Sentencia T-631 de 2010

T-631-10 Sentencia T-631/10 Sentencia T-631/10 INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA ORDEN DE REINTEGRO DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Vulneración por cuanto empleador se niega a reconocer y pagar indemnización sustitutiva a la orden de reintegro DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Caso en que empleador fue condenado por sentencia judicial a reintegro, pero no puede hacerse por la pérdida de capacidad laboral del demandante TRANSACCION LABORAL SOBRE EL MODO DE CUMPLIR EL FALLO PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO-Se acordó cancelación de suma de dinero la que fue aprobada por el Juzgado de instancia/TRANSACCION LABORAL-En relación con los derechos a la seguridad social el demandante quedó desprovisto del derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez pese a la orden que se había dado en el fallo Esta transacción fue aprobada por el Juzgado Laboral del Circuito de Cartagena, pese a que en el proceso laboral ordinario, el juez de primera instancia condenó a Electricaribe al pago de aportes a la seguridad social durante todo el tiempo que había trascurrido desde el momento del despido sin justa causa y hasta la fecha en la cual se ordenó judicialmente el reintegro, y a que el Tribunal en segunda instancia no revocó esa condenaCon todo, la Sala advierte que debido a la transacción sobre los derechos a la seguridad social, el tutelante quedó desprovisto del derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez, pues si esos aportes se hubieran efectuado debidamente, él tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y podría satisfacer las necesidades urgentes que, según el amparo, tiene insatisfechas hasta el momento. SOLICITUD DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA A UNA ORDEN JUDICIAL DE REINTEGRO La Sala de Revisión estima que la petición del accionante es improcedente, ya que, el reconocimiento de una indemnización sustitutiva a una orden de reintegro no es procedente porque el derecho a la seguridad social es irrenunciable, y si se accediera a la petición, se estaría autorizando la renuncia del accionante a acceder a una pensión de invalidez. El accionante se encuentra en un claro estado de necesidad que lo obligó a solicitar una indemnización sustitutiva de la orden de reintegro consignada en la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, sin embargo, tal orden le garantiza al accionante la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez y su derecho a la seguridad social integral. Por lo tanto, la Sala de Revisión considera que la petición de ordenar a Electricaribe el pago de una indemnización sustitutiva, siendo la solución procedente que se cumplan los fallos proferidos dentro del proceso laboral ordinario. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el trámite de revisión se remitió por el accionante un contrato de transacción sobre el modo de cumplir la sentencia proferida dentro del proceso laboral ordinario en el que se declaró que su despido fue injusto; que en tal contrato éste accedió a recibir una suma de dinero como contraprestación a su renuncia a reclamar su derecho a la seguridad social, y que esta transacción fue aprobada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante auto del 23 de octubre de 2009, la Sala de Revisión deberá estudiar la constitucionalidad de estos actos. TRANSACCION LABORAL-No puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE DERECHO FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION La Sala de Revisión considera que en casos en los que media una situación dentro de la cual el trabajador tiene una afectación en su salud de tal magnitud que le impide sustancialmente el desempeño de sus labores, se debe enfatizar el carácter tutelar de los derechos del trabajador, protegiendo la Corporación el vínculo laboral, activándose la protección integral a su derecho al trabajo y a la seguridad social, pues está localizado dentro de un esquema de especial, vulnerabilidad al que el orden jurídico debe ser sensible. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que se negó por cuanto el demandante no aportó el número de semanas requeridas/ DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que Electricaribe terminó sin justa el contrato de trabajo y el fallo a favor del demandante quedó en firme cuando ya se había estructurado invalidez El accionante no cotizó las semanas requeridas para que se le reconociera su derecho a la pensión de invalidez porque Electricaribe, le terminó sin justa causa su contrato de trabajo en noviembre de 2002, y el fallo proferido por la jurisdicción laboral ordinaria que ordenó su reintegro tan sólo quedó en firme en julio de 2009, momento en el cual ya se había estructurado su estado de invalidez. El actor se enfrenta a un perjuicio inminente a sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, ya que es una persona inválida a quien se le negó el reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez, por no reunir los requisitos exigidos en la ley, y no puede seguir aportando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones para que se le reconozca su derecho a la pensión de vejez porque está incapacitado físicamente para ejercer cualquier actividad remunerada, por lo tanto, el tutelante y su familia están desamparados frente a las consecuencias inminentes de su enfermedad. Igualmente, el derecho fundamental a la seguridad social de una persona que sufre de liposarcoma retroperitoneal inoperable por involucrar órganos vitales, y que como consecuencia de su padecimiento ha sido calificada como inválida, es lo suficientemente significativo para que cualquier vulneración que se le cause sea considerada como grave, pues del respeto de este derecho depende que un sujeto de especial protección constitucional pueda vivir en condiciones acordes con la dignidad humana. Por las razones antes expuestas, la Sala de Revisión considera que, en el presente caso, se cumple con el segundo de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ya que la acción pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable al derecho fundamental a la seguridad social del demandante. RECURSO DE CASACION LABORAL-Caso en que demandante no pudo sustentarlo por falta de recursos económicos para contratar un abogado El accionante consideró que la vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la providencia proferida el 23 de abril de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en la cual se negó el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales causados desde su desvinculación hasta su reintegro. Esta providencia fue recurrida en casación pero ante la ausencia de recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un abogado que sustentara este recurso, lo cual está demostrado en el expediente porque desde el 8 de julio de 2008 el actor había perdido su capacidad laboral en un 68.30%, no tiene trabajo, ni ingreso adicional alguno, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2 de julio de 2009, declaró desierto el recurso. Por ello, en cuanto al requisito de inmediatez, la fecha de interposición de la acción de tutela demuestra que el accionante cumplió con tal requisito frente a las providencias que él consideraba habían vulnerado sus derechos fundamentales, ya que interpuso la acción tan sólo 4 días después de haberse proferido el auto que declaró desierto el recurso de casación. CONTRATO DE TRANSACCION Y DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Caso en que se desconoció el carácter irrenunciable de este derecho La Sala de Revisión debe interpretar que en la sentencia del 23 de abril de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena protegió el derecho a la seguridad social del accionante, dejando en firme la obligación de Electricaribe de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social del accionante durante el tiempo que estuvo desvinculado injustificadamente. La Sala de Revisión considera que el juez laboral desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, porque aprobó un contrato de transacción sobre el derecho cierto e indiscutible del trabajador, a que Electricaribe pagara las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante el tiempo que estuvo desvinculado, tiempo que sería suficiente para que el accionante cumpliera con el requisito legal de cotizar cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, y así poder acceder al pago de la pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales. Por las razones antes expuestas, y ante la necesidad de hacer cesar la vulneración a los derechos fundamentales del accionante, la Sala de Primera de Revisión de la Corte Constitucional tutelará los derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada del peticionario, y por lo tanto, dejará sin efectos parcialmente el Auto de aprobación del contrato de transacción celebrado entre el accionante y Electricaribe S.A. E.S.P., en lo que hace referencia a la aprobación de la transacción respecto de cualquier tipo de controversia sobre el derecho a la seguridad social y respecto de la terminación por mutuo acuerdo del vínculo laboral. Si bien es cierto, la terminación de común acuerdo del contrato de trabajo es susceptible de transacción, si con esa decisión se afectara el derecho a la seguridad social de una persona inválida, a quien se le niega la pensión de invalidez por no haber cotizado el número de semanas requeridas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez y no está en condiciones de acceder a ningún otro empleo para garantizarse una vida digna, ni seguir cotizando al sistema de seguridad social, tal acuerdo sería objeto de reproche desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta que afectaría la seguridad social del trabajador especialmente protegido en condiciones de vulnerabilidad, como la que se presenta en este caso. Referencia: expediente T-2622079 Acción de tutela instaurada por Pedro Ignacio Jiménez Ariza contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil diez (2010) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena el 17 de julio de 2009, y en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto de Cartagena el 15 de septiembre de 2009, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Pedro Jiménez Ariza contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe. El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto del veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro. I. ANTECEDENTES 1. Hechos El señor Pedro Jiménez Ariza presentó acción de tutela solicitando que se le ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida, los cuales consideró vulnerados por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe. El accionante fundamentó su solicitud en los siguientes hechos: 1.1. El ciudadano Pedro Ignacio Jiménez Ariza laboró inicialmente con la Electrificadora de Bolívar S.A. desde el 01 de abril de 1991, y posteriormente, por sustitución patronal, con Electrocosta S.A. E.S.P., entidad que terminó el contrato de trabajo sin justa causa el 28 de noviembre de 2002. 1.2. El tutelante adelantó un proceso laboral en contra de Electrocosta S.A. E.S.P., la cual fue absorbida posteriormente en un proceso de fusión por Electricaribe S.A. E.S.P., solicitando que se declarara que la terminación de su contrato de trabajo fue injusta, que se ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando, y que se condenara a la entidad demandada al pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de devengar por el demandante desde la terminación de su contrato de trabajo hasta cuando se hiciera efectivo su reintegro. Como petición subsidiaria, solicitó que se condenara a la entidad demandada al pago de la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa. 1.3. En primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, en providencia del 2 de febrero de 2007, declaró la terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo y condenó a la entidad demandada, i) al reintegro del tutelante al cargo que venía desempeñando, ii) al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el accionante desde la fecha del despido hasta cuando se hiciera efectivo el reintegro, y iii) al pago de las cotizaciones del tutelante al Sistema de Seguridad Social en Salud y en Pensiones de manera que no hubiera solución de continuidad. 1.4. El fallo fue apelado por la entidad demandada, recurso que fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante providencia del 23 de abril de 2008, revocando parcialmente la decisión de primera instancia. Específicamente, la revocó en cuanto se refirió a la condena de la entidad demandada a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el accionante. El Tribunal consideró que el reintegro operó porque fue pactado en la convención colectiva de trabajo vigente en la entidad demandada para la época del despido, y que en dicha convención no se pactó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el trabajador despedido injustamente. El magistrado Carlos García Salas salvó parcialmente el voto porque consideró que “(…) absolver a la demandada del pago de salarios y prestaciones [desconocía] el sentido teleológico de la norma convencional al consagrar el reintegro en caso de despido sin justa causa”[1]. 1.5. El apoderado del accionante interpuso recurso de casación contra la decisión de segunda instancia, sin embargo, este no pudo sustentarse, según afirma el tutelante, por la ausencia de recursos económicos, y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia lo declaró desierto mediante auto del 2 de julio de 2009.[2] 1.6. Al señor Pedro Jiménez Ariza se le diagnosticó además liposarcoma retroperitoneal inoperable por tratarse de una gran masa intrabdominal con compromiso de órganos abdominales,[3] y como consecuencia de ello, fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68,30%), con fecha de estructuración del 8 de julio de 2008, encontrándose en imposibilidad física de reintegrarse a las labores que desempeñaba cuando fue despedido sin justa causa. 1.7. Como consecuencia de lo anterior, el señor Pedro Jiménez Ariza solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la familia, a la vida, y al mínimo vital, los cuales considera que deben ser amparados mediante una orden a Electricaribe para que cumpla con la sentencia proferida por la jurisdicción laboral ordinaria mediante el pago de una indemnización sustitutiva al reintegro, pues por su delicado estado de salud le resulta imposible ejercer cualquier actividad laboral. 2. Respuesta de la entidad accionada Electricaribe respondió la tutela, solicitando que se declarara la improcedencia de la acción, argumentando que el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena no estaba en firme porque la declaratoria de desierto del recurso de casación no había quedado ejecutoriada, y por lo tanto, no incumplía orden judicial alguna, ni vulneraba los derechos fundamentales del tutelante. 3. Sentencia de primera instancia El 17 de julio de 2009, el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena negó el amparo solicitado, porque consideró que la petición de ordenar una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro no tenía soporte legal, y que el accionante cuenta con otros recursos legales por medio de los cuales puede defender sus derechos. 4. Impugnación Esta sentencia fue impugnada por el tutelante, sin presentar argumentos adicionales a los manifestados en el escrito de tutela. 5. Sentencia de segunda instancia El 11 de agosto de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto de Cartagena de Indias confirmó el fallo de primera instancia, pues consideró que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de subsidiariedad y residualidad, ya que en su concepto, “(…) las herramientas defensivas previstas por el legislador ante la jurisdicción laboral ordinaria (recurso de casación) era[n] claramente idónea[s] para la aclaración del punto en debate” [4], y que la acción de tutela “(…) no puede ser empleada como derrotero alternativo o supletivo a los establecidos primigeniamente para tal fin y, mucho menos, como una instancia adicional, que permita al actor obtener una decisión judicial favorable por fuera del proceso mismo donde figura como sujeto procesal, desplazando al funcionario judicial de conocimiento” [5]. II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 1. Vinculación al proceso en sede de revisión de aquellas entidades que no fueron llamadas en el trámite de la acción de tutela y registran un interés en el proceso Debido a que la presente acción de tutela planteaba un problema relacionado con el pago de una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y confirmada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, así como una posible vulneración al derecho a la seguridad social del tutelante, quien fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68,30%) sin que se le haya reconocido el derecho a la pensión de invalidez, y que el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Bolívar, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, no habían sido vinculadas por los jueces de instancia, dado el delicado estado de salud y las graves circunstancias excepcionales en las que se encuentra el accionante, la Sala Primera de Revisión, siguiendo reiterada jurisprudencia de esta Corporación, procedió a subsanar en sede de revisión este defecto. La jurisprudencia constitucional al interpretar el alcance del artículo 140, numeral 9 del Código de Procedimiento Civil,[6] ha señalado que cuando el demandante no integra la causa pasiva en debida forma, es deber del juez constitucional proceder a su vinculación oficiosa a fin de garantizarles su derecho a la defensa y en esa medida, permitirle a la autoridad establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos materia de controversia. En esas circunstancias, se ha considerado que el trámite dado a la acción de tutela se encuentra viciado por una nulidad saneable.[7] Aun cuando en principio es criterio de la Corte Constitucional no tramitar directamente el incidente de nulidad por falta de notificación o por la indebida conformación de la parte pasiva, y ordena generalmente la devolución del expediente al juez de primera instancia para que éste lo tramite, en casos muy excepcionales, en los que se requiere adoptar una medida de protección inmediata para garantizar derechos como la vida, la salud o la integridad física, o se encuentran en juego derechos fundamentales de personas cuyo estado de debilidad es manifiesto, como cuando se trata de sujetos en estado de invalidez afectadas por una enfermedad grave que compromete seriamente su expectativa de vida, puede la Corte directamente vincular al proceso a aquellas entidades que no fueron llamadas en los fallos de instancia.