Sentencia T-614 de 2017

T-614-17 Sentencia T-614/17 ACCION DE TUTELA PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos de procedencia excepcional EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Naturaleza jurídica Las Empresas de Servicios Temporales, por regla general, ostentan la condición de empleador respecto a los trabajadores en misión; los trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las Empresas Usuarias por un periodo de 6 meses prorrogable por máximo 6 meses más, sus funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo; (b) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; (c) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios; cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios del trabajador en misión de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en procura del respeto de los derechos laborales y prestaciones; el incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de estos derechos ante este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que a la Empresa Usuaria le pueden asistir deberes laborales frente al trabajador. RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Definición ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS QUE OCUPAN EMPLEOS DE CARACTER TEMPORAL-Orden a Empresa reintegrar a trabajadora a un cargo donde pueda seguir desempeñando sus labores de acuerdo con las recomendaciones hechas por su médico tratante Referencia: Expediente T-6.182.102 Demandante: María Torcoroma Alvernia Lobo Demandado: Optimizar Servicios Temporales S.A. En liquidación. Vinculación en trámite: Empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72 y Nueva EPS Magistrado Sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En la revisión del fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Norte de Santander, el 9 de febrero de 2017, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Torcoroma Alvernia Lobo contra la empresa Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación y, por ende, revocó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona (Norte de Santander), el 18 de enero de 2017, en la que se había concedido transitoriamente el amparo. I. ANTECEDENTES 1. La solicitud El 13 de diciembre de 2016, la señora María Torcoroma Alvernia Lobo presentó acción de tutela contra la empresa Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al mínimo vital y a la salud. Lo anterior, debido a que la empresa terminó unilateralmente su contrato de trabajo sin previo aviso, sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo a pesar de que para la fecha del despido se encontraba incapacitada. 2. Hechos relevantes 2.1. La accionante manifiesta que trabajó para la Empresa Servicios Postales Nacionales S.A., sede Pamplona (Norte de Santander) durante 6 años a través de diferentes empresas de servicios temporales, por medio de contrato por obra o labor determinada. Inicialmente, (i) a través de la Temporal Organización Servicios y Asesorías S.A.S., desde el 18 de marzo de 2010, hasta el 17 de marzo de 2011; (ii) por medio de la Temporal Sertempo Bogotá S.A., desde el 18 de abril de 2011 hasta el 11 de octubre de 2012; y (iii) mediante Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2016. 2.2. Señala que durante la prestación de sus servicios a la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. se desempeñó como líder operativo, coordinadora de su puesto de trabajo y asistente de procesos nivel 3, cargos en ejercicio de los cuales desarrollaba funciones correspondientes al giro ordinario de esta empresa. 2.3. El 31 de mayo de 2016 sufrió un accidente cuando se dirigía a su lugar de trabajo, el cual le ocasionó, según su médico tratante, un esguince en su rodilla derecha y, en virtud de ello, le fue prescrita una incapacidad por el término de 25 días. Al día siguiente, 1º de junio de 2016, intentó presentar la constancia de su incapacidad en su oficina, no obstante esta no le fue recibida, se le explicó que por disposición de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. ella, al igual que otros trabajadores en misión, fueron “devueltos” a Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación. Advierte que puso en conocimiento del Personero Municipal lo ocurrido, quien se hizo presente en la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. y, al constatar lo dicho por la demandante, dejó constancia de ello mediante certificación expedida el 2 de junio de 2016. 2.4. Ante esta situación, solicitó a la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. la orientación para el pago de la incapacidad, entidad que le explicó que debía dirigir sus peticiones a Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación. Bajo esta instrucción, la demandante remitió a la empresa de servicios temporales la incapacidad y solicitó orientación acerca de su situación laboral. Proceder en virtud del cual tuvo conocimiento que esta empresa se encontraba en proceso de liquidación. 2.5. Advierte que la terminación de su contrato de trabajo fue tácita, no se le notificó, tuvo conocimiento de esta el 1º de junio de 2016 cuando intentó poner en conocimiento de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. que se encontraba incapacitada. 2.6. Aduce que le asiste derecho a la estabilidad laboral reforzada por cuanto al momento en que se terminó su vínculo laboral se encontraba incapacitada y, sin embargo, no se solicitó la autorización del Ministerio de Trabajo para su despido. A lo que agrega que sus problemas de salud continúan por cuanto al terminar su vínculo laboral, los servicios de salud fueron suspendidos y no le fue posible continuar con el tratamiento de su rodilla ni de otros adicionales derivados de dolencias en su mano derecha, ya que, antes de terminar el contrato, también tenía prescrita una “tenosinovitis inflamatoria”. 2.7. Finalmente, pone en conocimiento que es madre cabeza de familia, a cargo de su hija de 24 años de edad, a quien no le ha sido posible ubicarse laboralmente y su nieto, de 2 años de edad, a lo que se suma que tiene pendiente el pago de un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro, cuyas cuotas, desde que fue desvinculada las viene pagando con créditos adicionales adquiridos con particulares. 3. Pretensiones La demandante solicita que, por medio de la acción de tutela, le sean amparados sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud y, en consecuencia, se ordene primero, el reintegro al trabajo que venía desempeñando o a uno de igual o mayor jerarquía, segundo, el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido, tercero, realizar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, pendientes desde el momento de la desvinculación y hasta cuando se haga efectivo su reintegro laboral y, cuarto, el pago de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 4. Pruebas En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes: - Copia de certificados expedidos el 15 de abril de 2010 y 11 de marzo de 2016 por la Organización Servicios y Asesorías S.A.S, en el primero, se deja constancia de que la demandante laboraba como trabajadora en misión a través de esa temporal en la Empresa de Servicios Postales Nacionales. En el segundo, se deja constancia de que la accionante prestó sus servicios como trabajadora en misión, mediante contrato por obra o labor determinada, en el cargo de líder de punto operativo, desde el 18 de marzo de 2010, hasta el 17 de marzo de 2011 (Cuaderno 2, folio 16). - Copia de certificado emitido el 14 de diciembre de 2011 por la Temporal Sertempo Bogotá S.A., según el cual la demandante prestó sus servicios como trabajadora en misión, mediante contrato por obra o labor determinada, en el cargo de coordinadora de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., desde el 18 de abril de 2011. Para la fecha en que se expidió el certificado, el contrato estaba vigente (Cuaderno 2, folio 15). - Copia de certificado librado el 13 de enero de 2017 por la Temporal Optimizar Servicios Temporales S.A., de acuerdo con la cual la tutelante demandante prestó sus servicios como trabajadora en misión, mediante contrato por obra o labor determinada, en el cargo de asistente de procesos nivel 3, desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2016 (Cuaderno 2, folio 113). - Acta de entrega de puesto de trabajo, otorgada a ella cuando comenzó a cumplir funciones para la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., en el cual se lee “Modelo estándar de acta de entrega (…). Lugar y fecha de entrega, Pamplona, 31 de marzo de 2010. Intervienen María Torcoroma Alvernia Lobo y María Cristina García Piedrahita. Asunto: Trata de la entrega del cargo jefe de oficina por parte del empleado María Cristina García Piedrahita, al empleado María Torcoroma Alvernia Lobo líder operativa entrante”. Entre las funciones diarias se señaló: - “Realizar el arqueo de estampillas, maquina flanqueadora y efectivo de las ventanillas de contado, licencia de crédito y franquicia. - Realizar el recibo de caja correspondiente a la venta de contado; registrar diariamente la venta en el libro de control de caja de producto de la oficina; - Realizar la consignación del efectivo en el banco Bancolombia diariamente; - Revisar la liquidación de las planillas de licencia de crédito y franquicia diario e ingresarlo al archivo correspondiente magnético; - Realizar el movimiento diario financiero; - Ingresar los postexpress, notiexpress a la base de datos de contado y crédito diariamente; - Auditoria una vez a la semana al proceso de distribución; - Registrar el movimiento de las maquinas franqueadoras en las libretas a lapicero; - Realizar la auditoria de isolución de admisión; - Control de los horarios del personal de la oficina”. (Cuaderno principal, folios 38 al 47). - Copia de carnets de la accionante, en la cual se la identifica como “líder operativo” de la Empresa de Servicios Postales Nacionales (Cuaderno principal, folio 31). - Copia de carnet de la accionante, en la cual se la identifica como “coordinadora de oficia” de la Empresa de Servicios Postales Nacionales (Cuaderno principal, folio 32). - Copia de correo electrónico enviado el 7 de mayo de 2015 a “pamplona oriente”, con copia a la accionante, en la cual se la identifica a esta como “asistente de procesos nivel 3”, se señala entre sus funciones “recibir franquicia y el crédito: lo admite, le pega la guía y hace el despacho hacia Cucuta”. Seguidamente, se indica “(e)l horario establecido para PDV es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a pm” (Cuaderno principal, folio 35). - Memorandos enviados a la accionante por la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. por medio de oficios y correos electrónicos a través de los cuales le dieron diferentes instrucciones para el ejercicio de sus funciones entre el año 2010 y 2016 (Cuaderno principal, folios 51 al 127). - Copia de oficio enviado, el 27 de mayo de 2016, por la Directora de Gestión Humana de la Empresa de Servicios Postales Nacionales a la empresa Optimizar Servicios Temporales S.A., a través del cual le informó lo siguiente: “teniendo en cuenta el oficio radicado en sus instalaciones el 23 de mayo en relación a la devolución de algunos trabajadores, cordialmente me permito informarle que el personal relacionado a continuación no tendrá acceso a la entidad a partir del 01 de junio de 2016, lo anterior con el fin de que el personal sea notificado por parte de ustedes” (resaltado propio). Entre otros se mencionó a la señora María Torcoroma Alvernia Lobo (Cuaderno 2, folio 40). - Copia de correo electrónico enviado el 1º de junio de 2016 por Luis Eduardo Pulido Gualdron, Profesional de Seguridad de la Regional Oriente de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., a la funcionaria “Fabiola”, en el que se ordena no permitir el ingreso a las instalaciones de esa entidad a la señora María Torcoroma Alvernia Lobo. (Cuaderno 2, folio 39). - Copia de incapacidad médica ordenada, el 31 de mayo de 2016, a la accionante, por el ortopedista Harold Alonso Villamizar adscrito a la Nueva EPS, quien le diagnosticó a la accionante, entre otros, “contusión y esguince de rodilla derecha” (Cuaderno 2, folios 22 al 23). - Copia de dos certificados de incapacidad médica emitidos, el 31 de mayo de 2016 y el 14 de junio de 2016, por la Nueva EPS, a nombre de la señora María Torcoroma Alvernia Lobo, el primero, por el término de 15 días (Cuaderno 2, folios 17) y, el segundo, por el término de 10 días (Cuaderno 2, folio 19). - Copia de la historia clínica de la accionante expedida por la Nueva EPS, conforme con la cual padece “contusión y esguince de rodilla derecha” derivada de accidente acaecido el 31 de mayo de 2016, y la “tenosinovitis inflamatoria mano derecha” prescrita desde julio de 2015, para cuyo tratamiento se le ordenó una cirugía de tendones, pendiente de realización. La última fecha de atención fue el 1º de septiembre de 2016, por la mora en el pago y superación de los 3 meses desde el último pago (Cuaderno 2, folio 19 al 33). - Copia de certificación emitida por la Nueva EPS el 1º de diciembre de 2016, conforme con la cual María Torcoroma Alvernia Lobo está suspendida por mora superior a tres meses y se especifica como último periodo cotizado el 1º de junio de 2016 (Cuaderno 2, folio 35). - Copia de constancia emitida, el 2 de junio de 2016, por el personero municipal de Pamplona, según la cual, tras visita realizada a las instalaciones de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., se constató que a la accionante se le estaba negando el ingreso a su sitio de trabajo y no le fueron recibidas las incapacidades medicas por esta remitidas (Cuaderno 2, folio 42). - Copia de 4 oficios enviados los días 10 de junio, 7 de julio, 23 y 29 de agosto de 2016, por María Torcoroma Alvernia Lobo al señor Freddy Jaramillo, funcionario de la empresa Optimizar Servicios Temporales S.A., en los cuales se solicita brindar una indicación respecto a su situación laboral y, según se anuncia, fueron anexadas sus incapacidades médicas (Cuaderno 2, folios 42 al 55). - Copia de aviso emitido, el 24 de noviembre de 2016, por la Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se puso en conocimiento el proceso de liquidación judicial de la sociedad Optimizar Servicios Temporales S.A., admitido por Auto proferido el 16 de noviembre de 2016 (Cuaderno 2, folio 64). 5. Respuesta de la entidad accionada y de las entidades vinculadas La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona, que resolvió, mediante Auto del 14 de diciembre de 2016, admitirla y correr traslado a la entidad demandada; posteriormente, mediante Autos del 19 de diciembre de 2016 y del 11 de enero de 2017, vinculó a la Empresa de Servicios Postales Nacionales y a la Nueva EPS. Y, aunado a ello, a través del proveído del 19 de diciembre de 2016, citó para declaración sobre los hechos que motivaron la acción de tutela a la accionante, así como a las señoras Leonor Jaimes Cerveleon e Isabel Patricia Becerra Santos. 5.1. La señora María Claudia Echandía Bautista, en calidad de liquidadora de la sociedad Optimizar Servicios Temporales S.A., en Liquidación, por medio de oficio, presentado el 19 de diciembre de 2016, puso en conocimiento, primero, que la Superintendencia de Sociedades, por medio de audiencia del 16 de noviembre de 2016, ordenó la liquidación judicial de esta empresa, en razón de lo cual, se encuentra imposibilitada para ejercer su objeto social[1] y los actos desarrollados en contravención resultan ineficaces y, segundo, que a partir de la apertura del proceso liquidatario, se debieron terminar los contratos de trabajo, con el pago de la respectiva indemnización sin que exista autorización administrativa o judicial previa[2]. Lo anterior, con base en el marco jurídico del proceso de liquidación judicial, normas preferentes en este caso, frente a cualquier otra que resulte contraria[3]. En consecuencia, explicó que si la accionante se consideraba acreedora de una obligación frente a esta empresa debía solicitar su cumplimiento dentro del proceso liquidatario. En cualquier caso, respecto a las sumas que no logren a ser canceladas, se solicitó vincular en solidaridad a la sociedad de Servicios Postales Nacionales 4-72, compañía usuaria de los trabajadores en misión, para el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones y todos los rubros atinentes a la seguridad social de la accionante, conforme se debe proceder de acuerdo con el Decreto 4369 de 2006. Por último, respecto al estado de salud de la demandante, solicitó que se ordene a la Nueva EPS, suministrar la atención médica requerida y permitir el recobro ya sea al Fosyga o al proceso de liquidación concursal de la accionada. 5.2. La Empresa Servicios Postales Nacionales S.A., mediante escrito remido el 19 de diciembre de 2019, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva y se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que la demandante no es trabajadora de esta entidad, pues se desempeñó como contratista para prestar el servicio temporal de ciertas tareas o actividades, no obstante, la empresa de Servicios Temporales tuvo autonomía para el manejo del personal, en consecuencia, afirmó desconocer “a quienes la empresa contratista retira de su labor en misión”, así como “su estado físico o salud”. Preceptos tras los cuales adujo que no puede presumirse legalmente ninguna relación laboral entre la demandante y esta empresa que permita ordenar el reintegro. 5.3. La Nueva EPS, por medio de escrito presentado el 12 de enero de 2017, solicitó ser desvinculada del proceso, bajo el argumento de que carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida que las pretensiones de la demanda se centraron en los derechos laborales de la accionante. 5.4. Declaración de la señora María Torcoroma Alvernia Lobo presentada ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona, Norte de Santander, el 11 de enero de 2017 Conforme lo señalado por la actora (i) trabajó para la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. en los cargos de Líder Operativo, Coordinadora del Punto Operativo y Asistente de Procesos Nivel 3, desde el 18 de marzo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2016, por intermedio de las empresas de servicios temporales Servicios y Asesorías S.A.S., Sertempo Bogotá S.A. y Optimizar Servicios Temporales S.A.; (ii) el 1º de junio de 2016 se terminó su vínculo laboral, pues desde esa fecha se le impidió el acceso a su puesto de trabajo; (iii) para la fecha en que se terminó el vínculo laboral se encontraba incapacitada, pues el 31 de mayo de 2016 sufrió una lesión en su rodilla derecha; (iv) cuando intentó presentar su incapacidad en las oficinas de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., el 1º de junio de 2016, estas no le fueron recibidas, motivo por el cual las remitió vía correo certificado y electrónico. 5.5. Declaraciones de las señoras Leonor Jaimes Cerveleon e Isabel Patricia Becerra Santos presentadas el 17 de enero de 2017 Las señoras Leonor Jaimes Cerveleon e Isabel Patricia Becerra Santos coincidieron en manifestar respecto de la accionante que trabajaba como coordinadora para la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. desde el año 2010, de lunes a viernes, en el horario de 7 o 7:30 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm, así como los sábados, de 8 am a 1 pm. II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1. Decisión de primera instancia El Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona (Norte de Santander), mediante providencia del 18 de enero de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar probado que entre la accionante y la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. existía una relación laboral, conforme se desprende del elevado número de años que ella trabajo para esta entidad, práctica que, además, se llevó a cabo en desconocimiento de la naturaleza transitoria de los contratos celebrados mediante las empresas de servicios temporales, ya que la empresa usuaria contrató con empresas de servicios temporales “una trabajadora en misión para que desarrollara labores de carácter permanente, práctica ilegal y abusiva” que repercutió en el desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales. Situación a la que se suma que quien ordenó la terminación del vínculo laboral fue esta empresa y no la empresa de servicios temporales, según se desprende del oficio enviado por la oficina de gestión humana, el 27 de mayo de 2016, a la temporal (Cuaderno 2, folio 64). En todo caso, no se puede señalar que la demandante fue desvinculada por el proceso de liquidación de la empresa de servicios temporales debido a que la apertura de este no se determinó sino hasta el 16 de noviembre de 2016 y la terminación del vínculo laboral fue el 1º de junio de 2016. Demostrado el vínculo laboral, explicó que la accionante estaba incapacitada cuando este fue terminado y, sin embargo, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. no siguió el procedimiento determinado por la Ley 361 de 1997 para esta clase de despidos, habida cuenta que no solicitó la autorización a la oficina de trabajo ni realizó el pago de la indemnización de 180 días de que trata el artículo 26 de la mencionad ley. 2. Impugnación 2.1. Inconforme, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. impugnó el fallo de primera instancia, por medio de oficio fechado el 19 de enero de 2017, en el cual señaló que no se encuentra demostrado un eventual perjuicio irremediable, por cuanto las incapacidades en virtud de las cuales se pretendió demostrar la estabilidad laboral reforzada de la accionante, fueron temporales y no existe certeza de que se hubieran prorrogado. Por consiguiente, la demandante cuenta con la vía ordinaria para alegar sus pretensiones. Adicionalmente, enfatizó en que esta empresa no tuvo vínculos laborales con la accionante y es Optimizar Servicios Temporales S.A. el verdadero empleador. En consecuencia, adujo, no era a esta empresa a quien le correspondía terminar su vínculo laboral, situación de la que da cuenta, según informa, que esta nunca suscribió un contrato con la accionante. A lo que agregó que (i) el juez de tutela desconoció que, esta empresa, con base en su oficina de gestión humana, certificó que la accionante nunca había trabajado para esa entidad y solo fue colaboradora de la misma. Después de lo cual aseguró que (ii) el operador judicial de instancia carecía de competencia respecto a la decisión asumida y, aunado a ello, (iii) las pruebas testimoniales no debieron tenerse en cuenta por cuanto no tuvo oportunidad de controvertirlas. Situación a la que se sumó (iv) la ausencia de congruencia entre las pretensiones de la demanda y el fallo de tutela. 2.2. En vista de lo anterior, la accionante, el 25 de enero de 2017, allegó un oficio contradiciendo lo señalado por la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., en relación con la supuesta ausencia del vínculo laboral. Al respecto reiteró que había trabajado para esa entidad al menos desde hace 6 años, por intermediación de diferentes temporales, en el transcurso de los cuales incluso recibió felicitaciones por su gestión y le fueron dadas diferentes instrucciones. A su escrito anexó: - Dos oficios enviados a ella por parte de la entidad en comento, el primero en diciembre de 2010 y, el segundo en agosto de 2013, el primero contiene un agradecimiento por el servicio prestado y, el segundo, un instructivo para el pago de pensionados del servicio de la Policía Nacional, en este último se señala a la accionante como funcionaria con cargo “jefe de oficina Pamplona”. - Copia de oficio enviado, el 14 de noviembre de 2012 por la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. a la demandante, con asunto “confidencial envío de recursos de impuestos para pago de Reteica” - Copia de acta de entrega de elementos tecnológicos del 4 de febrero de 2015, a la demandante por parte de la Empresa de Servicios Postales Nacionales, quien la menciona en el documento como “Asistente de Procesos Nivel 3”. - Copia del carnet de trabajo de la accionante en la Empresa de Servicios Postales Nacionales y fotos de sus uniformes de trabajo (Cuaderno 3, folios 4 al 11). 3. Trámite y decisión en segunda instancia El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona (Norte de Santander), conoció del proceso después de la presentación del recurso de apelación. Antes de tomar la decisión decidió citar a una nueva declaración a la accionante, la cual fue realizada el 7 de febrero de 2017. 3.1. Declaración de la señora María Torcoroma Alvernia Lobo En esta diligencia se informó, además de lo señalado hasta el momento, que (i) la accionante es administradora de empresas con especialización en control interno; (ii) no le ha sido posible vincularse laboralmente debido a su situación de salud; (iii) nunca tuvo contacto con las empresas de servicios temporales por medio de las cuales se vinculó a la Empresa de Servicios Postales Nacionales 472 S.A; Sin embargo, (iv) por instrucción de esta entidad su reclamo lo dirigió a la Temporal Optimizar Servicios Temporales S.A.; (v) destacó que, además de cumplir horario, recibir remuneración e instrucciones del personal de esta entidad para el desarrollo de sus funciones normales, se encargaba de hacer mercadeo consiguiendo contratos para mantener los puntos de servicio y elevar los ingresos, así como del pago de servicios e incluso del cobro de cuentas; (vi) las dolencias en su rodilla derecha por el accidente que padeció persistente, de tal manera que debe permanecer con instrumentos de ortopedia para su cuidado. 3.2. Sentencia de Segunda Instancia Cumplido lo anterior, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Norte de Santander, por medio de Sentencia del 9 de febrero de 2017, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente el amparo. Este operador judicial advirtió que si bien, al parecer, la demandante desarrolló funciones al servicio de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. que desatendieron la naturaleza de los contratos en misión, lo cierto es que no se cumple con el requisito de subsidiariedad ni de inmediatez para la procedencia de la tutela. Lo primero, por cuanto cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para el reclamo de sus derechos y no se avizora un perjuicio irremediable debido a que sus necesidades básicas las “suple con préstamos desde que fue desvinculada del trabajo”. Adicionalmente, manifestó que la incapacidad médica de la demandante no fue prorrogada y sus servicios de salud no fueron suspendidos al momento en que finalizó el contrato de trabajo, pues hasta septiembre de 2016 fue atendida en la Nueva EPS y, aunado a ello, aunque el diagnostico persiste, puede movilizarse. Lo segundo, esto es, respecto al requisito de inmediatez, señaló que el 31 de mayo de 2016 terminó su vínculo laboral y solo hasta el 13 de diciembre de 2016 cuando presentó la tutela. III. TRÁMITE EN SEDE DE REVISIÓN DE TUTELA 1. Una vez seleccionado el proceso de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 12 de julio de 2017, en procura de aclarar los elementos facticos que motivaron la tutela y lograr un mejor proveer, solicitó diferentes elementos probatorios a las partes. 1.1. La señora María Torcoroma Alvernia Lobo, por medio de oficio fechado el 31 de julio de 2017, señaló que trabajó ininterrumpidamente para la Empresa Servicios Postales Nacionales S.A. desde el 18 de marzo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2016 y reiteró que, por su desvinculación laboral, no cuenta con afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud a pesar de que aún padece problemas en su rodilla, los cuales, por ausencia de tratamiento, le están generando molestias en su cadera. A lo que agregó que persiste el dolor en su mano derecha, respecto a la cual está pendiente una operación de tendones y que por su situación socioeconómica padece depresión. Aclaró que aún no ha sido valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. A su escrito adjuntó: - Acta de entrega de puesto de trabajo, otorgada a ella cuando comenzó a cumplir funciones para la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., en el cual se lee “Modelo estándar de acta de entrega (…). Lugar y fecha de entrega, Pamplona, 31 de marzo de 2010. Intervienen María Torcoroma Alvernia Lobo y María Cristina García Piedrahita. Asunto: Trata de la entrega del cargo jefe de oficina por parte del empleado María Cristina García Piedrahita, al empleado María Torcoroma Alvernia Lobo líder operativa entrante”. Entre las funciones diarias se señaló: - “Realizar el arqueo de estampillas, maquina flanqueadora y efectivo de las ventanillas de contado, licencia de crédito y franquicia. - Realizar el recibo de caja correspondiente a la venta de contado; registrar diariamente la venta en el libro de control de caja de producto de la oficina; - Realizar la consignación del efectivo en el banco Bancolombia diariamente; - Revisar la liquidación de las planillas de licencia de crédito y franquicia diario e ingresarlo al archivo correspondiente magnético; - Realizar el movimiento diario financiero; - Ingresar los postexpress, notiexpress a la base de datos de contado y crédito diariamente; - Auditoria una vez a la semana al proceso de distribución; - Registrar el movimiento de las maquinas franqueadoras en las libretas a lapicero; - Realizar la auditoria de isolución de admisión; - Control de los horarios del personal de la oficina”. (Cuaderno principal, 38 al 47). - Memorandos enviados a la accionante por la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. por medio de oficios y correos electrónicos a través de los cuales le dieron diferentes instrucciones para el ejercicio de sus funciones entre el año 2010 y 2016 (Cuaderno principal, folios 51 al 127). - Declaración juramentada presentada ante notario por la señora Torcoroma Peñaranda Gómez, el 31 de julio de 2017, ante la Notaría Segunda del Circulo de Pamplona, por medio del cual pone en conocimiento que conoce a la accionante por los servicios prestado en la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. y, en este momento, le adeuda $9.000.000 (Cuaderno principal, folio 151). - Copia de recibo enviado por el Fondo Nacional del Ahorro a la accionante el 5 de julio de 2017, en el cual se señala como cuota de pago $709.785 por el crédito de vivienda (Cuaderno principal, folio 180). 1.2. La Nueva EPS, por medio de oficio presentado el 1º de agosto de 2017, puso en conocimiento que la accionante se encuentra “suspendida y retirada por mora mayor a 3 meses”, y certificó que el último pago registrado a esa EPS fue en el mes de junio de 2016 (Cuaderno principal, folio 180 al 183). IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN 1. Competencia A través de la Sala Cuarta de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico Bajo los elementos aducidos, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la empresa usuaria, Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., y la empresa de servicios temporales, Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación, vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, la seguridad social y a la salud de la señora María Torcoroma Alvernia Lobo, quien fue desvinculada laboralmente sin autorización del Ministerio de Trabajo a pesar de que para entonces se encontraba incapacitada. En procura de responder este cuestionamiento, se estudiarán los temas siguientes: (i) procedencia de la acción de tutela para el reintegro y pago de prestaciones sociales; (ii) el régimen jurídico de las empresas de servicios temporales, los trabajadores en misión y las empresas usuarias. Reiteración de jurisprudencia; (iii) principio de primacía de la realidad sobre las formas; (iv) estabilidad laboral reforzada; y, finalmente, se estudiará el (v) caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela 3.1. Legitimación por activa: Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares en los casos señalados en la ley. En este sentido, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, establece lo siguiente: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos (…)”. En el presente caso, la tutela fue presentada por la señora María Torcoroma Alvernia Lobo en nombre propio en procura de lograr la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, la seguridad social y a la salud, los cuales considera vulnerados. En consecuencia, se encuentra legitimada para actuar. 3.2. Legitimación por pasiva: La acción de tutela, conforme con el artículo 86 Superior, procede contra toda autoridad pública que amenace o vulnere un derecho fundamental y contra los particulares cuando (i) se encuentren a cargo o presten el servicio público de salud; (ii) afecten grave y directamente un interés colectivo; o (iii) respecto de los cuales exista un estado de subordinación o indefensión, conforme con esta disposición y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, numerales 3º, 4º y 9º. La entidad demandada, Optimizar Servicios Temporales S.A. y las empresas vinculadas Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. y la Nueva EPS, se encuentran legitimadas para actuar por cuanto se les acusa de haber incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de la demandante. Particularmente, Optimizar Servicios Temporales S.A. es la empresa de servicios temporales con la cual la accionante firmó el último contrato de trabajo, en virtud del cual prestó sus servicios a la empresa usuaria. De acuerdo con la Ley 50 de 1990, en este tipo de casos, la empresa de servicios temporales es el empleador. Por consiguiente, en principio, esta entidad tiene obligaciones laborales con la demandante, las cuales se reclaman mediante la demanda constitucional. Iguales deberes le asisten a la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. Esta empresa fue vinculada por el Juez de Primera Instancia porque, según puso en conocimiento la accionante, primero, esta trabajó a su servicio a los largo de 6 años mediante contratos firmados con diferentes empresas de servicios temporales y, segundo, fue por discreción de tal entidad que se terminó su vínculo laboral, a pesar de que estaba incapacitada para entonces, 1º de junio de 2016. Situación que evidencia que, eventualmente, le asiste a esta empresa usuaria responsabilidad frente a los derechos laborales de la demandante por ser quien dio instrucciones para el desarrollo de funciones, se benefició de su trabajo y, al final decidió, según se alega, sobre la terminación del vínculo laboral. Es decir, conforme con lo alegado en el libelo, la accionante se encontraba frente a esta en condición de subordinación, lo que la legitima para actuar en el presente proceso. Bajo ese entendido, a pesar de que no se presentó la demanda en su contra, ni se solicitó su vinculación, era deber del juez garantizar la correcta conformación del contradictorio y su ejercicio de defensa y contradicción. Se recuerda que el juez constitucional tiene el deber oficioso de vincular a las partes y terceros interesados que puedan resultar afectados con el proceso de tutela y ese “deber oficioso del juez se aplica no solo cuando el accionante omite vincular a quien esté real o aparentemente involucrado en los hechos, sino en los casos en que aparezca otro ente que por su actividad, funciones o actos ha debido ser vinculado; es decir, cuando el juez, en el ejercicio de análisis de los hechos y las pruebas encuentra un nexo causal entre estos y las funciones u obligaciones de otra entidad”[4]. 3.3. Subsidiariedad La acción de tutela (i) se torna improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales; (ii) cuando estos existan procede transitoriamente ante la eventual consumación de un perjuicio irremediable; y (iii) procede de manera definitiva cuando no existan mecanismos judiciales para la protección de estas garantías superiores. La accionante solicita el reintegro a un cargo igual o mejor que aquel que venía desempeñando en la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., la correspondiente afiliación al Sistema de Seguridad Social, el pago de los sueldos y las prestaciones dejadas de percibir desde la fecha en que fue despedida y el pago de la indemnización por despido sin justa causa. Por regla general, la acción de tutela resulta improcedente ante este tipo de pretensiones por la existencia de otros medios de defensa judicial, idóneos y eficaces. Sin embargo, excepcionalmente, se ha reconocido el amparo, de forma transitoria o, incluso, de manera permanente cuando se trata de sujetos en condición de debilidad manifiesta[5], lo cual depende de las particularidades del caso concreto. En este sentido, se ha señalado que “el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la vía de tutela[6]. En este último caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción proceda en forma provisional, hasta tanto la jurisdicción competente resuelva el litigio de manera definitiva”[7]. En el presente caso, la acción de tutela se torna procedente como mecanismo transitorio, pues, a pesar de que la demandante cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, lo cierto es que someterla e estos puede implicar un perjuicio irremediable. Para la procedencia de la acción de amparo en estos escenarios se requiere que el perjuicio alegado debe ser “(i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”[8]. Se recuerda que, antes de la desvinculación de la accionante de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. esta sufrió un esguince en su rodilla derecha, en virtud del cual le prescribieron 25 días de incapacidad y el correspondiente tratamiento médico. Lo anterior ha implicado, según esta manifiesta, la amenaza de sus derechos fundamentales por un perjuicio inminente y grave dado que, primero, por su condición de salud no ha logrado vincularse laboralmente, situación que resulta preocupante debido a que carece recursos económicos, es madre cabeza de familia a cargo de un menor de 2 años de edad y adeuda un crédito hipotecario al Fondo Nacional del Ahorro adquirido para acceder a la vivienda suya y de su familia, situación que la ha obligado a recurrir a préstamos adicionales con particulares. Es decir, en caso de que continúe esta situación no solo pueden resultar afectados los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral de la demandante, sino también el mínimo vital suyo y de su familia, lo que tiene consecuencias directas sobre su dignidad humana. Segundo, debido a que por la terminación de su contrato de trabajo, esta no ha podido acceder al Sistema de Seguridad Social en Salud, de ahí que no ha seguido el tratamiento ordenado para su rodilla derecha ni para otros padecimientos adicionales, de ahí que la anterior situación también repercute sobre su derecho fundamental a la salud. En consecuencia, los derechos fundamentales de la accionante se encuentran ostensiblemente amenazados y, por ende, en caso de que le asista derecho, este juez constitucional debe tomar medidas urgentes e impostergables, en procura de que cese su vulneración. 3.4. Inmediatez La finalidad de la acción de tutela es garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se fundamenta la pretensión y la presentación de la demanda, debe haber trascurrido un lapso razonable. En el presente caso, la tutela fue presentada dentro de un término razonable, debido a que (i) el vínculo laboral de la accionante terminó el 1 de junio de 2016 y la acción de tutela fue presentada el 16 de diciembre de 2016, es decir, alrededor de 6 meses después, lo que no se considera un tiempo desproporcionado; (ii) a partir del 1º de junio de 2016 la demandante realizó peticiones verbales y escritas a los sujetos pasivos de este proceso, particularmente, se destacan 4 oficios enviados los días 10 de junio, 7 de julio, 23 y 29 de agosto de 2016, por María Torcoroma Alvernia Lobo al señor Freddy Jaramillo, funcionario de la empresa Optimizar Servicios Temporales S.A., en los cuales se solicita brindar una indicación respecto a su situación laboral y, según se anuncia, fueron anexadas sus incapacidades médicas; (iii) la salud de accionante aún se encuentra afectada a raíz del accidente que sufrió el 31 de mayo de 2016 previo a su desvinculación laboral y, sin embargo, no ha podido continuar con su tratamiento debido a que, por su desvinculación laboral, no cuenta con afiliación al Sistema de Seguridad Social y (iv) por las secuelas en su salud no se ha podido ubicar laboralmente, motivo por el cual se encuentra afectado su mínimo vital y el de su familia. En consecuencia, los elementos fácticos que motivaron el amparo aún continúan generando un impacto negativo en los derechos fundamentales de la accionante, situación que torna procedente la acción de tutela. 4. El régimen jurídico de las Empresas de Servicios Temporales. Reiteración de jurisprudencia[9] La Ley 50 de 1990, “(p)or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, estableció el marco jurídico de las empresas de servicios temporales, los usuarios y el régimen laboral de los trabajadores a estas vinculados, a fin de proteger las partes de la relación laboral. De acuerdo con los artículos 71 y 72 de esta Ley, tales empresas son personas jurídicas dedicadas a la contratación de la prestación de servicios con terceros beneficiarios para “colaborar temporalmente” en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador. Los usuarios, conforme con el artículo 73 siguiente, se denomina a toda persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales. Por su parte, los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales, según el artículo 74, son de dos categorías: trabajadores de planta y trabajadores en misión. Estos últimos son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos. Se les aplica, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Las empresas usuarias únicamente puede contratar trabajadores en misión por medio de las empresas de servicios temporales, conforme con el artículo 77[10] en los siguientes casos: (i) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo[11]; (ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; (iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más. En este mismo sentido, el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, señala que: “Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio.” Y, ante el incumplimiento de ello, el Decreto en comento, establece las correspondientes multas, sanciones e incluso la eventual cancelación de la autorización de funcionamiento, artículos 20, 21 y 22. En consecuencia, la relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales “subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado”[12]. No obstante, esta relación se encuentra sujeta a un límite temporal correspondiente a máximo un año, restricción que tiene el objeto de proteger los derechos de los trabajadores, impidiendo a las empresas que contraten trabajadores temporales en procura de evadir las obligaciones que derivan los contratos con trabajadores permanentes. En consecuencia, cuando la empresa usuaria requiera los servicios del trabajador en misión ya no de forma temporal sino de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en procura del respeto de los derechos laborales y prestaciones del trabajador, so pena de su vulneración. En este sentido, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que: “se debe evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales en la práctica se conviertan en permanentes ya que de ese modo se desconocerían los derechos prestacionales de los trabajadores. En el evento de que la necesidad del usuario por el servicio de los trabajadores en misión sea permanente, debe acudirse a otra forma de contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios temporales. Con ello se evita que lo que es excepcional, la contratación de servicios temporales, se convierta en lo ordinario, en la regla general” (negrillas fuera de texto)[13]. Bajo esta misma lectura, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de abril de 1997, reiterada en la Sentencia del 21 de febrero de 2006, explicó que: “En virtud de este contrato las E.S.T. a cambio de determinada remuneración, se comprometen a remitir el personal requerido por el usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que se acomode a la respectiva necesidad de servicio. Pero si esto persiste para el correspondiente servicio contratado una vez agotados los plazos máximos permitidos por la ley, ya no podrá utilizar válidamente los servicios de una E.S.T., la misma que venía contratando o de otra; así lo reconoce el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1707 de 1991 y el Consejo de Estado cuando decidió la legalidad de este texto así: “A juicio de la Sala esta disposición se limita a preservar el espíritu de la ley, es decir, a evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales se tornen permanentes, desconociendo los derechos prestacionales de los trabajadores” (negrillas fuera de texto). Preceptos que asumen mayor entidad ante trabajadores en condición de debilidad manifiesta, conforme lo sostuvo la Sala Plena de esta Corte en estudio del carácter temporal propio de la naturaleza de este tipo de vínculos: “El fijar límites a la forma de contratar de las empresas de servicios temporales, consulta su razón de ser. Y esos límites que se establecen para la protección de los trabajadores, interpretan el inciso final del artículo 13, según el cual “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. Pues, dígase lo que se quiera, en la compleja relación empresa de servicios temporales, usuario y trabajador, la parte más débil es este último”[14]. En esta línea se ha sostenido que cuando el usuario obtiene del trabajador sus servicios de manera permanente, la figura del “usuario” se puede tornar ficticia: se genera “una contratación fraudulenta, por recaer en casos distintos para los cuales se permite la vinculación de trabajadores en misión por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o también cuando se presenta desconocimiento en el plazo máximo permitido en estos preceptos, caso en el cuál sólo se puede catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del C.S.T., lo que determina necesariamente que el usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero empleador”[15] (subrayado y resaltado propio). Bajo estos parámetros, cuando esta Corporación ha conocido casos en los que un trabajador en misión tiene una vinculación con la empresa usuaria que se tornó permanente, en detrimento de sus derechos laborales y prestacionales, ha condenado a esta empresa. Supuestos que se tornan evidentes cuando estas contratan a la misma persona por un lapso superior al permitido (máximo un año) valiéndose de diferentes empresas de servicios temporales. Así, por ejemplo, cuando se trata de garantizar la estabilidad laboral reforzada de un trabajador en condición de debilidad manifiesta sometido a estas condiciones, se ha ordenado el reintegro a la empresa usuaria, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, se destacan, por ejemplo, las Sentencias T-1058 de 2007[16] y T-503 de 2015[17]. Cabe advertir que, dependiendo de las particularidades del caso concreto, la condena se ha dirigido contra las empresas usuarias pero también contra las empresas de servicios temporales en virtud del deber de solidaridad que se genera entre ambas, conforme con el Decreto 4369 de 2006, artículo 20. En conclusión (i) las Empresas de Servicios Temporales, por regla general, ostentan la condición de empleador respecto a los trabajadores en misión; (ii) los trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las Empresas Usuarias por un periodo de 6 meses prorrogable por máximo 6 meses más, sus funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo[18]; (b) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; (c) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios; (iii) cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios del trabajador en misión de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en procura del respeto de los derechos laborales y prestaciones; (iv) el incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de estos derechos (v) ante este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional[19], la Corte Suprema de Justicia [20]y el Consejo de Estado[21], que a la Empresa Usuaria le pueden asistir deberes laborales frente al trabajador. 5. Principio de primacía de la realidad sobre las formas El artículo 53 de la Constitución Política consagra el principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, precepto a partir del cual surge el concepto de contrato realidad. Bajo este precepto las relaciones jurídicas sustanciales derivadas de una relación laboral entre empleador y trabajador, priman sobre las formas jurídicas que de manera general permiten documentar una relación de este estilo[22]. En este sentido se ha señalado que: “el principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, se sustenta en la existencia de una relación de trabajo que se convalida por la situación real y las condiciones en que se encuentra el trabajador respecto de su empleador, y no depende de las situaciones subjetivas, ni de la apariencia contractual que se haya adoptado. Así, el alcance del principio de la primacía de la realidad pretende esencialmente es demostrar la existencia de un contrato de trabajo, siendo ello compatible con el carácter irrenunciable de los derechos laborales y con la índole protectora del derecho del trabajo”[23]. Al efecto, se recuerda que de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 22, se define contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Por su parte, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. En los contratos de los trabajadores en misión se ha señalado que la subordinación es un elemento normal a este tipo de vínculo laboral “dado que este tipo de trabajadores realiza labores en las empresas beneficiarias y actúa bajo su dirección y control”[24]. No obstante, lo que no es posible hacer es que el trabajador en misión, sea contratado bajo esta modalidad para desempeñar las funciones en la empresa usuaria de manera permanente, pues ello puede derivar en el desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales. En estos casos, se ha señalado por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que a la empresa usuaria le asisten deberes en calidad de empleador frente al trabajador, pues, lo que se pretende, es ocultar una relación laboral que debió contratarse de manera permanente. 6. Estabilidad laboral reforzada. Reiteración de jurisprudencia El derecho a la estabilidad laboral se predica de toda relación laboral, “(d)esde su perspectiva deóntica, supone que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido”[25]. Sin embargo, este derecho acoge mayor relevancia cuando el empleado se encuentra en condición de debilidad manifiesta, debido, entre otros, a las particulares condiciones de salud y capacidad económica, evento en el cual surge el derecho a la estabilidad laboral reforzada, la cual “se materializa en la obligación impuesta al empleador de mantenerlo en su puesto de trabajo[26] en razón de su condición especial”[27]. Esta garantía superior hunde sus raíces, al menos, en los siguientes preceptos constitucionales[28], el cual consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo” (artículo 53 CP); el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (artículo 13 CP); en el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” (artículo 25 CP); en el deber del Estado de adelantar una política de “integración social” para quienes pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (artículos 47 CP); la protección del derecho fundamental al mínimo vital, como el derecho a la vivienda, salud, vestido, aseo y educación (artículos 1, 53, 93 y 94 CP); y el deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”, en especial cuando se encuentre en peligro la salud y la vida de una persona (95 CP)[29]. Están en condición de debilidad manifiesta los trabajadores que puedan catalogarse como “(i) inválidos, (ii) en situación de discapacidad, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que tengan una afectación en su salud que les “impid[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”[30], y que, por sus condiciones particulares, puedan ser discriminados por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada”[31]. La protección al derecho a la estabilidad laboral reforzada se genera para quienes ven disminuida su fuerza de trabajo independientemente de que se hubiese emitido o no el certificado de pérdida de capacidad. Anteriormente, se señalaba que la estabilidad laboral reforzada, siguiendo la Ley 361 de 1997, únicamente contemplaba este derecho para quienes contaran con la correspondiente certificación emitida por la Junta Regional de Calificación de. Invalidez o quien haga sus veces. Sin embargo, esta distinción carece de entidad en la vigente jurisprudencia constitucional, pues en criterio de esta Corporación la protección constitucional en comento se predica de quienes padecen problemas de salud durante la vigencia del contrato laboral[32], que dificulte sustancialmente el ejercicio de sus funciones, independientemente de que se trate de un “accidente, enfermedad profesional, o enfermedad común, o si es de carácter transitorio o permanente”[33]. En este sentid...