Sentencia T-621 de 2014

T-621-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-621/14 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Garantías en estado laico y neutral El carácter laico del Estado está estrechamente relacionado con la libertad e igualdad religiosa, lo que implica que las actividades desarrolladas por aquél, tengan una marcada naturaleza secular, es decir, que los agentes estatales deben evitar tratamientos favorables o perjudiciales a un credo particular. Por esta razón, la valoración de las funciones que el Estado realice respecto de asuntos religiosos deberá tener en cuenta la laicidad secular exigida y su vínculo con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto. Igualmente, se resalta que si bien se admite un tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas, el beneficio otorgado debe ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley. IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS-Condiciones de igualdad/DERECHO A LA IGUALDAD DE CONFESIONES RELIGIOSAS E IGLESIAS Los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad constitucionales prohíben la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva. De manera que, aunque se permiten tratos favorables a determinadas comunidades religiosas, la igualdad consagrada en el inciso segundo del artículo 19 Superior implica que las otras confesiones tengan la posibilidad de acceder a los mismos beneficios. RELIGION CATOLICA-Trato preferencial En virtud del principio de igualdad ante la ley de las comunidades religiosas, ciertas preferencias otorgadas a la Iglesia Católica han sido extendidas también a otras iglesias. IGUALDAD ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Los tratamientos jurídicos favorables a iglesias y confesiones religiosos son permitidos siempre que garantice que dichos beneficios podrán ofrecerse a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley, en los distintos ámbitos tales como el tributario, la objeción de conciencia al servicio militar, a la igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus asuntos, a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en establecimientos educativos públicos o privados, incluso, en la decisión de determinar de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el Estado. DERECHO A LA IGUALDAD DE CONFESIONES RELIGIOSAS E IGLESIAS-Tratamiento tributario IGUALDAD ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS-Orden a Corporación Autónoma Regional eximir a iglesia cristiana del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, hasta tanto se expida una ley que desarrolle la igualdad de las iglesias legalmente constituidas con relación a este gravamen DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y PRINCIPIO DE IGUALDAD-Exhortar al Gobierno Nacional para que en acuerdo con las diferentes iglesias reconocidas, en el menor tiempo posible, presente un proyecto de ley que garantice su trato igual en materia tributaria Referencia: expediente T-4.343.544 Acción de Tutela interpuesta por Mario Ríos Jiménez, en representación de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Derechos fundamentales invocados: Derechos a la igualdad y a la libertad religiosa Problema jurídico: Existe vulneración de los derechos fundamentales a la igualad y a la libertad religiosa de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, al no ser exonerada del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, teniendo en cuenta que la iglesia Católica sí se encuentra exenta del tal pago. Temas: La laicidad del Estado y la igualdad de las distintas iglesias y confesiones religiosas ante la ley. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la decisión de tutela adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, la cual confirmó el fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, mediante el cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia. 1. ANTECEDENTES 1.1 SOLICITUD Mario Ríos Jiménez, actuando en representación de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, instauró acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad religiosa. Sustenta su solicitud en los siguientes: 1.2 HECHOS Y ARGUMENTOS DE LA DEMANDA 1.2.1. Manifiesta el accionante que el 10 de diciembre de 2013, mediante derecho de petición, solicitó al Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga la exoneración del pago del impuesto de la sobretasa ambiental correspondiente al año 2012 y la devolución del dinero pagado ($81.816) durante el año 2013, por el inmueble de propiedad de la iglesia, ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Lo anterior, dice, teniendo en cuenta que la iglesia católica se encuentra eximida de dicho impuesto. 1.2.2.El día 24 de diciembre de 2013, la entidad da respuesta al derecho de petición manifestando que la exención tributaria que recibe la iglesia católica fue reconocida mediante la Ley 20 de 1974, que aprobó el Concordato del Estado Colombiano con el Vaticano. Que en efecto, el artículo 24 de la citada ley, establece que “los predios que serán objeto de exención de sobretasa ambiental y se exceptuarán de ser gravados, son únicamente las propiedades eclesiásticas destinadas al culto, las curadurías diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios. En consecuencia, su comunidad religiosa no es cobijada por las normas del Concordato suscrito entre el Estado Colombiano y la Santa Sede y por tanto no es viable otorgar la exención de la sobretasa ambiental”. 1.2.3. En consecuencia, considera que la negativa a permitir la exención del impuesto de sobretasa ambiental a su iglesia genera un trato desigual frente a la iglesia católica, vulnerando de esta forma su derecho fundamental a la igualdad. En tal virtud, solicita se ordene a la Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga la exoneración del mencionado impuesto correspondiente a la vigencia de los años 2012 y 2013 y la consecuente devolución de los dineros pagados. 