Sentencia T-677 de 2012

T-677-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 039 del siete (7) de marzo de dos mil trece (13) se corrigió la presente sentencia, específicamente, los numerales segundo y tercero. Sentencia T-677/12 ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No es exigible de manera estricta el principio de inmediatez cuando la vulneración ha continuado en el tiempo SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Persona con discapacidad o con alguna enfermedad grave, especial situación de los miembros de la Fuerza Pública PENSION DE INVALIDEZ PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Régimen jurídico aplicable REGIMEN DE PENSION DE INVALIDEZ PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Reiteración de jurisprudencia PENSION DE INVALIDEZ PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Caso en que disminución de capacidad laboral está por encima del 50% y es menor al 75% PENSION DE INVALIDEZ PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Aplicación de la ley 923 de 2004 DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EX SOLDADO-Orden al Ministerio de Defensa Nacional valorar nuevamente la capacidad laboral del accionante, si la calificación es superior al 50% reconocer y pagar pensión de invalidez Referencia: expediente T-3427839 Acción de tutela presentada por Ángel Alberto De Ávila Vergara contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Adriana María Guillén Arango (e), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la sentencia proferida, en única instancia, por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 22 de febrero de 2012, dentro del trámite de la referencia.[1] I. ANTECEDENTES El señor Ángel Alberto De Ávila Vergara, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. El perjuicio consiste en la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida digna y al debido proceso, ante la negativa de la entidad accionada de reconocerle la pensión de invalidez, a la que considera tiene derecho por haber perdido su capacidad laboral en un cincuenta y dos por ciento (52%) en un accidente ocurrido por causa y razón del servicio. A continuación se exponen los fundamentos de la demanda: 1. Hechos 1.1 Ángel Alberto de Ávila Vergara ingresó como soldado regular al Batallón de Infantería Cartagena el 16 de junio de 1994, y fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente mediante la OAP 001118 del 30 de junio de 1995. Esta decisión se adoptó con fundamento en el Acta de Junta Médica Laboral Militar No. 1119 del 25 de mayo de 1995, en la que fue diagnosticado con “síndrome convulsivo post traumático y foco irritativo y paroxístico a nivel fronto-temporal derecho por lo cual se instaura terapia anticonvulsionante”, y se estableció un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del cincuenta y dos por ciento (52%).[2] 1.2 El actor presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez al Ministerio de Defensa Nacional, la cual fue negada por medio de la Resolución No. 1708 del 3 de junio de 2009.[3] Contra este acto administrativo interpuso recurso de reposición en el que solicitó que su requerimiento no fuera resuelto con fundamento en el Decreto 94 de 1989 “por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica (sic), incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, sino que se hiciera dando aplicación al Decreto 917 de 1999 “por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995.”[4] 1.3 Mediante Resolución No. 377 del 17 de febrero de 2010, el Ministerio de Defensa Nacional confirmó la decisión recurrida. Fundamentó su decisión, en que no resultaba “procedente acceder a lo solicitado por la parte recurrente respecto de la aplicación del Decreto 917 de 1999, toda vez que las Fuerzas Militares de Colombia gozan de un régimen prestacional propio.” Asimismo, señaló que la norma aplicable en la solución del caso en estudio era el Decreto 94 de 1989, “dada la calidad de ex-Soldado Regular que ostentaba el señor DE AVILA VERGARA, así como la fecha de retiro del servicio.”[5] 1.4 El actor manifiesta que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad porque ninguna empresa lo contrata debido a sus problemas de salud. Por lo anterior, solicita la protección transitoria de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida digna y al debido proceso, por medio de una orden al Ministerio de Defensa Nacional para que le reconozca y pague la pensión de invalidez. 2. Respuesta de las entidades accionadas La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares presentó un informe sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en el que manifiesta que no es la entidad competente para comparecer a la acción de tutela, toda vez que su función se limita al reconocimiento de asignaciones de retiro, ajena al reconocimiento de pensiones de invalidez. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio. 3. Sentencia de única instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 22 de febrero de 2012, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, puesto que en su concepto, esta no cumplió con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial y no acreditó que con ella se buscara evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Esta decisión no fue impugnada. II. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Formulación del problema jurídico Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera una entidad encargada del reconocimiento y pago de derechos pensionales (Ministerio de Defensa Nacional) los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, de un soldado (Ángel Alberto De Ávila Vergara) que fue retirado del servicio por padecer una incapacidad permanente superior al cincuenta por ciento (50%), al negarle la pensión de invalidez, con el argumento de que las normas especiales vigentes al momento en que el actor fue retirado, no contemplaban el reconocimiento de la prestación reclamada para personas con incapacidades laborales inferiores al setenta y cinco por ciento (75%), sin tener en cuenta que el Sistema General de Pensiones sí reconoce esa prestación a las personas con incapacidades similares a las del señor De Ávila Vergara? No obstante, antes de resolverse el problema jurídico planteado, la Sala debe establecer si la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para resolver la controversia planteada, ya que la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor De Ávila Vergara se hizo aproximadamente hace diecisiete (17) años, sin que el actor hubiera interpuesto las acciones judiciales pertinentes para proteger sus derechos. Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, la Sala de Revisión hará un estudio de la jurisprudencia de esta Corporación respecto de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública que han perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) pero inferior al setenta y cinco por ciento (75%), y la aplicará en la solución del caso objeto de estudio. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. Reiteración de jurisprudencia 1. La acción de tutela procede cuando (i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo opera como mecanismo transitorio de protección, hasta que se pronuncie el juez natural de cada proceso.[6] 2. En materia pensional, en tanto existen otros medios de defensa en la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa, según el caso, la Corte ha precisado que la tutela procede excepcionalmente si se demuestra que, dado un supuesto de hecho, esas acciones carecen de idoneidad o eficacia, o si se pretende evitar un perjuicio irremediable (inminente, grave y que necesite medidas urgentes para enervarlo);[7] aspectos que corresponde evaluar al juez en cada asunto. 3. Dentro de los elementos de análisis utilizados por la Corte para evaluar la eficacia de los medios de defensa judicial en el escenario de las pensiones, se encuentra la edad de los actores, su nivel de vulnerabilidad social o económica, y su condición de salud actual, sin que esta lista pueda considerarse taxativa.[8] Concretamente, si de esos elementos es posible inferir que la carga procesal de acudir al medio ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la condición de la persona que invoca el amparo, bien sea por el riesgo de que el ciclo vital del afectado se extinga antes de que termine el proceso judicial, o porque la extensión del trámite lleve a la persona a una situación incompatible con la dignidad humana, la tutela es procedente. 4. Y para este caso la Sala estima que confluyen dos aspectos que, ciertamente, le permiten concluir que los medios de defensa ordinarios son ineficaces, por lo que la tutela procede como mecanismo definitivo de protección en el evento de encontrarse una vulneración a los derechos fundamentales. Así, no sólo se observa que el accionante hace parte de un grupo de especial protección constitucional por las disminuciones físicas que padece,[9] que inclusive lo llevaron a ser calificado con un cincuenta y dos por ciento (52%) de pérdida de capacidad laboral, sino que la ausencia del beneficio pensional pone en riesgo su derecho a una vida en condiciones dignas. De esta forma, tomando como marco de análisis el contexto que afronta el actor, resulta desproporcionado exigirle acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para tramitar sus pretensiones, por lo que está justificada la intervención definitiva del juez constitucional para resolver la controversia planteada. Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto 5. Ahora bien, el señor Ángel Alberto de Ávila Vergara pretende el reconocimiento de una prestación social que desde hace diecisiete (17) años pudo haber reclamado, sin que al respecto desplegara actividad alguna. Sobre el asunto, la Sala considera que la intervención del juez constitucional es procedente como instrumento de protección “inmediata” de derechos fundamentales, por las razones que a continuación se exponen. 6. Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no tiene un término de caducidad,[10] y tampoco puede exigírsele a los interesados presentar previamente algún recurso administrativo como prerrequisito para interponer el amparo,[11] sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que debe transcurrir un término razonable desde el momento que la persona tuvo la oportunidad de buscar la protección de sus derechos fundamentales hasta la presentación de la tutela. Esto, con la finalidad de resaltar al amparo constitucional como mecanismo de defensa judicial urgente, en donde la ingerencia del juez de tutela es imperiosa para evitar la vulneración actual de derechos fundamentales. 7. Con todo, para evaluar la razonabilidad del lapso mencionado, la Corte ha sostenido que el juez debe tomar en cuenta aspectos como la vulnerabilidad del peticionario, su aislamiento geográfico o social; si existen razones objetivas que justifiquen la tardanza en la interposición de la demanda; la diligencia demostrada por el interesado o la interesada en la protección de sus derechos; la existencia de derechos de terceros involucrados en el conflicto;[12] la lesión que puede acarrear en la seguridad jurídica la modificación de las relaciones o posiciones objeto de controversia; la existencia de cambios normativos de relevancia constitucional que puedan incidir en la definición del asunto;[13] la persistencia de la amenaza o vulneración del derecho; y los parámetros que dictan los precedentes dictados en asuntos similares.[14] Igualmente, la Corporación ha sido explícita en señalar que existen justificaciones y circunstancias particulares que permiten flexibilizar el juicio de inmediatez, como ocurre cuando se está en presencia de sujetos de especial protección constitucional. 8. En el caso objeto de revisión la Sala advierte que el juicio de inmediatez debe hacerse a partir del treinta (30) de diciembre de dos mil cuatro (2004), fecha en la cual entró en vigencia la Ley 923 de ese mismo año.[15] Ello por cuanto el artículo 3.5 de dicha Ley, que estableció un mínimo del 50% de pérdida de la capacidad laboral para acceder a la pensión de invalidez.[16] Sólo con fundamento en el nuevo precepto, podía el peticionario reclamar del Ministerio de Defensa Nacional la aplicación de una norma que, dadas sus circunstancias, le era más favorable, ya que antes no existía alguna otra que dispusiera condiciones menos onerosas a los miembros del Ejército para acceder a la pensión de invalidez.[17] 9. Desde ese momento hasta la presentación de la acción transcurrieron aproximadamente siete (7) años. Y a juicio de la Sala, ese lapso constituye un término amplio que en el común de los casos derivaría en la improcedencia del amparo. Corresponde al juez de tutela, sin embargo, analizar si en las circunstancias del caso concreto esa tardanza se encuentra justificada desde una perspectiva constitucional. 10. En el asunto objeto de estudio, se observa que el accionante es un sujeto de especial protección constitucional en cuanto tiene una calificación de la pérdida de su capacidad laboral del cincuenta y dos por ciento (52%), situación que le ha impedido acceder a una fuente de ingresos para vivir en unas condiciones mínimas de dignidad. [18] Puede apreciarse además que el actor, desde el momento que perdió su capacidad laboral (1994), ha sido una persona con una disminución física; por lo que el juez constitucional, en aras de ofrecerle un tratamiento especial de carácter favorable, debe analizar su capacidad para reclamar prestaciones sociales ante la justicia y la administración desde un contexto de pérdida paulatina de su fuerza física que se agrava con el tiempo. De esta forma, existen condiciones personales de vulnerabilidad y sujeción que contribuyen a hacer más laxo el examen de inmediatez. 11. Debe tenerse en cuenta que el accionante solicita la pensión de invalidez, y que ésta es una prestación periódica destinada a sufragar el riesgo de pérdida de capacidad laboral sobre quiénes tienen una disminución física relevante. Por lo tanto, de comprobarse que la negativa del Ministerio de Defensa Nacional comporta la violación de sus derechos fundamentales, debe concluirse que la situación que pone en conocimiento es actual. Igualmente, el carácter imprescriptible de este derecho contribuye a reforzar la conclusión recién presentada,[19] ya que el análisis de inmediatez debe atender también las consecuencias de cerrar definitivamente la jurisdicción constitucional a personas en condiciones particularmente vulnerables, que en la actualidad pueden ser titulares del derecho prestacional. En el caso concreto, la presunta amenaza al mínimo vital del peticionario permanece en el tiempo, debido al estado de debilidad que rodea sus condiciones actuales de vida. 12. Asimismo, no se evidencia la afectación directa de derechos de terceros. Aunque podría afirmarse que esta discusión puede llegar a afectar al régimen pensional especial de los miembros de las Fuerzas Militares, ese aspecto atañe al fondo de la decisión pues se refiere a la determinación de un eventual equilibrio constitucional entre los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social en pensiones. Por eso, siendo el análisis de inmediatez de carácter formal, lo que debe evaluarse es si existe otra persona con interés directo en este trámite que podría verse afectada por la decisión que adopte el juez constitucional. Ello no ocurre en esta oportunidad, pues nadie más persigue el derecho reclamado por el actor. 13. Finalmente, es de aclarar que en casos similares la Corte Constitucional ha aceptado que un lapso superior a siete (7) años es razonable para solicitar el reconocimiento a la pensión de invalidez. Por ejemplo en la sentencia T-035 de 2012,[20] la Sala Séptima de Revisión, al analizar un asunto relacionado con una acción de tutela presentada por un ex – miembro de la Fuerza Pública en el que solicitaba la pensión de invalidez por hechos ocurridos en mil novecientos noventa y siete (1997), se decidió conocer del amparo argumentándose que, “(…) si bien es cierto han transcurrido 9 años desde que se estructuró la lesión, lo cierto es que la vulneración se encuentra vigente por la misma calidad de la enfermedad, cuyo tratamiento es permanente, así mismo, sigue sin capacidad económica para subsistir junto con su núcleo familiar. Además, debe recordarse que el derecho a la pensión no prescribe, de modo que se puede solicitar en cualquier tiempo.”.[21] 14. Ese conjunto de elementos de juicio permiten a la Sala afirmar que en este caso existen motivos para considerar justificada la tardanza en la interposición de la tutela, razón por la cual abordará el estudio de fondo. Estudio de la jurisprudencia de esta Corporación respecto de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública que han perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) pero inferior al setenta y cinco por ciento (75%) 15. En el caso objeto de estudio, un soldado regular que fue calificado en 1995 con un porcentaje de pérdida de su capacidad laboral del cincuenta y dos por ciento (52%), como consecuencia de un accidente sufrido por causa y razón del servicio, solicita que se le reconozca la pensión de invalidez con fundamento en lo establecido en la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.” 16. Al respecto, debe señalarse que los miembros de la fuerza pública en Colombia están amparados por un régimen prestacional especial diferente al establecido en el sistema de seguridad social integral.[22] Este tratamiento especial está soportado en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia, normas en las que se señala que este régimen deberá ser determinado por la ley.[23] 17. En el mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que este tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública encuentra su justificación en "las especiales funciones que le han sido asignadas y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la garantía de una convivencia pacífica y justa.”[24] 18. Ahora bien, el régimen especial de los miembros de la fuerza pública ha sufrido modificaciones desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. Por lo tanto, debe señalarse que en 1994, momento en el que el señor De Ávila Vergara sufrió el accidente que le causó su pérdida de capacidad laboral, el régimen prestacional de los soldados regulares estaba desarrollado en el Decreto 094 de 1989, “[p]or el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalidez e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.” 19. En el artículo 90 de este Decreto, se establecía que cuando un soldado perdiera su capacidad psicofísica durante el servicio en un porcentaje igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), tendría derecho a una pensión mensual de invalidez, liquidada con base en los porcentajes allí establecidos.[25] 20. Actualmente, la pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública se encuentra desarrollada en el artículo 3°, numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004 “[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.” En esta Ley se autorizó al Gobierno Nacional para que fijara el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, con fundamento en los parámetros allí establecidos. Respecto de la pensión de invalidez, se señaló que no se podría establecer como requisito una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%).[26] 21. En desarrollo de la facultad otorgada por el Legislador, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 4433 de 2004, “[p]or medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.” En los artículos 30 y 32 de este Decreto, se reglamentó la pensión de invalidez de dos (2) formas, dependiendo de la causa que origina la pérdida de la capacidad laboral. Por una parte, estableció que para eventos ocurridos en el servicio activo, el miembro de la fuerza pública debe acreditar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%).[27] Por otra parte, estableció que cuando la pérdida de la capacidad laboral haya ocurrido en combate, por actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, el miembro de la fuerza pública tendrá derecho a la pensión de invalidez siempre que acredite una pérdida de capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).[28] 22. Ahora bien, teniendo en cuenta que en la acción de tutela se solicita la definición de la pensión de invalidez del actor con base en los requisitos establecidos en el sistema general de pensiones, es necesario señalar que según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que haya perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral,[29] condición que deberá acreditar como requisito para acceder a la pensión de invalidez.[30] 23. Una vez analizado el marco normativo que regula la pensión de invalidez tanto en el régimen especial de los miembros de la fuerza pública como en el sistema general de pensiones, se encuentra que la pretensión del señor De Ávila Vergara fue definida con base en el artículo 90 del Decreto 094 de 1989, norma vigente para el momento en que se estructuró su discapacidad en la que se exige una pérdida de la capacidad psicofísica del soldado igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%). Sin embargo, el actor considera que tiene derecho a obtener la pensión de invalidez porque fue calificado con una pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%), condición que en el sistema general de pensiones lo ubicaría en la categoría de persona inválida que puede acceder a una pensión previo cumplimiento de los demás requisitos legales. Esta posición plantea una controversia sobre el derecho a la igualdad de los miembros de la fuerza pública que aspiran a obtener la pensión de invalidez, porque los requisitos para acceder a esa prestación serían más gravosos en el régimen prestacional especial que los ampara en comparación con los requisitos establecidos en el sistema general de pensiones. 24. Al respecto, es pertinente indicar que existen algunas sentencias de la Sala Plena de esta Corporación que se han pronunciado sobre la aplicación de las normas del sistema general de pensiones para el reconocimiento de prestaciones de personas amparadas por regímenes especiales. 25. Por ejemplo, en la sentencia C-890 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 89, 90 y 91 del Decreto 094 de 1989,[31] normas en las que se regulaba la pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales y agentes, soldados y grumetes, y alumnos de las escuelas de formación. En concepto del demandante, estas normas vulneraban el principio de igualdad, porque establecía requisitos para acceder a la pensión de invalidez más gravosos a los contemplados en el sistema general de pensiones. Por lo tanto, el demandante pretendía que se declarara la inexequibilidad de las normas demandadas a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993. 26. En esa oportunidad, la Corporación señaló que la diferencia de trato entre regímenes no implica per se, una vulneración al principio de igualdad material, porque i) con esas normas se pretende proteger derechos adquiridos y también garantizar unas condiciones más favorables para los trabajadores a quienes se les aplica dicho régimen, ii) en principio, no es posible hacer un juicio de igualdad sobre la regulación que se hace de una prestación en dos regímenes diferentes, “ya que la desventaja que se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo régimen”, y iii) no es equitativo que una persona adscrita a un régimen especial, se beneficie de prestaciones puntuales del régimen general. 27. No obstante, dijo que excepcionalmente, cuando se demuestra que el tratamiento previsto en el régimen especial genera un trato desfavorable para sus destinatarios que no está justificado razonablemente, “se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior.” En desarrollo de lo anterior, encontró como requisitos necesarios para hacer un juicio de igualdad respecto de prestaciones específicas de dos regímenes, “1) que la prestación objeto de análisis sea autónoma y separable del conjunto de beneficios contenidos al interior del ordenamiento especial, 2) que éste le otorgue un beneficio inferior al reconocido por el régimen común, y 3) que no esté prevista gracia o dádiva que compense el trato diferente.” 28. En el caso específico de la pensión de invalidez establecida en el régimen de la fuerza pública, la Corte concluyó que a pesar de que se trataba de una prestación separable de los demás beneficios del régimen y que el requisito del porcentaje de pérdida de capacidad laboral era más exigente que el establecido en el sistema general de pensiones, esta diferencia no constituía un trato discriminatorio, porque i) el régimen especial de la fuerza pública contempla una indemnización no prevista en el sistema general, “que compensan las diferencia porcentual a partir de la cual se reconoce la pensión de invalidez.”, ii) los estándares de liquidación superan ampliamente aquellos contenidos en el Sistema General de la Ley 100 de 1993, iii) en el sistema especial no se exige un tiempo de cotización mínimo para acceder a la prestación (mayor facilidad en el acceso), y, iv) la invalidez del régimen especial se establece a partir de las incapacidades que afectan de manera directa la prestación del servicio militar, en tanto en el régimen general se califica las incapacidades que impiden desempeñarse en cualquier área del servicio, situación que se confirma con el deber de rehabilitación de los organismos de sanidad militar del personal incapacitado, con el fin de reincorporarlo al mercado general del trabajo (arts. 38 y 41 del Decreto 094 de 1989). 29. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que los requisitos establecidos en el Decreto 094 de 1989 para obtener la pensión de invalidez no vulneraban el derecho a la igualdad de los beneficiarios de este régimen, razón por la cual declaró la exequibilidad de las normas demandadas.[32] Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la pretensión del señor De Ávila Vergara es que se resuelva su solicitud pensional con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral establecido en el sistema general de pensiones, los argumentos expuestos en la sentencia C-890 de 1999[33] serán tenidos en cuenta en la solución del caso concreto. 30. Ahora bien, la pretensión del señor De Ávila Vergara puede ser estudiada desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la modificación al régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública ocurrida en el año 2004. Bajo esta óptica, debe analizarse la pensión de invalidez del actor con base en los requisitos establecidos en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433 del mismo año, normas vigentes en la fecha de solicitud del reconocimiento pensional. Esta opción plantea un problema respecto de la aplicación de una norma para el reconocimiento de una prestación consolidada antes de la fecha de su vigencia, ya que en el artículo 6° de la Ley 923 de 2004 se estableció que las modificaciones introducidas para el reconocimiento de la pensión de invalidez originada en hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, tendrían efectos a partir del 7 de agosto de 2002.[34] 31. Sobre este punto, es necesario reseñar los argumentos expuestos por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia C-924 de 2005[35]. En este fallo se estudió una demanda en contra de la expresión “desde el 7 de agosto de 2002” contenida en el artículo 6º de la Ley 923 de 2004.[36] En concepto del demandante, haber extendido los efectos retroactivos favorables de la norma sólo hasta esa fecha, vulneraba el principio de igualdad de los miembros de la Fuerza Pública que con anterioridad habían perdido su capacidad laboral en un porcentaje entre el 50% y el 75%, ya que a diferencia de los soldados que adquirieron lesiones luego del 7 de agosto de 2002, a ellos no se les reconocía la pensión de invalidez, pese a tener la misma calificación adquirida en las mismas circunstancias. 32. En el estudio de constitucionalidad, la Corte empezó por señalar que el aparte demandado se introdujo en el texto para beneficiar a algunas personas que cumplan los supuestos de hecho de la norma, cuya situación se hubiera consolidado en un momento cercano a la modificación legal. Aclaró que si no se hubiera introducido esa disposición, la reforma legal debería aplicarse sólo a partir de la fecha de su promulgación. Por lo anterior, concluyó que la expresión demandada tiene el alcance de ampliar la cobertura de la ley. 33. Luego de esa afirmación, estudió si la vigencia del régimen hacia el futuro vulneraba el derecho a la igualdad de las personas cuyas situaciones quedaron consolidadas en un momento anterior. Al respecto, encontró que no se infringía el derecho a la igualdad, porque la comparación se hace entre sujetos que se encuentran en situaciones fácticas distintas, porque el momento en que se estructura el estado de invalidez determina el régimen jurídico aplicable. 34. Respecto del argumento de la inconstitucionalidad de la fecha a partir de la cual la norma debe surtir efectos, la Corte señaló que el Legislador tiene la potestad de establecer efectos retroactivos de las normas, siempre que lo haga en forma justificada y que de su decisión no se deriven consecuencias lesivas para sus destinatarios. Para el caso de la modificación legal estudiada, manifestó que esta constituía un avance en la cobertura de una prestación social acorde con el principio de progresividad en la protección de derechos sociales. Por lo tanto, los argumentos presupuestales soportados en estudios de impacto fiscal, constituían una razón válida para determinar los beneficiarios de la prestación. Como argumento adicional, señaló que “como quiera que el régimen prestacional anterior a la vigencia de la norma demandada contemplaba mecanismos de protección para los eventos de invalidez y muerte de los miembros de la fuerza pública, que no pueden considerarse per se contrarios a la Constitución, tampoco puede señalarse que al no disponerse un efecto retroactivo ilimitado para la nueva legislación se haya incurrido en violación de los derechos fundamentales a la salud o a la familia de las personas afectadas.” 35. Ahora bien, las diferentes Salas de Revisión de esta Corporación han tenido la oportunidad de resolver problemas jurídicos similares a los planteados en esta sentencia, luego de haberse proferido la sentencia de constitucionalidad citada. Del análisis de estos fallos se pueden evidenciar dos posiciones que, en principio, pueden resultar contradictorias. 36. Por una parte, se encuentran unas sentencias que consideran que en aquellos casos en los que la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral es anterior a la fecha a partir de la cual la Ley 923 de 2004 surte sus efectos, dichas situaciones no están reguladas por esta norma. 37. Por ejemplo, en la sentencia T-841 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte resolvió la acción de tutela interpuesta por un infante de Marina que fue retirado del servicio en el año 2000 por haber sufrido un trauma craneoencefálico, por hechos ocurridos durante el enfrentamiento con tropas enemigas, de los cuales se derivó una disminución de su capacidad laboral del cincuenta y dos por ciento (52%). El actor solicitó que se resolviera su pensión de invalidez con base en la Ley 923 de 2004. Por su parte, la Armada Nacional negó la pensión porque las normas vigentes para el momento en que se generó la pérdida de la capacidad laboral del actor no establecían el reconocimiento del derecho. La Corte negó el amparo solicitado porque la modificación a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública contemplada en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433 del mismo año, se contemplaron para hechos ocurridos a partir del 7 de agosto de 2002, y teniendo en cuenta que la estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor se estructuró con anterioridad. 38. En el mismo sentido, puede citarse la sentencia T-864 de 2008 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En esta oportunidad, se estudió una acción de tutela interpuesta por un agente de policía que fue lesionado en combate en 1998, situación que le ocasionó una pérdida de su capacidad laboral del 74.53%. La sentencia parte de la base que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del actor es la que determina el régimen jurídico aplicable, teniendo en cuenta la ley vigente para ese momento. Con base en esa premisa y en la sentencia C-924 de 2005 que declara la constitucionalidad de los efectos de la Ley 923 de 2004 a partir del 7 de agosto de 2002, concluye que el actor no tenía derecho a la pensión de invalidez consagrada en el artículo 32 de la norma citada. La Corte dijo: “Queda entonces claro a los miembros de la fuerza pública que presentaron una disminución de la capacidad laboral inferior al 75% bajo la aplicación del Decreto Ley 089 de 1989 o bajo la vigencia de los Decretos 1211, 1212, 1213, o 1214 de 1990, que los mismos no tendrán derecho a la pensión de invalidez toda vez que dicho porcentaje no resulta per se inconstitucional y que las reformas legales posteriores que permiten adquirir el derecho a la pensión de invalidez con un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%), sólo opera para los eventos constitutivos de invalidez posteriores al 7 de agosto de 2002.” 39. Por otra parte, esta Corporación ha fallado casos similares con fundamento en otros argumentos. Para empezar, se puede revisar la sentencia T-431 de 2009,[37] en la cual se estudió una acción interpuesta por un funcionario civil vinculado a la Fuerza Aérea Colombiana, que durante su vida laboral sufrió distintos accidentes de trabajo y padeció distintas enfermedades laborales, por las cuales fue calificado con una pérdida de su capacidad laboral del 73.15%, y fue retirado del servicio en el año 2004 sin que el Ministerio de Defensa le reconociera una pensión de invalidez. 