Sentencia T-577 de 2019

T-577-19 Sentencia T-577/19 ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia excepcional DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad, calidad del servicio de agua y no discriminación en la distribución DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia DERECHO AL AGUA POTABLE-Vulneración por no suministro del servicio de agua a sujeto de especial protección DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden de diseñar política pública encaminada a superar situación de vulneración del derecho fundamental de agua potable DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden a alcaldía municipal suministrar en forma continua agua potable a la accionante y su núcleo familiar por el medio que considere más idóneo Referencia: Expediente T-7.030.965 Acción de tutela instaurada por José Vicente Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo – Socha, Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Alcaldía Municipal de Socha. Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de la Sentencia de única instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha - Boyacá el 13 de agosto de 2018, que resolvió la acción de tutela interpuesta por José Vicente Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo – Socha Boyacá (en adelante la Junta), y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá).[1] I. ANTECEDENTES En seguida, se exponen los hechos relevantes, la decisión de instancia y las actuaciones adelantadas en Sede de Revisión. 1. Hechos relevantes[2] y fundamentos de la solicitud de amparo El 27 de julio de 2018, el señor José Vicente Carvajal Márquez presentó acción de tutela contra la Junta, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, los que consideró vulnerados debido a que no se le instaló un punto de agua para uso doméstico en su vivienda. En seguida, se enuncian los hechos relevantes del caso. 1.1. El señor José Vicente Carvajal Márquez reside, junto con su esposa e hijo de 20 años, en la vereda Sagra Arriba ubicada en el Municipio de Socha, Boyacá.[3] Según afirma, lleva siete años solicitando que se le instale un punto de agua para uso doméstico en su vivienda.[4] Al respecto, expresó: “… nosotros no contamos con otro servicio de acueducto ni adonde más acudir ya que este es el más cercano. También nos damos cuenta de que el agua de este acueducto se utiliza para darle de beber al ganado y para las marraneras que hay allí, pero nadie se atreve a denunciar este hecho.”[5] 1.2. En un primer momento, el 18 de octubre de 2011, el accionante junto con 11 personas más hicieron la solicitud, por medio de la Personería Municipal de Socha, al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, así: “… nos inquieta la necesidad de poder contar con un punto de agua para el servicio doméstico y transcurrido más de un año sin obtener respuesta alguna de la propuesta dada por el Ingeniero Delgado de Corpoboyacá, quien manifestó que el Presidente debería elevar la solicitud de cambio de destinación del recurso hídrico de regadío y abrevadero para el servicio doméstico el cual es un derecho fundamental.”[6] 1.3. Luego, el 24 de octubre de 2017, el señor Carvajal presentó la solicitud de un punto de agua para uso doméstico a la Junta,[7] parte accionada en la presente tutela.[8] Justificó su petición en los siguientes términos: “carezco de este servicio desde hace muchos años y me abastezco de una toma que no es apta para consumo humano.”[9] En la acción de tutela presentada, manifestó que “nunca me responden [las peticiones]”. Además, en el expediente consta que en esa misma fecha, el señor Froilan Niño Rodríguez, en calidad de Presidente de la Junta, pidió a Corpoboyacá la ampliación de la concesión, “atendiendo a que existen nuevos usuarios que solicitan la prestación de este servicio ya que sus predios no cuentan con el mismo.”[10] A esta solicitud anexó el listado de dichas personas, entre las que se cuenta el señor José Vicente Carvajal. 1.4. El 15 de noviembre de 2017, la Junta llevó a cabo una reunión, a la que asistió el accionante. En esta, se le pidió a él y a otros ciudadanos, que también solicitaron un punto de agua, que “dieran espera para reunirnos con los usuarios de la red que conduce cerca a sus fincas para analizar las ventas y posibles cone[x]iones.”[11] 1.5. Posteriormente, el 4 de diciembre del mismo año, hubo otra reunión de la Junta con cinco (5) de los solicitantes de puntos de agua, a la que asistió la esposa del accionante. Según consta en el acta, se les informó: “… las razones por las cuales nos (sic) es imposible vender puntos en el momento ya que podríamos entrar en sanciones con Corpoboyacá por excedernos en el número de usuarios para los cuales nos otorgaron el caudal y que debemos esperar al aumento del caudal, pero como somos conscientes de la necesidad de nuestros vecinos nos saldremos con aprobación de los demás usuarios, decidimos aprobar el compartimiento del recurso con los vecinos más cercanos ya que se propuso compartir los puntos que no están en servicio todos los días pero los propietarios no aceptaron y como no queremos imponerles acuerdos como estos, aceptamos los más cercanos. Así que se elaborarán actas individuales de acuerdos con cláusulas y compromisos de común acuerdo por 3 meses a partir de la fecha.”[12] 1.6. El 13 de abril de 2018, es decir seis meses después, Corpoboyacá dio respuesta a la solicitud de ampliación presentada por la Junta Administradora el 24 de octubre de 2017. En esta le indicó que “para solicitar la ampliación de la concesión de aguas superficiales contenida en el expediente OOCA-0015/13, es necesario presentar a Corpoboyacá debidamente diligenciados en medio físico y magnético los formatos FGP-77 ‘Listado de Suscriptores’ (incluyendo los nuevos usuarios por afiliar) y FGP-89 (Información Costos de Inversión y Operación) a fin de realizar la respectiva liquidación por servicios de evaluación ambiental.”[13] Además, en esta comunicación, advirtió que el 23 de febrero de 2018, se otorgó una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17[14] a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha “razón por la cual Corpoboyacá no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside.” Y, en consecuencia, sugirió: “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental.”[15] 1.7. El 19 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los solicitantes de un punto de agua. En esta, se planteó como solución que: “las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación…” Días después, el 23 de julio, mediante un oficio, la Alcaldía formalizó el acuerdo en los siguientes términos: “… con el fin de obtener suministro de agua para el consumo humano a los habitantes de la vereda Sagra arriba y Soraqu[í], la administración municipal frente a estos temas, se permite comunicarles que se encuentra evaluando su petición para lo cual se realizar[á] una mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá “CORPOBOYAC[Á]” sede territorial Socha para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente como se lleg[ó] a un acuerdo en la reunión realizada el día 19 de julio del año en curso [2018] en la vereda Sagra Arriba junto con los usuarios peticionarios. De la misma manera la administración municipal se compromete con la asesoría para los trámites pertinentes en caso de realizar la concesión así mismo con el suministro de tubería.”[16] 1.8. El 27 de julio de 2018, el señor José Vicente presentó acción de tutela contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo. Invocó la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna y al agua. Solicitó al juez constitucional ordenar a la Junta Administradora accionada la autorización de un punto de agua para su vivienda. 2. Trámite de única instancia y respuesta de los accionados 2.1. El 30 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha admitió la acción de tutela y ordenó vincular al proceso a la Personería de dicho Municipio, como agente del Ministerio Público, y a Corpoboyacá - sede Socha, “por ser una institución que ampara el cuidado y la preservación de los recursos naturales”. Asimismo, corrió traslado a estas autoridades y a la Junta accionada para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.[17] 2.2. Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo.[18] El 3 de agosto de 2018, el señor Froilán Niño Rodríguez, en calidad de Presidente, aclaró que la solicitud del accionante fue conocida el 24 de octubre de 2017, cuando de manera escrita la presentó junto con diez (10) usuarios más. Manifestó, además, que se le comunicó a la comunidad y al señor Carvajal que no es posible acceder a lo solicitado por falta de caudal, ya que “el otorgado en la concesión fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í].”[19] De igual forma, precisó que en las reuniones extraordinarias con la comunidad de las veredas Sagra Arriba y Soraquí “se acordó compartirles de los puntos vecinos ya existentes caudal para sus labores domésticas, mientras se encontraba una posible solución”.[20] Desde entonces, ha estado trabajando en conjunto con la Alcaldía, en particular con la Secretaría Municipal de Obras, Planeación y Servicios Públicos, y Corpoboyacá. Adicionalmente, afirmó que existen más solicitantes del servicio de agua y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de los habitantes de la vereda Sagra Arriba, el 19 de julio de 2018, la Alcaldía, a través de “la ingeniera de Planeación Municipal”, se comprometió a iniciar la construcción de un nuevo acueducto al cual quedaría vinculada la vivienda del accionante, entre otras.[21] Por último, señaló que “no es por gusto ni arbitrariedad” que la Junta no les vende puntos de agua a las personas que se encuentran sin servicio de acueducto, sino que el caudal que les fue otorgado ya se encuentra distribuido y no pueden ofrecer una materia prima con la cual no cuentan. 2.3. Corpoboyacá y la Personería Municipal de Socha. Guardaron silencio. 3. Decisión objeto de revisión El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha negó el amparo solicitado por el señor José Vicente Carvajal Márquez,[22] por tres razones principales. Primera, la Junta no puede material ni legalmente concederle el punto de agua que requiere, pues no cuenta con el caudal para acceder a su petición. En este mismo sentido, resaltó que existen otras treinta personas que solicitan el mismo servicio y que, si el Acueducto accionado accediera a la instalación del punto de agua solicitado, se desmejoraría la calidad de vida de los demás integrantes de la vereda de Sagra Arriba. Segunda, sostuvo que autorizar dicha instalación desconocería “que el caudal autorizado [por Corpoboyacá] fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í]”.[23] Y, por último, afirmó que “en la actualidad el Estado adelanta las acciones pertinentes a fin de crear otro punto, para el abastecimiento del vital líquido”.[24] En consecuencia, instó al accionante a “estar pendiente de los trámites a efectuar por CORPOBOYACÁ en asocio con la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Socha a fin de que quede incluido en el nuevo punto a crear para el suministro de agua”. [25] Esta decisión no fue impugnada por las partes. 4. Actuaciones adelantadas en Sede de Revisión El 23 de enero de 2019, mediante auto, la Magistrada ponente dispuso vincular al proceso a la Alcaldía Municipal de Socha y a la Gobernación del Departamento de Boyacá. Asimismo, ofició a las partes para que informaran acerca del estado actual del suministro de agua potable en el domicilio de accionante y se refirieran a la construcción del nuevo acueducto que, según lo afirmado por la Junta, abastecería la vivienda del señor José Vicente Carvajal Márquez, entre otras.[26] 4.1. El señor José Vicente[27] informó que actualmente, durante el invierno, se abastece del agua que “nace en una finca contigua, donde un vecino (…)”, pues el caudal es suficiente para cubrir las necesidades de 3 familias; “pero, en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[28] Además, afirmó que no ha “recibido [de parte de la Alcaldía ni de la Gobernación] ninguna respuesta a la solicitud de instalación del punto de agua (…)”; en cuanto a la Junta, dijo que de manera verbal le reiteraron que “el agua no alcanza.”[29] Por último, manifestó que tuvo “conocimiento que la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo, ha vendido derechos a puntos de agua a personas que los solicitaron con posterioridad”[30] a su requerimiento, pero que no tenía cómo probar esta afirmación. 4.2. La Junta [31] afirmó que el suministro de agua en el área “se encuentra en el mismo estado a cuando se respondió la tutela” y que no tienen conocimiento sobre la situación de la vivienda del señor José Vicente, “al no haber disponibilidad de ingresos según resolución de Corpoboyacá.”[32] Explicó que aún no ha podido acceder a las 33 solicitudes, “por la falta de caudal”.[33] También precisó el acueducto Pantano Largo “continua en el mismo estado ya que si se realizan cambios [en la] ampliación del caudal, mediante acto administrativo los haría Corpoboyacá.”