Sentencia T-685 de 2014

T-685-14 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-685/14 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Presupuestos procesales Es procedente cuando se cumplen los siguientes presupuestos: a) Que el particular esté encargado de la prestación de un servicio público. b) Que la actuación u omisión del particular afecte grave y directamente un interés colectivo. c) Que el accionante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular, ii) cuando exista subordinación o indefensión frente al particular accionado, iii) cuando se vulnere el habeas data y se solicite rectificación de información, iv) cuando el particular esté vulnerando el artículo 17 de la Constitución y, v) cuando el particular ejerza función pública. La procedencia de la acción de tutela contra particulares es procedente siempre y cuando la demandante se encuentre en una situación de indefensión con respecto a la parte accionada, y que requiere de una protección urgente de sus derechos fundamentales. OBLIGACION ALIMENTARIA-Naturaleza jurídica La pensión alimentaria es un derecho subjetivo personalísimo para las partes, donde una de ellas tiene la facultad de exigir asistencia para su subsistencia cuando no se encuentra en condiciones para procurársela por sí misma, a quien esté obligado por ley a suministrarlo, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: (i) que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda; (ii) que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos. De esa forma, con fundamento en los principios de proporcionalidad y solidaridad el derecho de alimentos consulta tanto la capacidad económica del alimentante como la necesidad concreta del alimentario, y se impone principalmente a los miembros de la familia. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE ALIMENTOS-Es un medio eficaz para ordenar cuota alimentaria El artículo 31 de la Ley 640 de 2001 contempla la figura de la conciliación extrajudicial para llegar acuerdos sobre temas de familia, dentro de los cuales se ubican las obligaciones alimentarias. La conciliación extrajudicial en asuntos de familia resulta eficaz para pactar cuotas relacionadas con los alimentos del tutelante necesitado, atendiendo los intereses y necesidades de las partes involucradas, cuyos acuerdos serán exigibles ante las autoridades judiciales. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL COMO MEDIO PARA ORDENAR LA CUOTA ALIMENTARIA DE UN ADULTO MAYOR DERECHO AL MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Afectación cuando se omite el pago de la cuota alimentaria En reiteradas ocasiones, esta Corporación se ha pronunciado sobre casos en los que adultos mayores no tienen una pensión o algún ingreso económico ni la posibilidad de costearlo por sí solos, señalando que “resulta importante la obligatoriedad” que deben tener los descendientes o compañeros sentimentales para que asuman el costo de las necesidades básicas de ellos. En caso de que este grupo vulnerable dependa para su supervivencia del pago de una pensión o cuota alimentaria, el no cumplimiento de esa obligación afecta de manera directa su derecho fundamental al mínimo vital, y desatiende el deber constitucional del Estado y de las familias de velar por la seguridad de aquellas personas que estén en circunstancia de debilidad manifiesta ya sea por su condición económica, física o mental. PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Debe ser objeto de mayores garantías que permitan el goce y disfrute de sus derechos fundamentales PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección constitucional especial La jurisprudencia constitucional ha reiterado la especial protección que el Estado debe proporcionar a las personas de la tercera edad en virtud del principio de solidaridad, como sujetos de especial protección. El Estado debe, como parte de sus obligaciones constitucionales velar por el cuidado de la vejez, a pesar de que el deber primordial de solidaridad se encuentra en cabeza de la familia, y por ello, debe contar con una política pública de cuidado, protección e integración del adulto mayor, y adoptar las respectivas medidas para implementarlas. DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Orden a hijas pagar cuotas dejadas de cancelar a partir de la fecha en que suscribieron Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Orden a hijas cumplir de manera oportuna con la cuota alimentaria asignada que debe aportar cada una dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Orden a Alcaldía previa evaluación socioeconómica, incluir a la accionante como beneficiaria de los Centros de Vida y en los programas de subsidio para adultos mayores DERECHO A LA VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Poner en conocimiento a la Defensoría del Pueblo para que haga el respectivo seguimiento y asesore a la accionante, en lo que considere pertinente Referencia: expediente T-4362024 Acción de tutela presentada por la señora Margarita Rojas de Moreno, contra sus hijas las señoras Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas. Derechos fundamentales invocados: mínimo vital y vida digna. Tema: procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento del acuerdo suscrito entre las accionadas y su madre, en darle a ésta una cuota alimentaria mensual para solventar su mínimo vital. Problema jurídico: ¿se vulneran los derechos fundamentales invocados por la accionante ante la negativa de las accionadas a cancelarle a su madre la cuota alimentaria que fuera acordada para su sostenimiento, cuando se trata de una persona adulta mayor quien no puede trabajar? Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la preside -, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo proferido en única instancia por el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla, Atlántico, el 19 de junio de 2013. 1. ANTECEDENTES La señora Margarita Rojas de Moreno, formuló acción de tutela contra sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, invocando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por las demandadas al no cumplir con el pago mensual de la cuota alimentaria acordada por ellas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá. Basa su solicitud en los siguientes: 1.1 HECHOS Y RAZONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA 1.1.1 Indica la señora Margarita Rojas de Moreno, que actúa a nombre propio, que es una persona adulta mayor con 70 años de edad, y se encuentra afiliada en el régimen subsidiado en salud a CAPRECOM del Sisben Nivel 1. 