40. Para resolver el caso planteado, la Corte empezó por establecer que el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez del actor era el Decreto Ley 2247 de 1984 que exigía una pérdida de capacidad laboral del 75%. En este punto, reiteró que la existencia de regímenes pensionales especiales no vulneraban per se el derecho a la igualdad. No obstante, encontró que las circunstancias del caso concreto obligaban a que su estudio se realizara con fundamento en principios como los de solidaridad, equidad, igualdad y dignidad humana que fundamentan el Estado social de derecho, y de derechos como el mínimo vital y la seguridad social. Por lo anterior, concluyó que la aplicación del régimen especial en el caso concreto llevaba a una conclusión claramente desproporcionada e inequitativa, porque implicaba dejar a una persona con un porcentaje alto de pérdida de capacidad laboral (73.15%) en un estado de desprotección, ya que éste quedaría sin una forma de procurarse los bienes esenciales para vivir de manera digna. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que reconociera la pensión de invalidez al actor, “concediendo, para todos los efectos legales, las consecuencias que se derivan para los casos de discapacidad laboral equivalente al 75%.”[38] 41. En un sentido similar pero con argumentos distintos, la Corte profirió la sentencia T-038 de 2011.[39] En esta oportunidad se estudió el caso de un soldado regular del Ejército Nacional, quien recibió un impacto de bala en su cabeza durante un combate con las FARC en 1997, y como consecuencia de lo anterior, fue calificado por la Junta Médico Laboral Militar con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 73.06%. El actor adelantó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo que le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez. En este proceso se decretó la práctica de un dictamen de pérdida de capacidad laboral del actor por parte de la Junta Regional de Calificación del Meta, el cual arrojó un porcentaje de invalidez del 56.75%. La jurisdicción contencioso administrativa negó las pretensiones del actor, porque en los dictámenes que obraban en el expediente, no se evidenciaba una pérdida de capacidad laboral superior al 75%, requisito establecido en el régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública para el reconocimiento de la pensión de invalidez. En 2006, luego de la ejecutoria de los fallos de instancia, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta remitió al juez de segunda instancia una corrección de su dictamen, indicando que el actor perdió el 100% de su capacidad laboral. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó nuevamente en 2008 la pensión de invalidez. Esta petición fue negada en sede administrativa en 2009, argumentando que su pérdida de capacidad laboral no superaba el 75%. Posteriormente, solicitó una nueva valoración por parte de la Junta Médico Laboral Militar, la cual también fue negada bajo el argumento que no se cumplía con los requisitos para convocar a una junta médico laboral y que las decisiones del Tribunal Médico Laboral Militar eran irrevocables. 42. La Corte empezó por señalar que el actor tenía derecho a la práctica de una nueva valoración médica de su discapacidad, por tratarse de un medio necesario para garantizar sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso concreto no existía claridad sobre el porcentaje real de disminución de la capacidad laboral del actor porque existían dos dictámenes que establecían porcentajes distintos, se ordenó que se practicara una nueva valoración al actor. Finalmente, consideró que existía duda respecto del régimen jurídico aplicable al reconocimiento de la pensión de invalidez del actor, teniendo en cuenta el cambio legislativo ocurrido a partir de 2004, razón por la cual, y en aplicación del principio de favorabilidad, una vez practicado el nuevo dictamen, el Ministerio de Defensa Nacional debería resolver la solicitud pensional con base en lo establecido en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año.[40] 43. Otra posición a partir de la cual se han resuelto casos similares, se evidencia en la sentencia T-035 de 2012[41]. En este fallo se estudiaron dos (2) acciones acumuladas, presentadas por sendos auxiliares de la Policía Nacional que sufrieron lesiones en combate o por actos meritorios del servicio, las cuales les generaron pérdida de sus capacidades laborales mayores del 50% pero inferiores al 75%. A pesar de ello, los actores fueron retirados del servicio sin reconocerles una pensión de invalidez. En uno de los casos, la estructuración de la pérdida de capacidad laboral fue establecida en una fecha anterior al 7 de agosto de 2002, sin embargo, en el proceso de tutela se aportó un dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por una Junta Regional de Calificación de Invalidez que valoró al actor con un cien por ciento (100%) de pérdida de capacidad laboral. Con fundamento en este hecho, la Corte resolvió tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social del actor, y ordenó que se inaplicaran las normas vigentes al momento de los hechos, que exigían una pérdida de capacidad laboral de al menos el 75% y, a pesar de que las lesiones habían sido adquiridas antes del siete (7) de agosto de dos mil dos (2002), se resolvió reconocerles la pensión de invalidez en aplicación directa de la Constitución. 44. Luego de presentado este recuento jurisprudencial, podría decirse que existe una tensión dentro de la Corte respecto la posibilidad de aplicar la Ley 923 de 2004 a situaciones de hecho consolidadas antes del siete (7) de agosto de dos mil dos (2002). Sin embargo la Sala observa que en algunos puntos dicha tensión es aparente, y que, por lo tanto, no puede comprenderse de manera absoluta que existe una dicotomía dentro del precedente constitucional para resolver la controversia. 45. En efecto, en la sentencia C-924 de 2005[42] la Sala Plena de esta Corporación encontró que el establecimiento de unas condiciones más favorable para acceder a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública a quienes se les estructuró su pérdida de capacidad laboral luego del 7 de agosto de 2002, por hechos ocurridos en combate o actos meritorios del servicio,[43] no vulneraba el derecho a la igualdad de los miembros de la Fuerza Pública que en las mismas condiciones, pero a quienes se les estructuró su pérdida de capacidad laboral en un momento anterior al 7 de agosto de 2002. Por esta razón, en la parte resolutiva de esa sentencia, declaró “la EXEQUIBILIDAD, por el cargo estudiado, de la expresión ‘… desde el 7 de agosto del 2.002 …’, contenida en el artículo 6º de la Ley 923 de 2004.”[44] 46. Por lo tanto, debe concluirse que las sentencias de tutela T-841 de 2006[45] y T-864 de 2009,[46] al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez a miembros de la Fuerza Pública que perdieron su capacidad laboral por hechos ocurridos antes de la vigencia del 7 de agosto de 2002, se expidieron con fundamento en la sentencia C-924 de 2005. Sin embargo, esto no quiere decir que las sentencias de tutela citadas que reconocieron el pago de la pensión de invalidez a miembros de la Fuerza Pública, a quienes se les estructuró su pérdida de capacidad laboral antes de que la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año surtieran efectos, sean contrarias al precedente de la Sala Plena de esta Corporación. 47. En efecto, para empezar, en la sentencia C-924 de 2005 se examinaba si Legislador vulneró los postulados superiores del derecho a la igualdad de trato al extender los beneficios de la Ley 923 de 2004 sólo hasta el siete (7) de agosto de dos mil dos (2002), y la Corte concluyó que no.[47] En cambio, en los casos de tutela se ha estudiado otro problema distinto, a saber: si la administración desconoce los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de personas que sirvieron a la nación, al negarles la pensión de invalidez en aplicación de la norma vigente al momento que se estructuró la discapacidad, a pesar de tener un porcentaje de invalidez superior al 50% y no contar con recursos suficientes para vivir dignamente. 48. La sentencia que estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° de la Ley 923 de 2004 declaró exequible la norma acusada sólo por los cargos presentados en esa oportunidad; es decir, por supuesta violación del derecho a la igualdad.[48] En contraste, en las sentencias de tutela se han protegido sobre todo los derechos a la seguridad social y al mínimo vital.[49] Únicamente en dos oportunidades se ha tutelado, además de esos derechos, el derecho a la igualdad. Lo cual indica la existencia de otros argumentos concernientes a diferentes dimensiones constitucionales que justifican las decisiones. De esta forma, el hecho de que la Corte haya declarado exequible la disposición de retrotraer los efectos favorables de la Ley 923 de 2004 hasta el siete (7) de agosto de dos mil dos (2002), en tanto no violaba el derecho a la igualdad de los miembros de la Fuerza Pública que estaban cobijados por un régimen anterior, no significa que en la resolución de casos concretos no pueda llegarse a la conclusión de que la administración, al negarles la pensión de invalidez, les vulneró los derechos a la seguridad social y el mínimo vital en dignidad. En otras palabras, que la sentencia de constitucionalidad haya hecho tránsito a cosa juzgada relativa respecto el derecho a la igualdad, no lleva a la consecuencia de que la misma Corte en ejercicio de control concreto esté imposibilitada para estimar vulneradas otras garantías fundamentales, cuando la administración omitió extender la aplicación de la Ley 923 de 2004 a situaciones consolidadas antes de su vigencia. 49. En los procesos de tutela no se excluyó del ordenamiento jurídico la cláusula de retroactividad de la Ley en cuestión, ni tampoco se afirmó que la administración en casos futuros no pueda aplicarla a situaciones concretas; todo lo que se ha sostenido es que un funcionario no puede aplicar una norma de la seguridad social, que regula el sistema de prestaciones de miembros de la Fuerza Pública, sin tener en cuenta el objetivo mismo de la disposición, las circunstancias especiales del que reclama la protección, las reglas superiores aplicables del orden constitucional vigente, y la interpretación autorizada que de las mismas ha efectuado esta Corporación. 50. Este es el escenario bajo el cual el precedente de la Corte se ubica, en el cual se intenta construir un discurso constitucional capaz de asegurar el mayor nivel posible de garantía para los derechos fundamentales. Allí donde las personas con discapacidades físicas tienen derecho a no ser discriminadas dentro del sistema de seguridad social, y donde se desarrollan las prerrogativas consagradas en la Constitución[50] y los tratados internacionales,[51] que establecen obligaciones en cabeza del Estado de “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”,[52] y de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con su protección especial. 51. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha sido coherente al interpretar extensivamente la cláusula de retroactividad contenida en el artículo 6º de la Ley 923 de 2004, aplicándola a situaciones de hecho ocurridas antes del siete (7) de agosto de dos mil dos (2002). Ello por cuanto (i) no contradice lo resuelto en la sentencia C-924 de 2005, y (ii) desarrolla la protección constitucional de personas que, por su pérdida de capacidad laboral, tienen en riesgo su mínimo vital. 52. Y ello es así, porque las sentencias de las distintas salas de revisión de la Corte Constitucional, en las que se ha ordenado la interpretación extensiva de los efectos de las modificaciones a las pensiones de invalidez y sobrevivientes del régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública establecidas en la Ley 923 y en el Decreto 4433 de 2004, a los beneficiarios del mencionado régimen especial que perdieron su capacidad laboral entre un cincuenta por ciento (50%) y un setenta y cinco por ciento (75%), por lesiones ocurridas en combate o por actos meritorios antes del 7 de agosto de 2002, que fueron retirados del servicio sin derecho a la pensión de invalidez, y que por estas razones no cuentan con una fuente de ingresos para garantizarse una vida en condiciones mínimas de dignidad, no son contrarias al precedente establecido por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia C-924 de 2005. En esas sentencias el amparo se ha otorgado por la necesidad de proteger, en casos específicos, los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de sujetos en situaciones de debilidad manifiesta, y por lo tanto, beneficiarios de una especial protección constitucional. 53. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala Primera de Revisión debe establecer si en el caso objeto de estudio, se requiere la intervención del juez constitucional para ordenar la protección de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del señor Ángel Alberto de Ávila Vergara, mediante una interpretación extensiva de los efectos de las modificaciones al régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública introducidas en el ordenamiento jurídico por medio de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 del mismo año. Análisis del caso objeto de estudio 54. El caso objeto de estudio está relacionado con la negativa del Ministerio de Defensa Nacional de reconocerle la pensión de invalidez al señor Ángel Alberto de Ávila Vergara, quien es una persona que fue calificado con un cincuenta y dos por ciento (52%) por hechos ocurridos en 1994, que manifiesta que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad porque ninguna empresa lo contrata por sus problemas de salud y que no cuenta con una fuente de ingresos para garantizarse unas condiciones de vida dignas, porque su pérdida de capacidad laboral es inferior al setenta y cinco por ciento (75%), razón por la cual no cumple con uno de los requisitos para obtener la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública establecidos en el Decreto 094 de 1989, norma vigente al momento de estructurarse su pérdida de capacidad laboral. 