Sentencia T-590 de 2009

T-590-09 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-590/09 ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO DE DESCONGESTION Y SALA PENAL DE DESCONGESTION DE EXTINCION DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR-Procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Inadecuada valoración de los medios de prueba ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Por valoración de prueba ilícita ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO “ERROR INDUCIDO” O “VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA” ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO EN EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO CON RESPECTO A LA ACCION PENAL ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se presenta duda sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales, que el debido proceso, y el fundamento probatorio, mínimo y necesario de la acción de extinción de dominio, imponen al funcionario judicial/PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Incidencia del dictamen pericial en los fallos judiciales controvertidos La Corte Constitucional ha considerado que, en materia de extinción de dominio, el Estado debe llegar a una inferencia razonable sobre el origen ilegal de los bienes y que el eventual afectado debe proceder a ejercer su derecho de defensa mediante la oposición acompañada de los documentos que desee hacer valer para demostrar el origen lícito de sus bienes. La Corporación ha expresado, además, que las garantías del proceso penal no son extensivas al trámite de extinción de dominio, por lo que resulta aplicable el principio de carga dinámica de la prueba, según el cual corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Pero este Tribunal también ha establecido, sin ambigüedad alguna, que no puede declararse la extinción de dominio en ausencia de prueba, y que la no aplicación de la presunción de inocencia no implica la existencia de una presunción de origen ilícito de los bienes ni una justificación a la inactividad estatal, o la derogación o anulación de los principios de la sana crítica. Esta Sala no considera que esas insuficiencias deban ser resueltas en favor del peticionario, precisamente porque en el trámite de extinción de dominio no se aplica la presunción de inocencia. Lo que sí resulta evidente es que el dictamen, por sí solo, no es prueba suficiente para sostener, en todo su alcance, los fallos adoptados por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Lo que se echa de menos, en síntesis, es el análisis y la motivación judicial en la valoración de la prueba. El dictamen pericial es insuficiente para sostener la declaratoria de extinción de dominio en su integridad. PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Y PRINCIPIO DE LA CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-No puede declararse extinción de dominio en ausencia de prueba PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se presentó un defecto fáctico que llevó a los jueces a conclusiones que carecen de un sustento probatorio suficiente De las consideraciones precedentes se desprenden dos conclusiones: de un lado, los testimonios recaudados en el proceso de extinción de dominio que afectó a Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta tuvieron origen en investigaciones desarrolladas por el DAS en las cuales el señor Nelson Elías Celis Giraldo (en un primer momento funcionario de la Institución, y en un segundo momento, particular que colaboraba con las investigaciones) instruyó a los testigos para emitir declaraciones falsas. En segundo lugar, esa falla es atribuible al DAS pues, bien sea por fallas internas o actuaciones de algunos funcionarios, o por falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones, permitió que el señor Nelson Elías Celis Giraldo actuara aparentemente a nombre de la institución; en ese sentido, se indujo a error a los jueces de instancia que consideraron confiables los testimonios originados en investigaciones del DAS pero que, en realidad, parecen haber sido predeterminados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo. Ese error afecta directamente la suficiencia de la prueba y, en virtud de los lineamientos de la acción de extinción de dominio esbozados por esta Corporación, un error como este puede dar origen a la violación del derecho constitucional a la propiedad del peticionario en conexidad con el debido proceso. Las sentencias mencionadas, entonces, presentan insuficiencias en la subsunción de los hechos en el supuesto de hecho que tiene por consecuencia jurídica, la extinción de dominio. Dicho de forma más sencilla, se estructura de esta manera un defecto fáctico. Los fallos atacados por vía de tutela siempre adolecieron de un defecto fáctico pues dieron credibilidad a declaraciones de testigos que –como posteriormente ellos mismos confesaron-, mintieron en el trámite de extinción de dominio adelantado contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera motivados por la promesa de remuneración y las presiones del señor Nelson Elías Celis Giraldo. Sin embargo, en esa oportunidad ese defecto no era de una entidad tal que pudiera desvirtuar la razonabilidad del examen probatorio mencionado, por lo que el juez de tutela no podía pronunciarse sobre el caso en ese momento. Actualmente, la situación es diferente pues los pronunciamientos penales referidos afectan seriamente el conjunto de los testimonios recaudados en el proceso (en efecto cabría preguntarse si la coincidencia entre los testimonios, antes contundente, no es, con la información existe hoy en día, una consecuencia de la preparación previa de los testigos), de manera que el sustento probatorio se hace insuficiente para adoptar la decisión de extinción de dominio, con respeto por los estándares fijados por esta Corporación en el fallo de constitucionalidad C-740 de 2003. PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se condenó a testigo por falso testimonio y soborno, por lo que podrían afectarse seriamente los derechos constitucionales al debido proceso y