1.1.2 Manifiesta que mediante dos audiencias de conciliación suscrita entre ella y sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas, Doris Rodríguez Rojas y Flor Ángela Plazas Rojas, el día 3 de septiembre de 2013, y con Leonor Moreno Rojas, el día 26 de septiembre de 2013, realizadas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, se acordó que le sería entregada una cuota por concepto de alimentos de cincuenta mil ($50.000) pesos, que deberían pagar cada una de sus hijas los cinco primeros días del mes, la cual le ayudaría para sobrellevar su mínimo vital. 1.1.3 Asegura que sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas nunca han cumplido dicho acuerdo, a pesar de recordárselo todos los meses, encontrándose en una situación precaria y sin medios para alimentarse. Asegura que actualmente vive arrimada a una recicladora de materiales, ya que no posee pensión ni vivienda, constituyéndose dicha cuota alimentaria en su único sustento para sobrevivir. 1.1.4 Dice que sus hijas accionadas tienen medios económicos para aportar la cuota exigida, y que ese dinero le permitiría comprar también algunos medicamentos que requiere debido a que padece de una “distrofia corneal” que le genera una considerable disminución visual que no le permite trabajar. 1.1.5 Concluye afirmando que la actitud de sus hijas está vulnerando sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, toda vez que por ley tienen la obligación de asistencia para su progenitora. Así mismo indica, que no presenta una acción ordinaria para hacer valer sus derechos por no contar con los recursos para cubrir los gastos que le generaría ese proceso y además, resultaría muy largo respecto a su avanzada edad y la urgencia de solventar su mínimo vital. 1.2 SOLICITUD La señora Margarita Rojas de Moreno, solicita se amparen sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital y se ordene a sus hijas, las señoras Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, que cumplan con el pago mensual de la cuota alimentaria que fuera acordada mediante Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13, suscrita en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013. 1.3 TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, admitió la acción de amparo el 12 de febrero de 2014, y corrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa y contradicción. 1.3.1 Concluido el término probatorio sin que se recibiera respuesta alguna, se dictó fallo el 24 de febrero de 2014. Tiempo dentro del cual, la empresa de correos devolvió la correspondencia advirtiendo al Juzgado que las accionadas no fueron notificadas del auto admisorio de la demanda. Razón por la cual, se ordenó la nulidad del fallo y se procedió a realizar la notificación nuevamente, la cual fue surtida satisfactoriamente, pero de igual forma, las accionadas guardaron silencio respecto a los hechos. 1.4 DECISIÓN JUDICIAL Mediante fallo único de instancia del 1 de abril de 2014, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, negó el amparo solicitado por improcedente, al considerar que no se cumplía con el principio de la subsidiariedad, toda vez que existen otros medios de defensa judicial, que en este caso no logró demostrarse un perjuicio inminente e irremediable por parte de la señora Margarita Rojas de Moreno. 1.5 PRUEBAS DOCUMENTALES En el trámite de la acción de tutela se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas documentales: 1.5.1 Copia del Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13 suscrito en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013, entre la señora Margarita Rojas de Moreno, y sus hijas, Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, donde consta que se les asigna una cuota de cincuenta mil ($50.000) pesos que deben aportar cada una a su progenitora dentro de los cinco (5) primeros día de cada mes (folios 5 y 6). 1.5.2 Copia de la historia clínica en oftalmología de fecha 11 de noviembre de 2013 expedida por el Hospital Universitario De La Samaritana, donde consta que la accionante padece de “prurito ocular bilateral y posteriormente opacidad corneal y disminución de agudeza visual (…) con diagnóstico de distrofia corneal” (folios 7 y 8). 1.5.3 Copia del carné No. 11001002105 de CAPRECOM donde consta que la señora Margarita Rojas de Moreno pertenece al nivel socioeconómico 1 del Sisben (folio 9). 1.5.4 Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Margarita Rojas de Moreno donde consta que nació el 4 de diciembre de 1944, es decir, cuenta con 70 años de edad (folio 10). 2. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 2.1 Mediante Auto del 12 de agosto de 2014, la Sala de Revisión consideró que dadas las circunstancias específicas del caso objeto de revisión, era necesario que se aportaran al proceso algunos documentos, información y conceptos para mejor proveer. De esa manera, requirió: 2.1.1 A las señoras Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, para que informaran y aportaran pruebas sobre los motivos por los cuales no han cumplido con el acuerdo por alimentos de adulto mayor que suscribieron en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013, especificando además: (i) su actual situación económica; (ii) situación laboral; (iii) situación familiar; (iv) personas a cargo; y, (v) a que régimen de seguridad social pertenecen, contributivo o subsidiado. 2.1.2 A la señora Margarita Rojas de Moreno para que informara si sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas están cumpliendo con la cuota alimentaria acordada en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013, y si considera pertinente la ampliación de los hechos expuestos en la presente acción de tutela. 2.1.3 Además, decidió vincular y poner en conocimiento a la Defensoría del Pueblo, en su condición de defensor de los derechos humanos[1], para que expresara lo que estime procedente en el caso objeto de estudio. 2.2 Vencido el término probatorio, la Secretaría General de esta Corporación remitió mediante oficio del 25 de agosto de 2014, la comunicación expedida por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, No. 5030 del 20 de agosto de 2014. Respecto a las demás solicitudes informó que no se recibieron respuestas por parte de las accionadas y de la accionante. 2.2.1 En oficio No. 5030 del 20 de agosto de 2014, suscrito por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en el que se da respuesta a lo solicitado manifestó que “Sea lo primero advertir que la accionante es una persona de la tercera edad que no posee recursos económicos, ni ninguna clase de ingreso; sólo cuenta con la cuota de alimentos de $50.000 mensuales que deben pagar cada una de sus dos hijas de conformidad con el Acta de Conciliación RUG No. 10-4730-13 efectuada ante la Comisaria Décima de Familia de Engativá.” Adicionalmente, hizo referencia a los artículos 86 y 46 de la Constitución Política que hacen referencia, el primero, a la procedencia de la acción de tutela contra los particulares cuando el accionante se encuentre en estado de subordinación e indefensión y, el segundo, a la protección especial del Estado, la sociedad y la familia para la asistencia de las personas de la tercera edad. Así mismo señaló, que el artículo 411 del Código Civil establece como titulares del derecho de alimento a los ascendientes, y manifestó que tal exigencia es de carácter obligatorio y que su incumplimiento contempla una conducta de tipo penal, como así lo determinan los artículos 233 y siguientes del Código Penal. Respecto al acta de conciliación debidamente constituida entre las accionadas y la accionante que, ésta es de obligatorio cumplimiento y presta mérito ejecutivo de conformidad con la Ley 640 de 2001. Aunado a lo anterior, señaló las jurisprudencias de esta Corporación donde se estableció el derecho al mínimo vital de las personas adultas mayores dentro de los derechos especialmente amparados constitucionalmente. Por último, manifestó que no comparte la decisión del juez de instancia al negar la acción de tutela aduciendo la existencia de otros mecanismos de defensa judiciales, por cuanto en primer lugar, la accionante manifestó que no posee recursos económicos para iniciar un “proceso ordinario laboral”, el cual además de ser dispendioso, se torna ineficaz dado que requiere la cuota de alimentos para sobrevivir, con lo cual se encuentra probado el perjuicio irremediable. Y en segundo lugar, dice que “las personas de la tercera edad no deben ser sometidas al inicio de un proceso ordinario, el cual puede finalizar cuando ya sea demasiado tarde”. 3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3.1 COMPETENCIA Esta Corte es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela. 3.2 PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de amparo solicitado por la señora Margarita Rojas de Moreno contra sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas. Con tal propósito, deberá resolverse si la omisión de las demandadas en cumplir con la cuota alimentaria pactada a favor de su progenitora, vulnera sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, teniendo en cuenta que dicha cuota es el único sustento para su supervivencia. Para analizar y resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reiterará los precedentes constitucionales agrupándolos de la siguiente forma: primero, presupuestos procesales de la acción de tutela contra particulares; segundo, la pensión de alimento o cuota alimentaria en personas adultos mayores; tercero, la conciliación extrajudicial como medio eficaz para ordenar la cuota alimentaria de un adulto mayor; cuarto, la afectación al mínimo vital cuando se omite el pago de la cuota alimentaria en personas adultos mayores; quinto, la protección constitucional a las personas adultos mayores; y, sexto, se analizará el caso concreto. 3.3 PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES 3.3.1 La acción de tutela es el mecanismo previsto por la Constitución Política para la protección de los derechos fundamentales de las personas, finalidad que es consecuente con la noción de Estado Social de Derecho que acoge la Carta Fundamental. En este sentido, los asociados pueden utilizar dicho mecanismo cuando vean amenazados sus derechos o se encuentren bajo la consumación inminente de un perjuicio irremediable. Así, puede interponerse frente a la acción u omisión de cualquier autoridad pública que vulnere los derechos fundamentales o frente a particulares. En cuanto a estos últimos, la Corte precisó que la acción de tutela es procedente cuando se cumplen los siguientes presupuestos: “a) Que el particular esté encargado de la prestación de un servicio público. b) Que la actuación u omisión del particular afecte grave y directamente un interés colectivo. c) Que el accionante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular. En desarrollo de la norma constitucional señalada, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 amplifica las referidas hipótesis, indicando que la acción de tutela procederá contra particulares: i) cuando presten servicios públicos (numerales 1, 2 y 3), ii) cuando exista subordinación o indefensión frente al particular accionado (numerales 4 y 9), iii) cuando se vulnere el habeas data y se solicite rectificación de información (numerales 6 y 7), iv) cuando el particular esté vulnerando el artículo 17 de la Constitución (numeral 5) y, v) cuando el particular ejerza función pública (numeral 8).”[2] (Subrayado fuera del texto). El artículo 42 del decreto 2591 de 1991 desarrolla en forma precisa los postulados que deben atenderse al momento de solicitar la tutela de los derechos frente a particulares. La norma establece que el amparo es procedente cuando aquellos prestan un servicio público, cuando su conducta afecta grave y directamente el interés público, cuando el solicitante se encuentre en estado de subordinación y finalmente cuando se presente la indefensión respecto del accionado. 3.3.2 Como quiera que en el caso que se analiza se refiere a personas particulares, la Sala entrará a estudiar a la luz del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, las condiciones que la jurisprudencia ha señalado como necesarias para que la acción de tutela proceda. 3.3.3 Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 superior constituye una garantía mediante la cual se pretende asegurar la existencia de un instrumento judicial idóneo, encaminado a garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en aquellos eventos en los que se encuentren en riesgo por cuenta de la actuación de una autoridad pública o, en determinados supuestos, con ocasión de la conducta de un particular. Como se indicó previamente, que el artículo 42, del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, prevé la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando, primero, éste se encargue de la prestación de un servicio público, en cuyo caso ha reiterado la Corte, el ámbito de la igualdad entre los particulares se suspende o quebranta; segundo, cuando la vulneración del derecho se deriva de una acción u omisión que vaya en detrimento de las personas que tienen relación con él; y tercero, que el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente a ese particular. 3.3.4 En efecto, cuando se trata de particulares que no prestan un servicio público, la norma exige que el accionante se encuentre, frente a éste, en una situación de subordinación o indefensión.[3] 3.3.4.1 Respecto al concepto de subordinación esta Corporación ha manifestado que “debe entenderse como la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o la hace dependiente de ella y, en esa medida, hace alusión principalmente a una situación derivada de una relación jurídica”[4], como por ejemplo, “en virtud de un contrato de trabajo o de las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo o la de los padres e hijos derivada de la patria potestad.”[5] La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia SU-342 de 1995,[6] estableció que para efectos de decidir sobre la procedibilidad de la acción de tutela en los casos en que se debe resolver controversias dentro del marco de una relación laboral, es menester tener en cuenta el alcance de la supuesta infracción que pretende ser conjurada, y de esa forma determinar, si existe una vulneración de los derechos fundamentales o sí se trata de obligaciones de carácter legal, caso en los cuales, le compete a la jurisdicción ordinaria decidir sobre estos litigios. No obstante, esta Corporación en la sentencia citada dispone que si lo que se busca con la iniciación del proceso judicial es obtener el amparo de un derecho fundamental que ha sido infringido dentro de la relación laboral, el asunto puede ser decidido por el juez de tutela debido a la impostergable urgencia de garantizar la adecuada protección de estas garantías. En estos eventos, este Tribunal ha reiterado la procedencia de la acción de tutela en los procesos de carácter laboral cuando los medios de defensa ordinarios no se ofrecen como alternativa real de protección de los derechos constitucionales de los trabajadores. 3.3.4.2 En lo que tiene que ver con la situación de indefensión como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra particulares, la jurisprudencia constitucional ha estimado que se encuentran en esa causal “quien resulta incapacitado para satisfacer una necesidad básica en virtud de decisiones que han sido adoptadas por un particular, en ejercicio de un derecho del cual es titular, pero de manera irrazonable, irracional o desproporcionada".[7] Por lo anterior, la situación de indefensión en la que se encuentra una persona, “debe evaluarse en concreto, según las circunstancias particulares y en atención a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por el ejercicio de posiciones de fuerza o de poder que ostentan algunas personas o grupos sociales."[8] Por último, la jurisprudencia de esta Corporación ha concluido que el concepto de indefensión “no es un predicado abstracto del cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que ofrecen los hechos. Es por el contrario una situación relacional, intersubjetiva en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresión injusta”.[9] 3.3.5 Con fundamento en las reglas expuestas, la procedencia de la acción de tutela contra particulares es procedente siempre y cuando la demandante se encuentre en una situación de indefensión con respecto a la parte accionada, y que requiere de una protección urgente de sus derechos fundamentales. 3.4 LA PENSIÓN DE ALIMENTO O CUOTA ALIMENTARIA EN PERSONAS ADULTOS MAYORES 3.4.1 La Corte Constitucional en sentencia T-203 de 2013[10], manifestó que “La doctrina jurídica ha denominado como pensión o cuota alimentaria a la prestación económica que debe una persona a otra, con el fin de que satisfaga sus necesidades básicas. Tal obligación de manutención y asistencia[11] puede ser impuesta por la ley, por una convención o por un testamento. Para su exigibilidad deben configurarse tres requisitos esenciales: (i) la necesidad del alimentario, (ii) la capacidad económica de alimentante y (ii) un título que sirva de fuente a la relación[12].” 3.4.2 De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que esta obligación encuentra su fundamento en la Constitución Política, teniendo en cuenta que el Estado debe protección especial a la familia como institución básica de la sociedad. En efecto, en sentencia C-657 de 1997[13], la Corte se pronunció sobre el tema así: “La obligación alimentaria, contemplada de tiempo atrás en el Código Civil, encuentra hoy fundamentos mucho más firmes en el propio texto de la Constitución Política, particularmente en cuanto respecta a los niños (art. 44 C.P.), a las personas de la tercera edad (art. 46 C.P.), a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.) y al cónyuge o compañero permanente (art. 42 C.P.), y es evidente que el legislador no sólo goza de facultades sino que tiene la responsabilidad de establecer las normas encaminadas a procurar el cumplimiento de los deberes a cargo del alimentante, las acciones y procedimientos para que los afectados actúen contra él y las sanciones aplicables, que pueden ser, como resulta del ordenamiento jurídico vigente, de carácter civil y de orden penal.” En igual sentido, en sentencia T-184 de 1999[14], señaló: “El reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.).”[15] En sentencia reciente, manifestó: “la obligación alimentaria tiene fundamento en la propia Carta Política, pues se vincula con la protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica de la sociedad y con la efectividad y vigencia de las garantías por ella reconocidas, en el entendido de que el cumplimiento de dicha acreencia civil aparece necesario para asegurar la vigencia del derecho fundamentales al mínimo vital de los niños, de las personas de la tercera edad o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (Arts. 2º, 5°, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)[16]”[17] . 