laborar “como empleada doméstica en el año 2002, para trabajar en la jornada de la mañana, empezando desde faltando 20 minutos para las 7:00 am, porque a esa hora la familia se alista para irse a trabajar y así poder despacharlos a tiempo y hasta las 2:00 pm, jornada que se extendía hasta las 3:00 pm, toda vez que el almuerzo se servía a la 1:30 pm y se tenía que dejar la cocina a la casa arreglada; la Sra Ana Lucy le indicó a Carmen Tulia que la jornada de medio tiempo iba de 7:00 am a 2:00 pm, que el esposo empezaba a trabajar a las 7:30 y debía llegar temprano antes de las 7:00 para despacharlo. Las actividades eran las propias del hogar, cocinar, arreglo de casa, de ropa que incluía el planchado una vez a la semana, y en general el mantenimiento de la casa. Al principio recuerda con dificultad la Sra. Carmen Tulia que el salario era de $160.000 al mes”. - La terminación del contrato tuvo lugar cuando “luego de la hospitalización que tuvo en el Hospital San Jorge de Pereira, una vecina la recibió para cuidarla por espacio de un mes, y en esa casa la Sra. Ana Lucy se presentó con una bolsa que contenía las chanclas y el delantal, se las entregó y delante de una vecina le manifestó que no volviera a trabajar más y no volvió, esa fue la única comunicación que se tuvo con la Sra. Ana Lucy, no se presentaron más notificaciones ni de forma personal o por intermedio de otra persona ni mucho menos por escrito o telefónicamente. Las razones para que no volviera a trabajar era por su estado de salud, pues se encontraba limitada para movilizar su brazo izquierdo, estas razones y esta incapacidad no fueron discutidas en ningún momento entre patrón y trabajador”. - En el año 2002, la accionada le dijo a la accionante “que era mejor la tarjetica que tenía del Sisben que el seguro, por eso no fue afiliada al Sistema de Seguridad Social.” Agregó que “[c]omo anécdota la Sra. Carmen Tulia relata que en una ocasión sufrió un accidente trabajando en la casa de la Sra. Ana Lucy, cuando al tratar de mover una puerta grande y pesada se le vino encima causándole heridas en la cara, cuerpo y manos, Indica Carmen que no la llevaron al médico porque ella no tenía seguro y porque además según el hijo de la Sra. Ana Lucy ella, Carmen, no podía ir allí, fue el hijo quien le hizo las curaciones en la casa. Nunca hubo un acuerdo respecto de la afiliación o no al sistema. Recordemos que la Sra. Carmen Tulia, es una mujer analfabeta, y de precarios recursos económicos que la obligan a aceptar el trabajo sin tener en cuenta las condiciones del mismo”. - Con anterioridad a la audiencia fue visitada por un abogado que le ofreció ocho millones de pesos como liquidación, a ser pagados en cuotas de un millón mensual, lo cual se corresponde con la oferta presentada en la audiencia de conciliación ante el inspector de trabajo. La oferta no fue aceptada porque no consideraba que fuera un monto justo “por todo el tiempo que trabajó, donde nunca tuvo vacaciones, ni le pagaron primas, además, porque iban a ser pagados por cuotas de un millón de pesos cada mes, y porque después del último pago de qué iba a vivir”. - Se encuentra en curso un proceso ordinario ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad de Pereira, con número de radicado 2017-00183. Ante lo cual aclaró que “[l]a última actuación corresponde a la primera audiencia, celebrada el día 20 de septiembre de 2017, allí se decreto [sic] por parte del Despacho la nulidad de lo actuado desde el auto que acepta la contestación de la demanda, por haberse notificado en forma errónea por el despacho el auto admisorio a la demandada y se ordeno [sic] nuevamente se surtiera dicha notificación. A la fecha no se ha dictado providencia alguna”. - Respecto al incidente de salud que reportó con fecha de octubre 17 de 2016, informó que según la historia clínica suministrada por el Hospital San Jorge de Pereira que data desde el 17 de octubre de 2016 con hora de ingreso de 13:07, hasta el 20 de octubre de 2016 con hora de salida de 09:10; se evidencia la hospitalización de la Sra. Carmen Tulia y los diagnósticos: “Angina de Pecho; enfermedad cerebro vascular; cefalea a estudio; hipertensión controlada. Se le dio salida con orden de resonancia magnética de hombro izquierdo, terapias físicas 20 primera vez y 20 más en segunda vez”, entre otros. - Sobre el estado de salud de la trabajadora, manifestó que “[p]resenta una limitación definitiva para mover su miembro superior izquierdo, que la inhabilita para realizar muchas labores, según la historia clínica el dolor del hombro radica por una Artrosis acromio clavicular y su limitación para el movimiento son secuelas de la angina de pecho o la enfermedad cerebro vascular que sufrió el 17 de octubre de 2016. Su enfermedad de base es la hipertensión que es tratada y controlada actualmente por la IPS designada por el SISBEN”. - Está afiliada al sistema de seguridad social perteneciendo al régimen subsidiado y recibiendo atención medica por parte de la EPS Cafesalud (Hoy Medimas), agregó que “realizadas las consultas con las Oficinas del Sisben se pudo constatar que a la fecha tiene la afiliación cancelada por falta de datos”. - Actualmente, “cuida a una señora de 91 años de edad a quien le brinda compañía, le hace y le da la comida (desayuno, almuerzo y comida), por esta labor le pagan $250.000 pesos al mes, es con el único ingreso con el que cuenta, para el pago del arriendo de su habitación, servicios públicos, alimentación, vestido; no recibe ayuda económica de nadie más”. - No posee ningún tipo de bienes muebles o inmuebles, y vive en una pequeña habitación rentada en el Barrio San Nicolás de Pereira. - No tiene personas a cargo, y es una mujer de avanzada edad sola, viuda, sin hijos, sin hermanos ni padres. - Sus gastos mensuales son: por renta $165.000, por servicios públicos $25.000 y por alimentación $60.000, para un total de $250.000. Como soporte de las anteriores afirmaciones, anexa los siguientes documentos: - Historia Clínica, Carnet del SISBEN, Demanda Ordinaria Laboral, Copia auto admisorio, Copia contestación de la demanda, Copia auto primera audiencia que corresponde a la última actuación del juzgado, Copia inscripción de matrimonio de la Notaria Sexta de Pereira indicativo serial #1905204, Copia tarjeta SISBEN de su esposo Salomón Taborda Aguirre (q.e.p.d.), Registro Civil de defunción del Sr. Salomón Taborda Aguirre con indicativo serial # 6587617 de la Notaría Quinta del Circulo Pereira debidamente autenticado, CD que contiene la historia clínica de la Sra. Carmen Tulia Chiquito Montoya suministrada por la ESE-salud Pereira de Fecha Octubre 24 de 2017. - Declaración extra-juicio rendida por la Señora Luz Mariela Largo de Morales con fecha octubre 24 de 2017, quien afirma que: i) conoce a Carmen Tulia Chiquito Montoya desde hace aproximadamente 50 años; ii) le consta que la demandante trabajó aproximadamente 15 años como empleada doméstica para Ana Lucy Bedoya Casadiego; y iii) la demandada se presentó en la residencia donde cuidaban a la trabajadora y “le hizo entrega de las chanclas y el delantal de trabajo y le dijo que por lo que ya estaba enferma, que ya no podía volver a trabajar en la casa de ella”. 2.2. La parte demandada allegó respuesta a la Secretaría General de la Corte Constitucional, vía correo electrónico, el 25 de octubre de 2017, en la que señaló lo siguiente: - La jornada laboral acordada con la trabajadora era de medio tiempo, y “sus actividades se suscribían acompañarme por ser una persona de la tercera edad y con condiciones de Salud delicadas, además realizaba actividades de aseo y elaboración de alimentos”. - La demandada era una persona muy cercana a la familia y nunca tuvieron algún inconveniente “(…) por lo tanto no teníamos ningún formalismo en la relación laboral, porque siempre la consideramos como una ayuda mutua, ya que soy una mujer mayor de edad, mi esposo no tiene pensión y debe trabajar con mi hijo, entonces Carmen me ayudaba con las labores del hogar, sin embargo le pagábamos una plática [sic] por su apoyo”. - La terminación del contrato se dio porque la accionante así lo quiso. Según su dicho “(…) porque me manifestó que estaba muy enferma yo también estaba muy enferma y como un siego [sic] puede guiar a otro ciego, en ese contexto, ella decidió no volver a la casa. Posteriormente por razones de terceros nos enteramos que ella nos quería demandar, esa información me puso muy nerviosa y le pedí el favor a mi esposo que se contactara con ella para llegar a un arreglo porque no tenemos dinero, pero no quería pelear con Carmen porque la verdad yo la quiero mucho”. - No afilió a la trabajadora a la seguridad social porque “ella misma me dijo que no lo hiciera porque ella era beneficiaria del Sisben y que ahí le deban [sic] ayudas además de la atención en salud, entonces no le vi inconveniente, porque ella cuando necesitaba ir a alguna cita me comentaba, y siempre veía que la atendían muy bien”. - La accionante sí se ausentó de su trabajo “para acudir a citas de control, ella sólo me comentaba que tenía una cita con el médico y yo no tenía problema, porque entiendo su situación”. - La accionante la demandó, aunque previamente estuvieron “haciendo hasta lo imposible recogimos una plática [sic] para dársela para que no me demandara, pero el abogado de ella es muy agresivo y pienso que la misma Carmen ni entiende que pasa por que yo me la encontré en una primera audiencia y me saludo de beso y abrazo por eso no entiendo porque tanto odio del abogado contra mí, si Carmen sigue siendo tan querida”. Afirma que el 20 de septiembre de 2017 se realizó una primera audiencia en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito y que el radicado del proceso es el 2017-183. - No trabaja porque tiene 68 años, no es pensionada, su esposo tiene 67 años, “no es pensionado y todavía tiene que trabajar para sostener la casa, de donde más recibo colaboración es de mi hijo Juan, que es comerciante y sus ingresos no son fijos. En la actualidad mi esposo está pelando [sic] una indemnización de la pensión, pero resultó en el sistema que el recibía una remuneración cosa que no es cierta, pero el abogado está aclarando esa situación con el Ministerio de Hacienda para que Colpensiones le pague”. - No posee inmuebles y la casa donde reside es de un hijo suyo. - No tiene personas a cargo y depende de otras personas. - Los gastos mensuales de su hogar son los siguientes: Administración $147.000, servicio de energía $130.000, servicio de agua $40.000, alimentación $400.000, servicio de gas $40.000 y servicio de tv: $75.000. Con relación a su atención en salud, indicó que es beneficiaria de un hijo. Adiciona que se encuentra enferma y que esta situación: “me tiene en altos niveles de estrés que agravan mi situación médica, me tocó pedirle el favor a un amigo de mi hijo para que me representara en el proceso laboral”. Como soporte de las anteriores afirmaciones, anexa los siguientes: - Copia de concepto médico particular del 8 de septiembre de 2017 donde el galeno recomienda evitar “el nivel de estrés que le podría generar el asistir a una audiencia” como la de este caso. Así mismo anexa copia de constancia del Registro Único de Afiliación RUAF, del Sistema Integral de la Protección Social SISPRO donde aparece activa en el sistema de salud contributivo bajo la calidad de beneficiaria. En cuanto al sistema de pensiones el estado de afiliación aparece “Inactivo”. 2.3. El Juzgado Tercero Laboral de Pereira (Risaralda) allegó escrito del 27 de octubre 2017, en el cual indicó que en ese despacho se encuentra el siguiente proceso: - Demandante: Carmen Tulia Chiquito Montoya - Demandado: Ana Lucy Bedoya Casadiego - Radicado: 66 001 31 05 003 2017-00183 00 - Proceso: Ordinario Laboral Primera Instancia Respecto del estado del proceso informó lo siguiente: - 27 de abril de 2017: Inadmisión de la demanda, concediéndose el término de ley para subsanar. - 11 de mayo de 2017: Admisión de demanda. - 9 de junio de 2017: Notificación a la demandada. - 27 de junio de 2017: Contesta la demanda. - 9 de agosto de 2017: Admite contestación y se cita a las partes para que asistan a la audiencia del artículo 77 C.P.T.S.S. para el 12 de septiembre de 2017, a las 9:30 a.m. - 11 de septiembre de 2017: Se acepta petición de aplazamiento y se fija como nueva fecha el 20 de septiembre de 2017, a las 7:30 a.m. - 20 de septiembre de 2017: nulidad desde el auto del 9 de agosto debido a que no se entregó contestación relacionada con la subsanación de la demanda. En la misma fecha se realiza la notificación personal y se le entrega copia de dicha actuación. - 4 de octubre de 2017: se recibe contestación de la corrección de la demanda y está pendiente para fijar nuevamente fecha de audiencia. - 20 de octubre de 2017: se recibe escrito de la Corte Constitucional. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por auto del 25 de agosto de 2017, proferido por la Sala de Selección Nº 8. 