Sentencia T-592 de 2015

T-592-15 SENTENCIA T-de 2012 Sentencia T-592/15 DERECHO A LA EDUCACION DE MENORES DE EDAD-Caso en que accionante es madre y solicita estudiar en jornada sabatina DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza Jurídica/DERECHO A LA EDUCACION-Servicio público El artículo 67 de la Constitución Política es claro en señalar la doble naturaleza o dimensión que tiene la educación en tanto servicio público y derecho. DERECHO A LA EDUCACION-Reconocimiento constitucional y por tratados y organizaciones internacionales DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DEL MENOR-Garantía constitucional al goce efectivo DERECHO DE LOS NIÑOS A RECIBIR EDUCACION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO DERECHO A LA EDUCACION DE MENORES DE EDAD-Protección internacional y constitucional DERECHO A LA EDUCACION DE MENORES DE EDAD-Accesibilidad en condiciones dignas como componente básico INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Contenido y alcance EDUCACION PARA ADULTOS-Regulación normativa/EDUCACION PARA ADULTOS-Requisito de edad DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA EDUCACION-Orden a ICBF informar a accionante todos los posibles planes y programas de los cuales tanto ella como su hija puedan beneficiarse DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA EDUCACION-Orden a ICBF informar a tía de accionante acerca de responsabilidades que supone ser representante o acudiente de una menor de edad, en especial cuando esta ya es madre DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA EDUCACION-Orden a institución educativa disponer un cupo para accionante Referencia: Expediente T-4.929.453 Acción de tutela instaurada por María del Carmen Restrepo Posada como agente oficioso de la menor de edad María Alejandra Penagos contra la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD de la misma ciudad. Procedencia: Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia. Asunto: Derecho a la educación en modelos educativos diseñados por las autoridades administrativas para los mayores de edad. Reiteración de jurisprudencia. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015). La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortíz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente SENTENCIA En la revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia, dentro de la acción de tutela incoada por María del Carmen Restrepo Posada como agente oficioso de la menor de edad María Alejandra Penagos contra la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD de esa misma ciudad. El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión efectuada por el referido Juzgado, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 28 de mayo de 2015, la Sala Quinta de Selección lo escogió para su revisión. I. ANTECEDENTES La señora María del Carmen Restrepo Posada actuando como agente oficioso de su sobrina menor de edad, María Alejandra Penagos, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD de esa misma ciudad por considerar que a su sobrina le fueron vulnerados los derechos fundamentales de los niños, a la igualdad, a la especial protección de los adolescentes y a la educación. A. Hechos probados en el expediente 1. María del Carmen Restrepo Posada, como agente oficioso de su sobrina María Alejandra Penagos de 16 años de edad, manifestó que su representada se encontraba matriculada en la Institución Educativa Cristóbal Colón, sede Gran Colombia de la ciudad de Armenia. Luego de aprobar el grado séptimo se matriculó para cursar al grado octavo en el año 2015.[1] 2. Tras haber tenido un bebé en el año 2014, la joven ha visto muy difícil continuar con su proceso educativo en la jornada habitual, por esta razón, solicitó su admisión en la Institución Educativa CASD, la cual ofrece educación para adultos los días sábados, por ser el día en el que su tía y/o abuela con quienes vive, pueden cuidar de su bebé. 3. Desafortunadamente, la referida institución le negó su matrícula, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 3011 de 1997[2], y en la directriz emitida en el mismo sentido, por parte de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia en la que se insiste en dar estricto cumplimiento al citado decreto, por cuanto la menor de edad no reúne los requisitos para acceder a este modelo educativo. 4. En explicación confusa, la agente oficiosa señala que la negativa a que su agenciada sea aceptada como estudiante en la Institución Educativa CASD obedece a que tal y como ella afirma, “no tengo un permiso del Ministerio de Trabajo que afirme que trabajo y tengo cubierto el pago de mi seguridad social en salud, pensión y ARL, que la Secretaría de Educación Municipal no me puede expedir un permiso, porque estaría en contra del decreto antes mencionado, que solo a través de una orden judicial, según informe que diera el Ministerio de Educación Nacional en un oficio del 31 de octubre de 2012, del cual adjunto copia, en la que dicen que las instituciones educativas deben promover que todos los niños, niñas en edades regulares puedan ingresar al sistema educativo, sin apartarse de la observancia y aplicación de la normatividad vigente y solo en casos en que exista un pronunciamiento judicial sobre un estudiante, en el que se ordene apartarse de la norma para un caso particular, se podrá atender lo ordenado por un juez que ha estudiado el caso particular y ha definido la vía para resolver el asunto concreto” (fl. 5). 5. En vista de lo anterior, la accionante consideró vulnerados los derechos fundamentales de los niños, a la igualdad, a la especial protección de los adolescentes y a la educación de su representada. Para su protección, pidió, que se ordene a la Secretaria de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD de esa misma ciudad, que permitan a la joven María Alejandra Penagos cursar los grados octavo a once en la jornada sabatina. B. Actuación procesal Mediante auto del 19 de febrero de 2015, el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia, admitió la presente acción de tutela, y corrió traslado de la misma a la Institución Educativa CASD y a la Secretaría de Educación de Armenia, para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos. Las entidades accionadas intervinieron en los siguientes términos: Institución Educativa CASD El Rector de la Institución Educativa CASD, en escrito recibido por el juzgado de conocimiento el 23 de febrero de 2015, explicó los motivos para negar la vinculación de María Alejandra Penagos como estudiante de dicha institución. Señaló que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución, además del Estado, son también la familia y la sociedad los responsables de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, correspondiéndole en todo caso al Estado velar por la mejor formación, moral, intelectual y física de los educandos. Así, en aras de dar cumplimiento a dicho compromiso, los artículos 16 y 17 del Decreto 3011 de 1997 establecen unos requisitos particulares y concretos con el fin de “crear una barrera que impida que aquellos menores que han desarrollado un CÍCLO EDUCATIVO FORMAL CONTINUADO, sean desvinculados amañada y arbitrariamente por sus padres, tutores o representantes, con el fin de desarrollar otro tipo de actividades (laborales, familiares o de otro fin) garantizando la norma, el amparo de los derechos de los menores, especialmente en materia educativa y de formación, y ampliando el rango de acceso al sistema de escolaridad, para aquellos que por distintas circunstancias, no han podido desarrollar un CICLO EDUCATIVO FORMAL CONTINUADO” (Énfasis original) (fl. 15). De la aplicación de las normas citadas se puede afirmar que “el ingreso al programa de educación para adultos, es subsidiario y se prestará SÓLO SI se cumplen unos requisitos específicos, debiendo los menores y demás personas, que no cumplan dicha manifestación perentoria, sujetarse y vincularse a los programas de educación formal.” (Énfasis original) (fl. 15). Para reforzar su argumentación, el referido rector citó in extenso la sentencia de la Corte Constitucional T-108 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, en la que se resalta la importancia que los menores de edad, en ejercicio de sus derechos fundamentales, gocen de manera oportuna y plena de su derecho a la educación, precisamente en su edad escolar, asistiendo a los centros educativos con el sistema de educación formal. Explicó igualmente, que hace un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional y la Secretaría Municipal de Armenia para garantizar de mejor manera el derecho a la educación de los menores de edad. Explica, que con la implementación de la jornada única, y el fortalecimiento de estrategias que hacen más atractivo el ingreso al sistema educativo como son la alimentación escolar, el transporte escolar, la dotación de kits y uniformes, no se encuentra justificación para que los padres, desaprovechen estas condiciones de acceso a la educación, y pretendan excluir rápidamente a sus hijos del sistema, con el fin de vincularlos inmaduramente en actividades no propias para su edad y nivel de formación. De esta manera, considera la Institución CASD, que no ha vulnerado el derecho a la educación de María Alejandra Penagos, cuando quiera que el mismo se encuentra garantizado plenamente con la actual disponibilidad de cupos, sedes, y demás elementos propios de la prestación del servicio educativo dentro de los programas de educación formal continuada. En lo que respecta a la garantía de los derechos de los niños, y su desarrollo legislativo, señaló que a través del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006, en especial sus artículos 10 y 14), la familia, y en especial las personas encargadas de la patria potestad y la responsabilidad parental están obligadas, no solo a concurrir en el proceso formativo y educativo de los niños y niñas, sino al desarrollo integral, armónico, efectivo y pleno de sus derechos (en este caso el de educación), situación legal que no solo NO se compadece de la actuación legal que despliegan los mayores que fungen como representantes en la presente acción constitucional, sino que además, contraviene la responsabilidad que les corresponde dentro del proceso de ser garantes de la protección de los derechos de sus hijos, específicamente, dentro del proceso educativo, al insistir en el desconocimiento de un precepto legal que permita el ingreso de sus hijos a un sistema de educación impropio para su desarrollo personal, con la única finalidad de lograr su inmadura vinculación al mercado laboral, para cumplir actividades que atentan contra la debida formación de éstos (fls. 19 y 20). Secretaría de Educación Municipal de Armenia La Secretaría de Educación Municipal de Armenia, en escrito recibido por el juzgado de instancia el mismo 25 de febrero de 2015, intervino en la presente acción de tutela, aportando para el efecto, un texto argumentativo idéntico al que fuera remitido por la Institución CASD como respuesta a la presente acción de tutela. Por tal razón, no se repetirá lo expuesto en precedencia. C. Decisión judicial objeto de revisión Sentencia de primera instancia En sentencia del 4 de marzo de 2015, el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia negó el amparo solicitado. El a quo explicó inicialmente que la acción de tutela no debe emplearse como medio judicial paralelo o adicional a los ya existentes, siendo por el contrario un mecanismo excepcional, residual y subsidiario. Al analizar el derecho a la educación, el juez de instancia señaló que en casos como el presente, es claro que la educación para adultos está determinada para un grupo específico de personas, que tiene como característica en común la edad, condición que encuentra justificación normativa y social en los términos referidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-108 de 2001. En esta medida, en el caso de María Alejandra Penagos, no se encuentran vulnerados sus derechos, en la medida en que lo que se pretende al negarse su acceso al sistema educativo para adultos, es que prosiga su formación pedagógica en el grupo poblacional al que ella pertenece, de acuerdo a su condición de menor de edad. Por esta razón, las condiciones contenidas en el Decreto 3011 de 1997 propone otros requisitos, que son propios del sistema educativo para adultos. De otra parte, el juez de instancia señaló que no existen los suficientes argumentos en el expediente para justificar que la menor de edad vea truncada su educación dentro del modelo de educación continuada apropiado para su edad. Tampoco son de recibo las escuetas razones esgrimidas por la agente oficiosa de la menor de edad, para justificar la inclusión de su representada en el modelo de educación sabatina, por el hecho de haber tenido un bebé. En este punto, el juez de tutela explica, que cuando entra en conflicto el derecho a la educación con otros derechos, debe primar la garantía a la educación sobre los demás, “como quiera que en tratándose de menores de edad deben tener asegurado su ciclo educativo acorde a sus necesidades, todo ello con miras a la satisfacción del interés superior del menor” (fl.31). Finalmente, no se consideró vulneración alguna respecto del derecho a la igualdad, pues en ningún momento la accionante aportó el criterio de comparación que hubiese permitido establecer si hubo o no un trato jurídico distinto respecto a una situación fáctica similar a la presente. D. Actuación judicial surtida en sede de revisión 1. Por auto del 3 de agosto de 2015, la presente Sala de Revisión, tras advertir la existencia de una nulidad saneable ante la no vinculación al proceso de la Institución Educativa Cristóbal Colón de la ciudad de Armenia, y del ICBF, entidades que, en razón a los hechos de la presente acción de tutela podían verse afectadas por una decisión en la presente acción de tutela, en particular, frente a la Revisión que actualmente se surte ante la Corte Constitucional. 