Sentencia T-646 de 2007

T-646-07 Sentencia T- Sentencia T-646/07 JUEZ DE TUTELA-Derechos no invocados DERECHO DE PETICION-Características DERECHO DE PETICION-Deber de orientación e información al peticionario INDIGENCIA-Protección por el Estado DEBER DE SOLIDARIDAD-Personas indigentes PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Marco normativo PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Requisitos para ser beneficiario/PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Se rige por el Decreto 569/04 PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Programas a nivel nacional y administrados por las entidades territoriales para su atención DERECHOS DEL INDIGENTE-Escasez de recursos no es una barrera para la protección constitucional DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Obligación de juez de tutela de respetar orden de lista de persona protegibles para un subsidio o ayuda PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Excepcionalmente juez de tutela puede ordenar que se incluya determinado ciudadano DERECHO A LA SALUD-Criterios para dar lugar a la alteración de turnos DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Elementos/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Fundamental por conexidad DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por no haberse adelantado proceso administrativo para la exclusión del programa municipal de mercados DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración Referencia: expediente T-1401110 Acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Ospina Guzmán contra el Municipio del Guamo Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá D.C., dieciséis (16) agosto de dos mil siete (2007). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA en el proceso de revisión del fallo proferido el 3 de mayo de 2006 en primera instancia por el Juzgado Penal Municipal del Guamo (Tolima) y del fallo proferido el 23 de junio de 2006 en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito del Guamo (Tolima), dentro de la acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Ospina Guzmán contra el Municipio del Guamo. I. ANTECEDENTES 1. Acción de tutela El tres (3) de abril de 2006[1] Miguel Ángel Ospina Guzmán interpuso acción de tutela contra el Municipio del Guamo al considerar que ha existido vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la subsistencia del adulto mayor y a la vivienda digna, al negarse a proveerle un auxilio de medio salario mínimo, los alimentos y el mejoramiento de su vivienda. Los hechos que sirven de fundamento al amparo solicitado son los siguientes: El accionante, de 76 años de edad al momento de la interposición de la acción de tutela,[2] categorizado en nivel de pobreza SISBEN 1,[3] manifiesta que desde 1998 se ha dirigido a las autoridades municipales para solicitar su ingreso en los programas sociales que adelante el municipio del Guamo para las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que no recibe pensión alguna de la cual derive su sostenimiento, sus hijos no le pueden colaborar económicamente y uno de ellos se encuentra incapacitado para trabajar, y habitan en la zona urbana debido a que debieron abandonar su vivienda rural por las malas condiciones en la que se encontraba. Como pruebas de sus afirmaciones el accionante anexa – entre otros – los siguientes documentos: (i) Copia de una fotografía de la vivienda habitada por el accionante, su esposa y uno de sus hijos, en donde se observa el notorio estado de deterioro del lugar de habitación. (ii) Copia de la comunicación del 21 de agosto de 1998 dirigida por el accionante al Alcalde del Municipio del Guamo, en la que solicita “se sirva vincularme o afiliarme en la condición de beneficiario en el programa REVIVIR y dentro del régimen subsidiado de salud”, considerando que “el suscritos es persona de pobre solemnidad, tengo la edad de 69 años cumplidos y he perdido más del 50% de la capacidad laboral, no tengo ningún ingreso y tampoco los recursos económicos para asumir las necesidades básicas de mi subsistencia, tampoco poseo bienes o finca raíz y convivo con mi familia, integrada por la señora María del Carmen Sánchez, y un hijo que está incapacitado para trabajar, según el certificado médico expedido por el médico del reclutamiento militar del Espinal Tolima, por tal motivo fue excluido para prestar el servicio miliar, y mi (…) [no legible] es muy inferior al salario mínimo mensual, y el trabajo (…) [no legible] es ocasional que no me permite subsistir”. Finalmente reitera su solicitud de que “se me reconozca el derecho al subsidio entregado en bienes y servicios básicos y en dinero por un costo de medio salario mínimo legal mensual. Dentro de estos servicios básicos se deben incluir la alimentación, mejoramiento de vivienda, suministro de ropa, recreación y suministro de medicamentos, conforme al plan obligatorio de salud subsidiado del sistema oficial de la seguridad social en salud”. (iii) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 28 de agosto de 1998, dirigida al Secretario de Salud del Municipio del Guamo, en relación con su inclusión en el programa REVIVIR en virtud de la disponibilidad de un cupo como consecuencia del fallecimiento de uno de los beneficiarios del mismo, considerando “mi edad de 70 años, mi carencia absoluta de recursos económicos, toda vez que mis hijos no están en condiciones económicas de atenderme y demás estoy incapacitado físicamente ya que parezco de prostatitis y de una hernia”. (iv) Copia de la respuesta dada por el Alcalde del Municipio del Guamo del 28 de diciembre de 1998 a la solicitud elevada por el accionante el 28 de agosto de 1998, en la que le solicita al señor Miguel Ángel Ospina anexar la fotocopia del acto de defunción del beneficiario a fin de que “el comité de la Red de Solidaridad Evalúe y considere la asignación del cupo”. (v) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 27 de julio de 1999, dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, en relación con su inclusión en el programa REVIVIR en virtud de la disponibilidad de un cupo como consecuencia del fallecimiento de uno de los beneficiarios del mismo. (vi) Copia de la respuesta dada por el Alcalde del Municipio del Guamo (la fecha de la comunicación no es legible) a la solicitud elevada por el accionante el 27 de julio de 1999, en la que le informa que “su nombre ya fue incluido dentro del correspondiente programa” y le solicita “tener un poco de paciencia ya que estamos haciendo los trámites para que le sean entregados los beneficios respectivos”. (vii) Copia de la solicitud elevada por el accionante en el año 1999 (la fecha de recibo de la comunicación no es legible), dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, solicitando nuevamente su inclusión en el programa REVIVIR, en la que manifiesta que “pertenezco al estrato 1, que estoy afiliado al SISBEN, todo dentro del programa de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, ya que soy una persona de 70 años de edad, sin ninguna capacidad laboral, con disminución de mis facultades físicas por que padezco de prostatitis y hernia y además no tengo bienes de ninguna clase ni hijos que velen por mi subsistencia”. Asimismo en esta petición, el accionante solicita el mejoramiento de su vivienda “que se encuentra en pésimas condiciones porque carece de servicios sanitarios, de cocina y dadas sus precarias (sic) estado se inunda cuando llueve”. (viii) Copia de la queja elevada por el accionante ante la Contraloría Departamental de Tolima el 30 de agosto de 1999 “sobre el mal manejo del presupuesto municipal del Guamo Tolima por los funcionarios de esta administración” en la que pone de presente que, mediante oficio del 2 de agosto de 1999, la Alcaldía le informó que estaba adelantado los trámites para la asignación de las ayudas correspondientes sin que - a la fecha de elevar la queja- el Municipio se hubiera pronunciado sobre las contribuciones y pagos a los beneficiarios. (ix) Copia de la respuesta dada por la Contraloría Departamental de Tolima a la queja elevada por el accionante el 30 de agosto de 1999, en la que le informa que en cumplimiento por lo establecido por la ley y los decretos reglamentarios correspondientes, la Alcaldía procedió a incorporar los recursos correspondientes para los programas REVIVIR, bono alimenticio y mejoramiento de vivienda al presupuesto de gastos y apropiaciones. (x) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 29 de diciembre de 1999, dirigida al personero municipal del Guamo, en relación con su inclusión en el programa REVIVIR, dada su precaria situación económica y su deteriorado estado de salud. (xi) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 29 de marzo de 2000, dirigida al Secretario de Salud del Municipio del Guamo, en relación con la expedición de un certificado en el que conste que fue beneficiario del programa de mercados para las personas de la tercera edad, mercados que el fueron entregados sólo los meses de octubre y noviembre de 1999, y en la que se expliquen las razones por las cuales fue excluido de dicho beneficio “teniendo el suscrito todas (sic) condiciones para obtener el reconocimiento y pago”. (xii) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 22 de marzo de 2002, dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, en relación con su inclusión en el programa REVIVIR así como en el programa para el mejoramiento de su vivienda. En esta solicitud el accionante le manifiesta al Alcalde que desde el año de 1998 ha solicitado su inclusión en los programas sociales previstos para el adulto mayor, y que en virtud del fallecimiento de uno de los beneficiarios del programa de mercado repartidos por el Municipio en el año de 1999 fue incluido en la lista de beneficiarios, programa del que fue excluido “sin mediar motivo alguno”. (xiii) Copia de comunicación dirigida por el accionante el 30 de mayo de 2003 al Alcalde del Municipio del Guamo, en la que solicita el suministro de “algunos elementos necesarios para (sic) arreglo de mi vivienda ubica en la Vereda Serrezuela Sector Paraíso”. (xiv) Copia de la certificación expedida a solicitud del accionante por el Director Administrativo de Planeación Municipal del Guamo el 23 de enero de 2004, en la que manifiesta “que en el año 2002 se realizó visita ocular al inmueble de propiedad del señor Miguel Ángel Ospina Guzmán (…) que se pudo constatar que la vivienda antes mencionada consta de dos habitaciones construidas en bahareque y con cubierta de palma y que su estado es deplorable. Que dicha vivienda no cuenta con servicios de baños ni de cocina”. (xv) Copia de comunicación dirigida por el accionante el 16 de septiembre de 2004 al Alcalde del Municipio del Guamo, en la que reitera la necesidad de un auxilio económico por un millón de pesos para la compra de materiales para el arreglo de su vivienda con el fin de “lograr hacer la obra antes que entre el invierno y se dañen los paredones de mi vivienda”. (xvi) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 1 de octubre de 2004, dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, en relación con su inclusión en el programa de apoyo al adulto mayor para el año 2005. (xvii) Copia de la solicitud elevada por el accionante el 2 de diciembre de 2004, dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, en relación con su inclusión en el programa de mejoramiento de su vivienda. (xviii) Copia de la respuesta del 23 de diciembre de 2004 dada por el Alcalde del Municipio del Guamo a la solicitud elevada por el accionante el 2 de diciembre de 2004, en la cual le informa que “existe rubro y disponibilidad presupuestal para cubrir estos eventos [mejoramiento de la vivienda rural], pero se hace necesario explicarle que por la difícil situación financiera que atraviesa el Ente Territorial no existe el dinero para ejecutar este tipo de acciones, una vez exista el mismo se le informara oportunamente para que se acerque a la oficina correspondiente a hacer el trámite necesario para acceder a este apoyo económico”. (xix) Copia de la comunicación presentada por el accionante el 12 de mayo de 2005, dirigida al Alcalde del Municipio del Guamo, en el que reitera su necesidad de acceder al programa de apoyo para el adulto mayor, teniendo en cuenta su edad (75 años), y en particular, al programa para mejoramiento de su vivienda ya que “hasta hace 5 años más o menos estábamos viviendo en el campo en un pedacito de terreno muy pequeño y la casita se puso en mal estado que no fue posible poderla reconstruir y por ello tuvimos que abandonar el campo, con la esperanza de regresar, cuando usted nos apoye. Señor Alcalde, le manifiesto sinceramente que estamos viviendo en el Pueblo, porque de pronto dos personas de buen corazón nos ofreció (sic) y nos paga el canon de arrendamiento, mientras el Municipio del Guamo Tolima nos soluciona este problema”. (xx) Copia de la respuesta del 23 de mayo de 2005 dada por el Alcalde del Municipio del Guamo a la solicitud elevada por el accionante el 12 de mayo de 2005, en la cual le informa que “el programa Adulto Mayor tiene una reglamentación propia, la cual no puede ser obviada por el suscrito. Sin embargo, le indico que estaré dando traslado de la misma a la Secretaría de Salud Municipal para que tenga en cuenta su justa petición, eso sí, atendiendo como lo dije anteriormente lo establecido en el reglamento del programa. En lo que hace referencia al mejoramiento de la vivienda pedido, comedidamente me permito informarle que al encontrarse limitado el Municipio en la administración de sus recursos, al haber suscrito la entidad territorial un programa de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo los precisos parámetros en la Ley 617 de 2000, en este momento no es viable ceder a lo solicitado”. (xxi) Copia de la comunicación presentada por el accionante el 16 de febrero de 2006, dirigida al Secretario de Salud del Municipio del Guamo, en la que solicita copia de la documentación por él dirigida en relación con su inclusión en los programas de apoyo al adulto mayor y de mejoramiento de la vivienda. (xxii) Copia de la respuesta del 23 de febrero de 2006 dada por el Secretario de Salud del Municipio del Guamo a la solicitud elevada por el accionante el 16 de febrero de 2006, en la que manifiesta que el accionante aparece incluido en calidad de beneficiario en el régimen subsidiado de salud, adscrito a la ARS SOL SALUD. Asimismo, le comunica que “se ha revisado la lista de beneficiarios de subsidio de alimentos para el adulto mayor y el señor no aparece como potencial priorizado para dicho subsidio, ya que estos listados los realiza el Bienestar Familiar con la Base de Datos del Departamento Nacional de Planeación” y “con respecto al subsidio económico, no existen en el momento y en el caso que lo hubiera, será asignado de acuerdo a las prioridades existentes en la localidad, incluida su situación personal”. Dadas las circunstancias referidas, el accionante solicita mediante la acción de tutela se protejan sus derechos fundamentales y se ordene la entrega de una mesada mensual de medio salario mínimo y se mejoren las condiciones de su vivienda. Por medio de auto del 19 de abril de 2005[4], el Juzgado Penal Municipal del Guamo solicitó al Alcalde Municipal dar respuesta a los siguientes interrogantes, a los cuales se dio respuesta mediante oficio del 21 de abril de 2006[5], en los siguientes términos: (i) “En virtud, que el accionante Miguel Ángel Ospina Guzmán fue incluido en el programa o plan de mercado para personas de la tercera edad. En el mandato del señor Alcalde Floresmiro Ospina, solicito informar de acuerdo a la documentación que repose, el motivo por el cual fue excluido de éste beneficio”. Respuesta dada por el Secretario Administrativo de la Alcaldía del Guamo: “Este programa del adulto mayor referente a los mercados fue realizado mediante el mandato del señor José Floresmiro Ospina, alcalde para esa época y el cual se terminó en el mismo mandato del señor José Floresmiro Ospina; y que revisado el archivo no existe documentación alguna que explique el motivo de la vinculación y posible retiro del accionante como quiera que para esa época no existía base de datos sistematizado en este Municipio”. (ii) “Asimismo, cuales son las causas para no haberse dado – por parte del Municipio la protección que se impone por el Estado a las personas de la tercera edad, pese a las múltiples solicitudes elevadas por el peticionario de que se incluyera en cada uno de esos auxilios que otorga el Estado.” Respuesta dada por el Secretario Administrativo de la Alcaldía del Guamo: “En la actualidad el programa que reposa referente a la alimentación es un programa de nivel nacional el cual lleva por nombre Juan Luis Londoño de la Cuesta, y que empezó a partir del año 2005, y sólo beneficia a los adultos mayores del sector rural y en la actualidad gozan de este beneficio 322 adultos; y como queda claro en la acción incoada por el señor Miguel Ángel Ospina reside en el casco urbano en la dirección carrera 11 No- 2-47 del Guamo Tolima, quedando excluido automáticamente de este beneficio por vivir en la zona urbana”. “Es de aclarar que el señor Ospina, solo apareció en este listado hasta el mes de febrero del año 2006, para recibir el auxilio de alimentación que corresponde a 322 beneficiarios y que en la actualidad existen tres disponibilidades en el comedor del barrio Santa Ana, para lo cual inmediatamente se hará la novedad y se inscribirá al señor Ospina para este beneficio de alimentación y no de mercados por que como se dijo anteriormente de este programa solo se benefician los que vivían en el sector rural”. (iii) “(…) cuantas personas de la tercera edad gozan de éste auxilio, cuál es el trámite a seguir para ser incluidos dentro del susodicho programa o si existe un cupo limitado de personas de la tercera edad para ese plan, caso cierto, de cuantos, cada cuanto remiten esa partida o recurso asignado a este programa al Municipio. Si estos mercados son entregados personalmente en la Alcaldía a cada uno de los beneficiarios.” Respuesta dada por el Secretario Administrativo de la Alcaldía del Guamo: “Referente al auxilio económico de los adultos mayores, me permito informarle que este programa es de nivel nacional y que en la actualidad se benefician de él 218 adultos, los cuales fueron escogidos de acuerdo a la base de datos que reposa en la oficina del SISBEN de este Municipio, y que fue enviado al Ministerio de Protección Social, y que fue este el que hizo la selección de los adultos mayores, no teniendo en cuenta ingerencia directa el Municipio en esta escogencia, siempre y cuando reuniese los requisitos exigidos para los mismos, como era pertenecer a los estratos 1 y 2, ser mayor de 60 años , no recibir subsidio económico de otra entidad y lo más importante estos eran clasificados a través del Ministerio de un puntaje asignado de acuerdo al estudio socio económico del adulto, y que en el momento no existe cupo disponible para el accionante a pesar de reunir los requisitos , como quiera que solo hay disponibilidad de cupos por el fallecimiento de algunos de los beneficiarios de este programa, una vez exista cupo disponible se tendrá dentro los (sic) priorizado al accionante para que pueda acceder a este beneficio; el valor que recibe cada adulto mayor es de $75,000 mensuales, los cuales se consignan directamente al beneficiario a través de la entidad Megabanco”. (iv) “que requisitos se requieren, que documentos se presente y ante quien para seleccionar personas de la tercera edad dentro de los programas del Estado de protección al adulto mayor o anciano, esto es, inclusión en el auxilio de medio salario, mejoramiento de vivienda rural y urbana o arreglo de esta”. Respuesta dada por el Secretario Administrativo de la Alcaldía del Guamo: “Es menester aclarar a este despacho que todos estos programas son de nivel nacional, y que se manejan a través del Ministerio de Protección Social en coordinación con el ICBF y que son estos los que adelantan los lineamientos y escogencias de los beneficiarios de estos programas, igualmente los subsidios se hacen directamente a través del beneficiario. “Referente a los auxilios para el mejoramiento de vivienda rural como se le ha reiterado en diferentes oportunidades al accionante, el Municipio del Guamo por encontrarse bajo los parámetro (sic) de la ley 617 del 2000, y haber suscrito el ente territorial un programa de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por no existir el rubro de mejoramiento de vivienda rural según constancia de la profesional universitaria de contabilidad y presupuesto, por tal motivo no se puede acceder a lo peticionado por el accionante por lo anteriormente enunciado” [6]. A la respuesta dada por la Alcaldía mediante oficio del 21 de abril de 2006, se adjuntó el listado de beneficiarios potenciales del programa de alimentación Juan Luis Londoño de la Cuesta, en el que figuran tres personas (incluido el accionante), con las siguientes características: Nombre Estrato Fecha de nacimiento Edad Discapacidad Puntaje SISBEN Potencial Beneficiario 1 1 18/08/1938 64 2 20 Potencial Beneficiario 2 12/06/1944 61 2 13,42 Miguel Ángel Ospina 1 20/07/1929 74 2 15 Igualmente, durante el trámite de la acción de tutela se recepcionó la declaración del señor José Vicente Rodríguez[7], Secretario de Salud del Municipio del Guamo, quien es el encargado de manejar los programas para la tercera edad en el municipio, manifestó: “(…) los programas que se realizan son: Régimen Subsidiado de Salud, del cual el señor Miguel Ángel Ospina ya está afilado; Programa de Alimentación al Adulto Mayor Juan Luis Londoño, creado a partir del año 2005, donde se benefician 322 abuelitos que son seleccionados a través de la base de datos del SISBEN que es remitida por el municipio a Planeación Nacional y Planeación Nacional la remite al ICEBF en coordinación con el Ministerio de Protección Social, donde se selecciona a las personas de acuerdo a los niveles 1 y 2 del SISBEN, teniendo en cuenta su respectivo puntaje. Esos recursos vienen exclusivamente del Ministerio de la Protección Social a través del ICBF y el Municipio lo único que hace es distribuirlo, programa al cual el señor no aparece inscrito, teniendo en cuenta que en el mes de marzo llegó el listado de priorizados actualizado y el señor Miguel Ángel Ospina apareció en éste mes como potencial beneficiario, aclarando que existes dos clases de programas de alimentación: uno son los mercados para la zona rural del cual él no haría parte porque pertenece a la zona urbana, y en la zona urbana son los almuerzos, distribuidos en comedores diariamente de lunes a viernes y los mercados cada mes, con los mercados son 322 beneficiarios y almuerzos 522 ancianos. Una vez llegado el listado en marzo, y sabiendo que existían tres cupos disponibles en el comedor Santa Ana se le envió el índice asignado por Bienestar Familiar para que el señor se incluyera en el programa de los almuerzos del cual ya tiene conocimiento el señor Miguel Ángel Ospina. El otro programa es el del subsidio económico otorgado por el Ministerio de la Protección Social y que dirige la entidad Prosperar. En ese programa existen 222 abuelos que están recibiendo 75 mil pesos mensuales, los listados para la selección de los abuelos son los mismos que se envían con la base de datos del SISBEN y se le da el mismo trámite ya mencionado. Lo único que hacemos aquí es llenar una ficha técnica del SISBEN y un listado denominado CENSAR, al cual pertenecen los abuelitos del ancianato quedando en estrato 0 (cero) al cual pertenecen unos 50 abuelitos del ancianato, el cupo de éste programa es de 222 en el cual están incluidos los abuelitos – que son aproximadamente 50 y el resto se seleccionan teniendo en cuenta prioritariamente el estrato 1 y el resto se selecciona teniendo en cuenta el puntaje que de da el SISBEN, de acuerdo con la encuesta que se le realiza por parte del SISBEN, ese auxilio se lo giran cada dos meses a los ancianos, por lo tanto le llegan 150 mil pesos. Subsidios de vivienda si no se manejan en la Secretaría de Salud y en este momento no hay en la Alcaldía ese proyecto. Las personas que reciben el subsidio alimentario no pueden pertenecer al subsidio económico o viceversa, con el de salud si no hay problema”. Y más adelante agrega “Es de aclarar que ya el señor aparece en el listado en la actualidad y fue incluido en el programa alimentario de almuerzos, ya le hicieron la visita y a partir de esta semana fue incluido en el programa de alimentos”. Asimismo, el Juzgado Penal Municipal solicitó a la Secretaría de Planeación del Municipio le informara sobre la existencia de un programa para el mejoramiento de la vivienda,[8] a lo cual dicha dependencia dio respuesta mediante oficio del 25 de abril de 2006,[9] en los siguientes términos: “el Municipio del Guamo, Tolima, desde el año 2002, se encuentra en la Ley 617 pago de la deuda pública, motivo por el cual los recursos destinados para el mejoramiento de vivienda rural no están asignados para el caso de la vivienda rural del señor Ospina. “Si bien es cierto que se le hizo una visita para constatar el estado de la vivienda y realmente está deteriorada, sin embargo se pudo verificar que el señor Ospina no vive en esa vivienda ya que reside en el casco urbano del Municipio del Guamo”. El 25 de abril de 2006 el Juzgado Penal Municipal[10] recepcionó la declaración del accionante, quien al ser preguntado sobre si había recibido comunicación en relación con su inclusión en el programa de alimentos, manifestó: “Verbalmente unas damas fueron a mi casa el jueves por la noche y me dijeron que si yo era Miguel Ángel Ospina, dijeron que querían incluirme en el programa de unos almuerzos, y pregunté quien promovía el programa y dijeron que venían directamente de la Presidencia, es que eso lo manejan a través de la Alcaldía y les dije que aceptaba la invitación de ir mañana y voy a ir a las afueras del Barrio Santa Ana y que iba a haber una misa, y asisto desde el viernes de la semana pasada o sea el 21 de abril, el viernes almorcé después de misa” El Alcalde del Municipio del Guamo (Tolima), mediante escrito de fecha 21 de abril de 2006[11], dirigido al Juzgado Penal Municipal, dio respuesta a la acción de tutela afirmando que no se han vulnerado ni se han amenazado los derechos fundamentales del accionante ya que , entre otras razones, se le ha tenido en cuenta dentro de las posibilidades existentes. Afirma que “(…) si bien es cierto el señor Ospina Guzmán llena los requisitos para acceder al beneficio de la mitad de un salario mínimo el cual otorga el Estado como un adulto mayor, es menester aclararle a este despacho que este programa es de nivel nacional y que fue el ministerio de protección social quien seleccionó a los actuales beneficiarios, bajo los parámetros de la base de datos del SISBEN municipal y la documentación aportada dentro del término de la ley por los adultos mayores, teniendo como criterio de selección un estudios ocio económico realizado a cada adulto mayor arrojando puntajes que determinaban si el adulto se hacia merecedor a este beneficio, que en la actualidad gozan de este beneficio 218 adultos, e igualmente por ser un cupo limitado y hasta el momento el Gobierno Nacional no ha ampliado la cobertura de los mismos y que para acceder en estos momentos a ser beneficiario sólo podrá hacerse por el fallecimiento de alguno de ellos”. Finalmente, señala que en la actualidad no existe una partida presupuestal para el programa de mejoramiento de la vivienda. 2. Sentencias de tutela objeto de revisión El Juzgado Penal Municipal del Guamo, en primera instancia, por medio de sentencia del 3 de mayo de 2006[12] concedió el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, vida, igualdad, a la vivienda digna y a la protección de la tercera edad del accionante, Miguel Ángel Ospina Guzmán. Consideró el juez de primera instancia que en virtud de las condiciones de vida del accionante y de su avanzada edad el mismo debía estar gozando de los subsidios otorgados por el Estado para personas pertenecientes a la tercera edad, “que le permitan llevar unas condiciones de vida dignas y justas”, y que debe ser favorecido por dichos programas si se tiene en cuenta que “lleva más de seis años solicitando a través de numerosas peticiones se le favorezca con los programas para personas de la tercera edad”, sin que sea conocido hasta la fecha las razones por las cuales no ha sido incluido en ninguno de los programas vigentes para el efecto. Así, concluye: “Luego, al no habérsele reconocido los derechos de protección que reclamaba, acorde con su situación de persona de la tercera edad que le permita sobrellevar un mínimo vital, se afectó sus condiciones de vida. “Situación que lo hace objeto del amparo constitucional en razón a la vulneración al principio de la dignidad humana, la vida y el tener una vivienda digna”. En concepto de la primera instancia, al accionante se le ha puesto en una situación discriminatoria por parte de las administraciones municipales desde el año de 1998 “dada la trascendental omisión de que nunca lo incluyeron en los programas del estado para la protección a personas de la tercera edad al aquí accionante, porque se perdieron sus documentos, no obstante se extrae de las peticiones que en el año 2004 y el 2005 solicita su inclusión en el programa de subsidio económico”. Estima el despacho judicial que es mejor para el accionante recibir el subsidio económico “por que no sólo suple sus necesidades de subsistencia sino que abarca a su esposa, que deducimos está en las mismas condiciones de persona de la tercera edad”. En relación con el derecho a la vivienda, considera el Juzgado Penal Municipal que “no puede quedar sujeto a problemas de índole presupuestal, como es la excusa que vienen proporcionando a su solicitud de años de mejoramiento de su vivienda rural. Cuando es un hecho cierto que en el año 2002 se efectuó una visita a su vivienda por la Oficina de Planeación Municipal , constatándose el estado deplorable de ésta, como bien se puede apreciar en la fotografía que se aporta, hecho que lo obligó a desocuparla ya que corría peligro su vida y la de su núcleo familiar, esposa e hijo, y que dadas sus condiciones económicas no puede sufragar los arreglos que se requieren y de hay su vía crucis solicitando el subsidio económico para mejoramiento de su vivienda, sin obtenerlo por lo que se le ampara este derecho contemplado en el artículo 51 que dice, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho”. Por lo tanto, dispuso el Juzgado Penal Municipal del Guamo que “(…) dentro del término de quince (15) días realice las gestiones, trámites necesarios requeridos y necesarios para incluir en el listado de prioritarios del subsidios económico al tutelante. “Igualmente, en el término de cuarenta (40) días gestionar los recursos, partidas o autorizaciones o adición presupuestal para garantizar la vivienda digna al demandante”. La anterior providencia fue impugnada por la Alcaldía Municipal del Guamo[13], al considerar que no le está dado al juez alterar el procedimiento previsto para la asignación de cupos dentro de los programas de atención del adulto mayor, ya que ellos son de carecer nacional, y en consecuencia el municipio sólo presta una colaboración, pero la decisión final de los beneficiarios es tomada por el Ministerio de la Protección Social en coordinación con el ICBF. Afirma la Alcaldía: “(…) mal hace el señor juez de tutela en imponer cargas – o castigos – al ente municipal solo por prestar la colaboración de recibir y enviar una información cuyo trámite corresponde a otros estamentos. “Entonces no es cierto que el Municipio haga una clasificación, preselección o estudio de los beneficiarios y por supuesto no existe prueba que indique lo contrario. Desde luego que los documentos forman parte de la información del SISBEN municipal y esta documentación si es diligenciada por los funcionarios del Municipio, pero este hecho tampoco puede concluir a que se impongan deberes al Municipio directamente relacionados con el subsidio que reclama el accionante”. Insiste que en virtud del compromiso de saneamiento fiscal asumido bajo el amparo de la Ley 617 de 2000, el Municipio del Guamo no puede asumir nuevos compromisos “so pena de perder el aval del Ministerio y hacerse exigible la totalidad de las deudas que hasta ahora vienen financiadas, lo cual sería caótico para las finanzas y la marcha de la administración local”. Afirma que, “La Ley 617 de 2000 en su artículo 61 exige un programa de ajuste fiscal de las entidades interesadas para lograr que el Ministerio de Hacienda sirva como garante de las deudas adquiridas, razón por la cual el Municipio del Guamo debió asumir este compromiso – que aún está vigente – y cuanta con la vigilancia del Ministerio de Hacienda”. El Juzgado Penal del Circuito del Guamo, en segunda instancia, por medio de la sentencia del 23 de junio de 2006[14] revocó totalmente la decisión de primera instancia al considerar que el amparo deprecado era improcedente puesto que (i) el accionante es beneficiario del sistema subsidiado de salud, por lo cual no hay razón para amparar su derecho fundamental a la salud; (ii) el accionante habita en un predio urbano, gracias a la colaboración que recibe por parte de dos personas que le pagan el canon de arrendamiento, por lo cual “tampoco encuentra el juzgado que se haya incurrido en un acto arbitrario desconocer de derechos fundamentales de Miguel Ángel Ospina Guzmán, en el sentido de que no se le ha concedido un auxilio para mejoramiento de vivienda rural, pues tal figura se da exclusivamente a propietarios de bienes inmuebles rurales con escritura pública, es el propio tutelante que indica que (sic) predio rural no es de su propiedad que la finca donde vivía no estaba como propietario ni como dueño sino como poseedores”. (iii) no se afecta ningún derecho fundamental por el no otorgamiento de mercados al accionante, ya que el programa fue suspendido por ausencia de recursos para su financiamiento, “luego no se puede definir que indefectiblemente fue a él sólo al que se le suprimió este beneficio, porque lo único cierto es que el Municipio se vio forzado a interrumpir para todos los beneficiarios esta prestación”, y además en la actualidad el accionante esta gozando del programa de almuerzos Juan Luis Londoño de la Cuesta. (iv) no es posible el reconocimiento de un auxilio económico al accionante porque el municipio no es el encargado de otorgarlo, al ser esta una competencia de entidades nacionales, a lo que se debe agregar que el accionante “no aparece como persona en peligro de muerte o que padezca enfermedad grave, y que no esté en condiciones de valerse por su propio (sic) medios, todo lo contrario, ocurre que es una persona hábil y con virtudes para defenderse por sus propios medios”. Además, estima el juzgado de segunda instancia que la responsabilidad e que trata el artículo 46 Superior no es exclusiva del Estado, sino también de la sociedad y de la familia, que no por el hecho de no vivir con el accionante está impedida para ayudarle y para que accionante solicite de ellos protección a su vida, a su salud y ayuda para una vivienda digna. Estima que en la actualidad, gracias a la protección que le han brindado ciertas personas, goza de una vivienda digna con servicios públicos, situación está que no permite considerarlo en “estado de indigencia”, hipótesis ésta exigida – en su criterio – por la Constitución Política para que sea el Estado el único encargado de velar por sus derechos fundamentales. 3. Integración del contradictorio y pruebas ordenadas por la Sala de Revisión Mediante auto del 22 de noviembre de 2006, la Sala Tercera de Revisión ordenó poner en conocimiento del ICBF y del Ministerio de la Protección Social la acción de tutela, por tener estas entidades relación directa con el diseño y administración del programa de alimentos Juan Luis Londoño de la Cuesta y el programa de auxilios económicos para el adulto mayor. En el escrito de contestación de la acción de tutela del 28 de noviembre de 2006, el Ministerio de la Protección Social manifiesta que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, teniendo en cuenta que él mismo fue vinculado al programa de provisión de alimentos Juan Luis Londoño de la Cuesta desde el mes de febrero de 2006, según consta en la certificación que para el efecto adjunta. Agrega que de accederse a las pretensiones del accionante “se estarían vulnerando los derechos de los adultos mayores que se encuentran inscritos y priorizados por el ente territorial y que conforman la Base de Datos de Potenciales Beneficiarios del Programa de Protección Social –PPSAM, quienes a su vez no se están beneficiando de ninguno de los dos programas del nivel nacional dirigidos a la población adulta mayor. “De acuerdo con lo anterior, y según certificaciones expedidas por el Señor Gustavo Vásquez Alcalde del Municipio del Guamo – Tolima, en la base de Datos de Potenciales beneficiarios del PPSAM, se encuentran actualmente 156 adultos mayores con un puntaje SISBEN 5.27; puntaje que resulta inferior al del accionante que es de 15.27 puntos” En relación con el derecho a la salud del accionante, el Ministerio afirma que no se presenta una vulneración al mismo, teniendo en cuenta que el señor Miguel Ángel se encuentra afiliado a la EPS del ISS, en calidad de beneficiario de uno de sus hijos.[15] En el mismo auto se solicitó al ICBF y al Ministerio de la Protección Social información sobre los programas de atención a las necesidades de las personas de la tercera edad, a lo cual dieron respuesta mediante comunicaciones del 13 de diciembre de 2006[16] y del 28 de noviembre de 2006,[17] respectivamente, y a las cuales se hará referencia en la parte considerativa de la presente providencia. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia y trámite Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección. 2. Problema jurídico A partir de los antecedentes, procede esta Sala de Revisión a determinar si ha existido vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vida digna, al mínimo vital, y a la vivienda digna del señor Miguel Ángel Ospina Guzmán en su condición de adulto mayor por parte del Municipio del Guamo al no haber sido incluido, para la fecha de interposición de la acción de tutela, en ninguno de los programas sociales adelantados por el Municipio para la protección del adulto mayor ni tampoco en el programa de mejoramiento de la vivienda rural. Con el propósito de solucionar el problema jurídico que se plantea, esta Sala de Revisión habrá de analizar a la luz de la jurisprudencia de la Corporación sobre el alcance del derecho de petición y el contenido de la respuesta que al mismo se dé, si en el caso particular del señor Miguel Ángel Ospina el mismo se ha vulnerado. A continuación, la Sala abordará el tema relativo a la protección especial a las personas en situación de indigencia, las cuales gozan de especial protección por parte del Estado, tal como lo indica el artículo 13 de la Constitución, y en particular el mandato constitucional de protección de los adultos mayores, así como el desarrollo normativo de los mandatos constitucionales relacionados. Igualmente relevante es el análisis del debido proceso administrativo cuando se trata de la asignación de prestaciones sociales, y los casos en los cuales puede presentarse una excepción en relación con las previsiones normativas o procedimentales respectivas. Luego, la Sala procederá a determinar si las condiciones en las que se encuentra el accionante junto con su esposa e hijo suponen una vulneración de su derecho fundamental a la vida digna, y en esa medida, si generan para las autoridades públicas la obligación constitucional de proteger el derecho en mención. De otra parte, la sentencia de tutela que se revisa permite abordar el tema del derecho a la vivienda digna y de los deberes correlativos en cabeza del Estado. En desarrollo de su función de guarda de la supremacía e integridad de la Constitución y, en especial, de máximo órgano judicial de interpretación de los derechos constitucionales fundamentales, corresponde a la Sala determinar si una administración municipal está obligada a brindar protección, de qué tipo y con qué alcance, a la persona que ha tenido que abandonar - junto con su núcleo familiar- su casa de habitación y su predio, siendo los cultivos de éste su único medio de subsistencia, por el hecho de que la misma está en avanzado estado de deterioro al punto que la hace inhabitable. El problema se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿En las circunstancias mencionadas, surge de algún derecho constitucional fundamental un deber de las autoridades de brindarle protección especial al accionante y en qué consistiría dicha protección? 3. Precisión preliminar Advierte esta Sala de Revisión que el caso sometido a su conocimiento involucra, además de los derechos invocados por el accionante, el derecho fundamental de petición. Esta Corporación ha sostenido que así el tutelante no invoque expresamente la totalidad de los derechos fundamentales que considera vulnerados, el juez de tutela tiene la facultad y además la obligación de interpretar la demanda con miras a proteger los derechos que, de conformidad con las pruebas aportadas dentro del proceso, se encuentren vulnerados, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 3 y 4 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto la Corte Constitucional mediante sentencia T-114 de 2003,[18] señaló lo siguiente: “Distintas sentencias de esta Corporación señalan que es no solamente facultad, sino obligación del juez constitucional, integrar en su decisión derechos fundamentales que aunque no hayan sido incluidos en la petición de amparo, a su juicio resulten vulnerados. Ello como consecuencia del principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela (artículo 14 del Decreto 2591 de 1991), junto con la obligación que tiene el funcionario judicial de garantizar la efectividad de los principios, valores y derechos y deberes consagrados en el Estatuto Superior (Art. 2 C.P.), protección que no puede supeditarse al cumplimiento de una formalidad que, además, resulta ajena a la naturaleza del amparo”. En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante auto 107 de 2002,[19] manifestó: “La ausencia de formalidades y el carácter preferente del procedimiento de la acción, revisten al juez de tutela de una serie de facultades que el juez ordinario no posee. Una de ellas es la de fallar más allá de las pretensiones de las partes, los fallos ultra o extra petita. Esta facultad que posee el juez de tutela tiene origen en la primacía dada por el ordenamiento constitucional a los derechos fundamentales. Por ello, la función de administrar justicia cuando se trata de garantizar el respeto de los derechos inherentes a las personas, confiere especiales facultades e impone específicos deberes para cumplir con el carácter eficaz de la acción de tutela. “La justicia constitucional opera dentro de un especial equilibrio integrado por la información veraz y adecuada que brinda el actor y el ejercicio activo de protección de los derechos fundamentales que debe desplegar el juez. Conforme a este equilibrio no estamos en presencia de una justicia mínima, formal y taxativa sino ante una justicia eficaz y efectiva que garantiza los derechos inherentes de las personas”. Así las cosas, no obstante que el tutelante considera que se le están vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, la salud, a la subsistencia del adulto mayor y a la vivienda digna, también afirma que ha elevado diversas peticiones que no han sido contestadas o no lo han sido como es debido, y que además fue excluido intempestivamente del programa de mercados del municipio del Guamo. De ahí que la Sala considere que es necesario resolver sobre los derechos de petición y debido proceso administrativo. En este orden de ideas, a continuación la Sala se referirá a la jurisprudencia relativa al derecho de petición y al debido proceso administrativo para así, más adelante en esta providencia, pronunciarse sobre la posible vulneración al mismo. 4. Derecho de petición 4.1. Características de la respuesta Existe abundante jurisprudencia de la Corte en materia de protección de los derechos de las personas que elevan peticiones. De conformidad con dicha jurisprudencia, la respuesta que se dé al peticionario debe cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: (i) Ser oportuna; (ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente con lo solicitado; (iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. La Corte ha establecido que se debe resolver de fondo la solicitud del peticionario, lo que acarrea en determinadas circunstancias una obligación de orientación y que la inexistencia de programas de atención a determinados grupos de población no justifica abstenerse de informarle al peticionario sobre las opciones que puede explorar y acompañarlo si su extrema vulnerabilidad así lo requiere[20]. Si bien la Corte en su reiterada jurisprudencia ha sostenido que el deber de las autoridades es dar respuesta a las peticiones que se les presenten, sin que exista un compromiso por parte de las mismas de dar respuesta favorable a lo solicitado, la misma debe ser una respuesta de fondo, esto es, que resuelva el asunto planteado por el peticionario. Sobre este último aspecto, la Corte ha sostenido que las respuestas evasivas “no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución”. 4.2. Deber de orientación Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha señalado en diferentes oportunidades que sobre las autoridades públicas recae un deber de orientación,[21] cuyos fundamentos constitucionales residen en el principio de solidaridad (artículo 1 superior) y en la razón misma de la existencia del Estado, consagrada en el artículo primero de la Constitución Política, que no es otra que servir a las personas que residen en territorio colombiano. La primera finalidad esencial del Estado enunciada en el artículo 2 constitucional es precisamente “servir a la comunidad” lo cual, en circunstancias como las que en esta sentencia se analizan, cobra mayor peso como pauta para la acción de las autoridades. Sobre el deber de orientación, las Salas de Revisión se han pronunciado en múltiples sentencias, generalmente en materia de salud, lo cual no significa que dicho deber no exista en otros ámbitos en los cuales la persona que acude a la autoridad se encuentre en situación de vulnerabilidad, debilidad o indefensión como en el presente caso. Así, la Corte ha fijado parámetros respecto de las obligaciones que recaen sobre los prestadores del servicio de salud y que se relacionan estrechamente con el deber de orientación. En particular, esta Corporación ha manifestado que el deber de información de estas entidades va más haya de darle a conocer al paciente que el medicamento y/o tratamiento no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud; los prestadores deben suministrar orientación respecto de las alternativas existentes, por ejemplo en la red de salud pública. En la sentencia T-1227 de 2000[22] la Sala Sexta de Revisión concedió el amparo constitucional a una mujer de 62 años de edad que requería de la práctica de un examen médico no incluido en el POSS, al considerar que a la ARS no sólo le correspondía informarle a la paciente que el servicio no estaba incluido en el Plan, sino, además, darle a conocer las distintas alternativas que la red pública hospitalaria le ofrecía para la práctica médica que requería. En igual sentido, en la sentencia T-1237 de 2001[23] la Sala Novena de Revisión dispuso que a la ARS accionada le correspondía adelantar los trámites para que una mujer afectada con graves trastornos mentales, con serias dificultades económicas, prácticamente abandonada por su familia, accediera a la prestación médica en salud, si bien el tratamiento que requería no se encontraba previsto en el POSS. Y, mediante la sentencia T-524 de 2001[24] la Sala Tercera de Revisión ordenó a la ARS accionada informar a un paciente de 83 años quien requería una intervención oftálmica con carácter urgente, excluida del POSS, que entidad podía operarlo, cuando, cómo y en que condiciones, así mismo se ordenó a la ARS actuar de la mano con la entidad que brindaría la atención. Cómo se observa, en algunos de los casos la obligación de suministrarle el tratamiento o medicamento al paciente no se encontraba radicada directamente en cabeza de la EPS o ARS accionada, lo cual no legitima que la respuesta que den éstas últimas se limite a informar que no son ellas las obligadas. En efecto, la Corte en la sentencia T-1304 de 2001[25] estudió el caso de un paciente afiliado inicialmente a la EPS Cafesalud como beneficiario del SISBEN, y que como consecuencia de haber sido reclasificado en el nivel 3 del SISBEN la obligación de atención no la tenía Cafesalud sino el Instituto Seccional de Salud de Quindío. Sobre este caso, la Corte afirmó que: “Frente a la complejidad de la reglamentación de la protección dentro del régimen subsidiado y vinculado de seguridad social en salud, se hace necesario que las entidades de carácter administrativo encargadas de coordinar la clasificación de la población en el SISBEN, aquellas encargadas de autorizar los servicios con recursos a la oferta y las que prestan los servicios médicos (ARS) asuman un papel pedagógico para que se facilite la utilización de servicios del mencionado régimen por parte de los habitantes. “A partir de los principios que rigen el sistema de seguridad social en salud, la Corte Constitucional ha establecido una serie de obligaciones de información y coordinación a cargo de las ARS para que los derechos fundamentales de las personas que deben acudir a las Instituciones públicas se hagan efectivos sin que éstos tengan que soportar la carga que se deriva de la imprecisión legal o reglamentaria en cuanto a los procedimientos de remisión de los pacientes a las Instituciones que reciben subsidios a la oferta. “Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y reiterada en que las ARS no pueden limitarse a rechazar lo pedido por el afiliado cuando se trata de un tratamiento o medicamento excluido del POS-S. La Corte Constitucional ha señalado que, principios elementales de igualdad sustancial y de tratamiento especial a las personas en situación de debilidad manifiesta (C.P., artículo 13), imponen a la ARS el deber de informar al afiliado que solicita la prestación de un servicio no incluido en el POS del régimen subsidiado, sobre las posibilidades concretas de acudir a otras instituciones públicas o privadas que tengan contrato con el Estado, en procura de los servicios requeridos; además debe informarle de manera precisa al afiliado sobre cuáles son las autoridades municipales, distritales o departamentales de salud, que tienen a su cargo la administración y asignación de los subsidios a la oferta para que le informen específicamente qué instituciones públicas o privadas que hayan suscrito contrato con el Estado se encuentran en capacidad de dispensarle el servicio de salud que requiere. “Igualmente, es labor de las ARS informar a las personas bajo su cuidado a qué entidades pueden acudir cuando en virtud de una reclasificación en el SISBEN, sean excluidas del régimen subsidiado y por tanto las ARS no estén en la obligación de seguir prestando los servicios. “Por otra parte, y complementando la labor de asesoría e información de las ARS, las diferentes Salas de Revisión han vinculado a la protección de los derechos fundamentales de quienes interponen tutelas con el objeto de que se les presten servicios médicos excluidos del POS-S, a las autoridades municipales y departamentales de salud, a través de órdenes para que dichas autoridades le informen al paciente qué instituciones públicas o privadas tienen la capacidad para atender la patología de que se trata o para garantizar el tratamiento o la entrega de los medicamentos requeridos. “En búsqueda del respeto al derecho a la salud en conexidad con la vida, cabe hacer extensiva esta vinculación a los casos en los cuales la persona esté necesitando servicios médicos pero haya sido desvinculado del régimen subsidiado en virtud de la reclasificación en el SISBEN. Sólo así se podrá garantizar una prestación continuada del servicio de salud, sin que los trámites administrativos se constituyan en obstáculo para la protección de los derechos fundamentales”. La Sala Tercera de Revisión se pronunció en la sentencia T-1330 de 2001, en la cual la Corte estudió el caso de una persona de la tercera edad[26], sin familia, en estado de indigencia y abandono, quien se encontraba clasificada en un nivel de SISBEN que no le permitía acceder a los programas de salud a través de una ARS. A pesar de su difícil condición de salud y de su avanzada edad debía acudir al régimen de vinculados el cuál supone el pago de una proporción del costo del servicio[27]. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga (accionada mediante la tutela) afirmó que la clasificación de la persona le impedía a ésta ser afiliada a una ARS, y que habría de modificarse dicha clasificación para acceder a los servicios del régimen subsidiado. Advirtió entonces la Corte que “(…) esta Corporación entiende que la protección de los derechos constitucionales fundamentales –y en especial, cuando se trata de los derechos constitucionales fundamentales de personas que, como el señor Molina, se encuentran en una circunstancia evidente de debilidad manifiesta– exige de parte de las autoridades un comportamiento orientado a garantizar su efectividad real. Ello se manifiesta, entre otras, en la obligación que recae sobre las instituciones públicas de ofrecer una solución satisfactoria, es decir adecuada, completa y oportuna, respecto de las pretensiones que formulen los ciudadanos en aras de procurar para sí la protección de tales derechos. “Para tal propósito es necesario que la respuesta que proporcionen las instituciones públicas frente a las solicitudes de los ciudadanos con miras a propender la efectividad de sus derechos constitucionales fundamentales, debe ser proveída bajo un criterio unitario de Estado, destinado a proporcionar tal protección, y no dentro de una visión limitada y restringida de sus competencias”. En consecuencia, la Corte ordenó a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga la asignación al afectado de un puntaje que respondiera a su situación de indigencia y a la condición de ancianitud e invalidez en que se encontraba, y que él mismo fuera inscrito en el Régimen Subsidiado de Salud. Recientemente, la Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-166 de 2007[28] se pronunció sobre el alcance de la respuesta a un derecho de petición elevado por una mujer discapacitada en estado de indigencia, que había acudido al DABS para solicitar le fuera asignada una pensión para sustentar su sostenimiento y el de su hijo de 2 años, ya que por su limitación física carecía de ingresos. El DABS le informó que dentro de sus programas no existía una pensión como la solicitada por la accionante y que la actora no cumplía con los requisitos para acceder a ninguno de los programas sociales del Distrito. En esa oportunidad, la Corte consideró que en virtud del deber de solidaridad y en consideración a las circunstancias de marginalidad social, el derecho de petición no se entendía realizado con la contestación dada por la entidad, y que era su deber orientar a la actora respecto de los requisitos de otros programas sociales, de carácter público y privado, y gestionar su ingreso a aquellos a los cuales pudiera acceder ella o su menor hijo. Así, en relación con el derecho de petición la orden de la Sala no fue que se incluyera a la accionante o a su hijo en un programa social o que se le brindará un auxilio económico especifico, sino que la accionada diera respuesta de fondo al derecho de petición, en la cuál se oriente a la actora sobre los planes y programas a los cuales podría acceder junto con su hijo, y los mecanismos para hacerlo. Los precedentes señalados muestran la crucial función que cumple el suministro oportuno, pertinente, correcto y completo de información. En particular, la información concerniente a la existencia y los requisitos para acceder a programas sociales es indispensable para garantizar la participación de todos los potenciales beneficiarios sin ningún tipo de favoritismo en condiciones de transparencia que aseguren la igualdad de trato para todos los interesados. Así, la Corte ha señalado que la persona que no obtiene por parte de la administración información oportuna, pertinente, correcta y completa del procedimiento a seguir para hacerse acreedora de una prestación positiva del Estado es colocada en una situación de desventaja no compatible con el marco constitucional. 5. Protección especial a las personas en situación de indigencia. Obligaciones de las autoridades públicas derivadas de la consagración constitucional de la protección reforzada a estas personas. Esta Corporación, desde el principio, se ha referido a los derechos fundamentales de las personas en situación de indigencia,[29] así como a la obligación de las autoridades de contribuir a su realización. Dadas las condiciones socioeconómicas en que se encuentra la población indigente, la Constitución de 1991 ha consagrado a favor de ésta diversos mecanismos tendientes a garantizarle los servicios públicos básicos de salud (CP artículo 49), la seguridad social integral (CP artículos 46 y 48) y el subsidio alimentario (CP artículo 46). Este deber tiene un alcance más allá de la seguridad social y de la alimentación en el artículo 13 constitucional que establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (...)”, lo cual legitima la adopción de acciones afirmativas tanto en beneficio de grupos como de individuos. El mismo artículo 13 agrega al...