Sentencia T-624 de 2002

T-624-02 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-624/02 ACTO DE APODERAMIENTO Y CONTRATO DE GESTION-Revocación del poder MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Regulación de honorarios FONCOLPUERTOS-Revocación intempestiva de poder MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Revocación intempestiva de poder por Foncolpuertos y consecuencias patrimoniales Referencia: expediente T-445.629 Acción de tutela instaurada por Juan Antonio Macias Fontalvo contra la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil dos (2002). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de las decisiones tomadas por la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, el 5 de julio y el 22 de agosto del año 2001 respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Juan Antonio Macias Fontalvo contra la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia. I. ANTECEDENTES El señor Juan Antonio Macias Fontalvo, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, motivado en que ésta no casó la sentencia de 24 de mayo de 1999, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Aduce el apoderado del actor que la accionada quebrantó los derechos fundamentales de su representado al debido proceso y a la igualdad, porque “(..) ignoró la prueba del contrato de prestación de servicios, en lo relativo a la determinación de la obligación y su exigibilidad, para dar aplicación arbitrariamente y cuando no era del caso al artículo 69 del C.P.C. y a los decretos 4566 y 931 de 1956.”. Y “cambió la jurisprudencia reiterada de la misma Sala, en cuanto a la exigibilidad de la obligación de pagar los honorarios originados en un contrato de mandato, de modo que dio al demandante un trato desigual injustificado”. 1. Hechos De conformidad con las pruebas aportadas al expediente se pueden dar por ciertos los siguientes hechos: 1. El 12 de diciembre de 1996, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá admitió la demanda Ordinaria presentada por el señor Juan Antonio Macias Fontalvo, directamente, en su calidad de abogado titulado, en contra del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación-FONCOLPUERTOS –folios 223 a 227, cuaderno 4-. 2. Con la demanda en mención el demandante pretendía, por haberse cumplido la condición suspensiva pactada en el contrato 93/87 y en el OTROSI del mismo, que la entidad demandada fuera condenada a pagarle i) la suma de “$1.391.874.780.37 equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre $5.567.499.121.50”, ii) “$595.000.oo por concepto de honorarios en la modalidad de suma fija”, iii) los intereses de mora, “a partir de la fecha en que surgió la obligación”, y iv) “el valor del lucro cesante sobre el monto no pagado por la entidad demandada y por todo el tiempo del no pago hasta cuando éste se produzca” –folios 4 y 5, cuaderno 4-. Como sustento de su pretensión el demandante relató –folios 1 a 9, cuaderno 4-: -Que suscribió con la Empresa Puertos de Colombia el contrato de prestación de servicios 93/87, el que tuvo por objeto representar los intereses de la entidad en el proceso Ordinario que le había sido promovido por la Flota Mercante Grancolombiana y que cursaba en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá “tanto en la primera como en la Segunda Instancia, menos casación, caso en el cual se pactarán los respectivos honorarios de conformidad con lo normado en la Resolución No. 3082/86 emanada del Ministerio de Justicia”. -Que la Contratante se comprometió a cancelarle, por razón de la atención “judicial y extrajudicialmente” del proceso en mención, desde el otorgamiento del poder hasta la culminación de la segunda instancia, la suma de $1.190.000.oo “sin perjuicio de que puedan ser reajustados de conformidad con la Resolución N° 3082 de 1986 del Ministerio de Justicia”. -Que COLPUERTOS se comprometió a pagar los honorarios convenidos, cualquiera fuese el resultado del proceso, en dos contados iguales. Que el primer contado se convino en que se pagaría al otorgamiento del poder y perfeccionamiento del contrato, y que el segundo contado debía pagarse tan pronto como quedara ejecutoriada la sentencia de primera instancia, o definida la terminación extrajudicial del proceso. -Que adicionalmente las partes convinieron en que la entidad contratante le reconocería al apoderado “un veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el monto de las pretensiones, además de los honorarios aquí pactados. Este porcentaje se hará efectivo tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias.” -Que el dos (2) de febrero de 1988 los contratantes adicionaron la cláusula tercera del contrato en mención mediante un OTROSI, en el que se pactó que el pago se haría así. “1) Un primer contado de $595.000.oo moneda corriente y perfeccionamiento del contrato; correspondiente al 50% del valor del contrato con el otorgamiento del poder. 2) La cantidad restante, o sea, a suma de $595.000.oo Moneda Corriente tan pronto como se dicte la sentencia, o quede ejecutoriada la primera instancia, independientemente del resultado del proceso o con la terminación del mismo de manera extrajudicial. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si hay necesidad de recurso de Casación se pactarán nuevos honorarios acordes con la tarifa estipulada en la Resolución No.3082/86 del Ministerio de Justicia. Parágrafo Segundo. Si los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a COLPUERTOS esta reconocerá al Contratista un veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el monto de las pretensiones, además de los honorarios aquí pactados. Este porcentaje se hará efectivo tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias ...” -Que las partes convinieron en el pago de un 25% adicional debido a la complejidad del asunto; porque “[e]ra apenas justo y lógico que en un pleito, cuya cuantía sobrepasaba, para la época en que fui contratado, los cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000.oo) no lo podía asumir el suscrito solamente por la suma de $1.190.000.oo por concepto de honorarios. Por ello se pactó, además, la modalidad de cuota litis.”. -Que el 15 de mayo de 1989 el Juzgado Veinte Civil del Circuito profirió sentencia condenando a su representada al pago de “cuarenta por ciento (40%) de los perjuicios reclamados por la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA”; pero que, con el objeto de obtener una sentencia totalmente favorable a los intereses de su cliente, él interpuso el recurso de apelación. -Que el 14 de septiembre de 1990 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia. Y que, con idéntico propósito al que lo impulsó a interponer el recurso de alzada, el 16 de octubre de 1990, estando en tiempo, interpuso el recurso extraordinario de Casación. -Que el 17 de octubre siguiente, sin que mediara justificación, “el señor EDGARDO MARTINEZ PAREJA gerente de COLPUERTOS, me revocó el poder al haberle otorgado nuevo mandato al abogado LUIS FERNANDO ZUREK SALAS, cuya personería le fue reconocida el 22 de noviembre de 1990. El Doctor ZUREK SALAS, posteriormente, sustituyó el poder en la persona del Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE”. -Que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de 15 de mayo de 1992 no casó la sentencia recurrida. -Que la entidad contratante presentó ante la jurisdicción civil demanda Ordinaria de Nulidad del contrato de prestación de servicios y del OTROSI, al que se ha hecho mención. Y que mediante sentencia proferida el 20 de marzo de 1996 el Juzgado 22 Civil del Circuito “corroboró la legalidad del contrato de prestación de servicios No.93/87 y su OTROSI del 2 de febrero de 1988.”