Sentencia T-633 de 2006

T-633-06 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-633/06 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial LEY 546 de 1999-Doctrina de la Corte Constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reglas para terminarlo en aplicación de la ley 546 de 1999 Para que un juez civil ordinario deba dar por terminado un proceso ejecutivo hipotecario iniciado para el cobro de un crédito destinado a la financiación de vivienda individual de largo plazo, y además para acudir a la acción de tutela en los eventos en que la norma sea mal interpretada por parte de los jueces, deben confluir las siguientes condiciones: (i) Que el proceso ejecutivo con título hipotecario haya sido iniciado antes del 31 de diciembre de 1999. (ii) Que la actitud del actor haya sido diligente en el proceso ejecutivo y haya agotado en consecuencia los mecanismos de dicho proceso para solicitar la cancelación del mismo. (iii) Reliquidada la obligación hipotecaria, el único y siguiente paso a seguir correspondía al señalado por la misma ley 546 de 1999, cual es la terminación o cancelación y archivo del proceso ejecutivo que se adelantaba contra el particular. (iv) Finalmente, luego de que el particular cumpliera con los anteriores requerimientos, la Corte Constitucional consideró necesario que, en aquellos caso en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a dicha ley, incurrieran en un error de interpretación y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por ella misma, dicha actuación podría configurar una vía de hecho, evento en el cual se entraría a verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad respectivos, criterios jurisprudenciales sobre los cuales esta Corporación ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y a los cuales ya se hizo mención en acápite anterior. VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Defecto sustantivo por error en interpretación de la Ley 546/99 Reiteración de Jurisprudencia Referencia: expediente T-1328106 Acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por Julio César Ararat Patiño contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil seis (2006). La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y NILSON PINILLA PINILLA, en ejercicio de su competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente; SENTENCIA dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por Julio César Ararat Patiño contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.. I. ANTECEDENTES. El señor Julio César Ararat Patiño por intermedio de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. por considerar violados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vivienda digna y al acceso a la administración de justicia. Fundamenta su acción en los siguientes hechos: 1. El 29 de julio de 1998, el Banco Central Hipotecario promovió ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo hipotecario contra el accionante y la señora Miryam Garcés Buitrago, dentro del cual, el 24 de noviembre de 1998, se libró mandamiento de pago y el 25 de noviembre de 1999 se profirió sentencia. 2. El accionante manifestó en tiempo ante la entidad crediticia su intención de acogerse a la reliquidación del crédito y solicitó al despacho judicial de conocimiento la suspensión del proceso de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 3º del artículo 42 de la nueva ley de vivienda, la cual negada mediante providencia del 11 de octubre de 2000. 3. El 28 de agosto de 2002, el B.C.H. remitió al Juzgado la reliquidación del crédito de UPAC a UVR, la cual fue desestimada por el Juzgado mediante providencia del 2 de septiembre de 2002, por cuanto se trataba de un crédito concedido en pesos colombianos los cuales no debían ser convertidos en UVR. 4. Señala el actor, que el 24 de noviembre de 2004 presentó incidente de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 140 del C.P.C., el cual fue rechazado de plano mediante providencia del 1º de diciembre de 2004. Apelada la decisión, fue fallada negativamente por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, "por providencia del 17 de Mayo de 2.005 (sic)", argumentando para ello que en razón a que la censura se dirige contra el trámite dado a la aplicación de ley 546 de 1999, la misma ha debido proponerse por vía de excepción. Agrega el accionante que en tal decisión no se tuvo en cuenta que "...el Proceso fue Sentenciado en Noviembre de 1999 y la Ley 549 de 1999 fue expedida en Diciembre, no existiendo por ende para la fecha la norma del Parágrafo 3 del Artículo 42 de la mencionada Ley, para haber podido excepcionar basado en la misma y desconociendo los variados pronunciamientos al respecto dados por la Corte Constitucional, desde la Sentencia de Revisión C-955/2000 para que los procesos Ejecutivos Hipotecarios vigentes a diciembre 31 de 1999 se dieran por terminados". 5. Afirma que posteriormente solicitó la terminación del proceso por ministerio de la ley, la cual fue negada mediante providencia del 18 de agosto de 2005, contra la cual interpuso el recurso de queja por haber sido negada la apelación. Indica que el Tribunal Superior declaró bien denegado el recurso de apelación, con base en argumentos cuyos apartes citó en la demanda así: "...en virtud del principio de taxatividad señalada (sic) en nuestra legislación procesal civil, para su otorgamiento es necesario que la providencia impugnada sea susceptible del recurso de alzada, como quiera que el artículo 377 ejusdem, de manera clara, expresa y concisa dispone que el Superior la concederá - si fuera procedente-". Además citó: "Ciertamente, la decisión censurada no aparece revestida de tal beneficio en el Artículo 351 ni en norma especial alguna, de donde es obvio concluir que el recurso es improcedente." Sobre el particular manifiesta el accionante que en su criterio, contrario a lo afirmado por el Tribunal, no solamente está taxativamente consagrado en el artículo 351 del C.P.C. que la solicitud de terminación del proceso puede ser apelada, sino también que el recurso era procedimentalmente válido, tal como lo entendió uno de los Magistrados del Tribunal, al haber salvado el voto en la sentencia. 