Sentencia T-706 de 2014

T-706-14 Sentencia T-706/14 DERECHO AL HABEAS DATA-Concepto DERECHO AL HABEAS DATA-Fundamental autónomo HABEAS DATA Y MANEJO DE INFORMACION CONTENIDA EN BASES DE DATOS PERSONALES El ámbito de protección del habeas data no es cualquier tipo de información que se relacione con una persona. Precisamente, como se infiere de la Constitución y de la ley, su operatividad depende de un entorno específico, esto es, de un contexto vinculado con la administración de bases de datos personales. Por ello, “su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de carácter personal”. ARCHIVO Y BASES DE DATOS-Conceptos Una base de datos corresponde al conjunto sistematizado de información personal que puede ser tratada de alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los atributos de recolección, uso, almacenamiento, circulación o supresión. Por su parte, en lo que atañe al dato personal, se refiere a “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”. Únicamente los datos personales que hagan parte de un archivo o base de datos que permita el tratamiento de dicha información, podrá manejarse bajo los parámetros del habeas data. DATOS PERSONALES-Clasificación Los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, es público el dato calificado “como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Son semiprivados aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general”. Por lo demás, son privados aquellos que datos “por su naturaleza íntima o reservada sólo [son] relevante[s] para el titular”. Son datos sensibles “aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición[,] así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”. Por su propia naturaleza, estos datos se vinculan con la salvaguarda de la intimidad de su titular o con la proscripción de actos discriminatorios. PRINCIPIOS DE FINALIDAD Y VERACIDAD DE DATOS PERSONALES DE CONTENIDO CREDITICIO Los principios de veracidad y finalidad, tienen el propósito circunscribir la actividad de administración de información personal contenida en bases de datos. Son principios que al limitar el ejercicio de las competencias de los administradores, definen el margen de su actuación y son una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por la información administrada. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber de custodia, conservación y guarda de la información concerniente al Sistema de Seguridad Social Colpensiones, como entidad que tiene bajo su cargo la administración del Régimen de Prima Media, debe cumplir con los deberes que se predican de todo aquél que ejerza el poder informático, entre los cuales se encuentran: la guarda, el manejo adecuado, la atención de requerimientos del titular del dato, la actualización, la corrección, e incluso –en caso de destrucción o pérdida– la reconstrucción de la historia laboral. Lo anterior, en términos generales, implica obrar conforme con los principios de veracidad y finalidad que rigen el ejercicio del habeas data, con el propósito de mantener la integridad, calidad y vigencia del dato. REGIMEN DE TRANSICION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES La condición de beneficiario del régimen de transición (como régimen especial) sólo se otorga frente a aquellas personas que cumplen con alguna de las condiciones expuestas en la ley, lo que necesariamente exige confrontar su información personal con los datos administrados por las entidades responsables del manejo de su historia laboral y pensional (habeas data). Es decir que, desde esta óptica, los datos personales relevantes son la edad o el tiempo de servicio cotizado, pues de ellos depende que el afiliado pueda pensionarse bajo los parámetros previstos antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. DERECHO AL HABEAS DATA-Orden a Colpensiones revisar y actualizar historia laboral y corregir cualquier inconsistencia que exista en relación con el nombre de la demandante y con las cotizaciones efectuadas como trabajadora independiente Referencia: Expedientes T-4.350.117, T-4.362.060 y T-4.365.843. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá DC., quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos dictados por las autoridades judiciales mencionadas en el siguiente cuadro: Número del expediente Partes Primera instancia Segunda instancia T-4.350.117 María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez contra Colpensiones. Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá. Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. T-4.362.060 Carmen Elisa Téllez Chivatá contra Colpensiones. Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá. Sala de Decisión Especializada en Restitución de Tierras, Sala Civil, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. T-4.365.843 Jairo Naranjo Correa contra Colpensiones. Juzgado 4 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá No se surtió. I. ANTECEDENTES 1.1. Aclaración metodológica La Sala de Selección Número Cinco mediante Auto del 29 de mayo de 2014, además de seleccionar los expedientes de la referencia, decidió acumularlos para que fueron fallados en una sola providencia, por presentar unidad de materia. Por esta razón, en la presente sentencia se expondrán de manera conjunta los hechos y argumentos que justifican el amparo propuesto, los cuales giran principalmente en torno a la protección del habeas data en el ámbito de la seguridad social y a las reglas vinculadas con el otorgamiento excepcional de la pensión de vejez. De igual manera, se procederá en lo que respecta a los fallos de instancia, en los que se invocó la improcedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento y pago de la citada prestación, a pesar de que en algunos de ellos se tuteló el derecho de petición. Cabe destacar que al final de esta sentencia, en el anexo, se podrán consultar las particularidades de cada una de las causas, cuya presentación se realizará de forma separada. Por lo demás, al momento de examinar cada uno de los casos sub-judice, se aplicarán de manera puntual las consideraciones generales que se expondrán por esta Sala de Revisión en la parte motiva del fallo. 1.2. Hechos relevantes comunes (i) Los accionantes, cuyas edades al momento de instaurar la acción de tutela eran de 70, 68 y 73 años respectivamente, solicitaron en varias ocasiones al Seguro Social y luego a COLPENSIONES, el reconocimiento de la pensión de vejez. (ii) Los demandantes adujeron que era procedente el otorgamiento de la citada prestación por cumplir, en su criterio, con los requisitos de tiempo de cotización y edad exigidos conforme con el régimen de transición, regulado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (iii) Las entidades previamente mencionadas negaron la prestación reclamada, en todos los casos, con fundamento en que se incumplió con el requisito de semanas cotizadas. De igual manera, se adujo inconsistencias en la historia laboral, las cuales podían ser corregidas previa solicitud de los accionantes. De manera puntual, en el expediente T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá), el ISS le indicó a la demandante que no era viable contabilizar simultáneamente el tiempo cotizado y el laborado como servidor público, aunque, con posterio-ridad, COLPENSIONES le sugirió que acreditara si había trabajado en el sector público. (iv) Al momento de formular los recursos en contra de la citada decisión, los accionantes plantearon la existencia de varios errores en la historia laboral y solicitaron las correspondientes correcciones, ya fuera porque se dejaron de tener en cuenta semanas cotizadas, por cruces en las cuentas de pago o por deudas de empleadores o terceros responsables. En cualquiera de las citadas hipótesis, las entidades dejaron abierta la posibilidad de que volvieran a pedir la corrección de la historia laboral y de que allegaran los documentos que facilitaran su gestión. (v) Con todo, según las citadas entidades, tras efectuar las actualizaciones de las historias laborales, con sujeción a los documentos que habían sido suministra-dos, se continuaba sin acreditar el requisito de tiempo mínimo de cotización para acceder a la prestación reclamada. 1.3. Solicitud y argumentos de los demandantes 1.3.1. Los demandantes solicitaron al juez de tutela que, tras amparar sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, se ordenara a Colpensiones que reconociera y pagara la pensión de vejez a que tienen derecho, incluyendo las mesadas dejadas de percibir desde la primera solicitud hecha al Seguro Social. Sin embargo, como se verá más adelante, a juicio de esta Sala de Revisión, el conflicto a resolver gira en realidad en torno a la protección del derecho fundamental al habeas data, razón por la cual –de concederse el amparo– la orden se dirigirá a reparar la afectación producida respecto de este derecho. 1.3.2. En lo que atañe a los argumentos para justificar el amparo, en primer lugar, se exponen las razones de procedencia, frente a lo cual, en virtud de su edad, se alega por los accionantes su condición de sujetos de especial protección constitucional, motivo por el cual los otros medios de defensa judicial existentes son ineficaces para obtener la defensa oportuna de sus derechos, más aún cuando el régimen de transición estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que hace imperioso el examen de su caso por vía de las atribuciones propias del juez constitucional. Aunado a lo anterior, se explica que dependen de la pensión para satisfacer sus necesidades y que han agotado los recursos administrativos exigibles, lo que demuestra un actuar diligente frente a su condición de sujetos de especial protección. En cuanto al principio de inmediatez, sostienen que en su caso se presenta un daño continuado, por lo que han obrado dentro de unos parámetros razonables en lo que respecta a la carga de tener que pedir el reconocimiento y pago de la prestación reclamada. De manera puntual, en el expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez), la demandante plantea que, a pesar de haberse instaurado con anterioridad otra acción de tutela no se presenta la figura de la temeridad, ya que al radicarse una nueva petición ante Colpensiones, surgió un hecho reciente e inédito frente a las circunstancias que fueron sometidas con anterioridad a conocimiento del juez constitucional. Por su parte, en el expediente T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá), la accionante manifiesta que, por padecer un tumor maligno en el estómago, sólo demandó tras las cirugías que le fueron realizadas. Sin embargo, como consta en el acervo probatorio del juicio de amparo, después de realizase varios procedimientos médicos, se encuentra libre de cáncer. 1.3.2. En segundo lugar, en lo relativo a los argumentos para justificar la prosperidad de sus pretensiones, los demandantes indican que se han dejado de tener en cuenta semanas que fueron cotizadas o tiempo laborado, de manera que, por problemas internos de la entidad, no se les reconoce la prestación a que tienen derecho, a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Por lo demás, reiteraron que pertenecen al régimen de transición, que dejará de tener vigencia el 31 de diciembre del año en curso, por lo que de no tenerse en cuenta dichas semanas y tiempos laborados se arriesgan a perder sus beneficios. Por último, indican que la mora de un tercero responsable de realizar las cotizaciones no les es oponible, pues es deber de la entidad demandada vigilar su pago oportuno y, en su defecto, iniciar las acciones correspondientes para lograr coactivamente la satisfacción de dichas obligaciones. 1.4. Contestación de las demandas En los casos T-4.350.117 y T-4.362.060 (casos Lopera de Jiménez y Téllez Chivatá), Colpensiones guardó silencio; mientras que, en el expediente T-4.365.843 (caso Naranjo Correa)), de manera extemporánea, la citada entidad señaló que la acción de tutela debía ser declarada improcedente por dos razones: por existir otros medios de defensa judicial y porque todas las solicitudes del actor fueron contestadas por el ISS, sin que se observe transgresión alguna de un derecho fundamental. II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN Todas las autoridades judiciales argumentaron que, en lo atinente al reconoci-miento de la prestación reclamada, la acción de tutela es improcedente, por cuanto existen los mecanismos ordinarios de defensa judicial y no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, entre otras, por cuanto no se acreditó la afectación de derechos como el mínimo vital. Igualmente, comoquiera que ninguno de los accionantes supera los 73 años de edad, se consideró que no pertenecen al grupo poblacional de la tercera edad. Por lo demás, se enfatizó en el hecho de que no existen pruebas que acreditaran que efectivamente se hubiese cotizado el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez. De manera que no se evidencia, ni siquiera de forma sumaria, el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada. En este orden de ideas, se indicó por los jueces de instancia, que las discrepan-cias frente a las semanas efectivamente cotizadas debían ser resueltas ante el juez natural, en la jurisdicción ordinaria, donde se respetaría plenamente el derecho de contradicción de las partes, el cual se vería afectado por la dinámica informal y sumaria de la acción de tutela. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 3.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. Los expedientes fueron seleccionados por medio de Auto del 29 de mayo de 2014 proferido por la Sala de Selección número Cinco. 3.2. Planteamiento del caso, problema jurídico y esquema de resolución 3.2.1. En varias ocasiones, los accionantes formularon varias peticiones al ISS y a COLPENSIONES para que les fuese reconocida la pensión de vejez[1]. Sin embargo, las citadas entidades indicaron que no se cumplía con el requisito del tiempo laborado o semanas cotizadas para acceder a dicha prestación, razón por la cual las conminaba a continuar realizando aportes al sistema de seguridad social en pensiones o, en su defecto, a pedir el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva[2]. En contra de la posición asumida por las autoridades de la referencia, los demandantes solicitaron a través de varios escritos que se corrigieran errores que, en su criterio, figuraban en sus historias laborales y que inexorablemente incidían en el reconocimiento de la citada prestación. Igualmente, cuestionaron que se les imputara la mora de terceros en el pago oportuno de las cotizaciones y criticaron la supuesta inactividad de las entidades de seguridad social para garantizar el cumplimiento forzoso de dicha obligación de cotización. Tras desplegar varias actuaciones administrativas, que incluyeron la solicitud de allegar documentos, las entidades vinculadas con la resolución de la contro-versia (COLPENSIONES y el ISS), adujeron que los actores seguían sin acreditar el requisito del tiempo laborado o semanas cotizadas, pese a lo cual tenían la posibilidad de corregir las historias laborales, previo envío de la documentación pertinente para tal efecto. Por lo demás, en criterio de los accionantes, la solicitud dirigida a la obtención de su pensión de vejez tiene la importancia de buscar la realización del Acto Legislativo No. 01 de 2005, referente al régimen de transición, el cual no sólo los cobija, sino que por razón de su cobertura dejará de tener vigencia el 31 de diciembre del año en curso[3]. En consecuencia, si una persona no reúne los requisitos para acceder a la prestación antes de dicha fecha, tendrá que someterse a los parámetros generales del sistema de seguridad social. Finalmente, para los jueces de instancia, el amparo es improcedente, en primer lugar, por la existencia de otros medios de defensa judicial y por la falta de acreditación de un perjuicio irremediable; y en segundo término, por la ausencia de una prueba siquiera sumaria que permita constatar que el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez fue efectivamente cotizado o laborado. 3.2.2. En este contexto y a pesar de que en todos los casos ha trascurrido al menos un lustro desde que los accionantes efectuaron por primera vez la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, se pide al juez de tutela que ordene el otorgamiento de la citada prestación, así como el pago de las mesadas dejadas de percibir desde aquél momento. Al respecto, como se ha señalado en otras oportunidades, reitera la Sala que el artículo 86 de la Constitución Política contempla la posibilidad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, a través de la acción de tutela, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, ya sea por sí misma o por quién actúe en su nombre. Como se trata de una acción cuyo ejercicio se puede realizar sin apoderado judicial, en procura de la efectividad de los derechos ciudadanos, la Corte ha señalado que una de sus características es la informalidad, la cual se extiende incluso a los casos en que se ejerce la acción por un profesional del derecho, pues su objetivo es la realización efectiva de los derechos fundamentales. Debido a tal atributo, el juez constitucional ha de analizar de manera oficiosa, a partir de las circunstancias concretas del caso, cuál es el conflicto que se le presenta y si el mismo ha de ser resuelto a través de la acción de amparo constitucional. Esta atribución se deriva del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el cual contempla que la solicitud de tutela deberá expresar con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera transgredido o amenazado, el posible autor de la amenaza o agravio y “la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud”. Adicionalmente, se establece que no “será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”. En consecuencia, es el juez constitucional quien, de manera oficiosa, debe esclarecer las actuaciones u omisiones que amenazan o vulneran los derechos fundamentales, así como determinar –realmente– qué norma constitucional fue infringida y cuál es la pretensión que se pretende realizar a través del amparo constitucional. 3.2.3. Frente a lo anterior, a juicio de esta Sala, el asunto propuesto debe ser abordado a partir de un conflicto que gira en torno al habeas data, y no como uno dirigido a la obtención y pago de las pensiones de vejez reclamadas, por las siguientes razones: - En primer lugar, porque la controversia planteada se relaciona con la veraci-dad, integralidad y actualidad de los datos que en materia pensional, son objeto de tratamiento por parte de la entidad demandada, ya que a pesar de que los accionantes han formulado múltiples solicitudes, persiste la incertidumbre sobre el número de semanas cotizadas o el tiempo efectivamente laborado. En efecto, en el expediente T-4.350.117, la señora María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez solicitó en varios momentos, entre ellos, el 7 de abril de 2011 y el 23 de noviembre de 2012, que se adelantaran correcciones a su historia laboral. En la primera oportunidad le indicaron que contaba con 910 semanas cotizadas, mientras que, en la segunda ocasión, dicha sumatoria llegó a las 997. Lo mismo ocurrió respecto de la señora Carmen Elisa Téllez Chivatá, referente al expediente T-4.362.060, a quién en diferentes momentos le informaron que tenía 950 semanas cotizadas, para luego señalarle que sólo contaba con 724. Por último, en lo que atañe al caso del señor Jairo Naranjo Correa, correspondiente al expediente T-4.365.843, se presenta la misma situación descrita, ya en un momento le indicaron que contaba con 816 semanas, para luego señalarle, sin que al parecer figuraran unos tiempos laborados en particular, que tenía 830 semanas. En este orden de ideas, en el asunto bajo examen, lo que se observa es una tensión respecto del derecho fundamental al habeas data, cuyo ámbito de protección se concreta precisamente en la facultad de las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos de entidades públicas y privadas[4]. Entre las facultades que se confieren al titular de los datos personales, se hallan, entre otras, las siguientes: autorizar, conocer, rectificar, incluir y suprimir los datos[5]. Precisa-mente, en el asunto sub-judice, se plantea un problema de actualización e inclusión de información, pues –en criterio de los accionantes– existen inconsistencias en la sumatoria de semanas cotizadas o tiempo laborado, que genera un estado latente de indefinición respecto del derecho de acceso a la pensión de vejez. De ahí que, mientras no exista claridad sobre el número de semanas cotizadas o tiempo laborado para obtener la citada prestación, no le es posible al juez de tutela proceder al examen y conceder un amparo respecto del derecho pensional solicitado, pues, como lo ha señalado de forma reiterada esta Corporación, uno de los requisitos para que proceda en esta materia la citada acción, caracterizada por su informalidad y celeridad en el tiempo, es el de acreditar durante su trámite –por lo menos sumariamente– que se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada. Sobre este punto, se ha dicho que: “El excepcional reconocimiento del derecho pensional por vía de tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la cual la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no se encuentre plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los derechos fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá reconocer de manera transitoria el derecho pensional cuando exista un considerable grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud. El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales esté demostrada la procedencia del reconocimiento.”[6] En este contexto, en ninguno de los casos bajo examen se otorgan elementos de juicio que permitan tener certeza y claridad sobre el cumplimiento del requisito exigido para acceder a la pensión de vejez, por lo que no puede el juez de tutela proceder directamente a su reconocimiento. Por el contrario, la lógica con la que se plantea el amparo mismo demuestra que se trata una discusión sobre la inconsistencia que se presenta en el manejo de la información que reposa en la base de datos de la entidad demandada, cuya definición necesariamente se convierte en un paso previo para solicitar el otorgamiento del aludido derecho prestacional, bajo la dinámica propia de las atribuciones que surgen del derecho fundamental al habeas data, entre las que se destaca, por ejemplo, la de mantener debidamente actualizada la historia laboral de los accionantes. - En segundo lugar, esta aproximación al caso bajo examen permite superar los problemas de procedencia que se presentan en el expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez), en el que se alega la existencia de una posible temeridad, en la medida en que con anterioridad se había fallado un proceso de tutela en relación con el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el cual había sido resuelto de manera contraria a las pretensiones de la accionante. Precisamente, al entender que en esta oportunidad se está en presencia de una discusión distinta, vinculada con la salvaguarda del derecho al habeas data, es innecesario realizar un examen acerca de si se presenta o no la triple identidad (sujetos, causa y objeto) que conducen a rechazar los amparos que incurren en un actuar temerario[7]. 3.2.4. De donde resulta que, a partir de la delimitación del caso en los términos previamente expuestos, le corresponde a esta Corporación determinar, si al no existir claridad sobre el número de semanas cotizadas o el tiempo laborado por los demandantes en los archivos de COLPENSIONES[8], se vulneró por la citada entidad su derecho fundamental al habeas data en el ámbito de la seguridad social. Con el propósito de resolver este problema jurídico, este Tribunal inicialmente (i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en torno al derecho al habeas data en el ámbito de la seguridad social, y (ii) luego recordará algunos aspectos del régimen de transición y del Acto Legislativo No. 01 de 2005, cuya pertinen-cia para resolver los casos sometidos a decisión, se encuentra en que los actores alegan pertenecer a dicho régimen. Finalmente, (iii) con sujeción a los temas expuestos, (iii) se resolverán los casos en concreto. 3.3. Del habeas data en el ámbito de la seguridad social Para el desarrollo de este acápite, en una primera parte, la Sala expondrá algunos elementos generales del habeas data, desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación y las leyes estatutarias que regulan la materia. A continuación, en segundo lugar, se ahondará en los elementos específicos de este derecho en relación con la seguridad social. 3.3.1. Aspectos generales del habeas data 3.3.1.1. El artículo 15 de la Constitución Política contempla, como derecho fundamental, la facultad de las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos de entidades públicas y privadas[9]. Dicha garantía ha sido identificada por este Tribunal como el derecho al habeas data, cuyos elementos característicos han sido descritos por la jurisprudencia[10] y también han sido objeto de regulación mediante leyes estatutarias, como lo son la Ley 1266 de 2008[11] y la Ley 1581 de 2012[12]. Por ello, en el presente acápite, esta Sala reiterará brevemente los aspectos relacionados con la caracterización del citado derecho, las facultades que confiere y los principios que lo rigen. 3.3.1.2. En cuanto a su caracterización, conforme se expuso en la Sentencia C-748 de 2011[13], su protección surgió estrechamente vinculada con otras garantías ius fundamentales, como la honra, la intimidad, la reputación, el libre desarrollo de la personalidad y el buen nombre. No obstante, a partir de la limitación de su ámbito de ejercicio y del desarrollo de la sociedad de la información, este derecho fue adquiriendo un carácter autónomo. En este orden de ideas, en la citada sentencia, la Corte señaló que en virtud de lo previsto en el artículo 15, leído en conjunto con los artículos 16 y 20 de la Constitución, surge “derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al habeas data y, en algunas oportunidades, como derecho a la autodetermina-ción informativa o informática”. Esa autonomía se explica por las potestades que confiere en el ámbito del manejo y tratamiento de los datos personales, cuya aplicación lo hace diferenciable de otros derechos como el buen nombre o la intimidad, pese a que en ciertas ocasiones su transgresión pueda repercutir en dichas garantías constitucionales. Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-458 de 2012[14], se expuso que: “La Corte reafirma esta condición del habeas data como derecho autónomo y como garantía. Como derecho autónomo, tiene el habeas data un objeto protegido concreto: el poder de control que el titular de la información puede ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le concierne. En este sentido el habeas data en su dimensión subjetiva faculta al sujeto concernido a conocer, actualizar, rectificar, autorizar, incluir, excluir, etc., su información personal cuando ésta es objeto de administración en una base de datos. A su vez, como garantía, tiene el habeas data la función específica de proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento de las reglas y principios de la administración de datos, los derechos y libertades que dependen de (o que pueden ser afectados por) una administración de datos personales deficiente. Por vía de ejemplo, el habeas data opera como garantía del derecho al buen nombre, cuando se emplea para rectificar el tratamiento de información falsa. Opera como garantía del derecho a la seguridad social, cuando se emplea para incluir, en la base de datos, información personal necesaria para la prestación de los servicios de salud y de las prestaciones propias de la seguridad social. Opera como garantía del derecho de locomoción, cuando se solicita para actualizar información relacionada con la vigencia de órdenes de captura, cuando éstas por ejemplo han sido revocadas por la autoridad competente. Y finalmente, puede operar como garantía del derecho al trabajo, cuando se ejerce para suprimir información que funge como una barrera para la consecución de un empleo.” 3.3.1.3. El ámbito de protección del habeas data no es cualquier tipo de información que se relacione con una persona. Precisamente, como se infiere de la Constitución y de la ley, su operatividad depende de un entorno específico, esto es, de un contexto vinculado con la administración de bases de datos personales. Por ello, como se dijo en la Sentencia SU-458 de 2012[15], “su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de carácter personal”. Al tenor de la citada limitación, la Sala se referirá inicialmente a lo que se entiende por bases de datos y, a continuación, a la noción de datos personales. El literal b) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define como base de datos al “conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento”[16]. Esta definición fue sometida a examen de constitucionalidad en la Sentencia C-748 de 2011[17], en la cual –más allá de encontrar que en nada desconocía el Texto Superior– se consideró que su conceptualización también debía cobijar a los archivos, “entendidos como depósitos ordenados de datos”, a los cuales se refiere el artículo 1 de la ley en mención[18]. De lo anterior se infiere que una base de datos corresponde al conjunto sistematizado de información personal que puede ser tratada de alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los atributos de recolección, uso, almacenamiento, circulación o supresión. Por su parte, en lo que atañe al dato personal, la ley previamente mencionada indica que se refiere a “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”[19]. De lo anterior se deriva que, en criterio de este Tribunal, únicamente los datos personales que hagan parte de un archivo o base de datos que permita el tratamiento de dicha información, podrá manejarse bajo los parámetros del habeas data. 3.3.1.4. Ahora bien, los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, es público el dato calificado “como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”[20]. En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013 señala que: “Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva”. A su vez, son semiprivados aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general”[21]. Por lo demás, son privados aquellos que datos “por su naturaleza íntima o reservada sólo [son] relevante[s] para el titular”[22]. Por último, son datos sensibles “aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición[,] así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”. Por su propia naturaleza, estos datos se vinculan con la salvaguarda de la intimidad de su titular o con la proscripción de actos discriminatorios. 3.3.1.5. En líneas anteriores quedó establecido el ámbito en el cual se ejerce el derecho al habeas data. A continuación, la Corte hará referencia a las facultades que surgen del mismo. Así, por una parte, quien ejerce el denominado poder informático, asume la facultad de administrar una base de datos y de realizar el tratamiento de la información personal que allí se encuentran, lo cual incluye –entre otras– el desarrollo de las atribuciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, sin importar si se trata de una entidad pública o privada, en los términos previstos en la Ley 1581 de 2012[23]. Un ejemplo de lo anterior, como se expuso en la citada Sentencia SU-458 de 2012, son las bases de datos sobre antecedentes crediticios, ya que “quien las administra y quien las usa, tiene el poder de limitar las libertades económicas de las personas cuyos datos personales son objeto de administración”. En cuanto a las facultades que el habeas data confiere al titular de los datos personales, se hallan, entre otras, las siguientes: autorizar, conocer, rectificar, incluir y suprimir los datos[24]. En este sentido, de conformidad con la Sentencia C-748 de 2011, se entiende que, “(…) dentro de las prerrogativas –contenidos mínimos– que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, (…); (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; [y] (v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa–”. Se trata obviamente de una enumeración de facultades que puede ser objeto de uso y ampliación, a partir de la naturaleza del dato personal y del contexto en el que tiene aplicación el habeas data. 3.3.1.6. Finalmente, tanto en las leyes estatutarias previamente referidas como en la jurisprudencia constitucional, se ha ahondado en el estudio de ciertos principios que rigen el tratamiento de los datos, sin importar su naturaleza[25]. De ellos se derivan obligaciones para las entidades –sean públicas o privadas– que, entre otros, acopien, procesen o divulguen datos personales. Dichos deberes, a su vez, se relacionan con las facultades que el habeas data confiere al titular de la información. Sin el ánimo de agotar su estudio, en esta providencia se hará referencia a aquellos pertinentes para la resolución de los casos sometidos a decisión[26]. Para comenzar, en términos generales, es preciso señalar que los principios de veracidad y finalidad, tienen el propósito circunscribir la actividad de administración de información personal contenida en bases de datos. Son principios que al limitar el ejercicio de las competencias de los administradores, definen el margen de su actuación y son una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por la información administrada. En cuanto al primero de los citados principios, esto es, el de veracidad, en el literal d) del artículo 4º de la Ley 1581 de 2012, se define como aquél que sujeta el manejo de la información a que su tratamiento sea veraz, completo, exacto, actualizado, comprobable y comprensible. De manera que, por virtud de la ley, se prohíbe “el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”. Sobre el particular, en la citada Sentencia C-748 de 2011, se señaló que: “Según el principio de veracidad, los datos personales deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos”[27]. Por su parte, en el literal b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, el legislador también consagró el principio de finalidad, cuyo objeto apunta a exigir que “el tratamiento [de datos] debe obedecer a una finalidad legítima[,] de acuerdo con la Constitución y la ley (…)”. Como expresión de lo anterior, en la Sentencia C-748 de 2011[28], con base en la denominada teoría de los ámbitos, se expuso que este principio implica que la información se destine a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular o aquellos propósitos u objetivos respecto de los cuales eventualmente se autoriza su uso, ya sea porque se permite su tratamiento sin autorización[29] o porque se trata de una hipótesis en la que los datos son producidos en el desarrollo de las facultades propias del habeas data. Lo anterior, en un escenario acorde con la razón de ser de la base de datos y con el contexto en el cual ellos son suministrados u obtenidos. De donde que se deriva que, además de velar por una finalidad constitucional legítima, el tratamiento debe estar previa, clara y suficientemente determinado. Por ello, por ejemplo, es contrario a este principio cualquier recopilación que no estuviera especificada en lo que a su finalidad se refiere, así como la utilización o divulgación del dato por fuera de los márgenes trazados en la delimitación de su propósito. Como se observa se trata de una herramienta útil para evitar arbitrariedades en el manejo de la información por parte de quien trata el dato o por quien, eventualmente, puede acceder o hacer uso del mismo. Al tiempo que logra una protección objetiva de los derechos de las personas con ocasión de un inadecuado manejo de esos datos. En este orden de ideas, en criterio de la Corte, es claro que los datos personales deben ser procesados sólo en la forma en que la persona afectada puede razonablemente prever o que, como se deriva de lo expuesto, conduzca a evitar una afectación objetiva en sus derechos. 3.3.1.7. En conclusión, en virtud de lo expuesto, es claro que el habeas data es un derecho que reviste al titular del dato personal de ciertas atribuciones y facultades en relación con la entidad que tiene bajo su cargo su tratamiento, entre ellas, se destacan la posibilidad de solicitar la actualización del dato, la inclusión o rectificación de la información y, en general, todas aquellas medidas que permitan asegurar su adecuada administración. A pesar de ser un derecho autónomo, en varias ocasiones, puede incidir en el goce de otros derechos, como más adelante se verá respecto de la seguridad social. Por ello, en el entorno en el que se desarrolla su ejercicio, resultan relevantes dos principios que delimitan su ámbito axiológico de aplicación, a saber: el principio de veracidad o calidad del dato y el principio de finalidad. El primero prohíbe que el tratamiento sea parcial, incompleto, fraccionado o que induzca al error; mientras que, el segundo, supone que el manejo del dato debe perseguir un objetivo o propósito acorde con la Constitución y la ley, cuya definición deslinda las atribuciones que se consagran para su procesamiento. 3.3.2. Aspectos específicos del habeas data en relación con la seguridad social 3.3.2.1. La seguridad social es categorizada por la Constitución como un derecho y un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control le compete al Estado, habilitando su prestación por entidades públicas o privadas[30]. En lo que respecta al Sistema General de Pensiones, el legislador previó dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, con el fin de alcanzar la universalidad en su cobertura, a saber: (a) el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y (b) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad[31]. El primero de los citados regímenes se caracteriza por la obligación de realizar aportes al sistema para poder obtener una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes, previamente definidas en la ley, a favor de sus afiliados o beneficiarios, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumplan con los requisitos legales, tales como, edad y número de semanas cotizadas. En todo caso, ante el incumplimiento de los citados requisitos, los afiliados o beneficiarios tienen derecho a reclamar una prestación indemnizatoria (también llamada: indemnización sustitutiva). En este régimen, los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados, así como, los gastos de administración y la constitución de reservas para asegurar el pago de futuros acreedores pensionales. Su administración inicialmente se previó a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS)[32], cuyas funciones fueron asumidas por COLPENSIONES tras su liquidación[33]. 3.3.2.2. Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, entre las amplias facultades de investigación y fiscalización con las que cuenta dicha autoridad, se encuentra la de “verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando consideren necesario (…)” y la de “exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones (…)”. El conjunto de estas atribuciones le otorgan a la entidad encargada de la administración del Régimen de Prima Media, la condición de responsable del tratamiento de la información y de los datos específicos sobre los cuales ejerce el poder informático, esto es, aquellos que componen la historia laboral de sus afiliados, que incluye, básicamente, la identificación del tiempo laborado y/o de las semanas cotizadas[34]. Como se observa se trata de una información que se predica de forma específica de una persona natural determinada o determinable, que consta en archivos de una entidad pública, por lo que claramente cumple con los requisitos para ser considerada un dato de naturaleza personal[35]. Ahora bien, para efectos de esta sentencia, se entiende que se trata de datos de circulación semiprivada, pues no tienen una connotación íntima, reservada o pública, y además, su conocimiento interesa al Sistema General de Seguridad Social y a las entidades que lo integran. De lo anterior se desprende que COLPENSIONES, como entidad que tiene bajo su cargo la administración del Régimen de Prima Media, debe cumplir con los deberes que se predican de todo aquél que ejerza el poder informático, entre los cuales se encuentran: la guarda, el manejo adecuado, la atención de requeri-mientos del titular del dato, la actualización, la corrección, e incluso –en caso de destrucción o pérdida– la reconstrucción de la historia laboral. Lo anterior, en términos generales, implica obrar conforme con los principios de veracidad y finalidad que rigen el ejercicio del habeas data, con el propósito de mantener la integridad, calidad y vigencia del dato. En este sentido, es preciso destacar lo expuesto por esta Corporación en las Sentencias T-144, T-494 y T-592 de 2013. Así, en la primera de las citadas providencias[36], se destacó que: “en caso de que la información de la historia laboral de un afiliado contenga inexactitudes y así lo advierta la entidad administradora de pensiones o se lo haga saber el propio afiliado, es deber de ésta desplegar las actuaciones pertinentes que conduzcan a la corrección de cualquier información errónea o inexacta, pues de lo contrario se vulneraría el derecho al habeas data al negarle al titular del derecho la posibilidad de que dichos datos sean corregidos o complementados, descono-ciendo, por lo tanto, la obligación de dichas entidades de registrar datos completos y veraces, que reflejen la realidad de la historia laboral del afiliado”. Por su parte, siguiendo la misma línea de lo expuesto, en la Sentencia T-494 de 2013[37], se señaló que: “este Tribunal ha explicado que cuando una entidad administradora de pensiones desatiende los requerimientos del afiliado en los que advierte sobre la inexactitud de su historia laboral, no desplegando las actuaciones pertinentes que conduzcan a resolver el desacuerdo del usuario sobre la veracidad o la integridad de los datos consignados en sus bases de datos, vulnera el habeas data, pues le niega la posibilidad de que sean corregidos o complementados, pasando por alto su obligación de registrar información veraz y completa que corresponda a la realidad de la afiliación (…). [En] casos en los que debido a inconsistencias en la historia laboral se ha denegado el reconocimiento de pensiones de vejez, esta Corporación reiteradamente[38] ha considerado que las administradoras de pensiones tienen la obligación de custodia, conservación y guarda de la información y de los documentos que soportan las cotizaciones de un afiliado, así como el deber de organizarlos y sistematizarlos; por consiguiente, el incumplimiento de aquellas desde el punto de vista operacional, no puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legitima de pensionarse”. Finalmente, en el tercero de los fallos en mención, esto es, en la Sentencia T-592 de 2013[39], de forma general, este Tribunal recordó que “los principios del habeas data implican deberes constitucionales para las entidades que custodian y administran la información contenida en archivos y bases de datos. Así, dichas entidades deben observar una obligación general de seguridad y diligencia en la administración y conservación de los datos personales y una obligación específica de corregir e indemnizar los perjuicios causados por el mal manejo de la información”. No cabe duda entonces que dentro de los deberes de COLPENSIONES, se halla el de guardar la debida custodia y la correcta administración de la historia laboral de sus afiliados, cuya observancia implica la carga de mantener debida-mente actualizados sus datos. Además, como consecuencia de lo anterior, se le exige también la obligación de corregir y de brindar una atención adecuada a los requerimientos que el titular de la información formule, con el compromiso de desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la certeza y vigencia de los datos. Lo contrario, como se profundizará más adelante, conduce a la trasgresión del derecho fundamental al habeas data. En este sentido, no sobra insistir en que las entidades que asumen la condición de responsables del tratamiento, como ocurre en este caso con la citada administradora de pensiones, asumen la responsabilidad de contar con las herramientas técnicas y los medios necesarios para cumplir con dichas obligaciones. 3.3.2.3. Ahora bien, es preciso destacar que el incumplimiento de los deberes atinentes al tratamiento de los datos relativos a la historia laboral y pensional de los afiliados, constituye una transgresión del derecho fundamental al habeas data. A partir del cual y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en concreto, es posible que igualmente conduzca a la vulneración concomitante de otros derechos, como ocurre con el debido proceso administrativo[40] o el derecho de petición, en este último caso –por ejemplo– por no dar respuesta de fondo respecto de la solicitud de corrección formulada por el interesado. Esta situación también puede producirse respecto del derecho a la seguridad social, en atención a que la historia laboral contiene datos esenciales para la obtención del estatus de pensionado, como se presenta con el cumplimiento del requisito referente al número mínimo de semanas cotizadas. En este sentido, resulta pertinente mencionar algunos aspectos destacados por la jurisprudencia de esta Corporación en las sentencias T-482 de 2012 y T-718 de 2005. En la primera de las mencionadas providencias, en los términos que a continuación se exponen, se indicó que la trasgresión del habeas data es inescindible del derecho a la seguridad social, pues la historia laboral contiene la información sobre la hoja de vida de la persona, que incide en el reconocimiento de las prestaciones sociales. Así, se sostuvo que: “la titularidad del derecho pensional bajo cualquiera de dichos regímenes [régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual con solidaridad], impone el manejo adecuado de la información sobre la historia laboral de los afiliados, ya que mediante aquella se constata el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación económica por el riesgo de vejez”[41]. Por su parte, en la Sentencia T-718 de 2005, se afirmó que: “la historia laboral contiene la información referente al tiempo laborado, las cotizaciones a la seguridad social, los períodos de vacaciones disfrutados o pendientes, el registro de sus cesantías, nombramientos, ascensos, traslados, retiros, incapacidades, comisiones de trabajo, entre otros datos indispensables para el goce de las prestaciones laborales que nuestro ordenamiento concede al trabajador”[42]. 3.3.2.4. Finalmente, el manejo inadecuado de los datos, como ya se expuso, además de trasgredir el derecho al habeas data y de incidir en el goce efectivo de la seguridad social, también repercute en la manera como el juez constitucional debe adoptar medidas para reparar los derechos comprometidos, cuyo postulado básico consiste en admitir que las consecuencias adversas que se derivan de la citada transgresión no pueden trasladarse al afiliado del Sistema General de Pensiones. Al respecto, en términos de la Sentencia T-855 de 2011, previamente citada, es claro que: “al ser las entidades administradoras de pensiones las llamadas a la conservación, guarda y custodia de los documentos contentivos de la información correspondiente a la vinculación del afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, no les es dable trasladarle al interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de la pérdida, deterioro, desorganización o no sistematización de dicha información”. “Una interpretación contraria a la anterior tornaría ineficaces las disposiciones relativas a los deberes que competen a estas entidades como administradoras del sistema, pues administrar implica, de suyo, propender por la mejor prestación de los servicios que se dirigen y prestan, siendo contrario a derecho la vulneración de garantías constitucionales como consecuencia de la inobservancia de obligaciones administrativas de esta índole”. A partir del contexto previamente expuesto, y con miras a resolver la materia objeto de controversia, es que esta Corporación entrará a analizar algunos relativos al Acto Legislativo No. 01 de 2005. 3.4. Aspectos del régimen de transición y del Acto Legislativo No. 01 de 2005, relevantes para los asuntos objeto de pronunciamiento 3.4.1. El inciso 2 del artículo 48 de la Constitución Política señala que “todos los habitantes [tienen] el derecho irrenunciable a la seguridad social”. De acuerdo con este mandato, se promulgó la Ley 100 de 1993, entre cuyos objetivos se destaca el de unificar la pluralidad de regímenes pensionales existentes en el país para dicho momento, bajo la lógica de someter a los afiliados a una normatividad general que siguiera unos mismos parámetros[43]. Por esta razón, en los artículos 10 y 11 de la ley en cita, al referirse a su objeto y campo de aplicación se señaló lo siguiente: “El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.” Por lo anterior, su cobertura “se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores (…)”. Lo anterior significa que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, entre otras, se pretendió garantizar una cobertura integral población, previa unificación de un sistema de protección común. Precisamente, desde la óptica del servicio público, no sobra recordar que la seguridad social cumple una labor instrumental dirigida a asegurar el cumplimiento de varios fines del Estado, entre los que destaca la guarda del mínimo vital de las personas que, por contingencias como la vejez, podrían ver en riesgo su calidad de vida. Precisamente, en términos de la Sentencia C-258 de 2013, vale la pena resaltar que: “Los sistemas de seguridad social, además de ser respuesta a la existencia de un derecho fundamental a la seguridad social, tienen también una función instrumental desde el punto de vista de la realización de las finalidades del Estado Social de Derecho. // En este sentido, el artículo 48 de la Constitución señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Además, el Estado, con la participación de los particulares, tiene la obligación de ampliar progresivamente la cobertura del servicio. // La Constitución no define con exactitud las contingencias frente a las que debe brindar protección un sistema de seguridad social; sin embargo, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los sistemas de seguridad social se les exige brindar prestaciones sociales –en dinero o en especie– con el fin de ofrecer protección frente a contingencias como la falta de ingresos debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; gastos excesivos de atención de salud; y apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo[44]”. 3.4.2. Ahora bien, para los efectos de esta sentencia, la Corte ahondará en el régimen de transición aplicable a la contingencia derivada de la vejez, para –con posterioridad– relacionarlo con el habeas data. Inicialmente, es preciso señalar que si bien el legislador pretendió unificar las reglas pensionales en un solo sistema, también conservó por razones vinculadas con la protección de la confianza legítima, la posibilidad de algunos afiliados de pensionarse con las reglas preexistentes a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. Se trató de una protección especial para quienes a partir de la existencia de una expectativa legítima estaban próximos obtener una pensión de vejez, de conformidad con la normatividad a la cual se sujetaron en virtud del régimen de coberturas previsto a su favor. En concreto, según lo dispone la ley en cita, este régimen se dispuso para quienes al momento de entrar en vigencia el referido sistema tuvieran una edad específica (40 años o más años si eran hombres o 35 o más años si eran mujeres) o un tiempo mínimo de cotización, esto es, 15 años o más de servicios cotizados. Precisamente, el régimen de transición para acceder a la pensión de vejez se consagra en el inciso 2 del artículo 36 de la ley en mención, el cual fue definido por el legislador, en los siguientes términos: “(…) La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos...