Sentencia T-614 de 2004

T-614-04 Proyecto de Circulación Restringida Sentencia T-614/04 ACCION DE TUTELA-Hecho superado por reconocimiento y pago de pensión de jubilación Referencia: expediente T-782800 Acción de tutela instaurada por Judith Esther Pérez García contra la Gobernación de Córdoba y el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Córdoba Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil cuatro (2004). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería dentro de la acción de tutela instaurada por Judith Esther Pérez García contra la Gobernación de Córdoba y el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Córdoba. I. ANTECEDENTES 1. Hechos La señora Judith Esther Pérez García, de 68 años de edad, manifiesta que el 22 de abril de 2002 solicitó al Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación de Córdoba el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por haber prestado sus servicios en el Hospital San José de San Bernardo del Viento en el cargo de operario de servicios generales desde el 8 de marzo de 1977 hasta el 15 de noviembre de 2002. Informa que el reconocimiento de la pensión le fue negado mediante la resolución No. 001325 del 17 de marzo de 2003, emanada del Despacho del Gobernador de Córdoba, con el argumento que es el Instituto de Seguros Sociales la entidad obligada a ello. Señala igualmente que el Instituto de Seguros Sociales devolvió la solicitud de pensión al Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación de Córdoba, argumentando que, según lo establecido en el artículo 18 del Decreto 1513 de 1998, es a esta entidad a la que corresponde tal reconocimiento. Afirma que las decisiones de las entidades accionadas le causan perjuicios económicos y de salud por cuanto dejó de trabajar desde noviembre de 2002 y su único ingreso era el salario que devengaba. Por lo anterior, solicita al juez constitucional que ampare su derecho al reconocimiento y pago de la pensión y que se imparta la correspondiente orden a la entidad que corresponda. 2. Respuesta de las entidades accionadas 2.1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Córdoba manifiesta que no le corresponde a esa entidad territorial el reconocimiento y pago de la pensión a la señora Judith Pérez García, por cuanto, según el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 2527 de 2000, el Departamento sólo puede reconocer las pensiones de jubilación de los funcionarios que tenían 20 años de servicios a 30 de junio de 1995, y en esa época la accionante tenía solamente 18 años 3 meses y 22 días como tiempo de servicios. Considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1068 de 1995 y el artículo 13 del decreto 1474 de 1997, corresponde al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la accionante, quien efectuó aportes para pensión a esa entidad desde el mes de mayo de 1997 hasta la fecha de su retiro del servicio. Estima que en el evento en que no sea el ISS la entidad responsable de tal reconocimiento, correspondería entonces la obligación a su empleador, esto es, al Hospital San José de San Bernardo del Viento, por haber laborado al servicio de esa entidad el tiempo requerido para adquirir el derecho. Resalta que la accionante no tuvo ningún vínculo laboral con el Departamento de Córdoba. Por último, solicita que se deniegue el amparo invocado en este caso por cuanto, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no es procedente para el cobro de la pensión de jubilación y la accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial. 2.2. El Instituto de Seguro Social no se pronunció en relación con la solicitud formulada por el juez de instancia. 3. Decisión judicial objeto de revisión El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería resolvió negar el amparo solicitado por la señora Judith Esther Pérez García. En su criterio, la peticionaria tiene a su alcance un medio judicial idóneo al cual puede acudir en busca de la protección legal de los derechos que considera vulnerados por la autoridad accionada. Agrega que la Gobernación de Córdoba ya produjo el acto por el cual le niega la pensión reclamada. Advierte que será entonces a través de un debate probatorio amplio en la jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa en el que se decidirá cuál es la entidad realmente obligada al reconocimiento y pago de la pensión solicitada por la accionante. La sentencia no fue impugnada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Hecho superado En reiteradas ocasiones esta Corporación se ha pronunciado en relación con el hecho superado, entendido éste como el evento en el cual desaparecen los supuestos de hecho que motivaron la presentación de la acción de tutela[1]. Esta circunstancia torna improcedente la decisión del juez constitucional, por carencia de objeto. Sobre el particular la Corte expresó en la sentencia T-001 de 1996: (...) la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales. 2. El caso concreto En el presente caso ya desaparecieron los hechos que sirvieron de fundamento para la presentación de la tutela. La señora Judith Esther Pérez García instauró la acción para solicitar al juez constitucional que ordenara a la entidad responsable el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por haber trabajado con el Hospital San José de San Bernardo del Viento por más de 25 años. En respuesta a la información solicitada por esta Sala de Revisión, el señor Esteban José Pastrana Salgado, de la Oficina de Atención al Pensionado del Seguro Social –Seccional Córdoba-, informó que ya le fue reconocida la pensión a la accionante y ordenado el correspondiente pago. Este es el contenido de su respuesta: Con gusto informo a ustedes que, mediante Resolución No. 3247 de noviembre 13 de 2003, emanada del Departamento de Pensiones del ISS Bolívar le fue reconocida la Pensión de Jubilación a la señora Judith Esther Pérez García y su correspondiente pago se empezó a efectuar el día 5 del mes y año en curso –Enero de 2004. De tal suerte que los aspectos que impulsaron la presentación de la acción de tutela no constituyen motivo actual de vulneración de derechos. En consecuencia, la Sala se limitará a confirmar la decisión proferida por el juez de instancia. De otra parte, para efectos de emitir su decisión, la Sala levanta los términos del proceso de la referencia que estaban suspendidos. III. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- ORDENAR el levantamiento de los términos en el proceso de la referencia que se hallaban suspendidos. Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería en el proceso de la referencia. Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado Ponente Presidente de la Sala RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Secretario General (e) [1] Ver, entre otras, sentencias T-278, T-281, T-342 y T-680 de 2001.