[8] En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el accionante es una persona inválida quien padece una enfermedad grave que afecta seriamente su expectativa de vida, y que reclama con urgencia la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital, la Sala Primera de Revisión, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, vinculó al presente proceso a las entidades mencionadas, mediante Auto del 31 de mayo de 2010. 1.1. Respuesta del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena El 21 de junio del año en curso, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena presentó informe sobre la acción de tutela de la referencia, señalando que en su concepto “(…) cuando se ordena reintegro por despido injusto, es porque debido a la anormal terminación del contrato, no ha habido solución de continuidad en el mismo, por ello sigue vigente el contrato con todos sus efectos entre las partes. Siendo esto así, se siguen generando los salarios y se mantienen las relaciones de afiliación que anteriormente se acordaron con organismos de Seguridad Social, conllevando a hacer los aportes o cotizaciones necesarios, para que pueda obtener pensión de invalidez o de jubilación según las condiciones de estas prestaciones económicas”.[9] Igualmente, manifestó su desacuerdo con la interpretación dada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena al alcance de la Convención Colectiva de Trabajo pactada por entre la entidad demandada y sus trabajadores, pues en su concepto, “(…) en la Convención Colectiva Laboral no se está acordando sanción alguna, que en el fondo lo que se está acordando es la ineficacia del despido y ello, le da vigencia al contrato en el interregno que va desde el despido hasta cuando se produzca el reintegro, momento en que se normaliza la ejecución del contrato. A partir de este momento el cumplimiento de las obligaciones bilaterales es el que genera los derechos a las partes.”[10] Por último, señaló que las partes allegaron al proceso un contrato de transacción sobre el modo de cumplir la sentencia proferida en el proceso laboral adelantado por el señor Pedro Jiménez Ariza contra Electricaribe, en el cual se acordó reintegrar al trabajador e inmediatamente terminar el contrato de mutuo acuerdo, con la consecuente indemnización al trabajador. Manifestó que aprobó dicho acuerdo, porque consideró que en él se dejó a salvo los derechos irrenunciables del tutelante. 1.2. Respuesta de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena El 21 de junio del año en curso, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena presentó informe sobre los hechos de la acción de tutela, manifestando que “(…) el demandante contó con los recursos de ley para la prosperidad de las pretensiones de los cuales no hizo uso, pues interpuesto el recurso de casación este fue declarado desierto por la Corte Suprema de Justicia. Además la tutela es extemporánea dado que la sentencia de segunda instancia se profirió en abril de 2008 (…) y la acción fue presentada el 2 de [j]ulio de 2009.” 1.3. Respuesta del Instituto de Seguros Sociales Seccional Bolívar El 16 de junio del año en curso, el Instituto de Seguros Sociales presentó informe sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, solicitando la aplicación del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, “en lo relacionado con la cesación de la actuación y la consecuente negación del presente fallo de tutela”[11], porque consideraron que el interés que había motivado la acción de tutela se encontraba satisfecho. 2. Decreto de pruebas Mediante Auto del 31 de mayo de 2010, esta Sala de Revisión solicitó a la Oficina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Bolívar, el envío de un informe completo sobre la historia laboral de Pedro Jiménez Ariza, en el que se incluyera el número total de semanas cotizadas al sistema. Igualmente, pidió al señor Pedro Jiménez Ariza que remitiera un informe a la Corte Constitucional sobre su estado de salud actual y la entidad a través de la cual se le prestan los servicios de salud requeridos, así como, información sobre su situación económica actual y la forma como son atendidas sus necesidades básicas. El 16 de junio del año en curso, el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Bolívar, envió el resumen de semanas cotizadas en pensiones a nombre del señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza, en la cual se reporta un total de 796.29 semanas, desde enero de 1967 hasta junio de 2010. El 15 de junio de 2010, el señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza allegó los siguientes documentos: ¾ Fotocopia del carné de afiliación del tutelante al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y fotocopia de su cédula de ciudadanía (folio 40 del cuaderno de revisión). ¾ Fotocopia del carné del tutelante, en el cual se acredita que está registrado en el nivel 2 del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (folio 41 del cuaderno de revisión). ¾ Fotocopia de los más recientes registros de la historia clínica del señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza (folios 36 – 39 del cuaderno de revisión). ¾ Fotocopia de la sentencia proferida el 23 de abril de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso laboral adelantado por Pedro Jiménez Ariza contra Electricaribe (folios 48-54 del cuaderno de revisión). ¾ Fotocopia del contrato de transacción sobre el modo de cumplir la sentencia en firme dentro del proceso laboral adelantado por Pedro Jiménez Ariza contra Electricaribe (folios 46 y 47 del cuaderno de revisión). ¾ Fotocopia de la Resolución del 15 de febrero de 2010, expedida por el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Atlántico, mediante la cual niega