Sentencia T-650 de 2016

T-650-16 Sentencia T-506/12 Sentencia T-650/16 DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Consiste en formular petición respetuosa y recibir respuesta rápida y de fondo DERECHO DE PETICION FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS O PUBLICAS-Procedencia Como el derecho de petición es un derecho fundamental constitucional, su protección no sólo es posible cuando se interpone ante las autoridades públicas sino también ante las entidades del sector privado, siempre que se encuentren encargadas de funciones públicas o desarrollen actividades de interés general como es la educación. DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Fundamental y progresivo El conocimiento es un derecho de todas las personas y se garantiza a través del derecho fundamental a la educación, cuya garantía y promoción se encuentra en cabeza del Estado. En ese orden de ideas, no puede limitarse o impedirse su ejercicio. De otro lado, es obligación de los educandos cumplir con las cargas impuestas por los estatutos y/o reglamentos no solo para permanecer en el plantel sino para acceder a los respectivos títulos profesionales. EDUCACION SUPERIOR-Goza de los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Estrechamente ligado con el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la autonomía de las personas al permitírseles que opten por una u otra profesión AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites El derecho a la autonomía universitaria es la facultad de las instituciones educativas no sólo para determinar su filosofía, sino para establecer sus dirigentes y darse su propio reglamento sobre las formas de admisión de estudiantes, sus deberes y exigencias académicas. No obstante, esa potestad se encuentra limitada por la ley y la Constitución Política, a fin de no vulnerar derechos fundamentales. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Caso en que estudiante de derecho no cumplió con los requisitos en las asignaturas para obtener título de abogada CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Institución universitaria contestó derecho de petición de estudiante Referencia: Expediente T-5.683.274 Acción de tutela instaurada por Gicela Mayte Soto Sánchez contra la Universidad Cooperativa de Colombia. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D.C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (2016) La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos el 19 de mayo y 22 de junio de 2016 por los Juzgados Noveno de Ejecución Civil Municipal y Trece Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES Mediante escrito radicado el 10 de mayo de 2016 en el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los juzgados civiles y de familia de Bogotá, la señora Gicela Mayte Soto Sánchez interpuso acción de tutela contra la Universidad Cooperativa de Colombia, invocando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, trabajo, la dignidad humana y a la libre escogencia de profesión u oficio, presuntamente vulnerados por la accionada. Lo anterior, porque no se le ha dado respuesta a la petición presentada el 1º de marzo de 2016, al igual que por negársele el certificado de terminación de materias y la expedición del título de abogada. 1. Hechos 1.1. Gicela Mayte Soto Sánchez en el primer semestre del año 2008 se matriculó en la Universidad Cooperativa de Colombia con asiento en Villavicencio (Meta), para cursar la carrera de derecho. Por motivos laborales realizó varios traslados internos entre aquella sede y la de Bogotá. Con ocasión de esas transferencias y por no existir uniformidad en los programas de las seccionales, debió realizar diversas homologaciones de materias. 1.2. La accionante señaló que en el segundo semestre de 2015 cursó consultorio jurídico IV, debido al pre-requisito que tenía la misma. Una vez concluida solicitó a la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico constancia sobre terminación de asignaciones e hizo los pagos relacionados con derechos de grado a fin de obtener su título el 27 de febrero de 2016. 1.3. Con fundamento en lo anterior, el 3 de diciembre de 2015 peticionó a la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Bogotá, solicitara al Departamento de Admisiones, Registro y Control Académico se corrigieran las notas a fin de que concordaran con la homologación realizada el 30 de enero de 2014, por la anterior Decana. 1.4. Indicó la demandante que el 13 de enero de 2016, con escrito núm. 02-201600424 le informaron que la petición sería decidida por el Consejo de Facultad a celebrarse el 1º de febrero de 2016. Posteriormente, la Decana le indicó que “se habían hecho las correcciones correspondientes, en la cual estuve de acuerdo con el documento que me mostraron, informándome que lo único que faltaba era que la oficina de Admisiones, registro y control Académico, realizara las correcciones”; sin embargo, al acudir a este departamento en procura de obtener el certificado de terminación de materias y consultorio jurídico, le fue negado porque existía un trámite pendiente. 1.5. Expuso la accionante que al no ver reflejada en la plataforma virtual, página “TIMONEL”, de la Universidad Cooperativa de Colombia, la respectiva corrección, acudió nuevamente ante la Decana, quien le informó verbalmente que la Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico “no iba a realizar la corrección de notas solicitadas en el derecho de petición y aprobada en el consejo de facultad e igualmente asegura que me falta una materia”[1] del área de derecho público, cuando ya había cursado procesal administrativo, la cual por tener pre-requisitos es la última dentro de ese campo. 