1.3 TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El 20 de enero de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga admitió la demanda y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes. 1.3.1. Respuesta de la Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga A través de apoderado judicial, la Corporación se opuso a las pretensiones de la tutela. En primer lugar, hizo referencia a la obligación constitucional, desarrollada por la Ley 99 de 1993, que tienen los municipios de destinar un porcentaje de los gravámenes de la propiedad inmueble a las Corporaciones Autónomas Regionales para que sean invertidos en planes ambientales, regionales, distritales y municipales. En segundo lugar, señaló que la exención de este tributo sólo puede ser reconocida por el Congreso de la República, tal como lo dispone el artículo 338 Superior. En ese entendido, mediante la ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato del Estado Colombiano con el Vaticano, se reconoció la exoneración del pago de dicho impuesto a la Iglesia Católica. En efecto, el artículo XXIV de la citada ley “establece que los predios que serán objeto de exención de la sobretasa ambiental y se exceptuarán de ser gravados únicamente las propiedades eclesiásticas destinadas al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios”. En razón de la anterior disposición, se le informó al accionante al dar respuesta a su derecho de petición, que a las demás comunidades religiosas no las cobijan las normas del concordato y por tanto, no es viable otorgar la exención solicitada. En tercer lugar, señaló que las pretensiones de la tutela no están llamadas a prosperar toda vez que esa Corporación no es la encargada de crear u otorgar exenciones tributarias. Que por ser la sobretasa ambiental de creación legal, es la misma ley la que debe indicar quiénes están exentos del pago de ese impuesto. Al respecto, indicó que a la Iglesia Católica, fue la ley 20 de 1974 la que la eximió de cancelar dicho gravamen. Razón por la que, si se pretende una exoneración, tal solicitud no debe elevarse a la Corporación Autónoma sino al legislador. Finalmente, expuso que al no evidenciarse una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de la comunidad religiosa representada por el actor, la acción de tutela no era procedente. 2. DECISIONES JUDICIALES 2.1. PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA En sentencia del 29 de enero de 2014, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga negó el amparo solicitado por el actor. Luego de citar in extenso la sentencia T-269 de 2001, concluyó que en el presenta caso no se había acreditado que la Iglesia Cristiana Ministerios el Dios Altísimo hubiera cumplido con los requerimientos legales para acceder a la exención de la sobretasa ambiental. Así, reiterando lo dicho por la Corte Constitucional, señaló que “existen requisitos constitucionales que impiden un reconocimiento de facto (…) en sede de tutela; agregando al respecto que, ‘Quién debe proponer la exención (el gobierno), quién debe crearla (el congreso), quién puede hacerse acreedor a la exención (sólo confesiones religiosas e iglesias) y cómo debe ella tramitarse o aceptarse (acuerdo o convenio entre la respectiva colectividad religiosa y el gobierno), son condiciones constitucionales que no es posible pasar por alto sin malinterpretar la decisión de la Corte Constitucional (…)” 2.2. IMPUGNACIÓN El accionante, inconforme con la anterior decisión la impugnó dentro del término legal, bajo los siguientes argumentos: En criterio del actor, la sentencia T-269 de 2001 no podía citarse como precedente, toda vez que las razones para negar las pretensiones en aquella oportunidad estuvieron basadas en la falta de legitimación por activa del accionante. En este caso, quien acude a la acción de tutela es el representante legal de la comunidad religiosa. Además, expuso que la iglesia que representa fue construida y se conserva con aportes de sus miembros, quienes ya tributan al Estado. Por lo tanto, adujo que, “si el Estado le cobra el impuesto a la sobretasa por el inmueble donde se hacen los cultos, los miembros de la iglesia tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para la Iglesia, lo que es contrario a la equidad. (Esta justificación también la dio la Iglesia Católica para justificar la exención tributaria a los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios). Existe una discriminación por omisión de trato igual entre las diversas colectividades religiosas en materia de exenciones tributarias.” En esa medida, a su juicio, si existe una afectación a sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad de cultos. 2.3. SEGUNDA INSTANCIA: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA Mediante sentencia del 26 de febrero de 2014, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 6 Civil del Circuito de esa ciudad. Consideró que “si bien es cierto que es deber del Estado otorgar el mismo trato tributario a las distintas confesiones religiosas e iglesias, también lo es que la posibilidad de exonerar a la accionante de la sobretasa cobrada únicamente radica en cabeza del Congreso de la República, previa proposición del Gobierno. Considera el Tribunal que si la Corporación Autónoma atendió de manera adversa la solicitud de exención del accionante, ello obedeció a las razones expresas. En otras palabras, la respuesta negativa de eximir a la demandante del referido pago, se sustentó en la falta delos presupuestos constitucionales de la exención, tema en el cual no hay injerencia alguna de las autoridades judiciales, pues, se itera, el mismo ha quedado bajo el resorte exclusivo del órgano legislador.” Así las cosas, concluyó que la exoneración solicitada no era viable por vía de tutela, habida cuenta que se trata de una facultad exclusiva del legislador. 3. PRUEBAS DOCUMENTALES Se encuentran en el expediente las siguientes pruebas documentales relevantes: 3.1. Fotocopia de la respuesta de la Corporación Autónoma accionada al derecho de petición elevado por el señor Mario Ríos Jiménez (folios 4 y 5 C. 1). 3.2. Fotocopia del derecho de petición elevado por el señor Mario Ríos Jiménez (folio 6 C.1). 3.3. Fotocopia de la Resolución No. 2374 del 30 de noviembre de 2011, mediante la cual se reconoce personería jurídica especial a la entidad religiosa Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo (folios 7 y 8 C.1) 4. ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN 4.1. Mediante auto del 12 de agosto de 2014, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el presente asunto, el magistrado sustanciador solicitó las siguientes pruebas: “Primero.- ORDENAR que por Secretaría General se oficie, por el medio más expedito, al accionante para que en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión si ha realizado gestiones ante las autoridades competentes para lograr la exoneración en el pago del impuesto de la sobretasa ambiental. En caso afirmativo, INFORME el estado en que se encuentra su solicitud.” 4.2. El señor Mario Ríos Jiménez no dio respuesta al requerimiento dentro del término otorgado. 5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 5.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala Séptima y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. 5.2. PROBLEMA JURÍDICO En la presente ocasión, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad religiosa de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, representada legalmente por Mario Ríos Jiménez, al no ser exonerada del pago del impuesto a la sobretasa ambienta por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a pesar de no ser la entidad encargada de crear o conceder exenciones, teniendo en cuenta además, que en la actualidad la iglesia Católica sí se encuentra exenta del mencionado pago. Para el efecto, se reiterará la jurisprudencia sobre la laicidad del Estado y la igualdad de las distintas iglesias y confesiones religiosas ante la ley. Posteriormente, analizará si en el presente caso la Corporación Autónoma accionada, con su actuación, ha desconocido el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 Superior. 5.3. EL ESTADO LAICO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 5.3.1.Uno de los principios característicos de la nueva Carta Política es el de la laicidad del Estado Colombiano. En Estados pluralistas como el nuestro, este principio garantiza el respeto por las diferencias, el cual comprende “tanto la libertad práctica de comportarse de acuerdo con las prescripciones de la propia conciencia, como la exigencia de igualdad o no discriminación entre los individuos en función de cuáles sean sus ideas morales o religiosas”.[1] Al hacer una comparación con la Constitución anterior, aunque en ningún artículo de la Carta Política se establece de manera expresa que Colombia es un Estado laico, ello se puede inferir de su texto, en cuanto la jurisprudencia ha entendido que es un Estado carente de “doctrina oficial en materia religiosa”, en desarrollo de sus funciones “no cabe la promoción, patrocinio o incentivo religioso”, pues esto implicaría un favorecimiento contrario al papel que debe jugar la actividad pública respecto de las confesiones religiosas. En este sentido la Corte, en una interpretación sistemática del tema, manifestó en la sentencia C-350 de 1994: “En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”[2]. (Subrayado fuera de texto). En esa misma providencia, se manifiesta más adelante: “Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico”[3]. (Subraya fuera del texto original). Lo anterior ya se había establecido por esta Corporación al estudiar la ley que otorgaba el carácter de festivo a ciertos días especiales para la religión católica, oportunidad en la que se expresó lo siguiente: “Introduce la Carta de 1991 una diferencia fundamental, en el tratamiento de la libertad religiosa y de cultos, con la Constitución de 1886, por las alusiones que el artículo 53 de este último hacía la moral cristiana, y la imposibilidad de que otros cultos fuesen contrarios a la misma. De otra parte al haber desaparecido el preámbulo de la Carta que fuera aprobado en 1957, se consolida la igualdad de religiones, cultos e iglesias de manera plena. Como contrapartida, se estableció un Laicismo de Estado, que otorga a éste una función arbitral de las referencias religiosas, de plena independencia, frente a todos los credos. En especial, la autonomía estatal para expedir las regulaciones laborales de los días festivos, eliminando la posibilidad de que la Iglesia, como antaño, pudiese intervenir en dicho proceso. De suerte que el principio de autonomía eclesiástica sobre materias canónicas, que pudieran derivarse de la anterior constitución, quedó eliminado por el nuevo texto superior y como lo sostuvo la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena del 7 de junio de 1984, no implicaba tampoco en ese Régimen, ‘la dependencia del Estado respecto de los mandatos unilaterales y post-concordatarios de la Iglesia’”[4]. (Negrilla ausente en texto original) 5.3.2.En conexión con el principio establecido en el artículo 1º de la Constitución, el artículo 19 Superior consagra la libertad de cultos como derecho fundamental protegido en nuestro ordenamiento jurídico, “el cual nutre su significado con el silencio que el constituyente guardó respecto de privilegios a alguna iglesia”.[5] La citada disposición establece “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.” Del contenido de dicha norma se derivan tanto una garantía cierta y determinada para las personas como un deber para el Estado, relacionado con la amplitud y profundidad que las acciones que afecten la libertad religiosa puedan tener, aspecto que fue definido por la Asamblea Constituyente - y posteriormente ratificado por la interpretación que de la Constitución se ha hecho en la jurisprudencia constitucional -, acogiendo la siguiente posición: “Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos”[6] (Negrilla ausente en texto original) 5.3.3.Ahora bien, tal como se indicó en la sentencia C-817 de 2011, la regulación constitucional ofrece dos conceptos centrales que deben tenerse en cuenta para resolver problemas jurídicos relacionados con la cuestión religiosa a saber: el Estado laico o secular y el pluralismo religioso. En cuanto al primer concepto, en dicha providencia se señaló: “la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que la decisión del constituyente de prodigar idéntico tratamiento a todos los credos religiosos, está basado en un mandato específico, que impone al Estado un deber de neutralidad frente a esos credos e iglesias. En otras palabras, ante el hecho religioso el Estado Constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte de las libertades individuales, pero a su vez, merced de la norma constitucional que proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de culto, con el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa. Esta conclusión está consolidada en la jurisprudencia constitucional desde los primeros fallos que analizaron el tópico. Así por ejemplo, en la sentencia C-350/94, varias veces reseñada, se explicitó como “…[l]a laicidad del Estado se desprende entonces del conjunto de valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. En efecto, un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones (CP arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado ya que, como lo señaló el Constituyente Horacio Serpa Uribe, la referencia de que ninguna confesión tendría el carácter de estatal hubiese sido necesaria con el preámbulo de la Constitución de 1886 que contenía el reconocimiento de la religión católica, pero "si eso va a ser eliminado y no hay cláusulas en la carta que otorguen privilegios a la religión católica podría suprimirse esa referencia"[7]. En fin de cuentas, en la Constitución de 1991 la unidad nacional se funda en el pluralismo y es el resultado de la convivencia igualitaria y libre de los más diversos credos y creencias en los diferentes campos de la vida social, mientras que en la Constitución de 1886, esa unidad nacional tenía como base esencial el reconocimiento de la preeminencia del catolicismo como religión de toda la nación. || Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.”. Adicionalmente, esta sentencia fue expresa en afirmar que las conclusiones a las que arribaba no eran novedosas para esa etapa de la jurisprudencia constitucional, puesto que se limitaban a reafirmar y sistematizar consideraciones que en idéntico sentido habían sido planteadas en los fallos T-403/92,[8] C-568/93[9] y C-088/94.[10]” Respecto del pluralismo religioso, en la citada providencia, la Corte sostuvo que este principio cuenta con un contenido y alcance concreto, no obstante estar relacionado con el concepto de Estado Laico. Sobre el particular sostuvo: “De acuerdo con esa garantía constitucional, que se deriva del principio democrático pluralista, al igual que del derecho a la igualdad y del derecho a la libertad religiosa, las diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Por ende, no resultan admisibles medidas legislativas o de otra índole que tiendan a desincentivar, y menos conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja, contra las personas o comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda dimensión trascendente. Cada una de estas categorías es aceptada por el Estado Constitucional el cual, en tanto tiene naturaleza laica y secular, reconoce y protege dichas legítimas opciones, todas ellas cobijadas por el derecho a la autonomía individual y a la dignidad humana. Esta argumentación es avalada por la jurisprudencia constitucional, la cual es consistente en afirmar que “…el carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas”[11] Es por esta misma razón que el artículo 13 de la Constitución, incorpora dentro de los criterios sospechosos de discriminación a la religión. De acuerdo con esa previsión, se presume la inconstitucionalidad de las medidas legales y administrativas que confieran un tratamiento distinto entre personas y situaciones de hecho, que esté fundada exclusivamente en la pertenencia a un credo particular o la negativa a practicarlo. Ello debido a que esa actuación estatal es abiertamente contraria a su naturaleza laica y al contenido y alcance del pluralismo religioso.” 5.3.4.De otra parte y sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad, no impiden que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa. No obstante, estas medidas deben cumplir determinadas condiciones para que resulten válidas desde la perspectiva constitucional. En primer lugar, la disposición deberá ser susceptible de concederse a otros credos, en igualdad de condiciones.[12] En segundo término, el Estado no puede ignorar las prohibiciones constitucionales señaladas por esta Corte en la sentencia C-152 de 2003[13]: “[e]stos criterios cumplen la función de trazar la línea entre lo permitido y lo prohibido en este campo. Así, está constitucionalmente prohibido no solo 1) establecer una religión o iglesia oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas.” 5.3.5.De manera que, la validez o constitucionalidad de una medida estatal está sujeta a que en el caso concreto se identifique un criterio secular que la justifique, toda vez que, el desarrollo de los principios antes citados no implican “que le esté vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la Carta es que las entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y libertad por la Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía”.[14] 5.3.6.Así las cosas, es evidente que el carácter laico del Estado está estrechamente relacionado con la libertad e igualdad religiosa, lo que implica que las actividades desarrolladas por aquél, tengan una marcada naturaleza secular, es decir, que los agentes estatales deben evitar tratamientos favorables o perjudiciales a un credo particular. Por esta razón, la valoración de las funciones que el Estado realice respecto de asuntos religiosos deberá tener en cuenta la laicidad secular exigida y su vínculo con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto. Igualmente, se resalta que si bien se admite un tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas, el beneficio otorgado debe ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley. 5.4. LA IGUALDAD DE LAS DISTINTAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS ANTE LA LEY 5.4.1. De conformidad con lo expresado en líneas precedentes, los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad constitucionales prohíben la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva. De manera que, aunque se permiten tratos favorables a determinadas comunidades religiosas, la igualdad consagrada en el inciso segundo del artículo 19 Superior[15] implica que las otras confesiones tengan la posibilidad de acceder a los mismos beneficios. Este principio fue desarrollado en la Ley 133 de 1993[16], la cual, en su artículo 3, consagra que: ARTICULO 3o. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley. Al analizar la constitucionalidad de la ley, en la sentencia C-088 de 1994,[17] este Tribunal señaló respecto del citado artículo: “(…) allí se destaca que todas las confesiones e iglesias son igualmente libres ante la ley, reproduciendo el texto del inciso segundo del artículo 19 de la Carta; allí también se señala que el Estado reconoce la diversidad de creencias religiosas, y se advierte que estas creencias religiosas no pueden constituir motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. Desde luego, una consecuencia del derecho a la libertad religiosa es la igualdad entre todas las religiones y cultos y de los individuos en relación con ellos; empero, la igualdad en esta materia no significa uniformidad absoluta, sino que no se produzca discriminación, ni molestia por motivos religiosos o de creencia y culto. Se trata de reforzar las garantías sobre el ejercicio de los derechos fundamentales con los que de diversos modos se relaciona esta libertad, y de destacar que todos los individuos deben gozar de los derechos constitucionales, sin más limitaciones que las establecidas dentro del ordenamiento jurídico en relación con los derechos de los demás; igualmente, se advierte que el ejercicio o práctica de una o de otra religión o creencia religiosa, no puede en ningún caso servir de causa o razón para afirmar o argumentar fórmula alguna de restricción, discriminación o desigualdad.” Así, esta condición igualitaria presupone para el Estado que (i) el ordenamiento jurídico “funja como receptor-difusor de dicho principio y resistencia-refractaria ante cualquier asomo de discriminación que por razones de origen religioso se pretenda implantar”[18] y (ii) los poderes públicos, en ejercicio de sus facultades, estén subordinados al ordenamiento jurídico, encaminados hacia su respeto y protección, a fin de promover las condiciones para que la igualdad jurídica que se predica de las confesiones religiosas sea de orden material, real y efectivo. En ese entendido, tanto la expedición, interpretación como la aplicación de las disposiciones que desarrollen aspectos atinentes a la libertad religiosa y de culto, deberá procurar la efectividad del principio de igualdad y contrarrestará cualquier situación contraria al mismo. De manera que, en caso de que un precepto contenga un trato desigual injustificado, el mismo sería inconstitucional al desconocer el principio de igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. 5.4.2. Bajo ese entendido, al analizar la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974 "Por la cual se aprueba el Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973”, la Corte en sentencia C-027 de 1993[19] declaró exequible entre otros el artículo I del Concordato que considera a la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y manifestó que esta “declaración no impide que otras confesiones religiosas, si así lo convinieren con el Estado colombiano, también manifiesten que se ponen al servicio de esta comunidad, como elemento dispensador de bienandanza, ventura y progreso”. Sin perjuicio de lo anterior, en esa misma sentencia la Corte declaró inexequibles varios artículos del Concordato que contradecían el principio de igualdad que la Constitución reconocía a las iglesias y confesiones religiosas. A manera de ejemplo se pueden citar los artículos XI y XII del Concordato. Respecto del primero de ellos (artículo XI), que establecía que “el Estado contribuirá equitativamente, con fondos del presupuesto nacional, al sostenimiento de planteles católicos” a juicio de la Corte esta disposición vulneraba, además de la prohibición constitucional de decretar auxilios o donaciones a favor de personas de derecho privado señalada en el artículo 355 Superior, la igualdad entre las diferentes iglesias o confesiones religiosas. Al respecto, sostuvo la Corporación que “el artículo XI contempla un trato preferencial para los hijos de familias católicas, con lo cual se desconoce el principio de igualdad en que la Constitución coloca a todas las religiones (art. 19 inc. 2°) y ello, no obstante se reconozca el hecho social-religioso palmario de ser la Iglesia Católica la de la inmensa mayoría del pueblo colombiano.” El artículo XII por su parte, contempla la obligación por parte del Estado de incluir en los pénsumes de educación primaria y secundaria de los establecimientos oficiales la enseñanza y formación religiosa según la trayectoria de la Iglesia y ello, teniendo en cuenta el derecho de la familia católica a que sus hijos reciban educación religiosa. En criterio de la Corte, esta disposición desconocía la libertad religiosa, razón por la que consideró que “Dentro de la reglamentación legal que habrá de expedirse al efecto, a la Iglesia Católica habrá de dársele el espacio religioso en los establecimientos del Estado, lo mismo que a las demás religiones, dejando en todo caso en libertad a los estudiantes que no quieran recibir instrucción religiosa alguna, con lo cual se conseguiría colocar en el mismo plano de igualdad a todas las confesiones pues se satisfaría el interés religioso de los estudiantes según sus propias creencias y no se obligaría a nadie a recibir cátedra religiosa.” 5.4.3. En virtud de este principio de igualdad ante la ley de las comunidades religiosas, ciertas preferencias otorgadas a la Iglesia Católica han sido extendidas también a otras iglesias. En la precitada sentencia C-027 de 1993, la Corte declaró exequible la excepción al servicio militar por parte de los ministros de una iglesia bajo la condición de que la misma se extienda también a todos las confesiones religiosas reconocidas. Al respecto señaló que tal eximente del servicio militar “para preservar el principio de igualdad de las religiones, ha de extenderse a las demás confesiones religiosas organizadas respecto de sus ministros y clérigos.” Posteriormente, en la sentencia C-088 de 1994, al analizar el capítulo III de la Ley 133 de 1994 que habla “De la personería jurídica de las Iglesias y Confesiones Religiosas” la Corte indicó: “Así, es claro que la personería jurídica de que se trata, se reconocerá, en la generalidad de los casos, cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos, y no se vulneren los preceptos de la ley, salvo el caso de la Iglesia Católica, cuyo régimen aún se rige de conformidad con lo dispuesto por el Concordato, dadas las condiciones especiales en las que se desarrolló y desarrolla en Colombia la relación entre las dos potestades. Esto no obsta para que, como se verá más adelante, entre las restantes iglesias, confesiones religiosas, federaciones, confederaciones de estas y asociaciones de ministros, se celebren acuerdos para efectos de establecer mecanismos similares más fluidos de entendimiento jurídico, en materias como la del reconocimiento de la personería jurídica especial para sus entidades internas, como sucede con la Iglesia Católica Romana; la igualdad a la que se refiere la Constitución en esta materia, como se advirtió más arriba, no consiste en desconocer las realidades y las distintas situaciones históricas bastante consolidadas, como la que ocurre con el régimen concordatario colombiano, sino en evitar que se establezcan discriminaciones por razón del credo, la fe o el culto, lo cual no sucede al reconocer la vigencia del régimen de derecho internacional”. En sentencia C-609 de 1996[20] este Tribunal declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de Cardenales y Obispos consagrado en el artículo 287 del Decreto 2700 de 1991, pero afirmó que dicho trato especial abarca también a miembros de igual rango de otras iglesias. Sobre el particular expresó: “La norma en cuanto tiene que ver con los "cardenales, obispos o ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones", responde al propósito constitucional de brindar protección a las diferentes iglesias y confesiones, protección que, de manera singular, se concreta en la persona de sus máximos jerarcas o ministros, que normalmente gozan de un amplio reconocimiento social vinculado no a su condición individual sino a la trascendencia de sus labores pastorales, de cuyo cabal cumplimiento no deben ser distraídos, ya que, por la importancia de esas funciones, las tareas que cumplen son parte esencial del derecho a difundir la respectiva religión. La prerrogativa contemplada no comporta el compromiso del Estado con una específica religión, sino apenas el reconocimiento de la trascendencia social del fenómeno religioso en sus variadas manifestaciones, situación que, sin desconocer el carácter laico de la organización política, se acompasa muy bien con su naturaleza democrática y pluralista. No se introduce un injustificado privilegio, pues no se atiende a la persona del jerarca o ministro, sino a las tareas ligadas a la relevancia del cargo que estas personas ocupan dentro de la organización religiosa de que se trate. La medida que se adopta es adecuada y tampoco sacrifica principios y derechos constitucionales, por cuanto se preserva el deber de rendir la declaración que puede ser controvertida en ejercicio del derecho de defensa que asiste a los sindicados. No resulta contraria al derecho a la igualdad, puesto que alude a todas las confesiones religiosas y no a una sola con exclusión de las demás y también porque halla justificación en la especial protección que la Carta dispone en favor de las actividades religiosas, integrantes de una realidad social insoslayable.” En la sentencia C-478 de 1999[21] la Corte, al estudiar la causal de aplazamiento del servicio militar por “(h)aber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa” contenida en el artículo 29 de la Ley 48 de 1993, declaró su constitucionalidad condicionada bajo el entendido de que “es exequible en la medida en que se entienda referida a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano, ya que sólo así presenta total concordancia con el ordenamiento constitucional y una plena vigencia del principio de igualdad y de la libertad religiosa y de cultos, así como de la supremacía normativa jerárquica del Estatuto Fundamental (C.P., arts. 19 y 4°.)”. De igual forma, en sentencia C-094 de 2007[22], al analizar la constitucionalidad de los artículos 222 del Código de Procedimiento Civil y 1022 del Código Civil, la Corte declaró exequibles los apartes demandados, indicando respecto de cada norma lo siguiente: “La exoneración de la comparecencia para testificar ante las autoridades judiciales, tiene una justificación razonable en la autonomía que se reconoce a las distintas iglesias para regular su organización interna y designar sus autoridades, quienes tienen un evidente reconocimiento social en razón de las tareas que cumplen en la dirección y representación de la respectiva comunidad, acorde con el propósito constitucional de garantizar el pluralismo y la libertad religiosa. (…) De manera particular, destaca la Sala el precedente establecido en la sentencia C- 609 de 1996, la cual declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de cardenales y obispos en los procesos penales, establecido en el artículo 287 del Decreto 2700 de 1991 (C.P.P.), en razón a que dicho trato se hizo extensivo, por la propia disposición acusada, a los “ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones”. No encuentra la Sala razones poderosas que la induzcan a cambiar el precedente específico sentado en la citada decisión por lo que procederá a su reiteración declarando que el trato exceptivo que la ley le otorga a los “arzobispos y obispos” debe concederse también a los ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado colombiano.” (…) “el significado de la expresión “iglesia parroquial” del inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, no se reduce al lugar de culto de la confesión católica, si no al de cualquier iglesia o confesión religiosa entendida en un ámbito territorial específico, conforme a la organización interna que determine libremente la respectiva comunidad religiosa. Esto significa que la excepción prevista en el artículo 1022 del Código Civil