6. Afirma que como consecuencia de la expedición de la sentencia C-955 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la ley 546 de 1999 y en especial del parágrafo 3 del artículo 42 y de los varios fallos proferidos con posterioridad, entre ellos la sentencia T-701 de 2004, se ha unificado y despejado cualquier duda respecto a la terminación y archivo de los procesos ejecutivos con título hipotecario, que se encontraban en curso el diciembre 31 de 1999 y sobre los cuales se hubiere practicado la reliquidación del crédito. Lo anterior, debido al criterio de algunos operadores jurídicos que se oponían a la terminación del proceso en el evento de quedar saldos pendientes a cargo del deudor y en razón a que se desvirtuaba la función del proceso ejecutivo. 7. Manifiesta el accionante que con el proceder de las decisiones tomadas por los Magistrados que integran la Sala de Decisión del Tribunal demandado, se desconocieron los efectos procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más trámite, con lo cual estima, se apartaron infundadamente de lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incurrieron en una vía de hecho por defecto sustantivo. Para sustentar lo afirmado cita apartes de la sentencia T-199 de 2005, proferida por la Corte Constitucional. 8. En relación con la viabilidad de la acción para cuestionar las decisiones judiciales que considera arbitrarias, sostiene que: "Cuando no existe una vía ordinaria para atacarlas y estas actuaciones generan un perjuicio irremediable, o es razonable pensar que existe la amenaza de un daño irreparable que es urgente precaver, la Corte ha determinado que procede la acción de tutela porque con ella, en estos casos, no se vulnera la seguridad jurídica ni se pone en peligro el orden justo sino, por el contrario, se puede corregir la burda acción, en busca de la prevalencia del derecho sustancial," Por lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales que le fueron vulnerados por el Tribunal Superior de Bogotá, en sus providencias del 17 de junio de 2005 y el 13 de enero de 2006, las cuales deben revocarse. Además solicita se ordene la terminación del proceso y el archivo del expediente de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y en la interpretación con efectos erga omnes efectuada por la Corte constitucional en las sentencias C-955 de 2000, unificada en las sentencias T-199; T-217; T-258; T-391; T-472; T-495; T-844 y T-1181 de 2005. II. INTERVENCION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y LAS ENTIDADES CREDITICIAS ACCIONADAS. 1. La Magistrada Ponente, Doctora María Teresa Plazas Alvarado, integrante de la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, accionada dentro de la acción de tutela, mediante escrito de respuesta presentado ante el Juez de instancia el 10 de febrero de 2006, manifestó que se remite en todo a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en las providencias objeto de la censura, proferidas por la Corporación los días 17 de junio de 2005 y el 13 de enero de 2006. 2. En escrito recibido en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 6 de febrero de 2006, el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial que aunque no fue demandado, se pronunció sobre la presente tutela por requerimiento efectuado por el Juez de Instancia de la presente tutela, indicando que no se evidencia dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se haya vulnerado derecho fundamental alguno del actor, toda vez que durante las instancias del proceso, el demandado gozó de todos los medios de defensa que brinda el debido proceso, los cuales ejerció de la manera como estimó conveniente. Por lo anterior solicita denegar el amparo, en tanto que considera la improcedencia de la acción, toda vez que éste mecanismo especial no fue instituido para dar paso a otra instancia que es lo que en el fondo pretende el accionante. 3. Por su parte, la Gerente Jurídica de Central de Inversiones S.A., como cesionaria del crédito adquirido por el actor con el Banco Central Hipotecario, entidad que si bien no fue demandada dentro de la presente acción, fue requerida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un tercero con interés legítimo para intervenir, mediante escrito radicado el 14 de febrero de 2006, respondió el requerimiento efectuado mediante telegrama enviado por el Juzgado 17 Civil del Circuito comisionado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, afirmando que en razón a que la notificación de la admisión de la acción de tutela se efectúo el día 13 de febrero de 2006: "...el día de ayer nos acercamos a la Corte Suprema con el fin de obtener copia de la demanda, y nos informaron que no era posible por cuanto se encontraba al despacho desde el día 10 de febrero de 2006 para dictar sentencia. Por lo antes expuesto, solicito al Señor Magistrado tener en cuenta que Central de Inversiones S.A. desconoce el contenido de la acción judicial promovida en su contra, a efectos de ejercer el derecho de contradicción a que legalmente hay lugar. Adicional a lo anterior, manifestamos que la naturaleza jurídica de esta entidad corresponde a una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, cuyo capital está compuesto en un 90% por recursos del estado (sic) y por ende, una notificación efectuada en los anteriores términos podría traducirse en un injustificado detrimento patrimonial imputable a recursos estatales." III. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN. En sentencia proferida el 20 de febrero de 2006, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela solicitada tras considerar previamente que por las razones expuestas en la sentencia del 18 de noviembre de 2003, proferida por esa misma Corporación, no comparte las conclusiones de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia aludida por la apoderada judicial del actor, relacionadas con la modalidad especial de terminación del proceso por la sola circunstancia de haber realizado la reliquidación del crédito. En relación con el caso concreto, descarta la existencia de una vía de hecho por parte del Tribunal accionado al haber continuado con el trámite del proceso, por cuanto en su parecer no existiendo prueba de la cual se infiera que la obligación quedó al día ni que las partes hayan convenido la refinanciación, no es viable dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario, sin ningún tipo de evaluación, puesto que, "...si así no fuera, "seguramente la ley en lugar de establecer la posibilidad de suspender el proceso habría provocado la terminación de todos los procesos ejecutivos para que fuera posteriormente y en otro trámite que se provocara la satisfacción de los créditos que, a pesar (sic) la reliquidación, quedaran insolutos..." Tampoco en su parecer se advierte la existencia de una vía de hecho al haber desestimado la nulidad planteada, toda vez que es indiscutible que las causales deben estar expresamente contempladas en la ley y la causal del numeral 3º del artículo 140 del C.P.C., invocada por el actor, fue analizada razonablemente por el Tribunal. Las mismas consideraciones se tuvieron en cuenta para el recurso de queja, en relación con al cual tampoco vislumbra irregularidad alguna, puesto que en efecto no existe una norma que consagre el recurso de apelación para las decisiones desestimatorias de la terminación del proceso y la invocada por el actor no corresponde al caso concreto. Por último, afirma que si el actor considera que con los planteamientos expuestos por la Corte Constitucional debe ser indemnizado, tiene a su disposición ante la jurisdicción ordinaria las acciones judiciales para obtener la revisión de los contratos, la reliquidación del crédito y la devolución de lo que haya cancelado en exceso. IV. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. - Fotocopia de las sentencias proferidas el 13 de enero de 2006 y el 17 de julio de 2005, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., allegadas por el accionante. (Folios 2 al 13 del cuaderno primero de tutela). - Respuesta del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá a la acción de tutela, ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (Folio 30 del cuaderno primero de tutela). - Respuesta a la acción de tutela por parte de la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., suscrita por la Magistrada Ponente Doctora María Teresa Plazas Alvarado, ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (Folio 32 del cuaderno primero de tutela). - Respuesta de la Gerencia Jurídica de Central de Inversiones S.A., ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (Folio 35 del cuaderno primero de tutela). - Respuesta de la Gerencia Jurídica de Central de Inversiones S.A., al requerimiento de la Corte Constitucional, recibida el 26 de mayo de 2006 (Folio 19 del cuaderno segundo de tutela). - Oficio No 911, radicado en la Corte Constitucional el 24 de mayo de 2006, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá D.C., atendiendo el requerimiento de esta Corporación, remitió el original del expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra del señor Julio César Patiño Ararat (Folio 27 del cuaderno segundo de tutela) V. ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto de fecha 22 de mayo de 2006, ordenó a la Secretaría General de esta Corporación (i) poner en conocimiento de Central de Inversiones S.A. el contenido del presente expediente de tutela, con el propósito de que se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema jurídico allí planteado y además, (ii) solicitar al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, remitir el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario contra Julio César Patiño Ararat, para contar con mayores elementos de juicio al momento de proferir el fallo. 1. En respuesta al requerimiento hecho por esta Sala de Revisión, mediante escrito recibido en esta Corporación en el término concedido, la Abogada Asesora de la Gerencia Jurídica de Central de Inversiones S.A., se pronunció respecto de la presente tutela en los siguientes términos: En primer lugar, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la acción, por indebida notificación toda vez que como lo informó en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia, no fue posible acceder al texto de la tutela y por ende al ejercicio del derecho de defensa, por cuanto el envío del telegrama por parte del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, comisionado por la Corte Suprema de Justicia para efectos de la notificación de la acción de tutela, se efectuó el 13 de febrero de 2006, cuando el expediente se encontraba al despacho para fallo desde el 10 de febrero de 2006. Por tanto afirma que: "Resulta evidente entonces, que a pesar de que Central de Inversiones S.A. - acreedora de la obligación que se cobra a través del proceso ejecutivo hipotecario que se tramita ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad y el cual constituye el objeto central de esta acción de tutela-, tiene un claro interés dentro del trámite de la acción que nos ocupa, el cual incluso fue reconocido por el fallador de primera instancia de la tutela, no ha tenido la oportunidad para hacer un pronunciamiento al interior de la misma, en aras de la defensa adecuada de las prerrogativas que su calidad de acreedor le reporta, lo cual configura la nulidad que el Estatuto Procesal prevé en los numerales 8º y 9º de su Artículo 140, máxime cuando en sede de Revisión, la (sic) irregularidades en ese sentido se tornan insubsanables pues el procedimiento seguido para desatar la acción de tutela, ya se ha consumado." De otra parte, en relación con los hechos que fundamentan la acción de tutela, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que Central de Inversiones S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, con base en los siguientes argumentos: "2.1. Sea lo primero indicar, que la obligación 550198000040025, a cargo de la demandante, fue suscrita inicialmente con el Banco Central Hipotecario, quien posteriormente la transfirió a Central de Inversiones S.A. en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre ambas entidades. 2.2. Ahora bien, con relación al proceso judicial adelantado por Central de Inversiones S.A. (en su calidad de cesionaria del Banco Central Hipotecario, hoy en Liquidación) ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, debe advertirse que una vez revisado el trámite otorgado a dicho proceso, a partir del expediente que hace parte de esta actuación, no se verifica irregularidad alguna que sustente la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, que alega la aquí accionante, pues se han surtido la totalidad de las ritualidades procesales previstas en la legislación vigente sobre la materia. 2.3. Así también, debe señalarse que el crédito cuyo recaudo se solicita a través del proceso de la referencia, fue otorgado para la adquisición de vivienda, y que su desembolso inicial se efectúo en pesos. Sin embargo tal otorgamiento se realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, por lo cual el crédito era susceptible de la aplicación de las medidas previstas por el legislador como "Régimen de Transición" en el Capítulo VIII de dicha ley; medidas dentro de las cuales se incluía la reliquidación de la obligación, en los términos en los que la misma fue efectivamente aportada al proceso que tramita el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad. 2.4. Este Despacho también debe apreciar que dentro del trámite del proceso ejecutivo hipotecario objeto de esta acción, la parte demandada no compareció inicialmente al proceso de manera activa, esto es, formulando las excepciones necesarias para enervar las pretensiones ejecutivas de la parte demandante, de forma tal que todos lo elementos de fondo y de forma suministrados por las partes fueron analizados y decididos en la sentencia proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y en las providencias posteriores que se expidieron dentro del proceso. En consecuencia, no resulta procedente que quien ahora promueve esta tutela, acuda precisamente a una acción subsidiaria -como ésta-, para que se estudie una controversia que ya fue desatada por la administración de justicia (de manera puntual, por el Juzgado 17 Civil del Circuito y por el Tribunal Superior de Bogotá), reuniendo de manera integra la totalidad de formalidades legalmente contempladas para el trámite del proceso como el que no ocupa y de las providencias particulares puestas a su consideración. Lo anterior, sería desconocer la previsión efectuada en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresamente contempla que: "Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables(...)" Lo que se evidencia aquí entonces, no es más que la intención de purgar la obligación crediticias (sic) del demandante -dilatando la ejecución de la misma-, a través de una acción judicial cuya filosofía no corresponde a la de desvirtuar la recta y normal administración de justicia. 2.5. Igualmente debe señalarse sobre la interpretación del inciso (sic) 3º. del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esbozada por la parte actora en su escrito (pretendiendo la terminación del proceso ejecutivo que cursa en su contra), que la terminación del asunto únicamente se presentaría, en el caso previsto en el aparte de la norma citado, cuando a raíz de la reliquidación del crédito se determinó un alivio capaz de cubrir el monto de la obligación que se encontraba en mora y que por ende, era el móvil del proceso ejecutivo que estuviese en curso, o bien, cuando en presencia de un saldo pendiente, el tomador del crédito lo hubiese reestructurado o refinanciado. En esta oportunidad ninguno de los anteriores supuestos se configuró, pues la imputación del alivio por concepto de reliquidación al monto de la deuda vigente para el momento en el cual se aplicó el alivio por concepto de reliquidación, no resultó suficiente para saldar la mora de la obligación ejecutada, por lo cual resultaba completamente lícito y legítimo continuar adelante con el proceso ejecutivo hipotecario instaurado para hacer efectiva la garantía de la obligación referida." Para soportar estos últimos argumentos, citó apartes de las sentencias T-511 de 2001 de la Corte Constitucional y del 15 de junio de 2004, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, las cuales en su criterio contienen pronunciamientos similares sobre el tema analizado. Concluye su intervención afirmando que: "Resulta entonces, plenamente coadyuvada la afirmación de que no existe motivo por el cual el deba tutelarse derecho fundamental alguno del accionante, toda vez que sus prerrogativas constitucionales fueron adecuadamente observadas dentro del proceso judicial que se adelantó en su contra, en los términos inicialmente indicados. En igual vía, debe tener en cuenta esta Corporación que las sentencias que se profieran en casos aparentemente similares al que nos ocupa (tales como las invocadas por la tutelante), corresponden a providencias con efectos particulares y no erga omnes, como si lo constituyen las disposiciones de la Ley 546 de 1999." 2. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., remitió el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario, hoy Central de Inversiones S.A. como cesionaria, contra Julio César Ararat Patiño, en el cual se constató el cumplimiento de las siguientes etapas procesales: - Pagaré No.550-198-4002-5, otorgado el 30 de mayo de 1997 por valor de $13.569.546.oo, a la orden del Banco Central Hipotecario. (Folio 5 del cuaderno principal). - Copia de la escritura pública No.3837 del 30 de mayo de 1997, de la Notaría 19 del Circulo de Bogotá, contentiva del contrato de hipoteca (Folio 7 del cuaderno principal). - Demanda ejecutiva hipotecaria presentada el 29 de julio de 1998, por el B.C.H., contra Julio César Ararat Patiño y Miryam Garcés Buitrago (Folio 25 del cuaderno principal). - Orden de pago y decreto del embargo y secuestro del inmueble hipotecado, librado mediante auto de fecha noviembre 24 de 1998 (Folio 25 del cuaderno principal). - Fotocopia del folio de matricula inmobiliaria No. 825515, en el cual consta la anotación del embargo hipotecario (Folio 37 del cuaderno principal). - Diligencias de notificación personal del auto de mandamiento de pago a los demandados, llevadas a cabo el día 2 de agosto de 1999 (Folio 57 y 58 del cuaderno principal). - Escrito de contestación de la demanda ejecutiva, presentado por la apoderada judicial de los demandados el 12 de agosto de 1999 (Folio 60 del cuaderno principal). - Sentencia proferida el 25 de noviembre de 1999, por el juzgado de conocimiento, mediante la cual ordena seguir adelante con la ejecución, decretar el avalúo y la venta en pública subasta del bien dado en garantía hipotecaria y liquidar el crédito (Folio 66 del cuaderno principal). - Fotocopia de la comunicación radicada ante el BCH el 28 de enero de 2000, suscrita por los demandados, mediante la cual solicitan el reconocimiento de los alivios y la reliquidación del crédito, con base en lo dispuesto en la ley 546 de 1999. (Folio 72 del cuaderno principal). - Memorial radicado el 3 de octubre de 2000, por la apoderada de los demandados, mediante el cual solicita ante el juzgado de conocimiento la suspensión del proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 42 de la ley 546 de 1999 (Folio 73 del cuaderno principal). - Auto proferido el 11 de octubre de 2000, mediante el cual el juzgado deniega la solicitud de suspensión de terminación del proceso impetrada por los demandados, por encontrarse precluido el término previsto en el artículo 42 de la ley 546 de 1999 (Folio 74 del cuaderno principal). - Certificación de reliquidación del crédito en UPAC con UVR, con fecha de corte a 31 de diciembre de 1999, allegada por el apoderado del demandante en memorial de fecha 28 de agosto de 2002. (Folios 77 a 79 del cuaderno principal). - Auto proferido el 2 de septiembre de 2002, mediante el cual el Juzgado de conocimiento, ordena no tener en cuenta la reliquidación del crédito allegada por el demandante, toda vez que la facultad de conversión, según la sentencia C-955 de 2000, de la Corte Constitucional, solo es permitida para obligaciones pactadas en UPAC y no en pesos como el caso de esta demanda (Folio 80 del cuaderno principal) - Memorial de fecha 28 de noviembre de 2002, suscrito por el apoderado judicial del demandante, mediante el cual informa al despacho judicial que el valor del alivio por reliquidación de acuerdo a la Ley 546 de 1999 fue de $2.521.641.0741 (Folio 82 del cuaderno principal). - Auto del 5 de diciembre de 2002, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual ordena incorporar al expediente la reliquidación del crédito allegada por el demandante (Folio 83 del cuaderno principal). - Diligencia de secuestro del inmueble, llevada a cabo el 12 de febrero de 2004, en cumplimiento del despacho comisorio (Folio 120 del cuaderno principal). - Avalúo del inmueble presentado el día 20 de febrero de 2004 por el apoderado del demandante. (Folio 126 del cuaderno principal). - Memorial presentado el 11 de agosto de 2004 por la apoderada de los demandados, en el cual presenta al despacho judicial objeción al avalúo del inmueble (Folio 146 del cuaderno principal). - Auto proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 9 de septiembre de 2004, por el cual se rechaza de plano la objeción presentada al avalúo (Folio 150 del cuaderno principal). - Recurso de reposición presentado el 15 de septiembre de 2004, por la apoderada de los demandados en contra del auto que rechazó de plano la objeción (Folio 156 del cuaderno principal). - Auto proferido por el despacho judicial de conocimiento el 1º de octubre de 2004, mediante el cual mantiene lo decidido en relación con la objeción del avalúo y rechaza el recurso de apelación (Folio 160 del cuaderno principal). - Incidente de nulidad presentado el 24 de noviembre de 2004, por la apoderada de la parte demandada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 Numeral 3º del C.P.C. (Folio 37 del cuaderno del incidente de nulidad). - Auto proferido el 1º de diciembre de 2004, por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad planteada por la apoderada (Folio 45 del cuaderno del incidente de nulidad). - Recurso de apelación interpuesto por la apoderada de los demandados contra el auto de fecha 1º de diciembre de 2004, que negó de plano la nulidad (Folio 46 del cuaderno del incidente de nulidad). - Auto del 26 de enero de 2005, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada (Folio 52 del cuaderno de incidente de nulidad). - Incidente de nulidad presentado el 18 de febrero de 2005, por la apoderada de la parte demandada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 Numeral 3º del C.P.C., para solicitar la terminación del proceso por mandato de la ley 546 de 1999, parágrafo 3º, artículo 42 (Folio 89 del cuaderno de incidente de nulidad). - Auto proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de febrero de 2005, mediante el cual rechazó de plano la nulidad propuesta (Folio 94 del cuaderno de incidente de nulidad). -Recurso de apelación contra el auto que rechazó de plano la solicitud de nulidad, propuesto por la apoderada de los demandados (Folio 96 del cuaderno de incidente de nulidad). - Providencia de fecha 17 de junio de 2005, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., Magistrada Ponente María Teresa Plazas Alvarado, mediante el cual resolvió confirmar en todas sus partes el proveído del 24 de febrero de 2005 del Juzgado 17 Civil de Circuito de Bogotá, que rechazó la nulidad propuesta (Folio 15 del cuaderno 3) - Acta de diligencia de remate del bien, llevada a cabo el día 24 de febrero de 2005, en la cual se declaró desierto el remate por cuanto no se presentó postor alguno (Folio 180 del cuaderno principal). - Memorial presentado por la apoderada de los demandados el día 2 de agosto de 2005, mediante el cual se solicita la terminación del proceso al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la ley 546 de 1999 (Folio 185 del cuaderno principal). - Auto proferido el 18 de agosto de 2005, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá niega la solicitud de terminación del proceso (Folio 187 del cuaderno principal). - Recurso de apelación contra el auto que negó la terminación del proceso, presentado por la apoderada de los demandados (Folio 214 del cuaderno principal). - Auto proferido el 12 de septiembre de 2005, por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante el cual niega la apelación interpuesta por la apoderada de la demandada contra el auto por el cual no se aceptó la terminación del proceso (Folio 219 del cuaderno principal). - Recurso de reposición presentado por la apoderada de la demanda contra el auto que negó el recurso de apelación (Folio 220 del cuaderno principal). - Auto proferido el 6 de octubre de 2005, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 12 de septiembre de 2005, ordena mantener incólume el acto impugnado (Folio 225 del cuaderno principal) - Recurso de queja presentado por la apoderada de la parte demandada, con el fin de que le sea concedida la apelación contra el auto del 12 de septiembre de 2005, que negó la terminación del proceso (folio 21 del cuaderno 1). - Providencia proferida el 13 de enero de 2006, por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Magistrada Ponente María Teresa Plazas Alvarado, mediante el cual declaró bien denegado el recurso de apelación impetrado contra el auto de 18 de agosto de 2005 (Folio 27 del Cuaderno 1). - Salvamento de voto a la sentencia proferida el 13 de enero de 2006, presentado por uno de los Magistrados que integran la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá (Folio 32 del Cuaderno 1). - Auto de fecha 27 de abril de 2006, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual ordena que antes de decidir sobre la adjudicación del inmueble objeto del remate, la cual fue solicitada en tiempo por Central de Inversiones S.A., se deberá acreditar el pago de impuesto predial y de valorización de los últimos 5 años. (Folio 244 del cuaderno principal). VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala decidir si las autoridades judiciales que conocieron del proceso ejecutivo con título hipotecario seguido contra Julio César Ararat Patiño y otro, incurrieron en una vía de hecho al proferir los fallos que negaron poner fin al proceso que aún se le sigue a la fecha y que fuera iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, por considerar que al subsistir parte de la deuda luego de la reliquidación del crédito, no se cumplían los supuestos normativos contemplados en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que regula la materia. 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. 3.1. Esta Corporación en Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, y en la misma decisión, señaló su procedencia excepcional, sujeta a criterios precisos que la Corte ha venido fijando a lo largo de su jurisprudencia, todos ellos, claro está, ligados a la vulneración explícita de derechos fundamentales. La sentencia en comento expresó lo siguiente: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”. Es así como, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad, en sentencia T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando el precedente judicial contenido en la sentencia C-543 de 1993, se comenzarían a construir y desarrollar los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales constituyen pautas objetivas a partir de las cuales se puede derivar la vulneración de los derechos fundamentales dentro de un proceso judicial. Éstas se desprenden de la aplicación y desarrollo de los derechos fundamentales a la cotidianidad de todas las prácticas judiciales y como tal, han sido objeto de madurez, racionalización y sistematización. Al comienzo, en las primeras decisiones de esta Corporación, se enfatizó y definió que el punto en el que giraba la viabilidad del examen de las decisiones judiciales a través de la tutela lo constituía la vía de hecho, definida como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[1] producto de la carencia de fundamentación legal, constitucionalmente relevante. Actualmente, la jurisprudencia ha rediseñado tal enunciado dogmático[2] para dar cuenta de un grupo enunciativo de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003[3], la Sala Séptima de Revisión señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.). “En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia T-462 de 2003)”. La sistematización de los criterios o causales a partir de los cuales es posible justificar la procedencia de una acción de tutela contra una decisión judicial, ha generado la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la Constitución[4]. En este punto es necesario advertir, que la Corporación ha definido e identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar suficientemente cada una de sus decisiones y también, de ponderar con claridad los derechos fundamentales que se encuentren en disputa. El principio de eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan al juez a acatar las normas legales aplicables a un caso concreto pero también, a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren a presentar frente a los derechos fundamentales[5]. Pues bien, esta Sala de Revisión ha identificado y congregado los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente manera[6]: "i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[7]. ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la practica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido[8]. iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[9]. iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos[10]. (v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[11]. (vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[12]”. Con todo, ha dicho esta Corporación[13] que quien acude a la acción de tutela alegando la ocurrencia de una vía de hecho en una providencia judicial, deberá demostrar que agotó previamente los recursos que la ley tiene previsto. Es por ello que, también ha señalado la Corte Constitucional que en aquellos casos en los cuales los jueces encargados de dar aplicación a la Ley 546 de 1999, incurrieran en un error de interpretación de la misma, y así mismo se apartaran de la posición jurisprudencial sentada por esta Corte, podría considerarse que dicha actuación corresponde a una vía de hecho, y en ese evento, se deberá entrar a verificar el cumplimiento, no solo de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, sino también de aquellos que determinan la efectiva configuración de una vía de hecho, criterios jurisprudenciales respecto de los cuales esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos: a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal; b) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial; c) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente;[14] d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.[15] Por lo anterior, es pertinente verificar en cada caso concreto si la acción de tutela es procedente, y si se reúnen los estrictos requisitos precisados por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 4. Alcance e interpretación dada por la Corte Constitucional al parágrafo 3º del artículo 42 de la ley 546 de 1999. Evolución jurisprudencial 4.1. La Ley 546 de 1999 fue promulgada una vez declarada la inexequibilidad de las normas que regulaban el sistema UPAC y las formas de financiamiento de créditos para vivienda, por la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1997, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-747 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en las que se precisó la necesidad de que existiera una regulación del sistema de financiación de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional y que solucionara un grave problema de orden social de grandes dimensiones, surgido como consecuencia del desbordado incremento de las deudas hipotecarias adquiridas por los particulares con entidades financieras, que llegaron a causar graves efectos de orden económico, financiero, político y social, y que además un desbordado incremento en la iniciación de procesos ejecutivos hipotecarios. Según se indicó en el artículo 2º de la mencionada ley, los criterios para el desarrollo de la norma se dirigieron entre otras, a proteger el patrimonio de las familias, fomentar el ahorro destinado a la vivienda y facilitar su acceso en condiciones de equidad y transparencia y abarcar un mayor número de familias necesitadas. Por eso la Ley incluyó disposiciones relativas al periodo de transición para el paso del sistema de financiación UPAC al nuevo UVR, con el fin de permitir que nuevas personas adquirieran viviendas y que las que se vieron afectadas dentro del anterior sistema, pudieran conservarla. 4.2. En los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, el Legislador estableció unas nuevas medidas en materia de otorgamiento de crédito de financiación para la compra y construcción de vivienda, y generó igualmente un mecanismo excepcional para frenar el creciente número de procesos ejecutivos, en razón a la imposibilidad material de los deudores de cancelar las cuotas de sus créditos hipotecarios pactados a largo plazo. Así mismo, dispuso la aplicación de un abono especial a aquellas obligaciones crediticias vigentes que hubieren sido pactadas con los establecimientos de crédito, y que se hubieren destinado a la financiación de vivienda a largo plazo. Así, los abonos a los créditos que se encontraran al día, sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo, serían hechos siguiendo las pautas fijadas en el artículo 40[16] de la ley en mención. Los deudores hipotecarios que estuvieran en mora a 31 de diciembre de 1999 (hipótesis regulada por el artículo 42 de la Ley 546), serían beneficiarios de los abonos contemplados en el artículo 40, siempre y cuando manifestaran su pretensión de acogerse a la reliquidación del crédito dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la ley. Por su parte, el artículo 42 en su parágrafo 3º[17], sobre el que versa la controversia planteada en la presente acción de tutela, señala los efectos de la conversión del crédito hipotecario, de la reliquidación del crédito y de la conversión de los documentos contentivos del mismo para los procesos en trámite a 31 de diciembre de 1999. 4.3. En la sentencia C-955 de 2000[18], que estudió la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, respecto del parágrafo 3º del citado artículo 42, la Sala Plena de la Corporación precisó que a su juicio no existía quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales a los deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas, pues es evidente que si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por causas atinentes al mismo sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquellas, debían repercutir en el trámite de los procesos. Agregó la citada Sentencia lo siguiente: En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.).”. (subrayado fuera del texto) A la luz de esta interpretación, en los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 546, una vez aportada la reliquidación, el siguiente y único paso a seguir es la terminación de los procesos, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor de iniciar un nuevo proceso ejecutivo, en caso de que el deudor vuelva a constituirse en mora, caso en el cual, deberá iniciarse un nuevo proceso. 4.4. En la Sentencia T-606 de 2003[19], la Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había constituido una hipoteca de primer grado. Se partió de la base de que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la tutela.[20] La Corporación señaló que la norma citada tenía por objeto solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso. Por tal motivo concluyó: “En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por ministerio de la ley…” 4.5. No obstante los planteamientos expuestos en las sentencias ya citadas, varios operadores jurídicos y las entidades financieras ejecutantes se apartaron de este precedente, asumiendo una posición diversa respecto al procedimiento legal establecido para la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios contemplados en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. En efecto, Juzgados y Tribunales se inclinaron por la tesis de la continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración; esta posición se había fundado en que la sola presentación de la reliquidación de la obligación, no es suficiente para dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios. Consideraron en ese sentido, que la consecuencia jurídica de la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debía ser el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en que se encontrara. Aunado a ello, argumentaron que, si la ley hubiese querido dar por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría consignado expresamente, por lo que no había lugar, entonces, a hacer extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no contempladas por la misma. 4.6. Con la expedición de la Sentencia T-701 de 2004[21], la Corte Constitucional zanjó la discusión. En efecto, en dicho pronunciamiento reiteró la posición de la Corte asumida en la sentencia C-955 de 2000, consistente en la terminación de los procesos ejecutivos que se encontraban vigentes a diciembre 31 de 1999 y afirmó que esa es la interpretación que se ajusta al verdadero sentido normativo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a los propósitos perseguidos con la implementación del nuevo sistema de adquisición de vivienda y al ordenamiento constitucional imperante. Desde esa oportunidad se ha entendido que, todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, han debido someterse al trámite de la reliquidación automática del crédito y, seguidamente, declararse terminados o concluidos por parte del juez competente, procediéndose en consecuencia a su archivo definitivo sin consideración adicional alguna. En este orden de ideas, es claro que luego de proferida la sentencia C-955 de 2000, la única tesis admisible respecto al procedimiento de suspensión y terminación de procesos ejecutivos en curso a diciembre 31 de 1999, es la que señala que una vez aportada la reliquidación de los créditos al proceso, éstos deben ser terminados y archivados sin más trámite[22]. 4.7. Con posterioridad a las sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003 y T-701 de 2004, han sido proferidos por esta Corporación, diversos fallos en los que atendiendo la especificidad de cada caso la tutela ha sido concedida y en otros negada, con lo cual se puede verificar la evolución de la jurisprudencia en este aspecto, así: - En La sentencia T-199 de 2005[23], al estudiar el caso de una persona que consideraba vulnerado su derecho fundamental al debido proceso en razón a que un despacho judicial no había dado por terminado el proceso ejecutivo que se seguía en su contra no obstante, haber presentado formalmente solicitud en ese sentido ante el despacho demandado y haber recurrido la decisión que le fue adversa, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional consideró que: “En efecto, dicho derecho fundamental (debido proceso) fue ostensiblemente vulnerado por las decisiones tanto del Juez de ejecución, como de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, pues ellas desconocieron los efectos procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más trámites. Con ello se apartaron infundadamente de lo dispuesto por la ley, concretamente de lo reglado actualmente por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, y de la jurisprudencia vertida al respecto por esta Corporación, incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo. Efectivamente, la Corte ha venido explicando por qué este alejamiento injustificado del texto de la ley y de los precedentes jurisprudenciales en materia constitucional se erige en una decisión caprichosa que no puede ser tenida en cuenta como ajustada a derecho, sino más bien como una verdadera vía de hecho.” - Posteriormente, la sentencia T-258 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, al estudiar un caso similar al que ahora ocupa a la Corte consideró que: “...esta Sala concluye entonces que habrá lugar a la protección del derecho fundamental al debido proceso, y conexo a este la de todos los derechos constitucionales que resulten afectados, cuando los procesos ejecutivos hipotecarios que estaban siendo adelantados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 contra las personas que habían adquirido créditos de vivienda bajo el sistema UPAC, no se declararon terminados oficiosamente por los jueces que conocían de ellos. Dicha omisión por parte de las autoridades judiciales desconoce la doctrina de esta corporación, según la cual los citados procesos terminaban por ministerio de la Ley.” - En este mismo sentido la sentencia T-282 de 2005[24] al decidir sobre el caso de una persona que reclamaba la protección de su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que un operador jurídico decidió continuar con el trámite de un proceso ejecutivo hipotecario que se seguía en su contra, no obstante haber sido aportada por parte de la entidad financiera demandante la reliquidación de su obligación. En esa oportunidad la Corte consideró que: “Por consiguiente, la posición jurisprudencial en esta materia considera que los procesos ejecutivos hipotecarios que se hubieren iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y que cumpliesen las condiciones para ser beneficiados con el alivio ofrecido en la Ley 546 de 1999 debieron: i) ser suspendidos mientras las entidades crediticias efectuaban la reliquidación del crédito, bien fuera por petición del deudor o de oficio; y ii) ser terminados y ordenado su archivo una vez efectuada la reliquidación. De manera automática y sin trámite adicional alguno, la norma le ordenó a los jueces ordinarios la cancelación de los procesos en el estado en que se encuentran, sin entrar a hacer ninguna consideración sobre el estado del crédito luego de aplicado el alivio ni las actuaciones del deudor para acordar una reestructuración del crédito. Ello es así, pues la única condición que señaló el legislador para terminar y archivar los procesos ejecutivos en trámite fue la reliquidación de los créditos, que en todo caso debía ser adelantada a petición del deudor o de oficio luego de la sentencia que efectuó el control de constitucionalidad de la norma”(sentencia C-955 de 2000) - La sentencia T-376 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis, respecto a la negativa de los despachos judiciales de terminar los procesos ejecutivos hipotecarios pese a existir una reliquidación de la obligación consideró que: “...no resulta posible hacer depender la terminación de los procesos en curso, prevista en el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, de un convenio entre el ejecutado y la entidad prestamista sobre la reliquidación del crédito en ejecución, como tampoco del acuerdo sobre la reestructuración de la acreencia, a que se refiere el artículo 20 de la misma normatividad, porque una y otra figura son de obligatoria observancia, como quedó explicado, como quiera que se trata de mecanismos que se suceden indefectiblemente, en los que la libre determinación de las partes cede ante la necesidad de hacer primar valores y principios de mayor jerarquía constitucional –artículos 16, 51, 333 y 335 C.P.- Consecuente con lo expuesto, incurrió en vía de hecho el juez civil que no suspendió las ejecuciones por créditos hipotecarios para adquirir vivienda que cursaban en su despacho cuando la Ley 546 de 1999 entró a regir, en especial una vez conocidas las directrices constitucionales fijadas en el estudio de la constitucionalidad de la norma, y vulneran en mayor grado los derechos de los acreedores hipotecarios los juzgadores que insisten en culminar a toda costas las ejecuciones en curso.” - Posteriormente, la sentencia T-391 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, estudio el caso de una persona que pese a haber sido reliquidada su obligación, el juez de conocimiento de su proceso ejecutivo se negó a darlo por terminado. El demandante en ese caso recurrió la decisión del juez pero obtuvo una respuesta adversa a sus pretensiones. En ese caso la Sala segunda de Revisión consideró que: "En conclusión, una vez finalizado el trámite de la reliquidació...