[34] 4.3. La Gobernación de Boyacá[35] afirmó desconocer los hechos expuestos por el accionante y solicitó a esta Corporación que declare su falta de legitimación en la causa. Indicó que “el Departamento de Boyacá no funge como autoridad ambiental ni tiene competencia frente a la prestación de servicios públicos en dicho municipio (…)”[36] Argumentó, por una parte, que son las corporaciones ambientales “las encargadas por mandato legal de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales…”[37] Y, por otra parte, resaltó que le corresponde al Municipio asumir la función de garantizar el acceso a los servicios públicos, en los términos de los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, y los numerales 10 y 19 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.[38] Además, manifestó que “ha realizado visitas a las juntas administradoras de los acueductos rurales en el municipio de Socha, para brindar asistencia administrativa en fortalecimiento empresarial y legalización de las juntas, en especial la desarrollada el día 25 de [mayo] de 2018.”[39] 4.4. La Alcaldía de Socha[40] solicitó ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Manifestó que para garantizar el derecho al agua de todos los habitantes del Municipio “construy[ó] una planta de tratamiento de agua potable”, que provee agua apta para el consumo humano.[41] Afirmó que: “trabaja mancomunadamente con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘Territorial Socha’, ya que ellos son los encargados de supervisar y dar control a las concesiones de agua otorgadas a los acueductos rurales, con la personería municipal dando cumplimiento a los estatutos de las juntas administradoras de los acueductos rurales … con la secretar[í]a de salud del departamento quien realiza la función de vigilancia y control de la calidad del agua a través de visitas periódicas al sistema de suministro.”[42] Con respecto al estado actual de la construcción del nuevo acueducto, sostuvo que, acorde con lo informado por los usuarios de la nueva junta, este se encuentra en “proceso de legalización” y dicha Institución “ha brindado el apoyo jurídico y económico para su creación.”[43] Sobre el plan de acción inmediata para garantizar a todas las personas del Municipio el acceso al servicio de agua, indicó que: “[l]a alcaldía municipal y la unidad de servicios públicos presta el servicio de agua potable a las comunidades rurales aledañas al sector urbano con el fin de garantizar el acceso de agua potable y saneamiento básico a los habitantes que no reciban el servicio por medio de un acueducto veredal, en este sentido se tienen inscritos a la Unidad de Servicios Públicos de Socha 187 HABITANTES DEL ÁREA RURAL. De igual forma la Unidad de Servicios Públicos de Socha tiene cobertura en todo el centro urbano del municipio, brindando un servicio con calidad y apto para el consumo humano según estudios realizados por la secretar[í]a de salud departamental. En caso de no poder brindar el servicio de agua potable y saneamiento básico a usuarios del sector rural, SE INCENTIVA LA CREACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO A TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, DONDE SE APORTA CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN.”[44] En lo que tiene que ver con el plan de mediano plazo, no señaló nada puntual y manifestó que siguen “trabajando para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios”,[45] tal y como está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. Por último, insistió en que “se ha motivado a las juntas administradoras de los acueductos rurales a intervenir de manera pronta en el suministro de agua potable para el consumo humano de todos los habitantes del municipio…”[46] 4.5. Corpoboyacá[47] indicó que, mediante Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2014, otorgó concesión de aguas superficiales a la Junta accionada, “con destino a uso doméstico a novecientas veinticuatro (924) personas, a derivar de la fuente denominada ‘Nacimiento Pantano Largo’, ubicada en la vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de Socha, en un caudal de 1,28 L/s.”[48] Informó que, el 24 de octubre de 2017, dicha Junta solicitó la ampliación de la concesión, teniendo en cuenta que existían nuevos usuarios requiriendo la prestación de este servicio.[49] Frente a la solicitud, respondió que era: “… necesario presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’. A fin de realizar la respectiva liquidación por servicio de evaluación ambiental; igualmente se le informó que sobre la fuente hídrica denominada ‘Manantial Pantano Largo’, se encuentra también otorgada una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17, razón por la cual CORPOBOYAC[Á] no puede garantizar si esta fuente hídrica podrá sostener la demanda hídrica adicional. Que mediante radicado de salida No. 104-10735 del seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), CORPOBOYACÁ realizó observaciones y correcciones a la evaluación del programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua para que la titular lleve a cabo las modificaciones indicadas y entregarlas a la Entidad, la cual debía ser entregada a la Corporación el doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), sin que a la fecha hayan sido presentadas.[50] En referencia al expediente OOCA-00113/17 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 560 del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), donde se otorgó concesión de aguas a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-7, en un caudal total de 0,49 L/s, con destino a uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto, a derivar de la fuente hídrica denominad[a] ‘Manantial Pantano Largo’, en la vereda Sagra Arriba, jurisdicción del municipio de Socha.”[51] 4.6. La Personería Municipal de Socha[52] sugirió que se revise “de manera minuciosa la concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ a la Junta Administradora de Acueducto Pantano…”. En concreto, considera relevante “entrar a establecer si esta concesión de aguas otorgada también es para abrevadero o solo consumo doméstico y que si se llegase a establecer que el uso es compartido es decir doméstico y abrevadero, se entraría a implantar qu[é] prioridades existen.” Por último, manifestó: “[s]i bien es cierto el Municipio de Socha se compromete o manifiestan junto con la Junta administradora de acueducto organizar o formar un nuevo acueducto rural, pero esto conlleva tiempo y mientras tanto esta familia estaría sin servicio de agua.”[53] II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia y procedencia de la acción de tutela 1.1. Esta Corte es competente para conocer la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Diez, que decidió escoger para revisión el expediente de la referencia. 1.2. La acción de tutela estudiada cumple con los requisitos de procedibilidad. En cuanto al requisito de legitimación, por un lado, el señor José Vicente puede invocar, en nombre propio, el amparo de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, en consonancia con lo afirmado en la Constitución, que dice que toda persona tiene la “acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) por sí misma” la protección de sus derechos (Art. 86, Inc. 1º, CP).[54] Y, por otro lado, la solicitud de protección constitucional se puede interponer contra la Junta, dado que se trata de un particular encargado “de la prestación de un servicio público” (Art. 86, Inc. 5°, CP).[55] De igual manera, se encuentra acreditado este requisito respecto de la Alcaldía Municipal de Socha y de Corpoboyacá, ambas de naturaleza pública, pues se trata de entidades susceptibles de ser sujeto pasivo de la acción de tutela (Arts. 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991). Además, se constata, frente a la primera, que es el ente territorial al que le corresponde garantizar el acceso a los servicios públicos dentro de su jurisdicción, en los términos de los numerales 10° y 19 del artículo 3° de la Ley 134 de 1994[56] y el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.[57] Y, con respecto a Corpoboyacá, por ser la máxima autoridad ambiental, encargada de proteger y administrar los recursos naturales y dar las concesiones de agua (Arts. 23, 31.3 y 31.9 de la Ley 99 de 1993).[58] 1.2.1. También se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues la acción se interpuso en un término oportuno y razonable, teniendo en cuenta que la misma se radicó el 27 de julio de 2018 y la última actuación de parte del señor Carvajal ocurrió el 19 de julio del mismo año, cuando asistió a una reunión con los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los otros usuarios solicitantes de un punto de agua, para buscar de manera conjunta una solución a su situación. Se aclara que si bien el accionante presentó por primera vez una petición similar en el 2011, en dicha ocasión fue ante el Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada. En todo caso, lo más relevante para acreditar el cumplimiento de este requisito es que para el momento de la interposición de la acción de la tutela la situación expuesta por el ciudadano es continua y actual, ya que a la fecha aún no cuenta con un punto de agua y, ello implica, que la afectación de los derechos invocados permanece en el tiempo.[59] 1.2.2. Por último, se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el señor José Vicente Carvajal invoca la protección del derecho al agua para consumo humano en tanto garantía fundamental,[60] no la faceta colectiva susceptible de ser amparado mediante la acción popular. Así, esta Sala reitera la jurisprudencia constitucional que ha considerado que la acción de tutela es procedente cuando: (i) se invoque la protección del derecho al agua para consumo humano como fundamental en su dimensión individual,[61] (ii) el agua solicitada es para consumo humano,[62] no para uso agrícola ni otra destinación;[63] (iii) las circunstancias del actor evidencian que la falta de este recurso puede comprometer otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones dignas y la salud;[64] y, (iv) el accionante adelantó alguna gestión ante las autoridades competentes para que le sea satisfecha la pretensión que ahora plantea ante el juez de tutela.[65] 1.2.2.1. Frente a los criterios enunciados previamente, esta Sala de Revisión considera relevante plantear dos precisiones. Primero, enfatizar que “no toda reclamación que se haga respecto del citado servicio [acceso al agua], puede ser susceptible de acción de tutela, sino solamente aquella que se dirija a garantizar el acceso a dicho líquido, cuando el mismo está destinado al consumo humano, que ha sido entendido como un derecho fundamental.”[66] Es decir que, “para establecer la procedencia de la acción de tutela cuando su pretensión es la protección del derecho al agua, el juez debe verificar que esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental, de lo contrario, se trataría del derecho colectivo al agua y en este caso se debe acudir a la acción popular, consagrada en la Ley 472 de 1998.”[67] Sobre esto, la Sentencia T-381 de 2009 dijo: “… (i) el derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados; (iii) cuando el agua es necesaria para preservar a la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho; (iv) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental; (v) de conformidad con los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua, y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella.”[68] 1.2.2.2. Segundo, si bien el criterio para determinar si se trata de un derecho fundamental o no, es la verificación de que el agua requerida sea para consumo humano, pues es ello lo que, en principio, explica que otros derechos fundamentales puedan verse afectados, como la salud y la vida en condiciones dignas,[69] ello no quiere decir que en la actualidad no se trate de un derecho justiciable por sí solo: “[l]a interdependencia de los derechos liga el derecho al agua con otros, tales como la igualdad, la vida digna y la salud. Es inevitable que quien carece de agua potable ponga en riesgo su salud y su alimentación, entre otros derechos. Sin embargo, la naturaleza jurídica del derecho al agua es independiente de los demás que pueden estar comprometidos, y esa precisión de su contenido permite enfocar las peticiones de las personas ante las autoridades judiciales para que ante la ausencia de agua no estén obligadas a demostrar afectaciones en su salud a causa de la falta del recurso hídrico, sino que sea suficiente argumentar la carencia en las condiciones mínimas requeridas para el consumo humano para presentar un debate de tipo constitucional por amenaza o violación de derechos fundamentales.”[70] 1.2.3. En el caso concreto, se constata que, el accionante solicita la protección del derecho fundamental al agua (i) para su propio consumo y el de su familia, no para uso agrícola, (ii) la falta de este recurso puede comprometer otros derechos, dado que en la actualidad suple la necesidad de este recurso “de una toma que no es apta para consumo humano”, lo que, sin lugar a dudas, pone en riesgo su salud y la vida en condiciones dignas, tal y como lo afirma el accionante al invocar también la protección de dichos derechos;[71] y, (iii) el señor José Vicente Carvajal ha adelantado, desde el 2011, actuaciones para resolver su situación. Sobre esto último se resalta que, en dicho año solicitó, por medio de la Personería Municipal al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, luego, en el 2017, a la Junta accionada en este caso; y, si bien pareciera que esta última actuación ha generado resultados positivos, lo cierto es que al día de hoy, no cuenta con un acceso a un punto de agua. Por último, en consideración a lo expuesto previamente, se considera que la acción popular no sería idónea en el caso de la referencia, pues mediante esta solamente podrían protegerse derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad pública, que no son los invocados. En conclusión, se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, por las razones previamente enunciadas. 2. Problema jurídico 2.1. Acorde con los antecedentes expuestos, la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Junta, la Alcaldía de Socha y Corpoboyacá vulneran el derecho fundamental al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal Márquez,[72] quien durante la época de lluvia se abastece de este líquido de una toma que no es apta para su consumo y que en verano no cuenta con suministro, al no adelantar las gestiones pertinentes para instalar en su vivienda un punto de agua, bajo el argumento de la falta de caudal de la fuente hídrica sobre la que actualmente tiene la concesión de uso de aguas superficiales la Junta, a pesar de que (i) se ha autorizado el uso del caudal para uso pecuario y agrícola[73] y (ii) la Alcaldía asumió un compromiso para adelantar las actuaciones necesarias para encontrar una solución a la situación del accionante? 2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, (i) se demostrará que el señor José Vicente tiene derecho fundamental al agua para consumo humano; luego, (ii) se explicará que el caso concreto evidencia una tensión entre la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional y la pretensión del accionante, para después pasar a exponer las razones por las cuales se considera que la Junta y la Alcaldía de Socha omitieron cumplir con sus responsabilidades en la garantía de este derecho; y, por último, (iii) se emitirán las órdenes para garantizar la protección de los derechos invocados. 3. José Vicente Carvajal Márquez y su núcleo familiar tienen derecho fundamental al agua para consumo humano; más aún, por tratarse de personas de bajos recursos que viven en un área rural 3.1. El señor José Vicente y su núcleo familiar tienen derecho al agua para su propio consumo, pues se trata de “una garantía inherente a la persona humana (…)”.[74] Ello supone que tengan acceso continuo a la cantidad suficiente y apta para su uso personal y doméstico. Con la protección invocada, el accionante está solicitando el goce de una necesidad básica, de un elemento indispensable para su existencia, dado que es: “… (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii) inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiv[o], puesto que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o de subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de subsistencia para cada una de las personas que integran el conglomerado social.”[75] 3.2. Además, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor Carvajal, tiene una naturaleza fundamental que, si bien no está consagrado expresamente en la Constitución, se deduce de una lectura sistemática, “así se concluye si se tiene en cuenta el Preámbulo de la misma, la fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable y saneamiento básico.”[76] Es más, se ha considerado que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene sustento en los artículos 365[77] y 366,[78] que establecen: “… como objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades básicas de agua potable de los ciudadanos y le impone la responsabilidad de priorizar su gasto público en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de la población. Esta fórmula del Estado Social de Derecho, implica entonces no solo la responsabilidad estatal de satisfacer las necesidades básicas de la población, sino el derecho correlativo del agua para consumo humano, exigible, en algunos casos, mediante la acción constitucional.”[79] De igual manera, la Sentencia T-398 de 2018 indicó que existen normas de las que “implícitamente se desprende su importancia y su carácter fundamental”; entre estas, menciona: “el artículo 8º (título I) prevé la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales del territorio colombiano, el artículo 79 (cap. 3, título II) establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y el deber estatal de velar por la diversidad e integridad del medio ambiente, como también el artículo 365 (cap. 5, título XII) dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y por tanto se debe asegurar su prestación eficiente.”[80] Con base en lo anterior, se reitera que el derecho al agua para consumo humano es fundamental y, si bien no está consagrado expresamente en una norma constitucional, tiene sustento normativo en la Constitución, tal y como acaba de explicarse. 3.3. Esta Sala de Revisión encuentra relevante precisar que aunque en un principio se comprendió que este derecho era fundamental por tener conexidad con el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas,[81] actualmente, teniendo en cuenta el alcance que se le ha reconocido tanto en tratados internacionales como en la jurisprudencia de esta Corporación, es razonable afirmar que se trata de un derecho fundamental autónomo.[82] Así pues, si bien el accionante invocó también la protección de sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas, aún si ello no hubiera sido así, el juez constitucional tendría competencia para analizar su caso, en tanto se trata de una garantía susceptible de ser protegida por medio de la acción de tutela.[83] Pasa la Sala a desarrollar este punto. 3.3.1. El derecho al agua para consumo humano, comprendido como una garantía fundamental autónoma, tiene sustento en diferentes tratados internacionales,[84] que forman parte integra de nuestro ordenamiento normativo en virtud del artículo 93 de la Constitución.[85] Entre los principales se destacan los siguientes: la Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),[86] la Convención de los Derechos del Niño (CDN)[87] y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).[88] En este escenario, también es relevante hacer referencia al sistema interamericano, que si bien no tiene una mención expresa del derecho al agua “… es posible señalar que haciendo una interpretación sistemática de estos instrumentos, este se encuentra implícito en el artículo 4º de la CADH, por cuanto la falta de acceso al agua impide la consecución de una existencia digna o en condiciones de bienestar y en el artículo 11 del Protocolo de ‘San Salvador’, se establece que: ‘Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’, puesto que la prestación de agua potable es uno de los principales servicios públicos esenciales. En consecuencia, los sistemas regionales de protección de derechos humanos, vía interpretación, han desarrollado en su jurisprudencia un conjunto de estándares relacionados con este derecho.”[89] 3.3.1.1. Además, este derecho también ha sido reconocido en otros instrumentos como declaraciones, resoluciones, observaciones o planes de acción, adoptados por conferencias internacionales de las Naciones Unidas o elaborados por organismos que forman parte de ésta.[90] Entre estas se cuentan: la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo (1972),[91] la Declaración de Mar de Plata (1977),[92] la Declaración de Dublín (1992),[93] la Declaración de Río de Janeiro (1992),[94] el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (1994),[95] la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC);[96] la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010,[97] la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2015[98] y la Declaración de principios de los jueces sobre la justicia del agua presentada en el Octavo Foro Mundial del Agua realizado en Brasilia (2018).[99] 3.3.2. La Corte Constitucional, con base en la Observación General número 15 del Comité DESC,[100] ha manifestado que la garantía del derecho fundamental al agua debe satisfacer, por lo menos, los componentes de disponibilidad,[101] calidad[102] y accesibilidad[103] (física,[104] económica,[105] igualitaria[106] y de información[107]) de este recurso.[108] Con base en dicha Observación, también ha reconocido que hay ciertos mínimos que deben cumplirse de manera inmediata: “a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades. b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados. c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre. d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua. e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles. f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua. h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados. i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.”[109] En todo caso, esta Sala de Revisión recuerda que el derecho fundamental al agua tiene una componente prestacional, que tal y como se reconoce en la Observación Nº 15 del Comité implica una garantía progresiva, dados los obstáculos que representa la escasez de recursos. En este sentido, si bien el Estado tiene el deber de cumplir con unos mínimos para la materilización de este derecho, la manera cómo lo haga obedecerá a sus propias condiciones. De manera que, “tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas.”[110] Sobre el particular, el citado documento también afirma: “18. Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.”[111] 3.4. Con base en lo anterior, se concluye, además, que el derecho al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal implica que se le reconozca, cuando menos, la cantidad mínima de agua, sobre la base de no discriminación, teniendo en cuenta que su núcleo familiar forma parte de un grupo vulnerable por habitar en el área rural del Municipio de Socha y al igual que algunos de sus vecinos se encuentran sin el acceso a este recurso; a pesar, de que otros sí lo tienen y también se han autorizado concesiones de uso del agua destinada a otros fines, como el pecuario. Adicionalmente, lleva esperando por la garantía de este derecho durante muchos años, por lo menos consta que desde el 2011. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que “[l]as personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’ en acceder al agua potable.”[112] Y, ha resaltado que “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”[113] Entre las últimas sentencias sobre el tema se cuentan las siguientes: T-418 de 2010,[114] T-103 de 2016,[115] T-129 de 2017,[116] T-475 de 2017,[117] T-012 de 2019,[118] entre otras. 3.5. Una consideración adicional para concluir que el accionante tiene el derecho a que se le garantice la protección invocada tiene que ver con que se trata de una persona que ha actuado conforme al ordenamiento normativo colombiano. Es decir, su vivienda no está ubicada en un área que haya sido considerada ilegal por la Alcaldía ni en una zona donde se puedan presentar desastres. Además, el accionante ha procurado canalizar su pretensión por los medios establecidos en dos ocasiones, la primera en el 18 de octubre de 2011, mediante un derecho de petición al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada; y, el segundo, el 24 de octubre de 2017, momento en el que presentó la solicitud ante la Junta accionada. En caso contrario, podría ser otra la conclusión, pues el juez de tutela tendría que analizar tales hechos antes de conceder la protección invocada.[119] A manera de ejemplo, la Sentencia T-546 de 2009 negó la protección del derecho al agua para consumo humano, debido a que el accionante usó “una vía ilegal para obtener el suministro de agua potable” sin que se presentaran razones urgentes y necesarias que explicaran dicha medida. 3.6. Ahora bien, la Sala de Revisión reconoce, como lo ha hecho la jurisprudencia constitucional previamente, que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene una faceta prestacional y, en consecuencia, su garantía es progresiva, “de manera que el Estado además de adoptar medidas inmediatas, debe planear estrategias para asegurar que, de manera progresiva, suministre el líquido a todas las personas. En relación con las medidas inmediatas, recae en las autoridades la obligación de provisión de agua para el consumo humano básico a través de los medios que estime más convenientes. Con respecto a las obligaciones progresivas, es un deber de las autoridades estatales actuar hasta el máximo disponible de sus recursos, y crear planes, programas y políticas que tengan como objeto garantizar la prestación efectiva del derecho al agua.”[120] Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el juez de tutela advierte que existe una afectación desproporcionada de los derechos invocados por la falta de un plan o programa para garantizar en un plazo razonable esta dimensión del derecho al agua para consumo humano, este “puede ordenar que las autoridades accionadas establezcan una hoja de ruta que permita la ejecución de las obras necesarias para acceder a este preciado líquido.”[121] Entre las decisiones de esta Corporación, en las que teniendo en cuenta la dimensión prestacional del derecho al agua para consumo humano, se ha ordenado a las autoridades municipales que diseñen una política para garantizar de manera progresiva su goce efectivo, se resaltan las siguientes: T-312 de 2012,[122] T-028 de 2014,[123] T-733 de 2015[124] y T-129 de 2017.[125] 3.7. En síntesis, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor José Vicente Carvajal, es fundamental, autónomo y tiene sustento en normas constitucionales. En consecuencia, tanto el Estado como los particulares que presten este servicio tienen la obligación de garantizar “el acceso suficiente, regular, salubre y equitativo al agua potable, con especial atención” al accionante, quien pertenece a una población vulnerable, en tanto es un habitante del sector rural.[126] Además, como se expuso previamente, dicha garantía tiene una faceta prestacional, de la que se deriva la obligación del Municipio de tener un plan escrito que garantice progresivamente, en un plazo razonable el goce efectivo del mismo. 4. La Alcaldía de Socha y la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo vulneraron la faceta de accesibilidad del derecho al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal Manrique y de su familia 4.1. Desde hace más de 7 años, el señor Carvajal solicitó por primera vez que se le instalara un punto de agua en su vivienda, a pesar de ello, al día de hoy ello no ha sido así. En sus palabras, vive la siguiente situación: en invierno, satisface su necesidad desde un nacimiento de agua de “una finca contigua, donde un vecino (…), pero en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[127] De manera que, el derecho al agua para consumo humano ha sido desconocido en su faceta accesibilidad física,[128] cuando menos, por dos razones. Por un lado, carece de un punto de acceso al líquido vital en su residencia; y, por otro lado, la manera como actualmente se surte de este líquido no le garantiza el acceso permanente a agua de calidad, esto es apta para consumo humano. 4.2. Ahora bien, la Sala resalta que el caso analizado evidencia una tensión entre (i) la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional, conforme con lo manifestado por Corpoboyacá y (ii) la pretensión del accionante. Si bien dicha tensión no le resta, en lo absoluto, el valor que tiene la garantía del derecho al agua para el consumo humano, pone de presente la necesidad de que el juez de tutela valore, al menos, lo siguiente con el fin de establecer el grado de exigibilidad en cada caso concreto. Si bien esta Sala de Revisión propone los siguientes factores, no se trata de un listado taxátivo, sino enunciativo, como pasa a explicarse: a. La ubicación geográfica del accionante para determinar en cabeza de quién está la obligación de adelantar las gestiones para garantizarle el derecho fundamental al agua para consumo humano. Por ejemplo, un acueducto veredal, la empresa de servicios públicos correspondiente o el municipio; o, si es el caso, determinar la existencia de una responsabilidad compartida entre estas. b. La disponibilidad del caudal respecto del cual se pretende tener acceso para el abastecimiento del agua para consumo humano. En este punto, es importante recordar que, conforme con la Ley, existe un orden de prioridad al momento de otorgar las concesiones sobre las fuentes hídricas,[129] de acuerdo con el cual, aquella que es para consumo humano ocupa el primer lugar.[130] En todo caso, las concesiones sobre este recurso también pueden darse para otro tipo de usos, legalmente autorizados,[131] como el agrícola por ejemplo. De manera que, tal y como lo establece el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.2., que compiló el artículo 37 del Decreto 1541 de 1978, “[e]l Suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al artículo 122 de este Decreto.” c. La sobresaturación de la demanda, que pone de relieve que el recurso hídrico es finito y, en razón a ello, en sede de tutela las autoridades deben ser cautelosas en la manera cómo protegen el derecho fundamental al agua, si hay lugar a ello. Ello quiere decir que, se debe tener en cuenta la distribución del recurso hídrico frente al cual se plantea la pretensión, con miras a no alterar los derechos adquiridos frente a ésta. Sin embargo, la finitud del agua no puede ser una excusa para que no se adelanten actuaciones con miras a encontrar la alternativa viable para garantizar este derecho. d. Los requerimientos técnicos particulares y específicos para cada caso. Los que podrían depender, por ejemplo, de la ubicación de la vivienda del accionante; el terreno en el que está ubicada; de la existencia de un sistema de alcantarillado a la cual se pretende tener conexión, pues es diferente solicitar el acceso a una red preexistente frente a una situación en la que ésta aún no ha sido construida o ni siquiera planeada; la distancia entre la vivienda y la red de alcantarillado preexistente; entre otras circunstancias. e. La capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, dependiendo del tipo de institución directamente responsable, bien sea una empresa de servicios públicos domiciliarios, un acueducto veredal o el municipio, en aquellos casos que presta el servicio directamente. En concreto, podría valorarse, por ejemplo, las solicitudes ciudadanos existentes y las políticas públicas vigentes para la garantía del acceso a este servicio público domiciliario. En este escenario, es importante tener en cuenta, tanto aquello que debería ser en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia; así como, la manera cómo efectivamente se está garantizando, es decir, el plan que viene ejecutando la administración local correspondiente. Lo anterior, sin perder de vista la dimensión prestacional que implica garantizar el derecho al agua para consumo humano. Además, le corresponde al juez de tutela ser deferente con las decisiones que tomen los administradores en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si un municipio decide garantizar en un primer momento el acceso al servicio de acueducto atendiendo a unos factores técnicos a determinada zona rural, frente a otra, podría concluirse que dicha decisión es razonable y está justificada si así se demuestra. 4.3. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del accionante, podría pensarse que toda la responsabilidad recae sobre la Junta, debido a que se trata de la organización comunitaria que presta el servicio de acueducto en el área que esta ubicada su vivienda, justamente ello explica que el señor Carvajal Márquez le haya solicitado la instalación de un punto de agua. Ello por cuanto tiene las mismas responsabilidades que una empresa prestadora de servicios públicos en los términos previstos en la Ley 142 de 1994, lo que le impone la obligación de adelantar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de alcantarillado.[132] Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado: “[d]entro de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación del servicio se encuentran los acueductos comunitarios. Su régimen jurídico es el mismo que el de las empresas prestadoras de servicios públicos, dado que la Ley 142 de 1994 les confiere la potestad de ser prestadoras del servicio y no establece diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores. En ese sentido, deben garantizar el derecho al agua, en los componentes de disponibilidad, accesibilidad y calidad. (…)”[133] 4.3.1. No obstante, un análisis integral de los cinco factores mencionados previamente lleva a otra conclusión, esto es que dicha Junta no esta en capacidad de acceder a la pretensión formulada por el accionante en esta ocasión, por las siguientes razones: (i) la concesión de agua que le fue reconocida esta limitada a brindar el servicio a las 924 personas para las que se solicitó inicialmente, (ii) conforme con lo informado por Corpoboyacá, la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para soportar una demanda hídrica adicional a la prevista; (iii) carece de los requerimientos técnicos para acceder a lo solicitado por el accionante; y, en este mismo sentido, (iv) no cuenta con la capacidad institucional. 4.3.2. En todo caso, la Sala considera que sí hubo un actuar omisivo de parte de la Junta, que implicó una vulneración del derecho al agua para consumo humano del accionante, pues no adelantó las gestiones pertinentes para que Corpoboyacá estudiara a fondo la solicitud de ampliación de la concesión. Si bien, como se mencionó, el 24 de octubre de 2017, la Junta presentó una petición en dicho sentido, en respuesta a esta se le informó el procedimiento a seguir;[134] sin embargo, no llevó a cabo el trámite indicado. Esta omisión implica un total desconocimiento de su obligación de garantizar el goce de este derecho fundamental. Ahora bien, esta Sala de Revisión precisa que el reproche a la Junta se limita a la omisión de adelantar el trámite correspondiente ante Corpoboyacá para solicitar la ampliación de la concesión; es decir, no se desconoce que el resultado de dicha petición depende de variables ajenas a su competencia y que corresponden únicamente a la Corporación mencionada. 4.4. De manera que, teniendo en cuenta las actuales particularidades del caso, se concluye que la obligación de adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano del accionante está en cabeza de la Alcaldía de Socha. Esta conclusión tiene sustento en la aplicación de los factores mencionados en el fundamento 4.2 de esta providencia y en las normas constitucionales y legales relevantes en el asunto. 4.4.1. Por un lado, en aplicación de los factores, se tiene que la vivienda del accionante se ubica en el área rural del Municipio de Socha (Boyacá), área en la cual el servicio de acueducto no es prestado por una empresa de servicios públicos domiciliarios, sino que en algunos casos se han organizado acueductos veredales, como el accionando. Sin embargo, como ya se dijo, éste carece de los mecanismos para acceder a la pretensión del accionante y, en consecuencia, le corresponde a la Alcaldía asumir las competencias constitucionales y legales en la materia (este punto será desarrollado en detalle en el fundamento siguiente, que corresponde al 4.4.2.). En lo referente a la disponibilidad de caudal y la sobresaturación de la demanda, se trata de un asunto que debe ser determinado por Corpoboyacá, justamente ello explica que en el compromiso asumido por la Alcaldía el 19 de julio de 2018 se haya expresado la necesidad de convocar a una mesa técnica con presencia de dicha institución para determinar la fuente hídrica frente a la cual podría solicitarse la concesión de uso. Ahora, con respecto a los requerimientos técnicos y a la capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, la Administración Municipal no planteó un argumento en el que expresará su falta de capacidad institucional ni obstáculos relacionados con requerimientos técnicos particulares y específicos. Por el contrario, existe una plena voluntad de dicha Alcaldía de dar cumplimiento a sus obligaciones, tal y como se comprometió en la reunión del 19 de julio de 2018. 4.4.2. Conforme con lo establecido en la Constitución y la ley, la primera autoridad pública que tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos es el municipio.[135] De manera que, en el caso concreto, le corresponde a la Administración de Socha asegurar el acceso al agua para consumo de los habitantes del Municipio, tanto de la cabecera municipal como de aquellos que viven en áreas rurales. Por ello, la Sala responderá negativamente la solicitud presentada por esta autoridad municipal, en el sentido de ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Lo anterior por cuanto se trata de un mandato de orden constitucional y legal, no susceptible de ser relevado. El incumplimiento del mismo se evidencia en lo siguiente: (i) el deber constitucional y legal que tiene la autoridad municipal no se agota con garantizar el derecho al agua para el consumo humano en la cabecera municipal y a los habitantes aledaños, pues el mismo también es predicable respecto de las personas que viven en el área rural; (ii) a la fecha, ha omitido asumir los compromisos a los que llegó en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor Carvajal y los otros solicitantes de un punto de agua; y, por último, (iii) conforme con lo informado en respuesta al Auto de pruebas, no existe un plan de acción a mediano plazo frente a la población rural. 4.5. La Alcaldía de Socha tiene el mandato constitucional y legal de garantizar a todos los habitantes del Municipio el derecho al agua para consumo humano. Los artículos 365 y 366 de la Constitución Política de 1991 disponen, (i) el deber del Estado de asegurar la prestac...