el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez al señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza por no cumplir con el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez (folios 55-57 del cuaderno de revisión). ¾ Formato de persona no declarante diligenciado por el señor Pedro Jiménez Ariza, en el cual manifiesta que es desempleado y que en el año 2009 no recibió ningún tipo de ingreso (folio 58 del cuaderno de revisión). El 12 de julio de 2010, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, por solicitud telefónica que hiciera en esa misma fecha el despacho de la magistrada ponente, envió vía fax, copia del Auto proferido el 23 de octubre de 2009, mediante el cual aprobó el contrato de transacción suscrito entre el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe, sobre el modo de cumplir la sentencia proferida por ese juzgado el 02 de febrero de 2007, modificada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cartagena el 23 de abril de 2008 (folio 62 del cuaderno de revisión). III. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos El señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza solicitó a Electricaribe que le concediera una indemnización sustitutiva de la orden de reintegro dictada por una autoridad judicial de la República, a pesar de que esa no fue una alternativa expresamente dispuesta en la resolución judicial, porque a su juicio lo verdaderamente útil en sus condiciones de salud (padece un liposarcoma retroperitoneal de órganos abdominales que le ocasionó la pérdida de la capacidad laboral en un 68.30%), es el dinero para satisfacer sus necesidades básicas, y no el reintegro a las labores, pues no puede laborar. Sin embargo, Electricaribe se opuso a la prosperidad de la petición, porque si bien había sido condenada a reintegrarlo a las labores, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en segunda instancia, dicha orden no estaba vigente al momento de la presentación de la acción de tutela, pues la sentencia no había quedado ejecutoriada, y por lo tanto, no estaba incumpliendo orden judicial alguna. Por este motivo, la Sala debe resolver en primer lugar el siguiente problema jurídico: ¿vulnera una entidad empleadora (Electricaribe S.A. E.S.P.), el derecho al mínimo vital de un trabajador (Pedro Jiménez Ariza) al negarse a reconocerle y pagarle una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro a la cual fue condenada mediante sentencia judicial, a pesar de que en sentir del trabajador el reintegro sería inútil pues lo que requiere es un ingreso dinerario urgente que le permita satisfacer sus necesidades básicas, y a pesar también de que el trabajador perdió su capacidad laboral en un 68.30%, por la enfermedad catastrófica (cáncer) que padece, lo cual le imposibilita retornar al trabajo? Ahora bien, dentro del trámite de la revisión de la tutela, la Sala de Revisión encontró que el señor Pedro Jiménez Ariza, actuando a través de apoderado judicial, suscribió una transacción con Electricaribe, sobre el modo de cumplir el fallo proferido dentro del proceso laboral antes mencionado. En esta transacción se acordó la cancelación de una suma de dinero, como pago de “(…) cualquier tipo de controversia pasada, presente o futura de índole laboral o de Seguridad Social derivada de la relación laboral que se termina de común acuerdo (…)”[12]. Esta transacción fue aprobada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena mediante auto del 23 de octubre de 2009, pese a que en el proceso laboral ordinario, el juez de primera instancia condenó a Electricaribe al pago de aportes a la seguridad social durante todo el tiempo que había trascurrido desde el momento del despido sin justa causa y hasta la fecha en la cual se ordenó judicialmente el reintegro, y a que el Tribunal en segunda instancia no revocó esa condena[13]. Con todo, la Sala advierte que debido a la transacción sobre los derechos a la seguridad social, el tutelante quedó desprovisto del derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez, pues si esos aportes se hubieran efectuado debidamente, él tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y podría satisfacer las necesidades urgentes que, según el amparo, tiene insatisfechas hasta el momento. En consecuencia, la Sala debe resolver otro problema jurídico adicional, esta vez del siguiente tenor: ¿viola el derecho a la seguridad social de un trabajador una providencia (auto) que aprueba la transacción que este hace con su empleador sobre el derecho a que se paguen a nombre suyo aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, a pesar de que ese derecho está expresamente reconocido en una providencia judicial en firme, y de que si este no hubiera transigido esos derechos tendría actualmente adquirido el derecho a la pensión de invalidez? Para resolver el primer problema jurídico, esta Sala de Revisión estudiará la procedencia de la acción de tutela para resolver una solicitud de indemnización sustitutiva a una orden de reintegro. Para resolver el segundo problema jurídico, estudiará la validez de los contratos de transacción sobre derechos laborales ciertos e indiscutibles. En segundo lugar, analizará la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. En tercer lugar, reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Por último, estudiará el caso concreto. 3. La solicitud de indemnización sustitutiva a una orden judicial de reintegro En la acción de tutela en estudio, el accionante solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida, los cuales consideró vulnerados por Electricaribe S.A. E.S.P., al no reconocerle el pago de una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, teniendo en cuenta que se le dictaminó una pérdida de su capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68.30%), pues padece una grave enfermedad que compromete su expectativa de vida. Esta solicitud fue negada por los jueces de tutela, porque consideraron que carecía de soporte legal y convencional. La Sala de Revisión también estima que la petición del accionante es improcedente, ya que, el reconocimiento de una indemnización sustitutiva a una orden de reintegro no es procedente porque el derecho a la seguridad social es irrenunciable, y si se accediera a la petición, se estaría autorizando la renuncia del accionante a acceder a una pensión de invalidez. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha dicho: “El Estado Social de Derecho, que tiene como fin servir a la comunidad, no puede tolerar que el derecho al trabajo –que es de interés general-, se vea menguado por renuncias que el trabajador en estado de necesidad pueda verse forzado a hacer. Como, por ejemplo, aceptar un despido sin justa causa, ante la perspectiva de recibir con prontitud el dinero proveniente de una indemnización”.[14] En este caso, el accionante se encuentra en un claro estado de necesidad que lo obligó a solicitar una indemnización sustitutiva de la orden de reintegro consignada en la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, sin embargo, tal orden le garantiza al accionante la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez y su derecho a la seguridad social integral. Por lo tanto, la Sala de Revisión considera que la petición de ordenar a Electricaribe el pago de una indemnización sustitutiva, siendo la solución procedente que se cumplan los fallos proferidos dentro del proceso laboral ordinario. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el trámite de revisión se remitió por el señor Jiménez Ariza un contrato de transacción[15] sobre el modo de cumplir la sentencia proferida dentro del proceso laboral ordinario en el que se declaró que su despido fue injusto; que en tal contrato éste accedió a recibir una suma de dinero como contraprestación a su renuncia a reclamar su derecho a la seguridad social, y que esta transacción fue aprobada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante auto del 23 de octubre de 2009, la Sala de Revisión deberá estudiar la constitucionalidad de estos actos. 4. La transacción en materia laboral no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles La transacción es definida en el ordenamiento jurídico colombiano, como “(…) un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.[16] Cuando en el litigio objeto de transacción se discute un derecho laboral, el objeto de la transacción sólo puede referirse a derechos inciertos y discutibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. En concordancia con lo anterior, el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido que “[e]s válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la transacción sobre derechos laborales no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles. Así, en la sentencia C-160 de 1999,[17] la Corte consideró que: “A juicio de la Corte, la conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política”. 5. La seguridad social es un derecho fundamental irrenunciable Ahora bien, en el numeral 3 del contrato de transacción celebrado por el señor Pedro Jiménez Ariza con Electricaribe, se estipuló “(…) como fórmula transaccional a la cual las partes imputan cualquier tipo de controversia pasada, presente o futura de índole laboral o de Seguridad Social derivada de la relación laboral que se termina de común acuerdo”,[18] el pago de sesenta millones de pesos ($60’000.000). Dentro de las posibles controversias futuras derivadas de la relación laboral entre el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe, las partes estipularon que se incluyeran las “(…) expectativas de pensión sanción o cotización sanción, pensiones convencionales o extralegales, diferencias pensionales, reajustes de éstas con fundamento en la [L]ey 4ª de 1976, compartibilidad o compatibilidad entre éstas y, en general, por expectativas sobre las mismas, salarios, exoneración del pago del 12% de la pensión para cubrir salud, pensión de sobreviviente[s], (…) retroactivos de la pensión cancelado por el ISS, sin que quede reserva de reclamo judicial posterior por ningún título y bajo ningún concepto”.[19] Como se puede ver, el contrato de transacción celebrado por las partes incluyó un acuerdo sobre la renuncia del señor Pedro Jiménez Ariza a reclamar con posterioridad a la firma de la transacción, sus posibles derechos a la seguridad social, por lo tanto, la Sala de Revisión considera necesario reiterar lo expresado por la jurisprudencia constitucional sobre el carácter de derecho fundamental irrenunciable de la seguridad social. Así, el artículo 48 de la Constitución Política establece que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio y es un derecho fundamental irrenunciable. En el artículo 3° de la Ley 100 de 1993, se establece igualmente que “El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la Seguridad Social es un derecho fundamental irrenunciable susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela siempre que se cumpla con los requisitos de procedibilidad de la acción.[20] En desarrollo de lo anterior, el legislador nacional creó el Sistema de Seguridad Social Integral para, entre otros fines, “[g]arantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema”[21]. Dentro de las prestaciones económicas que se garantizan a través del Sistema de Seguridad Social Integral, se encuentra el reconocimiento de las pensiones que amparan a los afiliados contra los riesgos de la vejez, la invalidez o la muerte, derechos que son irrenunciables. Es importante resaltar que en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el derecho a la pensión que ampara a las personas contra los riesgos de la vejez, la invalidez o la muerte, se reconoce y paga a las personas afiliadas al sistema. Esta afiliación implica la obligación de los trabajadores dependientes e independientes de hacer los aportes que se establezcan en la ley. Para el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores tienen la obligación de pagar las cotizaciones de sus trabajadores al sistema de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993[22]. En este artículo, el legislador responsabilizó a los empleadores del pago de sus aportes y del aporte de los trabajadores a su servicio, autorizando el descuento del salario de los trabajadores del porcentaje de las cotizaciones que estos deben asumir. 