Sentencia T-693 de 2009

T-693-09 Sentencia T-693/09 Sentencia T-693/09 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vulneración directa de la Constitución ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUE LA PENSION DE SOBREVIVIENTE DEL CONYUGE QUE CONTRAJO NUEVAS NUPCIAS-Decaimiento por tener fundamento de derecho en norma declarada inexequible por sentencia C-464/04 PENSION DE SOBREVIVIENTES-No se extingue cuando el cónyuge sobreviviente contrae nuevas nupcias ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La sentencia T-702 de 2005 si constituye un precedente constitucional que debió ser aplicado al presente caso La Sala considera que la sentencia T-702 de 2005 sí constituye un precedente constitucional, cuya regla de decisión debió ser aplicada al presente caso. No obstante, sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala de Revisión resalta que la subregla contenida en la sentencia T-702 de 2005 ha sido reiterada en varias providencias por parte de otras Salas, lo que constituye una jurisprudencia consistente o en vigor sobre el problema jurídico relativo a la pérdida del derecho prestacional por haber contraído nuevas nupcias con anterioridad a la Constitución de 1991. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional/ PENSION DE SOBREVIVIENTES-Protección a mujeres que contraen nuevas nupcias así haya ocurrido antes de la Constitución de 1991 Esta Sala considera que las providencias judiciales censuradas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional que protege el derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias, aún cuando esto haya ocurrido con anterioridad a la Constitución de 1991. Referencia: expediente T-2005078 Acción de tutela instaurada por Doris del Socorro Martínez Chaves contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Sección Segunda, Subsección “A” Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil nueve (2009). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados MARIA VICTORIA CALLE CORREA, JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por las Salas Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Doris del Socorro Martínez Cháves contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Sección Segunda, Subsección “A” Consejo de Estado. I. ANTECEDENTES. La ciudadana Doris del Socorro Martínez Chaves, a través de apoderada, presentó escrito de acción de tutela el 06 de marzo de 2008 contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Sección Segunda, Subsección “A” Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y la pensión de sobrevivientes, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la administración de justicia, debido a la vulneración directa de la Constitución y el desconocimiento de la sentencia T-702 de 2005, en la que habrían incurrido la Resolución 0341 de 1981, la sentencia del 20 de mayo de 2005, la sentencia del 10 de mayo de 2007, así como los fallos de tutela del 17 de octubre de 2007 y del 21 de noviembre de 2007, estos últimos por haber rechazado el requerimiento de amparo. Sustenta su solicitud en los siguientes 1. Hechos: Señala que mediante Resolución 1003 de 1973 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció el pago de la asignación de retiro al Mayor Piloto (R) de la Fuerza Aérea Colombiana Rito Gerardo Martínez Bravo, esposo de la actora, señora Martínez Chaves. Posteriormente, como consecuencia de la muerte del señor Martínez Bravo, el 14 de marzo de 1980, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares constituyó como beneficiarios de su asignación de retiro a la actora y a dos de sus hijos. Narra que el 10 de enero de 1981 la señora Doris del Socorro Martínez Chaves contrajo segundas nupcias. A causa de este hecho se expidió la Resolución 0341 de 1981, mediante la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó la extinción del derecho a su pensión de sobreviviente. Advierte que el 18 de julio de 2003 la accionante elevó petición de reconocimiento y pago de la asignación de retiro (pensión de sobrevivientes), en calidad de beneficiaria, ante el director de la Caja de Retiro, sin haber recibido respuesta a la misma. Como consecuencia de tal silencio y la negativa de acceder a la pensión de sobrevivientes, la señora Martínez Chaves promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien negó las pretensiones formuladas por la actora mediante sentencia del 20 de mayo de 2005. Anota que interpuso recurso de apelación contra tal providencia, el cual fue conocido por el Consejo de Estado, quien revocó la sentencia apelada y declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta, declarándose inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, mediante providencia del 10 de mayo de 2007. Precisa que conforme a las reglas del reparto del Decreto 1382 de 2000, interpuso acción de tutela el 12 de octubre de 2007, pero que la misma fue rechazada por el Consejo de Estado mediante pronunciamientos del 17 de octubre de 2007 y del 21 de noviembre del mismo año. Explica que ello llevó a que la actora acudiera a la Corte Constitucional con el objetivo de que ésta ordenara la remisión de su expediente para su eventual revisión. Concreta que mediante comunicación del 30 de enero de 2008 esta Corporación le manifestó que en tales circunstancias podía acudir ante cualquier juez, advirtiendo que las solicitudes de amparo no pueden quedar sin solución alguna. 2. Concepto de la vulneración y Pretensiones La actora considera que las sentencias mencionadas desconocen sus derechos fundamentales por violar de manera directa la Constitución, “toda vez que reflejan una clara omisión a la inconstitucionalidad sobreviviente, que en virtud de la promulgación de la Constitución de 1991, recayó sobre el Decreto 612 de 1977, dejando sin Fundamento de Derecho la Resolución 0341 de 1981, emitida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, inconstitucionalidad que luego fue declarada en forma expresa mediante la Sentencia C-464 de 2004”. Adicionalmente, estima que tales providencias desconocen el precedente establecido en la sentencia T-702 de 2005, “en la que se señala que lo que se configura en el caso concreto de la Accionante, es un decaimiento del acto administrativo por la declaratoria de inexequibilidad de la norma legal que le servía de fundamento toda vez que si bien al momento de producirse dicho acto gozó de toda validez, las modificaciones que se dieron en nuestro orden jurídico tornó inconstitucional, la Resolución 0341 de 1981”. Bajo tales condiciones agrega que las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado “implican grave VÍA DE HECHO POR INOBSERVANCIA DE LA SENTENCIA C-309 del once (11) de Julio de mil novecientos noventa y seis (1996) de la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL (...) además de la sentencia T-702 del cinco (05) de julio de dos mil cinco (2005)”. Concluye advirtiendo que en la actualidad no cuenta con más medios para proteger sus derechos fundamentales y además plantea que el perjuicio que está sufriendo tiene el carácter de irremediable e irreversible. Solicita la protección de los derechos fundamentales invocados y que, como consecuencia, se ordene el restablecimiento de la sustitución pensional a su nombre, otorgada como consecuencia del fallecimiento de su anterior esposo, a partir del 4 de julio de 1991, fecha en que fue promulgada la Constitución, con la correspondiente indexación, intereses comerciales, entre otros. 3. Respuesta de las autoridades accionadas 3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la Magistrada que presentó la ponencia censurada por la señora Martínez Chaves, se opuso a las pretensiones consignadas en la acción de tutela. Para el efecto advirtió que aunque está de acuerdo con la posibilidad de examinar los fallos judiciales a partir del amparo constitucional, en este caso no se presenta ninguna vía de hecho ya que dicha providencia “comprometió un análisis fáctico y jurídico serio del caso particular al cual se refiere la controversia, sobre las causales de nulidad alegadas en su oportunidad, sin que se haya logrado desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que acreció la cuota parte de la sustitución pensional liquidada a favor de los menores hijos de la actora (...)”. Agregó que dicha sentencia aplicó las pautas previstas en la sentencia C-464 de 2004, en la medida en que en la misma se estableció que sus efectos sólo cobijan a las viudas que hubieren contraído nuevas nupcias a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, y subrayó: “el supuesto fáctico del cual habla la parte resolutiva de la sentencia, no ubica a la demandante en ella, por cuanto su derecho lo perdió por matrimonio antes de la Constitución de 1991 (...)” (resalta el memorialista). 3.2. Por su parte, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares insistió en la legalidad de sus actuaciones al tiempo que relacionó las diferentes sentencias de constitucionalidad en donde se ha determinado que la inexequibilidad de la normas que extinguen el derecho prestacional por contraer nuevas nupcias sólo opera con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución actual. Advirtió que la acción de tutela no es el medio apto para el reconocimiento de este tipo de acreencias, señaló que en este caso no se reúnen los requisitos para que ésta proceda en contra de decisiones judiciales y concluyó que el amparo debe denegarse por ser improcedente. II. DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN 1. Primera Instancia La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de providencia del 28 de marzo de 2008, negó la protección de los derechos fundamentales invocados. Expuso que la acción de tutela contra providencias judiciales sólo opera cuando se cumplan con ciertos requisitos definidos en la jurisprudencia, específicamente cuando aquellas sean abrupta y francamente incompatibles con las normas constitucionales o legales aplicables al caso. Respecto del caso concreto consideró que la acción no cumple con el requisito de inmediatez ya que fue formulada cinco meses después de proferida la sentencia de segunda instancia que se cuestiona. Adicionalmente comprobó que las decisiones censuradas son compatibles con la sentencia de C-464 de 2004 ya que el derecho prestacional de la actora se extinguió mucho antes del mes de julio de 1991; al respecto afirmó: “De lo anterior se concluye que en esa sentencia, la Corte Constitucional señaló de manera clara e incontrovertible los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión ‘para la viuda si contrae nuevas nupcias’ contenida en el artículo 156 del Decreto 612 de 1977: a partir del 7 de julio de 1991, indicando de manera expresa que sólo sería aplicable a las viudas y a los viudos que con posterioridad a esa fecha hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital. Hipótesis que no se configura en el caso de la actora porque ella contrajo nuevas nupcias en el mes de enero de 1981” (resalta el memorialista). 2. Impugnación La actora impugnó el fallo de primera instancia y apoyó su inconformidad en la relación de las diferentes sentencias que ha proferido la Corte Constitucional sobre el tema de la extinción de la pensión de sobrevivientes por haber contraído nuevas nupcias. Agregó que la presente acción cumple con el requisito de inmediatez ya que éste, conforme a la jurisprudencia constitucional, se refiere a un término razonable y oportuno que en este caso se cumple. Sobre el tema, la actora censuró que no se hubiere definido en qué acto se configura su negligencia o desidia y, por el contrario, manifestó que no se tuvieron en cuenta los términos de ejecutoria de providencias, los trámites necesarios para la devolución de expedientes y para la entrega de las copias, y que ella tuvo que acudir a un nuevo profesional del derecho para que la asesorara en la presentación del amparo constitucional. Más adelante aclaró que en el presente evento se configuran tres causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (defecto sustantivo o material, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución) ya que el acto administrativo que extinguió la prestación se sustenta en una norma que fue declarada inexequible en la sentencia C-464 de 2004 y que, como consecuencia, conlleva el decaimiento del acto, conforme a lo definido en la sentencia T-702 de 2005. 