Sentencia T-663 de 2015

T-663-15 Sentencia T-663/15 PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-El tratamiento requerido por accionante le está siendo suministrado de manera efectiva DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O DROGADICCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O DROGADICCION EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DERECHO A LA SALUD-Protección constitucional especial a personas que padecen problemas de farmacodependencia y/o drogadicción DERECHO A LA SALUD MENTAL DE FARMACODEPENDIENTE-Se deberá preservar el consentimiento de las personas que se llegaren a someter a tratamientos y rehabilitación DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE FARMACODEPENDIENTE-Orden al ICBF constatar que en Centro Médico se le garantice al accionante su derecho al consentimiento informado, en relación con el plan de manejo formulado para su situación de salud Referencia: Expediente T-5052564 Acción de tutela instaurada por Rafael, invocando la calidad de agente oficioso de su hijo Hernán, contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, con vinculación oficiosa del Instituto de Psicoterapias Villa 76.[1] Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las Magistradas María Victoria Calle Correa y Myriam Ávila Roldán, y el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014) y, en segunda instancia, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), dentro de la acción de tutela promovida por Rafael, invocando la calidad de agente oficioso de su hijo Hernán, contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, con vinculación oficiosa del Instituto de Psicoterapias Villa 76. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión mediante auto del trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Ocho.[2] I. ANTECEDENTES 1. Rafael, invocando la calidad de agente oficioso de su hijo, Hernán, interpuso acción de tutela contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, por considerar vulnerados sus derechos a la vida, la salud, la dignidad humana y de los adolescentes. La vulneración de derechos fundamentales tendría como base los siguientes Hechos 2. Rafael expresa que su hijo, Hernán, que al momento de la interposición de la acción constitucional tenía dieciséis (16) años de edad,[3] fue diagnosticado con farmacodependencia,[4] razón por la cual fue internado en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[5] 3. Señala que el adolescente huyó de este lugar el siete (7) de diciembre de dos mil catorce (2014), con ocasión de la fuga masiva de pacientes.[6] 4. Manifiesta que su hijo se niega a ser reintegrado a dicho sitio “[…] ya que manifiesta los malos tratos de algunos enfermeros”.[7] 5. Indica que, de la misma manera, el Instituto de Psicoterapias Villa 76 se rehúsa a recibir de nuevo al adolescente y que la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio se niega a emitir una orden para que sea internado en otro lugar.[8] 6. Por lo anterior, solicita que se ordene a la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio que garantice tratamiento médico por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días al adolescente, en un centro de cuidado diferente al Instituto de Psicoterapias Villa 76. De igual manera, pide que se advierta a la entidad accionada que se abstenga de incurrir en el futuro en situaciones como las que dieron lugar a la presente acción de tutela. Documentos que constan en el expediente 7. Derecho de petición presentado por la señora Mabel el día diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014) ante la Unión Temporal del Norte EPS, a través del cual peticiona que se autorice la expedición de los documentos necesarios para el traslado de su hijo a la ciudad de Barranquilla, de tal manera que el mismo sea “[…] internado de manera ambulatoria…” en alguno de los centros que aquella sugería en su escrito.[9] Se menciona, igualmente, que el joven habría estado institucionalizado previamente en el centro Sembrando Vencedores. 8. Remisión del paciente Hernán emitida por la Clínica General del Norte al Instituto de Psicoterapias Villa 76, para la prestación del servicio de internación, fechada el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).[10] 9. Formato de histórica clínica ambulatoria de la Clínica General del Norte del catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015), en la que se registra consulta con la siquiatra Milena Rubio García. Según los datos allí consignados, el adolescente asistió a la consulta con su padre, el señor Rafael.[11] En cuanto al diagnóstico principal se señala: “Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas…”[12] Y en relación al plan de manejo se indica: “Se solicita hospitalización para el manejo de intoxicación y abstinencia”.[13] Dentro de los registros médicos consta la remisión formulada para el internamiento del adolescente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[14] 10. Fórmula médica del treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014) del Hospital Universitario CARI E.S.E., firmado por la siquiatra Milena Rubio García, en la cual se prescribe internación en centro de rehabilitación para tratamiento de consumo de sustancias sicoactivas por trescientos sesenta y cinco (365) días.[15] 11. Oficio de justificación de insumos y procedimientos no POS del (30) de septiembre de dos mil catorce (2014) del Hospital Universitario CARI E.S.E., en el que se describe el cuadro clínico del accionante como “historia de consumo de sustancias psicoactivas larga data múltiples recaídas.”[16] 12. Remisión del paciente Hernán al Instituto de Psicoterapias Villa 76 del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte, para la prestación del servicio de rehabilitación de consumo de sustancias sicoactivas por un tiempo de treinta (30) días.[17] 13. Formulario donde se registra el ingreso, el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), y el posterior egreso, el dieciséis (16) de octubre del mismo año, del paciente Hernán del Centro de Atención y Rehabilitación C.A.R.I. E.S.E. Allí se consigna que, en esta última fecha, el “[…] paciente presenta evolución favorable de su cuadro clínico de ingreso motivo por qué se decide dar de alta con fórmula médica, cita por psiquiatría y recomendaciones”[18] De igual manera, dentro del tratamiento se formulan seis medicamentos: olanzapina, carbamazepina, ácido valproico, levomepromazina, loratadina y acetaminofén. 14. Consentimiento informado prestado por el señor Rafael, padre del adolescente Hernán, el diecisiete (17) de octubre de dos mil quince (2015) para el internamiento del joven en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[19] 15. Carta de veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) firmada por la señora Mabel, madre del adolescente, por medio de la cual solicita a la Clínica General del Norte dar continuidad al tratamiento médico de su hijo y que se permita su internación por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días, en vez de los treinta (30) días que fueron autorizados por la entidad accionada.