la propiedad privada del peticionario No corresponde a la Sala evaluar los testimonios que permanecen en el proceso, ni establecer cuáles pruebas deberían practicarse para resolver definitivamente el litigio, aspectos que se ubican en el ámbito de competencia del juez penal. Lo que se impone es permitir que se reabra el debate probatorio en su integridad, pues tanto el juez penal como el peticionario deben efectuar un nuevo análisis de conveniencia, pertinencia, conducencia y necesidad de la prueba, tomando en consideración los nuevos hechos procesales aquí mencionados. Referencia: expediente T-2.266.891 Acción de tutela de Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano Polo contra el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala Penal de Descongestión de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., el veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Mauricio González Cuervo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del trámite de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Primera y Única Instancia el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009). I. ANTECEDENTES De los hechos y la demanda. 1. Los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta[1], actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión de Extinción de Dominio, por considerar que las autoridades judiciales mencionadas vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso, la propiedad privada, la honra, el buen nombre, el mínimo vital y el trabajo en el trámite de extinción de dominio adelantado en su contra. A continuación se exponen los fundamentos fácticos de la demanda:[2] 1.1. El dieciséis (16) de octubre de dos mil uno (2001), la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio de Bogotá decidió iniciar, de oficio, trámite de extinción de dominio “contra los bienes que aparecen formalmente a nombre de ALEJANDRO MANUEL ARRIETA BARRERA y MAGOLA ISABEL LOZANO POLO”, con fundamento en informes de la Unidad Especial de Investigación Financiera, Coordinación Finanzas del DAS, Seccional Bogotá. 1.2. Los informes mencionados, a su vez, tuvieron origen en las investigaciones 429 de 21 de julio de 1997 y 429A de 23 de diciembre de 1997 adelantadas por la Unidad de Investigaciones Financieras del DAS[3]. 1.3. Tales informes (i) presentan una relación de los bienes de los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Luis Felipe Simanca; (ii) se refieren a los testimonios de los señores Nelson Elías Celis Giraldo, Domingo Ramón Bedoya Córdoba y Edison Manuel González Soto, quienes implicaron a las personas mencionadas con grupos guerrilleros; (iii) contienen un listado de bienes inmuebles y establecimientos de comercio ubicados en Montería que, presuntamente, tuvieron origen en actividades de la subversión, de forma directa o indirecta. 1.4. La Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá, mediante resolución de veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003), decidió declarar procedente la extinción del domino sobre los bienes cuya propiedad ostentaban los peticionarios. La decisión del ente investigador se basó en los informes de inteligencia mencionados y en las declaraciones rendidas ante la Fiscalía 17, referida, por los señores Nelson Elías Celis Giraldo, Rigoberto Miguel Martínez Peralta, Guillermo Alonso Martínez Peralta, Edison Manuel González Soto, Domingo Ramón Bedoya Córdoba, entre otros. 1.5. El Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá[4] declaró la extinción de dominio sobre los bienes de los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta, mediante providencia de primero (1º) de junio de 2004. El fallo contó con el mismo sustento probatorio que la decisión de la Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá. 1.6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia, en fallo de veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005). 1.7. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil cuatro (2004), el señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera denunció penalmente a los señores Domingo Ramón Bedoya Córdoba, Rigoberto Martínez Peralta y Guillermo Martínez Peralta -testigos dentro del proceso de extinción de dominio adelantado en su contra- por el delito de falso testimonio. 1.8. La Fiscalía 28 Seccional de Montería[5] decidió iniciar investigación formal contra los señores Domingo Ramón Bedoya Córdoba, Rigoberto Martínez Peralta y Guillermo Martínez Peralta por falso testimonio. En ese proceso, las personas indicadas aceptaron haber mentido y emitido falsas declaraciones en los trámites de extinción de dominio adelantados contra Luis Felipe Simanca y Alejandro Manuel Arrieta Barrera, entre otros, debido a la presión y/o a los ofrecimientos efectuados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo[6]. 1.9. Al resolver sobre la situación jurídica de los citados señores Martínez Guerrero y Bedoya Córdoba, la Fiscalía 28 Seccional de Córdoba decidió precluir la investigación en su contra. A juicio del Fiscal, si bien se comprobó que los investigados mintieron en el proceso adelantado contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera, la conducta resultaba atípica pues no se dio el elemento intencional exigido por el tipo, debido a que los testigos fueron presionados o utilizados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo: “……..Si se analiza la clase de personas que declararon se prueba con total claridad que eran unos campesinos, analfabetas que por esa condición fueron manejados por el tantas veces nombrado funcionario del D.A.S, quien en lugar de permitir una buena labor investigativa lo que hizo fue desviar la investigación, comportamiento altamente reprochable y que por haber ofrecido dinero a los aquí implicados cometió el delito de SOBORNO, ante lo cual se expedirán las copias con destino a la Fiscalía para que se investigue ese reprochable actuar”. 1.10 De otra parte, la Fiscalía Séptima (7ª) Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad de Delitos Contra la Administración Pública y la Recta Impartición de Justicia de Montería, decidió abrir investigación contra Nelson Elías Celis Giraldo y Clodomiro Guerrero Acosta por los delitos de falso testimonio y soborno. En ese proceso, el primero relató la forma en que se planearon los procesos contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera, Luis Felipe Simanca y otros; señaló que estos trámites se “montaban” desde la Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá, e involucró a otros funcionarios del DAS y la Fuerza Pública. De acuerdo con su testimonio, él era el encargado de ubicar y preparar testigos, gestión por la que le ofrecían dinero. El señor Clodomiro Guerrero Acosta no aceptó los cargos y expresó que sólo conoce a Alejandro Manuel Arrieta Barrera como ganadero. 1.11 El veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de Montería profirió sentencia anticipada contra Nelson Elías Celis Giraldo “como autor del delito de Falso Testimonio en concurso Homogéneo y Sucesivo con el de Soborno” (se conservan las negritas de la demanda). El señor Clodomiro Guerrero Acosta fue acusado por la Fiscalía por los mismos delitos; su responsabilidad penal no ha sido definida aún por el juez competente. 1.12. La medida de extinción de dominio que afectó a los peticionarios se extendió a todos sus bienes; in extenso, cobijó 21 bienes inmuebles, 2 vehículos automotores, 343 semovientes; 2 cuentas bancarias, y dinero en efectivo. Esos bienes, insiste el apoderado de los peticionarios, tuvieron origen en 30 años de trabajo digno. 2. La solicitud de amparo se basa en los siguientes argumentos jurídicos. 2.1. El análisis probatorio fue inadecuado pues no se tuvo en cuenta que los testigos eran sospechosos por ser desmovilizados y actuar motivados por una recompensa económica. 2.2. En un trámite de extinción de dominio iniciado contra el señor Luis Felipe Simanca, con base en pruebas idénticas, las autoridades judiciales decidieron no declarar la extinción del derecho de dominio. En ese proceso, los testigos que acusaron a Alejandro Manuel Arrieta Barrera incurrieron en contradicciones y aceptaron que las declaraciones habían sido preparadas.[7] En el proceso adelantado contra el señor Arrieta Barrera, “el Juez 1º Especializado E.D. de Bogotá obrando de buena fe, se confió o creyó demasiado en los informes del DAS y en el Fiscal 17 E.D. de Bogotá” y decidió declarar la extinción del derecho de dominio sobre sus bienes, situación que se traduce en una violación del derecho a la igualdad. 2.3 Los funcionarios del DAS Nelson Elías Celis Giraldo y Clodomiro Guerrero Acosta, en connivencia con otros empleados del DAS y el Fiscal 17 Especializado de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá planearon un montaje para inducir a error al Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Penal, al momento de decidir sobre la declaratoria de extinción de dominio de los bienes adquiridos por los peticionarios. 2.4. Los peticionarios, mediante apoderado, argumentaron que se violaron los derechos constitucionales al trabajo, en conexidad con la propiedad privada, pues sus bienes tienen origen en treinta años de labores dignas; a la honra, dado que se derrumbó el prestigio social del que gozaban en Planeta Rica; al buen nombre, debido a que los hechos narrados tuvieron amplia difusión en los medios; al debido proceso, porque el juez valoró pruebas ilícitas; a la vida, dado que el señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera ha recibido amenazas de grupos armados que lo consideran amigo o cómplice de la guerrilla; y el mínimo vital, ya que las decisiones judiciales dejaron a su grupo familiar “en la ruina”. 2.5. Con base en los antecedentes expuestos, los peticionarios solicitan al juez constitucional revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial en el proceso de extinción de dominio al que se ha hecho referencia[8], y ordenar la devolución de los bienes cuyo dominio les fue extinguido. 2.6. Sobre la viabilidad de la tutela, el peticionario señaló que la acción reúne los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, así: (i) el asunto posee relevancia constitucional pues se plantea la violación de derechos fundamentales a partir de conductas delictivas de funcionarios públicos; (ii) se han agotado todos los medios de defensa judicial, tales como el recurso de apelación, la acción de revisión contra los fallos controvertidos, e incluso, se interpuso denuncia penal contra los testigos “falsarios”; (iii) se cumplió el requisito de inmediatez pues existe un motivo válido para justificar el tiempo transcurrido entre la alegada vulneración de los derechos de los peticionarios y la interposición de la tutela: primero, los peticionarios debían agotar los recursos judiciales y, segundo, los funcionarios del DAS crearon un montaje en 1997 que vino a develarse solo hasta la sentencia proferida contra el señor Nelson Elías Celis Giraldo el 21 de enero de 2009[9]; (iv) se discute una irregularidad procesal que tuvo incidencia en el sentido del fallo pues “el fundamento probatorio de mayor importancia para extinguirle los bienes a mis prohijados, fueron … las pruebas obtenidas ILÍCITAMENTE por parte de los funcionarios del DAS y el Juez 17 E.D. de Bogotá en complicidad con otras fuerzas del orden”; (v) la tutela no ha sido interpuesta contra un fallo de tutela; y (vi), los hechos fueron identificados correctamente y discutidos por el apoderado judicial de los peticionarios en el trámite de extinción de dominio. Por lo expuesto, las decisiones judiciales controvertidas adolecen de defecto fáctico por inadecuada valoración de la prueba; error inducido, puesto que los fallos proferidos por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y de la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se vieron influidos o determinados por el montaje elaborado por funcionarios del DAS, la Fiscalía y algunos testigos;[10] y se configura un defecto procedimental porque los jueces valoraron “prueba ilícita”. 3. Intervenciones. 