3. Segunda Instancia En segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 01 de julio de 2008, confirmó el fallo de primera instancia. Precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional y comprobó que en el presente caso se cumple el requisito de inmediatez. Posteriormente precisó que el asunto que se debate remite al examen de una presunta inconstitucionalidad sobreviviente y, específicamente, a los efectos que las sentencias de la Corte Constitucional tienen en el tiempo. Sobre este último aspecto concluyó lo siguiente: “Para atender la petición de la actora se deben determinar los efectos definidos por la Corte Constitucional al declarar la inconstitucionalidad del artículo 156 del Decreto 612 de 1977, en la sentencia C-464/04 (...) Lo que esta jurisprudencia constitucional nos señala es el efecto retroactivo a su decisión limitándolos al periodo que incluye desde la fecha de la sentencia (11 de mayo de 2004) hasta la entrada en vigencia de la Constitución Política (7 de julio de 1991), de modo tal, que durante ese lapso de tiempo el viudo o viuda a quien se les haya extinguido el derecho de sustitución pensional por haber contraído nuevas nupcias, le debe ser restablecido. Tal restablecimiento por tanto no puede ser aplicado a situaciones similares sucedidas antes de ese lapso, por lo que la petición de amparo la actora (sic) no puede prosperar, pues su segundo matrimonio sucedió en 1981”. III. PRUEBAS En el trámite de la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas: 1. Copia autenticada de la acción de tutela presentada por la señora Martínez Chaves ante el Consejo de Estado (folios 18 a 31, cuaderno primera instancia). 2. Copia autenticada de la Resolución 1003 de 1973, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (folios 32 y 33, cuaderno primera instancia). 3. Copia autenticada de la Resolución 0474 de 1980, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (folios 34 a 36, cuaderno primera instancia). 4. Copia autenticada de la Resolución 0341 de 1981, “por la cual se ordena el acrecimiento de la cuota parte correspondiente a la señora DORIS DEL SOCORRO MARTÍNEZ VIUDA DE MARTÍNEZ-hoy señora de LOZANO, en la pensión de beneficiarios del Mayor (r) de la Fuerza Aérea RITO GERARDO MARTÍNEZ BRAVO, y se ordena la extinción del subsidio familiar por matrimonio”, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (folios 37 y 38, cuaderno primera instancia). 5. Copia autenticada de la Resolución 1105 de 1986, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (folios 39 y 40, cuaderno primera instancia). 6. Copia autenticada de la Resolución 0678 de 1990, “por la cual (...) se extingue la pensión de beneficiarios del señor Mayor (r) de la Fuerza Aérea RITO GERARDO MARTÍNEZ BRAVO” (folios 41 a 46 del cuaderno de primera instancia). 7. Copia autenticada de la petición elevada por la señora Martínez Chaves ante el director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en julio de 2003 (folios 47 a 49 del cuaderno de primera instancia). 8. Copia autenticada de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección “C”, el 20 de mayo de 2005 (folios 50 a 72 del cuaderno de primera instancia). 9. Copia autenticada de la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, el 10 de mayo de 2007 (folios 73 a 83 del cuaderno de primera instancia). 10. Copia autenticada de las sentencias C-464 de 2004 y T-702 de 2005 (folios 84 a 122 del cuaderno de primera instancia). 11. Copia autenticada del auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Martínez Chaves, del 17 de octubre de 2007 y de la respectiva impugnación (folios 128 a 140 del cuaderno de primera instancia). 12. Copia autenticada del auto proferido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 21 de noviembre de 2007, que decidió la impugnación presentada por la señora Martínez Chaves y de dos solicitudes adicionales presentadas ante dicha Corporación y ante la Corte Constitucional (folios 145 a 161 del cuaderno de primera instancia). IV. TRÁMITE AL INTERIOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. El expediente en cuestión fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección número 10 de la Corte Constitucional y fue repartido a la Sala Octava de Revisión, presidida por el Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. Sin embargo, dicho magistrado manifestó su impedimento para conocer del caso en dos oportunidades. La primera manifestación, elevada el 12 de noviembre de 2008, en donde advirtió que tiene una relación de amistad cercana con la actora, fue decidida negativamente por los demás magistrados que integraban la Sala a través de Auto calendado 21 de noviembre de 2008. La segunda, de fecha 18 de marzo de 2009, fue aceptada a través de Auto del 01 de abril de 2009 con fundamento en la causal 4ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, a saber: “Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 2. Bajo las condiciones anteriores, el expediente fue finalmente remitido al despacho del actual ponente, quien mediante Auto del 01 de abril decretó la práctica de pruebas y suspendió los términos para fallar el asunto. Como consecuencia de éste al expediente fueron allegados los siguientes documentos: 2.1. Copia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Martínez Chaves, a través de apoderado, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 2.2. Copia del recurso de apelación presentado por el apoderado de la señora Martínez Chaves en contra de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico. La actora fue reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes correspondiente a su difunto esposo, a través de acto administrativo del año 1980. Posteriormente, en enero del año 1981, ella contrajo nuevas nupcias y, como consecuencia, a través de la resolución número 341 de 1981, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares declaró la extinción del derecho pensional en cabeza de ella y el acrecimiento de la cuota a favor de sus hijos, de conformidad con el artículo 156 del Decreto 612 de 1977. Más adelante, en el año 2003, solicitó que fuera nuevamente reconocida como beneficiaria de tal prestación más, sin embargo, la Caja no respondió la solicitud. Como consecuencia de dicho silencio la actora procedió a interponer la acción contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho ante las autoridades judiciales que se demandan en la presente acción de tutela. En ellas las pretensiones fueron denegadas ya que en primera instancia se consideró que en los términos definidos en la sentencia C-464 de 2004 la actora no puede acceder a la pensión, mientras que en segunda instancia se consideró que la acción administrativa había caducado. Bajo tales circunstancias la actora considera que ambas sentencias vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la administración de justicia, y les imputa la existencia de tres defectos: sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En síntesis, los tres defectos se estructurarían porque las autoridades judiciales demandadas habrían pasado por alto la ocurrencia de una inconstitucionalidad sobreviniente sobre la norma que fundó o sustentó el acto administrativo que extinguió su derecho prestacional (Decreto 612 de 1977), la cual, además, estaría declarada en las sentencias C-309 de 1996, C-464 de 2004 y T-702 de 2005. Acorde con las condiciones antedichas, esta Sala debe establecer si en contra de las providencias judiciales anotadas se estructuran los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, si conforme a tales pautas ellas desconocen la inconstitucionalidad de la norma que sustentó el acto administrativo que extinguió la pensión de sobrevivientes en cabeza de la actora, configurando así los defectos relacionados por ella. Para este efecto, previo a abordar el caso concreto, reiterará la doctrina relacionada con los criterios mencionados, haciendo especial énfasis en la figura del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional. 3. Criterios generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 86 de la Constitución y en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25[1] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Constitucional ha fijado gradualmente unas reglas acerca de las condiciones que rigen la procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades judiciales. Ajustado a estas disposiciones es posible concluir que la capacidad para interponer la tutela contra dichas actuaciones tiene sustento en nuestra propia Carta Política, en concordancia con las normas que se integran a ella en virtud del ‘bloque de constitucionalidad’. Sin embargo, en aras de evitar el abuso de la figura en perjuicio de valores constitucionales como la seguridad jurídica y la cosa juzgada, se ha hecho necesario establecer una serie de condiciones o requisitos que se deben cumplir cuidadosamente, para que así se haga viable el escrutinio constitucional sobre la decisión que se considera contraria o violatoria de los derechos fundamentales. En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, dichas disposiciones fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992; sin embargo, en dicho pronunciamiento la Corte no estableció o atribuyó un carácter absoluto a la intangibilidad de las providencias de los jueces. Por el contrario, en esa misma sentencia advirtió y aclaró que algunos de tales actos no gozan de las cualidades para ser considerados providencias judiciales y que, por tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí procede para proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”. Así las cosas, a partir de tal pronunciamiento y de manera progresiva se ha definido el grupo de requisitos y condiciones necesarias para que sea posible atender, a través del amparo constitucional, la posible vulneración de derechos ocasionada por una providencia judicial. Todo esto, teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales es consecuencia de la incursión de la Carta sobre la rutina judicial y que tal recurso sólo opera de manera extraordinaria en equilibrio de valores como la prevalencia del derecho sustancial, la vigencia de los derechos fundamentales con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial. Bajo este derrotero la jurisprudencia ha detallado, en primer lugar, unos criterios generales a partir de los cuales el amparo se hace viable y, en segundo lugar, el conjunto de defectos o criterios específicos que tienen el poder de justificar la procedencia de la acción para que se protejan los derechos fundamentales de quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la administración de justicia. En la sentencia SU-813 de 2007 la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados en la sentencia C-590 de 2005, resumió y relacionó todos esos criterios de la siguiente manera: “Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las siguientes: “(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor[2]; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela. “Finalmente, para que proceda la tutela, es necesario que la decisión judicial impugnada incurra en defectos o fallas graves. En particular puede incurrir en uno de los siguientes defectos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[3]; cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión[4]; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. “En todo caso, la acción no podrá tener por objeto que el juez de tutela se convierta en una nueva instancia, ni tampoco que entre a resolver discusiones propias del proceso (como la interpretación simple de la ley o la valoración de las pruebas) que no representen un problema constitucional de vulneración de derechos fundamentales[5]” (negrilla y subrayado fuera de texto original). La aplicación de lo expuesto tiene un carácter excepcional, en virtud del principio de independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Como regla general, los fallos judiciales son inmutables. Por tal razón, los defectos anotados deben estar presentes en forma evidente, y deben tener una magnitud tal, que sean capaces de desvirtuar la juridicidad y constitucionalidad del pronunciamiento judicial censurado. Los parámetros señalados constituyen el conjunto de procedimientos mínimos que han de atenderse para poder realizar el escrutinio constitucional sobre una providencia judicial. En este caso la actora plantea de manera específica unos criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que la Sala estudiará en el siguiente apartado. 4. Vía de hecho por defecto sustantivo. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Específicamente, la actora dentro del presente asunto le imputa la existencia de tres defectos a las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección Segunda del Consejo de Estado: defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y vulneración directa de la Constitución Política. Bajo estas condiciones la Sala pasará a reiterar los principales criterios que ha definido la jurisprudencia para que dichas censuras contra una providencia judicial tengan alguna posibilidad de éxito, teniendo en cuenta que todas ellas pueden enmarcarse dentro del concepto amplio del “defecto sustantivo”. 4.1. En la sentencia SU-159 de 2002 se sintetizaron con mayor precisión los rasgos fundamentales de dicha vía de hecho, de la siguiente manera[6]: “La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[7], bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad[8], (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[9], (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[10] o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.” (negrilla fuera de texto original). Más adelante, en la Sentencia de Unificación 813 de 2007, los mismos argumentos fueron reiterados de la siguiente forma: “Como lo ha señalado la Corte existe vía de hecho por defecto sustantivo cuando se presenta alguna de las siguientes hipótesis: (a) Cuando el funcionario judicial deja de aplicar una disposición claramente aplicable al caso concreto (b) Cuando la norma aplicada ha sido derogada o cuando la misma – o la interpretación que de ella hace el funcionario judicial - ha sido declarada inexequible (c) Cuando la norma aplicada es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (d) Cuando la norma es constitucional pero su aplicación al caso concreto resulta inconstitucional (e) Cuando, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó (f) Cuando la norma se aplica al margen de las precisiones constitucionales formuladas en el precedente constitucional.” (negrilla fuera de texto original). 4.2. Adicionalmente y sin perjuicio de lo apuntado hasta ahora, una de las representaciones del defecto sustantivo es el desconocimiento del precedente constitucional. Éste tiene sustento en la importancia de la Constitución y en el carácter normativo de la misma, que irradia todos los demás componentes de nuestro sistema jurídico, así como en las funciones que el mismo estatuto ha asignado a la Corte Constitucional. De esta manera, a partir de la guarda de la supremacía y la integridad de la Carta (art. 241 Superior), se ha inferido que las decisiones de este Tribunal constituyen fuente de derecho para todos los operadores jurídicos. Conforme a tales parámetros, la interpretación constitucional tiene efectos vinculantes sobre las actuaciones de las autoridades y los particulares, y su desconocimiento implica un desajuste sistemático de la totalidad del ordenamiento jurídico. Sobre la naturaleza y el alcance de la jurisprudencia proferida por esta Corporación se ha definido que tiene “como propósito principal, orientar el ordenamiento jurídico hacia los principios y valores constitucionales superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica”[11]. 4.3. En lo que se refiere a la definición de los parámetros a partir de los cuales se puede identificar el razonamiento obligatorio de la parte motiva de las sentencias, es decir, las pautas para definir la ratio decidendi de una decisión, esta Corporación ha reconocido que aunque dicha tarea recae en primer lugar en el intérprete, existen criterios que ayudan a reconocer con certeza este tipo de argumentos. El principal de ellos está atado a la capacidad que tiene una premisa o un conjunto de razonamientos para sustentar la decisión. Pero además, dentro de ellos se cuenta la reiteración de la tesis en jurisprudencias posteriores. En la sentencia T-292 de 2006 se anotó lo que sigue: “Conforme a este análisis general, quien deba aplicar una sentencia tiene la posibilidad de establecer de manera directa, prima facie, lo que se considera como ratio decidendi. Sin embargo, esa determinación no puede ser caprichosa en el sentido de sobreestimar los aportes de una sentencia que le parezcan más llamativos, subestiman los que realmente fueron determinantes, ni desconocer la reiterada jurisprudencia sobre un punto, para sobrevalorar una sentencia poco significativa. Al respecto esta Corporación ha señalado que para establecer la ratio decidendi de una providencia, en principio, deben tenerse en cuenta las sentencias posteriores[12], -esto es las “posteriores” a la cuestión constitucional inicialmente tratada, pero anteriores al caso que se habrá de decidir-, sobre el mismo asunto, proferidas por la Corte. De hecho, esta Corporación ha indicado que la ratio decidendi sobre un tema jurídico puede consolidarse “en una oportunidad posterior”[13], esto es, cuando de manera reiterada se reafirma la regla del fallo inicial en otros casos. En ese sentido, si bien la ratio de una sentencia surge de la sentencia misma, los fallos posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para identificar adecuadamente dicha ratio; de manera tal que le permiten al juez o quien habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a una interpretación constitucional determinada”. 4.4. Finalmente, se hace necesario aclarar que los criterios expuestos en relación con el valor y alcance del precedente aplican a las sentencias de revisión de tutela adoptadas por cualquiera de las Salas de este Tribunal. Ello, en primer lugar, ya que tal tarea hace parte de la guarda de la Carta, conforme al artículo 241-9 Superior y de la garantía de vigencia de los derechos fundamentales, de acuerdo al artículo 86 inc. 2º. Adicionalmente, la Corte ha identificado que a través de su labor, las Salas de Revisión unifican la jurisprudencia y dan desarrollo judicial a la Constitución. En la Sentencia de Unificación 1219 de 2001 se afirmó lo siguiente: “Primero, el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización política colombiana. (...) Además, dada la importancia de la revisión de las acciones de tutela, la sentencia mencionada recalcó que las decisiones generadas dentro de ese trámite gozan de la cualidad de la cosa juzgada constitucional. Sobre el particular vale la pena tener en cuenta lo siguiente: “5.1 Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.” Conforme a estas precisiones, la Corte ha reconocido que las providencias dictadas en sede de revisión de las acciones de tutela constituyen precedente obligatorio sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos. En la sentencia T-292 de 2006, reiterada -entre otras- en la sentencia T-232 de 2007, se anotó lo siguiente: “[P]uede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional[14] -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades[15]. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales”[16] a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución[17], en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima en la estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas”. Así pues, conforme a los argumentos expuestos, la Sala pasará a analizar si las sentencias censuradas por la actora cumplen con los criterios mencionados y, especialmente, si incurren en alguno de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales. 5. Caso concreto 5.1. La actora fue cónyuge de un oficial de la Fuerza Aérea, a quien se le había reconocido el pago de asignación de retiro desde 1973. Más adelante, ante la muerte de su esposo, la actora fue reconocida como beneficiaria de la pensión. Sin embargo, en 1981 ella decidió contraer nuevas nupcias y, como consecuencia, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó la extinción del derecho prestacional. Esta última determinación fue tomada mediante Resolución 0341 de 1981[18], con base en el Decreto 612 de 1977. Posteriormente, en el mes de julio del año 2003, la actora elevó derecho de petición ante la Caja, en el que solicitó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en calidad de beneficiaria, teniendo en cuenta varias sentencias de constitucionalidad en donde se protege la pensión de la viuda que decide celebrar un nuevo matrimonio[19]. Ella afirma que dicha petición no le fue contestada, por lo que procedió a presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 05 de diciembre de 2003[20]. 5.2. Como resultado, en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en fallo del 20 de mayo de 2005 denegó las pretensiones de la demanda presentada por la actora y para el efecto consideró lo siguiente: “A la fecha en que le fue cancelada la pensión que venía disfrutando, y contra los actos que así lo dispusieron, no se ha demostrado que haya impugnación alguna, puesto que la legislación era clara y contundente en considerar la pérdida del derecho por nuevas nupcias, como se verá, razón que permite afirmar también, que la reclamación se inicia por la demandante sólo a partir del año 1988, con petición del 11 de junio del mismo año, cuando solicitó revocatoria directa de la Resolución 1860 de 1981, mediante la cual se extinguió el derecho por nuevas nupcias, que ella misma hizo conocer a la Entidad y fue notificada del acrecimiento de las cuotas partes a favor de sus hijos, siendo aún la representante legal de uno de ellos por edad, actos con los cuales manifestó conformidad. Dedúcese de esos actos, que atendiendo a la legislación vigente, decreto Ley 612 de 1977, no se cuestionaba siquiera la pérdida del citado derecho por nuevo matrimonio, era esa decisión ajustada a la legalidad, aceptada por la propia demandante en esa época. (...) Revisados los actos que extinguieron el derecho de la demandante y el acrecimiento de las cuotas partes de los hijos habidos en el matrimonio, y que ahora se controvierten, a la fecha de sus respectivas expediciones se ajustaban en un todo al derecho vigente, no había discusión. La controversia y reclamación posterior nace a raíz de los pronunciamientos de la Corte, que examinaremos a continuación. Mediante sentencia C-306 de 1996 dijo la Corte, al examinar la exequibilidad del artículo segundo de la Ley 33 de 1973 (...), cuyo texto de la norma acusada es como sigue; y del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y ‘por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital’ del artículo 2 de la Ley 126 de 1985. Decía esta norma: (...) Fueron precisiones de la Corte: (...) Es claro el pronunciamiento de la Corte en esta oportunidad, en señalar que las normas acusadas devienen inconstitucionales frente a la nueva Constitución y por tanto como dice la obligante parte resolutiva, que las viudas que con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva Carta hayan contraído nuevas nupcias, tendrían derecho a la pensión hoy llamada de sobrevivientes, y reclamar, léase bien, las mesadas, que se causen a partir de la notificación de esa sentencia de inconstitucionalidad, de la norma que restringía el derecho. En el caso presente estamos frente a una legislación que se aplicó a la demandante durante su vigencia, que no es la declarada inexequible en esta oportunidad con ocasión de la sentencia C-306, pero como se verá, la Corte reitera este criterio también para el caso que cobija a la demandante. Luego, se demandó ahora sí, el artículo 156 el Decreto Ley 612 de 1977, y hoy se conoce mediante sentencia 464 de 2004, que la Corte ratifica lo antes señalado: (...) Claros han sido los pronunciamientos en esta oportunidad sobre los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de las normas que sirvieron de fundamento para la decisión que se ha leído, de manera que no queda duda a la Sala, que los efectos de la sentencia citada, solo alcanzan a las viudas que hubieren contraído nuevas nupcias a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y para quienes se liquidarán las mesadas respectivas a partir de la notificación de esta sentencia, no hacia atrás. Pero en el supuesto fáctico del cual habla la parte resolutiva de la sentencia, no se ubica la demandante, por cuanto su derecho lo perdió por matrimonio antes de la Constitución de 1991, y ante el obligante pronuncimiento de la Corte, no puede esta Sala extender el derecho a la demandante ni hacer nuevas interpretaciones extensivas, so pena de vulnerar la cosa juzgada constitucional, que hemos leído. En efecto, lo resuelto por la Corte, es de obligatorio cumplimiento y hace tránsito a cosa juzgada constitucional, puesto que en este caso, la restricción que perjudica a la demandante está contemplada en la parte resolutiva como se viene de leer, y no es únicamente una consideración del juez de constitucionalidad en la parte motiva que serviría como criterio auxiliar, porque tales motivaciones corresponden a un mero dictum no obligante, sino mas bien persuasivo. Pero en este caso, como hemos señalado se reitera que la providencia señala, en el numeral segundo de la parte resolutiva que las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión a que hacen mención las disposiciones declaradas inexequibles, podrán pedir que se les restablezca el derecho y reclamar ante las autoridades competentes, las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia. Luego entonces, la demandante no queda cobijada por el beneficio En estas condiciones, ante la claridad de la sentencia de constitucionalidad de la Corte, la Sala tiene la certeza que las pretensiones anulatorias no estan llamadas a prosperar, y en consecuencia, tampoco las peticiones consecuenciales de restablecimiento Ahora bien, es pertinente, finalmente señalar que no se vulnera derecho a la igualdad por la situación que debe asumir la demandante, frente al pronunciamiento de la Corte, donde aparentemente queda con un tranto distinto al de las demás viudas y viudos, pero en esencia, ella no está en iguales condiciones que los protegidos por la norma, porque su situación fue definida antes de la entrada en vigencia de la Carta, y para le época, el tratamiento no resultaba discriminatorio, tan es así, que aceptado como fue por la demandante, jamás lo impugnó, porque no tenía causa legal, tal reclamación. Entonces, el derecho a la igualdad, prospera cuando se dan similares condiciones o situaciones fácticas; pero, ante situaciones disímiles, la diferencia de tratamiento no vulnera el derecho fundamental a la igualdad, como ha clarificado en repetidas ocasiones la Corte Constitucional en sentencias de tutela” (negrilla fuera de texto original). 5.3. Posteriormente, en razón a la apelación interpuesta por el apoderado de la actora[21], la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, profirió fallo del diez de mayo de 2007[22] en el que revocó la sentencia del Tribunal y en su lugar declaró probada la excepción de caducidad de la acción. De esta providencia se hace necesario tener en cuenta los siguientes apartados: “En el caso concreto la situación particular de la actora fue definida por la administración con anterioridad a la solicitud que formulara el 18 de julio de 2003 en relación con el derecho que le asistía a la señora Doris del Socorro Martínez sobre el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en condición de beneficiaria. Con resolución No. 0341 del 18 de mayo de 1981 aprobada por Resolución No. 1860 del 30 de junio de 1981, se declaró la pérdida del derecho de la señora Doris Martínez por haber contraído nuevas nupcias. Este acto administrativo que extinguía y por tanto definía de manera negativa su derecho a la sustitución pensional, era demandable dentro del término de caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A. No obstante lo anterior, si bien la solicitud de revocatoria directa de acuerdo con el artículo 72 del C.C.A. no revive los términos de caducidad de la acción, la parte actora en escrito radicado No. 0051885 del 11 de junio de 1998, formula ante la entidad un hecho nuevo como es la presunta violación de sus derechos constitucionales, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad protegidos en sentencias de constitucionalidad C-588 de 1992, C-309 de 1996 y C-182 de 1997. Solicitud respecto de la cual se pronuncia de manera negativa la administración mediante la Resolución No. 3172 de octubre 20 de 1998, en el sentido de no revocar la Resolución No. 1860 de 1981. Este acto cobró firmeza en cuanto que la demandante no agotó la vía gubernativa. Tampoco fue demandado en tiempo por la interesada. La solicitud formulada el 18 de julio de 2003 no revive el término de caducidad de la acción frente a un acto administrativo que de manera expresa resolvió el pedimento de la actora en el sentido de revisar la decisión de extinción o pérdida del derecho a ser beneficiaria de la asignación de retiro de su primer esposo, por considerar la entidad que se configuraba la causal, en tanto, haber contraído segundas nupcias. La situación jurídica de la demandante quedó definida mediante una decisión en firme. En este orden de ideas, la acción está caducada y así habrá de declararlo la Sala. Este impedimento procesal no permite estudiar el fondo del asunto. La sentencia de primera instancia declaró no probada la excepción y en este sentido deberá revocarse la decisión.” 5.4. Ahora bien, mediante la presente acción constitucional la actora censura las providencias judiciales dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado por cuanto las mismas habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, a la seguridad social y a la pensión de sobrevivientes. Esto, teniendo en cuenta que ellas habrían pasado por alto la inexequibilidad del Decreto 612 de 1977, norma que le sirvió de fundamento al acto administrativo expedido en 1981, que ordenó la extinción de su derecho sobre la pensión de sobrevivientes. En estas condiciones, considera que dichas providencias desconocen el precedente constitucional establecido en las sentencias C-464 de 2004, C-309 de 1996 y T-702 de 2005, lo que conlleva a la consolidación de tres defectos que define de manera general: defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y vulneración directa de la Constitución. 5.5. Las instancias judiciales que conocieron del amparo negaron la protección de los derechos invocados. Ambas corroboraron que las providencias judiciales censuradas son compatibles con la parte resolutiva de la sentencia C-464 de 2004, lo que les permitió concluir que ningún defecto se cierne sobre ellas. La segunda instancia, inclusive, admitió que el problema jurídico inmerso en el caso implica el estudio de la inconstitucionalidad sobreviniente y los efectos de las sentencias de constitucionalidad en el tiempo. Aplicando dichos planteamientos a este caso precisó que la sentencia C-464 definió de manera precisa sus efectos hacia el pasado y concluyó: “tal restablecimiento por tanto no puede ser aplicados a situaciones similares sucedidas antes de ese lapso, por lo que la petición de amparo de la actora no puede prosperar”. 5.6. A partir de las censuras presentadas por la actora, esta Sala de revisión pasará a comprobar si dentro de las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado es posible inferir la existencia de algún defecto. 5.6.1. Lo primero que la Sala verifica es que el presente caso cumple con los criterios generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, (i) el mismo contiene relevancia constitucional pues representa el acceso a una prestación que fue perdida como consecuencia de una norma que, con posterioridad, fue declarada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. (ii) Además, como se relató atrás, la actora agotó todos los medios judiciales ordinarios que tuvo a su alcance y allí discutió la vulneración de los derechos fundamentales que se alega en esta tutela. (iii) Por otra parte, la Sala considera que la acción cumple con el principio de inmediatez atendiendo que el último de los pronunciamientos que censura data del diez (10) de mayo de 2007 y la acción de tutela fue interpuesta el doce (12) de octubre de 2007. (iv) Finalmente, es necesario advertir que la acción no se refiere a irregularidades de tipo procesal ni pretende la censura de otra sentencia de tutela. 5.6.2. Ahora bien, en lo que se refiere a los criterios específicos de procedibilidad, los defectos mencionados por la actora se pueden sintetizar en un sólo reproche con trascendencia constitucional: el desconocimiento de algunas sentencias de constitucionalidad y una sentencia de tutela proferida por una de las Salas de Revisión de esta Corporación. Todos esos fallos, argumenta, comprueban la inconstitucionalidad sobreviniente que habría sufrido el Decreto que sustentó la extinción de su derecho pensional en el año 1981 y consolidan el derecho a la prestación que reclamó a través de las vías ordinarias. Bajo tales condiciones se aprecia que en este caso no se denuncia que las providencias judiciales hayan sido dictadas sobre disposiciones ficticias o inaplicables, sino que se censura que el fundamento jurídico de las mismas desconoce el precedente constitucional. Bajo tales circunstancias la labor de esta Sala se enmarcará en determinar si las decisiones judiciales reprobadas contravienen la doctrina referente a la pérdida del derecho prestacional por haber contraído nuevas nupcias con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991. -a- Sentencia C-309 de 1996. En la sentencia C-309 de 1996 la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973[23]. En esa decisión, la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO.- Declarar inexequibles las expresiones "o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y "por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital" del artículo 2 de la Ley 126 de 1985.” Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que en la sentencia se comprobó un trato abiertamente inequitativo y contrario a la Carta de 1991, en perjuicio de los derechos de las viudas, la Corte decidió modular los efectos temporales de la misma. En el numeral segundo de la parte resolutiva se indicó lo siguiente: “SEGUNDO.- Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraido nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”. (negrilla fuera de texto original) Esta modulación del efecto temporal de la sentencia, como se indicó, tuvo como sustento principal la vigencia de la Constitución y la protección de los derechos de las mujeres que, en virtud del libre desarrollo de la personalidad, decidían celebrar un nuevo...