para poder recibir herencia o legado, se predica de todas las iglesias y confesiones ubicadas en el domicilio de testador, y como tal, la norma resulta compatible con los principios del pluralismo, la libertad religiosa e igualdad de todas las iglesias y confesiones religiosas, consagrados en la Constitución.” Igual protección ha otorgado este Tribunal frente a beneficios de los que gozan algunas confesiones, no necesariamente la católica, en diversos ámbitos. Por ejemplo, en sentencia T-376 de 2006[23], al estudiar un caso en el que el accionante pretendía que se le asignara un lugar adecuado dentro del centro carcelario y un horario para el desarrollo de las actividades religiosas de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional a la que pertenecía, la Corte consideró que las autoridades del penal debieron “destinar los espacios de tiempo y lugar adecuados a tal fin, en igualdad de circunstancias con las demás confesiones religiosas que tienen reconocido este derecho en ese establecimiento. En efecto, esta obligación de colaborar en tal sentido con el interno aquí demandante provenía de la realidad constitucional según la cual la libertad religiosa en el Estado Social de Derecho no tiene un reconocimiento meramente formal, sino que, implica una obligación en cabeza de las autoridades de hacer lo posible para que su ejercicio y disfrute sea efectivo y realmente factible; más aún tratándose de autoridades carcelarias, respecto de las cuales los reclusos están en situación de especial sujeción.” 5.4.4. Ahora bien, este principio de igualdad ante la ley de las diferentes confesiones religiosas se ha aplicado en el ámbito de las exenciones tributarias. En la sentencia C-027 de 1993, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo XXIV del Concordato que exceptúa del pago de impuestos a los edificios de culto, curias diocesanas, casas episcopales y seminarios. En aquella oportunidad, consideró esta Corporación que resultaría inequitativo exigir el cobro de tales tributos a las iglesias que sostienen sus lugares de culto con dineros de los feligreses, puesto que estos tributan ya por su propio patrimonio, de forma que de aceptarse el gravamen sobre los inmuebles de la respectiva congregación se estaría consagrando un doble tributo. Para preservar el principio de igualdad, la Corte indicó que “La exención se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral. Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, mas con el propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes indicados.” Posteriormente, en la sentencia T-352 de 1997[24], la Corte concedió el amparo del derecho a la igualdad solicitado por la Iglesia Cristiana “Casa de la Roca” afectado con la actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas –DIAN– que la obligaba a presentar declaración de ingresos y patrimonio, mientras que, argumentaba, la Iglesia Católica estaba exenta de tal deber. En el caso concreto, la Sala de Revisión consideró que tal diferencia de trato no superaba ninguno de los requisitos del examen de igualdad, en particular, no buscaba un interés público o constitucional imperioso, con lo que se configuraba una discriminación injusta en contra de las iglesias distintas a la católica. De esta forma, ordenó, en virtud del principio de igualdad de las distintas confesiones religiosas, eximir a la iglesia accionante de tal obligación. En posterior ocasión, en sentencia T- 269 de 2001[25] se estudió la solicitud de un ministro de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Colombia, con sede en la ciudad de Bucaramanga encaminada al reconocimiento de la exención del pago de la sobretasa ambiental, en las mismas condiciones de la Iglesia Católica. El amparo deprecado fue negado por considerar que el ministro no podía, en desmedro de la autonomía de su iglesia, atribuirse la representación de una iglesia que no había celebrado un acuerdo para entablar y regular sus relaciones con el Estado, ni había solicitado expresamente a través de su representante legal, el otorgamiento de beneficios tributarios en igualdad de condiciones con otras iglesias. No obstante, esta Corporación reiteró el criterio de igualdad de las distintas iglesias frente a la ley e indicó que: “Si bien le asiste razón al demandante en el sentido de que el Estado debe dar igual tratamiento tributario a las diferentes confesiones religiosas e iglesias, lo cierto es que, tratándose de exenciones de tasas nacionales existen requisitos constitucionales que impiden un reconocimiento de facto por parte de la Corte Constitucional en sede de tutela. Quién debe proponer la exención (el gobierno), quién debe crearla (el congreso), quién puede hacerse acreedor a la exención (sólo confesiones religiosas e iglesias) y cómo debe ella tramitarse o aceptarse (acuerdo o convenio entre la respectiva colectividad religiosa y el gobierno), son condiciones constitucionales que no es posible pasar por alto sin malinterpretar la decisión de la Corte Constitucional. 16. El legislador colombiano ha cumplido parcialmente con la obligación constitucional de extender a otras confesiones religiosas e iglesias los beneficios otorgados por el Concordato y la Ley 20 de 1974 a la Iglesia Católica. Ello ha sido así al otorgar exenciones sobre ciertos impuestos, como cuando el artículo 23 del Estatuto Tributario dispuso que las asociaciones religiosas de cualquier credo no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, mientras subsiste una obligación desigual para las iglesias distintas de la Católica respecto a otras cargas tributarias.” En ese entendido, concluyó la Corte que “el Congreso debe crear un marco jurídico que asegure la igual libertad de todas las iglesias y confesiones religiosas, lo cual comprende reconocer las exenciones tributarias a que tienen derecho, como lo dispuso la Corte Constitucional el condicionar la exequibilidad del Concordato y como se lo propuso el Congreso al aprobar el proyecto de ley estatutaria sobre libertad religiosa”. En la sentencia T-700 de 2003[26] la Corte analizó la solicitud de tutela instaurada por un Pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del municipio de San Joaquín, quien