6. El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales en un grado relevante, y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa circunstancia les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada. El derecho a la estabilidad laboral reforzada es resultado de una interpretación conjunta de, al menos, cuatro preceptos constitucionales: en primer lugar, del artículo 53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo”;[23] en segundo lugar, del deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47, C.P.); en tercer lugar, del derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P);[24] en último lugar, del deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas (art. 95, C.P.).[25] Por ello, la Sala de Revisión considera que en casos en los que media una situación dentro de la cual el trabajador tiene una afectación en su salud de tal magnitud que le impide sustancialmente el desempeño de sus labores, se debe enfatizar el carácter tutelar de los derechos del trabajador, protegiendo la Corporación el vínculo laboral, activándose la protección integral a su derecho al trabajo y a la seguridad social, pues está localizado dentro de un esquema de especial, vulnerabilidad al que el orden jurídico debe ser sensible. 7. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Dentro de la revisión de la acción de tutela en estudio, la Sala de Revisión encontró que el contrato de transacción suscrito entre el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe, fue aprobado por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante Auto del 23 de octubre de 2009.[26] En consecuencia, la Sala de Revisión considera necesario reiterar su jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. El artículo 86 de la Constitución dice que la acción de tutela es un medio de defensa judicial de los derechos fundamentales cuando “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas, y algunas de sus acciones toman la forma de providencias. Por lo tanto, según el propio texto de la Carta, si con una providencia se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos. Ciertamente, en la Sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), la Corporación estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, preceptos que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y los declaró inexequibles, por considerar que, tal como estaban formulados, desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica. Esa decisión ha conducido a algunas autoridades judiciales a interpretar que, en Colombia, ni la Constitución, ni las leyes ni los reglamentos, autorizan a los jueces a emitir un pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales. Pues bien, la Sala es consciente de que una sentencia, como cualquier texto jurídico, está sujeta a diversas interpretaciones, algunas de ellas posiblemente incompatibles entre sí. Eso puede estar ocurriendo, efectivamente, con el sentido de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992. Pero, asimismo, es necesario resaltar que en un caso de discrepancias interpretativas a propósito de las sentencias de la Corte Constitucional, quien tiene competencia jurídica, conferida por la Constitución y la Ley, para interpretarlas con autoridad, es la propia Corte Constitucional. Del mismo modo, quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema o del Consejo de Estado es, según el caso, la Corte Suprema (artículo 234, C.P.) o el Consejo de Estado (artículo 237.1, C.P.).[27] Nótese, respecto de la competencia de la Corte Constitucional para interpretar sus propias providencias, que la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, dispone expresamente que a la Corte Constitucional es a quien le corresponde determinar los efectos de sus fallos e interpretar con autoridad el sentido de sus decisiones, y que en esos casos el pronunciamiento de la Corte tiene carácter “obligatorio general”. En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prescribe que en el control constitucional de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o en ejercicio del control automático, la interpretación autorizada que efectúe la Corte Constitucional “tiene carácter obligatorio general” (art. 48). Y la obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica no sólo de la interpretación del texto de la Constitución, sino también naturalmente de la de sus propios pronunciamientos y de la interpretación que haga de las leyes, cuando quebranten la Constitución.[28] En consecuencia, la interpretación vinculante del sentido de la Sentencia C-543 de 1992 es la que efectúa la Corte Constitucional por vía de autoridad en el control de las leyes. De ese modo, debe señalarse que en la referida Sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional no adoptó una resolución en términos absolutos y categóricos. Por el contrario, en el cuerpo mismo de las consideraciones matizó sus alcances, al prever casos en los cuales la acción de tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad es apenas aparente, porque en realidad implican una ‘vía de hecho’. Al respecto, dijo la Sala Plena en la referida Sentencia: “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.” En ese sentido, la tutela contra providencias judiciales no quedó descartada en esa Sentencia. Al contrario, en ese fallo se ha fundado la ulterior y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, expedida en pronunciamientos remotos y recientes, tanto de su Sala Plena como de sus Salas de Revisión de tutelas. Así, por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes sentencias en las cuales se han tomado decisiones con fundamento en la doctrina de acuerdo con la cual es posible interponer tutela contra providencias judiciales: C-037 de 1996[29], SU-1184 de 2001[30], SU-159 de 2002[31] y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005[32]. También lo han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el comienzo, por ejemplo en las Sentencias T-079[33] y T-158 de 1993,[34] en las cuales la Corte Constitucional consideró que por violación del derecho fundamental al debido proceso, debían ser revocadas sendas providencias judiciales, que le ponían fin a procesos jurisdiccionales ordinarios. En esa misma dirección, en la Sentencia T-173 de 1993, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la Sentencia C-543 de 1992–, la Corte consideró que: “la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respe­table de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subrayas fuera del texto) En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido coherente en su doctrina en cuanto a que algunos actos judiciales, en determinadas condiciones, pueden ser cuestionados por vía de acción de tutela si violan derechos fundamentales. En cambio, debe anotarse que la magnitud del defecto judicial, que amerita una intervención del juez de tutela para proteger derechos fundamentales violados por autoridades judiciales, no ha sido valorada durante todo el tiempo con rigidez monolítica. Como lo expuso la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-377 de 2009, al referirse a la jurisprudencia sobre tutela contra sentencias: “[e]sta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[35] que responde mejor a su realidad constitucional.[36] La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de hecho[37]”[38]. Actualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige la satisfacción de condiciones para conceder la tutela contra sentencias[39]. En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad –o de procedibilidad general-, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez de tutela debe preguntarse, en síntesis, si: (i) la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario[40]; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación)[41]; (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión que se impugna, salvo que de suyo se atente gravemente contra los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela[42]. Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad, el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los defectos específicos. De acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto material y sustantivo[43]; (ii) defecto fáctico[44]; (iii) defecto orgánico[45]; (iv) defecto procedimental[46]; (v) error inducido o por consecuencia[47]; (vi) decisión sin motivación[48]; (vii) desconocimiento del precedente[49]; (viii) violación directa de la Constitución. Son varios los casos en los que se ha desarrollado esta jurisprudencia[50], así como los casos en los que se ha reiterado recientemente.[51] 8. Desconocimiento directo de la Constitución Este defecto fue concebido por la Corte, en algún momento inicial, como un defecto sustantivo. Por ejemplo, en el año dos mil (2000), al momento de dictar la Sentencia SU-1722,[52] cuando estudió diversas acciones de tutela contra providencias de la justicia penal, en las cuales se les agravó la pena a apelantes únicos bajo el pretexto de que concurrían el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, la Corte Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional “agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” (art. 31, C.P.), suponía un defecto sustantivo. En palabras de la Corporación: “2.11. En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidentemente inaplicable. En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución”. Del mismo modo, en la Sentencia SU-159 de 2002,[53] la Corte incluyó la violación directa de la Constitución como un ejemplo más de posibles defectos sustantivos en las providencias judiciales. Y justamente citó, para ilustrarlo, la Sentencia SU-1722 de 2000.[54] Dijo la Corporación, específicamente, en la SU-159 de 2002: “[l]a Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[55], bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad[56], (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[57], (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[58] o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[59]. Sin embargo, posteriormente la Corte le empezó a conferir autonomía e independencia conceptual a este defecto. En la Sentencia T-949 de 2003[60], la Corte Constitucional al estudiar una tutela contra providencias penales que habían condenado a una persona erróneamente, como resultado de una suplantación palmaria, reiteró lo dicho por la jurisprudencia en torno a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero mencionó otros defectos adicionales, entre los cuales incluyó el derivado del desconocimiento de una norma constitucional aplicable al caso: “todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”[61]. Finalmente, en la Sentencia C-590 de 2005,[62] al estudiar una acción pública contra la disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional incluyó definitivamente a la violación directa de un precepto constitucional en el conjunto de defectos autónomos que justifican la presentación de una tutela contra providencias judiciales. De ese modo, le confirió tanta autonomía como la que institucionalmente han tenido los defectos fáctico, sustantivo propiamente dicho, orgánico, procedimental, por consecuencia, por desconocimiento del precedente y por decidir sin motivación suficiente. Al hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la jurisprudencia anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo le reconoció. En otras palabras, la jurisprudencia más reciente no ha cambiado su criterio en cuanto a que el desconocimiento de la Constitución es un defecto sustantivo. Lo que ha cambiado es la valoración que inicialmente le confirió al defecto, pues ahora entiende que se presenta cuando no se aplica una norma aplicable al caso, pero que por ser la inaplicación de la “norma de normas” merece un puesto especial en el conjunto de causales de prosperidad de la acción de tutela (art. 4°, C.P.). Este linaje del desconocimiento directo de la Constitución lo ha reconocido la Corte, recientemente, al decidir una tutela contra la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la cual condenaba a un senador de la República. En dicho fallo, esta Corporación caracterizó este defecto como un desconocimiento expreso de las normas constitucionales: “7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda...