Sentencia T-587 de 2015

T-587-15 Sentencia T-587/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad Al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. Además de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional, a saber: defecto orgánico, sustantivo, procedimental o fáctico; error inducido; decisión sin motivación; desconocimiento del precedente constitucional, y violación directa de la Constitución. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad Como se ha mencionado, la Corte es especialmente exigente cuando la controversia se deriva de un pronunciamiento judicial, especialmente en relación con los principios de subsidiariedad e inmediatez. El primero, exige el agotamiento de todos los recursos judiciales como condición previa para la interposición de la acción, salvo que se busque un amparo transitorio, en razón a que el proceso judicial es el escenario en el cual debe buscarse la protección de los derechos constitucionales y legales en primer término, y en consideración a que la competencia del juez de tutela frente a una sentencia judicial se contrae a los aspectos con relevancia constitucional que fueron discutidos al interior del proceso, sin obtener una respuesta constitucionalmente adecuada por parte de los jueces especializados. El segundo, comporta la obligación de interponer la acción dentro de un plazo razonable, como garantía esencial para la seguridad jurídica y los derechos de terceros. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos para que se configure El concepto de perjuicio irremediable ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional. Se ha establecido que para que pueda hablarse de dicho concepto el perjuicio ha de ser inminente y grave, requiriendo de medidas urgentes y de aplicación inmediata e impostergable. PROCESO VERBAL SUMARIO DE REGLAMENTACION DE VISITAS PROCESOS VERBALES SUMARIOS-Contenido y alcance/PROCESOS VERBALES SUMARIOS-Etapas procesales ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no haber agotado proceso verbal sumario de reglamentación de visitas Referencia: Expediente T-4968439 Acción de tutela presentada por Omar Enrique Jiménez Mora en representación del niño Juan José Jiménez Sandoval por conducto de apoderado judicial, contra el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), dentro de la acción de tutela promovida por Omar Enrique Jiménez Mora en representación del niño Juan José Jiménez Sandoval, por conducto de apoderado judicial, contra el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Seis. I. ANTECEDENTES El señor Omar Enrique Jiménez Mora, en su calidad de padre del niño Juan José Jiménez Sandoval, presentó acción de tutela como mecanismo transitorio tras considerar vulnerados los derechos fundamentales de su hijo con ocasión de las decisiones adoptadas al interior del proceso verbal sumario de reglamentación de visitas que actualmente se adelanta ante el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá.[1] El argumento principal planteado para cimentar la vulneración de los derechos es el supuesto defecto fáctico generado por la falta de valoración integral de los elementos de juicio obrantes en el proceso que, a juicio del actor, dan cuenta de la necesidad de proceder a la suspensión de las visitas autorizadas judicialmente a la señora Liliana Sandoval Arévalo, madre del niño, considerando para tal fin el presunto grave estado de salud mental por ella padecido. De las pruebas aportadas con el escrito de tutela pueden sintetizarse los siguientes hechos: 1. Hechos 1.1. El dos (2) de noviembre de dos mil once (2011), ante el Juzgado Cuarto de Familia de Descongestión de Bogotá, el señor Omar Enrique Jiménez Mora y la señora Liliana Sandoval Arévalo suscribieron un acuerdo en donde se estableció que la custodia del hijo habido entre aquellos (Juan José Jiménez Sandoval) quedaría en cabeza del padre, permitiéndole a la madre visitar al niño los días miércoles de cada semana en horario de dos (2) a cinco (5) de la tarde y los fines de semana cada quince (15) días. 1.2. El veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012), el señor Omar Enrique Jiménez Mora inició ante los Juzgados de Familia de Bogotá un proceso verbal sumario de reglamentación de visitas en contra de la señora Liliana Sandoval Arévalo por considerar que esta padecía una “enfermedad mental” que afectaba el bienestar de Juan José. 1.3. Mediante auto del veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá, quien conoció inicialmente el proceso, resolvió admitir la demanda incoada.[2] Surtido el trámite respectivo, el Despacho dispuso la suspensión provisional de las visitas al niño Juan José Sandoval Arévalo por parte de su madre[3] y en atención a lo anterior igualmente resolvió: “Así también y como de los hechos de la demanda se indica que la demandada, padece trastornos mentales que le impiden el desarrollo de las visitas con su hijo, habiéndose ésta comprometido a continuar el tratamiento psiquiátrico en forma mensual y ante el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, del que aparentemente no ha continuado, el despacho dispone de manera inmediata y por intermedio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali (Valle), una valoración psiquiátrica a la demandada Liliana Sandoval Arévalo, para determinar las condiciones mentales en que se encuentra y si estas le permiten continuar con las visitas reglamentadas en el Despacho ya citado”.[4] 1.4. Contra la referida decisión, el apoderado de la señora Liliana Sandoval presentó recurso de reposición, lo que condujo a que el juzgado de conocimiento mediante auto del siete (7) de mayo de dos mil doce (2012) revocará la suspensión de visitas y ordenará su reanudación, limitándolas no obstante a una cada quince (15) días por todo el fin de semana a partir de las ocho (8) de la mañana del día sábado hasta las ocho (8) de la mañana del día domingo y eventualmente hasta la misma hora del día lunes en caso de ser este festivo. Dichas visitas debían ejercerse bajo estricta vigilancia o cuidado de una tercera persona para lo cual el señor Omar Enrique Jiménez dispuso en todo momento de personal idóneo en el cuidado de niños. 1.5. Frente al cumplimiento de la orden judicial de valoración psiquiátrica, señala el actor que la señora Liliana Sandoval aportó un dictamen del veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012) emitido por la psicóloga forense Genny Apráez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Cali.