Sentencia T-598 de 2013

T-598-13 Sentencia T-598/13 Sentencia T-598/13 PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Protección nacional e internacional La Constitución Política de 1991, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, las disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, han reconocido que debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidas las personas en situación de discapacidad y dada su especial condición, el Estado tiene el deber de crear acciones efectivas para desarrollar cabalmente el postulado del derecho a la igualdad, con el fin de garantizarles su integración social y el pleno disfrute de todos sus derechos. En efecto, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la vez un medio para lograr que las personas en situación de discapacidad puedan disfrutar al máximo de los demás derechos y para que adquieran la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, ello por cuanto la igualdad de oportunidades es una garantía fundamental mediante la cual se equipara a las personas en inferioridad de condiciones, a las personas que no padecen ninguna discapacidad, con el fin de que puedan ejercer sus derechos y libertades y tener plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades. DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Desarrollo normativo y jurisprudencial El derecho a la educación es de carácter fundamental, garantía que se refuerza cuando se trata de personas que están en situación de discapacidad. Ahora bien, este derecho comprende la garantía de acceso y permanencia en el sistema educativo, con el fin de que estas personas puedan ejercer plena y efectivamente todos los contenidos de dicho derecho. En cuanto al modelo que se debe utilizar en el sistema educativo colombiano (para todos los educandos, y en especial para las personas en situación de discapacidad), encontramos que ésta debe ser preferentemente inclusiva. DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA-Contenido DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Protección constitucional Los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, gozan de la especial protección del Estado, y son titulares de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales reconocidos y determinados por el Estado en el marco de su política pública de educación, por lo que pueden reclamar, por vía de acción de tutela, los contenidos fundamentales de dicho derecho, los cuales derivan de la Carta, los tratados internacionales y la normativa nacional. AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Requisitos no tienen aplicación La Corte ha precisado que cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los requisitos no tienen aplicación, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia, en los amplios términos del artículo 44 constitucional. DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Caso en que se solicitó al ICFES suministrar ayudas técnicas como uso de telescopio, lupa y gafas con filtro, ampliación al 200% cuadernillo de preguntas, requeridas para presentar la prueba “Saber 11” DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Vulneración por ICFES al no suministrar medios y ayudas requeridos por estudiante para presentar prueba “Saber 11” La Sala considera que el ICFES, en virtud de la competencia que tiene de regular y ejercer la inspección de la educación, con el fin de garantizar su calidad, debió estudiar las condiciones particulares del estudiante y facilitar los medios para otorgarle los recursos pertinentes para procurarle el desarrollo de sus potencialidades en condiciones de igualdad-respecto a los demás jóvenes no discapacitados-, en la presentación del examen “Saber 11”. Esto es así por cuanto debe recordarse que las personas discapacitadas tienen derecho a que se les procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones dignas y de igualdad. Bajo este entendido, se puede decir que el ICFES, al equiparar todas las situaciones de discapacidad a la de las personas sordas que necesitan y que no necesitan intérprete, a la de los invidentes, y a la de los discapacitados motrices, sin tener en cuenta que existen otro tipo de discapacidades que crean condiciones y necesidades particulares, está incurriendo en prácticas discriminatorias, las cuales deben ser proscritas. DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Orden al ICFES, si el estudiante lo desea, realice nuevamente la prueba de Estado “Saber 11” suministrándole los medios y ayudas requeridos DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Orden al Ministerio de Educación y al ICFES, desarrollen políticas públicas encaminadas a suministrar herramientas o apoyos para presentar exámenes de Estado en condiciones de igualdad Referencia: expediente T-3913374 Acción de Tutela instaurada por Luis Fernando Macías Gómez en representación de Juan Camilo Macías Gómez, contra el ICFES. Derechos fundamentales invocados: igualdad, no discriminación y educación. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013). La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente. SENTENCIA En el proceso de revisión de la sentencia dictada el dieciocho (18) de abril de 2013 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la sentencia del tres (03) de abril de 2013, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, que resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la educación de Juan Camilo Macías Gómez. 1. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente. 1.1. SOLICITUD Luis Fernando Macías Gómez, representante de Juan Camilo Macías Gómez, a través de apoderado judicial solicita al juez de tutela que le ampare sus derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la educación. En consecuencia, pide que se le ordene al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, en adelante ICFES, a efectos de presentar el examen de Estado para el ingreso a la educación superior “Saber 11”, i) se le permita el uso de telescopio, lupa y gafas con filtro; ii) se amplíe al 200% el cuadernillo que contiene las preguntas de la prueba; iii) que los textos, las curvas y dibujos estén en negro sobre blanco; y iv) se le asigne un secretario si el uso de colores es indispensable, y en todo caso, para el diligenciamiento de los formatos que se requieran para la presentación del examen. Lo anterior con base en los siguientes: 1.1.1. Hechos 1.1.1.1. Luis Fernando Macías Gómez, representante de Juan Camilo Macías Gómez, a través de apoderado judicial relató que Juan Camilo es estudiante del Colegio Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, y que actualmente cursa el grado once en dicha institución educativa. 1.1.1.2. Expresa que el pasado 14 de abril de 2013, Juan Camilo debía presentar el examen de Estado para el ingreso a la educación superior “Saber 11”. 1.1.1.3. Indica que Juan Camilo tiene “acromatopsia” (una situación visual por la cual no ve ningún color), baja visión y nistagmus congénitos”, discapacidad visual que está debidamente certificada y que no afecta su capacidad cognitiva; “tanto es así que sus resultados académicos en el colegio son sobresalientes, habiendo ganado incluso premios de excelencia académica”. No obstante lo anterior, sostiene que la condición visual de Juan Camilo le genera cierta discapacidad que le dificulta o impide desarrollar algunas actividades, principalmente de motricidad fina, lectura de letras pequeñas y colores. 1.1.1.4. Dice que dada la necesidad de conocer los derechos y procedimientos que debían seguirse para que Juan Camilo pudiera realizar en condición de igualdad la prueba “Saber 11”, su padre, el señor Luis Fernando Macías Gómez, elevó un derecho de petición al ICFES el 4 de julio de 2012, quien manifestó en su respuesta del 25 de julio del mismo año que para casos como éste era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 092 de 2008, la cual establece que: “ARTÍCULO QUINTO: SOBRE LOS EXAMINADOS DISCAPACITADOS. Los procedimientos para la inscripción y registro de los examinados discapacitados se regirán por lo dispuesto en los artículos primero y segundo de la presente resolución. No obstante lo anterior, el ICFES organizará y brindará condiciones especiales el día de la aplicación, para la población discapacitada, siempre y cuando se suministre por su parte la información requerida para este fin, en la forma y términos señalados en este artículo. Para los fines indicados en el inciso anterior, es necesario que además de la información suministrada al momento de efectuar inscripción y registro, los rectores reporten por escrito al ICFES los datos de los examinados registrados como discapacitados, indicando nombre, apellido, documento de identidad, clase de discapacidad, así como la especificación de los tipos de apoyo requeridos para el día de la aplicación. Los usuarios que se registren individualmente, suministrarán la información relativa a su discapacidad al efectuar el proceso de registro. Además de los elementos autorizados para el ingreso al sitio de aplicación, el ICFES autorizará el ingreso de apoyo necesario de acuerdo con la información previamente suministrada por el usuario sobre su discapacidad”. 1.1.1.5. Arguye que atendiendo lo anterior, el colegio al momento de realizar la inscripción para la presentación del examen de Juan Camilo, informó dicha situación al ICFES, a lo cual dicha entidad indicó que la ayuda que suministraría sería la de un lector, pero “éste tipo de ayudas no ha sido utilizada por Juan Camilo en su proceso de escolaridad y no le garantizan las condiciones adecuadas para la presentación de la prueba, pues él necesita es ampliación de textos, lupas, computador, tiempo extra para las pruebas de conocimiento y, en algunos casos, en las pruebas en las que hay colores, una persona o un secretario que le colabore en el diligenciamiento de los formatos de respuesta y demás información solicitada”. 1.1.1.6. Relata que el señor Luis Fernando Macías Gómez, padre de Juan Camilo, en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución 092 de 2008, mediante derecho de petición adiado a 7 de marzo de 2013, informó al ICFES sobre las ayudas requeridas por su hijo para presentar el examen de Estado, para lo cual anexó copia de las certificaciones médicas y el resumen de su historia clínica. 1.1.1.7. Indica que el ICFES, en respuesta a la anterior petición, expidió comunicación 2013R54660 del 18 de marzo de 2013, mediante la cual “ofrece como apoyo el Kit que se da a las personas invidentes, el cual Juan Camilo nunca ha utilizado, pues él no es una persona invidente”. En dicha comunicación el ICFES manifestó que: “es pertinente señalar que el apoyo ofrecido a la población discapacitada invidente es el de un lector apoyado con un kit tifiológico, el cual es avalado por el Instituto Nacional de Ciegos. El área encargada procurará asignar un lector con dominio del inglés, finalmente le indicamos que no es posible imprimir el material de su hijo diferente al del resto de la población a evaluar”. 1.1.1.8. Como el ICFES insistió en otorgar ayudas que no satisfacen las necesidades de la discapacidad de Juan Camilo, su padre acudió a la acción de tutela para el amparo de sus derechos. 1.2. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Treinta y Cinco del Circuito de Bogotá la admitió y ordenó oficiar a la accionada para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones en ella contenidos. Notificadas las partes en debida forma de la admisión de la acción de tutela, y transcurrido el término legal, el ICFES explicó cómo es la presentación de exámenes de parte de las personas con discapacidad visual[1]. Al respecto, la entidad accionada precisó que la lectura en voz alta por parte de terceros es la alternativa más viable para la población con limitaciones visuales, por lo que el instituto cuenta con el apoyo y la orientación del Instituto Nacional de Ciegos “INCI”, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones tendientes a garantizar el acceso de la población con limitación visual a las diferentes pruebas. Agrega que en desarrollo del apoyo entre estas dos entidades, en el 2008 se programaron capacitaciones por parte del INCI para desplegar un proceso de formación de lectores de las pruebas, obteniendo un total de 240 lectores habilitados a nivel nacional, “lo que demuestra que el ICFES se ha preocupado por garantizar a la población con alguna discapacidad que se presenta a las diversas pruebas o exámenes que aplica, lo haga en las mejores condiciones de accesibilidad suministrándoles el apoyo de lectores que tengan las competencias necesarias para que la lectura de la prueba les facilite su desarrollo en las mejores condiciones de accesibilidad” (SIC). Por otra parte manifestó que, la Oficina Asesora Jurídica del instituto ofició, mediante comunicación interna N° 0040 del 22-03-2013, a la Subdirección de Aplicaciones-encargada de la parte logística de los diferentes exámenes-, y que la respuesta allegada fue la siguiente: “A quienes se registran como invidentes o con baja visión se les suministra el apoyo de un lector, esta persona ha sido capacitada por el INCI con el fin de apoyar en la lectura de las preguntas que contiene el cuadernillo y en el manejo de la hoja de respuestas. Así mismo se ha definido remitir un kit tifológico, el cual es un material de apoyo manejado por el lector en el momento en que tiene que describir principalmente gráficas. Dado que no es posible imprimir los cuadernillos de examen con las características específicas en que los usuarios lo requieran, se ha determinado que esta población se le autorice el ingreso de elementos adicionales de apoyo que posean para presentar la prueba. Para el caso de Juan camilo se le autoriza el ingreso de los elementos que posee el estudiante como telescopio, lupa y gafas con filtro, Los materiales o cuadernillos de prueba que utilizará el ICFES para esta prueba son en letra negra y con un solo fondo de color de papel, que en la mañana será rojo y en la tarde azul, Igualmente se le suministrará el apoyo de un lector especializado”. (Subrayado fuera del texto). Respecto a los salones donde se presenta el examen, el ICFES expresó que “éstas personas se ubican en salones independientes donde no interfiere la lectura de otras personas y son los últimos donde se recogen los cuadernillos, por cuanto hacer otra distinción respecto de la prueba pondría en desventaja a los demás participantes”. En cuanto al tiempo de aplicación del examen, determinó que “es claro que las pruebas están diseñadas para desarrollarse en determinado tiempo, sin lugar a excepciones, por tanto la única consideración que al respecto tiene el ICFES con la población discapacitada es en cuanto a que los salones donde están ubicadas las personas con alguna discapacidad, son los últimos donde se recogen los cuadernillos, por cuanto hacer otra distinción respecto al tiempo de la prueba pondría en desventaja a los demás participantes”. Adiciona la entidad accionada que “el ICFES no puede satisfacer la asignación del “secretario” por parte del accionante, puesto que el ICFES en aras de garantizar el derecho a la igualdad de todos los inscritos con alguna discapacidad, nombra lectores debidamente capacitados por el INCI Igualmente la solicitud de ampliación al 200%. Los discapacitados visualmente, dispondrán de cuadernillos, hoja de operaciones y hoja de respuesta previamente impresas en iguales condiciones” (SIC). Por lo esbozado anteriormente, el ICFES solicita que se niegue el amparo deprecado, al no existir ni amenaza ni vulneración a derecho fundamental alguno por parte de la institución. 1.3. DECISIONES JUDICIALES 1.3.1. Decisión de primera instancia Mediante sentencia proferida el 3 de abril de 2013, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado, tras considerar que “no se observa la vulneración de derecho fundamentales al accionante por parte del ICFES, en especial el de la igualdad, pues si bien es cierto, lamentablemente el joven Juan Camilo Macías Gómez, padece de una enfermedad congénita en sus ojos, según el certificado médico, también lo es, que para el momento en que el accionante presente su examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior Saber 11°, el ICFES, le está garantizando todos los medios necesarios, para que presente su examen en igualdad de condiciones frente a los demás evaluados (…). Al joven Juan Camilo se le ha autorizado el ingreso de elementos de apoyo, de la misma manera el lector especializado que se le asignará al accionante contará con un kit tiflológico, igualmente el accionante será ubicado en un salón independiente donde no interfiera la lectura de otras personas (…)”. En virtud de lo anterior, el a quo concluyó que el accionante contará con las ayudas requeridas para que presente un examen en óptimas condiciones. Sin embargo, el juez de primera instancia previno al ICFES para que adelante las gestiones necesarias para que el accionante el día de su examen pueda ingresar el telescopio, la lupa y las gafas con filtro; además, para que cuente desde el inicio hasta la finalización del examen con la asistencia del lector especializado certificado por el INCI. 1.3.2. Impugnación Dentro de la oportunidad legal prevista, el apoderado judicial del señor Luis Fernando Macías Gómez, representante legal de Juan Camilo Macías Gómez, impugnó la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos: Inicialmente destaca que en el fallo de primera instancia se desconocieron las circunstancias fácticas que motivaron la interposición de la tutela, en el entendido de que se le ha dado a Juna Camilo el mismo trato que a las personas invidentes, discapacidad visual que él no tiene. En su sentir, resulta abiertamente contrario al Estado Social de Derecho y a la Constitución Política, especialmente a lo previsto en el artículo 13, igualar la situación médica de una persona invidente con la de aquella que tiene “acromatopsia”, “pues esta es una situación visual en la cual no ve ningún color y solamente ve en tonalidades de blancos, negros y grises”. Así mismo, sostuvo que no es admisible que el juez de instancia haya afirmado que la accionada esté brindando las condiciones necesarias para que Juan Camilo presente el examen, ya que sin ninguna justificación constitucional ésta se ha negado a la ampliación al 200% del cuadernillo y de la hoja de respuestas, así como a la posibilidad de que éstos sean impresos con letra negra sobre un fondo blanco, requerimientos que resultan necesarios para que Juan Camilo pueda presentar en condiciones de igualdad el examen de Estado. Respecto a lo anterior, el impugnante solicitó que se tuviera como prueba de la impugnación un certificado médico de fecha 5 de abril de 2013, expedido por el médico Roberto Valencia, experto que ha tratado a Juan Camilo desde el 9 de noviembre de 2006, y quien, dada la agudeza visual del joven, indicó las ayudas que requiere de manera permanente. Éstas son: “i) telescopio de lejos; ii) un filtro rojo 550 con transmisión 7% para mejorar su deficiencia de color y su fotofobia; y iii) para mejorar su eficiencia visual, rapidez y comprensión de lecturas los impresos en MACROTIPO”. Conforme a lo antes mencionado, precisó que “en este caso se da una solución deficiente para garantizar de manera efectiva los derechos vulnerados a Juan Camilo. Por tanto, mientras no se den la totalidad de garantías que requiere el próximo 14 de abril de 2013 en la presentación del examen “Saber 11” no es posible afirmar que no persista una vulneración a los derechos a la igualdad del accionante”. Aseveró el accionante que el juez de instancia no dijo de qué manera contribuirían las ayudas por él ordenadas al ICFES, para evitar la conculcación de los derechos de Juan Camilo, pues en primer lugar, “no se sabe si el lector bajo las instrucciones de Juan Camilo lo ayudará en el diligenciamiento del cuadernillo”; en segundo lugar, “respecto al kit tiflológico, es necesario poner de presente que en ninguna de las piezas procesales se ha hecho referencia de los elementos que lo integran y la forma en la cual el joven podrá disponer de ellos (…)”; y en tercer lugar, “en la parte resolutiva del fallo que se impugna no se establecieron órdenes relacionadas con las ayudas logísticas que deberá tener Juan Camilo el día del examen”. Por último, dado que Juan Camilo debe presentar el examen “Saber 11” el 14 de abril de 2013, se solicitó al ICFES como medida provisional que realice las gestiones necesarias para que el joven pueda utilizar los apoyos que requiere. También se le ordenó a la institución demandada que indique de manera precisa y detallada cuáles serán las funciones del lector asignado. 1.3.3. Decisión de segunda instancia Mediante sentencia proferida el 18 de abril de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado, en virtud de que “el juez de tutela no cuenta con la facultad de señalarle al ICFES la forma en la que el joven debe utilizar los elementos que se le permitieron ingresar a la prueba, púes ésta es una atribución que tan solo tiene la institución demandada”. Finalmente sostuvo el ad quem que la institución demandada desde la contestación de la petición del accionante ha estado dispuesta a garantizarle las condiciones necesarias para preservar sus derechos fundamentales para la presentación del examen de Estado. 1.4. PRUEBAS DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE Obran en el expediente, entre otras, las siguientes: 1.4.1. Certificado de estudio de Juan Camilo Macías Gómez, expedido por el Colegio Louis Pasteur de Bogotá. 1.4.2. Certificado médico expedido por la doctora Nicole Benoit, adiado a noviembre 13 de 2012, en el que consta que Juan Camilo Macías Gómez presenta “acromatopsia”. 1.4.3. Copia del resumen de la historia clínica de Juan Camilo Macías Gómez. 1.4.4. Copia de la resolución 000092 del 22 de febrero de 2008 expedida por el ICFES. 1.4.5. Copia del derecho de petición adiado a 7 de marzo de 2013, mediante el cual el señor Luis Fernando Macías Gómez solicita al ICFES el soporte necesario para que Juan Camilo Macías Gómez presente el examen “Saber 11”. 1.4.6. Copia de la respuesta al derecho de petición del 7 de marzo de 2013, adiada a 18 de marzo de la misma anualidad, mediante la cual el ICFES le manifiesta al señor Luis Fernando Macías Gómez que a Juan Camilo se le va a brindar el apoyo de un lector para que realice el examen “Saber 11”. 1.4.7. Copia de la resolución 000491 del 19 de mayo de 2010 expedida por el ICFES. 1.4.8. Copia de la resolución 000492 del 19 de mayo de 2010 expedida por el ICFES. 1.4.9. Copia de la contraseña de Juan Camilo Macías Gómez. 1.4.10. Certificación expedida el 5 de abril de 2013 por el doctor Roberto Valencia, quien determinó que Juan Camilo Macías Gómez debe utilizar de manera permanente telescopio para tareas de lejos, filtro rojo 550 con transmisión 7% para mejorar su deficiencia al color y su fotofobia e impresos macrotipo. 1.4.11. Copia de la citación a Juan Camilo Macías Gómez, al examen de Estado “Saber 11”, en la que se le manifiesta que “no podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como: celulares, aparatos electrónicos o de comunicación, impresos o escritos, maletines, bolsos, etc. Sólo podrán ingresar al sitio de aplicación: documento de identidad válido, lápiz de mina negra N° 2, borrador, tajalápiz”. 2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 2.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. 2.2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala establecer si el ICFES está vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la educación de Juan Camilo Macías Gómez, al suministrarle ayudas y asistencia para personas invidentes para realizar el examen “Saber 11”, las cuales no son acordes con la discapacidad visual que tiene. Para tal fin, la Sala analizará: i) la protección constitucional reforzada de las personas en situación de discapacidad, y ii) el amparo del derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad. Posteriormente se pasará a analizar el caso concreto. 2.3. LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL La Constitución Política de 1991 consagra en múltiples disposiciones –artículos 13, 47, 54 y 68- la especial protección de que gozan las personas con limitaciones o en situación de discapacidad. En este sentido, el artículo 13 Superior establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. De esta disposición Superior se deriva la obligación del Estado y autoridades de adoptar medidas afirmativas para evitar la discriminación y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad. En este sentido, “la igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), constituyen derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”[2]. Por su parte, el artículo 47 Constitucional manifiesta que es obligación del Estado adelantar una “política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Esta norma consagra entonces un derecho a favor de las personas en situación de discapacidad, el cual a su vez se convierte en una obligación del Estado, consistente en la adopción programática de una política de previsión, rehabilitación e integración social para esta población. En el ámbito laboral, el artículo 54 Superior regula que “El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. En este artículo se evidencia la existencia de una obligación clara y expresa de parte del Estado de propender por la inclusión laboral, en condiciones dignas, de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad. Por último, respecto al derecho a la educación, el artículo 68 de la Carta determina que son obligaciones especiales del Estado la “erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”. De este mandato constitucional se deriva la obligación que tiene el Estado de crear políticas públicas encaminadas a superar las barreras de acceso a la educación de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad. Ahora bien, es de tenerse en cuenta que los derechos de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad han sido reconocidos por múltiples tratados internacionales, muchos de ellos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entre ellos se encuentran: i) Los expedidos por la Organización de las Naciones Unidas, tales como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), y las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1993). ii) El Convenio 159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”. iii) La recomendación No. 168 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 82 de 1988. iv) También son de importancia, entre otros instrumentos internacionales: (i) Las “Declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social”; (ii) El “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”; y (iii) normas técnicas internacionales como la Declaración de Copenhagen, Sección B 26, relativas a las obligaciones de los Estados para promover la accesibilidad para las personas con discapacidad. v) Así mismo, en el ámbito americano se encuentra: (i) la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, la cual tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la de propiciar su plena integración a la sociedad. En el artículo 1° de este instrumento internacional se establece que: “el término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. En esta Convención se consagra que la discriminación contra las personas con limitaciones o con discapacidad constituye toda “distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Adicionalmente, ordena a los Estados a tomar medidas no sólo para “eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad” sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad”. vi) Por otra parte, el Protocolo de San Salvador “sobre derechos económicos, sociales y culturales”, hace referencia a los derechos a la seguridad social y a la salud de personas con discapacidad. vii) También los derechos de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad se encuentran regulados en tratados multilaterales como: (i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (iii) el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y (iv) la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. viii) Especial relevancia reviste la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, la cual propone “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Por otro lado, desde el punto de vista legal, diferentes regulaciones han definido mecanismos de protección para las personas en situación de discapacidad en diversas materias. Entre ellas se encuentran: i) El Decreto 2177 de 1989, “por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio 159, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”. Éste consagra que el Gobierno Nacional dentro de la política nacional de empleo, debe adoptar programas permanentes y continuos para la creación de fuentes de empleos para personas con limitaciones. ii) La Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social, en el cual se contempla la atención en salud y la rehabilitación de las personas con deficiencia o con discapacidad, cualquiera que haya sido su patología causante. iii) La Ley 115 de 1994, que en su Título III, Capítulo I, reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad y talentos excepcionales, y consagra que es obligación de los establecimientos educativos permitir el proceso de integración académica y social de los educandos en situación de discapacidad. iv) El Decreto 2082 de 1996, “Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales”. En este decreto se establece que esta población puede recibir atención específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social. v) La ley 361 de 1997, que comprende la constitución de mecanismos de integración social para las personas con limitaciones, los cuales se basan en los mandatos constitucionales que apuntan al reconocimiento de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, como elementos necesarios para que alcancen su integración social, la asistencia y la protección que necesitan. vi) La ley 1145 de 2007, que contiene la formulación e implementación de la política pública de discapacidad, políticas macroeconómicas y sectoriales. En ella se consagra que la ejecución de dichas políticas se hará en forma coordinada y articulada con los diferentes sectores institucionales y sociales, entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales en el marco de los Derechos Humanos. De conformidad con los preceptos constitucionales, con los instrumentos internacionales y con las disposiciones legales antes mencionados, la jurisprudencia de esta Corporación ha alcanzado un alto desarrollo en esferas como la estabilidad laboral reforzada, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la locomoción, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la protección de los menores con discapacidad, la eliminación de barreras de acceso y el derecho a la educación de las personas con limitación o en situación de discapacidad. Al respecto, esta Corporación ha establecido en jurisprudencia reiterada y uniforme que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional[3], como consecuencia de los mandatos de igualdad ante la ley, prohibición de discriminación, y promoción y protección de grupos tradicionalmente discriminados o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 de la Constitución Política), y de la obligación del Estado de propiciar la reintegración y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad (artículo 47 de la Constitución Política). En este sentido, la Corte ha reconocido que son muchas las barreras y los obstáculos que han tenido que padecer las personas con limitaciones o en situación de discapacidad en nuestra sociedad, los cuales impiden que gocen efectivamente de sus derechos fundamentales, así como también impiden la inserción social y laboral de esta población, e imposibilitan su participación efectiva en los asuntos que les interesa, lo cual se traduce en una clara vulneración de la dignidad de este grupo poblacional y perpetúa situaciones de discriminación y marginalidad. En este sentido, especial atención le ha dado la Corte al derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad. Para ello, ha hecho énfasis en la necesidad de brindar un trato especial a ese grupo poblacional y ha insistido en que el derecho a la igualdad más allá de una concepción formal, debe tener en cuenta las diferencias reales existentes entre personas que padecen alguna discapacidad y las que no. Respecto a las personas con discapacidad, esta Corporación ha insistido en que: “la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos. Los derechos específicos para las personas con discapacidad implican necesariamente, acciones afirmativas a favor de éstas, de manera que “autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”[4] (Subrayado fuera del texto). En cuanto a la necesaria eliminación de la discriminación y la garantía de la igualdad real y efectiva de esta población, la Sentencia T-553 de 2011[5] precisó que: “En punto al importante cometido que se busca alcanzar a través del despliegue de acciones afirmativas por parte del Estado frente a las personas en situación de discapacidad, esta Corporación ha referido que “el fin perseguido a través de las medidas de diferenciación positiva es el de contrarrestar - equilibrar - los efectos negativos que generan las discapacidades en punto a la participación de los discapacitados en las distintas actividades que se desarrollan en la sociedad” (Subrayado en el texto). Así las cosas, se reitera que el contenido del artículo 13 de la Constitución Política busca la realización de una justicia material para todas las personas. En consecuencia, “el trato favorable no constituye un privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”[6] (Subrayado en el texto). Específicamente, esta Corporación ha referido que pueden constituir actos de discriminación contra la población en situación de discapacidad, “la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad”[7] (Subrayado en el texto). Así las cosas, se puede decir entonces que existe una clara necesidad de que el Estado – legislador, juez y administrados, en todos los ordenes territoriales-, brinden un trato especial a las personas en situación de discapacidad, pues la omisión de dicho trato especial puede constituir una medida discriminatoria. Ello, por cuanto “la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones. En suma, las personas discapacitadas tienen derecho a que el Estado les procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este deber, por parte del Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos fundamentales”[8] (Subrayado fuera del texto). Respecto a la violación del derecho a la igualdad por omisión en el cumplimiento del deber de trato especial de las personas en situación de discapacidad, la Corte ha precisado que dicha circunstancia supone que el juez verifique la existencia de: “(1) un acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los discapacitados”[9]. En concordancia con los supuestos antes señalados, se tiene que la Constitución Política de 1991, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, las disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, han reconocido que debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidas las personas en situación de discapacidad y dada su especial condición, el Estado tiene el deber de crear acciones efectivas para desarrollar cabalmente el postulado del derecho a la igualdad, con el fin de garantizarles su integración social y el pleno disfrute de todos sus derechos. En efecto, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la vez un medio para lograr que las personas en situación de discapacidad puedan disfrutar al máximo de los demás derechos y para que adquieran la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, ello por cuanto la igualdad de oportunidades es una garantía fundamental mediante la cual se equipara a las personas en inferioridad de condiciones, a las personas que no padecen ninguna discapacidad, con el fin de que puedan ejercer sus derechos y libertades y tener plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades. 2.4. EL AMPARO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2.4.1. Regulación constitucional Dado que el esquema de protección constitucional de las personas en situación de discapacidad tiene manifestaciones concretas en el ámbito de la educación, el artículo 67 Constitucional consagra a éste como derecho fundamental de la persona, al tiempo el artículo 68 establece que“(…) la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. Estas normas constitucionales recogen los principios que sobre la materia consignan los diversos tratados y declaraciones internacionales, algunos de ellos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, al tenor del artículo 93 de la Constitución de 1991. 