2. Si bien la Corte ha establecido su criterio en el sentido de no tramitar directamente el incidente de nulidad por falta de notificación cuando éste se detecta en el trámite de Revisión –ordenando la devolución del expediente al juez de primera instancia para lo de su competencia-, también ha considerado que, sólo en casos especiales cuando las circunstancias de hecho lo ameritan o se encuentran en juego derechos fundamentales de personas que por su condición de sujetos de especial protección constitucional, como sucede en el presente caso dada la minoría de edad de María Alejandra Penagos y su condición de estudiante y madre prematura, es su deber proceder a vincular al proceso a quienes no fueron llamados y registran un interés en el mismo. 3. Por tal razón, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, esta Sala de Revisión ordenó a la Secretaría General de esta Corporación poner en conocimiento de la Rectora de la Institución Educativa Cristóbal Colón de la ciudad de Armenia, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Quindío, la acción de tutela de la referencia, para que, en sede de Revisión, se pronunciaren acerca de las pretensiones y del problema jurídico aquí planteado. 4. Además del anterior requerimiento, la Sala de Revisión consideró pertinente que, el o la rector(a) de la institución educativa Cristóbal Colón –sede Gran Colombia- de la ciudad de Armenia, diera respuesta a los siguientes cuestionamientos: a. Remitir copia del Manual de Convivencia o Reglamento Estudiantil. b. Informar a la Sala si dicha institución cuenta con algún programa o plan de apoyo académico a las menores de edad que, estando matriculadas como estudiantes, deben afrontar la maternidad de manera prematura. c. ¿Ha tomado la Institución Educativa Cristóbal Colón algunas medidas frente a la condición de maternidad de María Alejandra Penagos, y si conoce las razones por las cuales la menor de edad ha optado por solicitar el acceso al sistema de educación sabatina para adultos? 5. En el mismo sentido, se solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, para que igualmente respondiera a los siguientes cuestionamientos: a. ¿Tiene el ICBF algún plan o programa de asistencia y/o acompañamiento a las menores de edad que ya son madres, en especial cuando estas aún son estudiantes? b. ¿La menor de edad María Alejandra Penagos ha asistido o solicitado en alguno de sus Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Armenia, la atención de su bebé? c. ¿Pueden las madres-escolares acceder de manera prioritaria a los centros de desarrollo Infantil del ICBF para el cuidado de sus hijos, a efectos de poder adelantar sus estudios? 6. De otra parte, en vista de la brevedad de los hechos expuestos en la presente acción de tutela, la Sala de Revisión encontró que existían algunas dudas en cuanto a los supuestos fácticos relatados por la agente oficiosa de la accionante. Por esta razón, y de conformidad con el artículo 57 del Reglamento Interno de esta Corporación, que dispone que, “con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera conveniente, decretará pruebas”, ésta Sala de Revisión solicitó a la señora Restrepo Posada, tía de la accionante, que diera respuesta puntual a las siguientes preguntas: a. ¿María Alejandra Penagos está asistiendo actualmente a la institución educativa Cristóbal Colón –sede Gran Colombia- en calidad de estudiante? Justificar su respuesta si la misma es positiva o negativa. b. ¿La institución educativa Cristóbal Colón –sede Gran Colombia-, ha impedido que la menor de edad asista a clase en razón a su condición de madre-estudiante? c. ¿Existen razones -no académicas- que obligan a que María Alejandra no prosiga sus estudios en la jornada diurna habitual? Si la respuesta es positiva, favor explicar dichas motivaciones. d. ¿Se ha negado voluntariamente María Alejandra a asistir a clases? Explicar cuál o cuáles son las razones para no asistir a la jornada ordinaria de clases en la institución educativa Cristóbal Colón. 7. Finalmente, la Sala de Revisión consideró pertinente obtener de manera directa el testimonio de María Alejandra Penagos, como titular de los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama por vía de la acción de tutela que ahora se revisa. Por tal razón, y en atención a la necesidad de obtener una declaración ajena a cualquier tipo de presión, se comisionó al Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia, para que con el debido acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar –ICBF-, realizase a la menor de edad, las siguientes preguntas: a. ¿Está asistiendo actualmente a clases en la institución educativa Cristóbal Colón –sede Gran Colombia-, en el cual aparece matriculada para cursar el grado octavo? b. ¿Cuál o cuáles son las razones diferentes a las de carácter académico, que le impiden seguir su proceso educativo en el horario normal? c. ¿La institución educativa o sus directivas han ofrecido algún apoyo a su nueva condición de madre-estudiante? Es decir, ¿el colegio o sus directivas le han propuesto algún plan o programa de apoyo para que usted pueda seguir su proceso formativo? d. ¿La institución educativa o sus directivas le insinuaron o señalaron lo inconveniente que resultaría su presencia en dicho plantel? e. ¿Cuenta usted con el apoyo familiar y económico suficiente para el cuidado de su bebé? Los anteriores requerimientos judiciales, fueron respondidos en los siguientes términos: Respuesta de la Rectora de la Institución Educativa Cristóbal Colón –sede Gran Colombia, de Armenia, Quindío 8. La Rectora de la Institución Educativa Cristóbal Colón de Armenia, señora Ana Rita Forero G., en escrito recibido por esta Corte el 18 de agosto de 2015, dio respuesta a los cuestionamientos a ella hechos, en los siguientes términos: En primer lugar, procedió a la remisión del correspondiente Manual de Convivencia o Reglamento Estudiantil de la institución que ella dirige. 8.1 En relación a la pregunta de si dicha institución cuenta con algún programa o plan de apoyo académico a las menores de edad que, estando matriculada como estudiantes, deban afrontar la maternidad de manera prematura, señaló que el apoyo de la institución en ese supuesto consiste permitir a la estudiante la realización de trabajos, talleres o actividades que pueda desarrollar en su casa y que los remitan posteriormente a la institución. Si por algún motivo la estudiante no puede cumplir con lo establecido, luego de que termine su licencia de maternidad, podrá regresar a clases, para continuar sus estudios, advirtiendo que las valoraciones que obtenga en el periodo en que asista a clases se le homologarán para el periodo en que estuvo ausente. 8.2 En respuesta al cuestionamiento de si la Institución Educativa Cristóbal Colón ha tomado algunas medidas frente a la condición de maternidad de María Alejandra Penagos, y si conocía las razones por las cuales ésta última consideró la opción de solicitar el acceso al sistema de educación sabatina para adultos, la referida rectora procedió a explicar lo siguiente: Las medidas que se tomaron están descritas en informes elaborados por la coordinadora de sede, licenciada María del Carmen Velásquez Ángel y la Directora de grupo en el 2014, Luz Adiela Ramírez. En estos informes se decidió lo siguiente: a. Acogerla en la institución en el momento de su matrícula, enero de 2014. b. Flexibilizarle horarios de ingreso a causa de molestias propias de su estado. c. Convocar a su acudiente para informarle las consideraciones que se tendrían para con la joven durante la licencia de maternidad (no asistió, según informa la coordinadora). d. Permitir el reintegro de la joven, en el momento que lo considere oportuno y dar solución a la falta de notas, a la luz del Manual de Convivencia, buscando siempre favorecer a la estudiante. e. Una vez hubiere nacido el bebé y estando ella reintegrada se le permitió ingresar más tarde a la jornada escolar con el fin de que pudiese dejar a su bebé alimentado, aseado y en las mejores condiciones posibles. Concluyó el año siendo promovida al grado octavo (8º). f. El cuatro (4) de diciembre de 2014 renovó matrícula para el 2015. No obstante, iniciado el año 2015 no se presentó a la institución. A pesar de que se trató de contactar a su acudiente, no se obtuvo respuesta alguna. Agregó finalmente que Ingrid Katherine Flórez, quien además de ser la prima y cuñada de María Alejandra Penagos, es estudiante de esa misma institución, informó a la Coordinadora que María Alejandra no volvería al colegio y no estudiaría entre semana porque no tenía quien le cuidara al bebé, razón por la cual estaba buscando obtener un cupo en el CASD, para estudiar los días sábados. Por lo anterior, a causa de la inasistencia de María Alejandra Penagos a clases, en el SIMAT se reportó como novedad tal situación y se pasó a estado retirado el 28 de febrero de 2015. 8.3 Los anteriores hechos se confirman con lo dicho en otro escrito de la misma institución que fuera dirigido a la Rectora y en el que se explica lo siguiente: a. María Alejandra Penagos ingresó como estudiante a la Institución Educativa Cristóbal Colón, Sede Gran Colombia el 26 de enero de 2014 para cursar el grado séptimo en el grupo 7ª, bajo la dirección de la docente Luz Adiela Ramírez Botero. b. Para ese momento, la menor de edad ya estaba embarazada, razón por la que faltó mucho a clases debido a los malestares propios del embarazo. En ese momento se tiene conocimiento que la estudiante Ingrid Katherine Flórez, alumna del grado 8B, es prima y cuñada de María Alejandra, convirtiéndose por esa razón, en el canal de comunicación entre la menor de edad embarazada, la directora de grupo y la coordinadora, a efectos de conocer su evolución, por lo que se flexibilizó su entrada a clases en las horas de la mañana por ser el momento en que mayores malestares presentaba. c. Para el mes de mayo de 2014, la menor de edad dio a luz a su hijo, razón por la cual se le informó que podía realizar talleres durante su licencia, pero su acudiente no se presentó. d. Luego de las vacaciones de junio, la menor de edad se reintegró a las clases. Si bien no obtuvo calificaciones para el II periodo, la acudiente se presentó preocupada por tal situación, a lo cual la Coordinadora le informó que “el sistema institucional de Evaluación contempla los criterios de organizar la situación académica de los estudiantes que por alguna razón no hayan cursado periodos anteriores, se homologan las notas del periodo que curse en la institución, es decir, las notas del III periodo son válidas también para el II periodo”. Respuesta del ICBF –Regional Quindío 9. Por su parte, en escrito recibido en esta Corporación el 27 de agosto del presente año, la Directora encargada del ICBF, Regional Quindío, intervino para dar respuesta a los cuestionamientos hechos por esta Corporación en el citado auto de pruebas. 9.1 Frente a la pregunta si el ICBF cuenta con algún plan o programa para atender a las menores de edad que siendo estudiantes son madres, la entidad informó lo siguiente: El Programa de Atención a Madres Gestantes o Lactantes es un programa de restablecimiento de derechos (Ley 1098 de 2006, art. 60), mediante el cual se brinda asistencia y cuidado a adolescentes o mayores de 18 años en gestación y madres en periodo de lactancia que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, o de sus hijos. Explica que los programas que atienden a adolescentes o mayores de 18 años gestantes o en periodo de lactancia, mayores o menores de edad, con embarazos deseados o no, deben guiarse por las orientaciones técnicas contenidas en este lineamiento. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en otros lineamientos de las modalidades que les sean aplicables. Por ello, se debe garantizar la atención no solo de la madre gestante o lactante y a su hijo recién nacido o por nacer, sino a los miembros de familia o red vincular próxima, bajo las modalidades de éste y otros lineamientos aplicables. De esta manera, la población titular de atención, es la siguiente: a) Adolescentes o mayores de 18 años, gestantes o lactantes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, y sus familias. b) Madres adolescentes o mayores de 18 años, con su hijo recién nacido hasta máximo los seis (6) meses de edad, que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, y sus familias. c) Gestantes, adolescentes y mayores de 18 años que pueden considerar dar en adopción a su hijo o hija. d) Madres adolescentes y mayores de 18 años que pueden considerar dar en adopción a su hijo o hija. e) Los hijos o hijas menores de edad, acompañantes de la gestante o madre. Concluye con una explicación amplia, de lo que se espera con el servicio de apoyo ofrecido por el ICBF. 9.2 En relación a la pregunta de si María Alejandra Penagos había asistido o solicitado apoyo o atención a ella o a su hijo en alguno de los centros de desarrollo infantil del ICBF en la ciudad de Armenia, la entidad dio la siguiente respuesta: “La adolescente MARÍA ALEJANDRA PENAGOS, identificada con la Tarjeta de Identidad número 1005233513, se encuentra actualmente vinculada en el CDI modalidad familiar casa de la Juventud, unidad de atención caseta la Gran Bretaña del municipio de Armenia, donde el beneficiario es su hijo JEAN POOL PENAGOS con RC 1094956364, el cual se encuentra registrado en el aplicativo CUENTAME, con atención por el operado (sic) Girasoles. Su vinculación data del mes de enero de 2015, con retiro en el mes de junio y vínculo nuevamente desde el 7 de julio de la presente anualidad. Como prueba se anexa afiliación a CUENTAME. Es de anotar que el día 14 de agosto del que discurre, la profesional en trabajo social Gloria Patricia Buitrago González, realizó desplazamiento hasta el lugar de residencia de María Alejandra Penagos con el fin de realizar una verificación inicial para conocer las condiciones de la citada adolescente e informar sobre los programas del ICBF en los cuales puede vincular a su hijo en caso de ingresar al sistema educativo, haciendo claridad que la atención sería de lunes a viernes en un horario de 8 a 4 de la tarde, lo que favorecería al desarrollo infantil de su hijo en todas las áreas que lo requiere y a su proyecto de vida para culminar sus estudios académicos.- la adolescente refiere que no está interesada actualmente en vincular a su hijo en dicho programa porque por ahora puede dedicarse al cuidado de su hijo y agrega que retomará sus estudios para el año 2016. Como prueba se anexa acta de visita.”[3] 9.3 En respuesta a la pregunta de si las madres escolares acceden de manera prioritaria a los centros de desarrollo infantil del ICBF para el cuidado de sus hijos, a efectos de que pueden proseguir con sus estudios, el ICBF respondió lo siguiente: La Ley 1295 de 2009 “por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben”, dispone en su artículo 1º que el objetivo de esa ley es contribuir a mejorar de manera progresiva la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños menores de seis años, clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, a través de la articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizar sus derechos a la alimentación, nutrición adecuada, educación inicial y atención integral en salud. En su artículo 3º señala que, en un plazo máximo de 6 meses después de promulgada esa ley, los ministerios de Hacienda, Educación, Protección Social y el ICBF, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, deberán presentar una propuesta de atención integral, con la garantía financiera para su ejecución, la cual se proyecte más allá de los programas actualmente vigentes, y en la que se garantice a la mujer en embarazo y a los menores de 6 años de Sisben 1, 2 y 3, el acceso progresivo e integral a la salud, alimentación y educación. En cuanto al artículo 4º, la referida norma señala como responsable del acceso progresivo a dicho proyecto a los Ministerios de Protección Social, Educación, así como al ICBF y a los gobiernos departamentales, municipales y distritales. Por su parte, el artículo 5º dispone que el ICBF, de manera directa o contratada, será el responsable de la atención integral en nutrición y educación inicial, según modelos pedagógicos flexibles diseñados para cada edad, así como del apoyo psicológico cuando fuere necesario para los niños que pertenezcan a la clasificación del Sisben ya anotada. En este punto el ICBF señala que “es importante destacar que los CDI no están solos en el desempeño de este papel educativo, debido a que la atención de los niños y niñas es también responsabilidad del Estado y la familia. Por tanto, desde allí se coordinan y armonizan acciones del Estado relacionadas con la nutrición, salud y formación y acompañamiento a familias de los niños y niñas de seis (6) meses a menores de 5 años. Asimismo las familias participan en actividades promovidas por el CDI para articular la atención y educación que ambos llevan a cabo de acuerdo con las características, necesidades, demandas y atenciones que requieren los niños y niñas. Es así como el Estado asume la función de formación y acompañamiento a las familias, orientando el trabajo en forma convergente hacia la educación inicial de calidad, que fortalezca y potencie las capacidades de los niños y las niñas durante el ciclo vital de la primera infancia. De la misma manera, esta atención y educación que beneficia directamente a los niños y las niñas, a través del acompañamiento y la orientación, también se lleva a cabo con la comunidad cercana a las unidades de servicio, por cuanto es un espacio donde se desenvuelve la vida de los niños y las niñas y desempeña un importante papel en su desarrollo.” Asimismo dijo que “los CDI se caracterizan por ser abiertos a la comunidad, reconocidos en el contexto social en los que se encuentran y valorado por la particularidad de la atención que brinda: una manera de entender el desarrollo de los grupos humanos y una atención a los niños y niñas en primera infancia para garantizar sus derechos mediante la construcción de las bases de una vida de bienestar”. 9.4 De otra parte, la intervención del ICBF expuso los lineamientos constitucionales (arts. 1 y 44 C.P.) de convenios internacionales (Convención sobre los derechos del Niño, art. 3-1) y legales (Ley 1098 de 2009) en los que se realza la especial protección que merecen los niños, niñas y adolescentes. Hizo igualmente, mención a la posición jurisprudencial asumida por la Corte Constitucional en relación con la protección del derecho a la educación y su especial protección cuando se trata de menores de edad. 9.5 Finalmente, solicita la desvinculación del ICBF en la presente acción de tutela, pues advierte que esa institución no es la competente para resolver de fondo la petición de la tutelante, quien busca ingresar a la Institución Educativa CASD, de educación sabatina para adultos, por lo que quien es competente para solucionar dicha reclamación es la Secretaría de Educación del municipio de Armenia. Informe de la comisión judicial cumplida por el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia 10. En respuesta a la comisión impartida por la Corte al juzgado de instancia, ésta autoridad judicial tras citación hecha a la menor de edad para que asistiera a dicho despacho el día 18 de agosto del año en curso, a efectos de evacuar las preguntas ordenadas por esta Corte, señaló que dicha actuación judicial no pudo agotarse en la fecha anotada, en tanto que la menor de edad no pudo asistir por asuntos personales, situación de la cual dejó constancia en el Acta de Audiencia No. 21 de agosto 18 de 2013. Por esta razón ese despacho procedió a citarla nuevamente para el día 20 de agosto. 10.1 Así, en Acta de Audiencia No. 22 del 20 de agosto de 2015, estando presentes la menor de edad María Alejandra Penagos y la Defensora de Familia del ICBF, doctora Claudia Milena Rivera Arévalo, se procedió a dar cumplimiento al cuestionario enviado por esta Corporación. 