[20] 16. Remisión del paciente Hernán al Instituto de Psicoterapias Villa 76 del quince (15) de noviembre de dos mil catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte para la prestación del servicio de internación.[21] 17. Remisión del adolescente al Instituto de Psicoterapias Villa 76 con fecha de cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014), emitida por la Clínica General del Norte para rehabilitación de consumo de sustancias sicoactivas por un periodo de treinta (30) días.[22] 18. Información sobre el horario de visitas a pacientes.[23] Respuesta de la entidad vinculada 19. El dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014), el gerente del Instituto de Psicoterapias Villa 76 S.A.S.[24] contestó la acción de tutela interpuesta. Señaló que el paciente Hernán, durante el periodo en que estuvo internado, incumplió las normas del centro de rehabilitación “[…] promoviendo actos de violencia y agresión en contra del personal de enfermería y destruyendo la infraestructura de la institución.”[25] En consecuencia, indicó que no pueden aceptarlo de nuevo, pues no recibe el tratamiento de forma voluntaria y entorpece el proceso de rehabilitación de los demás pacientes. Adicionalmente, declaró que la institución no se niega a ofrecer tratamiento ambulatorio al adolescente, pero que para ello es necesario contar con una orden de la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio.[26] Respuesta de la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio 20. La entidad accionada no contestó la acción de tutela. Decisiones que se revisan Sentencia de Primera Instancia 21. El veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual dispuso denegar la acción constitucional interpuesta por Rafael, en representación de Hernán, contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, al estimar que no existió vulneración de los derechos fundamentales del joven.[27] La decisión señaló que no se le negó el servicio de salud, pues este se encontraba internado en un centro de rehabilitación hasta el momento en que decidió fugarse, situación que supuso la suspensión del tratamiento. Asimismo, estableció que no es facultad del juez de tutela ordenar a una EPS que uno de sus pacientes sea atendido en una institución prestadora de servicios de salud específica ni determinar el tipo de tratamiento que debe recibir. 22. Pese a lo anterior, el juez constitucional exhortó a la entidad accionada a continuar con la prestación del servicio de salud al paciente y le advirtió que “[…] los servicios que le sean prestados al joven referido, deberán ser los adecuados, los mejores e idóneos para su patología, procurando siempre la continuidad en el acceso a los servicios de salud requeridos para su recuperación, de acuerdo al concepto de su médico tratante…”[28] Impugnación 23. El diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015), Rafael impugnó el fallo de tutela de primera instancia, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada. En el escrito señaló que la entidad accionada no estaría prestando el servicio de salud al adolescente, exponiéndolo a sufrir un perjuicio irremediable.[29] Sentencia de Segunda Instancia 24. El veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso de la referencia, a través de la cual confirmó la decisión del juez inferior.[30] De acuerdo con el juez constitucional, la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, para lograr la protección de los derechos fundamentales en cuestión, el actor debió hacer uso de la función jurisdiccional atribuida a la Superintendencia Nacional de Salud por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.” Pruebas decretadas en sede de revisión 25. El tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015),[31] la Sala Primera de Revisión profirió auto a través del cual, entre otros, dispuso: (i) oficiar al accionante para que aclarara el vínculo que lo une al titular de los derechos invocados y que aportara prueba de dicha relación; (ii) oficiar al Instituto de Psicoterapias Villa 76 para que informara si en relación con los hechos que dieron lugar a la fuga de pacientes mencionada en la tutela se inició alguna investigación, así como los resultados arrojados por esta, en caso que la misma hubiese tenido lugar. También se le requirió para que indicara si se llevó a cabo alguna pesquisa por los alegados malos tratos a los que habría sido sometido el adolescente y que especificara cuáles fueron las conductas contrarias al reglamento cometidas por aquel; (iii) oficiar a la accionada para que allegase copia de la historia clínica del paciente; (iv) vincular a la señora Mabel, madre del adolescente, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y la Protección Social al proceso, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones del caso; (v) oficiar al ICBF para que entrevistase a Hernán para conocer su opinión en relación con la situación ventilada en la tutela y, en especial, con el tratamiento médico que se le suministra; (vi) invitar al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS– de la Universidad de los Andes, a la Fundación Saldarriaga Concha, al Centro para el Reintegro y Atención Integral al Niño –CRAN–, a la organización Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social –PARCES– y al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON– para que, de considerarlo pertinente, conceptuaran sobre el asunto sometido a revisión. Respuesta de Rafael 26. A través de memorial, el accionante dio respuesta al auto de pruebas proferido por la Sala de Revisión.[32] Indicó que es el padre de Hernán, adjuntó copia del registro civil de nacimiento del joven.[33] Igualmente, anexó acta de conciliación en la cual se expresa que el accionante se encuentra a cargo de la custodia y cuidados personales de su hijo.[34] 27. El actor indicó que es una persona de escasos recursos, que no es profesional ni tiene un empleo estable, por lo que le fue imposible acudir a un abogado para la presentación de la acción constitucional, siendo asistido por el Ministerio Público.[35] 28. Explicó también que la razón que lo llevó a solicitar el amparo fue la insatisfacción con el proceso de rehabilitación del adolescente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76.[36] Sin embargo señaló que, luego de insistir en relación con su solicitud de cambio de centro de rehabilitación ante la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, esta accedió a lo pedido. En consecuencia, indicó: “[…] hoy mi hijo se encuentra en el Centro Terapéutico Reencontrarse, donde ha tenido una evolución positiva por la forma en que fue atendido desde su llegada con un calor humano no solo por parte de los profesionales que atienden allí, sino por todo el personal que labora en ese lugar. Hoy día mi hijo lleva más de cinco (5) meses internado, encontrándose en la última fase de la primera etapa y su evolución es tal que no sólo ha cumplido con el objetivo del programa, sino que se ha convertido en un líder y modelo para los que allí se encuentran. Al iniciar el mes de octubre entra en la segunda etapa, la cual es hospital día por lo que está muy motivado a seguir adelante, en aras de su recuperación y rehabilitación…”[37] Respuesta de Mabel 29. A través de memorial, la señora Mabel, madre de Hernán, dio respuesta al oficio remitido.[38] Manifestó que lo expresado por el padre del adolescente en su escrito de tutela es cierto y, por lo tanto, solicitó que se concediera el amparo deprecado, tutelando los derechos fundamentales vulnerados. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 30. La jefe de la oficina asesora jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[39] dio respuesta al oficio remitido.[40] Expresó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de pruebas y vinculación, se procedió a entrevistar al adolescente Hernán el diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) en el Centro Médico Terapéutico Reencontrarse TRC, lugar donde se encuentra internado. 31. En cuanto al tratamiento que actualmente recibe en este último lugar, Hernán manifestó: “[…] tengo 5 meses de estar en la fundación Reencontrarse, recibiendo tratamiento para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Desde el momento en que llegué me sentí feliz, me sentí bien por las instalaciones de la fundación y el trato de todos los que trabajan aquí, las orientaciones, los medicamentos, la comida, todo es excelente, son muy organizados, es la mejor fundación donde he estado, cuando uno tiene alguna inconformidad escuchan y buscan solución.”[41] Posteriormente, añadió: “Estoy contento en el programa Reencontrarse, he recuperado parte de la confianza que tenía, veo a mis papás diferentes, los siento más tranquilos”.[42] 32. De otra parte, al ser indagado por el tiempo en que permaneció internado en el Instituto de Psicoterapias Villa 76, el adolescente relató su experiencia, la cual se transcribe en su integridad: “En Villa 76 duré casi dos meses, desde que llegué allá me sentí muy mal, esperaba otra cosa diferente, algo como esto donde estoy ahora y lo encontré inadecuado, muy desagradable, la comida la repetían casi todos los días, el trato de los enfermeros es muy malo, querían estar gritando a uno a cada rato, no pedían el favor, la UCI que es el cuarto de aislamiento, tenía el baño dañado, las comidas las entregaban fuera del horario habitual, la cama parecía de manicomio, muy feo, estábamos todos revueltos, los que estaban pagando pena de presos, los psiquiátricos y nosotros los fármacos. Se formaban unas peleas porque los psiquiátricos olían feo, se querían sentar en todas las bancas, tapaban los baños, me salieron hongos en los pies, no hacían bien el aseo, no quería estar allí, sobre todo por el trato, me volé a los 15 días de haber ingresado, y ese mismo día me encontró una enfermera, y me llevó otra vez con una patrulla de la policía de infancia. Cuando llegué a Villa 76 el enfermero que me recibió, no recuerdo el nombre, me quería dar golpes a mano limpia, me amenazaba y otro enfermero le dijo que si me iba a pegar que me pegara en el cuerpo, no me pegara en la cara, así duraron como una semana con esas amenazas, me decían como me des la patica ya sabes te casco, ese día me inyectaron en la pierna, eran como las 2 de la tarde y desperté al día siguiente como a las 3 y media en el UCI donde duré como 3 semanas, desperté con mucho dolor de cabeza, a mi papá no le avisaron nada de eso, se enteró porque yo mismo le dije ya que tenía unas llagas o ampollas en los pies y no me querían curar. Yo ingresé el 15 de octubre de 2014, la primera vez que me volé fue el 28 de octubre y me volé otra vez el día 7 de diciembre. El día 7 de diciembre de 2014 una compañera se montó al techo para evadirse, como vio que nadie la seguía se devolvió, cuando estaba bajando un enfermero la hala por la pierna y pelada cae de cabeza en la escalera desmayada, no me acuerdo cuantos jóvenes estábamos ahí, pero al ver eso reaccionamos y nos fuimos corriendo a coger a la pelada, la íbamos a llevar a la enfermería y yo le pegué un puño en la cara al enfermero y él se encerró arriba en el segundo piso, entonces los que estábamos ahí cerca nos fuimos para la puerta por donde entran las visitas y tumbamos la puerta y nos fuimos 17 jóvenes, ya estábamos aburridos de tanto maltrato, me fui para la casa de un compañero, de allí se comunicaron con mi mamá y ella se comunicó con mi papá. Me fue a recoger el día siguiente en las horas de la mañana.”[43] 33. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que los hechos denunciados por el accionante tienen especial relevancia al considerar que el afectado es un adolescente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a sus circunstancias económicas y de salud. Refirió a los contenidos de las leyes 1566 de 2012 y 100 de 1993, en relación con el principio de atención integral que rige en materia de prestación de servicios de salud. Adujo que la atención integral de salud precisa del cumplimiento de estándares mínimos de calidad en las distintas etapas, necesarios para la recuperación del paciente. 34. De igual forma, hizo referencia a las condiciones de atención del Instituto de Psicoterapias Villa 76. Estableció que, de acuerdo a su objeto misional, esta es una clínica “[…] especializada en la prestación de servicios integrales de promoción, prevención y atención en el área de salud mental; con énfasis en la atención de urgencias psiquiátricas, prevención del suicidio e intervención en crisis emocionales.”,[44] razón por la cual debe prestar servicio de atención integral a pacientes que tienen condiciones de vulnerabilidad específicas, siendo en este sentido sujetos de especial protección constitucional. Indicó también que, de acuerdo al relato narrado por el adolescente, existen múltiples problemáticas en este centro de salud, relacionadas con: (i) violencia física recurrente por parte de los funcionarios; (ii) violencia psicológica por parte de los funcionarios; (iii) hacinamiento; (iv) falta de condiciones habitacionales mínimas, como aseo y separación de internos de acuerdo con su perfil; (v) falta de comunicación de pacientes que no han alcanzado la mayoría de edad con sus padres y familiares; (vi) retención ilegal, debido a traslados sin que se cuenten con garantías mínimas a los pacientes y sin notificación a sus padres.[45] 35. En vista de todo lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “[…] considera necesario realizar una verificación de las condiciones de atención de dicho centro, con el fin de constatar si estas situaciones hacen parte del trato diario que obtienen los pacientes en el lugar, y que, no sólo implicaría una vulneración a sus derechos fundamentales […] sino que impediría que puedan gozar de una atención y rehabilitación integral.”