2.4.2. Instrumentos internacionales Dentro de los instrumentos que protegen el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad se encuentran: i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación. (…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones”. ii) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 consagra que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (…) b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (…)”. iii) Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad, expresa en su artículo 6, que “los Estados deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. 1. La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados corresponde a las autoridades docentes en general. La educación de las personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar. 2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados. Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades. (…) 4. En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves. Debe prestarse especial atención a los siguientes grupos: a) Niños muy pequeños con discapacidad; b) Niños de edad preescolar con discapacidad; c) Adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres. 6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas con discapacidad puedan integrarse en el sistema de enseñanza general, los Estados deben: a) Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general; b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos según sea necesario; (…). 7. Los programas de educación integrada basados en la comunidad deben considerarse como un complemento útil para facilitar a las personas con discapacidad una formación y una educación económicamente viables. 8. En situaciones en que el sistema de instrucción general no esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza general (…)” (Subrayado fuera del texto). iv) La Observación General N° 13 de las Naciones Unidas, dispone que “La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. (…) La educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte (…). b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos; Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres. d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” (Subrayado fuera del texto). v) La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas en situación de Discapacidad, que en su artículo 24 establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegas, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”[10] (Subrayado fuera del texto). 2.4.3. Normativa nacional En cuanto a las normas nacionales adoptadas en cumplimiento de las obligaciones de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), en su artículo 46 preceptúa que “la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”. Por lo que le corresponde al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales “incorporar en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan la atención educativa a las personas con limitaciones”. Así mismo, señala que “el gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones” (artículo 48 Constitucional). De igual manera el Decreto 2082 de 1996 (por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales), en su artículo 16 manifiesta que “los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso, su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para atender debidamente esta población”. Así mismo, estableció que “los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán el proyecto educativo institucional, para atender debidamente a la población con limitaciones físicas o mentales”, lo cual debía haberse alcanzado antes del 8 de febrero del año 2000 (art. 16 y 17). Así mismo, la citada Ley 361 de 1997 en su artículo 4 consagra que “las Ramas del Poder Público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos constitucionales de las personas con limitaciones para su completa realización personal, siendo obligación ineludible del Estado la prevención, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales”. El artículo 10 de la citada ley establece que: “El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales”. Por su parte, el artículo 11 consagra que: “En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación. Para estos efectos, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional (…)”. El artículo 13 manifiesta que: “El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población (…). Parágrafo: Todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones (…)”. El artículo 14 establece que “El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de estado y conjuntamente con el ICETEX, facilitará el acceso a créditos educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para tal efecto”. De otra parte, se destaca el artículo 23 que señala que, “El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación (…)”. Por otra parte, el Decreto 366 de 2009, en su artículo 4 y 9 expresa que “Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de Educa...