. -Que llegado al despacho del Juez Veinte Civil del Circuito el expediente contentivo del proceso Ordinario en el que representó los intereses de la demandada, el Juzgado del conocimiento decidió, el 9 de julio de 1996, el incidente de regulación de perjuicios “acorde con el fallo favorable a COLPUERTOS en un 60% de los perjuicios; y a su cargo en un 40% de tales perjuicios.”. Que conforme la parte resolutiva de la decisión a que se hace referencia COLPUERTOS, hoy FONDO PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, debía cancelar a la demandante la suma de “$3´711.666.081.oo”, resultando favorecida en la suma de “$5.567.499.121.50”, habida cuenta que “el ciento por ciento de las dos cifras es igual a $9.279.165.202.50”. 3. El 17 de febrero de 1997 la secretaría del Juzgado del conocimiento notificó al Director General de la entidad demandada. Y ésta, por intermedio de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas por el actor –folios 230 a 238, cuaderno 4-. En relación con los hechos el apoderado de la demandada adujo que el Contratista demandante debía demostrar, “que agotó todos los trámites para obtener el reconocimiento de los presuntos derechos laborales, o por lo menos que actuó diligentemente a ese respecto”. Además propuso las excepciones de inepta demanda y de prescripción extintiva, las que sustentó aduciendo i) que “falta el presupuesto de la demanda: agotamiento de la vía gubernativa, tal como lo exige el Art. 60 del C. de P. L., armonizado en los términos establecidos en el Art. 63 del C.C.A.”, y ii) “porque contados los tres (3) años desde la ejecutoria de la providencia proferida por el despacho judicial que reconoció poder al nuevo apoderado designado para continuar el proceso, ante la tácita revocatoria sucedida a partir de la ejecutoria de la providencia mediante la cual la H. Corte Suprema de Justicia –Sala Civil- de fecha 15 de mayo de 1992, no casó la sentencia de Segunda Instancia, éstos, los tres (3) años señalados en el Art. 488 del C. del T. superaron en mucho la oportunidad conferida por la ley, para reclamar los pretendidos derechos”. 4. En audiencia adelantada el 19 de junio de 1997, sin la comparecencia del apoderado de la entidad demandada, el Juzgado del conocimiento declaró no probada la excepción previa de inepta demanda “toda vez que dentro del expediente reposa a folios 243 a 245 y 253 a 267, el agotamiento de la vía gubernativa”, y dispuso continuar con el trámite del proceso, decretando las pruebas solicitadas por las partes –folios 268 y 269, cuaderno 4-. 5. En audiencia de juzgamiento adelantada el 29 de septiembre de 1998, el Juzgado de primera instancia declaró probada la excepción de prescripción, que fuera propuesta. Para adoptar la anterior decisión la Jueza Segunda Laboral de Bogotá adujo i) que quedó demostrado en autos que entre el demandante Macias Fontalvo y la entidad demandada se suscribió un contrato de prestación de servicios, por cuya virtud la Contratante pagaría al Contratista la suma de $1.190.000.oo como honorarios “sin incluir el recurso de Casación”, ii) que la prueba documental también acredita que “[s]i los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a Colpuertos esta reconocerá al contratista un veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el monto de las pretensiones, además de los honorarios aquí pactados. Este porcentaje se hará efectivo tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias.”, iii) que en el expediente reposan copias de todas las actuaciones adelantadas por el Contratista, en representación de la demandada, dentro del proceso para el que fue contratado, iv) que la demandada no acreditó el pago de los honorarios que el demandante reclama, v) que también se allegó a los autos “fotocopia autenticada de la Providencia de 20 de Marzo de 1996 proferida por el Juzgado 22 Civil del Circuito, dentro del proceso ordinario de Puertos de Colombia contra el aquí demandante, que pretendía la nulidad del contrato de honorarios, providencia que declaró probadas las excepciones propuestas por el demandado en ese proceso (..)”, y v) que obra en el expediente la providencia proferida el 9 de julio de 1996, por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá mediante la que se decidió el incidente de regulación de perjuicios dentro del proceso ordinario en que el actor apoderó a Puertos de Colombia. No obstante expuso que “(..) no se demostró con prueba idónea el quantum de los honorarios que se reclaman (..)”. Y sobre la excepción de prescripción propuesta por la demandada consideró: “Los honorarios del actor se hicieron exigibles el día 17 de Octubre de 1990 fecha en que le fue revocado el poder al actor y con la documental de folio 243 el demandante interrumpió la prescripción el día 13 de Noviembre de 1990. A partir de esta fecha y hasta la fecha de presentación de la demanda que lo fue el 12 de Noviembre de 1.996 transcurrió un tiempo superior a tres años (3) años (sic), razón por la cual se ha presentado el fenómeno jurídico de la prescripción debiéndose por lo tanto declarar probada esta excepción”. 6. El demandante impugnó la decisión. Para el efecto, entre otras consideraciones, sostuvo: “Mal podía, usted, señora Juez, contabilizar la prescripción desde la fecha tenida en cuenta por usted, queriendo desconocer la intención de los contratantes, porque ni siquiera y para nada tuvo en cuenta el testimonio rendido en su Despacho por el Dr. MANUEL ARTURO POSADA GUTIERREZ, abogado de la Oficina Jurídica de Colpuertos por la época en que fue celebrado el contrato de prestación de servicios No. 93/87. Si el 9 de julio de 1.996 fue la fecha en que se produjo la liquidación de los perjuicios en el Juzgado 20 Civil del Circuito en el Ordinario de la Flota Mercante Vs. Colpuertos, era también esta fecha el punto de partida para contabilizar la prescripción, la que se daría en el mes de Julio de 1999, evento que aún no se ha dado. Entonces, para qué, el contrato, señora Juez, con todo respeto. Es que señora Juez, por ello, acudí al proceso Ordinario. Es que, el suscrito, señora Juez, ya había acudido a la jurisdicción laboral en proceso ejecutivo y en este trámite, el fallo favorable al suscrito en la primera instancia, fue revocado en la segunda instancia, con ponencia de la Dra. CARMEN ROSA RUIZ VARGAS, MEDIANTE FALLO DE FECHA 15 de febrero de 1.996, EXPEDIENTE NUMERO 16543 B, cuando advierte: “... De suerte que se ha planteado una verdadera controversia en torno a los honorarios que le puedan corresponder al actor y especialmente porque la condena in genere que produjo la justicia civil aún no se ha cuantificado ...” Precisamente, por el hecho de que aún no se ha producido la liquidación y cuantificación de la condena, lo que apenas se produjo el 9 de julio de 1.996 en el Juzgado 20 Civil del Circuito y cuya prueba, A PESAR DE ESTAR EN EL EXPEDIENTE, USTED, señora Juez, no analizó ni mucho menos evaluó. (..) Es que en el presente asunto, los tres años de la prescripción debieron contarse a partir del momento en que la obligación se hizo exigible y tal exigibilidad solamente se dio, desde el momento en que se cuantificó por parte del Juzgado 20 Civil del Circuito, la condena in genere, mediante auto del 9 de Julio de 1998, debidamente ejecutoriado, y que aporté como prueba.” –mayúsculas y comillas en el texto-. 