Sentencia T-715 de 2017

T-715-17 Sentencia T-715/17 PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Garantía esencial del debido proceso/IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Término para interponerla El principio de la doble instancia es un elemento fundamental del derecho al debido proceso. Dicho principio se materializa, principalmente, mediante el recurso de apelación o de impugnación, toda vez que permite la controversia de una decisión judicial por parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del superior jerárquico. Por su relevancia e intrínseca relación con el debido proceso, la Corte le ha reconocido a la doble instancia una triple condición: derecho, garantía y principio. El artículo 86 de la Constitución Política prevé el recurso de impugnación del fallo de tutela ante el Juez competente. Igualmente, los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 disponen, en su orden, el término otorgado por la ley para impugnar el fallo de tutela –durante los tres días siguientes a la notificación–, los legitimados para hacerlo y el trámite que deberá seguirse. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración DERECHO A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA EDUCACION-Tratamiento constitucional con doble connotación como derecho y como servicio RETENCION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS POR EL NO PAGO DE OBLIGACIONES ECONOMICAS En los casos de retención de títulos y documentos académicos por el no pago de obligaciones económicas, el representante del estudiante debe demostrar lo siguiente para que proceda el amparo del derecho a la educación: (i) que, como consecuencia de un hecho sobreviniente y constitutivo de justa causa, estuvo en imposibilidad de honrar sus obligaciones financieras; y (ii) que hizo todo lo razonablemente posible para cumplirlas, lo que incluye, por ejemplo, la suscripción de un acuerdo de pago. Por el contrario, si se advierte que la acción de tutela ha sido utilizada para evadir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias adquiridas con la institución, no procederá la protección constitucional. DERECHO A LA EDUCACION-No vulneración por retención de certificados de grado puesto que no se demostró la existencia de un hecho sobreviniente que impidiera cancelar las obligaciones económicas y no se acreditó voluntad de pago DERECHO A LA EDUCACION-No vulneración por cuanto Colegio no interrumpió abruptamente el desarrollo de las clases de la estudiante y permitió la culminación de su año lectivo Referencia: Expediente T-6.361.171 Acción de tutela instaurada por Luz Adriana Ángel Ríos en contra del Colegio de la Sagrada Familia - Hermanas Terciarias Capuchinas de Armenia. Magistrado Ponente: CARLOS BERNAL PULIDO Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista en el artículo 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela de primera instancia proferido el 9 de mayo de 2017 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia, mediante el cual se amparó el derecho fundamental a la educación de las menores Kylie Valeria y Britney Catalina Barragán Ángel. Dentro de la actuación, las jóvenes han estado representadas por su madre, Luz Adriana Ángel Ríos. I. ANTECEDENTES 1. El 25 de abril de 2017, la señora Luz Adriana Ángel Ríos presentó demanda de acción de tutela en contra del Colegio de la Sagrada Familia - Hermanas Terciarias Capuchinas de Armenia (en adelante, el Colegio). Esta acción se ejerció con el propósito de proteger los derechos fundamentales de sus hijas menores de edad a la educación, a la igualdad, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la información y al debido proceso. En su criterio, estos derechos se vulneraron, de un lado, por la negativa del Colegio de recibir a una de sus hijas para el período académico del año 2017 y, del otro, por la decisión de la misma institución de retenerle, a su otra hija, los documentos de grado, después de la aprobación del programa de básica secundaria. A pesar de que la accionante reconoció que no ha cumplido integralmente con el pago de todas las obligaciones económicas, estimó que la postura del Colegio ha sido arbitraria e injustificada. 1. Hechos 2. La señora Luz Adriana Ángel Ríos es la madre de Britney Catalina y Kylie Valeria Barragán Ángel y, en esta condición, actuó como representante legal de sus hijas dentro del presente trámite de tutela. Para el momento de la presentación de la demanda, las menores tenían 17 y 14 años de edad, respectivamente[1]. 3. Desde el año 2012, las jóvenes Britney Catalina y Kylie Valeria ingresaron a estudiar al Colegio accionado. La primera de ellas culminó “sus estudios de Básica Secundaria el año pasado 2016, año en que se graduó de bachiller”. Por su parte, Kylie Valeria, durante el mismo período académico del 2016, “cursó y aprobó sus estudios de Noveno Grado, pasando a cursar para el año 2017 el curso de Décimo Grado”. 4. Para el 14 de septiembre de 2015, la accionante adeudaba las pensiones causadas durante los meses de febrero a septiembre de ese mismo año, por los servicios educativos prestados a sus dos hijas. Así, respecto de la menor Britney, Luz Adriana Ángel adeudaba la suma de $2.493.000 y, por parte de Kylie Valeria, registraba un saldo de $1.952.928[2]. Debido a esta situación, el Colegio trasladó su caso a la sociedad Consultoría Jurídica Integral en Recuperación de Cartera y Administración del Talento Humano S.A.S (en adelante, Consutalento S.A.S), con el propósito de adelantar las gestiones de cobro de estas obligaciones, entre las que se encuentra negociar las obligaciones vencidas derivadas de los contratos de servicios educativos. 5. El 15 de septiembre de 2015[3], Consutalento S.A.S envió una comunicación escrita a la señora Ángel requiriéndola para el pago de estos valores. 6. El 4 de abril de 2016, Luz Adriana Ángel suscribió dos actas de compromiso[4] –una por cada estudiante- con el representante legal de Consutalento S.A.S, en las que se definieron las condiciones y fechas de pago de los valores adeudados por concepto de pensiones durante el año 2015. 7. En relación con la joven Britney, el compromiso de pago dispuso que la última cuota debía cancelarse el 20 de noviembre de 2016 y respecto de Kylie, lo propio debía hacerse hasta el 20 de diciembre del mismo año. Si bien durante el año 2016 se hicieron varios abonos[5], la señora Ángel Ríos no cumplió integralmente con los compromisos de pago, toda vez que, según se relató en la demanda de tutela, “pud[o] dar un buen manejo a los pagos para el Acuerdo de Pago” hasta el 30 de junio de 2016, fecha de terminación de su contrato de prestación de servicios con la Casa del Consumidor. En consecuencia, al saldo pendiente acumulado por los anteriores compromisos, se sumaron las cifras causadas durante el período académico del 2016 por concepto de pensiones[6], que tampoco fueron canceladas en su oportunidad. 8. Según lo relata la accionante, “[e]n el mes de febrero [de 2017] acud[ió] al Colegio a hablar con la nueva rectora señora Claudia Patricia, y realizar el acuerdo de pago y por tanto la matrícula para [su] hija menor KYLIE VALERIA”[7]. No obstante, “la hermana [le] indicó que no podía tenerla en el plantel ni siquiera como asistente (…) y que no podía volver a llevarla hasta que no resolviera la situación con el colegio”[8]. Además, Luz Adriana Ángel señaló que en una nueva reunión realizada con la directora, ésta le manifestó que “tenía como mínimo que cancelar $1.000.000 (De lo adeudado del año 2016 por mi hija menor Kylie) y pagar en dos cuotas el restante”[9]. 9. Si bien la accionante aceptó la anterior fórmula de pago, en la demanda relató que “no fue posible conseguir el $1.000.000 antes proyectado”[10]. Según Luz Adriana Ángel, solo “hasta el 3 de abril de 2017”[11] pudo realizar un abono parcial por la suma de $996.016[12]. Por lo tanto, después de este último pago, su obligación ascendía a los siguientes valores, relatados así en su demanda: “[p]or Brtiney [adeuda] $5.196.621, Por Kylie (…) $4.031907 para un total por ambas niñas de $9.188.528”[13]. 10. El 21 de abril de 2017, Luz Adriana Ángel dialogó nuevamente con la rectora de la Institución, con el propósito de insistir en matricular a su hija menor. Según la accionante, el Colegio le indicó que para poder matricular a la menor, Kylie Barragán Ángel, era necesario que “pagar[a] tanto matrícula como pensión por los meses de febrero, marzo y abril lo cual asciende a $1.253.446 (…) Y además [debía llevar] un paz y salvo por parte del abogado, en el que se certifiqué ya pagó lo adeudado al colegio”[14]. La accionante calificó la actitud del accionado como “demasiado coercitiva y estricta, pues es ilógico que (…) le lleve un Paz y Salvo a un Acuerdo de Pago que apenas se va a firmar”[15]. 11. El 24 de abril de 2017, Luz Adriana Ángel acudió a Consutalento S.A.S y discutió su caso con una de las asesoras. Según la demanda, en esa oportunidad esta sociedad le informó que “[l]a Hermana Claudia Patricia ha accedido a no cobrarle intereses (…) [y] que el acuerdo de pago que se realicé (sic) se haga con una cuota inicial de ($2.756.000) lo cual es el 30% de lo adeudado por las dos niñas lo cual asciende a ($9.188.528)”[16]. Con este nuevo compromiso, “los papeles de ambas niñas se le entregarían para que usted pueda optar a matricularlas a BRITNEY en la Universidad y a KYLIE en otro colegio diferente de las Capuchinas”[17]. Sin embargo, en relación con esta nueva propuesta, la accionante manifestó su desacuerdo. 12. Según la demanda, Luz Adriana Ángel es madre soltera y abogada de profesión. En cuanto a su ejercicio profesional, relató las dificultades que ha tenido para obtener los ingresos necesarios que aseguren su sostenimiento y el de su familia, sin embargo, reconoció que ha desempeñado varios cargos, así: (i) trabajó “durante los años 1997 al año 2013 en la Cámara de Comercio de Armenia”; (ii) en los años siguientes, “empe[zó] a litigar”[18]; (iii) para los años de 2014 a 2016 –hasta el 30 de junio- “pud[o] vincular[se] como Contratista en la oficina llamada la Casa del Consumidor – Superintendencia de Industria y Comercio”[19]; y (iv) hasta “el 7 de septiembre del año 2016, pud[o] optar por nuevo puesto de trabajo”[20]. Adicionalmente, de acuerdo con la certificación de 1 de septiembre de 2016, mediante el “Decreto 000826 del 31 de agosto de 2016, se le nombr[ó] con carácter de libre nombramiento y remoción, para el cargo de Jefe de Fiscalización y Liquidación adscrito a la Secretaría de hacienda del Departamento del Quindío”[21]. Para el momento de la presentación de la demanda, su asignación salarial básica era de $3.247.000 mensuales[22] y actualmente es de $3.466.000[23]. 13. Habida cuenta de su nueva remuneración, la accionante sostuvo que de sus ingresos mensuales “deb[e] descontar [sus] gastos fijos que son entre otros; arrendamiento $600.000, servicios públicos (Agua, Energía, Parabólica, Internet, Gas y pago de celular) un aproximado mensual de $230.000, más alimentación para [sus] hijas y para [ella] y los gastos normales para un mantenimiento adecuado y digno, lo cual asciende aproximadamente a $500.000, es decir que [sus] gastos netos mensuales ascienden a $1.330.00”. Por esto, manifestó que sus condiciones económicas no le permitían firmar un nuevo acuerdo de pago, toda vez que “no [se encontraba] en las posibilidades de cumplirlo”[24]. 14. Por último, la demandante expuso otras razones por las que su hija menor debe permanecer en la misma Institución Educativa. Primero, el traslado de su hija a otro Colegio le implicaría asumir mayores gastos como uniformes y transporte, más cuando su sitio de residencia queda cerca del Colegio. Segundo, dado que su hija “escasamente tiene 3 amigas de la totalidad del curso”[25] y “es una niña muy selectiva para sus amistades”[26], sería muy difícil su adaptación “a un nuevo plantel educativo y nuevos compañeros de clase (…)”[27]. Tercero, la calidad de la formación educativa del Colegio demandado, pues si bien “existen otras instituciones donde pueda ingresar a [su] hija Kylie de buen grado educacional, no lo existen siempre comportamental, por lo que le [ha] reiterado a la hermana Claudia Patricia Chaux Rojas, que no es [su] deseo cambiar a [su] hija de colegio (…)”[28]. 15. El 31 de mayo de 2017[29], el Colegio suscribió un acta con la señora Ángel Ríos mediante la cual se dejó constancia de la entrega de la totalidad de los documentos de grado y títulos académicos de sus hijas Britney Catalina y Kylie Valeria Barragán. En relación con la última menor, se informó que también se entregó “la constancia de comportamiento y constancia del retiro del SIMAT de la estudiante, a efectos de que la matricule en otra institución, documentos que aceptó recibir a entera satisfacción”[30]. 16. De acuerdo a lo informado por la accionante[31], en el año 2017 su hija mayor comenzó a cursar un pre-médico en la Universidad del Quindío y su hija menor no pudo ser matriculada en otra institución educativa para ese año lectivo. 17. El 28 de julio de 2017[32], Consutalento S.A.S, en representación del Colegio, suscribió un nuevo compromiso de pago con la accionante, que comprendió todas sus obligaciones adeudadas hasta ese momento y reemplazó los compromisos anteriores. Este nuevo acuerdo fue celebrado por la suma de $9.398.761, que se cancelará en 28 cuotas, a partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 20 de diciembre de 2019. 2. Pretensiones de la demanda 18. En la demanda de tutela, la accionante solicitó el amparo del derecho fundamental a la educación y conexos de sus hijas y, en consecuencia, se ordene al Colegio que: (i) Acceda a realizar un nuevo compromiso de pago, “de conformidad con [su] situación socio económica”[33]. (ii) Acepte a la menor Kylie Valeria, para que curse sus estudios de décimo grado durante el año 2017, “sin necesidad de pagar las pensiones por los meses ya transcurridos a partir de la fecha de la matrícula y así mismo se realicen todas las acciones tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones académicas (…) Igualmente que se estudie la posibilidad de que la menor de edad pueda optar por una beca en el citado colegio y/o un descuento en el valor de la pensión a pagar por este año”[34]. (iii) Dé “un trato digno y sin discriminación alguna a [su] hija menor Kylie, tan pronto ella acceda a estudiar en el colegio y así mismo se tenga en cuenta para los estímulos dados por el colegio sin exigir más requisitos de los señalados en el Manual de Convivencia”[35]. (iv) Entregue todos los documentos de sus hijas, en particular los de la joven Britney Catalina, para que pueda continuar con sus estudios universitarios. 