[46] En consecuencia, señaló que procederá a realizar las gestiones correspondientes para verificar el estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes internados en la clínica Villa 76.[47] 36. Finalmente, expresó que, a juicio de la entidad, los derechos de Hernán se encuentran restablecidos, toda vez que el mismo se encuentra en una institución que le brinda atención integral. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social 37. El director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social respondió al oficio remitido por la Sala Primera de Revisión[48] y solicitó que, en caso que la acción de tutela prospere, se ordene a la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio garantizar la prestación de los servicios de salud que el adolescente precisa, pues los mismos se encuentran incluidos en el POS, y no se emita pronunciamiento en relación con la facultad de recobro al FOSYGA. 38. La respuesta se refirió a las coberturas del POS en relación con la salud mental contenidas en la Resolución 5521 de 2013. Igualmente, presentó consideraciones en torno a la elección de IPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Decreto 1485 de 1994, concluyendo que “[…] la libertad de escogencia de IPS, se limita a las instituciones que ofrece la entidad prestadora de salud con las cuales tiene contrato y dentro de esta lista de instituciones el usuario puede escoger la IPS de su preferencia.”[49] De igual manera, llamó la atención en torno a que los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran cubiertos por un régimen de excepción distinto al contemplado en la Ley 100 de 1993, razón por la cual cuenta con instituciones, normas y procedimientos distintos a los creados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 39. De forma concomitante, el Ministerio remitió oficio a través del cual se refirió a las cuestiones por las cuales se le indagó en el auto de pruebas.[50] Propuso una serie de elementos que han de tenerse en cuenta para valorar el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes y los límites a la facultad de los padres de decidir sobre los tratamientos a los que serán sometidos sus hijos, dentro de los cuales se encuentran: (i) urgencia e importancia del tratamiento para los intereses del paciente; (ii) intensidad del impacto sobre la autonomía actual y futura del niño; y (iii) la edad del paciente.[51] 40. Finalmente, señaló que para la decisión del caso concreto deben tomarse en cuenta: (i) la capacidad del paciente para manifestar su consentimiento o aceptar el tratamiento; (ii) la severidad del consumo de sustancias realizado; (iii) la situación de abuso y maltrato denunciada por el adolescente.[52] Respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud 41. El asesor del despacho del Superintendente Nacional de Salud[53] intervino dentro del proceso de la referencia para responder al auto proferido por la Sala Primera de Revisión y solicitar que se desvincule a la entidad del proceso de tutela.[54] Señaló que el joven Hernán se encuentra afiliado como beneficiario de la señora Mabel al régimen especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual no le resulta aplicable el régimen establecido en la Ley 100 de 1993, pues el artículo 279 de la misma excepciona de su ámbito de aplicación a dicho régimen.[55] 42. En cuanto a la manera en que se realiza la inspección, vigilancia y control de las instituciones que prestan servicios de salud a niños, niñas y adolescentes con dependencia a sustancias sicoactivas, la Superintendencia indicó que estas “[…] son realizadas en primera instancia por las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, las cuales se enmarcan dentro de la gestión de acciones de salud pública que deben realizar los prestadores de servicios habilitados para ello…”[56] Sin embargo, adujo que, por su parte, “[…] la Superintendencia Nacional de Salud en el desarrollo propio de sus funciones adelanta acciones tendientes a verificar que los actores del sistema cumplan con las normas y obligaciones particulares asignadas por la ley. De esta manera se realiza inspección, vigilancia y control sobre la gestión en salud pública individual y colectiva…”[57] Respuesta de la Fundación Saldarriaga Concha 43. El líder de incidencia[58] de la Fundación Saldarriaga Concha intervino[59] dentro del proceso de la referencia “[…] con el fin de proveer algunos argumentos jurídicos sobre la relación entre la discapacidad y la farmacodependencia”[60] Hizo referencia al concepto legal de discapacidad en nuestro país, a la protección constitucional de las personas con discapacidad, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley 1618 de 2013.[61] 44. Posteriormente, afirmó que incluir a las personas en situación de dependencia a sustancias sicoactivas dentro de la categoría de sujetos con discapacidad puede generar efectos tanto positivos como negativos. Advirtió que la farmacodependencia guarda elementos comunes con la discapacidad si se toman en cuenta las normas constitucionales y la jurisprudencia de esta Corporación. Mencionó que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que las personas farmacodependientes pueden encajar dentro de la categoría de discapacidad sicosocial percibida y gozar de la protección del tratado. Finalmente, hizo referencia la forma en la que los ordenamientos jurídicos de los Estados Unidos de América, Perú y Argentina abordan la relación entre dependencia a sustancias sicoactivas y discapacidad. Respuesta del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social-PAIIS 45. La clínica jurídica PAIIS intervino[62] dentro del proceso para solicitar a la Corte que profiera órdenes encaminadas a proteger los derechos fundamentales del adolescente.[63] El concepto adujo que la situación del joven Hernán se plantea en términos de diagnóstico de farmacodependencia, sin que se considere la manera en que el comportamiento del adolescente se relaciona con los factores que han influido en el desarrollo de sus habilidades de vida. En dicho sentido se afirmó que “[t]odos los estudios médicos parecen concluir y entender que la condición de Hernán es una enfermedad “grave” y con serias implicaciones, sin tener en consideración el entorno en que se ha desarrollado su vida.”[64] 46. PAIIS manifestó que Hernán enfrenta barreras en el reconocimiento de su voluntad en relación con la valoración de su consentimiento y que “[…] las consecuencias de estas barreras pueden ser comparadas con aquellas que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial.”[65] En consecuencia, aseveró que las barreras que enfrenta el adolescente en la interacción con su entorno en momentos de crisis y a la hora de manifestar su voluntad y preferencias generan una discapacidad, por lo que el mismo es beneficiario del régimen legal establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[66] La intervención enfatizó que, al amparo de la convención mencionada, es deber de los Estados impedir el aislamiento de estas personas, tal como ocurre en los casos de institucionalización, sino que, por el contrario, han de propender por su integración a la comunidad. Por ello, estimó que el internamiento forzado del adolescente es una decisión que tiene el efecto de reforzar la exclusión y segregación que atraviesa, por lo que resaltó la necesidad de generar aproximaciones al caso de acuerdo a modelos de rehabilitación basada en comunidad (RBC). 47. De igual forma, llamó la atención sobre la falta de constancia en el expediente del consentimiento informado de Hernán para el suministro y aplicación de los medicamentos siquiátricos prescritos por sus médicos y para su institucionalización.[67] Afirmó que si bien la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, el consentimiento sustituto de los padres es suficiente para la realización de procedimientos médicos y tratamientos que involucran la salud de niños, también se ha mantenido que ello no obsta para que se tome en cuenta la opinión de estos y que en determinados casos resulte inviable proceder con el consentimiento sustituto de los progenitores.[68] Respuesta de la Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño-CRAN 48. La Fundación CRAN remitió oficio a la Sala Primera de Revisión a través del cual señaló que “[…] infortunadamente CRAN no cuenta con la experticia para conceptuar temas relaciones con el consumo y dependencia a sustancias psicoactivas…”[69] Respuesta del Instituto de Psicoterapias Villa 76 49. El gerente[70] de la entidad vinculada ofreció respuesta al oficio remitido por la Sala Primera de Revisión.[71] Indicó que el adolescente Hernán “[…] fue un paciente ansioso e inquieto que manifestaba no querer estar en el tratamiento y mucho menos hospitalizado.”[72] Afirmó que los sicoterapeutas del centro buscaron orientarlo para que de manera voluntaria recibiera el tratamiento de rehabilitación y que no es una práctica de la institución maltratar de ninguna manera a sus pacientes. Así mismo, aseveró que como “[c]onsecuencia del incidente del 7 de diciembre, nuestra política para recibir un paciente es que éste se hospitalice y quiera recibir su tratamiento de rehabilitación voluntariamente.”[73] 50. En cuanto al contexto en el cual aconteció la fuga de pacientes, adujo que: “En nuestras instalaciones, en un salón que llamamos Andalucía, dada la fecha significativa como es el 7 de diciembre, se realizó una actividad lúdica-recreativa por nuestra Trabajadora Social, actividad en la que los pacientes manifestaron su complacencia y agradecimiento. Una vez finalizada la actividad tipo 5 pm, se dirigieron al sitio donde se recrean individualmente y estando allí, se reunieron con el fin de planear y escaparse. Regresan al salón Andalucía y Hernán y sus compañeros (13), unos agreden al personal de enfermería y otros le dan golpes (patadas) a la puerta de salida a la calle hasta derribarla y conseguir su objetivo que era la fuga. Se llamó la atención a la policía marcando el 123 y nunca respondieron. Se procedió a llamar a los padres de cada uno de ellos para ponerle en conocimiento de lo acontecido. Internamente se hizo la investigación con los compañeros que quedaron dentro de la institución. Ellos manifestaron que los que se fugaron querían participar en las festividades del 7 de diciembre.”[74] Respuesta de las demás entidades oficiadas 51. La Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social –PARCES– y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON– guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 52. La Sala es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. Planteamiento del caso y problemas jurídicos 53. Rafael, actuando en calidad de representante legal de su hijo, Hernán, interpuso acción de tutela contra la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, por considerar vulnerados los derechos de este último a la vida, la salud, la dignidad humana y de los adolescentes. 54. De acuerdo el acervo documental contenido en el expediente, el adolescente fue diagnosticado con farmacodependencia, debido al consumo de múltiples sustancias sicoactivas,[75] así como con trastornos mentales y del comportamiento asociados a esta situación.[76] Su siquiatra prescribió la internación de Hernán en un centro de rehabilitación para tratamiento del consumo de sustancias sicoactivas por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días. Por su parte, la Clínica General del Norte habría emitido múltiples autorizaciones para servicios de rehabilitación e internación del joven. Reposa en el expediente consentimiento informado prestado por el accionante, en calidad de padre del adolescente, para su internamiento el Instituto de Psicoterapias Villa 76, sin que se cuente con registro escrito en torno a la opinión del titular de los derechos sobre el tratamiento que se le ha suministrado. El tratamiento administrado al adolescente en la entidad de salud mencionada se interrumpió luego de que el mismo huyó del sitio junto con otros pacientes. Hernán se niega a volver a dicho lugar, por haber sido objeto de malos tratos por parte de miembros del personal. Por su parte, el Instituto de Psicoterapias Villa 76 se rehúsa a recibirlo de nuevo, debido a que el mismo habría desconocido las normas establecimiento. 55. De la situación expuesta se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 56. ¿Vulnera una entidad que presta servicios médicos el derecho a la salud de una persona con farmacodependencia al no autorizar su traslado a otro centro de rehabilitación, pese a que el mismo fue solicitado debido a aparentes situaciones de maltrato en contra del usuario? 57. ¿Vulneran las entidades que hacen parte del sistema de salud el derecho fundamental de un paciente de dieciséis (16) años[77] a que se cuente con su consentimiento informado para el tratamiento de su dependencia a sustancias sicoactivas, cuando este no ha manifestado su aceptación para reabrir el tratamiento, ni se le ha informado debidamente sobre el mismo? Procedencia de la acción de tutela Legitimación en la causa 58. De acuerdo con el texto de la tutela, el señor Rafael interpuso esta acción constitucional invocando la calidad de agente oficioso del adolescente Hernán. Sin embargo, al analizar los documentos que reposan en el expediente, se puede concluir que el accionante es el padre del joven, razón por la cual ostentaría su representación legal.[78] Lo anterior resulta patente si se tiene en cuenta que el accionante aportó copia del registro civil de nacimiento del adolescente, en el cual figura como padre, y que, de acuerdo con el artículo 306 del Código Civil, “La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.” Así las cosas, la legitimación en la causa para interponer la acción de tutela no correspondería a un caso de agencia oficiosa, sino a uno en que la acción constitucional se interpuso por medio de representante legal. En cuanto a este evento, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, señala que “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante...” 59. En consecuencia, la Sala estima que el señor Rafael tiene legitimidad e interés para interponer la acción de tutela, al obrar como representante legal del adolescente cuyos derechos fundamentales, al parecer, estarían siendo conculcados. Requisito de subsidiariedad 60. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 constitucional, la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales que se encuentren vulnerados o amenazados por autoridades públicas y, de forma excepcional, por particulares. Esta se caracteriza por tener un procedimiento preferente y sumario, estar regida por el principio de informalidad y tener un carácter subsidiario en relación con otras acciones legales determinadas por la Constitución Política y la ley. La tutela está llamada a proceder en uno de tres supuestos: (i) cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial que permita al accionante salvaguardar sus derechos; (ii) cuando existiendo otro mecanismo de defensa judicial, este resulta inidóneo o ineficaz para lograr la protección pretendida; o (iii) cuando contándose con otros mecanismos de defensa idóneos y efectivos, se está frente a la posibilidad de sufrir un perjuicio irremediable.[79] Es decir que la tutela no siempre es el instrumento llamado a operar para la salvaguarda de derechos fundamentales, siendo en este sentido un mecanismo de protección subsidiario a otras acciones ordinarias y constitucionales. 61. En el caso objeto de análisis, el juez de segunda instancia consideró que la acción de tutela bajo estudio debe ser declarada improcedente, al no satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues el accionante podía hacer uso de la facultad jurisdiccional asignada a la Superintendencia Nacional de Salud por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 62. En cuanto a esto, debe precisarse que si bien la disponibilidad de otros medios de defensa judicial conduciría, en principio, a que la acción constitucional se tornase inviable, esta Corte ha indicado que no basta con la simple existencia de cualquier otro mecanismo judicial aparentemente útil para que pueda predicarse improcedencia de la tutela, pues se requiere, además, que estos sean idóneos y eficaces para garantizar los derechos fundamentales que se encuentran en juego.[80] En cuanto al mecanismo establecido en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la jurisprudencia constitucional ha señalado en múltiples ocasiones[81] que el trámite jurisdiccional referido puede resultar ineficaz para garantizar el derecho a la salud de las personas, en tanto el mismo carece de una reglamentación suficiente que le permita ser considerado como un medio de efectivo y oportuno en situaciones de extrema gravedad o urgencia.[82] 63. A ello se suma que, en el caso bajo estudio, el titular de los derechos fundamentales que se encuentran en juego es un adolescente que ha visto comprometida su salud y calidad de vida debido a su dependencia de sustancias sicoactivas, razón por la cual el mismo es un sujeto que cuenta con especial protección constitucional. Esta Corporación ha señalado la gravedad que puede predicarse de la farmacodependencia, como situación que afecta la salud, debido a sus efectos en la funcionalidad tanto física como mental de la persona, lo que se aúna a las profundas consecuencias familiares, económicas y comunitarias que puede acarrear.[83] Igualmente, ha sido reiterativa en señalar que en estos eventos la tutela puede ser interpuesta debido a la necesidad de evitar que se produzca un perjuicio irremediable para el titular de los derechos.[84] 64. En cuanto a la procedencia de la tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en estos eventos la sentencia de tutela otorga, en principio, un amparo transitorio con el fin de velar por la integridad de los derechos fundamentales amenazados. La jurisprudencia constitucional ha establecido que para que pueda hablarse de perjuicio irremediable, este ha de ser inminente y grave, requiriendo de “[…] medidas urgentes y de aplicación inmediata e impostergable.”[85] 65. Toda vez que la dependencia de sustancias sicoactivas puede acarrear graves consecuencias tanto a nivel personal como social para Hernán y su familia, y que existe inminencia respecto a la materialización de dicho riesgo, la Sala considera que en este caso se cumplen con las condiciones necesarias para considerar satisfecho el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. Carencia actual de objeto 66. En varias ocasiones la Corte ha señalado que en aquellos casos en los que las órdenes a proferir por parte del juez de tutela no surtirían ningún efecto práctico en relación con lo pedido por el accionante, se está frente a una situación de carencia actual de objeto. Esta puede configurarse de dos maneras: de un lado se encuentra el hecho superado, que se presenta cuando entre el momento de la interposición de la acción constitucional y la sentencia que la resuelve se ha satisfecho de manera íntegra la pretensión del tutelante, por lo que el amparo pretendido ya no resulta necesario. De otro lado, se encuentra el daño consumado, que ocurre cuando la vulneración o lesión a los derechos fundamentales se ha materializado, sin que sea viable evitarla o hacer que cese, siendo procedente tan solo la reparación de los perjuicios causados.[86] 67. A fin de evaluar si en el caso concreto se ha presentado el fenómeno de carencia actual de objeto, la Sala analizará si en relación con la situación planteada por el accionante se ha configurado un hecho superado o un daño consumado. Ahora bien, dicho análisis debe efectuarse en relación con cada una de las situaciones que, en principio, han podido generar una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales de Hernán. En este orden de ideas, el estudio de la carencia actual de objeto ha de llevarse a cabo en relación con tres situaciones independientes, a saber: (i) la solicitud de traslado del adolescente de institución de salud solicitada por el accionante ante la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio; (ii) las alegadas situaciones de maltrato puestas en conocimiento de la Sala de Revisión por parte de Hernán, que habrían conllevado a la fuga de pacientes del siete (7) de diciembre de dos mil catorce (2014); y (iii) el derecho al consentimiento informado de este último en relación con el tratamiento para su farmacodependencia. 68. En cuanto a la primera situación, el accionante en el oficio remitido a esta Corte en sede de revisión señaló que “[d]espués de haber insistido en la EPS Clínica General del Norte Convenio Magisterio, logré que se le brindara atención en otro centro de rehabilitación para sustancias psicoactivas y hoy mi hijo se encuentra en el Centro Terapéutico Reencontrarse, donde ha tenido una evolución positiva por la forma en que fue atendido desde su llegada con un calor humano, no solo por parte de los profesionales que atienden allí, sino por todo el personal que labora en ese lugar.”[87] Lo anterior fue corroborado por la entrevista realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al adolescente, en la cual este declaró: “Tengo 5 meses de estar en la fundación Reencontrarse, recibiendo tratamiento para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Desde el momento en que llegué me sentí feliz, me sentí bien por las instalaciones de la fundación y el trato de todos los que trabajan aquí, las orientaciones, los medicamentos, la comida, todo es excelente, son muy organizados, es la mejor fundación donde he estado, cuando uno tiene alguna inconformidad escuchan y buscan solución.”[88] En consecuencia, la Sala concluye que, en relación con la solicitud de traslado del paciente a otra institución de salud se presenta un hecho superado, pues se tiene certeza de que el tratamiento requerido por Hernán le está siendo suministrado de manera efectiva en otro centro médico, previa autorización de la Clínica General del Norte-Convenio Magisterio, por lo que la pretensión del accionante se ha satisfecho a plenitud. 69. Sin embargo, la Sala debe referirse a la presunta situación de maltrato mencionada por el accionante en su tutela y detallada por el adolescente en la entrevista que se le practicó por parte de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Sala encuentra que, aun en el evento en que se concluyera que la misma ocurrió tal como lo relató Hernán, se habría configurado un daño consumado, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana del adolescente se habrían tornado irreversibles, pues los hechos que dieron lugar a la afectación iusfundamental ya ocurrieron. 70. Una situación similar se presenta en relación con el derecho al consentimiento informado del paciente en relación con el tratamiento para la farmacodependencia que se le suministró en el Instituto de Psicoterapias Villa 76. A Hernán le administraron distintos tipos de medicamentos y, posteriormente, su internación sin que, aparentemente, se le informara respecto a las consecuencias del plan de manejo adoptado para su situación de salud. No obstante, el mismo ya no recibe tratamiento en aquella institución, toda vez que escapó de ella y, a la fecha, se encuentra en el Centro Médico Terapéutico Reencontrarse TRC. En consecuencia, aun si se considera que al administrarle el tratamiento señalado se vulneró su derecho al consentimiento informado, esta afectación se ha tornado definitiva. 71. En consecuencia, es forzoso concluir que en el caso bajo revisión se ha configurado la carencia actual de objeto, por cuanto se ha constatado un hecho superado en torno a la solicitud de traslado de centro de tratamiento y se ha establecido un daño consumado en relación con las supuestas situaciones de maltrato sufridas por el paciente en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 y a su derecho al consentimiento informado para la administración del tratamiento para la farmacodependencia. 72. No obstante, en el caso específico del daño consumado esta Corporación ha afirmado que: “[…] si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en el recurso de amparo, la Corporación en sede de revisión tiene la facultad de decretar una serie medidas de reparación integral, en principio, no pecuniarias. En primer lugar, como medidas de no repetición y de satisfacción, la Corte ha sostenido la necesidad de pronunciarse de fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda, lo cual incluye, en el caso del juez de segunda instancia y de la Corte Constitucional, la revisión de los fallos precedentes para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado. De igual manera, este Tribunal ha advertido a la autoridad demandada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela. También, la Corte ha compulsado copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño. Ésta Colegiatura ha considerado que dada la naturaleza preventiva de la acción de tutela no es posible, en principio, ordenar indemnizaciones de carácter económico, a modo de compensación por los perjuicios causados. No obstante, la Corte ha señalado que es obligación del juez de tutela informar al actor o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la reparación del daño, y en casos de graves vulneración de derechos fundamentales, ha condenado en abstracto, en los términos del artículo 25 del decreto 2591 de 1991. Las anteriores medidas encuentran su fundamento en las obligaciones de este Tribunal, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, de desarrollar el derecho a la verdad, entendido como la garantía a saber para no olvidar y así abstenerse de repetir y de velar por la protección de los derechos fundamentales. Así pues, la Corte no puede permanecer indiferente cuando evidencia la trasgresión de estos últimos, ya que su inactividad significaría avalar la misma.”[89] Así las cosas, la Sala considera que es preciso efectuar un pronunciamiento de fondo en torno a los supuestos hechos de maltrato ocurridos en el Instituto de Psicoterapias Villa 76 y al derecho al consentimiento informado del adolescente Hernán. Para ello se presentarán consideraciones referidas a la garantía del derecho a la salud de las personas con farmacodependencia y se analizará si en relación con los dos asuntos mencionados se presentaron afectaciones a derechos fundamentales. La garantía del derecho a la salud de las personas con farmacodependencia Normas constitucionales 73. Las personas con farmacodependencia y sus familias gozan de especial protección jurídica de acuerdo a varias disposiciones constitucionales. De una parte, el inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Nacional consagra un mandato de especial cuidado en favor de las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta debido a circunstancias de carácter económico, físico o mental.[90] Este mandato se ve reforzado por el artículo 47 Superior, el cual ordena a las distintas autoridades del Estado tomar medidas para velar por el bienestar y la autonomía de las personas en situación de discapacidad. De la misma manera, debe considerarse el Acto Legislativo 02 de 2009, “Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política”,[91] que introdujo una modificación destinada a definir la manera en la que el Estado ha de afrontar el consumo de sustancias que generan dependencia. La norma proscribe el uso, porte y consumo de sustancias sicotrópicas y sicoactivas si no se cuenta con prescripción médica. Igualmente, ordena la puesta en marcha de medidas administrativas, pedagógicas, profilácticas y terapéuticas con fines preventivos y rehabilitadores para atender las necesidades de las personas farmacodependientes. En consonancia con lo anterior, declara que el sometimiento a dichas medidas precisa del consentimiento informado de la persona que, junto con su familia, goza de especial respaldo por parte de las entidades del Estado. Jurisprudencia constitucional 74. Son varias las sentencias en las que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, se ha referido a los derechos de las personas con dependencia a sustancias sicoactivas, haciendo especial énfasis en su derecho a recibir atención integral en salud, incluyendo las providencias T-094 de 2011,[92] T-497 de 2012,[93] T-796 de 2012,[94] T-578 de 2013,[95] T-949 de 2013,[96] T-124 de 2014,[97] T-141 de 2014,[98] T-153 de 2014[99] y T-043 de 2015.[100] De las decisiones judiciales precitadas se derivan un conjunto de cánones que han de servir de guía a efectos de garantizar el derecho a la salud de las personas con farmacodependencia. La prestación de servicios de salud para tratar la farmacodependencia 75. (i) La salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado de forma integral a las personas farmacodependientes; (ii) la farmacodependencia es una situación que tiene la potencialidad de afectar la autodeterminación y autonomía del consumidor, así como su salud y su entorno familiar y social, razón por la cual debe ser tratada como un problema de salud pública; (iii) toda vez que la dependencia de sustancias sicoactivas puede afectar la salud y la vida en condiciones dignas del consumidor, las entidades del sistema general en seguridad social en salud no pueden negarse a prestar los servicios necesarios para lograr el restablecimiento de su bienestar físico y mental; (iv) el tratamiento para la dependencia a sustancias sicoactivas precisa del acompañamiento de un equipo interdisciplinario de profesionales, así como de las entidades del sistema de salud, la familia y el Estado; (v) los tratamientos para la farmacodependencia pueden requerir servicios tanto incluidos como excluidos del POS, sin que ello sea obstáculo para que se provea atención efectiva al consumidor; (vi) que un servicio o medicamento no se encuentre incluido en el POS no faculta a las EPS para denegarlo, pues debe determinarse en cada caso si el usuario lo requiere para la garantía de su derecho a la salud; (vii) en principio, el derecho de los afiliados a la libre escogencia del lugar de tratamiento se encuentra circunscrito a las IPS con las que la respectiva EPS tenga convenio, sin embargo existen circunstancias en las cuales este derecho se extiende más allá de las entidades que conforman la red de servicios. El manejo de la farmacodependencia como una situación que compromete la salud mental 76. (i) Toda vez que la farmacodependencia puede tener efectos negativos en la salud mental de las personas, las reglas aplicables para la prestación de servicios para la garantía de la salud mental aplican también para el tratamiento de la dependencia a sustancias sicoactivas; (ii) en materia de salud mental, el servicio médico debe ser el más adecuado para la situación del paciente; (iii) si un procedimiento es necesario, no puede estar condicionado al pago de sumas de dinero, a menos que exista capacidad de pago; (iv) la atención en salud mental no puede estar limitada a un determinado número de días, meses o atenciones por año, pues pueden presentarse recaídas o momentos de crisis; (v) si el tratamiento para la farmacodependencia requiere de internación en una unidad mental, esta no puede hacerse de manera indefinida, debido a que debe propenderse por la integración del sujeto a la comunidad. El derecho al consentimiento informado de las personas con farmacodependencia 77. (i) Las medidas de tratamiento y rehabilitación de las personas farmacodependientes precisan del consentimiento previo, libre e informado del consumidor, con el fin de garantizar sus derechos del libre desarrollo de la personalidad, a la libertad individual, a la dignidad humana y a la integridad personal; (ii) si bien el consentimiento informado del paciente farmacodependiente puede ser difícil de obtener, en aquellos momentos en que la persona se encuentre lúcida la persuasión del médico tratante se torna especialmente importante para que el paciente comprenda las ventajas y riesgos de aceptar o no un determinado tratamiento; (iii) pueden presentarse situaciones (riesgo de muerte) en las cuales el consentimiento informado ceda ante principios de la práctica médica, como el de beneficencia o utilidad, lo que debe definirse caso por caso; (iv) no obstante, el consentimiento sustituto tiene un carácter marcadamente excepcional en materia de tratamiento de la farmacodependencia; (v) el consentimiento informado del paciente farmacodependiente implica que las entidades de salud informen al paciente de manera detallada el plan de manejo que se adoptará, la forma en que se realizará el tratamiento, las terapias y demás procedimientos conexos. A continuación, es preciso abordar la legislación relativa a los derechos de las personas con farmacodependencia. Legislación sobre la garantía de derechos de las personas con farmacodependencia 78. La Ley 1566 de 2012, “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”.”, consagra normas encaminadas a velar por la atención integral de las personas farmacodependientes. Señala que el abuso y la dependencia a sustancias sicoactivas son un asunto de salud pública, al afectar el bienestar individual, familiar y social.[101] Declara el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir atención integral por parte de las entidades que hacen parte del sistema de salud, al paso que dispone la inclusión de medicamentos y tratamientos necesarios para esta situación en el POS.[102] De igual forma, consagra el derecho al consentimiento informado de los pacientes farmacodependientes, lo cual demanda que estos cuenten con información completa en relación con el tipo de tratamiento a recibir, los riesgos y ventajas del mismo, tratamientos alternativos disponibles, su eficacia, duración y restricciones, los derechos que le asisten durante la atención en salud y demás asuntos relevantes.[103] 79. Es preciso también mencionar la Ley 1616 de 2013, “Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”, en la cual se incorporaron normas encaminadas a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de salud mental. Aquella reconoce que la salud mental es un derecho fundamental que se define “[…] como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cogniti­vos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.”[104] Para la protección de este derecho, la ley establece en su artículo 6 varias garantías en favor de los pacientes, las cuales se consideran indispensables a efectos de recibir atención integral para los quebrantos de salud que puedan presentarse, en consonancia con el principio de la dignidad humana.[105] Se refiere a las distintas modalidades de atención en salud mental, dentro de las cuales se incluye el centro de atención en drogadicción y servicios de farmacodependencia.[106] También se contempla la integración escolar para niños, niñas y adolescentes con quebrantos de salud mental,[107] así como un mandato para los entes territoriales y las entidades administradoras del sistema de salud de “[…] disponer de servicios integrales en salud mental con modalidades específicas de atención para niños, niñas y adolescentes garantizando la atención oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fáci...