Sentencia T-667 de 2012

T-667-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-667/12 SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Jurisprudencia constitucional/SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Contenido y alcance ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Fines esenciales/DEBERES CONSTITUCIONALES-Contenido SERVICIO MILITAR-Deber constitucional SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Modalidades temporales para su prestación SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Exenciones UNION MARITAL DE HECHO COMO EXENCION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Medios de prueba REGIMEN CONSTITUCIONAL DE PROTECCION A LA FAMILIA-Jurisprudencia constitucional UNION MARITAL DE HECHO-Contenido y alcance/UNION MARITAL DE HECHO-Medios probatorios para demostrar su existencia SERVICIO MILITAR-Exención a los casados que hagan vida conyugal y también a quienes convivan en unión permanente UNION MARITAL DE HECHO-Declaración juramentada como medio probatorio válido para demostrar su existencia Referencia: expediente T-3.377.003 Acción de Tutela instaurada por Yuri Clemencia Rendón López, como agente oficiosa de Edison Danilo Gaviria Ríos, contra el Comandante del Distrito Militar No. 31 –Zona Octava de Reclutamiento del Batallón Ayacucho– y el Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento de Tolemaida. Magistrada Ponente: ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO Colaboró: Javier Francisco Arenas Ferro Bogotá, D.C., agosto veinticuatro (24) de dos mil doce (2012) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el veinte (20) de enero de dos mil doce (2012), en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES. 1. Hechos. El cuatro (4) de noviembre de dos mil once (2011) (cuad 1, folio 1), Yuri Clemencia Rendón López, obrando como agente oficiosa de Edison Danilo Gaviria Ríos, instauró acción de tutela contra el Comandante del Distrito Militar No. 31, con sede en el Batallón Ayacucho de Manizales, al igual que en contra del Comandante del Batallón de apoyo y Servicio para el Entrenamiento de Tolemaida, por considerar que ambas autoridades públicas conculcaban los derechos a la igualdad y a la familia de su compañero permanente. La acción constitucional fue admitida por la autoridad judicial de primera instancia el diez (10) de noviembre de dos mil once (2011) (Cuad. 1, folios 37 a 39) y los hechos relatados por la parte accionante en la demanda se resumen así: 1. Indicó que desde el catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010) vive en unión marital de hecho con Edison Danilo Gaviria, quien cumplió el diecinueve (19) de junio de dos mil once (2011) la mayoría de edad. 2. Expuso que el señor Gaviria Ríos se presentó el veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011) al Distrito Militar No. 31 con el fin de definir su situación militar y que fue incorporado al ejército como “(…) soldado bachiller pese a haber manifestado que no quería (…) porque vivía en unión libre [con ella]” (Cuad. 1, folio 28). Tal condición fue acreditada en ese momento mediante la presentación de una declaración juramentada efectuada el ocho (8) de julio de ese año ante la Notaría Cuarta del Círculo de Manizales. 3. Relató que envió una petición al comandante del Distrito Militar No. 31 del Batallón No. 22 –Batallón Ayacucho- solicitando se diera aplicación al literal “g” del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, que establece que serán exentos de la prestación del servicio militar obligatorio quienes vivan en unión marital. 4. Adujo que como respuesta a su petición le fue indicado por el mencionado comandante que por mandato de la Ley 979 de 2009 -artículo 2º- tal unión sólo podía acreditarse por escritura ante notario, por acta de conciliación, o por sentencia judicial, “(…) negando [así] valor probatorio del estado civil de compañeros permanentes a la declaración juramentada extrajuicio vertida el 8 de julio de 2011 ante el Notario Cuarto del Circuito de Manizales” (Cuad. 1, folio 28). Adicionalmente, mencionó que el referido comandante alegó que Edison Danilo Gaviria suscribió de manera voluntaria un acta donde indicó que quería prestar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, a su parecer, este asunto no podía ser cierto, ya que él presentó la declaración juramentada que mostraba su condición de compañero permanente –a pesar de no haber sido recibida-, se encontraba coaccionado al estar dentro de una instalación militar y no pudo “(…) manifestar su voluntad de prestarlo como soldado regular, entre otras cosas porque con mucho sacrificio se graduó como bachiller en noviembre de 2009 (…)” (Cuad. 1, folio 29). 5. Relató que inconforme con tal respuesta, elevó una nueva petición –el cinco (5) de octubre de dos mil once (2011)- “(…) al comandante de la unidad militar de Tolemaida (…) [argumentando] que la declaración juramentada es válida para acreditar la intención de formar una vida conyugal y una familia[,] ya que es un medio ordinario de prueba consagrada (sic) en el Código de Procedimiento Civil y (…) porque el artículo 2 de la Ley 979 de 2008 se refiere a la manera de demostrar una unión marital de hecho con efectos única y exclusivamente patrimoniales (…)” (Cuad. 1, folio 29). 2. Solicitud de tutela. Con fundamento en los hechos relatados, la agente oficiosa de Edison Danilo Gaviria Ríos solicitó el amparo del derecho a la igualdad –a su juicio vulnerado al desconocer el derecho de las personas que viven en unión libre de ser exentas del servicio militar- y a la unidad familiar. En consecuencia, pidió al juez constitucional que ordenara “(…) a la autoridad militar que le competa, en el proceso de definición de situación militar[,] aceptar la aplicación de la exención del servicio militar a favor de Edison Danilo Gaviria Ríos, ordenando su inmediato desacuartelamiento”. Así mismo, solicitó que se ordenara la definición de la situación militar, la liquidación de la cuota de compensación y la expedición de la respectiva libreta militar. 3. Intervención de las partes demandadas. 3.1 Comandante del Distrito Militar No. 31. El Comandante del Distrito Militar No. 31, Mayor Hilmar Fredy Torres Sanabria, perteneciente a la Zona Octava de Reclutamiento, intervino dentro del proceso para oponerse a las pretensiones elevadas por la parte demandante. Relató que Edison Danilo Gaviria Ríos realizó su proceso de inscripción el catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, posteriormente, fue citado a la jornada de concentración e incorporación el veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011). Igualmente, alegó que el actor fue informado de las causales de exención consagradas en los artículos 27 y 28 de la ley 48 de 1998. Empero, “(…) no manifestó su situación de tener una unión marital de hecho vigente, y como consecuencia nunca aporto (sic) ningún tipo de soporte que demostrara su condición (…)” (Cuad. 1, folio 42). A continuación, apuntó que según el artículo 19 de la ley 48 de 1993, existe la posibilidad de efectuar un sorteo para elegir a las personas que serán reclutadas en desarrollo de la obligación de prestar el servicio militar. Si ha de realizarse, “(…) los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince (15) días antes de la incorporación, serán resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte del interesado (…)” (subrayas del original) (Cuad. 1, folio 42). Por lo demás, apuntó que conforme con la Ley 979 de 2005, que reformó parcialmente la Ley 54 de 1990, la unión marital se declara por escritura pública ante notario, por acta de conciliación o por sentencia judicial. En consecuencia, sólo mediante tales documentos podría ser demostrada. Además, expuso que el señor Edison Danilo Gaviria Ríos, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad “(…) manifestó de manera voluntaria su deseo de prestar el servicio militar como soldado regular, aun conociendo las excepciones de que trata la Ley 48 de 1993, y las modalidades con su tiempo de servicio (…)” (cuad. 1, folio 43). Asunto que, plasmado en un acta, reposa en los archivos de la unidad táctica[1]. Por ello, a su parecer, la agente oficiosa Yuri Clemencia Rendón López se entrometía en la voluntad del conscripto. A más de ello, en este caso “(…) la señora ya perdió la patria potestad sobre su hijo (…)” (Cuad. 1, folio 44), lo que deslegitima aún más su actuación. En este orden de ideas, enfatizó que no basta la calidad de madre para que pueda instaurarse la acción de tutela en nombre de otra persona, por lo que –en consecuencia- la acción constitucional debía declararse improcedente ante la ausencia de legitimación por activa. Finalmente, apuntó que tras la incorporación, una vez los conscriptos son asignados a un Batallón, son responsabilidad exclusiva de esa unidad, que tiene la facultad de tomar las determinaciones respecto de sus soldados. Para sustentar este punto, mencionó las competencias de los comandantes de zona y de Distrito Militar, contempladas en el Decreto 2048 de 1993, que –en el artículo 17- estableció que los conscriptos declarados aptos quedarán bajo el control y vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes unidades militares o de policía. Sin embargo, explicó que su unidad retoma competencia al momento de la terminación del servicio militar para expedir la libreta militar. “Por lo tanto las ordenes (sic) de desacuartelamiento, [o] modificación de modalidad en la que fueron incorporados le corresponde al Batallón en el que fueron incorporados los conscriptos. [Por ello] cualquier determinación que se realice en el presente caso deberá ser oficiada al Batallón de Apoyo de Servicio para el entrenamiento de Tolemaida[,] donde se encuentra incorporado el joven (…)” (Cuad. 1, folio 48). 3.2 Batallón de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento. De manera extemporánea, a través de su comandante Teniente Coronel José Enrique Walteros Gómez, el Batallón de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento intervino dentro del proceso para oponerse a las pretensiones del actor, expuestas a través de su agente oficiosa. A pesar de lo anterior, para el estudio del presente asunto, resulta relevante destacar que el referido comandante alegó que en su unidad no existen soldados regulares. Adicionalmente, refirió que no le compete establecer los modos legales para demostrar la unión marital de hecho. Sin embargo, a su parecer, tal asunto debe efectuarse a través de los documentos contemplados por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, que reformó la Ley 54 de 1990. 4. Pruebas relevantes aportadas al proceso. a. Constancia firmada por la Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, con fecha diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), en la que señala que a Edison Danilo Gaviria Ríos se le exhortó para que respondiera si quería que la presente acción de tutela fuera agenciada por Yuri Clemencia Rendón López, a lo que contestó de manera afirmativa. Igualmente, señaló que “(…) antes de hacer los exámenes él mismo llevó el documento donde consta que convive con [ella], pero que no se lo aceptaron porque la convivencia era inferior a dos años; que es cierto que tiene unión marital de hecho con la mencionada señora desde mayo de 2010; que no aceptó o fue voluntaria su incorporación al ejército y mucho menos como soldado regular (…)” (cuad. 1, folio 36). b. Copia de Formulario de Solicitud Compráctico a la empresa Aguas de Manizales, con fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), donde figura dentro de los datos del “(…) cónyuge (esposo, esposa o pareja con quien vive actualmente)” el nombre de Edison Gaviria (Cuad. 1, folio 4). c. Copia de Declaración Juramentada extrajuicio, efectuada el ocho (8) de julio de dos mil once (2011) ante la Notaría Cuarta de Manizales, donde se indica que “(…) comparecieron Edison Danilo Gaviria Ríos y Yuri Clemencia Rendón López (…) [quienes] manifestaron (…) que desde hace trece (13) meses [conviven] bajo el mismo techo, de manera permanente y en unión marital de hecho” (Cuad. 1, folio 5). d. Copia de petición elevada por la agente oficiosa de Edison Gaviria Ríos a la dirección de Reclutamiento del Distrito Militar No. 31 –Batallón de Infantería No. 22 Ayacucho-, con fecha seis (6) de septiembre de dos mil once (2011). En ella se indica que el señor Gaviria fue reclutado el veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) y que conviven juntos desde el catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010). También se menciona la declaración juramentada previamente mencionada como medio probatorio de la unión marital. Igualmente, se relata que el señor Gaviria “(…) se presentó a definir su situación militar cuando estudiaba en el Liceo Mixto Sinaí, en el año 2009 pero como era menor de edad debía presentarse después de que cumpliera los 18 años” (Cuad. 1, folio 6). A continuación, se refiere que se solicitó la aplicación de la exención contemplada en la Ley 48 de 1993, pero tal petición fue desestimada y fue incorporado al Batallón Ayacucho y, posteriormente, trasladado a Tolemaida. Por lo anterior, Yuri Clemencia Rendón López pidió que se aplicara la exención del artículo 28 de la mencionada ley, definiendo la situación militar de su compañero, así como su desacuartelamiento, la consecuente liquidación de la compensación militar y la expedición de la respectiva libreta militar (cuad. 1, folios 6 y 7). e. Respuesta a la petición anteriormente referenciada, con fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011), en la cual el comandante del Distrito Militar No. 31 le señala a Yuri Clemencia Rendón que Edison Danilo Gaviria Ríos fue informado de las causales de exención de los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993. Sin embargo, “(…) al momento de su incorporación no manifestó su situación de tener una unión marital de hecho vigente, y como consecuencia nunca aporto (sic) ningún tipo de soporte que demostrara su condición (…)” (Cuad. 1, folio 11). A continuación, enfatizó que con fundamento en la Ley 979 de 2008, que reformó la Ley 54 de 1990, la unión marital solo podía declararse por escritura pública, por acta de conciliación o por sentencia judicial. Por otra parte, señaló que el señor Gaviria suscribió de manera voluntaria un acta “(…) donde manifestó su voluntad de prestar [el] servicio militar como soldado regular[,] documentos (sic) que reposan (sic) en los archivos de la unidad táctica [en] que fue incorporado” (Cuad. 1, folio 12)[2]. Finalmente, relató en la respuesta a la petición que su competencia en relación con la situación militar de los reclutas se limita a su incorporación, pero que las órdenes de desacuartelamiento y modificación de la modalidad en que fueron incorporados le corresponden al Batallón al que fueron trasladados los conscriptos (Cuad. 1, folios 8 a 14). f. Petición presentada por Yuri Clemencia Rendón López, el cinco (5) de octubre de dos mil once (2011), al Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento –José Enrique Walteros Gómez. En ella le indica que es compañera permanente de Edison Danilo Gaviria Ríos y que conviven bajo el mismo techo desde el catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010). Menciona que al momento de hacer los exámenes de aptitud física, “(…) manifestó hacer vida conyugal y no poder por esta razón prestar el servicio [militar] (…)” (Cuad. 1, folio 22). Adicionalmente, refiere que al momento de ser incorporado, Edison Danilo Gaviria mostró la declaración juramentada, sin embargo, le indicaron que no tenía validez. A continuación, adujo que no acreditaron la unión conyugal mediante escritura pública en razón a que no era de su conocimiento tal requisito. Empero, “(…) la declaración juramentada ante notario no carece de validez[,] ya que como tal es un medio ordinario de prueba (…) y es equiparable con el numeral dos de [la Ley 979 de 2005]” (Cuad. 1, folio 23). A más de ello, indicó en la petición que los dos años necesarios para declarar la unión marital son condición para los efectos patrimoniales de la misma, mas no para su surgimiento. Por lo demás, alegó que no era cierto que Edison Danilo Gaviria hubiese manifestado voluntariamente su deseo de prestar el servicio militar obligatorio. Con fundamento en tales elementos, solicitó que fuera aplicada la causal de exención invocada con la consecuente definición de la situación militar de su compañero permanente, el desacuartelamiento y la entrega de la respectiva libreta militar (Cuad. 1, folio 22 a 25). g. Contestación del comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento de Tolemaida a la anterior petición, con fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011). En ella, se expone que el señor Gaviria no clasifica dentro de las exenciones definidas en la Ley 48 de 1993. Un aspecto en el que se enfatiza, supone que “En el momento de la incorporación (…) no mencionó o manifestó tener una unión marital de hecho vigente y tampoco aportó documentación [como] soporte de dicha condición si no (sic) hasta la fecha, razón por la cual se encuentra en esta Unidad” (Cuad. 1, folio 26). Con todo, a continuación se menciona que solo ciertos documentos son válidos para demostrar la existencia de una unión marital de hecho. Finalmente, se vuelve a referir que el recluta suscribió voluntariamente un acta de compromiso para prestar el servicio militar obligatorio (Cuad. 1, folio 26 a 27). II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. 1. Primera instancia. Conoció de la causa en primera instancia la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que mediante sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011) resolvió denegar el amparo deprecado por Edison Danilo Gaviria Ríos, agenciado por Yuri Clemencia Rendón López. En cuanto a la legitimación por activa de la mencionada señora, consideró que se cumplía a cabalidad, dada la situación de reclutamiento de Edison Danilo Gaviria Ríos. Adicionalmente, apuntó que no existía duda en relación con su querer de elevar la acción, ya que “(…) lo expuso a la funcionaria que regente este despacho (…)” (Cuad. 1, folio 53). Con respecto a la alegada vulneración de los derechos fundamentales del señor Gaviria, el a quo consideró que la Ley 48 de 1993 contempla algunas exenciones al servicio militar. Entre ellas, el artículo 28 establece que serán exentos los casados que hagan vida conyugal; disposición que al ser estudiada por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-755 de 2008, se encontró ajustada a la Carta Política, en el entendido de que también incluía a quienes convivieran en unión permanente, de acuerdo con la ley. Así las cosas, enfatizó que tal unión debe ser demostrada conforme a la Ley, para que de ella pueda desprenderse la exención aludida. Sin embargo, consideró que en el caso objeto de estudio lo anterior no se presentaba, ya que la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, establecía los medios para demostrar la existencia de la unión marital de hecho. Como quiera que la misma no fue probada a través de tales medios, dado que se procuró evidenciar “(…) la convivencia con el agenciado mediante una declaración extrajuicio y no mediante los documentos idóneos para ello (…)” (cuad. 1, folio 55), el amparo no podía prosperar. Por lo demás, enfatizó que la agente oficiosa mencionó que el recluta suscribió un acta en la cual, bajo la gravedad de juramento, manifestó no encontrarse incurso en las exenciones establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993. Hecho que también alegó el comandante del Distrito Militar no. 31 y que sustentaba aún más la consecuencia de que no se pudieran favorecer las pretensiones de la parte actora. Finalmente, expuso que en el proceso no se evidenciaban situaciones iguales que tuvieran un trato diferente injustificado, por ello, no era posible determinar que existiera una vulneración del derecho fundamental a la igualdad. 2. Apelación. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante elevó el recurso de alzada, que sustentó cuestionando que se limitaran los medios probatorios para acreditar la unión marital de hecho a la lista contemplada en el artículo 2º de la Ley 979 de 2005. A su parecer, debía dársele valor probatorio a la declaración juramentada extrajuicio efectuada ante el Notario Cuarto del Círculo de Manizales, el ocho (8) de julio de dos mil once (2011), ya que los casos contemplados en la referida ley tienen exclusivamente relación con los efectos patrimoniales de la mentada unión. Es decir, “(…) están dirigidos a probar la constitución de la sociedad conyugal con carácter patrimonial mas no para acreditar la unión de pareja o la familia conformada” (Cuad. 1, folio 62). 3. Segunda Instancia. Conoció de la causa en segunda instancia la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que mediante sentencia del veinte (20) de enero de dos mil doce (2012) resolvió confirmar la decisión del a quo. A juicio del ad quem no se evidenciaba una vulneración a los derechos fundamentales de Edison Danilo Gaviria Ríos, ya que no fue acreditada la existencia de la supuesta unión marital “(…) con cualquiera de los documentos señalados en la regla 4ª de la Ley 54 de 1990, esto es, escritura pública ante ‘notario’, acta de conciliación en centro legalmente constituido o sentencia judicial (…)” (Cuad. 2, folio 6). Igualmente, expuso que la declaración extrajuicio presentada no era idónea para acreditar la causal de exención al servicio militar prevista en el artículo 28, literal “g” de la ley 48 de 1993. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección número Cuatro, tras una insistencia presentada por el Defensor del Pueblo, mediante Auto del treinta (30) de abril de dos mil doce (2012), dispuso su revisión por la Corte Constitucional. El argumento central de la insistencia elevada giró en torno a señalar que los documentos enumerados en la Ley 54 de 1990 como medios que prueban la existencia de la unión marital no deben ser entendidos de forma excluyente. Para sustentar este punto, el Defensor del Pueblo mencionó las sentencias T-183 de 2006 y T-717 de 2011, proferidas por esta Corporación. Por ello, al parecer del Defensor del Pueblo, “(…) el documento suscrito por los compañeros permanentes ante el Notario Cuarto de Manizales, cuenta con la total capacidad probatoria para demostrar su condición (…)” (Cuad. 3, folio 7)[3]. 1. Competencia. Esta Corte es competente para conocer de la revisión de los fallos materia de acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección. 2. Problema jurídico y esquema de resolución. De los hechos narrados y probados en el proceso, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las autoridades públicas demandadas, al no darle valor probatorio a la declaración extrajuicio efectuada por Yuri Clemencia Rendón y Edison Danilo Gaviria Ríos, conculcaron su derecho fundamental al debido proceso y de contera, afectaron su derecho a la familia y a la igualdad. Lo anterior, a pesar de que la agente oficiosa alegó sólo como vulnerados el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la familia. Esto, en razón a que en este asunto se debate la apreciación de una declaración extrajuicio como medio probatorio de la unión marital de hecho y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan -como lo son las exenciones al servicio militar obligatorio-. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, el conflicto jurídico suscitado gira alrededor del derecho fundamental al debido proceso, así implique la transgresión por consecuencia de otros derechos. Lo anterior no afecta la revisión de las sentencias de tutela de los jueces de instancia, ya que el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 14, al contemplar la informalidad como una característica de la acción de tutela, previó que no sería “(…) indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”. Por lo mismo, una de las primeras actuaciones que el juez constitucional debe llevar a cabo es la distinción del conflicto jurídico que debe solucionar mediante la aplicación del ordenamiento jurídico, que -como se ha dicho- en este caso se circunscribe a una posible afectación al derecho fundamental al debido proceso, al no darle aplicación a normas que impelen por la exención al servicio militar obligatorio de personas que vivan en unión marital de hecho, bajo el argumento de que sólo son válidos ciertos medios probatorios. Así las cosas, para solventar el anterior problema jurídico, que –como ya se dijo- gira en torno a la vulneración al debido proceso -dado que la parte afectada expresamente cuestiona que no se haya aceptado la declaración juramentada como medio probatorio para acreditar la unión marital de hecho-, la Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en torno a: (i) el servicio militar en Colombia como deber de los ciudadanos, su consagración en la Constitución, en la Ley y en la jurisprudencia; y (ii) la unión marital de hecho en relación con las exenciones al servicio militar obligatorio y los medios probatorios que pueden ser utilizados para demostrarla. Posteriormente, se resolverá el caso bajo estudio. Cuestión previa: Legitimación por activa de la señora Yuri Clemencia Rendón. El inciso 1º del artículo 86 de la Constitución consagró que la acción de tutela podrá ser instaurada por la persona directamente afectada o “(…) por quien actúe en su nombre (…)”. Esto fue desarrollado por el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, que estableció –en el inciso 2º- que “(…) se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa (…)”. En este caso, tal y como lo consideró la autoridad judicial de primera instancia, que además se comunicó directamente con el señor Edison Danilo Gaviria Ríos (Cuad. 1, folio 36), la gestora del amparo se encuentra legitimada por activa para agenciar los derechos del aludido conscripto. Lo anterior, en razón a que el mentado señor -dada su situación de reclutamiento- se encuentra en una unidad militar, lo que dificulta que acuda personalmente a los estrados judiciales para proteger sus intereses. Adicionalmente, conforme con la constancia firmada por la Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el señor Gaviria expresamente manifestó que deseaba que la acción de tutela fuera agenciada por Yuri Clemencia Rendón López[4] (Cuad. 1, folio 36). Así las cosas y como quiera que la Sala concuerda con el argumento brindado por la autoridad judicial de primera instancia en su providencia en relación con este aspecto procesal, se abstendrá de hacer mayores estudios al respecto. 2.1 El servicio militar en Colombia como deber de los ciudadanos, su consagración en la Constitución, en la Ley y en la jurisprudencia. Reiteración de jurisprudencia. 2.1.1 El constituyente de 1991, al definir el modelo del Estado colombiano -con el fin de fortalecer, entre otros elementos, la unidad de la Nación, la libertad y la paz-, estableció que se trataba de un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista. A continuación, en el artículo 1º, como parte de sus principios fundamentales, consagró que este modelo de Estado se funda sobre pilares como “(…) el respeto a la dignidad humana, (…) el trabajo y la solidaridad de las personas que (…) integran [la República] y en la prevalencia del interés general”. Lo anterior conlleva a que toda actuación de los poderes constituidos, entre ellos los pertenecientes a la rama ejecutiva del Estado -como lo son las instituciones que hacen parte de la fuerza pública-, deban adecuar el despliegue de sus funciones a tales elementos estructurales del mismo. Por ello y en procura de los beneficios que acarrea un comportamiento solidario destinado a alcanzar los fines por los cuales fue promulgada la Constitución, resulta legítima la exigibilidad del cumplimiento de ciertos comportamientos a la ciudadanía y demás personas que habitan el territorio, que se relacionen con la prevalencia del interés general, sin olvidar que tales deberes deben ser compatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Así las cosas, los mencionados principios del Estado Social de Derecho, también suponen que los colombianos, al igual que las personas de otras nacionalidades que habitan el territorio, deban comportarse conforme con tales mandatos. En consecuencia, el Estado -actuando dentro de las órbitas que le fueron establecidas como competencias por el Constituyente-, puede exigir determinadas actuaciones a los miembros de la sociedad. Se trata así de la descripción de una situación en la cual las personas no sólo disfrutan de derechos, sino que deben también -en procura de materializar los primeros- satisfacer ciertas obligaciones. En este sentido, en la sentencia C-511 de 1994[5], esta Corporación indicó -a pesar de que los cargos elevados en aquella oportunidad fueron considerados en su mayor parte infundados-, que “(…) de manera general, dentro de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de ¨respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales¨ o para ¨defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica¨; .... y de ¨propender al logro y mantenimiento de la paz (art. 95 C.N)¨ (…)”. 2.1.2 Ahora bien, resulta paladino que entre los fines esenciales del Estado se encuentra el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, tal y como fue establecido en el artículo 2º de la Carta. A esto se le suma, el mantenimiento de la integridad territorial, la defensa de la independencia nacional, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo para todos y todas. A más de ello, tal y como fue dispuesto en el segundo inciso del citado artículo 2º, el constituyente estableció que todas las autoridades de la República “(…) están instituidas, [entre otras cosas,] para proteger a todas las personas residentes en Colombia (…) y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Con lo anterior se acentúa aún más la posibilidad de exigir ciertos comportamientos a todas y todos, siempre y cuando los mismos no socaven los derechos fundamentales de las personas, que no es lo mismo a que no entren en tensión con los últimos, pues resulta diferente una vulneración a los derechos que una carga legítimamente soportable en procura del bien común[6]. Bajo esta misma línea, un aspecto que consolida los anteriores argumentos se halla en el segundo inciso del artículo 4º de la Carta Política, que contempló como deber de “(…) los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. Así mismo, dentro de la óptica de los deberes del Estado y de los particulares, el numeral 3º del artículo 95 superior contempló como una responsabilidad correlativa al ejercicio de los derechos “(…) el respeto y apoyo a las autoridades legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”[7]. Por ende, se puede concluir que dentro del modelo del Estado Social de Derecho colombiano la exigibilidad a las personas de deberes resulta legítima, aspecto este que ha sido aceptado por la jurisprudencia de esta Corporación[8]. Con todo, es menester indicar que aquellos pueden ser diferenciados entre deberes genéricos, como sería –por ejemplo- el respeto y obediencia a las autoridades legítimamente constituidas[9] o propender al logro y mantenimiento de la paz, de otros específicos, como lo serían –para mencionar algunos de manera ilustrativa-, la defensa y difusión de los derechos humanos[10] o el estudio de la Constitución y la instrucción cívica en todas las instituciones de educación[11]. 2.1.3 En este orden de ideas, uno de los deberes específicos de los colombianos frente a la comunidad se materializa a través de su ingreso a la fuerza pública, que supone el “(…) tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones (…)”[12], con el fin de contribuir a la materialización de los fines por los cuales tales instituciones existen y que radican en la protección de “(…) todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (…)”[13]. De hecho, en la sentencia C-511 de 1994 -previamente mencionada- se expuso que el respeto y apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, que la defensa y difusión de los derechos humanos como pilar de la convivencia pacífica y que la búsqueda y el mantenimiento de la paz resultan deberes genéricos que coinciden“(…) con los fines que son propios de las instituciones conformantes de la fuerza pública; de suerte que no están desprovistos los asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les son impuestas por el orden superior”. Lo anterior permite insistir que la fuerza pública no existe como un fin en sí mismo, sino como un medio para materializar tales principios fundamentales del Estado Social de Derecho y que resultan esenciales para la realización de un orden político, económico y social justo. Por ello, salvo aquellas condiciones “(…) que en todo tiempo eximen del servicio militar (…)”, la prestación de este último constituiría una forma de materializar los deberes definidos en la Constitución con el objetivo de contribuir a la consolidación de las condiciones que procuren tales elementos. 2.1.4 Cabe reiterar, en consonancia con lo anterior, que los deberes -que incluyen la prestación del servicio militar obligatorio-, frente a los derechos, serían una base que permitiría su ejercicio, pero no pueden llegar a tal punto de ser considerados –a pesar de estar también contemplados dentro de los principios del Estado Social de Derecho y desarrollados en otras normas de la Constitución-, como entes revestidos de tal preeminencia que se permitan socavar los derechos fundamentales, borrando así pilares del constitucionalismo moderno, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Lo anterior, adicionalmente, porque la Constitución -conforme a su preámbulo-, fue promulgada para garantizar derechos y no para materializar deberes por sobre aquellos. Esta Corporación, al analizar las tensiones entre derechos y deberes, ha reconocido que ambos hacen parte de la relación necesaria entre libertad y orden. En efecto, en la sentencia C-511 de 1994, se apuntó que “(…) [el] ejercicio social de la persona humana, se ve alimentado con el cumplimiento de deberes y con el goce de derechos. Unos y otros no pueden entenderse como antagónicos sino más bien del orden concurrente. Cuando un deber se ve limitado por un derecho, como en el caso de las exenciones en tiempo de paz, contenidas en el artículo 28 de la ley (no demandado), no puede afirmarse que los derechos estén impidiendo el cumplimiento de los deberes ciudadanos y de la persona humana, sino que justamente limitaciones legales, propias de la racionalidad legítima y provenientes de derechos, pueden llegar a restringir o disminuir el alcance de los deberes ciudadanos. // De la misma manera cuando se ve limitado el ejercicio de los derechos al cumplimiento de determinados deberes sociales, no puede decirse que se esté dando primacía a éstos sobre aquellos, sino que se están apropiando los elementos tan necesarios a la libertad contenidos en el ¨orden¨, sin el cual, aquella no existe y la civilidad se perturba de manera aguda. De suerte que la conciliación entre deberes y derechos hace parte de los correlativos apoyos de la libertad y el orden”. 2.1.5 Como ya se dijo, con respecto a la fuerza pública, comprendido como un deber de la ciudadanía, “(…) la Constitución Política (…) [establece] la obligación a los colombianos de tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”[14]. A más de lo anterior, en estrecha relación con tal deber, que -en términos generales-, debe cumplir todo colombiano en relación con el servicio militar, el inciso primero (1º) del artículo décimo (10º) de la Ley 48 de 1993 contempla la obligación de “Todo varón (…) [de] definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes [la] definirán cuando obtengan su título de bachiller”[15]. En este sentido, en la sentencia C-058 de 1994[16], con respecto a cómo ha de ser entendida la satisfacción de este deber, se adujo que no puede ser comprendido como una sanción, dado que “´no es un mal’ sino un servicio a la patria en virtud de los deberes constitucionales de las personas”[17]. Por ende, la prestación del servicio militar obligaría, en principio, a todo colombiano mayor de edad hasta que cumpla los cincuenta años de edad[18]. La duración del mismo, tal y como fue establecido por el artículo 11 de la mencionada normatividad, será de doce (12) a veinticuatro (24) meses, existiendo modalidades temporales para su prestación. Así, el artículo 13 definió las siguientes cuatro posibilidades: “como soldado regular, de 18 a 24 meses”, “como soldado bachiller, durante 12 meses”, “como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses”, y “como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses”[19]. 2.1.6 Al tratarse de un deber, una consecuencia de ello, según la sentencia C-511 de 1994, es la posibilidad de ser sancionado si se infringe la normatividad que impone la obligación de prestar el servicio a favor de la colectividad. Con todo, a pesar de ello, no se trata de una obligación absoluta, pues ya la Constitución establece la posibilidad de que el legislador defina qué condiciones eximen en todo tiempo de la prestación del servicio[20]. Así las cosas, para el caso del servicio militar obligatorio, una manera de armonizar la tensión entre deberes y derechos surge, precisamente, de su calidad de deber relativo. En este orden de ideas, con el fin de reglamentar el servicio de reclutamiento y movilización, el legislador promulgó la Ley 48 de 1993, que en su artículo 3º se refirió en los siguientes términos -escasamente diferentes a aquellos determinados en la Constitución-, al servicio militar obligatorio: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente ley” (subrayas fuera del original). Con todo, cabe precisar que las mencionadas exenciones, contempladas en la ley previamente aludida, no son las únicas que se reconocen en el ordenamiento jurídico colombiano, pues -conforme con el artículo 18 de la Constitución y con la jurisprudencia de esta Corporación, en especial con la sentencia C-728 de 2009[21]-, en Colombia es legítimo objetar conciencia a la prestación del servicio militar cuando tal actividad sea contraria a las convicciones y creencias de la persona; por lo que este derecho también se consolida como una exención frente al mencionado deber relativo. Por otro lado, no por el hecho de ser apto para la prestación del servicio militar se ingresará necesariamente a las filas de la fuerza pública, esto -aunado a las exenciones legales y constitucionales- reafirma que la prestación del servicio militar no sea una obligación absoluta. En desarrollo de lo anterior, el artículo 19 contempla la posibilidad de efectuar un sorteo cuando sea más que suficiente el número de conscriptos frente al potencial humano requerido[22]. 2.1.7 Ahora bien, retomando la línea argumentativa en relación con las exenciones expresamente reconocidas por el legislador en la Ley 48 de 1993, su existencia -como ya fue señalado- conlleva a la conclusión de que el servicio militar sea una obligación relativa y no absoluta. Entre ellas, se hace necesaria la distinción entre dos hipótesis disímiles. Por una parte, se diferenció en la normatividad previamente mencionada aquellas situaciones que eximen en todo tiempo de la prestación del servicio militar. Así, en el artículo 27 de la ley en comento se expuso que “(…) Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes [y] b. Los indígenas que residan en sus territorios y conserven su integridad cultural, social y económica”[23]. Por la otra, se establecieron aquellas condiciones que sólo eximen en tiempo de paz. Al respecto, el artículo 28 de la Ley 48 de 1993 consagró que se encuentran bajo este supuesto, por ejemplo, los clérigos y religiosos que se dediquen permanentemente al culto, el hijo único de hombre o mujer, los huérfanos de padre o madre que atiendan con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos, los casados que hagan vida marital, así como las personas que convivan en unión marital de hecho[24]. 2.1.8 En síntesis, el modelo constitucional colombiano admite la exigencia de ciertos comportamientos a todas las personas, que incluso hacen parte de los principios del Estado Social de Derecho, como lo sería –por ejemplo- la colaboración con las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Sin embargo, la exigibilidad de tales deberes no puede llegar a tal punto de socavar los derechos fundamentales de la persona y su dignidad humana, pues existen como medios para materializar tales elementos y no como fines en sí mismos considerados. Entre las obligaciones exigibles existen deberes genéricos y específicos, siendo la prestación del servicio militar uno de estos últimos. En cuanto a la calidad de la obligación, se trata de un deber relativo, pues el ordenamiento jurídico expresamente contempla exenciones -ya sea solo en tiempo de paz o en todo momento- siendo una de ellas que las personas vivan en unión marital de hecho. 2.2 La unión marital de hecho en relación con las exenciones al servicio militar obligatorio y los medios probatorios que pueden ser utilizados para demostrarla. 2.2.1 Dentro de los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política de Colombia se halla el reconocimiento, sin discriminación alguna, de la primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo a la familia como institución básica de la sociedad[25]. Aunado a ello, en la Carta fueron consagrados varios artículos que contemplan el régimen constitucional de protección a tal agrupación y que, legalmente, ha sido desarrollado en múltiples disposiciones, como lo son la Ley 54 de 1990 “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y [el] régimen patrimonial entre compañeros permanentes” o el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que reguló la cobertura familiar del Plan Obligatorio de Salud[26]. Una de las disposiciones constitucionales que establece el marco de protección a la referida agrupación es el artículo 42, que reiteró que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (…)” y como tal se “(…) constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Frente a lo cual, el constituyente iteró que “El estado y la sociedad garantizan la protección integral a la familia”, asunto que abarca disímiles ámbitos como la dignidad, la honra, o la intimidad de la misma, la proscripción de cualquier forma de violencia dentro de ella, la progenitura responsable o el establecimiento de un patrimonio familiar inalienable e inembargable. Dentro de tales guardas a favor de la agrupación considerada como núcleo fundamental de la sociedad, en la Carta Política se establecieron -entre otros- la prohibición de discriminación por el origen familiar. En efecto, el artículo 13 de la Constitución, a más de establecer la igualdad de “(…) protección y trato de las autoridades (…)”, dispuso que todas las personas “(…) gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades (…)” sin importar su origen familiar. Adicionalmente, en el artículo 28 de la Carta, que también se refirió a la libertad de toda persona, se dispuso que “(…) nadie puede ser molestado en su persona o familia (…) [salvo] con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (…)”. Junto a lo cual, en el artículo 33, se contempló que nadie sería “(…) obligado a declarar (…) contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Así las cosas, es claro que el constituyente, para proteger a la familia, estableció un marco que -entre otros asuntos- proscribió cualquier tipo de discriminación por el origen de tal agrupación humana, a lo que se suma el derecho a una igualdad de trato por parte de las autoridades públicas y la consagración de que sólo podrá ser interferida la armonía familiar por parte del Estado con las formalidades legales y por los motivos previamente definidos en la ley. 2.2.2 Ahora bien, una de las maneras –más no la única- como puede constituirse la familia es por la voluntad libre de un hombre y una mujer de conformarla. Este asunto fue reconocido por el legislador incluso antes de que fuera promulgada la Constitución de 1991. En efecto, la Ley 54 de 1990, “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y [el] régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, estableció que “(…) para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”[27]. Como se observa, para el legislador, basta con que se haga comunidad de vida permanente y singular para que exista una unión marital de hecho. Esto mismo fue reconocido por el constituyente en el artículo 42 de la Carta, dado que estableció que la familia podría constituirse por la decisión libre y responsable de conformarla. De este modo, las uniones maritales de hecho, incluso desde antes de la Carta, a más de ser reconocidas como tipos de familia, son acreedoras de la protección integral que debe garantizar el Estado y la Sociedad, lo que incluye que sus miembros no sean discriminados por el origen del grupo que han conformado y que reciban el mismo trato por parte de las autoridades públicas. Por lo mismo, la armonía y la tranquilidad de la familia sólo pueden ser afectadas por el Estado con fundamento en los motivos establecidos en la ley y bajo la égida de las formalidades legales que supone el respeto al debido proceso. De lo contrario, esto es, si llegase a existir una interferencia en el desarrollo familiar desconociendo tales postulados, se configuraría una vulneración a este derecho fundamental y, de contera, se transgrediría el principio atinente a que, como grupo humano base de la sociedad, debe ser protegido y respetado. 2.2.3 En cuanto a la igualdad de protección de que se hacen merecedores todas las familias en Colombia –en razón a la proscripción de un trato desigual discriminatorio por el origen de la agrupación humana-, esta Corporación, reiterando su jurisprudencia en la sentencia C-755 de 2008[28], mencionó lo siguiente: “La Constitución de 1991 eliminó de manera tajante y definitiva toda forma de diferenciación entre el matrimonio y la unión permanente como fuentes u orígenes de la familia. Tanto el contrato solemne como la voluntad responsable de un hombre y una mujer, sin formalidad alguna, producen el efecto jurídico de formación del núcleo familiar. En consecuencia, todo aquello que en la normatividad se predique del matrimonio es aplicable a la unión de hecho. Con mayor razón lo relacionado con derechos, beneficios o prerrogativas, tanto de quienes integran una u otra modalidad de vínculo familiar como de los hijos habidos en el curso de la relación correspondiente. Por eso, se muestra como contrario a los preceptos constitucionales toda norma o acto, judicial o administrativo, que pretenda introducir distinciones entre el matrimonio y la unión libre, con el ánimo de reservar para la primera de esas formas de convivencia determinadas preferencias o ventajas, o para la segunda ciertas restricciones u obstáculos en cualquier campo”. Así las cosas, conforme a tal jurisprudencia, “Es claro que la protección de la familia ha de darse por la ley cuando surge de un vínculo matrimonial[29], pero también si nace sin el formalismo, pues la Constitución ordena darle igual amparo a la familia, constituida por la decisión responsable y libre de un hombre y una mujer, sin discriminación en razón de su enlace”. En consecuencia, tratándose de actuaciones Estatales, si en un procedimiento se desconoce el llamado constitucional a darles igualdad de trato a todas las familias, también podría presentarse un desconocimiento del debido proceso, que ha de cumplirse –conforme con el artículo 29 Constitucional- en “(…) toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)”. 2.2.4 Ahora bien, lo anterior no supone que no existan o puedan existir regulaciones diferentes para ciertas situaciones que se presentan en las uniones maritales. Sin embargo, se reitera, no pueden ser tratamientos diferenciales carentes de sentido, pues –de lo contrario- se transgrediría el mandato constitucional que proscribe la discriminación por razones de origen familiar. Un ejemplo claro de tales situaciones disímiles se evidencia en el surgimiento de la sociedad patrimonial, que requiere de dos años de existencia de la unión marital para poder nacer a la luz del derecho. En efecto, el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 contempló que “(…) se presumen sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho (…)”. Como se observa, se trata de la protección del patrimonio, pues a eso se circunscribe la sociedad patrimonial, conformada –según el artículo 3º de la aludida ley- por el “(…) capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo (…) [excluyendo] los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, [así como] los que hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho (…)”. En cambio, la sociedad conyugal, conforme con el artículo 1773 del Código Civil, surge con la celebración de las nupcias –salvo acuerdo escrito-, ya que tal disposición establece que “(…) a falta de pacto se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal (…)”, sin que medie requisito temporal alguno, como sí sucede en la sociedad patrimonial. En relación con lo anterior, esta Corporación, en sentencia C-014 de 1998[30], indicó que “El matrimonio y la unión de hecho comparten la característica esencial de ser instituciones creadoras de la institución familiar. Como tales es claro que las dos figuras merecen una misma protección constitucional. Sin embargo, ese idéntico trato no puede aplicarse enteramente a los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de las sociedades conyugal y patrimonial. Tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta Corporación, las diferencias sean razonables, es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva”. 2.2.5 Empero, si bien existe tal requisito temporal para que surja la protección al patrimonio de la unión marital, en el ordenamiento jurídico colombiano también se observan guardas a este grupo que emanan de manera inmediata, una vez las personas conformen una unión marital de hecho, que sólo exige a la pareja no tener un vínculo solemne entre ellos y hacer comunidad de vida permanente y singular conforme quedó establecido en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990. Un ejemplo de ello, consagrado en el artículo 28 de la Carta, es la garantía de que nadie pueda ser molestado en su familia, sino con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley, asunto que sin duda se relaciona con el debido proceso. Es claro, que en la Constitución no se establecieron requisitos temporales para ello, lo que sin duda sería contrario a la obligación de no discriminar por razones de origen familiar, dado que no tendría sentido que ciertos grupos familiares sí fueran sometidas a un término de convivencia para que se vieran cobijadas por esta garantía constitucional. Otro de ellos se evidencia en el régimen de seguridad social en salud y fue desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte. En efecto, esta Corporación, en la sentencia C-521 de 2007[31], al referirse a la constitucionalidad del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que regula lo concerniente a los beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, indicó que en ciertos casos el criterio temporal era discriminatorio: “El marco jurídico diseñado por el constituyente permite al legislador configurar el sistema de seguridad social en salud, dentro de los límites propios del Estado Social de Derecho y de conformidad con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política. Precisamente, el Estatuto Superior consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales y jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. “La disposición parcialmente demandada establece la cobertura familiar del Plan Obligatorio de Salud POS, determinando quienes son beneficiarios del sistema y previendo un tratamiento diferente respecto de tres situaciones, así: i) será beneficiario el (o la) cónyuge del afiliado; ii) será beneficiario el compañero (a) permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; y iii) NO será beneficiario el compañero (a) permanente del afiliado cuya unión sea inferior a 2 años. Es decir, respecto de ésta última situación el legislador ha excluido de la condición de beneficiario del Plan a un sector de la sociedad a partir de un criterio temporal, incurriendo de esta manera en un acto de discriminación, pues tal comportamiento no encuentra justificación objetiva y razonable desde una perspectiva constitucional acorde con los principios, derechos, libertades y garantías fijados por el constituyente” (subraya del original). Así las cosas, en la misma providencia se concluyó que “El artículo 42 superior sirve a la Sala como fundamento para afirmar que mediante la expresión demandada el legislador desbordó el ámbito de protección previsto en la Carta Política en favor de la familia, sea ésta constituida por vínculos naturales o jurídicos, por cuanto estableció una categoría, la de los compañeros (as) permanentes no beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, generando una clara discriminación respecto de los cónyuges, quienes son beneficiarios del sistema de seguridad social en salud desde el momento mismo en que adquieren el mencionado estatus”. 2.2.6 De lo anterior, así como de la consagración por parte del Constituyente de la “(…) protección integral de la familia (…)” en el artículo 42 de la Carta, se desprende que en todas aquellas situaciones jurídicas en las cuales no sea necesario el establecimiento de requisitos diferentes en razón a la naturaleza de la unión marital de hecho, no sea legítimo que las autoridades públicas las exija o las impongan. Es en este sentido que ha de entenderse la exención al servicio militar obligatorio de que trata el literal “g” del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, que estableció lo siguiente: “Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: (…) g. Los casados que hagan vida conyugal”. Esta disposición fue declarada exequible por esta Corporación mediante sentencia C-755 de 2008 en el entendido de que también cobijaba a quienes convivan en unión permanente, de acuerdo con la ley, pues su exclusión conllevaba un trato discriminatorio. Uno de los argumentos brindados para ese momento supuso que “(…) Analizada la exención que para prestar el servicio militar establece el literal acusado para los casados que hagan vida conyugal, salta a la vista que cabe dentro del ejercicio de la potestad de configuración del legislador el establecimiento de tal prerrogativa, pues su finalidad aparece razonable, habida consideración de la protección a la vida en común de manera permanente que a los cónyuges se asigna en virtud del matrimonio. // No obstante, ello deja por fuera de similar protección a quienes sin contraer matrimonio optaron por constituir una familia sin vínculo matrimonial pues, en este caso, resulta igualmente cierto que la vida en común podría verse interrumpida cuando uno de sus integrantes se vea compelido a la prestación del servicio militar”. En consecuencia, al ampliarse tal exención a las personas que vivan en unión marital, en respeto al debido proceso y de acuerdo con el deber de acatar la intangibilidad del grupo humano que se considera la base de la sociedad salvo por los motivos establecidos en la ley, las autoridades castrenses deben dar lugar a la aplicación de la misma. De esta manera se cumple el mandato constitucional de amparar a la familia, evitando que uno de sus miembros -en tiempo de paz- preste el servicio militar obligatorio. 2.2.7 Ahora bien, queda por dilucidar la cuestión del momento en el cual surge el derecho a que las fuerzas militares apliquen la mentada exención para las personas que han conformado una unión marital de hecho. Dado que con la celebración del vínculo formal del matrimonio surge de manera inmediata, es claro que no existe ninguna justificación constitucional para que no emane de la conformación libre y voluntaria de la unión marital de hecho de la misma manera. Cos...