3. Admisión y contestación de la demanda 19. El 26 de abril de 2017[36], el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia admitió la referida demanda y, adicionalmente, vinculó al trámite a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, a la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, al Ministerio de Educación Nacional y a Consutalento S.A.S. 3.1. Secretaría de Educación Departamental del Quindío 20. El 3 de mayo de 2017[37], el Secretario Departamental solicitó su desvinculación de este trámite. En su criterio, esta entidad no tuvo ninguna injerencia, ni por acción u omisión, en los hechos que originaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. Esto, por cuanto “el municipio de Armenia se convirtió en entidad territorial certificada en la prestación del servicio educativo, motivo por el cual adquirió competencia para la prestación autónoma de dicho servicio en su territorio (…)”. En consecuencia, a su juicio, la Secretaría Departamental carece de legitimación por pasiva, toda vez que no podría “hacer frente a las eventuales órdenes que se llegaren a imponer por parte de la autoridad judicial”. (Destacado incluido en el texto). 21. Adicionalmente, señaló que las instituciones educativas “son autónomas en el desarrollo de las funciones educativas”, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales de los estudiantes. En este sentido, resaltó que el artículo 12 de la Resolución 18904 de 2016 permite a las instituciones retener los informes de evaluación –incluyendo los certificados y diplomas-, por el no pago de los costos educativos –como matrícula y pensiones-. A menos que los responsables de estas obligaciones puedan “demostrar la imposibilidad de pago por justa causa, en los términos del parágrafo1 del artículo 2 de la Ley 1650 de 2013”[38]. 3.2. Secretaría de Educación Municipal de Armenia 22. El mismo 3 de mayo[39], el Secretario Municipal solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. Inicialmente, señaló que, con fundamento en la Ley 115 de 1994 –arts. 168 y ss.- y los Decretos 1860 de 1994 –art. 61-, 907 de 1996 y 1075 de 2015, la Nación y las entidades territoriales tienen el deber de ejercer las funciones de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados. En consecuencia, a la Secretaría de Educación Municipal le corresponde velar por el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio educativo, sin que “mengue (sic) y atente en contra de la autonomía escolar propia de cada institución Educativa, sino que por el contrario, se les garantiza en todos los casos el desarrollo de las prerrogativas y facultades que les otorga la Ley (…)”. 23. Posteriormente, agregó que solo cuando el educando no acredite su situación de imposibilidad de pago, de conformidad con el procedimiento previsto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1650 de 2013, la institución educativa podrá retener los títulos como sanción. Sin embargo, en su opinión, “la norma hace alusión a la retención de títulos como sanción, sin establecer o discriminar otro tipo de actuaciones administrativas propias del ambiente escolar a título sancionatorio”. Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de las Resoluciones 15883 de 2015 y 18904 de 2016, según los cuales “[e]n ningún caso los establecimientos educativos podrán impedir a los estudiantes participar en el proceso educativo, lo que incluye actividades académicas y evaluaciones”. (Destacado incluido en el texto). 3.3. Colegio de la Sagrada Familia 24. Mediante el escrito de 3 de mayo de 2017[40], el Colegio solicitó que se denieguen las pretensiones formuladas en la demanda de tutela. Esta petición la realizó con base en las siguientes consideraciones: (i) La institución “no está obligada a renovar o a suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios educativos”, con fundamento en “el principio de autonomía educativa”, “la reglamentación de la institución” y el “derecho de admisión”. En este caso, la decisión de no renovación se justificó en el incumplimiento injustificado del pago de los emolumentos educativos por parte de la accionante, causados durante los años 2015 y 2016. (ii) La señora Luz Adriana Ángel no cumplió con el acuerdo de pago suscrito. Por el contrario, el Colegio constató que ella sigue una cultura de no pago. A su juicio, el pago de las obligaciones generadas por los servicios educativos “no es [la] prioridad financiera” la accionante. Al respecto, manifestó que la accionante ha incumplido sistemáticamente su obligación de pagar los emolumentos educativos. Señaló que, en los años 2013 y 2014, el colegio debió desplegar varias gestiones tendientes a lograr la satisfacción de estas acreencias. Situación que se reitera en la actualidad. (iii) El Colegio evidenció “la mala fe e intención de la tutelante en engañar al despacho bajo una supuesta difícil situación económica”[41]. La misma demandante anotó que, durante los años 2014 a 2016, tuvo diferentes fuentes de ingresos, debido a su vinculación como contratista y a su ejercicio profesional como abogada. Sin embargo, durante este mismo período no realizó el pago oportuno de los emolumentos educativos, que sumaron, por los años 2015 y 2016, la cifra de $9.188.528, y tampoco “demostró ante la institución ninguna circunstancia sobreviniente que afectara su situación económica”. (iv) El último acuerdo propuesto exoneraba a la accionante del pago de intereses y dividía el pago del saldo adeudado en una primera cuota equivalente al 30% y cuotas mensuales hasta diciembre de 2017. Una vez se cumpliera con el pago de la obligación, se procedería a entregar la documentación de sus hijas. Precisamente, “la resolución No. 18904 del 2016 expedida por el Ministerio de Educación Nacional establece la autorización legal de la retención de los certificados de evaluación de los estudiantes de los establecimientos educativos privados, en caso del no pago oportuno de los cobros pactados al momento de la matrícula, o en su defecto demuestre una justa causa para el no pago”. 3.4. Consutalento S.A.S 25. Por medio del escrito de 4 de mayo de 2017[42], su representante legal solicitó que se denegaran las pretensiones formuladas en la demanda de tutela. Inicialmente, precisó que, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 018 de 2010, se adelantaron “las labores de cobranza pre-jurídica y jurídica de las obligaciones civiles y comerciales contraídas por los acudientes, padres de familia y representantes legales de los estudiantes”. En desarrollo de este mandato, desde el 14 de septiembre de 2015, se conoció el caso de la señora Luz Adriana Ángel y desde ese momento fue contactada, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o cartas, con el propósito de lograr el pago integral de las obligaciones adeudadas[43]. 26. Consutalento S.A.S calificó la actitud de la accionante como “evasiva”[44], debido a que en ningún momento “demostró ante nuestra empresa, alguna circunstancia que permitiera inferir que tuvo un hecho sobreviniente que le impidiera cumplir con las obligaciones pecuniarias con la institución (…)”[45]. Por último, señaló que ni el Colegio ni la empresa que representa han vulnerado algún derecho fundamental de la actora o de sus hijas, toda vez que el procedimiento de cobro fue respetuoso y considerado. 3.5. Ministerio de Trabajo 27. Mediante el escrito de 4 de mayo de 2017[46], esta entidad solicitó su desvinculación a este trámite de tutela, ante su falta de competencia para ejercer las funciones de inspección y vigilancia respecto de las instituciones educativas. Al respecto señaló que “[l]os departamentos y municipios que fueron certificados recibieron la administración de los servicios educativos, por disposición de la Ley 715 de 2001. Corresponde entonces al Ministerio de Educación Nacional fijar las políticas educativas que deben ser adoptadas en relación con la educación preescolar, básica y media, más no la administración de los establecimientos educativos, lo cual es competencia de las entidades territoriales certificadas”[47] (Subrayas incluidas en el texto). 4. Decisiones objeto de revisión 4.1. Sentencia de primera instancia 28. El 9 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia profirió sentencia de primera instancia mediante la cual amparó los derechos fundamentales a la educación de las jóvenes Britney Catalina y Kylie Valeria Barragán Ángel[48]. 29. En este fallo, se ordenó al Colegio de la Sagrada Familia que “dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a ENTREGAR a BRITNEY CATALINA BARRAGÁN ÁNGEL los documentos de grado que le fueron retenidos, así como cualquier otro que requiera para acreditar su historia educativa (…)”. Adicionalmente, el a quo ordenó “MATRICULAR en dicha institución a KYLIE VALERIA BARRAGÁN ÁNGEL en el grado correspondiente y en el presente año lectivo. La demandada deberá realizar todas las acciones tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones académicas sin traumatismo que dificulten su normal ciclo educativo, no podrá imponer sanciones académicas a la menor accionante derivadas de la suspensión en sus estudios (…)”. 30. Con fundamento en la sentencia SU-624 de 1999, el Juzgado de primera instancia concluyó que, a partir de los hechos analizados, debe prevalecer el derecho a la educación sobre el derecho a la autonomía de los establecimientos educativos. En su criterio, se cumplen los tres requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional, para resolver los casos de tensión entre estos dos derechos. Primero, encontró demostrado “la imposibilidad del hogar de la estudiante de cumplir las obligaciones financieras actualmente pendientes de pago con el establecimiento educativo”. Esto se constató con las pruebas aportadas al expediente, dado que los gastos propios para su manutención exceden los recursos que recibe de su única fuente de ingresos. 31. Segundo, advirtió la existencia de “una justa causa para el incumplimiento de las obligaciones con el establecimiento educativo como lo fue la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales de la madre de las demandantes con la SIC a finales de 2016 porque así lo manifestó en la demanda y tal circunstancia no fue controvertida ni desvirtuada por la demandada”. Además, a pesar de que en su momento se adquirieron compromisos de pago en razón de las obligaciones pendientes de pago de los períodos lectivos 2013 y 2014, estos fueron cancelados en su totalidad. Y, en lo correspondiente al año 2015, la accionante cumplió parcialmente con sus obligaciones, en la medida de sus posibilidades económicas. 32. Tercero, la representante de las estudiantes celebró varios acuerdos de pago y “en la actualidad tiene ánimo conciliatorio y ha buscado llegar a un acuerdo de pago para solucionar su deuda e impedir que esto afecte la normalidad académica de su hija pero la Institución Educativa se niega a aceptarlo”. Adicionalmente, “la institución no acreditó que la desvinculación del proceso educativo se debiera al desempeño académico disciplinario de la alumna”, sino solo por el incumplimiento de los acuerdos de pago. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la entidad accionada, “no se trata en este caso de un abuso del derecho por parte de la madre de las demandantes que fomente la cultura del no pago pues hay circunstancias de fuerza mayor que condujeron a ello y dentro de sus posibilidades ha pagado y aspira pagar la deuda que reconoce a la institución”. 33. En consecuencia, en la sentencia se concluyó que “[e]l actuar de la institución educativa es reprochable y no es congruente con los principios enunciados en su manual de convivencia”. Por esta razón, no es admisible la negativa del Colegio de matricular a la estudiante en el año lectivo correspondiente y tampoco la medida de retener los documentos de grado de la estudiante Britney Catalina Barragán Ángel. En relación con este último aspecto, el a quo agregó que el Colegio “coacciona ilegítimamente a la madre y a la estudiante para el pago de una obligación económica”, a pesar de que “dispone de las garantías documentales y de las acciones judiciales correspondientes”, para lograr el pago de estas acreencias. 34. Por último, en cuanto a la pretensión de la accionante de ordenarle al Colegio la suscripción de un acuerdo de pago que sea coherente con su capacidad de pago, el a quo la resolvió de manera desfavorable. Esto, por cuanto “tal decisión incumbe única y exclusivamente a la voluntad de los órganos de dirección y administración de la institución y su facultad de cobro persiste precisamente como fundamento para la procedencia de la presente acción de tutela (…)”. 4.2. Impugnación 35. El 15 de mayo de 2017, el Colegio presentó escrito de impugnación en contra del fallo de primera instancia con argumentos similares a los expuestos en su escrito de contestación a la demanda de tutela[49]. Adicionalmente, resaltó lo siguiente: 36. Primero, la sentencia impugnada “está abriendo un boquete bastante grave, vulnerando el derecho al trabajo y a la libre empresa”, al desconocer que la financiación de los colegios privados, en su condición de entidades con ánimo de lucro, depende del pago oportuno de los servicios educativos que prestan. En consecuencia, no se puede obligar a estos establecimientos educativos a “tener (…) a estudiantes, desarrollando actividades de forma gratuita como si estuvieran en Colegios Públicos”. Por lo tanto, “con las consideraciones de este fallo, se le abre las puertas a cualquier otra persona que no tenga las capacidades económicas a ingresar a una institución educativa privada y a permanecer en ella, utilizando cualquier tipo de maniobras engañosas y malintencionadas, argumentando el derecho a la educación de sus hijos, condenando sencillamente a una institución a su inviabilidad financiera y académica”. 37. Segundo, no solo el Estado y la sociedad deben garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la educación, sino también los padres de familia, “que deben de completar esta labor y cumplir con las responsabilidades económicas que acarrea brindar una educación de carácter privado en nuestro país”. Por lo tanto, el Colegio no desconoció el derecho a la educación de las menores con las medidas adoptadas, sino fue la accionante quien contribuyó a su vulneración. En efecto, la representante de las menores “pudo acceder a otro colegio del sector privado donde los valores a cancelar fuesen mas (sic) accequibles (sic) o en su defecto en uno de los muchos colegios públicos del (sic) ciudad”, pero se negó a hacerlo. 38. Tercero, el manual de convivencia prevé como requisito para matricularse, encontrarse a paz y salvo. También dispone que el pago de las cuotas del servicio educativo debe realizarse dentro de los diez primeros días de cada mes, lo cual constituye un deber y una responsabilidad de los padres de familia. Adicionalmente, la condición de estudiante se pierde por “[f]alta de apoyo de los padres de familia al colegio en las exigencias del manual”[50]. En consecuencia, con fundamento en las anteriores disposiciones, la institución tiene “la capacidad de decidir quién puede hacer parte del colegiado y quien no cumple los requisitos necesarios para ingresar”. En este caso, para el año lectivo de 2017, la estudiante y sus acudientes “no tienen vínculo contractual ni académico con la institución educativa, toda vez que (…) no han regularizado la situación financiera”. 39. Finalmente, la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito entre la accionante y la Casa del Consumidor, adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio, a finales del año 2016, “nunca fue demostrada o evidenciada ante la institución, máxime cuando la señora ÁNGEL RIOS. (sic) argumenta en su escrito, que con posterioridad a dicha terminación, continuó efectuando sus labores como abogada litigante y después se vinculó como funcionaria de la Gobernación del Quindío, circunstancia que no evidencia la justa causa de pago”. Todo lo anterior demuestra que “la tutelante siempre tuvo grado de estabilidad laboral, pudiendo sostener y pagar las obligaciones contractuales con la institución”, por lo que, en opinión del Colegio, con las medidas ordenadas en el fallo solo se incentiva la cultura del no pago. Además, “[t]ampoco existió aprovechamiento indebido de la protección constitucional por parte de la Institución, ya que se le brindaron [a la accionante] todas las formas y facilidades de pago”. 4.3. Segunda Instancia 40. Mediante el auto de 2 de junio de 2017[51], el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia (en adelante, el Juzgado Tercero del Circuito) resolvió “INADMITIR” la impugnación formulada a nombre del Colegio. Al respecto, precisó que la “representación supuestamente es otorgada por la Hermana HERLINDA INES MAESTRE GAMEZ, quien dice actuar en calidad de superiora provincial de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la sagrada familia provincias sagrado corazón de Jesús, en Bogotá-Colombia, no se no (sic) allegan los documentos que prueben la calidad en que esta actúa”. En este sentido, se debió haber aportado al expediente “el certificado de existencia y representación legal de la entidad o la resolución de nombramiento y/o acta de posesión o el poder, para demostrar la referida calidad”. En consecuencia, se incumplió lo dispuesto en los artículos 10, 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991, que se aplica “cuando se trata de representante legales y/o apoderados judiciales”. 5. Actuaciones en sede de revisión 41. El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante el Auto de 26 de septiembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional[52] y se repartió al despacho del Magistrado Ponente de la presente providencia. 5.1. Pruebas decretadas en sede de revisión 42. Mediante el auto de 10 de noviembre del presente año[53], este Despacho ordenó oficiar, por intermedio de la Secretaría General de esta Corte, a las siguientes entidades con el fin de obtener esta información: 2.1. Al Colegio para que informe (i) si ya entregó los documentos de grado de Britney Catalina Barragán; (ii) si, en relación con Kylie Valeria Barragán, la menor aún tiene algún vínculo académico con este Establecimiento; (iii) el estado actual de cumplimiento de los dos compromisos de pago suscritos el 4 de abril de 2016; (iv) si existieron otros acuerdos de pago, anteriores o posteriores al mencionado previamente y cuál es su estado actual; (v) si, durante el año lectivo de 2016, la accionante puso en conocimiento alguna circunstancia sobreviniente que impidiera el pago oportuno de sus obligaciones financieras con el Colegio; y (vi) se allegue el certificado de existencia y representación legal o cualquier otro documento que demuestre su constitución y la persona delegada para asumir las facultades de representación legal durante los años 2016 y 2017. 2.2 A la accionante para que informe los mismos temas tratados en los primeros cinco puntos anteriores y, adicionalmente, por los ingresos recibidos para el año 2016 por su ejercicio profesional como abogada litigante. 2.3 A Consutalento S.A.S para que informe acerca del estado actual de cumplimiento de los acuerdos de pago suscritos el 4 de abril de 2016, si se suscribieron compromisos en fecha posterior al anterior y si se han ejercido acciones legales o gestiones de cobro adicional para lograr el pago de las obligaciones adeudadas por la accionante a favor del Colegio. 2.4 A la Casa del Consumidor de Armenia – Superintendencia de Industria y Comercio, a la Gobernación del Quindío y a la Cámara de Comercio de Armenia para que informen si la accionante ha tenido alguna relación laboral o contractual con estas entidades, su cargo, tipo de vinculación, período durante el cual prestó sus servicios y su remuneración económica. 2.5 Al a quo para que informe si se pudo constatar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia proferida el 9 de mayo de 2017. De ser así, se solicitó remitir copia de todas las actuaciones surtidas. 5.2. Respuesta del Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia 43. El 23 de noviembre de 2017[54], el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia allegó copia del cuaderno que contiene el incidente de desacato promovido por Luz Adriana Ángel en contra del Colegio accionado. Dentro de esta actuación, se observa el escrito de 24 de mayo de 2017, presentado por el Colegio accionado, en el que informa que, en relación con la joven Britney Catalina, el 17 de mayo anterior se cumplió con la entrega de los certificados de los grados académicos cursados por la estudiante. En ese momento, solo hizo falta su diploma de grado del último año, el cual debe ser impreso nuevamente, dado que debe ser firmado por la nueva directora de la institución. En relación con Kylie Valeria, la institución indicó que se cumpliría con la orden de matricularla “una vez el juez de segunda instancia se pronuncie sobre la impugnación presentada y el mismo despacho decida confirmar dicha decisión”. 