[5] 1.6. El apoderado del señor Omar Enrique Jiménez presentó objeción al anterior dictamen apoyándose en el concepto emitido por un especialista en psiquiatría de niños y adolescentes.[6] 1.7. Como sustento de dicha objeción, se sostuvo que (i) el dictamen había sido realizado por una psicóloga y no por un psiquiatra forense; [7] (ii) las condiciones de su desarrollo no eran aplicables a situaciones propias de la vida diaria (presiones laborales, estrés, entre otros supuestos) en las que existía el riesgo de que la señora Sandoval Arévalo presentará nuevamente episodios de su “enfermedad mental” la que comprendía eventos de agresividad permanente, depresión, largos periodos de logorrea (habla sin descanso) orientados a atacar de manera persistente a la familia del señor Omar Enrique Jiménez, constantes temores cercanos a la paranoia, sentimientos de minusvalía, intentos de suicidio e inminente peligro de filicidio; (iii) la demandada era una persona que venía recibiendo tratamiento médico desde los dieciséis (16) años de edad e incluso había estado internada en un establecimiento psiquiátrico por espacio de treinta y siete (37) días.[8] 1.8. Con base en lo anterior, se solicitó la realización de una nueva evaluación médica por un psiquiatra forense, en la que se tomara en cuenta la evolución clínica que había tenido la paciente en el transcurrir de su vida. 1.9. Según el accionante, a pesar de los argumentos expuestos para objetar el dictamen forense que le fue practicado a la señora Sandoval Arévalo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Cali, decidió ratificarlo. 1.10. En cumplimiento al acuerdo PSAA-13-9962, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013), el conocimiento del asunto fue asumido por el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá para que continuará el trámite correspondiente, encontrándose pendientes pruebas por practicar. Señala el apoderado de la parte demandante que allegó al Despacho la historia clínica de la señora Sandoval Arévalo proveniente de la Clínica Valle de Lili de Cali[9] y del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica Monserrat de Bogotá.[10] Así mismo, se aportaron los dictámenes privados de los psiquiatras Luis Alberto Ramírez Ortegón y Oscar Díaz.[11] 1.11. Estos elementos de juicio, según refiere el accionante, no fueron valorados ni tenidos en cuenta por la titular del juzgado a pesar de que los mismos reflejaban la “enfermedad mental” padecida por la señora Sandoval Arévalo, el deterioro en su estado de salud y el consecuente peligro al que se veía expuesto su hijo cada vez que tenía contacto con su madre en cumplimiento de las visitas quincenales. Igualmente evidenciaban en su criterio, la inmadurez de la madre, el consumo frecuente de licor, y el hecho de que su presunta enfermedad se remontaba al año de mil novecientos noventa y seis (1996). 1.12. El veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014), el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora informó al Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá los aparentes reiterados internamientos de la señora Sandoval Arévalo en clínicas mentales dada la complejidad de su enfermedad. Así mismo allegó un informe suscrito por la auxiliar de enfermería Nataly Martínez, quien supervisó las visitas de la madre con el niño los días diecisiete (17) y dieciocho (18) de mayo de la referida anualidad, en el cual se informaba que “a pesar de que el niño Juan José se encontraba con una gripa y se negaba a salir con su mamá, ésta le exigió cumplir con la visita y adicionalmente lo forzó a utilizar pañal y le impidió de manera irracional, ir al baño”.[12] 1.13. Posteriormente, se aportó una nueva prueba ante el juzgado accionado en la que se evidenciaba, al parecer y una vez más, la negativa del niño a salir con su madre en cumplimiento de la programada visita, hecho que según el accionante fue plasmado en un CD con una grabación audiovisual que mostraba a Juan José Jiménez corriendo al interior del conjunto residencial en el que vive con su padre con el fin de evitar este acercamiento. El referido suceso fue nuevamente puesto en conocimiento del Despacho, el tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), en forma de secuencia de fotografías impresas en las que se apreciaban las mismas imágenes plasmadas en el CD. Con base en lo anterior, se solicitó la suspensión de las visitas por parte de la señora Liliana Sandoval Arévalo. 1.14. En relación con dichos elementos probatorios aportados, mediante auto del siete (7) de julio de dos mil catorce (2014), el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá señaló lo siguiente: “obre en autos las manifestaciones realizadas por el apoderado de la parte actora en el escrito inmediatamente anterior, los que serán valorados en la etapa procesal correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, se le informa al apoderado que este despacho judicial no cuenta con los mecanismos electrónicos para observar medios magnéticos, los que además no cuentan con los procedimientos legales para ser tenidos en cuenta como prueba en el presente asunto”.[13] 1.15. Contra el anterior auto, el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez presentó recurso de reposición y en subsidio apelación sobre la base de no haberse realizado una valoración integral de las pruebas.[14] 1.16. Mediante decisión del primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014), el juzgado accionado negó el recurso de reposición y rechazó el de apelación argumentando que no existía error de valoración o procedimiento en el acto impugnado en tanto “el hecho de que sus peticiones no le sean favorables no quiere decir que esta servidora judicial no realice una valoración a los documentos aportados, pues pese a que la etapa para solicitar y decretar pruebas ya feneció, en atención a las circunstancias variables de este proceso el despacho ha estado atento a cada una de las peticiones de las partes y a obtener medios de prueba que diluciden el asunto, para tomar una decisión de fondo que beneficie los intereses superiores del menor”.[15] Concluyó que “las pruebas se valoran en la sentencia por el juez atendiendo la sana crítica y todas las facultades y deberes de protección hacia el menor, y en conjunto con todas las pruebas que se alcancen a recopilar”.[16] 1.17. Mediante auto del doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá negó la solicitud de suspensión de visitas incoada por el accionante. 1.18. Mediante auto del cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014), el referido Juzgado corrió traslado a las partes de los documentos allegados por el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica Monserrat de Bogotá en torno al estado de salud actual de la señora Sandoval Arévalo, en los cuales se le diagnosticó “trastorno afectivo bipolar”.[17] 1.19. Dentro de dicho término, el apoderado del accionante solicitó nuevamente la suspensión de las visitas por parte de la madre. De manera subsidiaria invocó que las mismas se redujesen o se conservasen haciéndolas en todo caso mucho más seguras o controladas por el ICBF, ante el supuesto inminente daño que las mismas podrían causarle al niño. En esta ocasión, aclaró que el niño solo accedía a cumplir las visitas con su madre, siempre y cuando estuviera acompañado de su abuela paterna, Cilenia Mora Guerrero quien es la persona que convive con ellos.[18] 1.20. Como sustento de la anterior petición reiteró con base en pruebas aportadas al proceso,[19] el cuadro clínico complejo de la señora Liliana Sandoval Arévalo caracterizado al parecer por (i) “estados psicóticos y maniáticos de depresión”[20] que la habían llevado incluso a varios intentos de suicidio; (ii) continuas hospitalizaciones en la Clínica Valle de Lili y en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica Monserrat desde el dieciocho (18) hasta el veintinueve (29) de marzo de dos mil catorce (2014)[21] y desde el ocho (8) hasta el quince (15) de abril de dos mil catorce (2014) con ocasión de su estado de salud;[22] (iii) “insomnio de conciliación asociado a episodios de ansiedad, tristeza de predominio en horas de la noche con episodios de llanto fácil que ceden al lograr conciliar el sueño”[23] e irritabilidad en horas de la mañana al despertar y, (iv) ansiedad desbordante así como dificultad para mantener relaciones personales objetales lo que se reflejaba en sus tres (3) matrimonios que habían terminado en divorcio. 1.21. Mediante auto del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), el juzgado accionado negó nuevamente la solicitud incoada al considerar que se “está a la espera de que se realice la entrevista al niño por el grupo interdisciplinario del ICBF, solicitud realizada por la Defensora de Familia adscrita al despacho”.[24] 1.22. La anterior decisión fue objeto de censura por parte del accionante considerando que el Despacho no se había pronunciado acerca de la pretensión subsidiaria invocada. Sin embargo, mediante providencia del veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), se negó el recurso reiterando que se estaba a la espera de una entrevista realizada al niño y se mantuvo, en consecuencia, la decisión aduciendo para tal fin lo siguiente: “El padre o la madre no privado o suspendido en su ejercicio de patria potestad puede reclamar su derecho de visitar a su descendiente cuando por alguna circunstancia no ostente la custodia del mismo, y aún bajo los argumentos esbozados en el escrito, incluso bajo el entendido de la seriedad que tales calificados encierra, no por ello se puede pretender privar de tal derecho, máxime que allí no se ha agotado el asunto, pues se trata de un derecho de doble vía incluso de rango superior, dado que la progenitora lo detenta para poder visitar a su descendiente y respecto del menor a su progenitora toda vez que en principio le asiste constitucionalmente, se trata pues de un restablecimiento de derechos para el menor y la tutela de los de la madre, luego en relación a la modificación de visitas solicitada por el apoderado de la parte actora, este despacho judicial la mantendrá en espera del recaudo de la prueba correspondiente”.[25] 1.23. A juicio del peticionario, la titular del Despacho accionado ha contrariado los preceptos constitucionales en la materia al dilatar la adopción de una decisión que ponga fin al proceso judicial de reglamentación de visitas que se encuentra en curso, ordenando por el contrario, el recaudo de más pruebas a las ya aportadas, las que además no han sido valoradas en su conjunto, poniendo en riesgo el interés superior del niño. Lo anterior a pesar de que la Defensora de Familia adscrita al Despacho ha realizado sendas peticiones en armonía con las efectuadas por la parte demandante y encaminadas a la protección de Juan José Jiménez. 1.24. Con fundamento en lo expuesto, el señor Omar Enrique Jiménez Mora en representación de Juan José Jiménez Sandoval y por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela como mecanismo transitorio habida cuenta de la existencia de un perjuicio irremediable que considera, se ha concretado sobre el bienestar del niño con ocasión del presunto actual estado anímico y mental de la madre. Estima que el juzgado accionado no ha adoptado las medidas de protección requeridas al omitir la valoración integral y oportuna de las pruebas obrantes en el proceso que dan cuenta de estos hechos. 1.25. Como objeto material de protección, invocó (i) el amparo de los derechos fundamentales de su hijo; (ii) la suspensión inmediata de las visitas asignadas a la señora Liliana Sandoval Arévalo hasta tanto se resuelva de fondo el proceso verbal sumario que se encuentra en trámite; (iii) la remisión de la citada ciudadana a una evaluación psiquiátrica ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a efectos de determinar el nivel de evolución y sanidad mental que presenta en la actualidad; (iv) la valoración por parte del Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá, de todas las pruebas aportadas al proceso verbal sumario de reglamentación de visitas y, (v) la adopción de una decisión de fondo con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.[26] 2. Respuesta de la entidad accionada 2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el diez (10) de marzo de dos mil quince (2015), el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, ordenó la notificación y vinculación de todos los intervinientes en el proceso de reglamentación de visitas incluida la Defensoría de Familia y el Ministerio Público.[27] Finalmente, solicitó en calidad de préstamo el expediente del proceso que actualmente se adelanta ante el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá.[28] 2.2. Mediante escrito del once (11) de marzo de dos mil quince (2015), la titular del Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá[29] dio contestación al requerimiento judicial. De manera preliminar sostuvo que no se han vulnerado los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval en el curso del proceso de reglamentación de visitas, toda vez que las decisiones impartidas hasta el momento se han adoptado en cumplimiento de la ley procesal y sustantiva que rige la materia. Sobre el fondo del asunto, sostuvo que la determinación de no suspender las visitas de la señora Liliana Sandoval Arévalo con el niño obedece al hecho de que a la fecha no existen elementos de juicio idóneos, legales y oportunos que den cuenta de su imposibilidad para tener acercamientos con su hijo. No obstante, aclaró que una vez se allegue el informe del estado de salud actual de la citada ciudadana y su correspondiente evolución por parte de la Clínica Monserrat así como la entrevista realizada a Juan José a través del equipo técnico interdisciplinario del ICBF, se entrará a analizar sobre tal petición y se adoptará una decisión de fondo.[30] 3. Otras pruebas obrantes en el expediente de tutela 3.1. Escrito presentado por el señor Álvaro Palacios Sánchez apoderado de Omar Enrique Jiménez Mora Mediante escrito del diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015), el apoderado del accionante puso de manifiesto ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá la supuesta inestabilidad mental que aqueja a la señora Liliana Sandoval Arévalo y como ello está afectando, en su criterio, el bienestar e integridad de Juan José. Concretamente refiere que la citada ciudadana ha ejercido algunos ataques verbales y psicológicos contra el niño tal como a su juicio quedó plasmado en un audio.[31] Así mismo, relata que estos hechos quedaron evidenciados en algunos reportes de enfermería recibidos de las auxiliares Catalina Jiménez y Angélica Devia,[32] encargadas de asistir a las visitas, en los que se refleja, al parecer, el deseo del niño de no querer ir a estas con su mamá.[33] De igual manera mediante escrito del nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), el citado apoderado presentó memorial ante la Sala Primera de Revisión en el cual reiteró la solicitud de suspensión de las visitas otorgadas a la señora Liliana Sandoval Arévalo considerando para tal fin “el acelerado y peligroso deterioro mental y psicológico que esta ha venido presentando en los últimos 24 meses y que la ha llevado a su internación en clínicas psiquiátricas por más de 30 días en dicho periodo. Y ante el riesgo a que se expone al niño Juan José Jiménez Sandoval cada vez que cumple con las visitas que desde tiempo atrás se pactaron judicialmente con la madre. A lo que se suma que en el último mes la madre se abstenido (sic) de visitar al niño presentando excusas para hacerlo, sin que podamos estar seguros que esto obedezca a que la enfermedad mental que padece la madre y que suele ocultar y minimizar ante la sociedad, haya vuelto a recrudecer”.[34] Agrega que “las visitas se han caracterizado en los últimos meses por una menor duración y ausencia de la Sra. Sandoval. Es así como ella no asistió el 08 de marzo de 2015 ni en lo transcurrido de todo el mes de junio de 2015”.[35] 3.2. Declaración de la señora Liliana Sandoval Arévalo ante la Fiscalía 45 Seccional de Bogotá El veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), la señora Liliana Sandoval Arévalo acudió a la Fiscalía 45 Seccional de Bogotá con el fin de rendir entrevista dentro de la denuncia penal que instauró en contra del señor Omar Enrique Jiménez Mora por los delitos de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor y fraude a resolución judicial. En esta oportunidad la citada ciudadana sostuvo lo siguiente: “Después de haber formulado la denuncia, solucionamos todos los problemas surgidos con ocasión de las visitas de mi pequeño hijo Juan José, ya que lo que dio lugar a mi denuncia fue el hecho de haberme trasladado a vivir a la ciudad de Cali, lo que hacía muy difícil viajar hacia esa ciudad cada quince días a ver al niño de acuerdo a lo que habíamos acordado y se había dejado plasmado en el acta de divorcio efectuada ante el Juzgado 4 de Familia de Descongestión de Bogotá. Actualmente se adelanta proceso de reglamentación de visitas en el Juzgado 11 de Familia de Bogotá, donde se estableció un régimen provisional de visitas el cual el padre de mi hijo ha cumplido a cabalidad permitiéndome ver a Juan José cada quince días para lo cual yo me traslado de la ciudad de Cali a Bogotá. Quiero resaltar que la denuncia penal fue presentada debido a que cuando firmamos de mutuo acuerdo la custodia a favor del padre, no fue previsto mi traslado a la ciudad de Cali, por lo cual con este proceso penal yo pretendía en forma equivocada, poder recuperar la custodia de mi hijo para llevármelo a vivir a Cali o lograr que Omar por lo menos una vez al mes, lo llevara a Cali y en las vacaciones, semana santa o semana de receso en Octubre. Omar inició este proceso de reglamentación de visitas con el fin de que se tuviera en cuenta esta circunstancia del traslado a otra ciudad, él también solicitó la suspensión de las visitas dado que yo padecía de un trastorno afectivo bipolar, con el fin de verificar que mis condiciones mentales fueran idóneas para poder seguir con las visitas con el niño, solicitando que me fuera practicado examen psiquiátrico en Medicina Legal el cual fue ordenado por la Juez y salió favorable, en el sentido de que debido a que el examen arrojó que yo tenía un funcionamiento psicológico estable y sin síntomas, sin presentar conductas de riesgo en mi rol de madre y buscando propender por la satisfacción de las necesidades básicas y un adecuado desempeño en mi rol como madre, razón por la cual las visitas no han sido suspendidas y estamos a la espera de la sentencia judicial que establezca el régimen de visitas definitivo”.[36] Durante la entrevista, se le preguntó por las condiciones en las que actualmente se encontraba el niño Juan José Jiménez Sandoval, frente a lo cual señaló: “Mi hijo Juan José se encuentra divinamente al lado de su padre, es un niño feliz, siempre que lo llamo está riéndose, tenemos una excelente relación madre-hijo, el padre del niño ha propendido por esta relación madre e hijo, nunca permite que le hablen al niño mal de mí y me permite las visitas y la comunicación permanente con el niño, el niño se ve física y psicológicamente sano, y actualmente está en un jardín infantil bilingüe, por lo cual a mi concepto, me da mucha felicidad y paz saber que mi hijo está perfectamente cuidado”.[37] Resaltó que “a mí me alcanzaron a suspender las visitas por orden de la juez. Quiero aclarar que cuando yo presenté la denuncia diciendo que Omar Enrique Jiménez Mora no había cumplido con llevarme a mi hijo a la ciudad de Cali para verlo, lo hizo porque en este momento el régimen de visitas que nos cobijaba era el acordado mediante conciliación en el Juzgado 4 de Familia de Descongestión de Bogotá y para esa época, todavía no pensaba en trasladarme a mi ciudad natal, luego analizando esta situación, él no tenía por qué llevármelo porque no estaba previsto en esa forma en la sentencia de este despacho”.[38] Finalizó, solicitando el archivo de las diligencias por estimar que no existía ningún delito.[39] 4. Decisiones que se revisan 4.1. Decisión de primera instancia Mediante providencia del veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015), la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió negar el amparo invocado. De manera preliminar, sostuvo que la acción de tutela no era un medio alternativo, adicional o complementario de solución de las controversias, máxime cuando en el presente asunto se encontraba en curso un proceso ordinario de protección de derechos que le impedía al juez constitucional invadir la órbita de competencia del juez natural con atribuciones legales para dirimir el conflicto. Sobre el fondo del asunto, consideró que el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá no había vulnerado los derechos fundamentales del accionante ni de su hijo, en tanto todas las actuaciones surtidas hasta el momento se habían adoptado teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso, las normas que rigen la materia y sobretodo el interés superior de Juan José Jiménez. Precisó que era un asunto diferente el que el accionante discrepará del criterio jurídico del Despacho, lo que en modo alguno se erigía en una vulneración al debido proceso. Estimó que la negativa de acceder a la petición de suspensión provisional de visitas incoada por el señor Omar Enrique Jiménez Mora, obedecía a la inexistencia de elementos de juicio que demostraran la amenaza o riesgo inminente sobre el niño con ocasión de este acercamiento y que, por ende, condujeran a privarlo del derecho a tener algún tipo de vínculo afectivo con su madre a pesar de su enfermedad, pues, incluso, las visitas se realizaban en compañía de una tercera persona. Para concluir, señaló que en un proceso de reglamentación de visitas, el juez está autorizado para adoptar las medidas provisionales necesarias para salvaguardar las garantías ciudadanas, razón por la cual desde el inicio del asunto, el Juzgado Once de Familia de Bogotá fijó un régimen provisional de visitas que aún está vigente y que procura garantizar los derechos fundamentales del niño. 4.2. Impugnación presentada por el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora El apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora presentó impugnación en contra de la decisión de primera instancia. En dicho escrito, insistió sobre la configuración de un defecto fáctico en la actuación del Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá al no haber analizado el material probatorio que da cuenta, al parecer, de la evolución de la “enfermedad mental” de la señora Liliana Sandoval Arévalo y la manera como ello representa, a su juicio, un inminente riesgo para el desarrollo integral del niño. Agrega que el juzgado accionado le ha dado prevalencia al derecho procedimental sobre el sustancial, aplazando de manera injustificada su actuar judicial argumentando para ello, la necesaria valoración previa de las pruebas aportadas al proceso a efectos de tomar una decisión de fondo. Así mismo, indica que fueron negadas arbitrariamente las diferentes solicitudes presentadas incluso por la Defensoría de Familia, quien invocó que las visitas fueran supervisadas por una trabajadora social y una psicóloga y realizadas en el centro zonal del ICBF de la localidad del domicilio del niño durante el término de tres (3) meses, con la finalidad de conocer el desarrollo de las mismas y establecer el estado psicoactivo del niño así como la relación con su madre.[40] También se negó una solicitud de entrevista al niño, bajo el argumento de no contar con los instrumentos idóneos para realizar esta diligencia a un niño de cuatro (4) años. Finalmente, se despachó desfavorablemente la petición de valoración de la señora Liliana Sandoval Arévalo por parte de un médico forense especializado, aduciendo que la misma había sido decretada como prueba y se estaba a la espera de la aclaración y/o complementación solicitada, además de que se allegará el informe proveniente de la Clínica Monserrat sobre el estado de salud actual de la paciente. Concluye que deben adoptarse medidas de protección inmediatas en favor de Juan José Jiménez Sandoval con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos fundamentales.[41] 4.3. Decisión de segunda instancia La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), confirmó el fallo impugnado. Para ello, consideró que las decisiones de la autoridad judicial accionada no resultaban caprichosas, autoritarias o infundadas pues las mismas se habían adoptado con sujeción al material obrante en el expediente y dentro del ejercicio de las funciones que de manera autónoma e independiente ejercen los funcionarios judiciales en la resolución de las controversias sometidas a su consideración. Advirtió que el disenso con las decisiones proferidas no constituía un específico supuesto de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. En lo referente a la negativa impartida frente a la solicitud de suspensión de visitas, precisó que la misma había estado sustentada en las pruebas recaudadas en el proceso, dentro de las cuales se resaltaba el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se había determinado que la señora Sandoval Arévalo no exhibía conductas de riesgo en su rol parental. Así mismo, la petición no había sido procedente por cuanto se estaba a la espera de un informe a cargo de la Clínica Monserrat en torno al estado de salud actual de la demandante y de la realización de una entrevista al niño. Finalizó, manifestando que el proceso de reglamentación de visitas se encontraba en curso y era allí donde, con fundamento en las pruebas que se siguieran recaudando, se debía tomar una decisión de fondo en la materia. 5. Actuaciones en sede de revisión 5.1. La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, mediante auto del tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), requirió al Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá el suministro de información relacionada con: (i) El estado actual del proceso de reglamentación de visitas que en su momento fue iniciado por el señor Omar Enrique Jiménez Mora en contra de la señora Liliana Sandoval Arévalo; (ii) las medidas que se han adoptado para proteger los derechos y, en especial, el interés superior del niño Juan José Jiménez Sandoval en el curso del proceso judicial; (iii) la relación de las pruebas o elementos de juicio que ha tenido en cuenta o que han servido de fundamento para negar las solicitudes de suspensión de visitas solicitadas por el señor Omar Enrique Jiménez Mora; (iv) una relación y una copia de las pruebas obrantes en el proceso que den cuenta del estado de salud actual de la señora Liliana Sandoval Arévalo, concretamente: el Dictamen emitido por el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica Monserrat de Bogotá, la entrevista realizada al niño Juan José Jiménez Sandoval a través del equipo técnico interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como los dictámenes emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, (v) el concepto, si lo hubiere, rendido por el Defensor de Familia y el agente del Ministerio Público adscritos al proceso, sobre el asunto que se debate. 5.2. Mediante escrito del cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015), el Despacho dio contestación a lo anterior en el orden como fueron planteados los interrogantes. 5.3. En relación con el primer punto, sostuvo que el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas se encuentra en etapa de práctica de las pruebas legal y oportunamente solicitadas, advirtiendo que han sido múltiples los aportes documentales, material fotográfico y en USB, escritos y demás elementos de juicio allegados al trámite judicial. Señaló que mediante providencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015) se fijó fecha para alegatos de conclusión y fallo, no obstante dicha decisión fue objeto de un recurso de reposición y de apelación, frente a lo cual se procedió a correr el traslado a las partes. 5.4. Sobre las medidas que se han adoptado para proteger los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval, precisó que el interés superior de este ha sido el pilar sobre el cual el Despacho ha fundado las decisiones a lo largo del debate. Señaló que las visitas entre madre e hijo se siguen llevando a cabo, pese a las múltiples solicitudes de suspensión de las mismas realizadas por la parte actora. 5.5. La funcionaria judicial advirtió que las pruebas tenidas en cuenta para negar las solicitudes de suspensión de visitas del peticionario han sido aquellas oportunamente solicitadas y valoradas, que además reflejan las buenas y estables condiciones de salud de la señora Sandoval Arévalo para ejercer cuidado integral sobre su hijo. Se destacan (i) diferentes certificaciones médicas emitidas entre otros, por un psiquiatra institucional,[42] una psicoanalista[43] y un médico especialista;[44] (ii) dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[45] y, (iii) valoraciones realizadas al niño por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.[46] 5.6. Frente al estado de salud actual de la señora Liliana Sandoval Arévalo, se remitieron las copias de algunos dictámenes periciales efectuados a las partes por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,[47] la epicrisis e historia clínica de la señora Sandoval Arévalo emitida por la Clínica Monserrat[48] y la entrevista realizada por el ICBF al niño Juan José.[49] Así mismo se aportó la copia de un acta de medida de urgencia tomada por la Comisaría Once de Familia de Suba a favor del niño Juan José Jiménez Sandoval, el día veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010).[50] 5.7. Finalmente, el Despacho indicó que si bien no existen conceptos emitidos por la Defensora de Familia y el Agente del Ministerio Público, la primera ha intervenido en el proceso solicitando, entre otras cosas, las visitas supervisadas, la entrevista al niño y la información relativa a si la demandada acude a los controles por psiquiatría y psicología.[51] 5.8. Durante el término de revisión de la acción de tutela, el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora allegó mediante escrito del doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), un informe de análisis psiquiátrico forense[52] y copia de la historia clínica de la señora Liliana Sandoval Arévalo procedente de la Clínica Monserrat. En el primero de ellos, se concluyó que “de acuerdo a la revisión y análisis de los documentos facilitados, en especial la copia de historia clínica que se le lleva a la señora Liliana Sandoval Arévalo, la cual fue elaborada por los médicos, psicólogos, terapia ocupacional y trabajo social de la Fundación Valle de Lili, se puede colegir que la señora Sandoval Arévalo presenta signos y síntomas clínicos compatibles con un cuadro de Trastorno Afectivo Bipolar, el cual persiste agudamente enferma como lo describe su médico tratante Dr. Hernán Rincón en sus anotaciones médicas. Ha tenido múltiples consultas de control médico debido a la NO estabilidad de su sintomatología clínica, lo que NO le hace viable a ser garante ni responsable de la crianza de su hijo, pues sus conductas son impredecibles, como se anota en la evolución de su sintomatología en el transcurrir de su enfermedad (historia clínica) sintomatología que persiste en la actualidad, pues como se anotó, sus conductas son impredecibles”.[53] En relación con la historia clínica se indica en la misma, que la señora Sandoval Arévalo fue atendida en el año dos mil catorce (2014) en la Clínica Monserrat en las siguientes fechas: “ingreso: marzo 18 de 2014, egreso: marzo 29 de 2014-hospitalización. Ingreso: abril 8 de 2014, egreso: abril 15 de 2014-hospitalización. Mayo 04 de 2014-consulta prioritaria”.[54] Allí también se indica que la paciente presenta “trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente”[55] y “trastorno de ansiedad, no especificado”.[56] 5.9. De igual forma durante el periodo de revisión, se aportó por parte del señor Álvaro Palacios Sánchez, apoderado de Omar Enrique Jiménez Mora, escrito del veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015),[57] en el que se indica, entre otros aspectos que la señora Liliana Sandoval Arévalo actualmente no vive en su lugar de residencia habitual sino que frecuenta diferentes hoteles del sector de La Candelaria en la ciudad de Bogotá, sin poner en conocimiento del Despacho accionado dicha novedad. Se aporta junto con el oficio, historia clínica completa de la paciente procedente de la Fundación Valle de Lili, la que a juicio del accionante revela “la amplitud del cuadro comórbido de enfermedades mentales que aquejan a la madre del menor Juan José Jiménez Sandoval”.[58] En ella se establece que la citada ciudadana padece “trastorno afectivo bipolar”. De igual forma se allega en adición con otros documentos,[59] informe de psiquiatría y psicología forense proveniente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual es realizado al interior del proceso de suspensión de patria potestad que a la fecha también adelanta el actor y en el que básicamente se concluye que el señor Omar Enrique “no muestra signos ni síntomas de patología mental”.[60] iI. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia La Sala Primera es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 2.1. Omar Enrique Jiménez Mora interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá, solicitando el amparo de los derechos fundamentales de su hijo Juan José Jiménez Sandoval. El reclamo constitucional se fundamentó en que en el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas iniciado en contra de la señora Liliana Sandoval Arévalo, presuntamente se generó un defecto fáctico porque no se ha realizado en forma conjunta e integral una valoración de las pruebas o elementos de juicio que da cuenta de la necesidad de proceder a la suspensión de las visitas a cargo de esta última, habida cuenta del estado de salud mental que, al parecer, la aqueja y la forma como ello, en criterio del accionante, está afectando el bienestar del niño.[61] Conforme con las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, se puede inferir que la pretensión central del accionante[62] recae en la necesidad de dejar sin efectos la totalidad de las actuaciones judiciales adelantadas por el juez accionado en desarrollo y con ocasión del proceso referido, especialmente aquellas decisiones materializadas en diversos autos por medio de las cuales se ha negado por el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá las solicitudes de suspensión de visitas. [63] 2.2. De acuerdo con estos hechos, la Sala deberá establecer si procede acudir a este mecanismo frente a una actuación judicial que se encuentra en trámite, y ante la cual el accionante todavía tiene la posibilidad de agotar los medios procesales para la defensa de los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval y por esta vía cuestionar la legalidad de las decisiones allí impartidas. 2.3. Para desarrollar el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) reiterar la jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) resolverá el caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 3.1. La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior, ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[64]. 3.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos jueces. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental. 3.3. A continuación, la Sala reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[65]: 3.3.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[66], como desde una interpretación sistemática, teniendo como referencia el bloque de constitucionalidad[67] e, incluso, a partir de la ratio decidendi[68] de la sentencia C-543 de 1992[69], siempre que se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. 3.3.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales[70]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional[71]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[72]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[73]. 3.3.3. Además de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional[74], a saber: defecto orgánico[75], sustantivo[76], procedimental[77] o fáctico[78]; error inducido[79]; decisión sin motivación[80]; desconocimiento del precedente constitucional[81], y violación directa de la Constitución[82]. 3.4. Acerca de la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[83]. 3.5. Los eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales[84]. Asimismo, vista la excepcionalidad de la tutela como mecanismo judicial apropiado para rectificar las actuaciones judiciales equivocadas, es necesario que las alegadas causales de procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente o protuberante, y que las mismas sean de tal magnitud, que puedan desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[85]. Por esta razón, esta Corporación ha sido muy clara al señalar que no toda irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho[86]. 3.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la Corporación para hacer admisible el amparo material, y (iii) el requisito sine qua non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[87]. 3.7. Acerca del principio de subsidiaridad. Como se ha mencionado, la Corte es especialmente exigente cuando la controversia se deriva de un pronunciamiento judicial, especialmente en relación con los principios de subsidiariedad e inmediatez[88]. El primero, exige el agotamiento de todos los recursos judiciales como condición previa para la interposición de la acción, salvo que se busque un amparo transitorio, en razón a que el proceso judicial es el escenario en el cual debe buscarse la protección de los derechos constitucionales y legales en primer término, y en consideración a que la competencia del juez de tutela frente a una sentencia judicial se contrae a los aspectos con relevancia constitucional que fueron discutidos al interior del proceso, sin obtener una respuesta constitucionalmente adecuada por parte de los jueces especializados[89]. El segundo, comporta la obligación de interponer la acción dentro de un plazo razonable, como garantía esencial para la seguridad jurídica y los derechos de terceros[90]. En lo concerniente al principio de subsidiariedad, en la sentencia T-1049 de 2008[91] la Sala Tercera de Revisión realizó una precisión conceptual en relación con los conceptos de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela. Precisó que aunque en ocasiones ambos términos se usan indistintamente, en realidad son conceptos relacionados pero no idénticos. El primero, hace referencia a la inexistencia de recursos como presupuesto para la procedibilidad de la tutela[92]; el segundo, condiciona el estudio de fondo del amparo a que se hayan agotado los recursos existentes. Expuso: “Para explicar la relación entre ambos conceptos, de forma sencilla, basta con señalar que existen diversas razones por las cuales una persona carece de medios judiciales de defensa diferentes a la acción de tutela, y una de ellas es que haya agotado los recursos existentes. Esta situación se hace evidente en el caso de los fallos judiciales: debido a que por regla general los diferentes procesos prevén recursos, sólo cuando el peticionario los ha agotado, puede considerarse que no posee otro medio de defensa judicial”.[93] En todo caso, el requisito de subsidiariedad se ve incumplido cuando no se ejercen las acciones ordinarias de defensa judicial, o no se interponen dentro de la oportunidad que la ley concede para tal fin, o en aquellos casos en que el fin a alcanzar es una decisión de fondo en un término menor al que requeriría un proceso iniciado ante el juez ordinario. Debe reiterarse que el incumplimiento del requisito de subsidiariedad solo puede ser excusado por circunstancias de fuerza mayor, que de ninguna forma puedan imputarse al peticionario, y que se encuentren probadas en el proceso, o se prueben durante el trámite de la tutela[94]. 3.7.1. El perjuicio irremediable. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,[95] la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial no representa óbice para que la acción de tutela sea procedente en aquellos casos en que con la interposición de la misma se pretenda evitar un perjuicio irremediable. En estos eventos, la sentencia de tutela otorga, en principio, un amparo transitorio con el fin de velar por la integridad de los derechos fundamentales amenazados.[96] El concepto de perjuicio irremediable ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional. Se ha establecido que para que pueda hablarse de dicho concepto el perjuicio ha de ser inminente y grave, requiriendo de “[…] medidas urgentes y de aplicación inmediata e impostergable”.[97] Sobre la inminencia del perjuicio se ha dicho que este elemento se refiere a condiciones que trascienden la mera expectativa del menoscabo a derechos fundamentales. El requisito de inminencia puede entonces dividirse en dos elementos: el temporal y el de previsibilidad. El elemento temporal se refiere a que la amenaza o lesión de derechos pueda esperarse de forma próxima al momento actual, excluyendo por esta vía situaciones cuya ocurrencia sea lejana o siquiera mediata, salvo que concurran circunstancias especiales. De otra parte, el elemento de previsibilidad parte de la aplicación de las reglas de la experiencia y la sana crítica, de tal forma que pueda esperarse, de acuerdo al curso normal de los eventos, que de no haber intervención el evento lesivo de derechos muy seguramente ocurrirá. En relación con la urgencia de las medidas se tiene que este requisito parte de un análisis de la inminencia del perjuicio. Existe una relación directa entre la inminencia del perjuicio y la urgencia de las medidas necesarias para que este no se concrete. Con relación a la urgencia, la Corporación ha indicado que esta “[…] Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia”.[98] La gravedad del perjuicio, por su parte, se refiere a la intensidad con la que se afectan los intereses del accionante, siendo una valoración de la lesión que puede devenir sobre los derechos fundamentales comprometidos por la acción u omisión de aquel contra quien se interpone la tutela. Se aclara que dicha valoración exige determinar cuál es la importancia del bien jurídico amenazado. En este sentido, la gravedad de la afectación depende de la estima que, conforme a criterios objetivos, puede tenerse de los derechos afectados, tomando como referente las circunstancias particulares del accionante. Tales criterios objetivos se construyen con base en consensos sociales sobre la precedencia que determinados bienes jurídicos tienen sobre otros en circunstancias concretas. En cuanto a la intensidad y al tipo de bien afectado, debe tenerse en cuenta si la afectación del bien es reversible o irreparable, esto derivado de la exigencia de que el perjuicio tenga un carácter irremediable. Se advierte que la irreparabilidad incluye aquellos eventos en los que la única forma de resarcir la afectación es por medio de medidas indemnizatorias. Finalmente, se precisa que el nivel de afectación del derecho fundamental sea determinado o cuando menos determinable.[99] Por último, la impostergabilidad se refiere a la oportunidad y eficacia de la acción de tutela con relación a la amenaza de derechos fundamentales. La tutela ha de ser necesaria en ese preciso momento para evitar el daño: “Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos”.[100] 3.7.2. Ahora bien, las demoras en la administración de justicia, como sucede en la decisión de recursos interpuestos en el marco de procesos ordinarios no permiten, por regla general, la configuración de un perjuicio irremediable. Ha sido enfática la Corte al afirmar que: “[…] La congestión judicial y demoras de los procesos es una realidad innegable, que aun cuando es necesario corregir en la medida de lo posible, imponen para las partes una carga que deben asumir, salvo en los casos en que excepcionalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado para la defensa de los derechos fundamentales. No puede el juez de tutela, sin vulnerar el derecho a la igualdad y sin que realmente concurra la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, alterar esa situación para conocer en sede de tutela, de manera anticipada y sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por el juez ordinario”.[101] 3.7.3. Es forzoso concluir de esta manera que la excepción planteada al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, consistente en que esta es procedente para evitar un perjuicio irremediable, precisa de unos requisitos mínimos de inmediatez, urgencia, gravedad e impostergabilidad, que excluyen situaciones que pueden verse resueltas de forma efectiva y oportuna por medio de procedimientos judiciales propios de la jurisdicción ordinaria. 4. El señor Omar Enrique Jiménez Mora no ha agotado todos los medios de defensa judicial a su alcance en tanto el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas aún se encuentra en curso y no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable como presupuesto necesario para que la acción proceda como mecanismo transitorio 4.1. En esta oportunidad, el señor Omar Enrique Jiménez Mora actuando por conducto de apoderado judicial y en procura de la defensa de los derechos fundamentales de su hijo, Juan José Jiménez Sandoval, presentó acción de amp...