1.6. Finalmente, aseveró que realizó 72 cursos, mientras que el claustro tiene establecidos 69, es decir, que cumplió con más de los prescritos por la universidad, por lo tanto, el 1º de marzo de 2016 remitió otra petición al rector de la Universidad –sede principal-, en la cual pedía su intervención para solucionar su caso; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de tutela -10 de mayo de 2016- no había obtenido respuesta alguna. 1.7. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, educación, trabajo, dignidad humana y a la libre escogencia de profesión u oficio. En consecuencia, ordenar a la Universidad Cooperativa de Colombia (i) resolver de fondo la petición con radicado “BOG-01-2015-104596”- del 3 de diciembre de 2015, cuya finalidad era la corrección de las notas “porque me afectaba en mi promedio general para exonerarme de los preparatorios en el cual el requisito era 4.0 y mi promedio estaba en 3.99 debido a error cometido por la universidad”[2]; (ii) se le expida el certificado de terminación de materias; (iii) se otorgue la certificación sobre exoneración de presentación de preparatorios, por tener un promedio de 4.0; (iv) otorgar el “grado correspondiente y entregar el respectivo título de ABOGADA” y (v) determinar los daños causados, en cuanto al lucro cesante por no graduarse y no poder ejercer en cargos que precisan de ese requisito. 2. Trámite procesal Mediante auto del 11 de mayo de 2016, el Juzgado Noveno de Ejecución Civil Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada, para que ejerciera el derecho de defensa. Para ello se le concedió un día. 3. Respuesta de la entidad accionada 3.1. La Universidad Cooperativa de Colombia, por intermedio de la directora de la Sede Bogotá, tras aceptar que la accionante ingresó en el primer semestre de 2008 a la institución sucursal Villavicencio y, a partir del primer semestre de 2010, se trasladó a Bogotá, donde estuvo hasta finales de 2011, ya que en el 2012 regresó a la capital del Meta, indicó que sus pretensiones no están llamadas a prosperar, porque la entidad tramitó las solicitudes y respondió las peticiones presentadas por la misma. 3.2. Informó que, según certificado de la sede Villavicencio, en los primeros dos años, la accionante registró 37 cursos matriculados y al hacer transferencia a Bogotá se le homologaron 34 y matriculó 6 cursos. Posteriormente, al hacer efectiva la transferencia Bogotá-Villavicencio en el primer semestre de 2012, cursó 17 asignaturas pero aprobó 15, y en el 2014 regresó a Bogotá y se le homologaron nuevamente todos los cursos. Finalmente, aseveró que no es procedente la entrega del título de abogada porque no cumple con los requisitos de grado, consagrados en el artículo 65 del Acuerdo 161 de 2013[3]. 4. Decisiones objeto de revisión 4.1. El 19 de mayo de 2016, el Juzgado Noveno de Ejecución Civil Municipal de Bogotá concedió el amparo, al considerar que si bien la universidad dio respuesta a la petición de la estudiante, “el mismo no satisface el núcleo esencial y por contera resulta lesivo del derecho a la educación de aquella, pues como se dijo en precedente (sic), la respuesta a las solicitudes deben ser veraces y guardar coherencia con lo pedido”[4]. Señaló que la institución respondió a la accionante y así lo reiteró ante su despacho: “la imposibilidad de expedir certificados porque del estudio de homologación no aparece registrado que haya cursado ‘constitucional general y derecho administrativo colombiano’, afirmación que difiere del contenido de los documentos expedidos por la misma alma mater a la estudiante e incluso, arrimados por la entidad a las presentes diligencias”. Concluyó entonces, que la respuesta a la petición no consultaba el contenido de los documentos y, por lo tanto, “no satisface su núcleo esencial, lo que resulta lesivo del derecho a la educación de la educando, cuya característica de deber-ser, implica que si la estudiante cumplió con el plan de estudio y la misma alma mater, certifica y contempla la homologación de las materias en cuestión, resulta inadmisible e incoherente la exigencia de un deber que tuvo por acreditado y satisfecho, tal como deviene de la lectura la documentación (sic) a la que se hizo referencia”[5]. 4.2. La Directora de la Universidad Cooperativa de Colombia –Bogotá- impugnó el fallo y solicitó su revocatoria al considerar que la estudiante no ha terminado su plan de estudios y pretende utilizar el error de la universidad, “al firmar su homologación”, lo cual “constituye mala fe y deslealtad con su propia formación”[6]. Advirtió que ante situaciones tan graves “como el cambio de notas de los estudiantes y las revisiones de homologaciones extemporáneas, tiene un trámite que garantiza la transparencia y el derecho de igualdad”. Razón por la cual se le respondió a la accionante que su petición debía ser estudiada por el Consejo de Facultad y de ser necesario por el Consejo Académico. Por eso entonces, al avizorarse por aquel colegiado “la falta ya descrita por el departamento de registro y control, lo que se pretendió fue sanear un proceso no auditado situación que (sic) no se puede satanizar pues hasta en los mismos códigos procesales existe el régimen de nulidades con el fin de garantizar calidad y debido proceso”[7]. Advirtió que las instituciones educativas no pueden legalizar acciones que “falten a la verdad”, por el contrario, su deber es “enmarcar su proceder en la posibilidad de corregir y sanear sus procedimientos”. 4.3. La estudiante, por intermedio de apoderado, presentó escrito en el cual solicitó se confirmara la decisión de primera instancia y se ordenara a la universidad permitirle su graduación, toda vez que cumplió con el plan de estudios y, además, se expidieran copias ante el Ministerio de Educación para que se investigara el proceder de la entidad. 4.4. La segunda instancia correspondió al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el cual solicitó a la Universidad se informara la razón por la cual la actora no cursó las asignaciones de Constitucional General y Derecho Administrativo. En respuesta a ello, la Directora de la Sede Bogotá afirmó: “Al llegar a la ciudad de Bogotá y en vigencia de una decanatura (sic) y secretaria académica anterior, se hicieron los estudios de homologación que se reportaron en la fecha año 2014, los cuales fueron aceptados por la tutelante. Sin embargo, un año después la señora Soto, advierte el error y hace la reclamación de manera extemporánea ante la nueva decanatura. Como es de esperarse, la decanatura realiza los trámites pertinentes ante el consejo de facultad y posteriormente a la oficina de registro y control. Es en este punto que se evidencia el error y se comunica de manera verbal, no por hacerlo menos formal sino en virtud de la urgencia de la peticionaria, esta situación es reconocida por ella en el libelo demandatorio. Inmediatamente, se evidenció el error se le informó a la estudiante que debía cursar las asignaturas mencionadas pues no se podía avalar el error en las notas y en la homologación. Se hizo un nuevo estudio de homologación y corrección pero no fue aceptado por la estudiante y de inmediato instauró derecho de petición”[8]. En síntesis, como se presentaron dos traslados entre Bogotá y Villavicencio, se confundieron las homologaciones, “en los registros pasaron las dos materias y estas no impedían que siguiera el curso normal de su plan de estudios. Al quedar homologadas las materias, estas se registran en el sistema timonel y esto permite que se avance, de forma que el estudiante pueda planear su ruta académica”. Esta situación, afirmó la servidora, fue detectada luego de realizar una auditoría que permitiera excluir la posibilidad de error. 4.5. Mediante providencia del 22 de junio de 2016, el Juzgado Trece Civil del Circuito revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, negó el amparo, al considerar que no hubo de parte de la universidad vulneración alguna, ya que con las copias aportadas al expediente se infería que la respuesta a la petición fue “clara, precisa, concisa, definiendo de fondo el pedimento, donde le dan la razón de ser de él (sic) porque no puede accederse a su petición, siendo diferente que la tutelante no se encuentre conforme con el contenido, pero en manera alguna que por tal hecho se le conculquen derechos inalienables”. Aunado a lo anterior, señaló que no se demostró que la accionante hubiese cursado las materias constitucional general y derecho administrativo colombiano y, si bien cursó procesal administrativo, que es la última en el área de derecho público “no por ello, puede PRESUMIR que reúne las exigencias de la Universidad para acceder al grado pretendido”, además, se consideró que fue por los diversos traslados de la estudiante que se originó el error y con ocasión de ello pudo cursar la última materia del área de Derecho Público, sin haber estudiado las anteriores, "pero no por ello, que se legitime, aprovechándose del error ajeno en su favor”[9]. 5. Pruebas 5.1. Allegadas por la accionante: 5.1.1. Fotocopia de la petición[10] radicada el 3 de diciembre de 2015 en la Universidad Cooperativa de Colombia bajo el núm. 01-2015-104596, en la cual pide corregir las notas de las materias de Ética, Acto Jurídico, Legislación al menor y Derecho Penal General, cursadas en Villavicencio[11] y calificadas con 4.2, 3.8, 3.7 y 3.0, pero que en el certificado de Registro y Control aparecen con 3.4, 3.6, 3.1 y 3.4. 5.1.2. Fotocopia de la “HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS”, con fecha del 30 de enero de 2014, suscrita por la Decana de la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá[12]. 5.1.3. Fotocopia del oficio núm. BOG-02-2016-00424, suscrito por la Decana de Bogotá, por el cual respondió la petición presentada el 3 de diciembre de 2015, radicada bajo el núm. BOG-01-2015-104596[13]. 5.1.4. Fotocopia de la petición enviada al Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia –Cesar Pérez- por parte de la accionante el 1º de marzo de 2016, en la cual requirió se le expidiera el certificado de terminación de materias. Para ello se fundamenta en la solicitud realizada el 3 de diciembre de 2015[14]. 5.1.5. Fotocopia de la certificación sobre las materias y calificaciones obtenidas por la accionante, expedida por el Departamento de Admisiones Registro y Control Académico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, con fecha del 16 de abril de 2015[15]. 5.1.6. Fotocopia del informe de Consejería Académica de la Universidad Cooperativa de Colombia, con fecha del 16 de diciembre de 2015[16]. 5.1.7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante Gicela Mayte Soto Sánchez[17]. 5.1.8. Fotocopia de solicitud de “revisión de homologación” presentada el 11 de agosto de 2014 por la estudiante Soto Sánchez, dirigida a la doctora Patricia Rodas, Decana de la Facultad de Derecho. 5.1.9. Fotocopia de otra petición del 13 de noviembre de 2014, radicada núm. BOG-01-2014-082173, a través de la cual la demandante pide revisar la homologación de las materias Derecho Constitucional Colombiano -segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2011-[18]. 5.1.10. Fotocopia de la solicitud de reliquidación de matrícula, radicada con núm. BOGT-01-2014-090802, suscrita por Gicela Mayte Soto Sánchez[19]. 5.2. Arrimadas por la Universidad Cooperativa de Colombia: 5.2.1. Fotocopia de constancia expedida por el Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, con fecha del 9 de febrero de 2011, donde se da a conocer que la accionante estuvo matriculada en esa institución desde el primer período de 2008 al segundo de 2010[20]. 5.2.2. Fotocopia de la certificación sobre las materias y calificaciones obtenidas por la accionante, expedida por el Departamento de Admisiones Registro y Control Académico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, con fecha del 9 de febrero de 2011[21]. 5.2.3. Fotocopia del formulario de Admisión-Programas de Pregrado de la Universidad, sede Bogotá, para el primer semestre de 2011, a nombre de Gicela Mayte Soto Sánchez[22]. 5.2.4. Copia del estudio de homologación y resolución interna (Traslados internos y externos) de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, con fecha del 17 de marzo de 2011[23]. 5.2.5. Fotocopia del formato de inscripción de clases, correspondiente al primer semestre de 2011 en la sede Bogotá de la institución accionada[24]. 5.2.6. Fotocopia de la solicitud de traslado de la sede Bogotá hacia Villavicencio, con fecha del 31 de octubre de 2011[25]. 5.2.7. Fotocopia del informe de Consejería Académica de la sede Villavicencio, con fecha del 17 de enero de 2014[26]. 5.2.8. Fotocopia del formulario de inscripción – programas de pregrado, sede Bogotá del 20 de enero de 2014, solicitud núm. 00155985[27]. 5.2.9. Fotocopia de estudio de transferencia del 16 de diciembre de 2015[28]. 5.2.10. Fotocopia de oficio suscrito por la Directora de la Sede Bogotá, dirigido a la accionante, por el cual da respuesta a la petición radicada BVOG-02-2016-00424[29]. 5.2.11. Fotocopia de la guía núm. 014978352677 de “Envía”, con fecha del 29 de enero de 2016, dirigido a Gicela Mayte Soto Sánchez, municipio de Castilla La Nueva (Meta) y el remitente es la Universidad Cooperativa de Colombia[30]. 5.2.12. Fotocopia de respuesta a la petición radicada núm. DP MED-01-2016-17352, dirigida a la actora y firmada por la Directora de la sede Bogotá[31], con su respectiva güía de la empresa de correos[32]. 5.2.13. Fotocopia del Acuerdo Superior núm. 161 del 12 de noviembre de 2013, expedido por el Presidente y Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia[33]. II. TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN 1. Conforme con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte) que faculta a esta Corporación para arrimar elementos de convicción, en sede de revisión, mediante auto del 27 de septiembre de 2016 se decretaron las siguientes pruebas: 1.1. Se ordenó a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, que remitiera las copias de los documentos que allí se tuvieran y acreditaran las materias cursadas y aprobadas entre 2008-I y 2010-II por la señora Gicela Mayte Soto Sánchez. Asimismo se solicitó que informaran quiénes fueron los profesores de Constitucional General y Derecho Administrativo Colombiano en el período 2008-I y 2010-II; además, se enviara copia de los registros de asistencia a clases en estas asignaturas en las que apareciera la señora Soto Sánchez o de los documentos demostrativos de que la citada cursó y aprobó las materias señaladas, así como de las actas del Consejo de Facultad y/o Académico en las cuales se aprobó la homologación de materias. 1.2. Se requirió a la Universidad Cooperativa de Colombia, con asiento en Bogotá, que informara cuáles semestres y materias cursó la señora Gicela Mayte Soto Sánchez en esa sede. Así mismo, remitir copias de los documentos que allí se tuvieran y acreditaran las materias cursadas y aprobadas por la accionante en los períodos que estuvo matriculada en esa institución, y de las actas del Consejo de Facultad y /o Consejo Académico en las que se homologaron asignaturas a la señora Soto Sánchez. 1.3. Escuchar los testimonios de la accionante Gicela Mayte Soto Sánchez y la doctora Eva Jannette Prada Grandas, Directora de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. 2. En respuesta a esas solicitudes se allegaron, como pruebas relevantes: 2.1. Testimonio de la señora Gicela Mayte Soto Sánchez, vertido ante esta Corporación el 30 de septiembre de 2016. En la citada diligencia expuso que en el año 2009 cursó la asignatura de derecho constitucional general en la sede de Villavicencio y la de derecho administrativo colombiano en Bogotá, la cual perdió y debió habilitarla. Interrogada[34] sobre la sede en la cual cursó las asignaturas de derecho constitucional general y derecho administrativo colombiano y si fueron aprobadas, respondió: “Tengo aquí una referencia, con una firma, no tengo la original, pero fui a la universidad para que me diera la original pero me dicen que la universidad de Bogotá tiene toda la facultad y que ya no me van a dar el mismo consecutivo, que me van a dar la que me expidieron en enero de 2016, que fue donde no aparecieron las materias, el consecutivo que tengo y el certificado fue el 9 de febrero de 2011 con consecutivo 123379, donde aparece la materia de derecho constitucional colombiano en 3.9, con el código DDCC1, otra que tengo (…) es una fecha de admisión que es un informativo, formato del año de 2010, donde aparece derecho constitucional colombiano II con código de materia DDCC2 con nota definitiva de 3.1, no se ahorita cual tomaron, ellos tomaron una de estas y me eliminaron otra, estas las conseguí porque me puse a buscar en todo…lo que pasa es que como los pensums académicos son diferentes, en Villavicencio tu veías constitucional colombiano I, constitucional colombiano II, llego a Bogotá y tú ves constitucional general, o sea, cambian de nombre las materias, si? Pero son las mismas como tal y que no aparece una de estas, no se si es la de 3.9 o 3.1, que no aparece dentro de los archivos de ellos, que se desapareció”. Con relación a derecho administrativo colombiano, dijo haberlo cursado en el primer semestre de 2011, la perdió y habilitó en ese mismo año. En el segundo semestre no pudo estudiar, porque la facultad no le había “subido” completamente las materias y ese fue el momento en que se “desapareció la otra materia de administrativo colombiano o aparece solamente la pérdida, no la habilitada”. Sumado a ello, señaló desconocer por qué materias fueron homologadas las asignaturas de constitucional colombiano, administrativo colombiano, constitucional colombiano I y constitucional colombiano II. Con relación a los profesores, dijo no recordar el de constitucional general, mientras que derecho administrativo colombiano, estuvo bajo el mando del profesor Daniel Fernando Espinosa Silva. Como pruebas aportó tres folios: la certificación expedida por el Jefe de Admisiones, Registro y Control de Villavicencio con fecha del 9 de febrero de 2011[35], en el cual aparecen las materias cursadas en el primer periodo de 2009[36], y los otros dos de “Asignaturas de Histórico por período” del segundo semestre de 2009[37] y primero de 2010[38]. 2.2. El 3 de octubre de 2016, se escuchó el testimonio de la doctora Eva Janette Prada Grandas, Directora Sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien señaló que efectivamente en los programas de cada seccional existían diferencias, no obstante, hace tres años vienen tratando de modificarlos para que sean homogéneos, pero en el momento en que la estudiante ingresó eran distintos. Afirmó que la señora Soto Sánchez se matriculó en el 2008 con el plan de estudios núm. 4, que no contaba dentro del mismo con la materia derecho constitucional general. Adjuntó (i) un listado[39] de calificaciones parciales y definitivas de la sede Bogotá, correspondiente a la asignatura Derecho Administrativo Colombiano, a cargo del profesor Daniel Fernando Espinosa Silva, compuesto de 32 estudiantes, de los cuales Gicela Mayte Soto Sánchez y otros 11 alumnos aparecen con la materia perdida; (ii) copia del Acta núm. DER-350, correspondiente a la habilitación de derecho administrativo colombiano[40] presentada el 6 de julio de 2011 por la accionante, y cuya nota fue de “2.4”, y (iii) el comprobante de haber consignado el 20 de junio de 2011 en el banco AV VILLAS la suma de $30.869, por concepto de “HABI DERECHO ADMINISTRATIVO”, a nombre de la señora “Soto Gicela Mayte”[41]. 2.3. Oficio suscrito por el Director sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el cual aporta dos certificados de la oficina de Admisiones Registro y Control Académico y, además, informó que “en ninguno de los dos períodos se evidencia que la estudiante cursara las asignaturas de Derecho Constitucional General y Derecho Administrativo Colombiano” y que en torno al curso de Derecho Administrativo Colombiano, “en el período 2010-II, el mismo no se programó y por lo tanto no se impartió en ese período”. De otro lado, con relación a los registros de asistencia a clases, se indicó: “de acuerdo a la información contenida en los certificados arriba señalados, la señora Soto Sánchez no cursó esas asignaturas en la Sede Villavicencio, por lo cual no es posible allegar documento alguno”. 2.4. La Directora de la sede Bogotá, envió (i) certificado del Departamento de Admisiones Registro y Control Académico de esa sucursal, en el cual da a conocer las asignaturas cursadas por la accionante, (ii) copia del certificado de la Tesorería con el que se verifica que la estudiante pagó $30.869, consignados en el banco AV Villas, por concepto de habilitación de Derecho Administrativo, (iii) copia de las actas núms. 02 y 09 del Consejo de Facultad Extraordinario, celebradas el 8 de febrero y 17 de mayo de 2016, además, copia del certificado de representación expedido por el Ministerio de Educación. Asimismo, señaló la Directora que “el plan de estudios vigente en la época la transferencia (sic) de una sede a otra la asignatura (sic) Derecho Constitucional General no registra nota alguna, mientras que la asignatura Derecho Administrativo Colombiano como lo anoté anteriormente fue inscrita, y desarrollada con el docente Fernando Espinosa, habilitación que se realizó y perdió en la sede Bogotá”. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y del problema jurídico 2.1. La accionante solicitó el amparo constitucional contra la Universidad Cooperativa de Colombia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, al trabajo, a la dignidad y a la libertad de escogencia de profesión u oficio, puesto que el claustro universitario se ha negado a otorgarle el certificado de terminación de materias y, por lo tanto, el diploma que la acredita como Abogada. En esos términos, suplicó la protección de sus derechos, en orden a obtener (i) respuesta de “fondo” a la petición del 3 de diciembre de 2015, en torno a la corrección de notas, (ii) se expida el certificado de terminación de materias, (iii) se le exonere de presentar preparatorios por tener un promedio de 4.0, (iv) otorgar el grado y el respectivo título de Abogada y (v) determinar los daños y perjuicios ocasionados por la Universidad, por no autorizar el grado. 2.2. En ese orden de ideas, la Sala debe pronunciarse básicamente sobre dos situaciones, esto es, (i) establecer si existe carencia actual de objeto respecto del derecho de petición y (ii) si la Universidad ha vulnerado los derechos fundamentales a la educación, a la libre escogencia de profesión u oficio y al trabajo, en tanto se ha negado a la expedición del certificado de terminación de materias y a otorgar el grado de abogada a la accionante. 2.3. Para resolver el primer interrogante la Sala de Revisión debe abordar los siguientes asuntos: (i) el derecho fundamental de petición y (ii) carencia actual de objeto. Respecto al segundo problema, se tocarán temas como (i) procedencia de la acción de tutela, (ii) derecho a la educación y (iii) autonomía universitaria, para finalmente resolver el caso concreto. 3. El derecho fundamental de petición 3.1. El Constituyente de 1991 conservó el derecho de petición que regía en el artículo 45 de la Constitución Nacional de 1886, pero le incluyó una cláusula adicional a fin de garantizarlo de cara a entidades del sector privado. En ese orden de ideas, el artículo 23 de la Constitución Política establece: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 3.2. En torno al ámbito de protección del derecho de petición, la Corte ha señalado que el núcleo central del mismo está integrado por los derechos a presentar solicitudes a las autoridades, a recibir respuesta de fondo y dentro de los términos legales. Al respecto, en sentencia T-1160A de 2001, reiterada en la T-508 de 2007, este Tribunal expresó: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine”. 3.3. De otro lado, tratándose de entidades particulares, la misma sentencia consideró necesario tener en cuenta tres situaciones: “1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamenta”. 3.4. Con relación al plazo para responder el derecho de petición, anteriormente se acudía al Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, que señalaba 15 días. Ese término se mantuvo en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, salvo que existiera una norma especial. No obstante, como las normas que integraban el capítulo sobre este derecho fueron declaradas inexequibles en sentencia C-818 de 2011, sus efectos fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. Finalmente se expidió la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", la cual prácticamente, con pequeños cambios, mantuvo las normas declaradas inexequibles. En efecto, el artículo 14 dispone: “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 3.5. Con relación a la respuesta a la petición, como se anotó, la misma debe ser de fondo y congruente, esto es, que resuelva el asunto sobre el cual se averigua, además, de oportuna, es decir, que se conteste dentro del término establecido por la ley, ya que de no cumplirse con esos elementos se incurre en violación al derecho de petición. Al respecto la Corte ha señalado: “La efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz. (…) En relación con los tres elementos iniciales[42]- resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada. (…) Respecto de la oportunidad[43] de la respuesta, como elemento connatural al derecho de petición y del cual deriva su valor axiológico, ésta se refiere al deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones formuladas”[44]. 3.6. En síntesis, como el derecho de petición es un derecho fundamental constitucional, su protección no sólo es posible cuando se interpone ante las autoridades públicas sino también ante las entidades del sector privado, siempre que se encuentren encargadas de funciones públicas o desarrollen actividades de interés general como es la educación. 4. Carencia actual de objeto 4.1. Según el artículo 86 de la Constitución Política, el objeto de la acción de tutela es amparar los derechos fundamentales de las personas, lo cual se alcanza mediante la expedición de una orden que es de obligatorio cumplimiento para la entidad pública o particular accionada. Sobre el tema, esta Corte ha señalado: “(…) al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos”[45]. 4.2. Sin embargo, se presentan casos donde la orden de protección no se precisa, porque la amenaza se superó o produjo el daño que se procuraba detener, en el trámite de la tutela. Así lo ha determinado este Tribunal: “(…) la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”[46]. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz”[47]. 4.3. De cara a esas situaciones, la Corte ha desarrollado la tesis sobre la carencia actual de objeto, a fin de evitar que los pronunciamientos constitucionales se tornen inocuos. La carencia actual de objeto puede ocurrir por haberse superado el hecho o por daño consumado. El hecho superado “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado[48] en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”[49]. En otros términos, significa que el accionado ha cumplido con las peticiones del actor. Asimismo, este Tribunal ha señalado que “se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia”[50]. En esos casos, se ha dispuesto que no es imperioso realizar un estudio sobre el fondo del asunto, excepto que el juez considere necesario hacerlo para “llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[51]. 4.4. El daño consumado, por el contrario, se presenta cuando “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S.[52], o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba[53]”[54]. “En casos como los anotados, esta Corporación ha reiterado que si la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción, es deber del juez constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto[55]. Lo anterior, con el propósito de evitar que situaciones con iguales características se produzcan en el futuro[56]. Esto último, con el propósito de defender la efectividad de las garantías fundamentales como expresión del sistema de valores y principios que nutren el ordenamiento jurídico[57]”. 4.5. En ese orden de ideas, cuando en el trámite de la acción de tutela se supera la amenaza o se produce el daño, no se requiere orden del juez, en tanto la misma resulta ineficaz. Así mismo, cuando se trata de un hecho superado, tampoco se necesita de pronunciamiento de fondo, excepto para precisar la contrariedad de la omisión con el derecho constitucional. 5. Procedencia de la acción de tutela 5.1. El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo orientado a la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por actos de las autoridades públicas o de un particular. No obstante, la misma presenta ciertos límites, en la medida que sólo puede interponerse en eventos donde el afectado (i) no disponga de otros medios de defensa judicial o (ii) “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Significa lo anterior que la acción de tutela es subsidiaria, es decir, solo puede interponerse cuando se hayan agotado los mecanismos ordinarios establecidos para la defensa de sus derechos, salvo que se emplee como herramienta para evitar un daño irreparable. Al respecto, esta Corte señaló: “(…) el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior. Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”[58]. A pesar de lo señalado, debe advertirse que no por el solo hecho de existir otro medio de defensa judicial la tutela resulta improcedente. Es obligación del juez constitucional verificar si el dispositivo es idóneo y eficaz para contrarrestar la situación, ya que de lo contrario, deberá conocer el fondo del asunto: “la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción[59]. El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”[60] (subraya fuera de texto). 5.2. De otro lado, jurisprudencialmente se ha señalado que el principio de inmediatez es un requisito de procedencia de la tutela. Ello significa que la demanda tuitiva debe interponerse dentro de un término razonable, respecto al momento en que se presentó la acción u omisión que vulnera o amenaza el derecho fundamental. El juez de tutela debe verificar si se cumple o no con el principio de inmediatez o, si por el contrario, existe causa justa para su interposición por fuera de un término prudente. Así lo ha establecido la jurisprudencia, señalar que se debe establecer: “i) Si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; y iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”[61]. Pese a lo expuesto, existen casos en los cuales el juez de tutela, a pesar de presentarse de manera tardía la acción, ha concedido el amparo a los derechos fundamentales vulnerados, atendiendo a las características de cada caso en concreto. Ello significa que de acuerdo a las motivaciones disminuye la rigurosidad en el principio de inmediatez. En efecto, en sentencia T-844 de 2013 se dijo: “Así las cosas, la Corte Constitucional ha previsto, que, no obstante lo anterior, hay algunos casos en que no cabe aplicar de manera estricta y rígida el criterio de la inmediatez para interponer la tutela, cuando (i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, a pesar de que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la acción, la situación desfavorable del actor, consecuencia del agravio, continúa y es actual, y (ii) cuando la especial situación de la persona afectada hace que sea desproporcionada atribuirle la carga de acudir a un juez en un momento dado, por ejemplo, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros[62]”. 5.3. Tratándose de acciones de tutela contra particulares, el mismo artículo 86 de la Constitución Política, en el inciso 5º, establece que ella procede cuando se encuentren encargados de la prestación de un servicio público. En efecto, la Carta señala: “La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. 5.4. En desarrollo de ese precepto, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 estableció varios casos en los que procede la acción de tutela contra los particulares. Entre esas hipótesis se cuenta la consagrada en el numeral 1º, cuyo tenor literal expresa: “Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”. 5.5. En suma, el carácter subsidiario de la acción de tutela, solo permite su procedencia en los eventos en que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, el mismo no sea suficiente y efectivo para garantizar el derecho de la persona, se pretende evitar un perjuicio irremediable[63] y se presente dentro de un término razonable. Además, en los casos de tutela contra particulares, ella procede cuando se dirige contra quien está encargado del servicio púbico de la educación. 6. El derecho fundamental a la educación universitaria 6.1. Uno de los fines de la Constitución Política de 1991 es el de garantizar el acceso al conocimiento de todos los colombianos. Así se establece en el preámbulo y, en el artículo 67, se instituyó el derecho a la educación de las personas como forma de obtener la instrucción: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 6.2. Sobre las características y elementos principales del derecho a la educación, esta Corte ha señalado que el mismo: “(i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber que genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo”[64]. 6.3. Con relación a la última característica, este Tribunal ha precisado que si bien la persona tiene derecho a la educación, igualmente adquiere obligaciones que le permiten acceder a los derechos. Así se ha establecido en diversas sentencias, al expresar: “(...) la educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”[65]. 6.4. En torno a la educación superior esta Corte también la ha considerado como un derecho fundamental, en tanto se encuentra estrechamente ligado con la dignidad humana, el derecho al trabajo, al mínimo vital y la autonomía de las personas al permitírseles que opten por una u otra profesión. Así mismo, se trata de un derecho de naturaleza progresiva, por cuanto el Estado tiene la obligación de (i) “… adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido”[66]. 6.5. En síntesis, el conocimiento es un derecho de todas las personas y se garantiza a través del derecho fundamental[67] a la educación, cuya garantía y promoción se encuentra en cabeza del Estado. En ese orden de ideas, no puede limitarse o impedirse su ejercicio. De otro lado, es obligación de los educandos cumplir con las cargas impuestas por los estatutos y/o reglamentos no solo para permanecer en el plantel sino para acceder a los respectivos títulos profesionales. 7. El derecho de la autonomía universitaria 7.1. El artículo 69 de la Constitución Política, en relación con la educación superior, consagra como facultad exclusiva para las instituciones la “autonomía universitaria”, entendida como la potestad para establecer su ideología, sus directivas y darse su propio estatuto, de acuerdo con la ley y la constitución. Es decir, las universidades autónomamente pueden determinar los criterios para admitir a los estudiantes, los deberes que estos deben cumplir y las exigencias académicas. 7.2. Esta Corte ha señalado que la autonomía universitaria presenta dos facetas: “(d)e un lado, la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes”[68]. 7.3. No obstante lo anterior, la autonomía universitaria, según este Tribunal, no es absoluta, en la medida que está limitada por la Constitución Política, así se infiere de lo señalado en sentencia T-515 de 1995: “La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional”. En ese orden de ideas, esta Corporación ha establecido unas subreglas en torno a la autonomía universitaria, las cuales fueron reiteradas en sentencias T-310 de 1999 y T-691 de 2012, en los siguientes términos: “a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común[69]. b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado[70]. c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución[71]. d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior[72]. e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria[73]. f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es un garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las personas[74]. g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual[75]. h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria[76]. i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa[77]”. 7.4. En conclusión, el derecho a la autonomía universitaria es la facultad de las instituciones educativas no sólo para determinar su filosofía, sino para establecer sus dirigentes y darse su propio reglamento sobre las formas de admisión de estudiantes, sus deberes y exigencias académicas. No obstante, esa potestad se encuentra limitada por la ley y la Constitución Política, a fin de no vulnerar derechos fundamentales. 8. Análisis del caso concreto 8.1. De acuerdo con el material probatorio aportado a este trámite de tutela, se estableció que Gicela Mayte Soto Sánchez se matriculó en la Universidad Cooperativa de Colombia, sucursal Villavicencio (Meta), en la carrera de Derecho. Por motivos laborales, en el primer semestre de 2010 se trasladó a la sede Bogotá, de la cual se regresó a Villavicencio y viceversa. Dadas las diversas transferencias, solicitó la homologación de varias materias, toda vez que no existía unificación en los programas de las seccionales. 8.2. La accionante acusa a las directivas de la Universidad de no responderle la petición orientada a la corrección de a...