2. Procedibilidad de la acción de tutela en el caso bajo estudio 2.1. Legitimación activa El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, contempló la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa”. De esta manera, la legitimación en la causa por activa para presentar la tutela se acredita de la siguiente manera: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de los representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa[2]. En esta oportunidad, la acción de tutela fue interpuesta por Carmen Tulia Chiquito Montoya quien solicita la protección de sus derechos fundamentales y la especial protección del adulto mayor, por medio de apoderado judicial, quien aportó poder especial el cual se anexó al expediente[3]. Por consiguiente, se encuentra legitimada para actuar. 2.2. Legitimación pasiva En relación con la legitimación por pasiva, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 estableció que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares. Según el numeral 9 del artículo 42 del decreto en cuestión, el recurso de amparo contra particulares procede “[c]uando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción.” Con fundamento en el escrito de tutela y en la respectiva contestación, se advierte que entre la peticionaria y la accionada existió una relación laboral por más de catorce (14) años. En efecto, tanto en el escrito de tutela[4] como en las contestaciones de la accionada[5] se reconoció que la accionante prestó sus servicios como empleada doméstica, de forma personal, bajo la continua dependencia de la demandada, es decir, la señora Ana Lucy Bedoya Casadiego, y a cambio recibió una remuneración periódica. 2.3. Inmediatez Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales[6]. En el caso concreto, se observa que: i) la terminación de la relación laboral se dio entre los días 14 y 17 de octubre de 2016; ii) la demandante acudió ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Risaralda los días 21 de noviembre y 2 de diciembre de 2016 en busca de llegar a un acuerdo conciliatorio con su ex-empleadora, lo cual no se logró; y iii) el 23 de diciembre de 2016 la accionante interpuso la tutela. Es decir, transcurrió menos de un mes desde la última actuación (audiencia de conciliación) hasta la interposición de la tutela. Por lo tanto, la Sala considera que el tiempo transcurrido para reclamar la protección de los derechos vulnerados fue prudente y razonable con lo que se satisface el requisito de inmediatez. 3. Problemas jurídicos y esquema de solución 3.1. En consideración a las circunstancias fácticas que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, los argumentos expuestos por la parte demandada y las decisiones adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar: - Si la acción de tutela resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una acreencia patrimonial derivada del presunto incumplimiento de las normas laborales por parte de Ana Lucy Bedoya Casadiego, al dejar de afiliar a la peticionaria al Sistema General de Seguridad Social y no efectuar el pago de las demás acreencias y prestaciones sociales; teniendo en cuenta que (i) se dirige en contra de un particular y (ii) la accionante es de avanzada edad, se dedica al servicio doméstico y tiene dificultades económicas y de salud. - Si Ana Lucy Bedoya Casadiego, al incumplir sus deberes legales como empleadora, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de Carmen Tulia Chiquito Montoya, por: (i) no efectuar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social de la accionante durante el tiempo en que trabajó como empleada doméstica; y (ii) tampoco realizar los pagos correspondientes a las prestaciones sociales de la trabajadora. 3.2. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala de Revisión se ocupará de abordar los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra particulares. Estado de indefensión o subordinación; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos derivados de la seguridad social; (iii) el derecho a la seguridad social y la obligación del empleador de realizar aportes al régimen de seguridad social en pensiones, o en su defecto, de reconocer la pensión-sanción; (iv) el derecho fundamental al trabajo digno de los empleados y empleadas domésticas y su situación de vulnerabilidad; y (v) análisis del caso concreto. 4. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Estado de indefensión o subordinación Siguiendo lo establecido en el Parágrafo 5º del Artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, este Tribunal ha dicho que la acción de tutela en contra de particulares procede, cuando: i) los particulares se encuentran encargados de la prestación de un servicio público; ii) la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo; o iii) cuando el peticionario se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular[7]. En el tercer evento mencionado, esto es, cuando el peticionario se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular, procede la acción de tutela; así lo reiteró la Corte en Sentencia T-188 de 2007, concluyendo que: “cuando se demuestre que el afectado se encuentra en estado de subordinación o indefensión, y que resulta ser de una alta importancia para determinar la procedencia de las acciones de tutela objeto de estudio, el desarrollo jurisprudencial efectuado por el intérprete constitucional ha sido abundante desde sus inicios, enfatizando en que si bien se trata de figuras diferenciables, en determinados eventos pueden ir asociadas, y que la configuración de estos fenómenos depende de las circunstancias que se susciten en cada caso concreto” [8]. En sentencia T-451 de 2017, esta Corporación concluyó que se presume el estado de indefensión o subordinación entre particulares, en el marco de una relación laboral, cuando: “(…) tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de subordinación o de indefensión –como es el caso en materia laboral, pensional, médica, de ejercicio de poder informático, de copropiedad, de asociación gremial deportiva o de transporte o religiosa, de violencia familiar o supremacía social–, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas situaciones”[9]. El elemento de subordinación ha sido entendido por la Corte como “el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[10] y se presenta, entre otras: (i) en las relaciones derivadas de un contrato de trabajo; (ii) en las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo; (iii) en las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv) en las relaciones entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos[11]. En asuntos laborales, es común que exista una relación de subordinación entre empleador y empleado. En este contexto, el acatamiento y sometimiento de órdenes es consecuencia de las capacidades de quienes, en razón de sus calidades, logran impartirlas.[12] Al respecto, esta Corporación ha resaltado que existe subordinación entre el empleado demandante y el empleador demandado “aunque al momento de la interposición de la acción de tutela el accionante ya no sea empleado del accionado, pues el desconocimiento de los derechos que aduce se produjo en el contexto de la relación laboral o en el marco de la terminación de la misma”[13]. (Negrilla fuera del texto). 5. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos derivados de la seguridad social En materia de reclamaciones que persigan el reconocimiento y pago de acreencias laborales o prestaciones sociales, la Corte Constitucional ha dicho de manera reiterativa que, en principio, no es procedente la acción de tutela toda vez que existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse antes de acudir a esta acción[14]. En este sentido, el legislador dispuso de herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria, para solicitar la protección de este derecho cuando se hace efectivo a través del reconocimiento de la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes[15], por lo que es improcedente intentar dicho reconocimiento mediante la tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha reconocido que existen situaciones excepcionales que habilitan dicha acción como mecanismo principal o transitorio, con el fin de proteger derechos fundamentales. Al respecto, esta Corte ha indicado que para reclamar por vía de tutela el reconocimiento de un derecho pensional y/o de prestaciones sociales deben verificarse, de acuerdo con las particularidades de cada caso, los siguientes criterios: (i) cuando no existe otro medio de defensa judicial o, en caso de existir, el mismo no resulta idóneo ni eficaz para garantizar la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento en el que la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía; y (ii) cuando esta se promueve como mecanismo transitorio, siempre que el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida, de manera definitiva, el conflicto planteado[16]. Frente a la idoneidad y eficacia de otros medios de defensa judiciales, en Sentencia T-315 de 2017[17] este Tribunal reiteró los presupuestos que debe tener en cuenta el juez de tutela, para determinar si dichos mecanismos son eficaces para la protección de los derechos fundamentales involucrados en conflictos en que se pretenda el reconocimiento de acreencias pensionales. Estos son: (i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto de especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital; (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos; y (iv) que se acrediten siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”[18]. En relación con el perjuicio irremediable, este Tribunal ha indicado que, para establecer su existencia deben analizarse los siguientes presupuestos: (i) que el perjuicio sea inminente, es decir que no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que las medidas que se requieren para evitar la configuración del perjuicio sean urgentes; (iii) que el perjuicio que se cause sea grave, lo que implica un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iv) que la acción de tutela sea impostergable, es decir que, de aplazarse, se corra el riesgo de que ésta sea ineficaz por inoportuna[19]. La Corte ha insistido en que, para resolver de manera efectiva los problemas jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos pensionales y valorar la aptitud de los instrumentos judiciales ordinarios[20], debe evaluarse de manera exhaustiva el panorama fáctico y jurídico que sustenta la pretensión de amparo. En este sentido, ha supeditado la aplicación del requisito de subsidiariedad al examen de las circunstancias particulares del accionante. Según este Tribunal deben tenerse en cuenta, por lo menos, las siguientes: “(…) el tiempo de espera desde la primera solicitud pensional a la entidad de seguridad social (procedimiento administrativo), la edad (personas de la tercera edad), la composición del núcleo familiar (cabeza de familia, número de personas a cargo), el estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de enfermedades importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación escolar y potencial conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer) y las circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato socioeconómico, calidad de desempleo) de quien reclama el amparo constitucional, son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer si la pretensión puede ser resuelta eficazmente a través de los mecanismos ordinarios, o si, por el contrario, las dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de manera injustificada”. (Negrilla fuera del texto). En conclusión, para el reconocimiento y pago de derechos derivados de la seguridad social la acción de tutela procede de manera excepcional: (i) como mecanismo principal, si no existe otro medio defensa idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales del peticionario, y (ii) como medio de defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, es decir, de un perjuicio que sea inminente y grave, y en ese sentido se requiera adoptar una medida urgente e impostergable. Así mismo, para decidir en sede de tutela el reconocimiento y pago de derechos pensionales, el juez deberá tener en cuenta, la edad, la composición del núcleo familiar, el estado de salud, las condiciones socioculturales y las circunstancias económicas del accionante. 6. El derecho a la seguridad social y la obligación del empleador de realizar aportes al régimen de seguridad social en pensiones, o en su defecto, de reconocer la pensión-sanción El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la Seguridad Social y establece que dicho derecho es de carácter irrenunciable y se constituye como un servicio público obligatorio a cargo del Estado. Además, tiene como propósito primordial el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana de las personas, mediante la protección de quienes están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que les permitan llevar una vida digna en la vejez, cuando se encuentren desempleados o padezcan una enfermedad o incapacidad laboral. En concordancia con el artículo 53 Superior, la garantía de la seguridad social es uno de los principios mínimos fundamentales de la relación laboral. Al respecto, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), dispone que la garantía del derecho a la seguridad social es de vital importancia para la protección de la dignidad humana en circunstancias en las cuales las personas no tienen la capacidad para ejercer los derechos reconocidos