Sentencia T-612 de 2019

T-612-19 Sentencia T-612/19 DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Procedencia excepcional de la acción de tutela DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Protección constitucional e internacional DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Naturaleza DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y SU RELACION CON EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL Los sindicatos también son titulares del derecho fundamental a la libertad de expresión. No obstante, el mismo no es absoluto y puede estar sujeto a la imposición de responsabilidades ulteriores. Es preciso resaltar que la imposición de esas medidas conlleva el respeto por el debido proceso. POTESTAD DISCIPLINARIA EN AMBITO LABORAL-Se encuentra sometida al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, específicamente al debido proceso DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ASOCIACION SINDICAL-Vulneración por desconocimiento de varios postulados del debido proceso en actuaciones disciplinarias La empresa, al proferir las sanciones, desconoció varios postulados del debido proceso y lesionó el derecho fundamental a la libertad de asociación sindical, por cuanto: (i) desconoció el principio de la responsabilidad individual y subjetiva, (ii) las actuaciones disciplinarias no se motivaron debidamente, (iii) el Reglamento Interno de Trabajo fue aplicado de manera incorrecta, y (iv) ejerció la faculta disciplinaria de manera ilegítima. Referencia: expediente T-7.273.603 Acción de tutela instaurada por José Rolando Román Ospina y otros ciudadanos contra Fabricato S.A. Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 -numeral 9- de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo expedido el 12 de diciembre de 2018 por el Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) -que denegó la acción de tutela-, el cual fue revocado el 11 de febrero de 2019 por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello (Antioquia), que declaró su improcedencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos y acción de tutela instaurada El 3 de octubre de 2018, el señor José Rolando Román Ospina[1], junto con otros ciudadanos que afirman ser directivos sindicales[2] adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Hilados, Tejidos, Textiles, Confecciones, Fibras Sintéticas y Naturales (“SINALTRADIHITEXCO”)[3], instauraron acción de tutela[4] contra Fabricato S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, al debido proceso y a la libertad de asociación sindical. Lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos que constan en el expediente: 1.1. En julio de 2018, SINALTRADIHITEXCO publicó un boletín informativo[5] comunicando -entre otras cuestiones- que el 21 de marzo de 2018 se celebró una Asamblea General de Accionistas, la cual tuvo que repetirse el 12 de julio de 2018 debido a unos errores cometidos por la Empresa al convocarla, y que en la misma se realizó una reforma a algunos artículos de los estatutos. En el boletín también se reseñó que el Presidente del Sindicato quiso intervenir para “enterar a la Honorable Asamblea de Accionistas en todo lo que esta administración en cabeza del Dr. Carlos Alberto de Jesús y pasando por su subalterno Carlos malo (sic) Villegas maneja entre estos cuatro muros celosamente, [pero] la administración de fabricato (sic) se opuso a dicha intervención argumentando que el evento no era para esa clase de tema, no obstante el dirigente sindical insistió a pesar de la negativa de la empresa para que interviniera. con (sic) mucho asombro los asistentes a la Asamblea de Accionistas presenciaron dicha intervención, se guardó silencio evidenciando notablemente que no estaban enterados de la situación laboral (…).” Esto, porque “violenta la Convención Colectiva de Trabajo atropellando a sus ‘colaboradores’ con un nefasto capítulo XVII para los vinculados con posterioridad al 2011 y desconociendo derechos Convencionales a los afiliados de esta Organización Sindical, no tiene consideración con los trabajadores enfermos o ‘cartas médicas’,, entablo (sic) una persecución sindical contra Sinaltradihitexco desconociendo beneficios por extensión legal.” Asimismo, denunció a los demás asistentes “que la gran textilera mientras interpone demandas por antidumping por competencia desleal (…) y defiende la industria nacional ‘Hecho en Colombia’ regala termos publicitarios de origen chino el día del padre a sus trabajadores (…).” 1.2. Como consecuencia de esta publicación, en agosto de 2018 Fabricato S.A. inició procesos disciplinarios contra cada uno de los accionantes[6], los cuales se desarrollaron con las mismas etapas: (i) “Citación de descargos”[7] Fabricato S.A. manifestó a cada uno de los trabajadores que: “La anterior información pone en entredicho el nombre de la empresa, ante quienes le prestan servicios y sus accionistas, pues a ellos se dirige, según su texto y la distribución que del mismo se hizo en las porterías de la Compañía, además que el mismo texto puede llegar a la comunidad en general, afectando no sólo el buen nombre de la Compañía sino la buena fe con que ella actúa, al contener ese boletín una afirmación no probada, que contradice la realidad del origen de los botilitos o como ustedes los denominan ‘termos’, ya que ustedes afirman que son ‘termos publicitarios de origen chino’ imputándole a la empresa su falta de coherencia y una conducta, que por decir lo menos, la desacredita al poner en tela de juicio su credibilidad respecto de lo que son sus actuaciones, ante la comunidad trabajadora y la comunidad en general, incluyendo los accionistas, y la junta directiva de la misma, cuando Fabricato es una compañía que lidera la campaña en la defensa de la producción nacional.” Por ende, les solicitó que demostraran los fundamentos de esas afirmaciones, pues “el fabricante de los termos es Nacional, tiene la maquinaria para producir los mismos y ha expedido el certificado sobre su origen”.[8] Así, consideró que su conducta constituía “una falta al reglamento interno de trabajo, al Código Sustantivo del Trabajo y a la buena fe con la que se deben desarrollar las relaciones laborales”. Finalmente, advirtió que -si así lo deseaban- podían acudir a la diligencia de descargos acompañados de dos representantes del sindicado o dos compañeros de trabajo. (ii) “Acta de descargos”[9] Al asistir -acompañados de otras dos personas- cada uno de los trabajadores contestó lo referente a su cargo, funciones y tiempo de vinculación (en la Compañía y en el Sindicato). No obstante, no respondieron las preguntas relacionadas con el boletín de julio de 2018 (v.gr. si fue la Junta Directiva del Sindicato la que decidió publicar el texto, si participaron en esa aprobación, si tenían pruebas que respaldaran las afirmaciones realizadas sobre el origen de los botilitos y la falta de coherencia de la Compañía). Al respecto, solo señalaron que adjuntaban unas “consideraciones”. (iii) Consideraciones de los trabajadores[10] Cada uno de los trabajadores presentó un documento -con el logo del sindicato- sosteniendo que se encontraban en desacuerdo con la citación a descargos, pues el “motivo de la citación, es una clara y descarada censura de FABRICATO a un comunicado de SINALTRADIHITEXCO, quien (…) expresó sus opiniones en torno a lo que consideró una incoherencia de la empresa en sus demandas antidumping; pero es claro que no existe hacia el suscrito un señalamiento, que me endilgue responsabilidad, con circunstancia de tiempo, modo y lugar para defenderme, deduciéndose, que se me cita es por el delito de ser asociado y directivo del sindicato.” Agregaron que se debe garantizar el debido proceso, por lo que la competente para evaluar la presunta falta del Sindicato era la Justicia Ordinaria Laboral y no Fabricato S.A. (“que sería juez y parte”). Así, cada uno sostuvo que al ser socios del Sindicado se les “debe respetar como persona individual, considerando que no estoy obligado a responder por las presuntas faltas, a las conductas de SINALTRADIHITEXCO, que quiere censurar FABRICATO. En tal sentido afirmó que lo procedente y el escenario idóneo será la Justicia Laboral Ordinaria donde el Sindicato tendrá la posibilidad de sustentar o debatir la justeza o no de la postura como organización sindical que se cuestiona.” Concluyeron rechazando “la pretensión de Fabricato de atentar contra derechos fundamentales a la ORGANIZACIÓN SINDICAL y a LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, como parte de su política de persecución sindical contra SINALTRADIHITEXCO, porque estamos en un Estado Social de Derecho y no ante una dictadura fascista. // Y en consecuencia reclamo el retiro del proceso disciplinario iniciado, y el cese de la persecución sindical contra SINALTRADIHITEXCO”. (iv) Decisión[11] El 15 de agosto de 2018, Fabricato S.A. decidió sancionar a los accionantes -con la suspensión del contrato de trabajo por 60[12], 8[13] o 6[14] días-, teniendo en cuenta (i) que no respondieron todas y cada una de las preguntas, ligado a que en sus “consideraciones” tampoco presentaron alguna explicación sobre el texto que originó el procedimiento disciplinario (resaltando que la Compañía tenía “el certificado de origen de los botilitos expedido por el fabricante de los mismos, lo que desvirtúa las afirmaciones contenidas en el boletín informativo de Julio de 2018”); y (ii) su calidad de directivos sindicales, responsables del contenido, impresión publicación y distribución del boletín informativo, de acuerdo con lo expresado por el tesorero del Sindicato (que no fue vinculado a ningún proceso sancionatorio), quien manifestó que el boletín de julio de 2018 fue aprobado en la Junta Directiva y sometido a votación.[15] La Empresa advirtió que la sanción comenzaría “a regir en caso de ser confirmada esta decisión una vez sea resuelta la reclamación que usted interponga contra ella, sin perjuicio de las demás acciones que pueda entablar la Compañía en procura del restablecimiento de su honra y buen nombre.” (v) Impugnación[16] Los accionantes impugnaron la decisión ante la Jefatura de Relaciones Laborales, señalando que se encuentran en desacuerdo con la “infame persecución sindical y acoso laboral a que es sometido nuestro sindicato en general”, y en particular sus miembros. Agregaron que Fabricato S.A. desconoció el Reglamento Interno, pues en la citación a descargos no se endilgó ninguna falta prevista en el mismo, el cual prevé expresamente (artículo 85) que no se pueden imponer sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o contrato individual; aunado a que no se precisaron circunstancias de tiempo, modo o lugar de la presunta falta, para que la misma ameritara sanciones tan drásticas (las cuales tampoco se encuentran establecidas en el Reglamento). Así, alegaron que la Empresa vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión[17], de asociación sindical y mínimo vital (por la suspensión del contrato). Por otra parte, sostuvieron que la presunta falta -de presentarse- sería atribuible a SINALTRADIHITEXCO como persona jurídica y no a particulares, por lo que debe ser respetado el debido proceso, debiendo evaluarse por parte de la justicia ordinaria. Finalizaron solicitando a Fabricato S.A. detener la intención de acabar con el Sindicato y respetar sus derechos fundamentales, así como la revocatoria de las sanciones respecto de cada uno de los trabajadores. (vi) Resolución de la impugnación[18] Todos los sancionados impugnaron la respectiva decisión, asunto que fue resuelto por diferentes directivos entre el 29 y 31 de agosto de 2018[19], quienes confirmaron todas las sanciones (aunque redujeron la de José Rolando Román Ospina de 60 a 24 días[20], y la de Rubén Darío Pérez Rojas de 8 a 6 días[21]). Afirmaron, en general, que no hubo información adicional que desvirtuara los cargos, mientras que la Empresa sí acreditó la responsabilidad de la Junta Directiva del Sindicato[22] en la publicación y difusión del boletín, así como el origen de los termos. De esta manera, determinaron que no hay derecho a publicar en un boletín datos falsos, pues los mismos tienen un impacto negativo en los clientes, proveedores, entidades gubernamentales, personal de la Compañía, gremios del sector textil y confección y la sociedad en general[23].[24] 2. Acción de tutela instaurada[25] Los accionantes manifiestan que fueron censurados por los directivos de la Empresa, pues en el boletín de julio de 2018 (dirigido a la Asamblea General de Accionistas -a la cual asisten en tanto el Sindicato es accionista minoritario-) expresaron su opinión sobre las incoherencias de las directivas al defender una postura antidumping. La censura se dio -según expresan- en tanto se inició un proceso disciplinario (sin ser competentes para ello en tanto son dirigentes sindicales) que tuvo como consecuencia su sanción, la cual se adoptó sin tener en cuenta los argumentos presentados en los descargos.[26] En relación con la procedencia, señalaron que el artículo 86 de la Constitución Política “posibilita la acción de tutela contra particulares cuando se presenta subordinación o estado de indefensión como lo es nuestro caso. Y el Decreto 2591/91 en su Artículo 42 numeral cuarto, regula la procedencia de la acción constitucional contra particulares” (subrayas originales).[27] Respecto del fondo del asunto sostuvieron que (i) el artículo 20 de la Constitución consagra los derechos fundamentales de expresión y opinión; (ii) la competencia para adoptar medidas disciplinarias sancionatorias respecto de directivos sindicales las tiene el Ministerio del Trabajo (de acuerdo con los artículos 380 y ss. del Código Sustantivo del Trabajo); y (iii) el “(…) Sindicato no ha crecido porque en Fabricato S.A. [L]os persigue, [n]os discrimina y odia el derecho de asociación sindical, y las sanciones impuestas por hechos realizados en una Asamblea de Accionistas, es una prueba.”[28] En razón de lo anterior, solicitaron que (i) se disponga “que no tienen efectos alguno por ser nulas todas las sanciones impuestas (…), por lo cual tales sanciones deben ser retiradas de [sus] hojas de vida” (subrayas originales); (ii) se ordene a Fabricato S.A. a que cese toda actividad tendiente a vulnerar derechos fundamentales, por lo cual debe ser condenada al “reembolso de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de la sanción de suspensión, sumas debidamente indexadas”; (iii) prevenir a Fabricato S.A. para que en lo sucesivo permita y estimule el derecho de asociación sindical y garantice el libre ejercicio de los derechos de propiedad como accionistas que son; y (iv) ordenar a los directivos de Fabricato S.A. “que la decisión de tutela deben (sic) hacerse conocer por medio de un boletín extraordinario de la Empresa (…).”[29] 3. Admisión, respuesta y decisiones objeto de revisión 3.1. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia), el cual profirió Auto admisorio el 4 de octubre de 2018.[30] 3.2. El 10 de octubre de 2018, Carlos Mario Villegas Jiménez, actuando como apoderado general de Fabricato S.A.[31], respondió la acción de tutela[32]. En relación con los hechos, indicó que el boletín iba dirigido a los trabajadores y al público. Además, que la Empresa no censuró al Sindicato, en la medida que solo fue objeto del proceso disciplinario la afirmación del boletín referida al origen de los termos, la cual no es una opinión sino una información de un hecho carente de fundamento. Por ende, no se sancionó la labor sindical sino “la actitud de los directivos del sindicato al autorizar y repartir en las porterías de la Empresa y al publicar en las redes sociales (…) afirmaciones falsas sobre la procedencia de los batolitos(sic)-termos (…).”[33] Asimismo, sostuvo que los “procedimientos disciplinarios que se llevaron a cabo no son arbitrarios, no carecen de la titularidad para ejercer el poder disciplinario, no fueron sesgados y las sanciones se dieron dentro del marco de la Ley”. Esto, por cuanto: (i) El Código Sustantivo del Trabajo consagra en los artículos 111 a 115 la potestad disciplinaria del empleador[34]; aspectos que se respetaron en la situación de los accionantes. (ii) El artículo 413 del mismo Código determina que el “fuero sindical no impide aplicar al trabajador que de él goce las sanciones disciplinarias distintas del despido en los términos del respectivo reglamento de trabajo”. (iii) El Reglamento Interno de Trabajo[35] -debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo- prevé (artículo 99[36]) las acciones disciplinarias a seguir y los procedimientos sancionatorios en caso de conductas que atenten contra la Empresas, sus directivos o sus trabajadores. (iv) “Evidenciado como se encuentra que la afirmación sin fundamento existió, que a los trabajadores se le (sic) respeto (sic) el debido proceso[37], incluyendo la doble instancia, que los trabajadores se negaron a presentar argumentos relativos al hecho imputado[38], la Compañía en lugar de proceder al despido decidió sancionarlos disciplinariamente con una suspensión temporal de su contrato de trabajo, de acuerdo al artículo 94 (antes artículo 86) del reglamento interno del trabajo (…).”[39] De esta manera, el apoderado de Fabricato S.A. estimó que no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, ni a las libertades de expresión, de opinión y de asociación sindical, pues estas no pueden ser utilizadas para difundir públicamente información carente de veracidad (como se constató en el marco del proceso disciplinario). En consecuencia, solicitó que las pretensiones de los accionantes sean negadas. 3.3. La acción de tutela fue denegada el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia)[40], decisión que fue impugnada por los accionantes.[41] De igual manera, el apoderado de Fabricato S.A. presentó un escrito con observaciones al escrito de los recurrentes.[42] 3.4. Mediante Auto de 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello (Antioquia), declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio y ordenó vincular a SINALTRADIHITEXCO.[43] 3.5. A través de Auto de 4 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia), notificó a SINALTRADIHITEXCO y solicitó a Fabricato S.A. copia del Reglamento Interno de Trabajo.[44] A través de su Presidente Nacional (José Rolando Román Ospina) y Presidente de la Subdirectiva Bello (Diego Alonso Montoya Olarte), SINALTRADIHITEXCO respondió la acción de tutela el 6 de diciembre de 2018[45], afirmando que como persona jurídica coadyuva los hechos, pretensiones, pruebas y fundamentos jurídicos constitucionales y legales presentados con la acción de tutela. Ese mismo día Fabricato S.A. atendió el requerimiento del Juzgado.[46] 3.6. El nuevo fallo de primera instancia fue dictado el 12 de diciembre de 2018 por el Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia)[47], en el cual se denegó la acción de tutela, en tanto no se vulneraron los derechos fundamentales invocados “pues del material probatorio lo que se concluye es que el trámite surtido que termino (sic) con la imposición de la sanción, tuvo su inicio con ocasión a aseveraciones realizadas de manera pública, apertura de tramite (sic) esta que se dio a conocer a quienes se les imputaban las conductas de posible sanción de manera escrita notificada personalmente, dentro de la cual se les cita a descargos a efectos de que puedan ejercer su defensa -indicándoles que a dicha cita podía asistir en compañía de dos integrantes del sindicato y dándole a conocer las pruebas al respecto-, sin que los hoy tutelantes aprovecharan tal oportunidad pues prefirieron guardar silencio en el interrogatorio que absolvieron al respecto y se limitaron a presentar como documento de defensa un escrito de dos folios en el que manifestaban su negativa a presentar descargos, relacionaban lo acontecido como una vulneración de sus derechos pero nada manifestaban respecto a los hechos imputados, y respecto a la cual las directivas de la empresa tomaron una decisión que igualmente fue notificada y recurrida por los sancionados, lo que permite aseverar que tal decisión que igualmente fue notificada y recurrida por los sancionados, lo que permite aseverar que tal decisión y el proceso en si (sic) se realizó acorde con lo establecido en los artículos 114, 115 y 413 del Código Sustantivo del Trabajo (…).”[48] Finalmente, el Juzgado señaló que no se presentaba ningún perjuicio irremediable que ameritara la intervención transitoria del juez constitucional, y que “los accionantes si consideran que el proceso surtido no se ajusta a la legalidad cuentan con otros medios ordinarios de defensa judicial idóneos para tramitar la pretensión rogada (…), tal y como lo establece el artículo 2 del Código Procesal Laboral, al establecer como de conocimiento de dicha jurisdicción ‘los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo’.”[49] (Negrillas originales) 3.7. Esta decisión fue impugnada por los accionantes[50], quienes manifestaron que por encontrarse en estado de subordinación e indefensión ante el empleador, requieren el amparo como mecanismo transitorio “para evitar que se continúe repitiendo el atropello.” Además, indicaron que de acuerdo con varias sentencias de la Corte Constitucional[51], la acción de tutela es procedente cuando se discute la violación o amenaza de un derecho fundamental -como en su situación- y no se trata simplemente de un conflicto originado -directa o indirectamente- del contrato de trabajo. En particular, destacan que la conclusión del Juzgado respecto del requisito de subsidiariedad se basó en una sentencia sobre hechos diferentes (en la que se solicitaba la protección al buen nombre por una publicación de El Tiempo). Adicionalmente, llamaron la atención en que desconoció que el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, cualquier violación a las normas del Título I de la Parte Segunda del referido Código que sea imputable al sindicato mismo (por constituir una actuación de sus directivas), solo podrá ser sancionada por el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, en relación con lo que ya habían expresado sobre la supuesta incoherencia de Fabricato S.A. en temas antidumping, agregaron que -como lo habían sostenido en la primera impugnación (supra, antecedente N° 3.3.)- para el día del padre de 2017 la Empresa regaló unas tulas con etiqueta “Made in China”[52], lo cual no puede ocultar “a pesar de haberlas recogido a apresuradamente intentando cubrir su inocultable incoherencia”[53]; y además utilizan “jabones de Indonesia como dotación que se entrega a los trabajadores”, lo cual solicitan sea tenido en cuenta para “subrayas la vocación extranjerista de [sus] sancionadores”[54].[55] Por lo tanto, solicitan que la decisión del Juzgado Primero Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) sea revocada y, en su lugar, se conceda el amparo de sus derechos fundamentales. 3.8. El fallo de primera instancia fue revocado el 11 de febrero de 2019 por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello (Antioquia)[56], que declaró la improcedencia de la acción de tutela tras considerar que la pretensión principal se restringe “a que se dejen sin efectos las sanciones impuestas a los accionantes, y se reembolse los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir durante el tiempo de esas sanciones”[57], solicitudes que no deben ser discutidas en sede de tutela sino a través de los medios ordinarios de defensa judicial, los cuales se encuentran previstos en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, cuyo artículo 2 “contempla la regla general de competencia en cabeza del juez laboral para conocer de todos aquellos conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, y de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales (…)”[58]. Así, en el caso concreto se trata de un conflicto sobre el trámite a seguir para la imposición de una sanción. Para el juez de segunda instancia, tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, pues el mismo debe ser inminente o próximo a suceder, grave y requiera medidas urgentes. Por el contrario, en la situación de los accionantes se probó que, previo a la imposición de las sanciones, “medió todo el respectivo trámite para culminar en ese resultado, todo ello independiente de que la accionada estuviera o no facultada para desplegar aquella conducta; vuelve y se reitera, ello debe ventilarse ante la jurisdicción respectiva (…). Insiste este Juzgador en Sede Constitucional en que la acción de tutela no se puede ejercer para pretermitir los mecanismos judiciales dispuestos por el legislador en la resolución de los conflictos como el que nos ocupa, pues daría lugar a que la jurisdicción constitucional sustituya a la jurisdicción laboral.”[59] Finalmente, agregó que se está ante el fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado, en la medida que las sanciones impuestas a los accionantes ya fueron cumplidas por ellos. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para conocer de las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto de 10 de abril de 2019, expedido por la Sala de Selección Número Cuatro de esta Corporación, que decidió seleccionar para su revisión la acción de tutela instaurada por José Rolando Román Ospina y otros ciudadanos contra Fabricato S.A. 2. Planteamiento del problema jurídico y metodología En relación con lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia. De superar dicho análisis, la Sala deberá plantear y resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneró Fabricato S.A. los derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, al debido proceso y a la libertad de los trabajadores y dirigentes sindicales de SINALTRADIHITEXCO al sancionarlos por la información contenida en el boletín publicado y difundido en julio de 2018? 3. Análisis de procedencia 3.1. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, los requisitos de procedencia son los de (i) legitimación por activa: la acción de tutela puede ser usada por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, por sí misma o por quien actúe a su nombre[60]; (ii) legitimación por pasiva: el amparo procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de particulares cuando, entre otras, exista una relación de subordinación[61]; (iii) inmediatez: no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso del amparo[62]; y (iv) subsidiariedad: la acción de tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos o eficaces para el caso concreto[63] o, cuando aun siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable y se usa como mecanismo transitorio.[64] En particular, la Corte Constitucional ha determinado[65] -siguiendo las reglas ya mencionadas- que, en general, la acción de tutela no es procedente para dirimir controversias laborales, ya que la competencia recae en la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Así, de acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces laborales conocen -entre otras cuestiones- de todos los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.[66] No obstante, en la Sentencia T-477 de 2016[67] -a partir de las sentencias SU-342 de 1995[68] y T-842A de 2013[69]- la Corte precisó que la tutela es procedente cuando se plantea la eventual transgresión del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical, lo cual puede presentarse en aquellos eventos en los que “el conflicto planteado no sólo se circunscribe a un ámbito de protección individual y subjetiva de derechos laborales, sino que, por el contrario, se extiende a la esfera constitucional del derecho laboral colectivo, relacionado, de manera directa, con los límites y alcances de la libre asociación como una de las garantías del Estado Social de Derecho.” Recientemente, en la Sentencia T-509 de 2019[70], la Corte agregó que, cuando el conflicto atañe a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental, su solución corresponde al juez de tutela, como en los casos en que se alegue la vulneración del derecho de asociación sindical mediante presuntos actos de persecución o represión por parte del empleador.[71] 3.2. En la situación de los trabajadores demandantes, la acción de tutela cumple con los requisitos de (i) legitimación por activa, ya que fue presentada a nombre propio por cada uno de los sancionados -como miembros de la Junta Directiva del sindicato[72]-; (ii) legitimación por pasiva, puesto que se dirige contra Fabricato S.A., frente a la cual -por ser la empleadora- los accionantes se encuentran en una relación de subordinación; (iii) inmediatez, en tanto se instauró oportunamente (3 de octubre de 2018), ya que la última decisión de la Compañía, en el marco de los procesos disciplinarios, se dio entre el 29 y 31 de agosto de 2018, transcurriendo -aproximadamente- tan solo un mes y una semana; y (iv) subsidiariedad, en la medida que el asunto bajo estudio es de relevancia constitucional en tanto no se circunscribe a la sanción individual de los miembros de la Junta Directiva de SINALTRADIHITEXCO, sino que implica analizar si lo anterior tuvo implicaciones en sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, al debido proceso y a la libertad de asociación sindical.[73] Aunque en principio los accionantes pueden acudir ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria para debatir la legalidad de las sanciones impuestas (i.e. suspensión del contrato y el “reembolso de los salarios y prestaciones dejados de percibir”[74]), el problema jurídico se centra, precisamente, en una eventual transgresión de su derecho fundamental a la libertad de asociación sindical y las consecuencias que esto pudo tener en sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso. Por tanto, el conflicto planteado no solo se circunscribe a un ámbito de protección individual y subjetiva de derechos laborales, sino que, por el contrario, se extiende a la esfera constitucional del derecho laboral colectivo, relacionado, de manera directa, con los límites y alcances de la libre asociación como una de las garantías del Estado Social de Derecho. Se trata, por ende, de determinar si el uso del poder disciplinario por parte de Fabricato S.A. se enmarcó en los límites de lo permitido (de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y su Reglamento Interno), o si, por el contrario -como lo manifestaron los accionantes- fue un ejercicio abusivo o desproporcionado de esas facultades y constituyó, en los términos de la jurisprudencia constitucional, una situación de persecución o represión sindical. 3.3. En conclusión, la Sala Segunda de Revisión considera que la acción de tutela instaurada por José Rolando Román Ospina y otros ciudadanos es procedente, por lo que pasará a resolver el problema jurídico planteado (supra, fundamento jurídico N° 2). Para ello, se referirá al derecho fundamental a la libertad de asociación sindical -y su relación con los derechos fundamentales a libertad de expresión y al debido proceso- (infra, fundamento jurídico N° 4), solucionará el caso concreto (infra, fundamento jurídico N° 5) y esbozará una síntesis de la decisión (infra, fundamento jurídico N° 6). 4. El derecho fundamental a la libertad de asociación sindical y su relación con los derechos fundamentales a libertad de expresión y al debido proceso 4.1. El derecho fundamental a la libertad de asociación sindical 4.1.1. El Constituyente de 1991, entendiendo la importancia del papel que jugaron las organizaciones y movimientos de trabajadores en la formación política y jurídica de los estados, decidió elevar a rango constitucional la libre asociación sindical, lo cual representó una novedad frente a la versión original de la Carta Política de 1886, en la que se reconocía una protección general que solo resultaba tácita de este derecho[75].[76] 4.1.2. Así, el artículo 38 de la Constitución Política de 1991 garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades sociales, mientras que el artículo 39 del mismo ordenamiento se refiere en concreto al derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos y asociaciones, sin intervención del Estado, con sujeción al orden legal y los principios democráticos, estableciendo -además- el reconocimiento del fuero a los trabajadores y las garantías que requieren para agruparse y participar activamente en la estructura y funcionamiento de las organizaciones que velan por sus intereses.[77] La especificidad de este derecho reside en la finalidad perseguida y las actividades que ampara. Mientras el derecho de libre asociación es el que tienen todas las personas que de manera voluntaria convergen para la realización de un fin común, el derecho de asociación sindical es la facultad que tienen los trabajadores y empleadores para crear organizaciones destinadas a fomentar y defender intereses comunes de sus miembros que nacen de las relaciones laborales y profesionales.[78] 4.1.3. Ahora bien, la Corte ha precisado[79] que la libertad sindical es un concepto bivalente, ya que de una parte es un derecho individual[80] que comporta la facultad de trabajadores y empleadores para constituir los organismos que estimen convenientes, afiliarse, desafiliarse o no afiliarse a ellos y solicitar su disolución cuando lo estimen pertinente; y de otra, constituye un derecho de carácter colectivo[81], pues una vez constituida la organización, ésta tiene derecho a regir su destino soberanamente. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que la libertad sindical y el derecho de asociación sindical, se encuentran vinculados desde un punto de vista analítico y normativo a la concepción democrática del Estado Social y Constitucional de Derecho, al concepto de estado pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades y unos derechos básicos y fundamentales. Esto encuentra su razón de ser en que la libertad de asociarse en organizaciones sindicales constituye una expresión del ejercicio de un conjunto de libertades fundamentales de las personas, como las de pensamiento, expresión, de reunión y asociación, así como de los derechos de participación en la organización pública y toma de decisiones que atañen a los intereses comunes y colectivos de los asociados, todo lo cual constituye el punto de partida para la participación política.[82] Su importancia también se refleja en el valor jurídico de algunos tratados internacionales en la materia que hacen parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu, tales como los convenios 87[83] y 98[84] de la OIT.[85] 4.1.4. En varios pronunciamientos, la Corte ha señalado los elementos que forman parte del núcleo esencial de la libertad sindical: (i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; (ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; (iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; (iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; (v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; (vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; y (vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.[86] En similar sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Caso Lagos del Campo Vs. Perú[87], ese Tribunal determinó[88], en relación con la libertad de asociación, que dicho derecho, consagrado en el artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende -en el ámbito laboral- la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Ese derecho conlleva que los representantes de los trabajadores de una empresa deben gozar de una protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos. Asimismo, que las autoridades nacionales deben garantizar que la imposición de sanciones que puedan resultar desproporcionadas no generen un efecto disuasivo en el derecho de los representantes de expresar y defender los intereses de los trabajadores.[89] 4.1.5. En relación con lo expuesto hasta el momento, y por ser relevante para el análisis del caso concreto, es necesario reiterar que la Corte ha puntualizado algunas conductas indebidas del empleador que resultan contrarias al mencionado derecho fundamental, tales como (i) la persecución sindical, es decir, toda conducta orientada a desalentar a los asociados (y posibles asociados), a sancionarlos o discriminarlos por haberse asociado (v.gr. adoptar conductas diferenciadoras basadas en la circunstancia de estar o no afiliado al sindicato, favoreciendo a los no sindicalizados en contra de los sindicalizados); (ii) presionarlos para retirarse, desmontar o debilitar las organizaciones sindicales (v.gr. acudir a la facultad de terminación del contrato sin justa causa respecto de alguno de los miembros de la organización con el propósito de afectarla); o (iii) excluir masivamente de sus puestos u oportunidades de empleo a los trabajadores sindicalizados.[90] En particular, en la Sentencia T-657 de 2009[91] -reiterada recientemente en la Sentencia T-509 de 2019[92]-, la Corte indicó que “las facultades que, de conformidad con la ley, tiene el empleador en relación con sus trabajadores no pueden ser utilizadas como instrumento de persecución sindical y que para que eso ocurra basta con que conductas del empleador, en principio lícitas, como dar por terminados de manera unilateral los contratos de trabajo de algunos empleados, o aplicar los correctivos disciplinarios que sean del caso de acuerdo con el reglamento, se conviertan en instrumentos de presión sobre la organización sindical, que incidan, por ejemplo, en la reducción de sus afiliados, o en un clima de aprehensión para potenciales integrantes, o en la inhibición de actividades propias de la organización de los trabajadores.”[93] Sin embargo, aclaró que “el solo ejercicio por el empleador de las facultades que le reconoce la ley en orden a preservar los cometidos propios de la empresa, cuando recae sobre personas sindicalizadas, deba tenerse como una manifestación de persecución, a partir, únicamente, de la percepción subjetiva que al respecto tengan los trabajadores. (…) Tampoco lo expresado quiere decir que el hecho de pertenecer a un sindicato o de estar amparado por un fuero, haga inmunes a los trabajadores frente a las disposiciones que lícitamente decida adoptar el empleador en el curso normal de su actividad.”[94] Lo anterior, porque se requiere de una base objetiva a partir de la cual pueda concluirse, razonadamente, la existencia de una afectación de la libertad sindical. De esta manera, “debe tenerse en cuenta el impacto que se causa entre los trabajadores por la adopción de medidas que afectan negativamente a trabajadores que sólo tienen por característica común su pertenencia al sindicato. Así, la aplicación rigurosa del reglamento, la apertura de procesos disciplinarios y la imposición de las correspondientes sanciones, cuando afecta de manera especial a trabajadores sindicalizados y, con mayor razón, cuando la actividad del empleado que da lugar a la imposición de una sanción puede vincularse, de alguna manera, al ejercicio por el afectado de labores propias de la organización sindical, puede traducirse en un desestimulo grave para la actividad sindical, en cuanto que directa o subliminalmente conduce a los trabajadores a escoger entre el ejercicio de la actividad sindical, afrontando las medidas que se perciben como retaliatorias, o abstenerse de intervenir en dicha actividad, para gozar de una relación laboral sin sobresaltos.”[95] Así, en materia disciplinaria, no hay “un espacio de discrecionalidad para el empleador, en la medida en que toda sanción disciplinaria debe corresponder a una conducta, prevista como falta en el contrato o el reglamento, cuya realización se haya acreditado en un trámite adelantado con la plena garantía del debido proceso.”[96] Por lo tanto, “es posible desvirtuar la licitud de la actuación disciplinaria del empleador, cuando se muestre que aunque ella se pretende amparada en disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, eso no es así, en razón a la manifiesta oposición a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación y la aplicación de las mismas. // En este último escenario habría un nuevo desplazamiento de la carga de la prueba, por cuanto, frente a una pretensión que se sustenta prima facie en la irracionalidad o la falta de proporción de la medida disciplinaria impuesta, el empleador tendría que acreditar que su conducta tiene una justificación adecuada.”[97] 4.1.6. No obstante, lo expuesto hasta el momento no implica que los afiliados y los sindicatos no deban ser respetuosos del imperio de la ley y la Constitución[98], no solo porque la eficacia normativa de los derechos fundamentales también se impone frente a los particulares[99], sino porque el derecho a la libertad de asociación sindical no es absoluto en tanto puede ser limitado, ya que (i) la propia Constitución establece como restricción, concretable por el Legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”[100], y (ii) los tratados internacionales sobre derechos humanos[101] autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Sin embargo, es imprescindible advertir que las restricciones o limitaciones no pueden -en modo alguno- afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de manera que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.[102] 4.2. El derecho fundamental a la libertad de expresión y su relación con el derecho fundamental a la libertad de asociación sindical Como se indicó en el anterior acápite (supra, fundamento jurídico N° 4.1.3.), la libertad de asociarse en organizaciones sindicales constituye una manifestación del ejercicio de un conjunto de libertades fundamentales de las personas como -entre otras- las de pensamiento y expresión. 4.2.1. En general, sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, en la Sentencia T-543 de 2017[103], la Corte Constitucional señaló[104] que -de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política- el mismo es un pilar del Estado Social de Derecho[105] que comprende la garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad social. Además, dicha norma proscribe la censura y garantiza además el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.[106] Sostuvo que, por su importancia en una sociedad democrática, dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.[107] Sin embargo, ello no implica que -como se expuso respecto de la libertad de asociación sindical (supra, fundamento jurídico N° 4.1.6.)- el derecho fundamental a la libertad de expresión sea absoluto.[108] No obstante, la Corte precisó que toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo que debe estar sometida a un juicio estricto de proporcionalidad.[109] Aparejado a lo anterior, se ha establecido la prohibición de la censura previa[110], pero también la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores. Así, cuando se realizan afirmaciones que denoten intención dañina o negligencia en la determinación de la veracidad de la información, además de la obligación de rectificar, puede verse comprometida la responsabilidad civil o penal de quien comunica o del medio en el que se difunde tal información.[111] Al respecto, es necesario tener en cuenta que, si bien no existe una prohibición expresa, diversos organismos han señalado la necesidad de no adoptar medidas penales[112], en tanto es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades[113]. 4.2.2. Como también lo señaló la Corte en la Sentencia T-543 de 2017, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido que las personas jurídicas también son titulares de determinados derechos fundamentales y que pueden acudir a la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.[114] En relación con la libertad de expresión, la Corte Constitucional ha señalado que las personas jurídicas también son titulares de este derecho, el cual no cobija únicamente a los medios de comunicación en tanto personas jurídicas, sino también a quienes se expresan a través de ellos.[115] Específicamente, en materia de libertad de asociación sindical, en la Sentencia T-434 de 2011[116] la Corte Constitucional desarrolló varios de los postulados enunciados sobre libertad de expresión, precisando lo siguiente: “(…) En la medida en que la titularidad de la libertad de expresión ha sido reconocida por la Corte en cabeza de personas tanto naturales como jurídicas, se entiende que ésta se extiende también a otras organizaciones como los sindicatos y sus miembros. Es importante anotar en este punto que, si bien la libertad de expresión es un derecho inherente a los sindicatos porque por medio del mismo se garantizan otros derechos de este tipo de organizaciones, su reconocimiento explícito en la jurisprudencia internacional es relativamente reciente[117]. La OIT ha recopilado las decisiones de varias Cortes del mundo que han reconocido la libertad de opinión y de expresión de los sindicatos considerando entre otras cosas que “el ejercicio pleno de los derechos sindicales requiere la existencia de una corriente libre de informaciones, opiniones e ideas y, con este fin, tanto los trabajadores y los empleadores como sus organizaciones deberían disfrutar de libertad de opinión y de expresión en sus reuniones, publicaciones y otras actividades sindicales”[118]. También se reconoce que no obstante el establecimiento de una censura general se relaciona en principio con el ejercicio de los derechos civiles, puede afectar los derechos sindicales si la censura se presenta en el marco de un conflicto profesional porque esto puede repercutir en la evolución del conflicto y perjudicar a las partes al impedir la difusión de los hechos exactos[119]. Dicho lo anterior, se concluye que en el caso de los sindicatos, la libertad de expresión se refiere a la posibilidad de informar, difundir ideas y opiniones en el ámbito laboral. En el marco de procesos de negociación colectiva, los sindicatos pueden expresar a través de cualquier medio escrito, simbólico, convencional o no convencional sus intereses promoviendo la libertad de asociación sindical y la negociación colectiva. En este sentido se trata de un derecho de doble dimensión: de un lado, el sindicato tiene el derecho a expresarse y a transmitir opiniones; de otro lado los trabajadores tienen el derecho a recibir la información.” Adicionalmente, la OIT ha sostenido[120] -entre otras cuestiones- que (i) la libertad de expresión es una condición esencial para el pleno ejercicio de la libertad sindical[121]; (ii) la colocación de banderas sindicales en las reuniones en los lugares de trabajo, la instalación de tableros de anuncios, la distribución de boletines y folletos sindicales, la firma de peticiones y la participación en reuniones sindicales constituyen actividades sindicales legítimas[122]; (iii) la publicación y la difusión de noticias e informaciones de interés sindical constituyen una actividad sindical lícita, y la aplicación de medidas de control de las publicaciones y de los medios de información puede significar una injerencia grave de las autoridades administrativas en esa actividad, por lo que el ejercicio de los poderes administrativos debería estar sujeto a control judicial que interviniese lo más rápidamente posible[123]; y (iv) la amenaza de iniciar acciones penales por parte de las autoridades en respuesta a opiniones legítimas de representantes de una organización sindical, puede tener un efecto intimidatorio y perjudicial en el ejercicio de los derechos sindicales.[124] 4.2.3. En síntesis, los sindicatos también son titulares del derecho fundamental a la libertad de expresión. No obstante, el mismo no es absoluto y puede estar sujeto a la imposición de responsabilidades ulteriores. Es preciso resaltar que la imposición de esas medidas conlleva el respeto por el debido proceso. 4.3. El derecho fundamental al debido proceso y su relación con los derechos fundamentales a la libertad de asociación sindical y a la libertad de expresión 4.3.1. El debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) es un derecho fundamental con una estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio del poder público. Por ese motivo, el debido proceso es también un principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad. Dentro de las garantías -que se relacionan entre sí- se encuentran el principio de legalidad, el derecho al acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos.[125] 4.3.2. Respecto de la aplicación de esas garantías en el ámbito laboral es relevante la Sentencia C-593 de 2014[126], en la que la Corte tuvo que resolver una demanda contra -entre otras normas- el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.[127] Específicamente, debía dilucidar si esa norma, al regular el procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores, desconocía las garantías constitucionales al debido proceso.[128] Para resolver ese problema jurídico, empezó mencionando que el derecho fundamental al debido proceso aplica en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria[129], de manera tal que no solo vincula a las autoridades públicas -en el sentido amplio de este término-, sino a los particulares que se arrogan esta facultad (v.gr. empleadores).[130] Así, en aras de garantizar y hacer efectivas las garantías consagradas en la Constitución Política, “es indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de este poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación la existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente correspondiente.”[131] Por lo tanto, es necesario que los reglamentos de trabajo (“conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio”[132]) definan previamente las conductas y etapas procesales “pues, de lo contrario, la imposición de sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos de los implicados.”[133] En particular, es preciso que los reglamentos de trabajo prevean procedimientos que aseguren -al menos-: (i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (v) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (vi) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (vii) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.[134] De conformidad con lo expuesto, la Corte concluyó que el artículo 115 debía ser interpretado “acorde con el texto constitucional, y por tanto, la obligación de escuchar previamente al trabajador, en el caso de aplicarse alguna sanción contenida en el Reglamento del Trabajo, implica el respeto de las garantías propias del debido proceso (…).”[135] 4.3.3. Las garantías del derecho fundamental al debido proceso también han sido estudiadas por la Corte Constitucional en sede de control concreto en relación con temas laborales. Así, ha referido que ese derecho debe ser respetado en el marco de los procesos disciplinarios[136], lo que incluye -entre otras cuestiones- el derecho de defensa[137] (v.gr. cuando el empleador termina unilateralmente el contrato de trabajo[138]), la preexistencia de la norma que contempla la sanción y que la responsabilidad sea plenamente probada[139], la necesidad que los cargos sean claros y se notifiquen[140] y el derecho de los trabajadores sindicalizados -con fuero- a ser reintegrados si el despido no se hizo con la respectiva autorización judicial.[141] 5. Análisis del caso concreto. Fabricato S.A. vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al debido proceso y a la libertad de asociación sindical de los accionantes 5.1. Dado que la Sala Segunda de Revisión ya constató que la acción de tutela es procedente (supra, fundamento jurídico N° 3.2.), le corresponde resolver el problema jurídico planteado (supra, fundamento jurídico N° 2): ¿Vulneró Fabricato S.A. los derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión, al debido proceso y a la libertad de los trabajadores y dirigentes sindicales de SINALTRADIHITEXCO al sancionarlos por la información contenida en el boletín publicado y difundido en julio de 2018? En este punto, es importante aclarar que el derecho fundamental a la libertad de expresión de los trabajadores no se analizará en el caso concreto, en la medida que, aunque la discusión tiene origen en la transmisión de una información en el boletín de julio de 2018, lo cierto es que -en estricto sentido- ese derecho estaría en cabeza de SINALTRADIHITEXCO, y aquellos instauraron la acción de tutela a nombre propio. A pesar de ello, la Sala no puede dejar de señalar que, prima facie, se aprecia que, como lo manifestó Fabricato S.A., la información difundida no era cierta. En ese sentido, es necesario reiterar que el derecho fundamental a la libertad de expresión no es absoluto (supra, fundamento jurídico N° 4.2.1.) y no se puede abusar del mismo, razón por la que este derecho -en su esfera de libertad de información- se encuentra sometido a las cargas de veracidad e imparcialidad.[142] 5.2. Ahora bien, en el caso concreto la Sala encuentra que las medidas adoptadas por Fabricato desconocieron varios postulados de...