11. A continuación se resumen los aspectos más relevantes de la audiencia. Así, el 20 agosto de 2015, siendo las 3:10 pm, el Juzgado Noveno Civil Municipal en Oralidad de Armenia se constituyó en audiencia para recepcionar el testimonio de María Alejandra Penagos, quien se encontraba acompañada de su tía María del Carmen Restrepo Posada y de la Defensora del ICBF. Aclaró el juez, que esta diligencia se había programado para el 18 de agosto del presente año, más sin embargo, la menor de edad convocada para surtir esta diligencia no pudo asistir, tras justificar su ausencia en asuntos de tipo personal. Se procedió a la identificación de las partes presentes en la audiencia de la siguiente manera: La menor de edad accionante en esta tutela se identificó como María Alejandra Penagos de 16 años de edad, con documento de identidad 1005233513 y domicilio en la Carrera 33E No. 10-15, barrio Granada de la ciudad de Armenia, y con número celular 3113306498. Manifestó dedicarse actualmente a la casa. Se presentó igualmente la Defensora quien se identificó como Claudia Milena Rivera Arévalo, Defensora de Familia del ICBF-Quindío, quien daba cumplimiento al despacho 333707594(sic). Señaló como lugar de notificación en la oficina 216 del Palacio de Justicia o en la Carrera 23 calles 3 y 4 de esta ciudad. Se procedió a informar a la menor de edad la razón de su citación ante ese despacho, para cumplir con las pruebas solicitadas por la Corte Constitucional, la razón por la cual se pasaría a continuación a hacerle unas preguntas: Aclara inicialmente el juez, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil no tomó el juramento a la menor de edad citada, en razón precisamente a su minoría de edad. Pregunta 1: ¿Está asistiendo actualmente a clase al colegio? Respuesta: No, no me encuentro asistiendo. Pregunta 2: ¿Cuál o cuáles son las razones que le impiden seguir estudiando? Respuesta: Mi abuela y mi tía trabajan y no hay quien me cuide el bebé. La abuela trabaja de 7 a 4 y de 8 a 2 am y ella (la tía) también trabaja en ese horario. Pregunta 3: ¿La institución educativa o sus directivas la han apoyado u ofrecido algún plan o programa para seguir su proceso formativo dada su condición? [4] Respuesta: No, no me han ofrecido apoyo alguno. Pregunta 4: ¿La institución o sus directivos le insinuaron o señalaron lo inconveniente de asistir a dicho plantel?, es decir ¿le manifestaron que por su condición de madre era inconveniente que usted asistiera a clases? [5] Respuesta: No, no me han dicho. Pregunta 5: ¿Cuenta con apoyo familiar y económico? Respuesta: No tengo apoyo para cuidar al bebé. Por eso quiere estudiar los sábados, porque los sábados y los domingos la tía y la abuela están en la casa y pueden cuidar del bebé. Finalmente, el juez permite que la menor de edad complemente su intervención si así lo desea, a lo cual María Alejandra Penagos procedió a ratificar su petición de que le fuese concedida la tutela para estudiar los fines de semana, por ser la única forma para seguir estudiando. 12. Seguidamente, el señor juez dio la palabra a la Defensora del ICBF quien señaló que en virtud a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Infancia, el ICBF tratará de garantizar los derechos del bebé, y por ello se citará hoy para valoración psicológica y por trabajo social y se ordenará una visita domiciliaria para verificar el estado de los derechos en virtud del artículo 52 de esa misma normativa. Explicó igualmente, que se haría acompañamiento con el programa orientación y asesoramiento a la familia y se estaría atento a dar cumplimiento, a cualquiera sea la decisión que se tome sobre el derecho a la educación de la menor de edad. Advirtió por demás, que el ICBF estará prestó a actuar frente a cualquier decisión a fin de garantizar los derechos de la menor de edad y de su hijo de 15 meses de edad. Tras esta intervención, el juez dio por terminada la audiencia a las 3.21 pm del 20 de agosto de 2015. Respuesta de la señora María del Carmen Restrepo Posada agente oficioso de María Alejandra Penagos 13. En oficio del 25 de agosto de 2015, la Secretaría General de esta Corporación, informó que no se recibió respuesta alguna de la señora Restrepo Posada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. Esta Sala de Revisión es competente para examinar las sentencias de tutela proferidas en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9°) de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. El asunto objeto de análisis y problema jurídico La joven María Alejandra Penagos interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD de esa misma ciudad al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales de los niños, a la igualdad, a la especial protección de los adolescentes y a la educación, tras haberle negado un cupo para seguir sus estudios de octavo a onceavo grado en el programa de educación para adultos que se imparte los sábados, en tanto que ella no cumplía con los requisitos normativos contenidos en el Decreto 3011 de 1997, que reglamenta el sistema de educación para adultos. Explicó la accionante, que si bien estuvo matriculada en el presente año para cursar el octavo grado en la Institución Educativa Cristóbal Colón, sede Gran Colombia, de Armenia, decidió suspender sus estudios por cuanto en el año 2014 había tenido un bebé, el cual no podía ser cuidado entre semana por cuanto su tía y abuela con quienes vive, laboran a tiempo completo, siendo el día sábado la única opción para estudiar. El Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Armenia negó el amparo, pues encontró que la accionante no reunía los requisitos contemplados en el Decreto 3011 de 1997 para acceder al sistema de educación para adultos, incluso porque de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia T-108 de 2001, siempre debía privilegiarse el derecho a la educación de acuerdo al modelo educativo más apropiado a la edad de los educandos. Así, el juez concluyó que el hecho de la accionante hubiese tenido un bebé, no era argumento suficiente para renunciar a sus estudios dentro del modelo de educación continuada acorde a su edad, como tampoco eran aceptables los argumentos expuestos por la agente oficiosa de la actora para justificar su ingreso al modelo de educación para adultos. Finalmente, no se aportó el criterio de comparación que hubiese permitido determinar su hubo o no vulneración del derecho a la igualdad. 2. De acuerdo con los antecedentes fácticos atrás expuestos, deberá la Sala de Revisión entrar a determinar lo siguiente: ¿la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Institución Educativa CASD desconocieron los derechos fundamentales de los niños, a la igualdad, a la especial protección de los adolescentes y a la educación de María Alejandra Penagos, al haberle negado un cupo escolar en la jornada sabatina de educación para adultos ofrecida por la institución educativa accionada, a pesar de que la accionante afirma que no puede seguir como estudiante en el sistema de educación continuada diurna, por no tener quien cuide entre semana a su hijo de 15 meses de edad? Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala deberá analizar inicialmente i) el derecho a la educación en sus dos dimensiones de servicio público y derecho. Luego, de ello, se referirá ii) al derecho que tienen los menores de edad para acceder a un modelo educativo acorde a su necesidades. Seguidamente, iii) se explicará cuál es el alcance del marco jurídico del modelo educativo para adultos. Finalmente, vi) se resolverá el caso concreto. Derecho fundamental a la educación 3. El artículo 67 de la Constitución Política es claro en señalar la doble naturaleza o dimensión que tiene la educación en tanto servicio público y derecho. 4. En primer lugar, la educación como servicio público cumple una función social, frente a la cual, el Estado como su principal responsable, debe regular y ejercer la máxima inspección y vigilancia a efectos de velar por la calidad y porque se asegure la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. En el marco de esta responsabilidad, también le compete, junto con la sociedad y la familia verificar que el servicio sea en esencia gratuito, y obligatorio entre los 5 y 15 años de edad, debiendo ser igualmente asequible a todas las personas sin distingo alguno (artículo 67 inciso 3º y 4º, Superior). 5. En el mismo sentido, los diferentes tratados, convenciones y acuerdos internacionales suscritos por Colombia señalan de manera unánime que la educación es el mejor mecanismo para romper el círculo de pobreza de cualquier sociedad, pues asegura el desarrollo intelectual, cultural, social y económico de un individuo, permitiendo el acceso al conocimiento e incidiendo de manera directa en el desarrollo de su comunidad. 6. En efecto, son consistentes los postulados contenidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[6], la Convención sobre los Derechos del Niño[7], la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer[8] y el Protocolo adicional de San Salvador (Convención Americana de Derechos Humanos)[9], pues todos ellos confirman que la educación ha de ser gratuita, inclusiva, dignificante para el ser humano[10] y universal, lo que supone asimismo, que es el medio más consistente y adecuado para romper con las desigualdades[11], tal y como lo dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 7. En esta medida conforme a lo previsto en dichos compromisos internacionales asumidos por Colombia, se ha considerado que el servicio público de educación se soporta en cuatro pilares o dimensiones fundamentales: “(…) (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas[12] e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras[13]; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema eludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico[14]; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos[15] y que se garantice continuidad en la prestación del servicio[16], y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse[17].[18] (Énfasis agregado). 8. En este contexto, la confluencia de las citadas dimensiones, es el fundamento principal para que se pueda hablar de la efectiva disponibilidad de un servicio público de educación al alcance de todos los tipos de usuarios, y por lo mismo, adaptable a sus diferentes necesidades. 9. Ahora bien, la educación tiene igualmente su faceta como derecho, el cual se integra a los demás derechos constitucionales, en especial en el grupo de aquellos denominados como derechos esenciales. En efecto, la sentencia T-666 de 2013[19], señaló que el derecho a la educación es esencial porque: (i) su núcleo supone un elemento de desarrollo individual y social, que asegura el pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser humano; (ii) es un factor de cohesión entre el individuo y su comunidad, así como un elemento sustancial para el desarrollo de la sociedad; (iii) permite que el individuo alcance un mayor desarrollo acorde con el medio y la cultura que lo rodea; (iv) es factor determinante para que los menores de edad, atendiendo los principios sustanciales de dignidad humana e igualdad ante la ley, se integren progresivamente al mercado laboral; (v) como mecanismo de acceso a la información garantiza el desarrollo individual y colectivo, entendido éste como el bienestar del ser humano; (vi) confirma la primacía de la igualdad consagrada en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 68 y 69 de la Constitución, lo que posibilita el acceso de todos los individuos, y; (vii) materializa el acceso efectivo al conocimiento y demás valores sustanciales para el desarrollo digno del ser humano[20]. 10. Debe indicarse sin embargo, que el derecho a la educación no es absoluto, a pesar de que, en cumplimiento del principio de progresividad que se encuentra contemplado por el derecho internacional de los derechos humanos, la cobertura del sistema educativo, así como la permanente mejora en la calidad de la educación impartida ha de ser la constante y una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la familia, la cual encuentra de todos modos algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. 11. En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que la relatividad y/ o las limitaciones razonables que se imponga al ejercicio del derecho a la educación, estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional, siempre y cuando no se vulneren los componentes esenciales protegidos por la Constitución y la ley[21]. 12. En vista de lo anterior, es claro que la educación, vista como un servicio público y un derecho, es en esencia, una de las mejores y más eficientes maneras de dignificar al ser humano, de mejorar su calidad de vida, de integrarlo de manera efectiva a la sociedad, así como un factor de desarrollo personal y de la comunidad a la que pertenece, y cuyo ejercicio debe garantizarse sin ningún tipo de limitación, más allá del respeto de otras garantías constitucionales y del cumplimiento de los requisitos propios de cada modelo de educación. Derecho fundamental a la educación de los menores de edad 13. Como parte del desarrollo normativo que han tenido los postulados constitucionales de los artículos 44 y 67, en especial en torno a la protección que este derecho ha de tener frente a los niños, niñas y adolescentes, la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, ha dispuesto que los menores de edad tienen derecho a acceder a una educación, oportuna, adecuada a sus necesidades y de calidad; que la misma podrá ser proveída por instituciones públicas o privadas legalmente autorizadas para ello; y, que la cercanía a los hogares y la gratuidad en la prestación del servicio sean factores esenciales que aseguren el acceso y permanencia de los educandos sin importar que estos se encuentren en entornos urbanos o rurales[22]. 14. En lo que respecta al criterio de gratuidad, que busca eliminar cualquier barrera al acceso efectivo a la educación, incluso de los más pobres, debe asegurarse, pues el factor económico no puede surgir como barrera para el acceso a dicho servicio. De hecho, en sentencia C-376 de 2010[23], esta Corporación declaró exequible el artículo 183 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en el entendido de que la competencia que le otorgó al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, ésta competencia no se aplica en el nivel de educación básica primaria, por ser esta obligatoria y gratuita. En esa ocasión, la Corte recordó que “de acuerdo con los estándares establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos relativos a las garantías que se integran al derecho a la educación, ‘los cobros académicos’ a que hace referencia el artículo 67 de la Constitución no pueden ser aplicados en las instituciones educativas oficiales en el nivel de enseñanza primaria, en el cual el acceso a la educación pública debe ser gratuita, sin consideración al estrato socioeconómico”. La citada decisión judicial aclaró igualmente, que el deber de gratuidad en el nivel de primaria, en tanto mandato de inmediata ejecución, no puede suponer un obstáculo para el efectivo acceso a otros niveles de educación, ni puede constituirse tampoco en una causa para que afecte el cumplimiento del principio de aceptabilidad, relativo a la pertinencia y calidad de los programas de estudio y los métodos pedagógicos implementados. 