55. En sede administrativa, el actor solicitó una nueva valoración de su pérdida de capacidad laboral con base en las normas establecidas en el Manual Único de Calificación de Invalidez propio del sistema general de pensiones, establecido en el Decreto 917 de 1999 “por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995.”[53] En concreto, el actor solicita que, en lugar de que su pérdida de capacidad laboral sea valorada de acuerdo con el método de calificación de las personas afiliadas al sistema general de pensiones, pese a que la pérdida de capacidad laboral la adquirió estando afiliado al régimen especial de los miembros de la fuerza pública. 56. Sin embargo, mediante sentencia C-890 de 1999 la Sala Plena de esta Corporación concluyó que el método de calificación de la pérdida de capacidad laboral del los miembros de la fuerza pública es especial, ya que por medio de este se evalúa la capacidad de las personas pertenecientes a este sistema de realizar labores castrenses, en los siguientes términos: “[…] es evidente que el método de calificación de la aludida prestación [pensión de invalidez], por ser distinto en los dos sistemas, arroja frente a una misma lesión diversos índices de incapacidad, lo cual desvirtúa que la diferencia de porcentajes exigidos para su reconocimiento sea por sí misma discriminatoria y afecte los derechos a la igualdad y al trabajo. En relación con este último, si las lesiones o afecciones reciben distinto tratamiento en el régimen especial y en el régimen común, es posible que una persona incapacitada y retirada del servicio activo se encuentre apta para desempeñarse en otros campos o áreas de trabajo pues, como se ha explicado, la calificación de las incapacidades en el sistema prestacional de la fuerza pública depende exclusivamente de los requerimientos propios de la actividad castrense. Por ello, los artículos 38 y 41 del Decreto 0094 de 1989, le imponen a los organismos de sanidad militar el deber de rehabilitar al personal incapacitado con el fin de reincorporarlo al mercado general de trabajo. 57. Con fundamento en los argumentos expuestos en aquella oportunidad, la Sala de Revisión encuentra que las incapacidades laborales en el régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública se valoran respecto de la posibilidad de los beneficiarios de este sistema de ejercer las actividades castrenses, criterio que no es tenido en cuenta por las entidades encargadas de valorar la pérdida de capacidad laboral de los afiliados al sistema general de pensiones en sus dictámenes. Por lo tanto, la Sala Plena de esta Corporación ha concluido que los criterios de valoración de las incapacidades de los miembros de la Fuerza Pública no vulneran el derecho a la igualdad de los beneficiarios de este sistema frente a los beneficiarios del sistema general de pensiones, decisión que vincula a esta Sala de Revisión y le impide acceder a la pretensión del actor. 58. Sin embargo, como se indicó previamente en esta sentencia, los requisitos para obtener la pensión de invalidez en el régimen pensional especial fueron modificados por medio de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año, para otorgar la prestación en cuestión a partir del 7 de agosto de 2002 a los miembros de la Fuerza Pública que perdieron su capacidad laboral en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) pero inferior al setenta y cinco por ciento (75%), por hechos ocurridos “en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio […].”[54] 59. Esta modificación legal le permite al juez constitucional abordar el estudio de la solicitud del reconocimiento de la pensión de invalidez del señor De Ávila Vergara desde otro punto de vista, porque en ella se admite la posibilidad de que los miembros de la Fuerza Pública que hayan perdido la capacidad laboral en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) pero inferior al setenta y cinco por ciento (75%), obtengan la pensión de invalidez cuando las lesiones hayan ocurrido bajo determinadas condiciones. 60. Una de esas condiciones, es que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado a partir del 7 de agosto de 2002, límite temporal que fue declarado exequible por la Sala Plena de esta Corporación, por no resultar contrario al derecho a la igualdad de los miembros de la Fuerza Pública que perdieron su capacidad laboral por lesiones ocurridas antes de esa fecha. 61. Ahora bien, distintas salas de revisión de la Corte Constitucional han resuelto casos con antecedentes similares a los de la acción de tutela presentada por el señor Ángel Alberto de Ávila Vergara, ordenando la revaloración de la pérdida de capacidad laboral, para que una vez obtenido este dictamen se estudie nuevamente la solicitud pensional con base en los requisitos establecidos en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año. 62. Un argumento común en dichas sentencias, es que la decisión de negar la pensión de invalidez a sujetos de especial protección constitucional que han perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%), durante operaciones militares adelantadas para proteger los bienes jurídicos de toda la población colombiana, resulta contrario a principios del Estado social de derecho como el de solidaridad y el de equidad. Por ejemplo, en la sentencia T-431 de 2009, la Corte manifestó: “[…] una interpretación del ordenamiento cuyo resultado sea que una persona luego de prestar catorce años de servicios a la fuerza aérea, de disminuir en un 73.20% su capacidad laboral durante dicho lapso de tiempo debido a labores realizadas y accidentes ocasionados durante el servicio, de presentar serias dificultades –y pocas probabilidades- para encontrar un trabajo en que su discapacidad no sea un obstáculo y de encontrarse en una muy precaria situación económica que afecta su mínimo vital, no tenga el derecho de recibir ningún auxilio de invalidez es una respuesta que difícilmente se acomoda a los principios de solidaridad y equidad acordes con el modelo Estatal adoptado[55].”[56] 63. Adicionalmente, la Corte ha argumentado que en casos con antecedentes como el del señor Ángel Alberto de Ávila Vergara, en los que se evidencia que el actor tiene pocas posibilidades de acceder a una fuente de ingresos para garantizarse una vida digna, porque su pérdida de capacidad laboral no le permite realizar actividades remuneradas, resulta necesario proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de este tipo de personas.[57] 64. En este sentido, la Sala encuentra que (i) la autoridad demandada al resolver la situación pensional del accionante aplicó una norma preconstitucional, y dentro de la Carta Política de 1991 existen postulados fundamentales a partir de los cuales se protege especialmente a las personas que sufren disminuciones físicas relevantes, más aún si se trata de miembros de la Fuerza Pública que en defensa de la Constitución, obtuvieron esa condición. En efecto, se advierte que el Ministerio de Defens...