7. En Audiencia Pública adelantada el 24 de mayo de 1999 la Sala de Decisión Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a quien le correspondió el asunto por descongestión judicial, confirmó la Sentencia de Primera Instancia. Para el efecto la Sala en cita consideró i) que “(..) la expiración de los servicios profesionales del actor en calidad de apoderado, procurador o mandatario judicial de la Empresa Puertos de Colombia en el multicitado proceso civil ocurrió cuando le fue revocado tácitamente el poder y se le reconoció la personería adjetiva al nuevo apoderado judicial, empezándose a contabilizar en concreto el término prescriptivo una vez se produjo la notificación del auto que admitió dicha revocación, acto procesal que de conformidad con el registro probatorio obrante en el plenario operó el 7 de diciembre de 1990”; ii) que “(..) no obra prueba en autos que demuestre que hubiera ejercitado ante el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C. dentro del proceso ordinario de reparación del daño e indemnización propuesto por la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA en contra de la Empresa PUERTOS DE COLOMBIA, la petición de regulación de sus honorarios mediante incidente”, iii) que “se conoce en autos por versión del mismo accionante, que ejercitó la acción ejecutiva en pro del cometido de la solución de sus honorarios profesionales, errando con ello la vía judicial idónea de la solución alternativa del proceso ordinario laboral (..)”, y iii) que entre el 7 de diciembre de 1990, y el 15 de noviembre de 1996 -día de la presentación de la demanda que dio lugar al proceso- “medió un lapso muy superior al de los tres (3) años, desencadenándose consecuencialmente la tipificación del fenómeno prescriptivo, situación que permite confirmar la sentencia de primera instancia objeto de la alzada.”. 8. En contra de la sentencia anterior el demandante interpuso el recurso extraordinario de casación, por intermedio de apoderado, fundados en tres cargos. Los que Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sintetizó como sigue –folios 2 a 27 A, cuaderno 1-: “El recurrente persigue la casación de la sentencia y en sede de instancia la revocatoria de la del juzgado, a fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda inicial. Con este propósito se formulan tres cargos que no tienen oposición: Los dos primeros cargos se sustentan en la causal primera de casación y acusan la transgresión de la ley por la vía directa. (..). El primer cargo acusa la transgresión de los siguientes artículos: 2535-2 del Código Civil, por interpretación errónea; 2512 y 2542 del Código Civil, 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo, 69 del Código de Procedimiento Civil por aplicación indebida; y 1530, 1531, 1541, 2143, 2144, 2184-3 y 2189-3 del Código Civil por infracción directa. El segundo cargo hace igual denuncia, salvo que tiene por indebidamente aplicado el artículo 2535-2 del Código Civil. (..) Acusa por la vía indirecta la aplicación indebida de los mismos preceptos mencionados en los cargos precedentes, con la adición de los artículos 1602 y 1625-1 del Código Civil como consecuencia del error de hecho que enuncia de la siguiente forma: Haber dado por demostrado, sin estarlo, que con la revocatoria del mandato que la entidad demandada le había conferido al doctor Macías Fontalvo y el poder que la misma entidad le hiciera al doctor Luis Fernando Zurek Salas (folio 129), con el reconocimiento de éste como apoderado de dicha entidad (folio 130) se hizo exigible el derecho del demandante para recabar los honorarios pactados en el Contrato No. 93 de 10 de diciembre de 1987 y en otrosí de 2 de febrero de 1988. A continuación el censor indica que el error de hecho proviene: “a. De no haber apreciado, como debió hacerlo, la cláusula segunda y la tercera del contrato de prestación de servicios N° 93 de 10 de diciembre de 1987 y el otrosí de 2 de febrero de 1988 (folios 16, 17 y 18), contentivas sin duda de una condición suspensiva de la obligación de pagar los honorarios que, en la modalidad de cuota litis, el demandante JUAN ANTONIO MACIAS FONTALVO pactó con la entidad demandada COLPUERTOS; b. De no haber apreciado las sentencias del Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santafé de Bogotá (folios 79 a 11) del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá (folios 113 a 127) en cuanto condenó a la entidad demandada al 40% de los perjuicios reclamados o pretendidos por la Flota Mercante Grancolombiana, y de la Corte Suprema de Justicia (folios 187 a 219) que no casó la sentencia del Tribunal, sin contener liquidación de condena. c. De no haber apreciado, como debió hacerlo, el auto de 9 de julio de 1996 (folio 317 a 323) del Juzgado 20 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, que tasó los perjuicios (daño emergente y lucro cesante) que COLPUERTOS (hoy FONCOLPUERTOS) debía pagarle a la Flota Mercante Grancolombiana, porque de haberlo visto correctamente hubiera encontrado probado que, solo a partir de ese momento el doctor JUAN ANTONIO MACIAS FONTALVO como acreedor, estaba colocado en la posición jurídica de exigir los honorarios representados en el 25% del resultado favorable por su gestión profesional, y no con la apreciación restrictiva de las actuaciones desplegadas por él hasta el evento de la notificación del auto de aceptación del nuevo apoderado. d. No haber tenido en cuenta el indicio grave, que tampoco vio el Tribunal, contra la entidad demandada, COLPUERTOS, por no haber asistido el representante legal a la audiencia de conciliación (folios 240 a 267)”. Para sustentar su pretensión el apoderado del demandante expuso, entre otros planteamientos, los siguientes –folios 2 a 27, cuaderno 1-: “La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en sentencia de 4 de noviembre de 1930 (Gaceta XXXVIII, 424), recoge el criterio que ha inspirado constantemente el pensamiento doctrinal de esa alta Corporación, en esa específica materia…”El C.C. colombiano, al establecer en su artículo 2.535 que el tiempo de prescripción se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible o sea desde que haya acción para demandar el cumplimiento de la obligación, aventaja en claridad y precisión en tratándose de derechos personales a otros códigos extranjeros, entre ellos al francés y al italiano, que no contienen una disposición semejante, y donde la doctrina de los expositores ha tenido que suplir el silencio de la ley, para llegar a la misma conclusión consagrada por la ley colombiana, o sea de que la prescripción no empieza a contarse sino desde que haya acción para demandar el cumplimiento de la obligación. De ahí se sigue que si un derecho de crédito es condicional o a término, la prescripción no podrá comenzar sino a partir de la condición o del vencimiento del término. Hasta entonces el acreedor tiene en verdad un derecho más no tiene todavía acción, y por consiguiente, la prescripción no puede correr contra él por cuanto ésta dice relación a la acción…” Para saber de la exigibilidad de la obligación, entonces, no basta, como lo cree equivocadamente el tribunal, que se afirme que el acreedor tiene acción en forma indiscriminada o generalizada, indispensable que ésta no se comprometa o paralice por la existencia de una condición que enerve sus efectos. La condición, como circunstancia jurídica no fáctica, hace que, solo cuando se cumpla, nazca y se haga exigible la obligación para el titular de la prestación, el derecho a accionar. Y por ende, para contar la prescripción trienal del artículo 2542 del Código Civil, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código procesal del Trabajo y cualquiera otra, para su debida aplicación. No se puede entender, so pena de interpretarse equivocadamente el artículo 2535 del Código Civil, que la ley solo le conceda al titular de un derecho personal derivado de un mandato la facultad de accionar mediante la tramitación de un incidente de regulación de honorarios o la promoción de un proceso laboral, sin que se distinga la exigibilidad de la obligación cuando está por delante una condición suspensiva. Esa generalización interpretativa choca abiertamente con el concepto mismo de exigibilidad que, se repite, no se califica o mide por la sola terminación de un contrato sino, además, con el cumplimiento de la condición suspensiva, cuando ella se hace presente en la relación obligatoria. (..) La obligación que está sujeta a una condición suspensiva no adquiere valor y por consiguiente exigibilidad, mientras no se cumpla la condición. El acreedor tiene un derecho, como dice la doctrina, embrionario. El germen del derecho se transforma en un derecho perfecto cuando se cumple la condición. Por eso, no es posible al acreedor demandar el cumplimiento de la obligación en tanto penda la condición. Y, como es obvio, tampoco corre la prescripción. Entonces, si el Tribunal Superior de Pasto le hubiera dado el alcance correcto y completo, de lo que debe entenderse por exigibilidad de la obligación, esto es, no hubiera dejado a un lado la figura de la condición suspensiva cuando sirve para la exteriorización y efectividad de la acción. Y como no lo hizo interpretó erróneamente el texto sustancial acusado. Así mismo, no hubiera aplicado indebidamente las normas enjuiciadas, y dejado de aplicar o infringir directamente los textos que hacen relación con el reconocimiento y pago de las prestaciones, señalados en el acápite de motivos de casación. Cuando el Tribunal, para responderle al demandante, afirma que no se puede contar el término de la prescripción a partir del momento en que se produjo la liquidación dentro de proceso ordinario seguido por la Flota Mercante Grancolombiana a la Empresa Puertos de Colombia en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, sino desde el momento en que expiró la prestación de los servicios profesionales del actor, incurrió en el error fáctico de no haber visto la estipulación contractual del sometimiento de la exigibilidad de la obligación de pago del 25% sobre el monto de las pretensiones del demandante a la condición suspensiva de que el proceso produjere resultados favorables a COLPUERTOS, frente a las pretensiones de la Flota Mercante como reza en el contrato” –comillas en el texto-. Y, para desvirtuar la inactividad que en la providencia recurrida la Sala Laboral de Descongestión del H. Tribunal Superior de Pasto le endilga a su representado, el apoderado analizó la suerte que habría tenido la pretensión del demandante, en el evento de que éste hubiera optado por demandar de la Contratante el pago de los honorarios pactados antes de la culminación del incidente de regulación de perjuicios, como lo plantearon los Jueces de Instancia, en los siguientes términos: “Si la prescripción liberatoria descansa sobre la inercia del acreedor en el ejercicio del derecho de que es titular durante el tiempo que señale la ley para ese efecto, al doctor MACIAS FONTALVO no se le puede achacar ese comportamiento desidioso porque: Si el doctor MACIAS FONTALVO hubiera reclamado dentro de los treinta días siguientes al momento en que se notificó el auto de aceptación del nuevo apoderado de COLPUERTOS, como oportunidad para accionar, no habría tenido éxito porque no se podía exigir el monto del 25% adicional puesto que el resultado favorable del proceso tampoco se podía concretar hasta tanto no se liquidara la indemnización a favor de la Flota Mercante. Si el doctor MACIAS FONTALVO se iba por la vía ordinaria a demandar el reconocimiento y el pago del 25% adicional de honorarios, dentro de los tres años siguientes a la revocatoria del poder y notificación del auto de aceptación de nuevo apoderado, encontraría, igualmente, una decisión negativa por el hecho de que no se sabía el resultado favorable del proceso, al momento en que se le revocó el poder y se notificó la aceptación del nuevo apoderado. Si el doctor MACIAS FONTALVO demandaba por los trámites de un proceso ejecutivo, como hizo, se le negaría el mandamiento de pago por la sencilla razón jurídica de que la obligación no podía ser exigible sin conocerse el alcance de la prestación. El doctor MACIAS FONTALVO tampoco podía exigir que se le valorara su gestión hasta el momento de la notificación de la aceptación del nuevo apoderado de COLPUERTOS porque él convino la atención de la primera y segunda instancia, que hizo con todo el esmero y con relativo éxito económico para esa entidad, y para dejar luego, en caso de interponerse el recurso de casación, la estimación de los honorarios complementarios por la atención de la impugnación extraordinaria, que finalmente no adelantó. El 25% adicional se le reconocería independientemente de la actividad que se desplegara en casación y de ahí en adelante, pero con la condición, de que el resultado del proceso le fuera favorable a COLPUERTOS frente a las pretensiones de la Flota Mercante. De hacerse una valoración de los honorarios distinta a lo pactado es apreciar con desacierto el contrato pues las partes convinieron el régimen prestacional pertinente y que los obligaba plenamente. Entonces, el Tribunal Superior de Pasto violó las disposiciones sustanciales que regulan el caso concreto porque al hacer próspera la excepción de prescripción extintiva de la acción, la encontró probada, cuando, en verdad, no la estaba tal como se expuso en el cargo; de manera que aplicó indebidamente los preceptos acusados”. 9. El 1° de junio de 2000 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación antes reseñado de manera desfavorable a las pretensiones del recurrente. Adujo que en toda prestación de servicios personales debe presumirse que una vez prestado el servicio el prestatario tiene derecho a la renumeración. Y que como en el contrato de prestación de servicios no se pactó la revocatoria del poder, al Fallador de Segundo Grado no se le puede endilgar un yerro de hecho manifiesto, en la apreciación del documento. Dicen así algunos de los apartes de la decisión –folios 28 a 48, cuaderno 6-: “Propone entonces el recurrente que el Tribunal interpretó en forma equivocada el artículo 2535 del Código Civil al entender que la exigibilidad a que se refiere esta norma opera desde la terminación del respectivo contrato, el de mandato para el asunto examinado, ya que puede darse en cada caso a una condición que la aplace, extienda o suspenda. Pues bien el criterio que propone la impugnación es razonable, ya que en contratos como el de mandato, el cual incluso puede ser gratuito, la ley permite a las partes regular libremente el tema de la remuneración del servicio y su exigibilidad, de ahí que no haya inconveniente legal para que se estipulen plazos o condiciones suspensivas para efectos de la misma. Con todo, en tratándose de prestaciones de servicios personales y particularmente del poder para un determinado proceso, debe presumirse que una vez culminado el servicio, a su ejecutor le asiste seguidamente el derecho de percibir los honorarios acordados. En efecto la protección especial que impone la Constitución para todo trabajo humano, aunque este sea independiente, hace suponer que quien lo ejecuta y lo cumple ha de recibir acto continuo la correspondiente retribución pues en muchos casos puede resultarle vital. Adicionalmente, no debe perderse de vista el texto claro del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, canon que regula específicamente las consecuencias de la terminación de un mandato judicial en razón de su revocatoria directa o mediante la constitución de un nuevo apoderado, precepto que contempla la posibilidad inmediata de reclamar los honorarios. Por lo tanto, el punto de vista del Tribunal corresponde a la regla general que debe aplicarse a un asunto como el que es objeto del actual litigio de forma que su interpretación no puede tacharse de equivocada y su conclusión final solo podría ser desvirtuada mediante la prueba de un acuerdo en contrario. Confrontación que desde luego no plantea el recurrente pues implicaría un examen probatorio impertinente en ataques de la vía directa. Los cargos, de consiguiente, no prosperan. (..) La cláusula en que se fundamentan los honorarios reclamados en el proceso, es del siguiente tenor: “PARAGRAFO SEGUNDO.- Si los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a COLPUERTOS, ésta reconocerá al contratista un veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el monto de las pretensiones, además de los honorarios aquí pactados. Este porcentaje se hará efectivo tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias”. De conformidad con este texto es patente que las partes convinieron que los honorarios en cuestión se harían efectivos en el momento en que quedara ejecutoriada la sentencia. Sin embargo, la estipulación sin duda se refirió al cumplimiento normal del contrato y no contempló la hipótesis de la revocatoria del poder ni desde luego reguló sus consecuencias. De manera que si el fallador no tuvo en cuenta este aspecto del convenio de las partes, mal puede decirse que incurrió en un yerro manifiesto de hecho, por cuanto se reitera que no regulaba el evento de la revocatoria del poder antes de que culminara completamente el respectivo proceso, circunstancia que aconteció en el asunto de los autos. Con todo, de entenderse que el acuerdo contempló incluso la referida hipótesis de la revocatoria, resultaría muy discutible el entendimiento que en lo pertinente le otorga el recurso, pues su letra indicaría que la exigibilidad se inicia con la ejecutoria de la sentencia y en este caso bien podría concluirse que ella se produjo con el fallo emitido el 15 de mayo de 1992, por Sala de Casación Civil de la Corte en cuanto no casó la sentencia del Tribunal, de forma que dada la fecha de presentación de la demanda, el 12 de noviembre de 1996, estaría prescrito el derecho. (ver, fols. 184 a 220)”. 10.-Los Magistrados Luis Gonzalo Toro Correa y Fernando Vásquez Botero salvaron su voto. Y el Magistrado Roberto Herrera Vergara lo aclaró. Los primeros consideraron que la sentencia recurrida ha debido casarse, en razón de que “ninguna duda hay que para la fecha en que se presentó la demanda con que se inicio este proceso: 14 de noviembre de 1996, no habían transcurrido los tres años de prescripción extintiva que contempla el artículo 2542 del Código Civil y, por ende, el Juez de primera instancia se equivocó al acoger la excepción de prescripción respecto de dicho crédito, por lo que tal decisión ha debido ser revocada.” El doctor Herrera Vergara por su parte, aunque coincidió con los planteamientos de los doctores Toro Correa y Vásquez Botero, en cuanto considero que la acción del demandante no había prescrito cuando presentó la demanda, sostuvo que la pretensión del actor no podía prosperar, como quiera que “(..) no puede perderse de vista que la obligación de pago del honorario adicional, además de suspensiva era de carácter positivo: la sentencia debía ser favorable a Colpuertos”. Los siguientes son algunos apartes del salvamento de voto, a que se hizo referencia, el que fue presentado por los Magistrados Toro y Vásquez conjuntamente –folios 50 a 65, cuaderno 1-: “Descendiendo, entonces, al caso particular y concreto objeto de estudio, habrá de establecerse para dilucidar el punto álgido de la controversia que suscita la presente contención, en qué momento se hicieron exigibles los honorarios profesionales que reclama el demandante a través de este juicio, y para ello, como se dijo, se tiene que acudir a los términos en que se pactaron los honorarios que por la gestión profesional que adelantó el hoy demandante, de lo cual da cuenta el contrato visible a folio 16 a 17 del expediente, al igual que el otro sí plasmado a dicho acuerdo de folio 18, y de esos documentos se colige que las partes fijaron para ello dos modalidades, a saber: una suma fija de dinero en cuantía de $1.190.000.oo, la que se pagaría en un 50% con el otorgamiento del poder, y el otro 50% tan pronto como se dictara la sentencia o quedara ejecutoriada la de primera instancia, independientemente del resultado del proceso. Así mismo, se acordó una cuota litis del 25% sobre el monto de las pretensiones, si los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a Colpuertos, porcentaje que se haría efectivo tan pronto quedará ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias. “Por lo tanto, según el aludido convenio de las partes contratantes, forzoso resulta concluir que frente a los honorarios fijos pactados, y en especial al 50% que quedó pendiente de pago, que se reclama en el presente juicio, aquellos establecieron que se haría exigible cuando se dictara sentencia o quedara ejecutoriada la de primera instancia, independientemente del resultado del juicio, y como ello sucedió, de acuerdo con las copias de las sentencias que constan de folios 79 a 128 y 183 a 220, el 15 de mayo de 1989 y el 15 de mayo de 1992, se tiene que para la fecha de la presentación de la demanda con que se inició este proceso: 15 de noviembre de 1996 (fls. 222-223 cdno 1ª Inst.), el término de prescripción ya se había configurado. “De otro lado, igual situación no puede predicarse en torno al pacto adicional a cuota litis, en el que el derecho a percibir los honorarios en el porcentaje pactado, se sometió a una condición suspensiva (hecho futuro e incierto), consistente en que el resultado del proceso fuera con sentencia favorable a la empresa Colpuertos, los que se harían efectivo tan pronto quedara ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias. “En el anterior contexto cabe destacarse, que del convenio aludido surgió una obligación no pura y simple en favor del demandante, sino que, por el contrario, supeditada a una condición suspensiva, en la medida que tanto para su nacimiento y exigibilidad pendía del cumplimiento de un hecho futuro e incierto. “Entendido así el acuerdo de voluntades plasmado por las partes litigantes en este juicio, ha de acudir la Sala a los artículos 1542 y 1553 del Código Civil por ser éstos los preceptos legales que gobiernan el aspecto relacionado con la exigibilidad de las obligaciones condicionales, en pro de determinar cuál es el momento que marca el punto de partida para efectos de contabilizar el término prescriptivo de la acción incoada en este proceso para el reconocimiento de los honorarios a cuota litis. Esto porque si lo que se castiga con la figura jurídica de la prescripción es precisamente la inactividad del acreedor en reclamar el derecho que tienen radicado en su favor, mal se haría en computar como término prescriptivo un lapso de tiempo en donde no existía aún la posibilidad de compeler al deudor a que cumpla con los compromisos adquiridos en un determinado convenio, por encontrarse aún pendiente el cumplimiento de la condición que impide que se esté frente a una obligación exigible. “Ahora bien, el hecho de que al mandatario judicial a quien se le ha revocado el poder en el curso de un juicio, se le faculte para solicitar la regulación de sus honorarios profesionales mediante un trámite incidental que se tramita con independencia del proceso, tal y como lo prevé el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en éste caso, ello no implica, como erradamente lo entendieron los juzgadores de las instancias, que a partir de ese momento habría de contabilizarse el término prescriptivo de la acción, ya que si bien es cierto que ello tendría operancia en pactos de naturaleza distinta al del sub lite, en el asunto de que se trata, dados los particulares acuerdos que se plasman en el contrato de prestación de servicios objeto de estudio, no es viable aplicar el mismo criterio. Ello si se tiene en cuenta que respecto a un pacto de honorarios en la modalidad a cuota litis, en el que el derecho a percibir la remuneración por el mandato está sujeto al aleas del resultado del litigio, no tendría sentido alguno acudir al susodicho trámite incidental a sabiendas de que hasta ese entonces los emolumentos del abogado aún son aleatorios o meras expectativas de derechos, en la medida en que se supeditaron a la consecución de un logro determinado, esto es, “si los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a Colpuertos”. “En consecuencia, si para la fecha en que se produjo la revocatoria del poder, aún no se tenía certeza, en definitiva, sobre el resultado del proceso, precisamente por no existir en ese instante sentencia debidamente ejecutoriada que así lo determinará, mal se haría en consolidar un derecho en cabeza del actor todavía latente y peor aún deducir su exigibilidad a partir de ese momento, para contabilizar desde esa fecha el término prescriptivo. Y es que ante el no cumplimiento, para ese entonces, de la condición a la cual estaba sujeta la obligación demandada, hacía inoperante el poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. “Acorde con lo anterior, le asiste razón al recurrente (..)” –negrillas y comillas en el texto-. Y, los siguientes son algunos de los apartes de la aclaración de voto, que fuera formulada por el Magistrado Herrera Vergara, como quedó dicho –folios 66 a 75, cuaderno1-: “ Por tanto, estimo realmente equivocado entender que en desarrollo del artículo 69 del estatuto procesal civil, con el simple cambio del apoderado dispuesto por la entidad demandada podía quien hasta entonces fungía como su procurador judicial exigir judicialmente mediante incidente de regulación de honorarios el cobro de la cuota litis del 25%, ya que el derecho de acción sobre este aspecto pendía de un hecho futuro e incierto, como era el fallo favorable a su representada en el proceso civil aún no concluido. Entonces, si lo reclamado en el presente juicio ante el juez del trabajo era el referido porcentaje no podía solicitarlo tan pronto se le revocó tácitamente el poder pues si bien ya se había dictado sentencia de segunda instancia aún no se había proferido la de casación, única resolución judicial que determinaba si los resultados del proceso mediante sentencia ejecutoriada eran favorables. Y todavía más. Dada la naturaleza de lo impetrado por la parte demandante en el proceso civil, aún con condena al pago de perjuicios por parte de la Corte, al desconocerse con el fallo de esta Corporación en su Sala Civil el monto de éstos, habría que esperar su regulación por parte del juzgado civil para conocer sobre cuál guarismo podría aplicarse el susodicho 25%. (..) Hasta aquí sin lugar a dudas puede concluirse que la sentencia proferida por el tribunal se equivocó ostensiblemente colegir una prescripción jurídicamente inexistente. Encuentro por tanto plenamente atinada y ajustada a las normas sobre prescripción la conclusión expuesta por los magistrados VÁSQUEZ BOTERO Y TORO COREA acerca del fundamento de los cargos porque ciertamente la exigibilidad de lo convenido, y por ende, el punto de partida del término de prescripción no podía ser otro que el de la ejecutoria de la liquidación de perjuicios efectuada en el proceso civil ventilado entre la Flota Mercante Grancolombiana y la empresa Puertos de Colombia. Empero, lo dicho no conlleva la procedencia de la condena a la demandada al pago de la pretensión de honorario adicional por cuanto en sede de instancia, teniendo en cuenta el texto del contrato, se llegaría al mismo resultado acogido por la mayoría y que conduce a su improsperidad. En efecto, no puede perderse de vista que la obligación de pago del honorario adicional, además de suspensiva era de carácter positivo: la sentencia debía ser favorable a Colpuertos. 1-. Obsérvese en la cláusula atinente a la “forma de pago” de honorarios quedó expresamente estipulado que “si hay necesidad del recurso de casación se pactarán nuevos honorarios” y que el doctor Macías llevó el proceso civil en las dos instancias, pero no en el recurso extraordinario ni en el incidente de regulación de perjuicios. Luego no podía aspirar el demandante al pago de la totalidad del 25% previsto para el evento de que hubiese defendido los intereses de su acudida en toda la actuación civil. 2-. El mencionado porcentaje –que de acogerse la interpretación de la parte impugnante comportaría una condena de $1.391.874.780.37-, estaba sujeto a que los resultados del proceso fuesen “favorables”, y lo ajustado a la sensatez y a la sindéresis es que no encuadra dentro de tal calificativo una condena a la demandada, así sea parcial, al pago de una exorbitante y desproporcionada suma de tres mil setecientos once mil millones seiscientos sesenta y seis mil ochenta y un pesos ($3.711.666.081), por lo que la forzosa interpretación sistemática del contrato de prestación de servicios revela que la verdadera intención de las partes era pactar una “cuota litis” en la que el porcentaje convenido se causaría siempre y cuando la decisión judicial fuese absolutoria. 3-. Se advierte también que la demandada Colpuertos a través de su apoderado, quien en este proceso laboral se trasmutó en demandante, se opuso a la totalidad de las pretensiones del proceso civil, y al sustentar el recurso de alzada frente al fallo de primera instancia que condenó a su acudida al pago del 40% de los perjuicios, impetró su revocatoria “integral” –para emplear sus propias voces- porque evidentemente no se obtuvo un resultado favorable en los términos acordados con su poderdante, y fue tan desventajoso para Colpuertos el proveído confirmatorio de segunda instancia que únicamente esta entidad interpuso el recurso de casación. 4-. Como lo sostuvo el propio recurrente dentro del proceso civil los honorarios pactados por la gestión profesional en las dos instancias ascendieron a la suma de $1.190.000. Nótese que esa cláusula adicional en que se convino el 25% de las pretensiones en caso de sentencia definitiva favorable, no versaba sobre el monto de honorarios sino sobre la “forma de pago”. De manera que conocida claramente la intención de los contratantes registrada en ese “otro sí” a la estipulación de los honorarios, debe someterse el juzgador a tal intención, más que a lo literal de las palabras, como emerge en forma diáfana del artículo 1618 del CCC. 5-. Aún más, en el proceso civil tanto el Tribunal como la Corte dedujeron la culpa aquiliana de Colpuertos quien según toda la estructura del fallo fue la responsable principal, porque en ese mismo juicio se aclaró que si bien existió negligencia concurrente de la Flota Mercante, ello tan sólo fue una concausa, lo que corrobora que indudablemente el fallo fue “desfavorable” a la primera entidad. Fluye de todo lo expuesto que la condición en la forma como fue convenida resultó fallida y por ende no nació la obligación de pago de un honorario adicional, por lo que las pretensiones del actor al respecto estaban llamadas al fracaso, aun cuando por razones diferentes a las que sirvieron de soporte al tribunal”. 2. Tramite en etapa de revisión Seleccionado el presente asunto para su revisión por la Sala Numero Cinco, mediante auto de 2 de mayo de 2001, y repartido a la Sala Quinta, ésta debió declarar, mediante auto del 1° de junio del mismo año, la nulidad del fallo de instancia que había sido proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que en su lugar disponer que el asunto fuera resuelto por el Juez ante quien se presentó la demanda, en desarrollo del principio de supremacía de la Carta Política. Cumplido lo ordenado en la providencia que se reseña, y seleccionado el asunto nuevamente y repartido a esta Sala, el Magistrado sustanciador dispuso, para mejor proveer, oficiar al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá para que remita fotocopia de todo lo actuado en el proceso Ordinario Promovido por Juan Antonio Macias Fontalvo contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación FONCOLPUERTOS. Despacho que, en cumplimiento de lo ordenado, remitió lo actuado en el proceso en mención en tres cuadernos con 415, 17 y 168 folios. 3. Pruebas En el expediente contentivo del Ordinario que promoviera el actor contra el Fondo Pasivo de la Empresa Puertos de Colombia En Liquidación FONCOLPUERTOS, y el formado por las actuaciones de instancia obran, entre otras, las siguientes pruebas: -En 6 folios, fotocopia de la demanda Ordinaria que por “Reparación del daño” promovió la Flota Mercante Grancolombiana contra la Empresa Puertos de Colombia, dirigida al Juez Civil del Circuito de Bogotá; para que la demandada fuera declarada “responsable del incendio de la motonave FANEOS surta en el Puerto de Buenaventura, hecho ocurrido el 5 de noviembre de 1981”. Y, en consecuencia condenada al pago de todos los daños causados por el siniestro –daño emergente, lucro cesante, intereses corrientes, corrección monetaria-, amén de las costas procesales. Al señalar la cuantía de la pretensión el apoderado informa que “las reparaciones del buque FANEOS por causa del incendio ocurrido el 5 de noviembre de 1.981 en el Puerto de Buenaventura, costaron más de US 7.000.000.oo dólares, considero que por capital e intereses la cuantía pues ser más de $780.000.000.oo”–folios 1 a 15, cuaderno 4-. -En 3 folios, fotocopia del contrato No. 93/87 y del OTROSI No. 1 al mismo, suscritos el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 1990 respectivamente, entre Benjamín Alzate Reyes, a nombre y representación de la Empresa Puertos de Colombia, en su calidad de Gerente General, y Juan Antonio Macias Fontalvo –folios 16 a 18, cuaderno 4-. Sobre el objeto del contrato, los honorarios y la forma de pago dice así el contrato en mención –el OTROSI, aclara la “Cláusula Tercera del Contrato en lo referente a la imputación presupuestal del correspondiente pago”-. “CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete a asumir la defensa de Puertos de Colombia y llevar la representación judicial de dicha Empresa hasta la culminación del siguiente proceso: ORDINARIO DE FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA contra “COLPUERTOS” y que cursa en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá tanto en la primera como en la segunda instancia, menos Casación, caso en el cual se pactarán los respectivos honorarios de conformidad con lo normado en la Resolución número 3082/86 emanada del ministerio de justicia. CLAUSULA SEGUNDA.- HONORARIOS.- COLPUERTOS pagará a EL CONTRATISTA como honorarios por la atención del proceso señalado en la cláusula anterior desde el otorgamiento del poder hasta la culminación del proceso, ya sea judicial o extrajudicialmente, la suma de UN MLLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE. ($1.190.000.oo) sin perjuicio de que pueden ser reajustado (sic) de conformidad con la resolución número 3082/86 del Ministerio de Justicia, previos los trámites de que tratan los artículos tercero (3) –ilegible- y 171 del decreto 222/83. CLAUSULA TERCERA.-FORMA DE PAGO.-COLPUERTOS pagará al EL (sic) CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula segunda de este contrato así: 1) Un primer contado de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000.00) MCTE., con el otorgamiento, poder y perfeccionamiento del presente contrato con el otorgamiento del poder (sic). 2) La cantidad restante, o sea la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000.oo) mcte. (sic), tan pronto como se dicte la sentencia, o quede ejecutoriada la de primera instancia independientemente de resultado de proceso o con la terminación del mismo de manera extrajudicial. PARÁGRAFO.- 1) Si hay necesidad de Recurso de Casación se pactarán nuevos Honorarios (sic) acorde con la tarifa estipulada en la Resolución Numero 3082/ 86 de Minjusticia. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si los resultados del proceso con sentencia ejecutoriada fueren favorables a COLPUERTOS, esta reconocerá al contratista un veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el monto de las pretensiones, además de los honorarios aquí pactados.- Este porcentaje se hará efectivo tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia respectiva en cualquiera de las instancias”. En 111 folios, fotocopias de algunas de las actuaciones adelantadas por el actor en el proceso a que se hace referencia, entre el 8 de febrero de 1988 –fecha en que le fue reconocida personería para actuar en representación de COLPUERTOS -y el 7 de diciembre de 1990 –día en que la providencia que le reconoció poder al doctor Luis Fernando Zurek Salas, como apoderado judicial de la misma entidad fue notificada por Estado, folios 20 a 131, cuaderno 4-. -En 3 folios, fotocopia de la comunicación enviada el 13 de octubre de 1990 por el actor al Jefe de la Oficina Jurídica de la Empresa Puertos de Colombia, recibida por la destinataria el mismo día –241318-, en la que el doctor Macias Fontalvo solicita “se sirva ordenar lo pertinente, con relación al valor de mis honorarios profesionales pactados en el contrato No. 93/87 y se proceda por parte de esa Empresa al pago de los mismos” –folios 213 a 245, cuaderno 4-. -En 1 folio, fotocopia de la certificación emitida por el Magistrado de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá Edgar Carlos Sanabria Melo, el 18 de diciembre de 1990, que da cuenta i) de la actuación del actor en el Ordinario promovido por la Flota Mercante Grancolombiana contra la Empresa Puertos de Colombia y ii) de que “[e]n el mencionado expediente no aparece paz y salvo alguno expedido por el Dr. JUAN ANTONIO MACIAS FONTALVO a la empresa PUERTOS DE COLOMBIA” –folio 132, cuaderno 4-. -En 8 folios, fotocopia de la demanda Ordinaria presentada por la Empresa Puertos de Colombia “COLPUERTOS”, ante la jurisdicción civil, el 8 de febrero de 1991, por intermedio de apoderado, con miras a que “se declare absolutamente nulo el Contrato de prestación de servicios No. 93/87 de fecha 10 de diciembre de 1987, celebrado entre la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA y el doctor JUAN ANTONIO MACIAS FONTALVO, así como el OTROSI al mismo del 2 de febrero de 1988” –folios 133 a 140 cuaderno 4-. En los Fundamentos de Derecho, de la demanda en mención, la entidad contratante aduce que el Contrato 93/87 y el OTROSI fueron suscritos en contravención con los artículos 169 y 251 del Decreto 222 de 1983, porque i) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado deben solicitar y obtener de la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia de la República, “concepto favorable para proceder a la celebración de contratos de prestación de servicios cuyo valor fuere igual o superior a $1.200.000.00” y ii) “a los Gerentes, Directores o Presidentes de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado les está prohibido celebrar contratos en contravención a normas orgánicas, estatutarias y reglamentarias y, especialmente, sin el previo concepto favorable de su Junta o Consejo Directivo cuando así lo requieran aquellas”. -En 9 folios, providencia proferida el 22 de noviembre de 1991 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, confirmando la providencia del Juzgado Trece Laboral de Bogotá que negó el mandamiento ejecutivo pretendido por el actor, dentro del proceso promovido por Juan Antonio Macias Fontalvo contra la Empresa Puertos de Colombia –folios 367 a 375, cuaderno 4-. Para el efecto la Sala en cita sostuvo, entre otras consideraciones: “de los varios documentos allegados para conformar el título ejecutivo complejo, no se establece a cargo de la ejecutada una obligación clara y concreta de pagar el valor de $621.500.000.oo, más los intereses moratorios y costas; tampoco de los mismos se evidencia de manera expresa e inequívoca la claridad y exigibilidad de la obligación dineraria pretendida; pues según el análisis consignado no se actualizan las exigencias acordadas en la cláusula tercera; parágrafo segundo del contrato No. 93/78, para el reconocimiento adicional del 25% de honorarios profesionales”. -En 7 folios, solicitud de “estudiar y rendir concepto en relación con el proceso ordinario que en el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá adelanta la Empresa Puertos de Colombia contra el doctor Juan Antonio Macías Fontalvo. (..)”, dirigida por el Gerente de la entidad demandante al doctor Gaspar Caballero Sierra, el 3 de octubre de 1993 –folios 246 a 252, cuaderno 4-. Y el concepto emitido por dicho profesional, en el que el doctor Caballero concluyó: “a. La demanda es improcedente por cuanto el valor del contrato no era igual ni superior a un millón doscientos mil pesos mcte. (sic) (1.200.000.oo) y por tanto no existe la causal de nulidad que se alega. b. En caso de que la demanda fuera procedente, el fin que persigue, esto es, el no pago del valor aleatorio pactado en el contrato, no se obtendría por cuanto el contratista prestó el servicio satisfactoriamente, y de acuerdo con las normas de nuestro ordenamiento civil se debe proceder a pago con miras a evitar un enriquecimiento ilícito. c. La inasistencia a las audiencias de conciliación se torna en un indicio grave en contra de COLPUERTOS y puede desde luego incidir para que se produzca un pronunciamiento desfavorable a las pretensiones de la demanda. d. Finalmente se sugiere desistir de la demanda y buscar una conciliación extrajudicial con el demandado”. -En 17 folios, comunicación enviada por el actor al Gerente Liquidador del Fondo Nacional de Pasivos de la Empresa Puertos de Colombia En Liquidación, el 26 de mayo de 1994, recibida por la entidad en la misma fecha, en la que el remitente sintetiza lo acontecido en el proceso Ordinario en que representó los intereses de la entidad, desde la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios 93/87 y su Otrosi, conceptúa sobre la legalidad del contrato, hace un recuento de la labor que desarrolló en defensa de los intereses de la entidad, califica de injusta la revocatoria del poder de que fue objeto. Y requiere a la entidad para que se proceda al pago de sus honorarios –folios 253 a 267, cuaderno 4-. Los siguientes son unos apartes de la comunicación: “Represente a la Empresa y la defendí en este proceso hasta cuando la misma entidad me lo permitió, por cuanto intempestivamente me revocó el poder; pero los resultados del proceso pese a dicha revocatoria, en nada variaron la suerte del proceso, por cuanto la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con ponencia del H. Magistrado ALBERTO OSPINA BOTERO, en sentencia de fecha 15 de mayo de 1.992, NO CASO la sentencia del H. Tribunal Superior de Bogotá y, en consecuencia, el sesenta por ciento (60%) a favor de COLPUERTOS quedó confirmado por la citada sentencia del máximo Tribunal, la que además se encuentra debidamente ejecutoriada. (..) De lo anterior es preciso colegir, sin prejuzgar, con fundamento en las apreciaciones muy jurídicas del Despacho que conoce de la acción de nulidad promovida por la Empresa Puertos de Colombia, que la demanda instaurada está llamada al fracaso. Ello, porque si Colpuertos consideraba que el contrato No. 93/87 y su Otro si del dos (2) de Febrero de 1.988 era administrativo, ha debido acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de promover la calificación del contrato. Pero resulta que esta acción ya caducó de conformidad con el término previsto en el art. 136 del C.C.A 9.- MANDAMIENTO EJECUTIVO.- El mandamiento ejecutivo librado por el Juzgado Trece Laboral, debidamente sustentado agravaría aún más la situación del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA. Después de haber formulado a la empresa distintas solicitudes y fórmulas de arreglo sin que ello fuera posible, me vi obligado a acudir a la vía jurisdiccional. El Mandamiento Ejec...