15. En el mismo sentido, el artículo 44 Superior dispone que corresponderá al Estado, la sociedad y la familia, asegurar que todos los menores de edad, quienes por razones de política pública, son el objetivo principal para la implementación de un sistema educativo, accedan a la educación sin limitación alguna, y de manera oportuna y permanente. En consideración a ello, la sentencia T-546 de 2013[24], consultó la Observación General No.1 del Comité de Derechos de los Niños, en la cual el parágrafo 1° del artículo 29 de la Convención sobre los derechos de los niños[25], estableció que los Estados deben: “(…) ‘[p]romover, apoyar y proteger el valor supremo de la dignidad humana y los derechos del niño, habida cuenta de sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas capacidades en evolución’. Dicha observación también insiste en la necesidad de que la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite para la vida cotidiana, lo cual se logra fortaleciendo sus capacidades, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto, la observación determinó que para lograr esta finalidad es necesario adoptar medidas que posibiliten la realización del contenido de adaptabilidad como característica elemental del derecho a la educación, entre las cuales se encuentra ‘propender por el desarrollo de la personalidad de cada niño, de forma tal que tome en cuenta sus dotes naturales, características, intereses y capacidades únicas, y necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, el programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus necesidades presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los distintos niños’.”[26] 16. Por lo anterior, resulta importante que confluyan las cuatro dimensiones que sustentan el servicio público de educación y a las cuales se hizo mención en los fundamentos jurídicos 6 a 9 de esta providencia, pues éstas aseguran el ejercicio pleno del derecho a la educación, en especial por parte de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello, que no existen razones suficientes y mucho menos aceptables que justifiquen la interferencia o limitación al ejercicio de dicho derecho, en especial cuando quien reclama su protección es un menor de edad. 17. Así, como ya se anotó, la accesibilidad es un componente estructural del derecho a la educación, y este garantiza que todos los individuos, y principalmente los menores de edad, puedan ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad, esto es, que comprende: “i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas[27] y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita”[28]. 18. Ahora bien, atendiendo la particular protección del derecho a la educación, debe recordarse que su protección es aún más importante cuando quien pretende ejercer tal derecho es un sujeto de especialísimas características, como son los niños, niñas o adolescentes. En efecto, recordando la condición de sujeto de especial protección constitucional, la Carta ha sido explícita en la garantía constitucional muy particular que debe haber entorno de los menores de edad, razón por la cual cuando se habla de la vulnerabilidad, la misma contiene un conjunto de normas constitucionales específicamente diseñadas para resaltar la importancia que supone la protección de todos sus derechos fundamentales. Por ello, cuando el artículo 44 dispone que se protegerán todos los derechos de los niños en forma prevalente, ha de entenderse que cualquier regulación que el Legislador pretenda hacer de tales derechos, deberá ser extremadamente cuidadosa en particular cuando se puedan ver comprometidos derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la educación y la protección contra toda forma de explotación laboral o económica. El Estado deberá en consecuencia siempre velar por el desarrollo armónico e integral y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 19. En consideración a lo anterior, cuando la Carta dispone que los derechos de los niños prevalecen respecto de todos los demás, hace un especial énfasis normativo en cinco pilares de protección: a. El artículo 44 Superior, que propende en esencia por la protección de la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación equilibrada de la población infantil. Así mismo, asegura los derechos a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad. Y, principalmente, busca preservar como objetivo constitucional, los derechos a tener una familia y a no ser separado de ella, al cuidado, al amor, a la educación, a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión.[29] b. El artículo 45 de la Carta reconoce el derecho de los adolescentes a la protección y la formación integral. Lo cual implica, el deber del Estado de promover y velar por la educación y el progreso de la juventud. En relación con la especial condición de los adolescentes, “esta Corporación ha sostenido que ‘en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, ‘menores’ (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)’En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los ‘niños’ ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años (...)”[30]. c. El artículo 67 Superior dispone que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Lo anterior, bajo el cumplimiento estricto de dos presupuestos previstos en la misma disposición, a saber: “[Que] La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” y, adicionalmente, en atención a la obligación del Estado de “garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. El derecho a la educación ha sido reconocido por esta Corporación como un derecho fundamental[31], el cual mantiene incólume dicha naturaleza para todos los niños, independientemente de la edad que éstos puedan tener. Desde esta perspectiva, con fundamento en una interpretación sistemática de los artículos 44 y 67 del Texto Superior, el citado derecho tan sólo adquiere un carácter prestacional y programático, cuando se trata de adultos o mayores de edad. Sobre la materia, esta Corporación ha dicho que: “(...) Existe otra consecuencia de la educación como derecho fundamental de los menores consagrada en el artículo 44 de la Constitución: Si un menor se encuentra en grados de educación media (10 y 1...