3.4.3 En este orden de ideas, para el estudio de esta figura es preciso remitirse a la normatividad relacionada con el derecho de alimentos, cuya reglamentación se encuentra en los artículos 411 a 427 del Título XXI, del Libro I del Código Civil, haciendo referencia a los siguientes aspectos: quiénes son sus titulares, sus características, su preferencia, sus clases, su alcance y su duración. Así mismo, en los artículos 435 a 440 Código de Procedimiento Civil, con algunas concordancias dispuestas en apartes no derogados del Código del Menor, como en varias disposiciones de la Ley 75 de 1968 y del Código de la Infancia y la Adolescencia.[18] 3.4.4 Ahora bien, la noción del derecho de alimentos implica la facultad que tiene una persona de exigir la asistencia necesaria para su subsistencia a quien esté legalmente en la obligación de suministrarla, cuando no se encuentre en las condiciones para procurársela por sí mismo[19]. Por lo general, este derecho se deriva directamente de la ley, y en algunos casos, tiene su origen en un acto jurídico. Cuando proviene de la ley, la obligación alimentaria recae sobre la persona que debe sacrificar parte de su patrimonio con el fin de garantizar la supervivencia del alimentario. Esta prestación se impone por ley[20] a los padres, a los hijos, y al cónyuge en ciertos casos. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 411 del Código Civil[21], son los siguientes: “ARTICULO 411. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTO). <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Se deben alimentos: 1o) Al cónyuge 2o) A los descendientes. 3o) A los ascendientes. 4o) <Numeral modificado por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el siguiente:> A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa. 5o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. 6o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A los Ascendientes Naturales.7o) A los hijos adoptivos. 8o) A los padres adoptantes. 9o) A los hermanos legítimos.” (Subrayado nuestro). De acuerdo con el artículo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que “la pensión alimentaria es un derecho subjetivo personalísimo para el acreedor, haciendo parte de la categoría de los de crédito o personales, en el entendido de que sitúa frente a frente un sujeto activo y un sujeto pasivo, en torno a una obligación.”[22] 3.4.5 Sin embargo, la Corte Constitucional[23] ha señalado que esta cuota de manutención y asistencia para la exigibilidad deben configurarse unos requisitos esenciales, a saber: (i) que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda; (ii) que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos. Sobre estos aspectos, en la sentencia C-237 de 1997[24] dispuso: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.” Al referirse sobre el tema, la Corte en la sentencia C-919 de 2001[25], señaló: “De este modo, la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que ‘dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria…” Posteriormente, en la Sentencia C-1033 de 2002[26], estableció que: “a. La obligación alimentaria no es una que difiera de las demás de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. d. La obligación de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil); el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 Código de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestación alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el obligado elude su responsabilidad.” En sentencias recientes, este Tribunal reiteró su posición respecto del derecho de alimentos. Es el caso de la sentencia C-029 de 2009[27] donde se pronunció de la siguiente manera: “El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones fundamentales: i) la necesidad del beneficiario; ii) la capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial deber de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas”. 3.4.6 Visto lo anterior, se concluye que la pensión alimentaria es un derecho subjetivo personalísimo para las partes, donde una de ellas tiene la facultad de exigir asistencia para su subsistencia cuando no se encuentra en condiciones para procurársela por sí misma, a quien esté obligado por ley a suministrarlo, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: (i) que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda; (ii) que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos. 3.4.7 De esa forma, con fundamento en los principios de proporcionalidad y solidaridad el derecho de alimentos consulta tanto la capacidad económica del alimentante como la necesidad concreta del alimentario[28], y se impone principalmente a los miembros de la familia. 3.5 LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO MEDIO EFICAZ PARA ORDENAR LA CUOTA ALIMENTARIA DE UN ADULTO MAYOR 3.5.1 Teniendo en cuenta lo visto, las obligaciones alimentarias se predican no solo de padres a favor de hijos menores o mayores impedidos para trabajar por motivos de estudio o que sean incapaces física o mentalmente, sino también de los hijos con capacidad económica a favor de sus padres que no se encuentren en condiciones para sostenerse económicamente por sus propios medios, sobre todo cuando éstos son adultos mayores y sus expectativas de trabajo son casi nulas. 3.5.2 Cuando se trata de los adultos mayores y esta obligación no se cumple, la ley los faculta para exigir de sus descendientes -en primer orden a sus hijos-, el suministro periódico de una cuota alimentaria para su sostenimiento básico que satisfaga su mínimo vital, para lo cual, pueden acudir a los estrados judiciales o a un centro de conciliación, para obtener la satisfacción de sus peticiones. En el primer evento, será el juez el que establezca, luego de analizar las circunstancias del caso, la cuota que deberá suministrarse al demandante. En el segundo evento, serán las partes -el padre y sus hijos- quienes pactarán un acuerdo conciliatorio a cerca de la cuota alimentaria a favor del necesitado. En este acto conciliatorio, se valorará la necesidad del beneficiario por un lado, y la capacidad de cumplimento del obligado por el otro, documento que prestará mérito ejecutivo en caso de incumplimiento. 3.5.3 En efecto, el artículo 31 de la Ley 640 de 2001[29] contempla la figura de la conciliación extrajudicial para llegar acuerdos sobre temas de familia, dentro de los cuales se ubican las obligaciones alimentarias. El citado artículo, dice: “ARTICULO 31. Conciliación extrajudicial en materia de familia. La conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Estos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991.” La Corte Constitucional en la sentencia T-1139 de 2005[30] analizó el caso de una mujer que le solicitó al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones- autorizar el descuento por nómina de pensionados del 30% de ingreso total de su esposo, destinada al pago de una cuota de alimentos acordada mediante conciliación extrajudicial a su favor. La demandada sostuvo que no se podía atender la petición, pues sólo podían realizarse descuentos ordenados por autoridad judicial. En esa ocasión, la Corte estimó que la demandada desconoció la eficacia de la figura de la conciliación contemplada en la Ley 640 de 2001, para llegar a acuerdos sobre temas de familia, dentro de los cuales se ubican las obligaciones alimentarias. En ella manifestó: “Por otro lado, la Sala observó y analizó lo referente a la conciliación celebrada por mutuo acuerdo, la cual se realizó siguiendo cada uno de los parámetros legales, motivo por el cual, se cae de su peso que su esposo en desarrollo de su propia voluntad le conceda el 30% de su pensión, para que ella sufrague sus gastos mínimos, y el Seguro Social, la prive de gozar dicho porcentaje, argumentando un procedimiento sistemático, pasando por encima del derecho sustancial y poniendo como prioridad un procedimiento interno de la entidad, vulnerando y pasando por encima de las normas que regulan la materia y la propia Constitución.” 3.5.4 Así las cosas, como se indicó, la conciliación extrajudicial en asuntos de familia resulta eficaz para pactar cuotas relacionadas con los alimentos del tutelante necesitado, atendiendo los intereses y necesidades de las partes involucradas, cuyos acuerdos serán exigibles ante las autoridades judiciales. 3.6 AFECTACIÓN AL MÍNIMO VITAL CUANDO SE OMITE EL PAGO DE LA CUOTA ALIMENTARIA EN PERSONAS ADULTOS MAYORES 3.6.1 La Constitución de 1991 introdujo normas que disponen un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad[31]. En ese contexto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como sujetos de especial protección constitucional a los niños, los ancianos, los desplazados, las personas en condición de discapacidad, las mujeres embarazadas, los grupos étnicos minoritarios, entre otros. Por lo tanto, el juez constitucional debe verificar si quien interpone la acción de amparo pertenece a alguno de dichos grupos, y racionalizar la aplicación de las normas sustantivas y procedimentales, con el fin de evitar que su utilización en el caso concreto genere la afectación de derechos fundamentales[32]. 3.6.2 De igual forma, esta Corte ha sostenido que la obligación alimentaria tiene fundamento en la propia Carta Política, pues se vincula con la protección que el Estado debe dispensar a la familia. Cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley les obliga, por no estar en capacidad de asegurársela por sí mismos, en virtud del principio de solidaridad. 3.6.3 En reiteradas ocasiones, esta Corporación se ha pronunciado sobre casos en los que adultos mayores no tienen una pensión o algún ingreso económico ni la posibilidad de costearlo por sí solos, señalando que “resulta importante la obligatoriedad” que deben tener los descendientes o compañeros sentimentales para que asuman el costo de las necesidades básicas de ellos. En ese sentido, la sentencia T-169 de 1998[33], hizo especial énfasis en el cuidado que se le debe prestar a la población de la tercera edad, para lo cual señaló: “El nuevo Estado Social de Derecho ha procurado, entre otras cosas, prestar una especial protección a aquellos individuos que se encuentren en situaciones de desventaja, dadas sus condiciones físicas y mentales frente a los demás (…) Al adulto mayor no sólo se le debe un inmenso respeto, sino que se debe evitar su degradación y aniquilamiento como ser humano, toda vez que no se le da la oportunidad de seguir laborando y muchos de ellos no cumplen con los requisitos para obtener una pensión imposibilitándolos a llegar una vida diga”. Y es que incluso, es tal la obligatoriedad de que los hijos sean responsables de la alimentación de sus padres cuando ellos ya son adultos mayores y no tienen posibilidad de costear sus necesidades básicas, que el artículo 233 del Código Penal[34] contempla sanciones por su incumplimiento. El citado artículo dice: “Artículo 233. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”(Negrilla fuera del texto) 3.6.4 En el caso de los adultos mayores, quienes hacen parte de los grupos vulnerables, su subsistencia está comprometida en razón a su edad y condiciones de salud, cuya capacidad laboral se encuentra agotada y cuyo único medio de supervivencia está representado en una pensión o ingresos propios, y que, al no contar con ellos, para asumir sus necesidades más elementales, afectan de manera inmediata su calidad de vida, y afectación de su mínimo vital, los coloca en una condición de indefensión, requiriendo una protección inmediata de sus derechos fundamentales. 3.6.5 De manera que, en caso de que este grupo vulnerable dependa para su supervivencia del pago de una pensión o cuota alimentaria, el no cumplimiento de esa obligación afecta de manera directa su derecho fundamental al mínimo vital, y desatiende el deber constitucional del Estado y de las familias de velar por la seguridad de aquellas personas que estén en circunstancia de debilidad manifiesta ya sea por su condición económica, física o mental. 3.7 LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 3.7.1 La jurisprudencia constitucional ha reiterado la especial protección que el Estado debe proporcionar a las personas de la tercera edad en virtud del principio de solidaridad, como sujetos de especial protección. En efecto, en la sentencia C-503 de 2014,[35] resaltó que: “… el Constituyente de 1991 erigió el principio de solidaridad como elemento esencial del Estado Social de Derecho, tal como se expresa en el artículo 1 de la Carta. En este sentido, la Corte ha definido el principio de solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”[36]. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que este principio de solidaridad se concreta en una serie de obligaciones exigidas a los distintos componentes de la sociedad, orientadas hacia la consecución de los fines esenciales de la organización política consagrados en el artículo 2 constitucional. Además, ha establecido que “este principio se traduce en la exigencia dirigida especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos. Tal es el caso de las personas que se encuentran en situación de indigencia.”[37] Así, el principio de solidaridad “impone una serie de “deberes fundamentales” al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos”[38]. Por lo tanto, este principio se manifiesta como deber del Estado Social de Derecho a través de estos “deberes fundamentales” que en ciertos escenarios se refuerzan, cuando se trata de asegurar a sujetos en condiciones desfavorables, la protección de todas las facetas de sus garantías fundamentales.[39] La Carta proyecta este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de especial protección para personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art. 43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y discapacitadas (art. 47) y los ancianos (art. 46), entre otros.[40] (…) “Estrechamente relacionado con el principio de la solidaridad se encuentra el tema de la definición y distribución equitativa de las cargas públicas en una sociedad democrática, aspecto éste a su vez ligado al tema de los deberes sociales del Estado y de los particulares. La familia, la comunidad y el Estado concurren, en muchos casos, para el cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción de las personas que no están en capacidad de valerse por sí mismas. Para ello el Estado Social de Derecho se responsabiliza de la existencia de una red social amplia, sostenible, eficiente y efectiva, con vocación de avanzar progresivamente hasta la universalidad de su cobertura que garantice a dichas personas el goce de sus derechos fundamentales, estando de cualquier forma garantizado el derecho fundamental al mínimo vital. La red social desarrolla los deberes sociales del Estado y de los particulares mediante los cuales los constituyentes definieron unos compromisos éticos. Por eso, su funcionamiento efectivo no recae solo en la familia, como sucedía con anterioridad al siglo XIX ni exclusivamente en el Estado.”[41] 3.7.2 Respecto de las obligaciones que deben asumir los agentes estatales frente a la población de la tercera edad, la citada sentencia señaló: “la Corte Constitucional ha indicado en varias oportunidades que el Estado debe propender por el cuidado de la vejez como parte del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Ello por cuanto a pesar de existir un especial deber de solidaridad en cabeza de la familia, el artículo 46 habla de una responsabilidad concurrente, y por tanto, el Estado no sólo puede sino que debe contar con una política pública de cuidado, protección e integración del adulto mayor, y adoptar las respectivas medidas para implementarlas.” 3.7.3 En esa misma sentencia, la Sala hizo un análisis de protección que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano a este grupo poblacional, destacando el siguiente marco legal[42]: 1. La Ley 29 de 1975[43] donde se aprobaron normas específicas para garantizar algunos derechos prestacionales a las personas de la tercera edad y se creó el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida. 2. El Decreto Ley 2011 de 1976[44] el cual ordenó denominar a los hogares y ancianatos como Centros de Bienestar del Anciano (CBA). 3. La Ley 48 de 1986[45] que autorizó a las asambleas departamentales, concejos intendenciales, comisariales y del Distrito Capital, para la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano. 4. El Decreto 77 de 1987[46] que establece que los Centros de Bienestar del Anciano quedan a cargo de los municipios y distritos. 5. La Ley 687 de 2001[47] se crean los Centros de Vida para la tercera edad. 6. La Ley 1251 de 2008[48] que define algunos conceptos importantes en materia de protección y garantía de derechos de personas de la tercera edad y enuncia los derechos de los ancianos y los deberes de la sociedad para con ellos. 7. La Ley 1276 de 2009[49] que modificó la Ley 687 de 2001 y definió los Centros de Protección Social para el Adulto Mayor, Centros de Día e Instituciones de atención. 8. Por último, la Ley 1315 de 2009[50] la cual, conserva las definiciones dadas por la ley 1251 de 2008, pero impone algunos requisitos formales para el funcionamiento de los centros de día y de protección social. En este contexto, la Sala destaca el contenido de la ley 1276 de 2009, que modificó la Ley 687 de 2001 y concentra la protección de los adultos mayores a través de los Centros de Vida, entendidos como “instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida”[51].[52] Sobre esta ley, la sentencia C-503 de 2014, señaló: “Esta norma establece por primera vez, con claridad la definición de Centro Vida, entendiendo por tal “al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar”.[53] Son beneficiarios de estos centros, por disposición del legislador los adultos mayores de niveles I y II de SISBÉN “o quienes según evaluación socioeconómica, realizada por el profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social.”[54] (…) Del anterior recuento normativo, se observa que tanto la legislación como la política gubernamental, se orienta a la superación de la visión asistencialista del cuidado de la ancianidad, para pasar a entender y desarrollas las obligaciones del Estado frente a las personas de la tercera edad, con el fin de promover una verdadera integración a la vida activa y comunitaria, tal y como lo consagra el artículo 46 Superior.” 3.7.4. De lo anterior se puede concluir, que el Estado debe, como parte de sus obligaciones constitucionales velar por el cuidado de la vejez, a pesar de que el deber primordial de solidaridad se encuentra en cabeza de la familia, y por ello, debe contar con una política pública de cuidado, protección e integración del adulto mayor, y adoptar las respectivas medidas para implementarlas. 4. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO En el asunto en estudio, la señora Margarita Rojas de Moreno, acude a la acción de tutela solicitando que sus hijas demandadas cumplan con el aporte de la cuota alimentaria a la que se comprometieron en la conciliación judicial legalmente realizada en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013. Como ya fue puesto de presente, el problema jurídico a solucionar consiste en determinar si el no pago de las cuotas alimentarias por parte de las hijas de la señora Margarita Rojas de Moreno, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital a la vida digna, toda vez que, como se dijo en el acápite pertinente, cuenta con 70 años de edad[55], se encuentra afiliada en el régimen subsidiado en salud a CAPRECOM del Sisben Nivel 1[56], presenta problemas de salud que le impiden trabajar y vive “arrimada” en casa de una recicladora. Para el efecto se advierte que la señora Margarita Moreno de Rojas suscribió, en dos audiencias de conciliación, una con sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas, Doris Rodríguez Rojas y Flor Ángela Plazas Rojas, el día 3 de septiembre de 2013, y la otra con Leonor Moreno Rojas, el día 26 de septiembre de 2013, ambas realizadas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, un acuerdo de cuota alimentaria para adulto mayor de cincuenta mil ($50.000) pesos, que debían pagar cada una de ellas los cinco primeros días del mes, la cual le ayudaría para sobrellevar sus necesidades básicas, según consta en el expediente a folios 5 y 6. Sin embargo, sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, no han cumplido dicho acuerdo a pesar del conocimiento de la situación precaria y sin medios que tiene su madre para sostenerse. En su escrito, la actora afirma que no acude a un proceso ordinario judicial para hacer valer sus derechos, porque en primer lugar, no cuenta con los recursos que le generaría el proceso, y en segundo lugar, resultaría muy largo respecto a su avanzada edad y la urgencia de solventar su mínimo vital. Pese a evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, el juez de instancia negó el amparo solicitado por improcedente, al considerar que existen otros medios de defensa judicial al que puede recurrir la actora, sumado al hecho de que no demostró que la falta de pago de las cuotas alimentarias le ocasionaran un perjuicio inminente e irremediable. 4.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA Previo al estudio del caso planteado, la Sala considera que debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor de los artículos 86 de la Carta y 1° del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en existencia de legitimación por activa y por pasiva; instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); e inexistencia de mecanismos judiciales idóneos y eficaces, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad), presupuestos que a continuación serán estudiados por la Sala. 4.2. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, la señora Margarita Rojas de Moreno instauró de manera personal la acción como titular de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, por lo que se cumple con este requisito de procedibilidad. 4.3. LEGITIMACIÓN POR PASIVA 4.3.1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política, en su parte final establece la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el accionante se encuentre en estado de subordinación o indefensión[57]. En efecto, la subsistencia de una persona adulto mayor está comprometida en razón a un estado de indefensión, cuya capacidad laboral se encuentra agotada y cuyo único medio de supervivencia está representado en una pensión o ingresos propios y, la imposibilidad de disponer de tales dineros para asumir sus necesidades básicas, afecta de manera inmediata su calidad de vida y su mínimo vital, y la coloca en una condición de especial vulnerabilidad, requiriendo una protección inmediata de sus derechos, lo cual no le permite aguardar una decisión fruto de un proceso ordinario. 4.3.2. En el presente caso, el ordenamiento colombiano ha establecido la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores en materia de alimentos, como así lo determina el artículo 411 del Código Civil[58] que establece como titulares del derecho de alimentos, entre otros a los ascendentes, tal como acontece en el presente caso. De esa forma y teniendo en cuenta los supuestos fácticos reseñados con anterioridad, la señora Margarita Rojas de Moreno se halla en estado de indefensión respecto de sus hijas, por cuanto no puede proveerse por sí misma el sustento que necesita para satisfacer su mínimo vital y requiere de una cuota de alimentos que las accionadas se comprometieron a entregarle cada mes mediante un acta de conciliación debidamente constituida, la cual han incumplido, al parecer, sin justificación alguna, faltando a sus obligaciones legales y morales y comprometiendo seriamente sus derechos fundamentales dadas las condiciones precarias en que se encuentra. 4.3.3 Por lo tanto, en el caso sometido a consideración de la Sala la acción de tutela resulta procedente, aún tratándose de un particular por la especial situación que rodea a la accionante, y que se analizará en los siguientes acápites. 4.4 INMEDIATEZ 4.4.1 El Artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos constitucionales que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la ley. De esta manera, el ordenamiento constitucional busca asegurar que el amparo constitucional sea utilizado para atender vulneraciones, que de manera urgente, requieren de la intervención del juez de tutela. La jurisprudencia constitucional ha entendido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, el hecho de que su interposición sea oportuna y se realice dentro de un plazo que se considere razonable[59]. De esa manera, su presentación debe realizarse en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza o la vulneración del derecho si lo que pretende es su protección. En efecto, la razonabilidad del término de presentación de la acción de tutela depende de las circunstancias especiales del caso concreto. En tal sentido, esta Corte[60] ha señalado que le corresponde al juez constitucional en cada caso sopesar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que dio origen a la acción y la presentación de la misma y, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 4.4.2 Ahora bien, el caso bajo estudio se refiere al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria a favor de la señora Margarita Rojas de Moreno, por parte de sus hijas Blanca Aurora Moreno Rojas y Leonor Moreno Rojas, quienes mediante Acta de Con...