en dicho instrumento. De aquí que, es predicable la relación existente entre el derecho a la seguridad social y los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana. En el mismo sentido, la Observación General Nº 19 del Consejo Económico y Social, indicó que el derecho a la seguridad social: “(…) incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”. (Negrilla fuera del texto). Por su parte, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, define el derecho a la seguridad social como la protección “contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. En concordancia con la Declaración, el Protocolo Adicional al PIDESC -Protocolo de San Salvador-, establece que “[t]oda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”. (Negrilla fuera del texto). Puntualmente, en cuanto a la pensión de vejez respecto de trabajadores del sector privado, la Ley 6 de 1945[21] estableció que dicha obligación estaba a cargo del empleador, hasta que se creara el Instituto de Seguro Social que lo sustituiría en la asunción de esta prestación. Posteriormente, la Ley 90 de 1946 instituyó el seguro social obligatorio, el cual ampararía los riesgos de vejez, invalidez y muerte; la enfermedad general, la maternidad y los riesgos profesionales de todos los trabajadores, nacionales y extranjeros, que desarrollaran una actividad laboral en el sector privado[22], en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o de aprendizaje. De la misma manera, creó para su administración el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Según el artículo 72 de dicha disposición, la afiliación al Instituto Colombiano de Seguros Sociales sería gradual y progresiva mientras que el ISS efectuaba el llamamiento a los empleadores para efectuar la respectiva afiliación de sus trabajadores. Entre tanto, los empleadores debían realizar el aprovisionamiento del capital necesario para trasladarlo cuando llegara el momento. El Código Sustantivo del trabajo[23] introdujo una disposición similar a la contenida en el referido artículo 72, en cuanto al pago de las prestaciones sociales que tenían a cargo los empleadores del sector privado. Al respecto, el artículo 259 estableció lo siguiente: “(…) 2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”. Con la entrada en vigor de Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, el sistema integral se encuentra conformado por los subsistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios complementarios. El subsistema de pensiones tiene por objeto amparar a los trabajadores y a su núcleo familiar de las contingencias de vejez, invalidez y muerte. El artículo 15 de la Ley 100, establece la obligación de afiliarse al sistema general de seguridad social en pensiones, en los siguientes términos: “todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales”. En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de la misma normativa expresa que durante la vigencia de una relación laboral o de un contrato de prestación de servicios, los empleadores y los contratistas deberán efectuar las cotizaciones a cualquiera de los regímenes de seguridad social en pensión existentes, bien sea el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad, de acuerdo con el salario o ingresos percibidos. En la misma vía, el artículo 22 reglamenta el pago de los aportes a pensión respecto de trabajadores dependientes, imponiendo al empleador la obligación de descontar del salario de cada trabajador los respectivos aportes y trasladarlos al respectivo fondo. La norma reza: “Obligaciones del empleador. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”. De esta forma el legislador garantiza a los trabajadores dependientes que las cotizaciones al sistema pensional sean reales y efectivas, de tal suerte que aseguren al trabajador ante la ocurrencia de alguna contingencia prevista en los regímenes de pensiones (invalidez, vejez y muerte) y sus familias puedan percibir los recursos necesarios para su subsistencia como si aún continuaran vinculados laboralmente. En la misma vía, el legislador ha establecido las consecuencias que debe asumir el empleador en el evento en que omita este deber cuando dicha circunstancia impida al trabajador acceder al reconocimiento de la pensión de vejez. Este es el caso de la pensión-sanción, prestación que debe reconocer el empleador en los eventos en que la relación laboral haya estado vigente por un...