44. Esto, por cuanto mediante el auto de 24 de mayo de 2017, el a quo abrió un incidente de desacato en contra de Claudia Patricia Chaux Rojas, en su condición de rectora y superiora del Colegio accionado. Además, durante el término de traslado, esta institución presentó el 1 de junio de 2017 un nuevo escrito, en el que informó que todos los títulos académicos correspondientes a la estudiante Britney Catalina ya habían sido entregados. En relación con Kylie Valeria, el Colegio indicó que su acudiente, Luz Adriana Ángel, “aceptó recibir la totalidad de los documentos de la estudiante correspondiente a los certificados de los grados 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, la constancia de comportamiento y constancia del retiro del SIMAT de la estudiante, a efectos de que la matricule en otra institución, documentos que aceptó recibir a entera satisfacción”. 45. Con fundamento en las pruebas acopiadas durante el incidente, el 14 de julio de 2017 el a quo declaró en desacato a la rectora y superiora del Colegio accionado. Adicionalmente, le impuso la sanción de arresto por el término de cuatro días, así como el pago de una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta decisión fue confirmada el 28 de julio siguiente por el Juzgado Tercero del Circuito, al surtirse el grado jurisdiccional de consulta. 46. El 21 de julio de 2017, la directora del Colegio accionado solicitó la revocatoria del auto que decidió el incidente de desacato. En su escrito señaló que fue la representante de la menor Kylie Valeria quien manifestó su voluntad de vincularla en otra institución educativa. Por esta razón, el Colegio hizo entrega a la accionante de todos los certificados de estudios de la joven y un informe dirigido al Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas, en el cual la señora Ángel inició un nuevo proceso de matrícula para su hija. Por su parte, mediante el escrito del 28 de julio, del mismo modo, Luz Adriana Ángel le solicitó al a quo la terminación del trámite de tutela y el levantamiento de las sanciones impuestas en contra de la directora del Colegio accionado. En razón de lo anterior, mediante el auto de 11 de agosto de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia ordenó el levantamiento de la anterior sanción de desacato. 5.3. Respuesta del colegio accionado 47. Por medio del escrito de 28 de noviembre de 2017[55], el Colegio informó lo siguiente: (i) el día 31 de mayo de este año, se entregaron todos los documentos de grado de la estudiante Britney Barragán a su acudiente; (ii) la estudiante Kylie Barragán actualmente no se encuentra vinculada a esta institución y la decisión de no renovar su matrícula fue comunicada a su representante el 5 de febrero de 2017; (iii) el 28 de julio de 2017, se suscribió un nuevo acuerdo de pago con Luz Adriana Ángel Ríos; (iv) con anterioridad al 4 de abril de 2016, simplemente se requería a la señora Ángel para que cumpliera con sus obligaciones pendientes de pago; y (v) Luz Adriana Ángel no informó al Colegio de la ocurrencia de algún hecho sobreviniente que impidiera el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y tampoco esta situación fue comunicada a la firma Consutalento S.A.S. 48. A dicho memorial, el Colegio adjuntó copia de las resoluciones mediante las cuales se le concedió licencia de funcionamiento y se reconocieron los ciclos de educación básica y media prestados en la institución. Igualmente, se aportó con su escrito, la certificación expedida por la Arquidiócesis de Bogotá que da cuenta de la existencia de la congregación religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas y de la persona natural designada para ejercer su representación legal, así como la certificación suscrita por la representante de esta orden religiosa, en la que se señala que la Hermana Claudia Patricia Chaux Rojas ostenta la condición de rectora y representante del Colegio accionado. Este escrito es similar al aportado en su momento por la institución educativa con la contestación de la demanda. 5.4. Respuesta de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 49. Por medio del escrito de 23 de noviembre de 2017[56], la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío informó que Luz Adriana Ángel estuvo vinculada con esa entidad, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 22 de septiembre de 1997 hasta el 30 de abril de 2013. Su retiro obedeció a la decisión voluntaria de la señora Ángel Ríos y para ese momento desempeñaba el cargo de asesora jurídica, con una remuneración mensual de $1.639.809. 5.5. Respuesta de la accionante, señora Luz Adriana Ángel Ríos 50. Mediante el escrito de 24 de noviembre de 2017[57], Luz Adriana Ángel Ríos aportó la siguiente información: (i) el 31 de mayo de 2017, recibió los certificados de los grados aprobados por su hija Britney en el Colegio accionado; (ii) su hija Britney actualmente cursa un pre-médico en la Universidad del Quindío; (iii) su hija Kylie no pudo ingresar a una nueva institución educativa para este año; (iv) el 28 de julio de 2017, se suscribió un nuevo compromiso de pago con Consutalento; (v) el representante legal de esta firma ofreció su colaboración para que su hija ingresara en una nueva institución, a pesar de que aún no cuenta con el paz y salvo del Colegio accionado; (iii) en relación con el nuevo compromiso de pago ha cancelado las cuotas pactadas para los meses de julio y octubre de 2017; (iv) el 24 de marzo de 2015, celebró directamente con la hermana rectora “un acuerdo de pago por valor de $5.475.670, por las sumas adeudadas de pensiones anteriores al año 2015, acuerdo que se finiquitó porque canceló las mismas”; (v) en el mes de julio de 2016, informó personalmente al Colegio y a la firma de abogados de su terminación del contrato de prestación de servicios suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio; (vi) ejerció como abogada independiente desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 2 de julio de 2014. Antes de la primera fecha, no podía litigar debido a su contrato de trabajo y con posterioridad a esta última fecha, no lo pudo hacer por razones de tiempo. Con este escrito, aportó copia de los compromisos de pago suscritos en abril de 2016 y julio de 2017, los recibos de los dos pagos realizados este año, el acta de entrega de los documentos de grado y su certificado de ingresos y retenciones del año 2016. 5.6. Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio 51. El 24 de noviembre de 2017[58], esta entidad informó que suscribió los siguientes contratos con Luz Adriana Ángel, cuyo objeto era la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA DE LAS CASAS DEL CONSUMIDOR, SU REGIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA”, así: (i) contrato No 304 de 2014 suscrito el 3 de julio de 2014 y con fecha de terminación de 31 de diciembre del mismo año. El valor total del mismo era de $13.200.000; (ii) contrato No 81 de 2015 suscrito el 16 de enero de 2015 y con fecha de terminación de 4 de junio del mismo año. Su valor era por la suma de $11.000.000; (iii) contrato No 704 de 2015 suscrito el 24 de junio de 2015, el cual finalizó el 31 de diciembre del mismo año. Su valor era de $15.106.666; y (iv) contrato No 574 de 2016, suscrito el 8 de febrero de 2016, con fecha de terminación de 30 de junio de 2016 y por un valor total de $14.466.666. 5.7. Respuesta de Consutalento S.A.S 52. El 27 de noviembre de 2017[59], el representante de Consutalento S.A.S informó que el 28 de julio de 2017 su firma suscribió un nuevo compromiso de pago con la accionante, que comprendió todas las obligaciones adeudadas por la señora Ángel Ríos al Colegio accionado hasta ese momento y reemplazó los compromisos anteriores. Este nuevo acuerdo fue celebrado por la suma de $9.398.761, que se cancelará en 28 cuotas, a partir del 28 de julio de 2017 y hasta el 20 de diciembre de 2019. 5.8. Respuesta de la Gobernación del Quindío 53. El 12 de diciembre de 2017[60], el Director de Talento Humano de esta entidad informó que Luz Adriana Ángel Ríos fue nombrada, mediante el Decreto 0000824 de 30 de agosto de 2016, “en el cargo de libre nombramiento y remoción de Jefe de Liquidación y Fiscalización, Código 006 Grado 01, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Quindío, Acta de Posesión No. 538 del 7 de septiembre de 2016, cargo en el cual sigue en la actualidad (…) Que el tiempo de servicio de la funcionaria mencionada, es a la fecha, aproximadamente 15 meses, continuando activa en el mismo, con un sueldo mensual actual de $3.466.000”. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 54. Esta Sala de Revisión es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia. La competencia que se ejerce está prevista en el inciso 2° del artículo 86 y en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problemas jurídicos 55. Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta actuación, le corresponde a esta Sala pronunciarse y responder los siguientes problemas jurídicos, tres de carácter procesal y uno de fondo. Los relacionados con asuntos procesales son: 55.1. ¿Resulta procedente el ejercicio de la acción de tutela en este caso? 55.2. ¿Se incurrió en alguna causal de nulidad con la decisión del ad quem de “inadmitir” el recurso de impugnación interpuesto por el Colegio accionado y negarse a dar trámite a la segunda instancia? En tal caso ¿Hay lugar a retrotraer las actuaciones y devolver el presente asunto al Juez Tercero Civil del Circuito de Armenia? 55.3. ¿La entrega de los títulos académicos correspondientes a la estudiante Britney Catalina Barragán por parte del Colegio configura una situación de carencia actual de objeto en relación con estos hechos? 56. Si bien en la demanda se señaló que varios derechos fundamentales fueron vulnerados (ver párr. 1), lo cierto es que, según los hechos y argumentos en que se funda la solicitud de amparo, la contestación de la entidad demandada, el fallo objeto de revisión, las intervenciones de las instituciones vinculadas, así como del material probatorio recaudado, la Sala evidencia que la cuestión a resolver en el caso concreto versa sobre si la entidad demandada vulneró el derecho a la educación de las hijas de la accionante. Por esta razón, el problema jurídico relacionado con el fondo del asunto es el siguiente: 56.1. ¿El Colegio vulneró el derecho a la educación de la estudiante Britney Barragán Ángel, al retener sus certificados de estudios por la mora en el pago de sus obligaciones económicas en favor de la institución, y de Kylie Barragán Ángel, al no renovar su matrícula para el año lectivo de 2017 por la misma razón? 57. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala seguirá la siguiente metodología. Primero, se estudiarán los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en este caso, con particular énfasis en las reglas de procedencia frente a los particulares que prestan el servicio público de educación. Segundo, se reiterará la jurisprudencia sobre el principio de doble instancia y el recurso de impugnación en el trámite de la acción de tutela. En esta sección se analizará el segundo problema jurídico procesal. Tercero, habida cuenta del aparente cumplimiento del fallo de primera instancia, se revisará la jurisprudencia constitucional sobre carencia actual de objeto y se determinará si se configura en el presente caso. 58. Cuarto, se presentará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación, así como las subreglas definidas para resolver las tensiones que se presenten entre este derecho y el derecho que tienen las instituciones a recibir el pago de los servicios educativos que prestan. En concreto, se analizarán los casos de retención de los títulos académicos y la no renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente. Finalmente, con base en los argumentos desarrollados en las anteriores secciones, esta Sala resolverá el caso concreto. 3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 59. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En relación con estos últimos, el mismo artículo dispone que la acción de tutela procede siempre que sean encargados de la prestación de un servicio público, que afecten grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se esté en situación de indefensión o subordinación[61]. Finalmente, la acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable. 60. Los siguientes son los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 3.1. Legitimación en la causa: activa y pasiva 61. La acción de tutela debe ser promovida por el titular de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados, sea directamente o por su representante, por quien actúa a su nombre en calidad de agente oficioso, por el Defensor del pueblo o el Personero Municipal[62]. Y, a su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un particular. 62. Los menores de edad pueden interponer la acción de tutela directamente o por intermedio de sus representantes. Al respecto, el artículo 62 del Código Civil dispone que los padres ejercerán conjuntamente la patria potestad de sus hijos menores de 18 años. Por su parte, el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 prevé, en términos generales, que la “persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales” podrá actuar “por sí misma o a través de representante”. (Subrayas fuera del texto). De allí que la jurisprudencia constitucional ha aceptado de manera uniforme que “pueden los padres como representantes legales acudir directamente ante los jueces en procura de la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los menores, en atención a la prevalencia y a la trascendencia de sus derechos frente a la Constitución y a la regulación de la acción de tutela (…)”[63]. 63. En relación con la acción de tutela en contra de particulares, la Sala resalta que el artículo 86 de la Constitución Política dispone que esta acción procede en contra de particulares cuando (i) presten un servicio público, (ii) su conducta afecte grave y directamente un interés colectivo, o (iii) cuando se predique respecto de ellos la existencia de un estado de indefensión o subordinación. Por su parte, el artículo 67 constitucional dispone que la educación es “un servicio público que tiene una función social” y el artículo 42.1 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela procede en contra de las actuaciones y omisiones de los particulares, entre otras, “[c]uando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación”. 64. Lo anterior se explica dado que la vulneración a los derechos fundamentales no siempre proviene de las autoridades públicas, por el contrario, “los particulares como agentes del sector privado pueden, en ocasiones, detentar más poder que aquél y, en consecuencia, sus acciones u omisiones pueden lesionar derechos que gocen de la condición de fundamentales”[64]. Es por esto que la acción de tutela “constituye [un] mecanismo idóneo para controvertir los actos académicos de los establecimientos educativos en general, pues ‘en un Estado Social de Derecho las actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los derechos fundamentales’ (…) Sin embargo, ha dejado claro la jurisprudencia que el juez constitucional debe respetar la autonomía de los docentes, salvo cuando advierta un ejercicio arbitrario de la misma, o la violación flagrante de garantías constitucionales”[65]. 65. Adicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que una de las hipótesis de subordinación, entendida como una relación jurídica de dependencia, se configura respecto de “los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen”.[66] 3.1.1 Legitimación en la causa por activa 66. En este caso, la acción de tutela fue ejercida por la representante legal de las dos estudiantes menores de edad, cuyos derechos fundamentales se alegan como vulnerados. A la demanda de tutela se adjuntaron los registros civiles de nacimiento de Britney y Kylie Barragán Ángel, así como el documento de identificación de su progenitora. Con base en estos documentos, esta Sala constata que Luz Adriana Ángel Ríos es la madre y, en consecuencia, la representante legal de las dos menores de edad. Por lo tanto, se cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. 3.1.2 Legitimación en la causa por pasiva 67. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, las pruebas acopiadas en el expediente evidencian que Britney y Kylie Barragán estudiaron desde el año 2012 hasta el año 2016 en el Colegio accionado y aprobaron, en este último año, los grados 11º y 9º de educación secundaria, respectivamente. Así lo afirmó Luz Adriana Ángel en su demanda de tutela y lo reconoció la entidad accionada en su escrito de contestación de la demanda. Adicionalmente, este vínculo civil y académico se acredita con las actas de matrícula, los cupos asignados a las estudiantes para el año 2016, los compromisos de pago suscritos por la señora Ángel, las comunicaciones enviadas por el Colegio y Consutalento S.A.S a la accionante en las que se solicita el cumplimiento de sus obligaciones económicas, los correos electrónicos enviados por la accionante a la directora del Colegio, entre otros[67]. 68. En consecuencia, la acción de tutela fue promovida en contra de la institución educativa que retuvo los certificados de grado de Britney Barragán y se negó a renovar la matrícula de Kylie Barragán, para el año lectivo siguiente. En estas condiciones, dado que con las actuaciones y omisiones del Colegio demandado en el presente asunto se estiman vulnerados los derechos fundamentales de estas dos jóvenes, se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva. 3.2. Inmediatez 69. La acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y proporcional respecto del momento de la amenaza o de la vulneración de los derechos fundamentales[68]. En consecuencia, en cada caso, el Juez de tutela “debe tomar en cuenta las condiciones del accionante, así como las circunstancias que rodean los hechos para determinar lo que debería considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las pruebas aportadas de acuerdo a los principios de la sana crítica, con el fin de determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante.”[69] 70. En el caso concreto, la Sala advierte que las últimas gestiones de cobro, desarrolladas por Consutalento S.A.S. con la accionante, datan del 3 y 11 de abril de 2017. En estas fechas, Luz Adriana Ángel manifestó, vía telefónica, que se acercaría “a la oficina esta semana para realizar pago”[70]. Posteriormente, ella misma, de manera personal, le manifestó a una de las asesoras de aquella sociedad que envió un “derecho de petición a la institución educativa a efectos de que le resuelvan su situación financiera y académica de sus hijas”[71]. 71. Por su parte, la señora Ángel relató en su demanda de tutela que el “viernes 21 de abril de 2017, la hermana le atendió y esto fue debido a un Derecho de Petición que interpuse el pasado viernes 7 de abril de 2017”[72]. Y como resultado de esta reunión, se acercó nuevamente el 24 de abril de 2017 a Consutalento S.A.S, con el fin de suscribir un acuerdo de pago y matricular a su hija Kylie Barragán[73]. Este mismo hecho fue reconocido por el Colegio en su escrito de contestación[74]. 72. La demanda de tutela fue presentada pocos días después de estas reuniones y contactos telefónicos, esto es, el 25 de abril de 2017. Por lo tanto, habida consideración de las diversas actividades que realizaron las partes para que cesara la pretendida vulneración del derecho a la educación de las menores, esta Sala advierte que la interposición de la demanda de tutela se realizó dentro de un término razonable y proporcional y, por lo tanto, se cumple también con el requisito de inmediatez. 3.3 . Subsidiariedad 73. La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, para la protección de sus derechos fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. El carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.”[75] 74. Por regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que no existe otro medio de defensa judicial para resolver los conflictos que puedan surgir entre los derechos del estudiante y los derechos de las instituciones educativas y, por lo tanto, la acción de tutela resulta procedente en estos casos. En particular, la procedencia de la acción de tutela resulta manifiesta en las solicitudes de amparo del derecho a la educación en casos de retención de títulos y documentos académicos, así como de permanencia o retiro de los estudiantes del plantel educativo. En estos escenarios, habida cuenta de la condición de las entidades demandadas, de la naturaleza de los derechos en colisión, del objeto del litigio y de la solicitud de amparo, la acción de tutela es el mecanismo idóneo de defensa judicial[76]. 75. Ahora bien, habida cuenta de la doble dimensión, académica y financiera[77], del contrato de prestación de servicios educativos suscrito entre las instituciones educativas y los padres, los acudientes o los estudiantes, si entre las partes surgen controversias de naturaleza eminentemente contractual o económicas, lo cierto...