3.1. De la Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio. El señor William Castro Galeano, quien reemplazo a Luis Fernando Castellanos como Fiscal 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, intervino en el trámite de instancia señalando que carece de elementos de juicio para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional. A pesar de ello, señaló que en ninguna investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se ofrecen recompensas o dinero a personas para que declaren y que se resiste a creer que el señor Castellanos, quien antes ocupaba el despacho, tomara decisiones contrarias a la ley y la Constitución Nacional. 3.2. Del Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá. La autoridad judicial intervino en el trámite de instancia solicitando denegar el amparo con base en los siguientes argumentos: (i) la acción de tutela es temeraria pues los peticionarios interpusieron una tutela por los mismos hechos en 2005; (ii) las decisiones judiciales controvertidas se adoptaron ciñéndose a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003, de acuerdo con la cual basta que se compruebe la existencia de un incremento patrimonial injustificado para la procedencia de la declaratoria de extinción de dominio; (iii) los peticionarios no aportaron los documentos que permitieran conocer y verificar el origen de su patrimonio; (iv) las decisiones judiciales atacadas por vía de tutela no tuvieron como único fundamento la prueba testimonial y la presuntamente indebida actuación de la Fiscalía como afirma el peticionario; también se basaron en un dictamen pericial y en otros testimonios como el de Edison Manuel González Soto, desmovilizado del EPL, quien señaló a Alejandro Manuel Arrieta Barrera como auxiliador de la guerrilla[11], testimonio que permanece “incólume”; (vi) el demandante no asumió “la demostración del origen lícito y evolución del patrimonio de los afectados”, la que no puede efectuarse “solo con su dicho, [pues] … el actor debe aportar las pruebas que acrediten la legítima procedencia de los bienes…”. La intervención finaliza recalcando que el objeto de la extinción de dominio no es el de aplicar la ley penal, sino el de desvirtuar la legitimidad de los medios por los que se adquirieron determinados bienes; manifestó que la tutela no es tercera instancia, mecanismo alternativo de defensa, ni foro para argumentos ya debatidos, y conceptuó que la acción no cumplió el requisito de inmediatez. 3.3. Intervención del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión de Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá respondió la acción de tutela a través de Magistrado Jorge Enrique Ortiz Gómez, en escrito de cinco (5) de marzo de dos mil nueve (2009). Estos son los argumentos a partir de los cuales solicitó denegar el amparo: El Tribunal Superior del Distrito Judicial “resolvió la apelación de conformidad con los medios probatorios recaudados”, los cuales fueron valorados en su conjunto, conforme a la sana crítica, destacando que la prueba documental allegada demostró un incremento patrimonial injustificado pues se hicieron dos estudios por parte de peritos adscritos al Área Especializada de Investigaciones Financieras del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en los cuales se analizaron las declaraciones de renta de 1990 a 1999, lapso en el cual se produjo el aumento patrimonial injustificado por falta de los respectivos soportes contables, y señalaron que los documentos obrantes en cuadernos (libros de contabilidad) no eran suficientemente legibles, consistentes, objetivos y verificables. Además, las personas involucradas al trámite de la acción de extinción de dominio nada hicieron para acreditar su origen lícito, lo que les correspondía, de acuerdo con el principio de carga dinámica de la prueba. En tal sentido, se valoraron los testimonios de ex subversivos que tildaron al afectado como colaborador del Ejército Popular de Liberación, EPL, entre ellos Nelson Elías Celis Giraldo, Edison Manuel González Soto, y José Nicolás Casarrubias Sánchez, quienes informaron que Alejandro Manuel Arrieta Barrera era una persona de escasos recursos y de un momento a otro empezó a comprar tierras y a manejar mucho dinero. Para concluir, señaló el Magistrado: “Merece destacarse que a la fecha de proferir la sentencia de segundo grado, se desconocía el falso testimonio, por el cual según el libelista, el “testigo estrella de la fiscalía”, Nelson Elías Celis Giraldo, aceptó cargos y ya fue condenado en primera instancia (el 21 de enero de 2009), y además, se insiste en que las decisiones adoptadas tanto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, como por esta Colegiatura se profirieron, luego de valorar en su conjunto los medios de convicción recogidos en el proceso de extinción de dominio, y no únicamente con base en la prueba testimonial que ahora cuestionan los demandantes por vía de tutela”. 3.4. Intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes. La entidad solicitó al juez de primera instancia denegar el amparo invocado. A pesar de que se mostró “ajena” a las pretensiones del actor, dado que su función es la de administrar los bienes objeto de extinción de dominio y no declarar la procedencia de la extinción del dominio, expuso los siguientes argumentos: “Debe tenerse en cuenta por el fallador de tutela que la carga de la prueba dentro del proceso de extinción del derecho de dominio es dinámica y por ende quien esté en mejores condiciones de probar un hecho lo debe hacer, tal como lo consagró la Corte Constitucional en la sentencia C-740/03, por lo tanto si los accionantes, siendo propietarios de los bienes sobre los cuales se debatió la extinción de dominio, aseguraban su procedencia lícita, por qué no utilizaron en debida forma las etapas procesales para comprobar tal aseveración aportando las pruebas pertinentes y conducentes que demostraran de manera inequívoca”. Tras mencionar algunas especificidades de la acción de extinción de dominio, precisó que la tutela no es una tercera instancia para hacer valer argumentos cuando se tuvo oportunidad de hacerlo durante el proceso, y resaltó el carácter subsidiario de la acción de tutela. 4. Del fallo de primera instancia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) decidió denegar el amparo con base en los siguientes argumentos. 4.1. Como cuestión previa, la Sala consideró que la acción no es temeraria pues, si bien es cierto que los peticionarios interpusieron una acción de tutela en 2005 basada en hechos similares, en esta oportunidad el cuestionamiento se extiende a la Fiscalía 17 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá y los peticionarios exponen nuevos hechos y argumentos referentes a la inducción en error por un supuesto montaje originado en el DAS. 4.2. La acción no cumple el requisito de inmediatez pues fue interpuesta en 2009 con el fin de controvertir fallos judiciales de 2004 y 2005. 4.3. De acuerdo con la sentencia C-543 de 1992 la tutela contra sentencias solo procede cuando se presente una vía de hecho que amenace derechos fundamentales; en el caso concreto las sentencias controvertidas no fueron producto de capricho o arbitrariedad sino de la apreciación razonable de los medios de prueba aportados al proceso así que no es viable el amparo. Tales fallos no tuvieron como único sustento las declaraciones cuestionadas por el apoderado de los peticionarios, sino la “restante prueba testimonial, pericial y documental que condujeron (sic) a acreditar el incremento patrimonial injustificado”. El desacuerdo con las decisiones judiciales no permite tacharlas como vías de hecho.[12] 5. El fallo no fue impugnado. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Competencia. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve (2009), expedido por la Sala de Selección Número cinco de esta Corporación, que seleccionó este asunto para revisión. Problema jurídico planteado. De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si las sentencias proferidas en el trámite de extinción del derecho de dominio sobre los bienes cuya propiedad (legal o aparente) ostentaban los peticionarios desconocen sus derechos constitucionales, por presentar los siguientes defectos: (i) fáctico, por inadecuada valoración de los medios de prueba; (ii) procedimental, por valoración de prueba ilícita; o (iii), error inducido, dado que la decisión estaría determinada por un montaje estructurado desde organismos de inteligencia e investigación del Estado. Para resolver ese interrogante, esta Sala reiterará su jurisprudencia en materia de: (i) procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) el defecto fáctico y (iii) el defecto “error inducido” o “vía de hecho por consecuencia”, como causales de procedencia de la tutela contra sentencias; (iv) la extinción de dominio en el ordenamiento colombiano. Finalmente, (v) abordará el estudio del caso concreto. Antes de exponer los fundamentos del caso, la Sala debe señalar que comparte la posición del juez constitucional de instancia -Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia-, en cuanto a la inexistencia de temeridad pues si bien se presentaron dos acciones de tutela con el fin de controvertir los mismos fallos judiciales, los hechos y argumentos de las mismas no son coincidentes. Especialmente, debe destacarse que actualmente uno de los fundamentos esenciales de la censura es la existencia de pronunciamientos penales producidos con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de extinción de dominio que podrían afectar la credibilidad de determinados testimonios, hechos jurídicos desconocidos cuando los peticionarios interpusieron la otra tutela referida, en el año 2005. 1. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 1.1 La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser del estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[13]. 1.2 Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos constitucionales, con fundamento normativo-constitucional en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-que establece la obligación estatal de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[14]. 1.3 Además de garantizar que los derechos constitucionales sean respetados en cada proceso, la tutela contra sentencias cumple una función de la mayor trascendencia en un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[15]. Como se sabe, las cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[16], así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables del hombre en el proceso de aplicación de la ley[17]. 1.4 En el otro extremo de la balanza, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia, al decidir los casos que se ubican en el marco de su competencia. 1.5 En la preservación de estos principios, además, los requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez, adquieren un papel protagónico. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial, pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos por el sistema jurídico ante los jueces competentes en cada caso; el segundo, evita que se produzca una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas transcurrido un tiempo razonable desde su emisión. 1.6 En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores infundados. Como supuesto del análisis cabe mencionar que la Corte Constitucional ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional[18]. Desde el primer punto de vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta (excepción de inconstitucionalidad), en virtud del artículo 4º Superior. La objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte para la protección de los derechos constitucionales eventualmente amenazados en procesos judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos mencionados y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos; en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio garantice y propenda por la efectividad de los derechos constitucionales. 1.7 Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción: 1.7.1 Requisitos formales (o de procedibilidad)[19]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[20]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[21]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[22]. 1.7.2 Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[23] sustantivo[24], procedimental[25] o fáctico[26]; error inducido[27]; decisión sin motivación[28]; desconocimiento del precedente constitucional[29]; y violación directa a la constitución[30]. En relación con las causales genéricas de procedencia, la Corte Constitucional ha manifestado que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[31]. 1.8 No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales a través de un entendimiento sustancial (es decir, respetuoso de los derechos fundamentales) de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial[32]. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[33] 2. Breve caracterización del defecto fáctico. 2.1 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[34], este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se hallan subsumido adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina[35], como consecuencia de una omisión en el decreto[36] o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. 2.2 Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva[37], que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa[38], es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial[39]. 2.3. En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención que compete al juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, este Tribunal ha sentado los siguientes criterios: 2.3.1. El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló: “(…) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”.[40] 2.3.2. A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. En segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del juez de tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica que quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: “En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”.[41] 2.4. Por otra parte, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[42]. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable. Sobre el particular, ha señalado la Corte: “(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”[43]. 2.5. Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[44]. 3. Breve caracterización de defecto “error inducido o vía de hecho por consecuencia”. 3.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la vía de hecho por consecuencia o el error inducido se configura cuando una decisión judicial adoptada con respeto por el debido proceso; mediante una valoración probatoria plausible y conforme con los principios de la sana crítica; y, fundamentada en una interpretación razonable de la ley sustancial, tiene como resultado la violación de derechos fundamentales al haber sido determinada o influenciada por aspectos externos al proceso, consistentes en fallas originadas en órganos estatales. 3.2. Para una comprensión adecuada de esta causal de procedencia de la tutela contra sentencias resulta pertinente hacer referencia al fallo SU-014 de 2001, en el que la Corte Constitucional se refirió, por primera vez, a la vía de hecho por consecuencia. En esa oportunidad, la Corporación revisó un caso en el que se planteaba la vulneración a los derechos de defensa y contradicción y, de manera general, al debido proceso, en un proceso penal en el que el afectado fue vinculado como persona ausente a pesar de encontrarse internado en un establecimiento carcelario. Lo interesante del caso es que la violación no podía imputarse al funcionario judicial accionado, pues este cumplió con las ritualidades procesales previstas por la ley como requisito de la declaratoria de persona ausente, antes de adoptar tal determinación. Pero, a pesar de la diligencia del juez, el peticionario nunca fue notificado de la existencia de un proceso en su contra y solo se enteró de la condena tiempo después de haberse proferido, lo que resulta inaceptable puesto que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado. La situación descrita evidenció la existencia de una falla estructural en aparatos estatales (para el caso, las autoridades carcelarias, al DAS y la propia administración de justicia). El juez penal accionado adoptó entonces una decisión que lesionó los derechos de defensa y contradicción del procesado pues la vinculación al proceso en calidad de persona ausente solo debe aplicarse cuando es imposible ubicar al peticionario. 3.3. En el marco expuesto, la Corte Constitucional se ha referido a los elementos del defecto error inducido, así: “…el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa. En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación judicial resulta equivocada”[45]; y, en otra oportunidad, “un funcionario judicial incurre en una vía de hecho por consecuencia cuando: (i) la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) [tiene] como conse­cuencia un perjuicio iusfundamental.”[46] 3.4 En cuanto a la denominación inicial del defecto, “vía de hecho por consecuencia”, puede constatarse que se trata casi de un oxímoron (contradicción en sus términos) pues vía de hecho supone, en su acepción tradicional, una actuación arbitraria y en los casos en los que se presenta este defecto no se da esa arbitrariedad o capricho del funcionario judicial. Por ello, en la medida en que el lenguaje de la Corte fue modificándose y la jurisprudencia pasó del concepto de vía de hecho como supuesto de procedencia de la acción de tutela al de defectos o causales de procedibilidad de la acción, se incorporó la expresión error inducido que expresa con mayor claridad el hecho de que en este defecto la actuación del funcionario accionado no es lo que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales. La autoridad judicial, en cambio, es inducida a error por conductas, hechos o fallas atribuibles a otros órganos del Estado.[47] 4. Reseña constitucional de la acción de extinción de dominio[48]. La Corte Constitucional se ha referido a la acción de extinción de dominio en diversos fallos[49], especialmente en sede de control de constitucionalidad. Los principales interrogantes que se han planteado a esta Corporación sobre la regulación que le ha dado el Congreso a la acción de extinción de dominio se refieren a (i) la legitimidad del legislador ordinario para regular una acción que podría afectar derechos fundamentales; (ii) la relación con el derecho de propiedad, la expropiación, y la prohibición constitucional a la imposición de la pena de confiscación; (iii) su relación con las acciones penales y los tipos relativos a conductas relacionadas con enriquecimiento ilícito, narcotráfico y corrupción y, en consecuencia, (iv) la vigencia de las garantías del debido proceso penal en el proceso de extinción de dominio. A continuación se presentan las principales conclusiones de la Corte sobre tales materias. 4.1. La acción de extinción de dominio encuentra fundamento constitucional en el artículo 34 superior. Esta disposición puede dividirse en dos partes, de acuerdo con su contenido normativo: de un lado, prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; de otra parte, prescribe la posibilidad de declarar “extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”[50]. Además, la Corte ha constatado que la consagración de la acción en el texto constitucional supuso una seria decisión del constituyente para avanzar en la lucha contra las conductas asociadas a corrupción y narcotráfico mediante la declaración de la inexistencia del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen en tales actividades[51]. Las características de la acción, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son las siguientes: “la acción de extinción de dominio se dotó de una particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional[52], pública[53], jurisdiccional[54], autónoma[55], directa[56] y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad”. (C-740 de 2003). 4.2. La ubicación de esta disposición en el capítulo 1, Título II de la Carta Política ha llevado a que algunos ciudadanos cuestionen la legitimidad del legislador ordinario para su regulación pues, a su juicio, el artículo 34 es una disposición de derecho fundamental cuya regulación debe seguir el exigente trámite de las leyes estatutarias en el Congreso. La Corte Constitucional ha considerado[57] que esa posición no es correcta pues si bien es cierto que el artículo 34 incorpora contenidos normativos que tienen el carácter y estructura de las normas de derecho fundamental como las prohibiciones de destierro, prisión perpetua y confiscación, ello no ocurre con la acción de extinción de dominio pues esa institución no tiene la estructura de un derecho fundamental ni puede considerarse como un derecho subjetivo sino que se trata de un instrumento atribuido a las autoridades públicas para desvirtuar el ejercicio aparente del derecho de propiedad cuando se pretende ejercer sobre bienes adquiridos en contravía de la Constitución y la Ley. Además, la Corte consideró que el derecho de propiedad, en principio, no tiene el estatus de derecho fundamental, así que no goza de la prerrogativa de regulación calificada de este tipo de derechos[58]. En consecuencia, concluyó la Corte[59], el Legislador goza de un amplio poder de configuración en materia de extinción de dominio pues las garantías y protecciones propias de los derechos fundamentales no son predicables de esta acción. En otros términos, dado que al desarrollar legalmente la acción constitucional de extinción de dominio el Congreso no limita, restringe o configura el ejercicio y contenido de un derecho fundamental no es preciso que su regulación se lleve a cabo por ley estatutaria.[60] 4.3. En ese marco, el Legislador ha definido la extinción de dominio como la “pérdida del derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el titular”[61]. La Corte ha precisado, empero, que la extinción de dominio no equivale en estricto sentido a la pérdida del derecho de dominio o propiedad sino que se trata de la declaración de la inexistencia del derecho debido a su origen irregular o ilegal (sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003). 4.4. Relación con la propiedad privada. Ha sostenido esta Corporación que, si bien la acción de extinción de dominio no restringe el derecho de propiedad, pues este no logra consolidarse cuando se pretende ejercer dominio sobre bienes adquiridos sin el respeto debido a la Constitución y la Ley, la regulación histórica del derecho de propiedad sí permite conocer mejor el sentido de la acción y contribuye a despejar los principales reparos de inconstitucionalidad que se le han imputado. Así, en la Constitución de 1886, el derecho de propiedad no tenía entidad propia sino que se trataba de una manifestación de los derechos adquiridos. En la medida en que el respeto por estos derechos dependía de la existencia de un justo título, resulta claro que el constituyente del 86 no establecía una protección para derechos que tuvieran origen ilegal; posteriormente, en la reforma constitucional de 1936[62][62], se identificó la propiedad con una función social, de manera que el contenido del derecho se modificó desde la perspectiva del dominio, en términos de derecho civil, imponiéndole una condición social a su ejercicio desde el Texto Superior. La Constitución de 1991 recogió estos aspectos que fueron incorporándose históricamente en el contenido y alcance del derecho de propiedad; en la Carta Política actual, el derecho de propiedad encuentra identidad propia debido a su consagración expresa en el texto constitucional. Sin embargo, conserva una estrecha relación con el respeto por los derechos adquiridos como lo evidencia el hecho de que ambas prerrogativas se encuentran en el artículo 58 constitucional, por lo que solo puede ejercerse sobre bienes cuya procedencia legítima pueda demostrarse mediante un justo título o con arreglo a la ley. El derecho constitucional de propiedad previsto en la Constitución Política de 1991 es especialmente amplio y complejo. La Carta protege, por una parte, la propiedad privada, pero prevé que el derecho puede tener como titular no solo al individuo sino a colectivos humanos; al igual que en 1936, lo define como una función social pero le atribuye, además, una función ecológica inherente; establece garantías constitucionales para su protección como la prohibición de la pena de confiscación; y establece un límite constitucional al derecho consistente en la posibilidad de expropiación por motivos de interés público, condicionada a la garantía del pago de indemnización previa.[63] A partir de los elementos expuestos, la Corte Constitucional ha observado y destacado que en ningún momento el orden legal ha previsto la protección de un derecho a la propiedad con origen ilícito. En el marco de la Constitución de 1886 se protegían los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles, tal como sucede en la Constitución de 1991 con los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, pues no puede invocarse el derecho de propiedad cuando este se ejerce sobre bases ilegítimas. Cuando ello ocurre no se configuran los supuestos del derecho de propiedad y, por lo tanto, no cabe pensar que la extinción de dominio restringe el derecho de propiedad porque el ordenamiento jurídico no lo reconoce en tales supuestos. (Sentencia C-740 de 2003). En virtud de lo expuesto, ha señalado esta Corporación que la decisión judicial que declara la extinción de dominio con el respeto por las formas y principios del debido proceso constitucional y legal, y que es adoptada a partir de un análisis razonable del material probatorio, no desconoce el derecho de propiedad, sino que declara que este nunca llegó a constituirse;[64] contrario sensu, si la acción de extinción de dominio se lleva a cabo sin respeto por el debido proceso y sin una base fáctico-probatoria adecuada se produce una trasgresión del derecho constitucional de propiedad. 4.5. La autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio con respecto a la acción penal. La extinción de dominio, como se expresó, tiene por objeto desestimular el ejercicio de conductas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. Dado que (i) varias normas de derecho penal tienen por objeto luchar contra tales conductas y (ii) el legislador encargó del trámite de extinción a funcionarios penales, se han generado dudas sobre la relación entre la extinción de dominio y la acción penal. La Corte Constitucional ha expresado que, en la medida en que la acción de extinción de dominio tiene rango constitucional, y es directa, en el sentido de que procede dentro de los supuestos expresamente previstos por el constituyente, no es constitucionalmente exigible que esta dependa en algún sentido de la acción penal[65]. En ese orden de ideas, el Legislador ha preferido establecer un régimen cada vez más acentuado de independencia entre las acciones penales y de extinción de dominio[66]. La Corte Constitucional, en la citada sentencia C-740 de 2003 expresó que si el Legislador decide que la autonomía es equivalente a la independencia absoluta de la acción de extinción de dominio frente a la acción penal, no es posible formular ningún reproche constitucional a esa decisión. El carácter autónomo e independiente de la acción de extinción de dominio significa, en síntesis, que la existencia, curso y decisión del proceso penal no influye, de ninguna manera, en la existencia, curso y decisión del trámite de extinción de domino. Además, tanto la Ley[67] como la jurisprudencia constitucional[68] han establecido que el margen de aplicación de la extinción de dominio es más amplio que el marco del ius puniendi del Estado en materia de narcotráfico y corrupción. La autonomía de la acción de extinción de dominio frente a la acción penal, el delito y la pena, tiene una consecuencia de la mayor relevancia: a la acción de extinción de dominio no se extienden las garantías propias del derecho penal[69]. Esta conclusión se refleja en aspectos centrales del proceso, principalmente, (i) en materia de régimen probatorio y (ii) en cuanto a la aplicación de la ley en el tiempo. A continuación, la Sala se referirá a la jurisprudencia constitucional relativa a esos aspectos. En relación con el primer punto, la Corte ha expresado que si a la acción de extinción de dominio no se extienden las garantías de la ley penal, tampoco cabe predicar la presunción de inocencia en la materia. Por ello, el régimen probatorio de la extinción de dominio admite la aplicación del principio de carga dinámica de la prueba que prescribe que los hechos debe probarlos quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Sin embargo, esto no significa que se pueda aplicar una presunción de origen ilícito de los bienes (presunción que no existe en el ordenamiento)[70]. En tal sentido, el Estado tiene el deber de practicar las pruebas que den lugar a la declaratoria de extinción pues solo con una base probatoria suficiente puede concluirse que el dominio sobre los bienes no puede explicarse en el ejercicio de actividades lícitas: “Por otra parte, cuando el Estado ejerce la acción de extinción de dominio, en manera alguna se exonera del deber de practicar las pruebas orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella. Por el contrario, sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo con base en pruebas legalmente practicadas puede inferir que el dominio que se ejerce sobre determinados bienes no encuentra una explicación razonable en el ejercicio de actividades lícitas”. Por lo expuesto, este Tribunal ha hecho énfasis en la obligación del juez de dar aplicación a las subreglas y principios mencionados en párrafos precedentes sobre la necesidad de la prueba, la posibilidad de oposición del afectado, la improcedencia de una presunción de origen ilegal de los bienes, y el carácter compartido de la carga de la prueba. En cuanto a esa distribución de la carga de la prueba, la Corte ha considerado que, en primer término, el Estado tiene la obligación de llegar a una inferencia razonada sobre el origen ilícito de los bienes; acto seguido, el posible afectado debe efectuar su oposición que no puede consistir en las “solas manifestaciones” entendidas como negaciones indefinidas sobre la procedencia no-ilícita de los bienes, sino que debe aportar elementos de convicción que desvirtúen la inferencia del Estado.[71] “Es...