consideró vulnerados sus derechos a la igualdad y a la libertad de cultos, por el Concejo de dicho municipio, al no exonerar del pago del impuesto predial a dicha iglesia sobre un bien de su propiedad, como lo había hecho con la Iglesia Católica. La Sala de Revisión expuso que en el caso objeto de estudio la exención diferencial del impuesto predial afectaba la profesión del culto en condiciones de igualdad entre las distintas iglesias. Al respecto, indicó que “el culto requiere un lugar de profesión, llámese a éste templo, iglesia, capilla, etc. Dentro de la práctica religiosa, el templo es el lugar de reunión de los fieles, y en esa medida es una condición necesaria para el ejercicio colectivo del culto, aspecto éste que se encuentra explícitamente protegido por el artículo 19 de la Constitución. Al gravarse la propiedad sobre los lugares de culto se está afectando la posibilidad que tienen quienes lo profesan de difundirlo, y de sus fieles para practicar los ritos. Esta afectación, por supuesto, está permitida por el ordenamiento jurídico, en la medida en que tiene como propósito atender los gastos del Estado, permitiéndole cumplir sus cometidos. En esa medida, las exenciones de las cargas tributarias que recaen sobre los lugares de culto son incentivos para la profesión de las creencias religiosas de las respectivas iglesias.” En el caso particular, concluyó la Corte que la “falta de razonabilidad del trato tributario diferente entre la Iglesia Pentecostal y la Iglesia Católica constituye un fundamento suficiente para constatar que el Concejo de San Joaquín vulneró el derecho a la igualdad entre confesiones religiosas. En esa medida, en virtud de la sola falta de razonabilidad, habría lugar a conceder la presente acción para proteger los derechos vulnerados”. 5.4.5. Así las cosas, lo expuesto en precedencia permite concluir que los tratamientos jurídicos favorables a iglesias y confesiones religiosos son permitidos siempre que garantice que dichos beneficios podrán ofrecerse a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley, en los distintos ámbitos tales como el tributario, la objeción de conciencia al servicio militar, a la igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus asuntos, a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en establecimientos educativos públicos o privados, incluso, en la decisión de determinar de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el Estado 6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 6.1. En este caso, a juicio del accionante, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga vulneró el derecho a la igualdad de la iglesia que representa, al no conceder la exención del pago del impuesto de la sobretasa ambiental correspondiente a los años 2012 y 2013. Lo anterior, teniendo en cuenta que la iglesia católica sí está exonerada de tal gravamen. Como consecuencia de lo anterior, solicita se ordene a la corporación accionada que lo exima del pago del impuesto de sobretasa ambiental y efectúe la devolución de los dineros pagados durante la vigencia 2013. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga indica que no existe la afectación alegada, toda vez que ella no es la entidad correspondiente de efectuar la exención tributaria solicitada. Al respecto señala que, al ser la sobretasa un tributo de orden legal y nacional, es el legislador el que debe establecer las exenciones al cobro del mismo. Que en caso de la iglesia católica, es la Ley 20 de 1974 la que contempla la exoneración. 6.2. Bajo este contexto, debe la Sala resolver el problema jurídico y establecer si la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con su actuación, ha desconocido el principio de igualdad de confesiones e iglesias religiosas, a pesar de no ser la entidad encargada de crear o conceder exenciones a tributos de orden nacional. 6.2.1. Como se expuso en precedencia, el principio de igualdad de iglesias no impide que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa. No obstante, tal medida debe ser susceptible de concederse a otros credos en igualdad de condiciones para que resulte válida desde la perspectiva constitucional. Así, en la expedición, interpretación y aplicación de disposiciones relacionadas con la libertad religiosa y de culto la autoridad pertinente debe procurar la efectividad del principio de igualdad y neutralizar cualquier situación contraria al mismo. De manera que, si un precepto contiene un trato desigual injustificado el mismo sería inconstitucional al desconocer el principio de igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. 6.2.2. En esta oportunidad, se está cuestionando el gravamen establecido por el legislador en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual dispone: “Artículo 44º.- Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Modificado el art. 110, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. Art. 44 incisos 1, 2, 3, 5, 6 y sus parágrafos declarados Exequibles sentencia C 305 de 1995. Corte Constitucional. El Decreto Nacional 141 de 2011 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-276 de 2011 Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente Ley. Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación. Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece. (…)” Este impuesto, de conformidad con lo analizado en la sentencia T-269 de 2001, “es una renta nacional, recaudada por los municipios con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, equivalente a un porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial que se transfiere a las corporaciones autónomas regionales y municipales y cuya exención sólo puede ser tramitada mediante ley del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Carta”. 6.2.3. En el caso particular de la iglesia católica, fue el legislador, a través de la Ley 20 de 1974, el que la eximió de pagar esta sobretasa. Esta disposición fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-027 de 1993, declarando la constitucionalidad de la norma, en el entendido que tal “exención se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral. Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrá...