Sentencia T-575 de 1997

T-575-97 Sentencia T-575/97 Sentencia T-575/97 ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales/ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales La Corte reitera la doctrina constitucional según la cual la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, no procede, en principio, para obtener el pago de deudas que han emanado de las relaciones laborales, toda vez que el sistema jurídico ha previsto las vías ordinarias conducentes a satisfacer esta clase de pedimentos. En las sentencias que precedieron a este fallo, se precisaron los excepcionales eventos en los cuales podría impetrarse la acción de tutela para obtener el señalado objetivo, en virtud de la misión que al juez constitucional ha sido encomendada por la propia Carta, que no es en forma alguna la de sustituir a la justicia ordinaria, sino la de suplir un vacío en el acceso a la administración de justicia para la defensa material de derechos fundamentales afectados, cuando no se hallen previstos mecanismos judiciales aptos para tal fin, o cuando, habiendo sido contempladas por el ordenamiento jurídico otras vías de defensa, se establece la inminencia de un perjuicio irremediable, lo que impone una protección transitoria de los derechos vulnerados o en peligro. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA Se recalca que la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo. FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-No titularidad sobre derechos invocados/APODERADO JUDICIAL-No genera ipso facto suplantación del titular del derecho fundamental/DERECHO DE PETICION-Titularidad ACCION DE TUTELA-Ordenes claras Las órdenes que se impartan en materia de tutela han de ser claras, específicas y contundentes, relativas a la situación que se estima configura la vulneración de los derechos y referentes de manera precisa e indudable a la manera como el juez concibe que ellos quedarán eficiente y prontamente amparados. PODER EN ASUNTO DE TUTELA-Debe acreditarse DEMANDA DE TUTELA-Presentación escrita o verbal La Corte ha dejado en claro que, en búsqueda de la prevalencia del Derecho sustancial, consistente, cuando de tutela se trata, en la efectiva guarda de los derechos fundamentales, no es necesario que ante el juez se actúe mediante la presentación de una demanda escrita. Ella puede ser verbal y el funcionario judicial que la reciba está obligado a tomar nota de todos los elementos de hecho y de los argumentos que el actor exponga, levantando acta completa sobre la actuación así surtida para iniciar, con base en ella, el proceso de tutela. ACCION DE TUTELA-No se requiere saber escribir ni es indispensable firmar La persona que ejerce la acción no necesita saber escribir ni es indispensable que sepa firmar, pues bien puede requerir el amparo alguien que por su edad o su falta de preparación se ubica en el rango del analfabetismo, que no puede constituir barrera para el acceso a la administración de justicia en materia de derechos fundamentales. En tales eventos, la impresión de la huella dactilar, la firma a ruego o la agencia oficiosa suplen la rúbrica del peticionario, siempre que en el expediente quede clara constancia acerca de cualquiera de esas modalidades de actuación. Pero, desde luego, el juez que conduce el trámite de la tutela debe tener la certeza de quién ha promovido la acción y en qué forma lo ha hecho, motivo por el cual, cuando son varios los solicitantes, debe establecerse con claridad cómo obra cada uno. Si actúan por escrito, deben aparecer sus firmas o los señalados medios de dejar constancia sobre la presentación directa que hayan hecho de la demanda, con el objeto de evitar que sus nombres sean usados por otras personas sin su consentimiento para instaurar la acción. DESISTIMIENTO DE TUTELA-Improcedencia en sede de revisión REVOCACION DE SUSTITUCION PENSIONAL-Sujeta a condición extintiva por estudios Referencia: Expedientes acumulados: T-106050 T-106218 T-108581 T-105433 T-105150 T-108355 T-107177 T-106714 T-105453 T-108293 T-108313 T-107136 T-107408 T-104592 T-108704 T-108000 T-105996 T-105801 T-109230 T-106773 T-107788 T-105421 T-108681 T-107022 T-109068 T-106994 T-107904 T-107111 T-109223 T-109222 T-104293 T-105016 T-108812 T-109601 T-109331 T-109362 T-109392 T-109407 T-109431 T-109436 T-109815 T-109818 T-109852 T-109875 T-109913 T-110083 T-110204 T-110210 T-110294 T-110296 T-110329 T-110370 T-110504 T-110516 T-110550 T-110637 T-110718 T-110814 T-110902 T-110936 T-110989 T-111092 T-111106 T-111182 T-111191 T-111273 T-111275 T-111300 T-111476 T-111501 T-111587 T-70004 T-111690 T-111861 T-111969 T-112101 T-129498 T-131215 T-132114. Acciones de tutela instauradas por Clementina Caicedo Viuda De Collazos y otros contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-. Magistrado Ponente: Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). Se revisan los fallos proferidos por distintos jueces de la República, al resolver los procesos de la referencia. Al igual que en los casos que ya fueron objeto de estudio por parte de esta Corte (ver Sentencias T-01 del 21 de enero, T-126 del 14 de marzo y T-207 del 23 de abril de 1997), por razones de celeridad y economía procesal la Sala ha resuelto fallar sobre los citados setenta y nueve (79) expedientes del total que ha sido acumulado en torno a la misma materia. Los demás se seguirán resolviendo por grupos, mediante posteriores fallos, en orden de ingreso al Despacho. I. INFORMACION PRELIMINAR Los demandantes (cuyos nombres y números de documentos de identificación se encuentran relacionados en los cuadros anexos a esta sentencia), algunos actuando a nombre propio y otros como apoderados o agentes oficiosos de personas que estuvieron vinculadas laboralmente a la empresa Puertos de Colombia, incoaron acción de tutela contra FONCOLPUERTOS, por estimar desconocida la dignidad humana y el principio de solidaridad, y violados los derechos fundamentales a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones, a la seguridad social, a la salud, a la información y a la educación. También invocaron los derechos de petición y de acceso a la administración de justicia, y los derechos de la tercera edad. En este cuarto grupo la Corte revisó un total de setenta y nueve (79) expedientes, relativos a las acciones de tutela ejercidas por 840 personas. El resumen de las pretensiones y de los fallos judiciales objeto de revisión se encuentra en los mencionados anexos. En general, las acciones estuvieron dirigidas a obtener el pago de deudas laborales, y en algunos eventos se solicitó la respuesta de FONCOLPUERTOS a las peticiones formuladas, denunciando en varias ocasiones un trato discriminatorio por parte de dicho ente. En ciertos casos se pretendió la expedición de copias de documentos que reposaban en la oficina de la entidad demandada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia. Los fallos fueron seleccionados para revisión, y acumulados en virtud de la unidad de materia. 2. Aplicación del principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, y la consecuente improcedencia de ésta cuando lo pretendido es la obtención del pago de acreencias laborales pese a la existencia de medios judiciales idóneos Una vez más la Corte reitera la doctrina constitucional según la cual la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, no procede, en principio, para obtener el pago de deudas que han emanado de las relaciones laborales, toda vez que el sistema jurídico ha previsto las vías ordinarias conducentes a satisfacer esta clase de pedimentos. En las tres sentencias que precedieron a este fallo, y cuyo análisis recayó sobre casos esencialmente idénticos a los que ahora se revisan (ver sentencias T-01, T-126 y T-207 de 1997, proferidas por esta Sala), se precisaron los excepcionales eventos en los cuales podría impetrarse la acción de tutela para obtener el señalado objetivo, en virtud de la misión que al juez constitucional ha sido encomendada por la propia Carta, que no es en forma alguna la de sustituir a la justicia ordinaria, sino la de suplir un vacío en el acceso a la administración de justicia para la defensa material de derechos fundamentales afectados, cuando no se hallen previstos mecanismos judiciales aptos para tal fin, o cuando, habiendo sido contempladas por el ordenamiento jurídico otras vías de defensa, se establece la inminencia de un perjuicio irremediable, lo que impone una protección transitoria de los derechos vulnerados o en peligro. Se recalca que la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo. Así, pues, en armonía con la doctrina constitucional imperante, esta Sala negará el amparo en los casos en que la acción se dirige a obtener el pago de deudas laborales, ya que, en el presente asunto, verificadas las características de los casos examinados, no se cumplen los presupuestos excepcionales señalados por aquélla. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tiene Foncolpuertos de responder afirmativa o negativamente -y de manera oportuna, sin incurrir en discriminaciones que desconozcan el principio consagrado en el artículo 13 de la Carta-, las solicitudes respetuosas que se elevaron ante sus dependencias, pues la omisión a dicho deber viola el derecho fundamental de petición, y en ciertos eventos también, y por contera, el derecho a la información. 3. El titular del derecho de petición. Legitimación en la causa para proponer acción de tutela En algunos de los procesos bajo estudio (ver expedientes T-110294, T-110936, T-111092 y T-111273), varios abogados, al amparo de poderes otorgados por los extrabajadores de Colpuertos para presentar las correspondientes reclamaciones ante la administración, o para actuar como apoderados en el curso de procesos ordinarios, presentaron la acción de tutela a nombre propio, por estimar que Foncolpuertos les había violado sus derechos fundamentales, en especial, el de petición. Al resolver sobre los aludidos procesos, ciertos juzgados declararon la improcedencia de las acciones así formuladas; otros despachos judiciales, en cambio, concedieron la tutela solicitada. Así, pues, al tenor de los criterios que se señalarán a continuación, esta Sala confirmará los primeros proveídos y revocará los segundos. Se reitera lo expuesto por esta Sala en Sentencia T-207 del 23 de abril de 1997, por medio de la cual se concluyó que los abogados que así promovieron los procesos de tutela no tenían legitimación en la causa por no ser los verdaderos titulares de los derechos invocados, pues la calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular del derecho. En aquella oportunidad consideró la Corte: "En la materia que nos ocupa, el derecho de petición invocado por los abogados tenía claramente una finalidad relacionada con intereses particulares, pero debía calificarse, de manera mucho más específica, como gestión profesional ante FONCOLPUERTOS para la reclamación de prestaciones sociales, y luego ante los jueces para el ejercicio de la acción de tutela, en dos fases de la actuación de representación totalmente diferenciables. Por lo tanto, los profesionales que obraban no estaban ejerciendo su propio derecho de petición sino concretamente el de sus poderdantes, quienes, por conducto de ellos, deprecaban algo ante la administración. Aplicando las reglas propias de las actuaciones administrativas contempladas en el Código correspondiente, debían por ello acreditar la condición en que obraban. Es necesario advertir, entonces, que en los casos que se enuncian, los verdaderos titulares del derecho de petición eran los extrabajadores afectados o interesados en el fondo de la decisión. Ello es así por cuanto, en virtud de un contrato de mandato, los abogados actúan en representación de otros. Cuando éstos acuden ante la administración para formular peticiones o reclamaciones, lo hacen amparados en un poder previa y debidamente otorgado. Así, en caso de no obtener respuesta por parte de la administración, a quien se viola el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, no es al representante, sino al representado. Si se admitiera la tesis expuesta en los casos bajo examen, sobre la radicación del derecho de petición en la persona del representante, se podría arribar a una de dos conclusiones, igualmente perversas: la exclusión del derecho de petición en cabeza de los trabajadores, desconociendo flagrantemente el artículo 23 de la Carta, o la existencia de dos sujetos titulares del derecho de petición, de manera simultánea y en cuanto a las mismas pretensiones, y así la administración estaría obligada a responder no sólo al apoderado sino a cada uno de los poderdantes. En la primera hipótesis no cabría la posibilidad de que los representados pudieran desistir de obtener una respuesta de la administración, o de que éstos propusieran una acción de tutela con el fin de obtener una contestación a sus pedimentos. Y en la segunda se desconocería la naturaleza y concepto del contrato de mandato. Por otra parte, como ya lo había establecido esta Corte en Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997, es necesario tener un poder otorgado en la forma que establece la ley, para instaurar la acción de tutela a favor de otros, salvo que se den los requisitos de la agencia oficiosa -que no concurren en los casos estudiados-, según lo establece el Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, esta Sala encuentra que no existe legitimidad en la causa para instaurar la acción de tutela a nombre propio, por parte de los abogados que apoderaron, ante la administración, a los antiguos trabajadores de la empresa Puertos de Colombia. Para la Corte, tales abogados requerían poder para actuar ante FONCOLPUERTOS en el campo de las reclamaciones laborales, y también lo necesitaban, no siendo el caso de agencia oficiosa, para ejercer la acción de tutela, dado que cumplían una gestión profesional regida por el Decreto 196 de 1971 y disposiciones concordantes"(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta. Sentencia T-207 del 23 de abril de 1997). 4. Incongruencia en la decisión de tutela En el expediente T-106994, la Sala encuentra que el juez de instancia profirió un fallo incongruente, en relación con dos de los demandantes: Manuel Antonio Correa Galué y Manuel Antonio Narváez Mazenett. En la parte motiva de la decisión afirmó el juez que el primero de los peticionarios (Correa Galué) había conciliado los derechos en conflicto, motivo por el cual se negaría el amparo. Sin embargo, en la parte resolutiva del proveído el Despacho judicial decidió conceder la protección. Ahora bien, en cuanto se refiere al segundo (Narváez Mazenett), el juzgado no motiva por qué razón se abstiene de amparar los derechos invocados, pues a pesar de que hace una referencia especial para de cada uno de los casos sometidos a su estudio, en relación con dicho peticionario el Despacho no incluye ninguna consideración. En este orden de ideas, la Sala revocará la decisión favorable a Manuel Antonio Correa Galué y, en su lugar, negará el amparo solicitado; y confirmará el fallo que negó la tutela a Manuel Antonio Narváez Mazenett, pero en ambos casos dada la improcedencia de la acción en los términos expuestos. 5. Las órdenes de tutela confusas desvirtúan el propósito de la acción de tutela Ha encontrado la Corte que, al menos en uno de los casos revisados (ver expediente T-106050), la orden judicial que concedió la tutela carece de la necesaria claridad en cuanto a sus alcances y en torno a los derechos protegidos mediante ella, en términos tales que ni a su destinatario ni al juez constitucional en sede de revisión le es fácil desentrañar el verdadero sentido del mandato proferido por el fallador. No se sabe si se ampara sólo el derecho de petición o si también se obliga a Foncolpuertos a decidir el asunto en una determinada forma, en la medida en que el Despacho judicial tuteló el derecho a la vida y a la igualdad. Al respecto, ha de advertirse que el artículo 86 de la Constitución, al contemplar la acción de tutela, hace consistir la protección -si aquélla prospera- en una orden de inmediato cumplimiento, para que la autoridad o persona a la cual se dirige "actúe o se abstenga de hacerlo". Si tal es la finalidad de lo que el juez puede disponer en el caso concreto, ella resulta desvirtuada cuando la orden contiene elementos equívocos que inducen a confusión a quien la recibe y a quien resulta protegido o afectado, a lo cual se agrega que la falta de un criterio cierto acerca de lo que debe hacerse pueda llevar a la prolongación de la violación de los derechos o a nuevos factores de la misma, en detrimento del sentido constitucional de la institución. Por ello, las órdenes que se impartan en materia de tutela han de ser claras, específicas y contundentes, relativas a la situación que se estima configura la vulneración de los derechos y referentes de manera precisa e indudable a la manera como el juez concibe que ellos quedarán eficiente y prontamente amparados. Para la Corte, el juez debe suministrar todos los elementos que integran su mandato y ha de abstenerse de dejar librada a la voluntad del sujeto pasivo de aquél la determinación de hacer o no hacer algo, lo que puede prestarse a modalidades de incumplimiento e inclusive crear dificultades posteriores cuando sea necesario tramitar un eventual incidente por desacato. Para que éste pueda prosperar resulta indispensable la claridad de la orden impartida y el cotejo entre su sustancia y lo efectivamente hecho por el destinatario. En consecuencia, se revocará la aludida providencia y, en su lugar, se aclarará que la protección se limita al derecho de petición, y que, por tanto, la administración es libre -dentro del marco constitucional y legal- para decidir afirmativa o negativamente las solicitudes elevadas ante ella. 6. Tutela concedida a quien no era actor dentro del proceso Encuentra la Sala que, en el expediente T-108313, el juez de instancia concedió el amparo constitucional a favor de Javier Alfonso Granados Guzmán, a pesar de que no era demandante, sino que actuó dentro del proceso como el apoderado judicial que sustituyó poder al abogado Luis Emilio Alvarado Estepa. Por lo anterior, se revocará la protección concedida a aquél, ya que en realidad no fue parte dentro de un proceso judicial y, por lo tanto, en cuanto a él atañe, se produjo una sentencia sin sustento ni antecedente y ajena por ello a las exigencias elementales del artículo 29 de la Constitución Política. 7. Los poderes para actuar en los procesos de tutela Una vez más la Corte reitera que, aunque en relación con la acción de tutela rige el principio de informalidad -dado su carácter expedito- cuando aquella se instaura a nombre de otro, y además se afirma estar actuando como apoderado judicial de otra persona, es necesario que exista un poder expresamente otorgado para ello o que dicho documento se anexe al expediente. Resulta insuficiente que se aporte sólo en fotocopia pues, como ya se ha dicho: "Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado. Ahora bien, cabe en materia de tutela la agencia oficiosa, pero ella únicamente tiene cabida cuando el titular de los derechos fundamentales alegados "no esté en condiciones de promover su propia defensa", circunstancia que, por mandato legal expreso, deberá manifestarse en la solicitud (Artículo 10, Decreto 2591 de 1991). (...) De lo expuesto se deduce que no podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos, menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las respectivas demandas, ni tampoco ratificada por los interesados. (...) En ese orden de ideas, mal puede concebirse la utilización de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997). Así las cosas, se revocarán las decisiones judiciales que protegieron los derechos invocados, a nombre de otros, por abogados que no estaban expresamente autorizados para ello (expedientes T-108293, T-108000, T-108812 y T-110989). En uno de los procesos objeto de revisión (expediente T-107408), en relación con algunos peticionarios (Vargas Jiménez Javier Enrique, Arzuza Moncada Marlene, Barranco Torres Vidal Enrique, Ortiz Chaves Luis Humberto y Castro Valeta Carlos), la abogada aportó los poderes en fotocopia. Como la decisión fue desfavorable, se confirmará dicha providencia, pero por los motivos que se acaban de exponer. La Sala también confirmará la decisión desfavorable adoptada en relación con Borré Bustamante Wilfrido (expediente T-110370), por no tener la abogada poder para ejercer la acción a su nombre. Además, encuentra la Corte que en el proceso T-110204 el abogado Jesús Leguía Bonett no estaba legitimado para actuar a nombre de Gordillo Ceballos Fabiola del Carmen y Peláez Suárez Ramón Elías, por cuanto no se aportó poder o sustitución del mismo que cobijara a las mencionadas personas, motivo por el cual se confirmará la providencia que negó el amparo invocado. 8. Denuncia de actuación irregular de apoderado judicial En el expediente T-107022 los peticionarios se quejan de la actuación irregular del abogado Horacio Cantillo Narváez (T.P. 38269), consistente en conciliar en un 50% el pago de las sumas de dinero adeudadas por el ente demandado, sin que hubiera tenido poder para llegar a tal acuerdo. Con el fin de que se investigue la conducta denunciada en el escrito de demanda, se remitirán copias del expediente al Consejo Superior de la Judicatura. 9. Cuando se presenta por escrito la solicitud de tutela, los peticionarios deben firmar la demanda En el proceso T-107022 varias de las personas que por escrito manifestaron aparentemente la intención de incoar la acción de tutela, no firmaron el libelo ni participaron dentro del trámite de aquél (ver cuadro anexo), motivo por el cual la Corte no los tendrá como demandantes, pues su voluntad de promover el proceso de tutela no está probada. Ya la Corte ha dejado en claro que, en búsqueda de la prevalencia del Derecho sustancial, consistente, cuando de tutela se trata, en la efectiva guarda de los derechos fundamentales, no es necesario que ante el juez se actúe mediante la presentación de una demanda escrita. Ella puede ser verbal y el funcionario judicial que la reciba está obligado a tomar nota de todos los elementos de hecho y de los argumentos que el actor exponga, levantando acta completa sobre la actuación así surtida para iniciar, con base en ella, el proceso de tutela. Además, la persona que ejerce la acción no necesita saber escribir ni es indispensable que sepa firmar, pues bien puede requerir el amparo alguien que por su edad o su falta de preparación se ubica en el rango del analfabetismo, que no puede constituir barrera para el acceso a la administración de justicia en materia de derechos fundamentales. En tales eventos, la impresión de la huella dactilar, la firma a ruego o la agencia oficiosa suplen la rúbrica del peticionario, siempre que en el expediente quede clara constancia acerca de cualquiera de esas modalidades de actuación. Pero, desde luego, el juez que conduce el trámite de la tutela debe tener la certeza de quién ha promovido la acción y en qué forma lo ha hecho, motivo por el cual, cuando son varios los solicitantes, debe establecerse con claridad cómo obra cada uno. Si actúan por escrito, deben aparecer sus firmas o los señalados medios de dejar constancia sobre la presentación directa que hayan hecho de la demanda, con el objeto de evitar que sus nombres sean usados por otras personas sin su consentimiento para instaurar la acción. En consecuencia, dado que en este caso aparecen varios accionantes anunciados como firmantes y no lo son, ni hay ninguna constancia acerca de que les era imposible firmar queriendo hacerlo, ni modalidad alguna de expresar su voluntad en el sentido de proponer la tutela, ni agencia oficiosa, se confirmará el fallo mediante el cual el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cartagena negó el amparo a dichas personas, pero no por las razones que en su parte motiva lo sustentan, sino teniendo en cuenta que en realidad no ejercieron la acción de tutela y, por ende, no habiendo provocado proceso alguno, la decisión judicial adoptada no podía concederles protección. 10. Improcedencia del desistimiento en sede de revisión Encontrándose en sede de revisión el proceso de tutela T-131215, el peticionario Ricardo Alfonso Carmona Alvarado manifestó ante el juez de instancia su voluntad de desistir de la acción propuesta. El escrito fue remitido a esta Corte, la cual declarará improcedente dicho pedimento, con base en los argumentos que se reiteran a continuación: "...cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés público. La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno de los intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni por virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional que dispuso: "El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión" (artículo 86 C.P. Destaca la Corte). Por ello, en los procesos materia de revisión, se rechazarán los escritos de desistimiento y se resolverá en todos los casos" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995) 11. Posible plagio de demanda Encuentra la Corte que en el expediente T-111275 el peticionario Antonio Rodríguez Hernández utilizó como formato una demanda elaborada por el abogado Bernardo Yepes Lalinde. Habiendo borrado el nombre de éste, escribió encima el suyo, pero olvidó borrar el número de la cédula de ciudadanía con la cual se identifica el mencionado abogado, y dejó expuestos los hechos y las pretensiones en la misma forma en que lo hiciera Yepes Lalinde. En algunos apartes se lee por ejemplo: "Yo, Bernardo Yepes Lalinde...". Considera la Corte que dicha conducta del demandante, si no fue consentida por el autor del texto original -de lo cual no hay prueba-, es altamente reprochable, pues no resulta ético ni se ajusta a la particularidad que en Derecho ofrece cada caso el comportamiento consistente en apropiarse de la forma en que otra persona se ha dirigido a la administración de justicia y ha planteado los hechos peculiares objeto de su interés, trasladándolos gratuitamente a la propia situación. Ello resta certidumbre y autenticidad a lo que se expone ante el juez, con el agravante de que, en este caso se utiliza el número de identificación de un abogado que no actúa en el proceso. Por lo expuesto, se confirmará la decisión judicial que negó el amparo solicitado. 12. Expediente incompleto El proceso T-105016 fue fallado en segunda instancia por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Buenaventura, el cual en virtud de la unidad de materia decidió acumularlo a otro proceso en el que se había surtido ya la primera instancia. Sin embargo, este segundo proceso no está anexado al mencionado expediente. En tal virtud, la Corte ordenará al aludido juzgado que remita de manera completa las actuaciones surtidas en el proceso que dice acumular y que no fue allegado, con el fin de que se revise. 13. Violación del debido proceso administrativo Cuando la administración ha reconocido a través de un acto administrativo un derecho en cabeza de una determinada persona, no es posible que aquélla desconozca su propia decisión sin que exista justificación legalmente admisible. En el caso del proceso T-104592, Foncolpuertos reconoció al peticionario el derecho a la sustitución pensional. Sin embargo, tiempo después la cancelación de las sumas correspondientes fue suspendida unilateralmente sin que dicho ente hubiera expedido ni notificado el acto administrativo que explicara las razones en que fundaba esa decisión. En varias oportunidades la Corte ha considerado que no pueden ser revocados los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo en cabeza de una determinada persona, pues la revocación de aquéllos sólo es viable en los casos previstos por el Código Contencioso Administrativo. Sobre el particular se reitera lo siguiente: "Cuando la ley señala unos determinados elementos integrantes de la actuación, en especial si son en beneficio del administrado o han sido instituidos en garantía de sus derechos, y la administración omite cumplirlos, viola el debido proceso y compromete la validez de los actos que sean resultado de la actuación viciada. Atañe a la jurisdicción Contencioso Administrativa, en principio, definir esa validez, a partir del ejercicio de las acciones pertinentes, previstas en el Código de la materia (Decreto 01 de 1984), si bien, de manera extraordinaria, cuando la decisión que adopten los jueces administrativos puede resultar apenas formal y teórica, es decir carente de idoneidad y aptitud para la efectiva protección de los derechos fundamentales, o en casos de perjuicio irremediable, cabe la acción de tutela en lo que respecta al imperio de los preceptos constitucionales para el caso concreto. Ahora bien, la notificación de los actos administrativos, como factor esencial del debido proceso, tiene el sentido de asegurar el derecho de defensa de los administrados, quienes, una vez conocedores de lo que se ha resuelto en asuntos de su interés, pueden acudir a los recursos por la vía gubernativa o directamente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando el recurso previsto no es indispensable, con el objeto de obtener la nulidad del acto y el restablecimiento de los derechos que, en su sentir, le fueron vulnerados. (...) Pero, en cuanto a la forma de practicar la notificación, como mecanismo que asegure procesalmente el conocimiento cierto por parte del afectado acerca de lo resuelto por la administración, la ley ha establecido que, cuando no es posible la personal, debe procederse, con los mismos efectos jurídicos, a la notificación por edicto. (...) Así, pues, faltando la notificación personal, la administración debe proceder a fijar el edicto. Si no lo hace, viola el debido proceso, pues hace secreto un acto que el particular implicado tiene el derecho a conocer. Pero si, además, la administración, fundada en su propia negligencia -que ha dado lugar a la omisión de la notificación por edicto-, revoca unilateralmente el acto que favorecía al particular, como en este caso, no solamente vulnera de manera franca las reglas del debido proceso (artículo 29 C.P.), sino que atenta contra la buena fe del gobernado, en clara transgresión a lo dispuesto en el artículo 83 Ibídem"(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-352 del 13 de agosto de 1996) En reciente jurisprudencia la Corte consideró: "...no obstante la facultad de la administración de revocar sus propios actos, carece ella de un carácter absoluto, pues en su ejercicio no puede atropellar los derechos de los particulares. Por eso, según lo manda el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para que tal revocación pueda efectuarse, en el evento de haberse creado una situación jurídica particular y concreta o un derecho de la misma naturaleza, debe contar con la autorización expresa y escrita de su titular. Al respecto señaló con claridad esta Corte que "razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell). (...) Cabe la tutela, entonces, para dejar sin efectos el acto de revocación y ordenar a la respectiva autoridad que cumpla, a favor del afectado, el acto inicial por ella proferido, en el que hubiese reconocido o creado un derecho individual. Desde luego, como también lo ha reiterado la Corte, la administración está autorizada expresamente por el artículo 73, inciso 3, del Código Contencioso Administrativo para revocar, sin el consentimiento de la persona favorecida, el acto administrativo obtenido ilícitamente. En tales hipótesis, no cabe duda de que en el origen de la situación jurídica individual que se reclama existe un vicio, que si es conocido por la Administración, no puede permanecer sustentando un derecho, como si éste se hubiese adquirido al amparo de la ley. En realidad, la circunstancia expuesta indica que el alegado derecho subjetivo, en cuanto tiene por sustento la violación de la ley, no merece protección. El orden jurídico no se la brinda, pues nunca lo ilícito genera derechos. Pero, como puede verse, se trata de una excepción, que por tanto debe ser entendida y aplicada con carácter restrictivo. (...) Así, pues, esta Corporación comparte, en principio, el criterio expresado por el Consejo de Estado (Sentencia del 18 de julio de 1991), según la cual "los únicos actos de carácter particular que son susceptibles de revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son los que resultan de la aplicación del silencio administrativo positivo", ya que tanto las causales establecidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, a las que remite el 73 Ibídem, como la de haberse perfeccionado el acto por medios ilegales tienen por presupuesto que el acto objeto de revocación tenga el carácter de ficto, es decir, que pertenezca a la categoría indicada. De lo contrario -esto es, si no se produjo en virtud del silencio administrativo positivo-, la revocación unilateral no procede, a menos que se trate de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada, cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico..." (Cfr. Sentencia T-336 del 15 de julio de 1997. Sala Quinta de Revisión) Debe tenerse en cuenta que en el presente caso, puesto que la pensión sustitutiva concedida está supeditada al tiempo durante el cual el beneficiario permanezca estudiando, se trata de un derecho sujeto a condición extintiva, pues expira cuando la persona no acredite el cumplimiento de los requisitos legales para seguir gozando de la prestación y, por tanto, la administración -una vez ocurra ese evento- debe proferir un acto que ponga de manifiesto que dicha circunstancia se ha producido. Además, con el fin de dar plena vigencia al derecho de defensa, la decisión administrativa debe notificarse al afectado. En el caso que ahora se analiza, Foncolpuertos no adujo las razones por las cuales estimaba que el acto de carácter particular debía ser revocado o desconocido. Y, aunque lo hubiera hecho, el carácter unilateral de la decisión da lugar a la tutela de conformidad con la doctrina constitucional en referencia. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMANSE los fallos proferidos por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; las salas Penal y Laboral del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá; la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla; la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga; los tribunales administrativos del Atlántico, del Magdalena y de Bolívar; los juzgados 3, 7 y 13 laborales, 14, 25, 27 y 32 civiles, 13, 15, 35, 40, 58 y 68 penales del Circuito de Santa Fe de Bogotá, 1 y 3 civiles, 1 y 2 laborales, 2, 4 y 6 penales del Circuito de Santa Marta, 5 Civil y 1 Laboral del Circuito de Cartagena, 3 y 15 penales, 6 y 8 laborales del Circuito de Barranquilla, 2 Laboral, 1 y 2 civiles del Circuito de Buenaventura; 72 y 78 penales municipales de Santa Fe de Bogotá, 2 Penal, 2 y 3 civiles municipales de Santa Marta, 2 Civil Municipal de Buenaventura, mediante los cuales se negó el amparo solicitado, o cuya orden se limitó a tutelar el derecho de petición respecto de las siguientes personas: Ebrat Robles Raúl Verdooren Lafaurie Osvaldo Fernández Castro Miguel Angel Noguera Yerena Adith Cruz Rodríguez José Eduardo Velásquez Blanco Hernán Yanez Navarro Carlos Armando Yanez Toscano Aníbal Palmezano Martínez Felipe Adarraga Martínez Rafael Antonio Gutiérrez Villamil Julio Humberto Lemus Montaño Ildefonso Linero Figuera Hugo Martínez Argote Pablo Loaiza del Toro Nicolás Curiel Lesport Ramón López Zapata Octavio Vivas Walter José Antonio Armenta Salas Carlos Alberto Narváez Ochoa Efraín Enrique Severiche Klever César Augusto Ollivera Polo Pedro Nel Polo Tinoco Rafael Palacio Castro Víctor Segundo Ramírez Campo Alvaro Jiménez Miranda Lacides Barros Aredondo Gabriel Donado González Ismael Torrenegra Ariza Luis Carlos Carillo Salcedo María Suárez Jiménez Antonio Altahona Escobar Juan Bautista Valega Villareal Dámaso Santiago Pacheco Fidel Expedito Serje Sarmiento Ramón José Santiago Sanjuán Felipe Molina Acero Julio César Arrieta Monsalve Gabriel Aburad Quintero Layla René Carpintero Miguel Angel Mendoza Suárez Miguel Antonio Fábregas Maza Nira Esther Araújo Bovea Alfonso Manuel Avila de Codina Elsa María Campaz Longa Marcos Larios Mejía Orlando Martínez Montañez José Agustín Armenta Bustamante Luis Emiro Agudelo Yanes Fernando Bolaño García Tulio Manuel García de la Victoria Edgar Manjarrés Berdugo Gilberto Antonio Pérez Perozo Enrique Armenta Salas Carlos Alberto Narváez Ochoa Efraín Enrique Severiche Klever César Augusto Rico Yanez Felix Venancio Rico Yanez Rafael Antonio García Morán Cayetano Borré Bustamante Wilfrido Freyle Córdoba Ismael Santiago Sierra Alberto Antonio Peñaranda Alvarado Jaime Hernández Hurtado José Wilson Salas Aguirre Alberto Pinto Armenta Rafael Enrique Ramírez Navarro Enrique Mulford Cotes Rita Cecilia Rubio Morán Dalgy Tache Ortiz Lorenza de Jesús Díaz-Granados Pantoja Augusto Mancilla Lea Ruperto Pla Barros Javier Ospino Campo Moisés Segundo Agudelo Ramírez Eugenio Alberto Pardo Roca Alfredo Rafael Eguis Jiménez José María Fuentes Manjarrez Gustavo Barraza Pardo Germán Granados Pabón Ricardo Enrique Pedrozo Muñoz Alvaro Alvarez Camacho Ismael Correa Higidio David de Jesús Jiménez Peña Osiris Buendía M. Víctor Manuel Ponce Granados Armando Luis Vargas Cabana Valentín Antonio Alvarez Arango Arturo Barrios Rocha Eliécer Beltrán Martínez Oscar Enrique Canoles Zúñiga Domingo Carrillo Buelvas Dagoberto Castellar Acosta Juán Luis Cuadrado Padilla Alfonso Espinosa Espinosa Edilberto Gómez Herrera Fánor Hoyos Sánchez Luis Alfredo Medina Guzmán Diógenes Nuñez Correa Macario Orozco Tinoco Joaquín Fernando Paternina Lara Hernando Cabarcas Pomares Ariel A. Castellón León Antonio María Torres Villalba Roque José Miranda Durán Antonio Víctor Güete Rodríguez Juan Pérez Serpa Aristides Pannefleck de la Rosa Edgar Emilio Gámez Perozo Orlando Rafael Narváez Mazenett Manuel Antonio González Suárez Alfonso E. Marín Díaz José María Fornaris Lazcano Julio César Brathwaite Rola Tomás Alfonso Zúñiga Pabón Robinson Puche Molina Fanny Cecilia Freyles Fría Gregorio Segundo Zúñiga Pabón Hildemaro José Campo Manga Daudilio Gómez Pardo Enrique Márquez Colina Lorenzo Rodríguez Hernández Antonio Candelo Paredes Wilson Quintero Guaitoto Miryan Polanco Pedroza Norberto Antonio Alvarado Orozco Heriberto Rangel Bernal José Granados Hernández Armando E. Rodríguez vda. de Figuera Dora E. Vilarete Fernández Efraín Antonio Marín Yanez Manuel Serna Dávila Cecilia DíazGranados DíazGranados Matilde Mercado de Charris Martha Gilda Garzón Altamar Feminiano Narváez Ramírez Carlos Díaz Julio Alfredo Alvarez Castellano Benjamín Miranda Juvinao David Arteche Gutiérrez César Augusto Campo de la Rosa Alvaro Fergusson Lomanto Alfredo Olmos Pinzón Julio Rodríguez Polo Jorge Gamarra Senior Acenet Jordi de Pedraza Margarita Guette Neira Ever Barreneche de la Hoz Jorge Goenaga Núñez Florentino S. Peña de Oñoro Beatriz Isabel Herrera Vanegas Manuel Segundo Cabarcas Ortega Edmundo Oñates Abel Enrique Acosta de Bustamante Rosa Granados Hernández Armando Emilio Restrepo Taborda Alfredo Antonio Acosta Arocha Ignacio Rafael González Coquies Walter Alcides Posada Fawcett Víctor Manuel Erebrie de Torres Carmina Cecilia López Pardo Orlando Emilio Guerrero de Bernier Ana Emilia Guzmán Morales Julio César Montaño Segura Luis Corzo Díaz Lucas Orozco Carrascal Armando José Lora Celedón Jaime Enrique Niño Fuentes Electo Emilio Ramírez Sánchez Florentino de J. Del Castillo de Castro Jairo R. Andrade García Antonio María Orozco Reales Lucas Villamil Meza Miguel A. Ospino Escobar Juan del Cristo Díaz Mejía Hernando Rafael Vargas de la Hoz Paul Eduardo Montesino de Jiménez Himera Fernández P. Edison Manuel Granados Correa Hugo Manjarrés Jiménez Manuel Scott de Bruges Guillermina Montesino Pérez Bladimiro Peñaranda Raúl Emilio López Toro Bernardo Bravo Castro Rosalba Fuentes del Gordo Ricardo De la Vega Muñoz Humberto Barros Pabón Fabio Asprilla Juan Porfirio Asprilla López Arnulfo Escorcia Hernández Julio César De las Salas Cabarcas Wulfran Murillo Rodríguez Dámaso Ignacio Estupiñán Reina Arnulfo Guerrero Obregón Alvaro Armodio Ibarguén Moisés Martínez Cruz Gilberto Godoy Segundo Félix Castro Aníbal Castro Novoa Modesto García Buelvas José de Jesús Gómez Fortich Humberto Enrique Marín Padilla Campo Elías Maza Julio Remigio Medina Manjarrez Orlando Torres Vargas Pablo Vargas Utria Edith Ribon Tordecilla Daniel Lara Montaña Orlando Ebratt Robles Raúl Humberto Jiménez Arzuza Moisés Carmona Alvarado Ricardo Alfonso De la Cruz Picalúa Bruno Castro Calle Carmen María Bermúdez Janica Ricardo Mozo Gutiérrez Jorge Pérez O. Adolfo Salazar Hernández María del Carmen Escorcia Pereira Jubenal Antonio González Gómez Manuel Gregorio Noguera Alzamora María Cristina De León Pacheco Guillermo Orozco González Víctor Antonio De León Pacheco Carlos Rafael De León Pacheco Amado Miranda Henríquez Marino Ibáñez Guerrero Ernesto Antonio Mejía Campo Marco Maldonado Arias Pablo Antonio Sierra Munive Luis Ramón Sabán Quilindongo José Francisco Robles Salazar José Manuel Robles Maestre Juan Bautista Robles Salazar Apolinar Márquez Colina Etilson Rafael Campaz Oliva Estrella Guerrero Granados Julián Navarro Núñez Jorge Vásquez Mejía Mauricio Pérez Pérez Rito Calvo Prada Silvia Pantoja Blanco Jhony Jiménez Zambrano Juan de Jesús Barros Orozco Carmen Iglesias de la Hoz Doris Beatriz Altamiranda Garcés Orlando Socarrás Rodríguez Jaime Segundo Martínez Pérez Amalio Agustín González Beltrán Antonio José Urieles Acosta José del Carmen Julio Julio Gumersindo Escobar Granados Armando José Mercado Fuentes Inés Dolores Rua B. Petra Cruz Choles Movil José Braulio Manjarrés Pérez Luis Guillermo Charris Sarmiento José Eugenio Carbonó Lobelo Alfonso Caicedo Lourido Jorge Eliécer Minota G. Henry Nelson Estacio Obando Félix Palacios Asprilla Fausto Victoriano Palacios Asprilla Ramón Antonio Portocarrero V. Abraham Rodríguez Rodríguez Simón Morales Serrano Santiago González Jiménez Pedro Fontanilla Reales Arnulfo Matos Vásquez Luis Magin Peralta González Manuel Agustín Mulford de Salas Aurora Esther Contreras Julio Antonio Arcos Muñoz Emilio Ibarguen Manuel de J. Manyoma Quezada Aulio Mosquera María Leonisa Maury Argüello Héctor Eladio Granados Oliveros Fernando Castro Delgado Abraham de Jesús Caballero Peña Rafael Alejandro Rodríguez Mazo Félix Eduardo Duque Orozco Arcesio Mejía Contreras Juan Galán Galindo Edgardo Rafael Arrechea Banguera Omar Avila Llanos Cecilia Arboleda Rivas Leopoldino González Hernández Pedro Henríquez de la Cruz Gustavo R. Robles Salazar José M. Padilla Hernández José de la Cruz González Hernández Carlos Rodríguez Sabán Guillermo F. Huertas Montes Julio Lacera Heriberto Panneflek de la Rosa Edgar Emilio Castañeda F. Tomás Honorio Moreno Eduardo Polo Caro Gómez Ricardo Caviedes Constante Carlos Arturo Frías Martínez Jairo Hernández Wilson Bernier O. César Augusto Goenaga Argote Eduardo A. Romero Vélez Víctor Segundo Pinedo Pacheco Adolfo Segundo.- REVOCAR los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar; y por los jueces 24 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, 9 Civil del Circuito de Barranquilla, 2 Penal del Circuito de Santa Marta, 9 Penal Municipal de Cartagena, 4 Penal, 2 y 3 civiles municipales de Santa Marta, 1 Civil Municipal de Buenaventura en cuanto concedieron la tutela a los siguientes peticionarios: González Alvear José Luis Arrellano Herrera Alfredo González Romerín Alfonso Crespo Andrés Alcázar Alvarez Armando Blanco Simanca Andrés Alvarez Arango Arturo Díaz del Valle Bachir Herrera B. Benjamín Castillo Peña César Marín Díaz Cristóbal Gómez G. Eduardo Acosta Rodríguez Emilio Albornoz C. Emiliano Espitia de Morelo Elizabeth Ortíz S. Ezequiel Teherán Matos Domingo Flórez Pretel Gilberto Navas Muñoz Anselmo Castillo Vargas Claudio Carrillo Grau Edelcy Bahoque Israel Ortiz de Pájaro Prince Pájaro Eduardo Dean P. Antonio Cera Beleño Carlos Osorio M. Armando Malo Bonfante Antonio Garay Herrera Simón Pautt Moor Alberto Zethen Heredia Guillermo Del Castillo González Hilda Rosa Salas Vargas Iván Romero Valiente Ismael Puello Suárez Jaime Madero Marrugo Jairo E. Guzmán Merlano Jorge Martínez Castillejo José Montiel Hernández José Sandon Altamiranda José de la C. Escorcia L. Julio Morelo G. Lascario Blanco Porto Luis Ronco Amador Luis Guzmán Merlano Macedonio López Pereira Jairo Blanco Suárez Manuel Gregorio Arrieta C. Víctor Manuel Iriarte H. Otoniel Prada F. Antonio Céspedes Ramiro Alvarez P. Wilfrido Serrano Jesús María Torres O. Angel Mendoza Amor Vitalio Marimón Orlando Alvarez Miranda Medardo López Valiente Carlos Emilio Acevedo Correa Biviano Pérez Amador Miguel Olivares Benedetti Héctor Cortina López Marcelo Jiménez Arcelio Serpa M. Ricardo Orozco Guerrero Jacobo Cogollo Torres Daniel Berdugo Vélez Dagoberto Lambis Caraballo Ricardo Martínez Pedro Pablo Blanco B. Luis Ariel Lambis C. Gustavo Gómez F. Humberto Tafur Fonseca Carlos Díaz C. Manuel Cardales Caraballo Amaury Rosales B. Dagoberto Berrío Quintana Carlos Canencia Ruíz Alfonso Jiménez Rocha Gilberto Cuadro Jorge Rafael Henríquez Torres Wilson Beltrán Martínez Oscar Gonne Rafael Castro Ramos Ubaldo Vargas Agamez William Jiménez H. Rafael Enrique Cervantes Gallardo Humberto Blanquiceth C. Alfonso García Montalvo Carmelo Gómez E. Miguel Martínez Abel Julio Gávalo Flórez Daniel Vásquez Caraballo Sergio Blanco Miguel Porto Nancy E. Valencia Rodríguez Oscar Enrique Gómez Gómez Pedro Nel Ramírez Blanquiceth Ramiro Torres Villalba Roque González Romerín Roberto Mendoza Caicedo Roberto Romero Coley Ronis Pautt Bolaños Víctor Blanco Q. Orlando Sánchez E. Luis Castro Gómez Balmore Castaño García Ovidio Vives Cotes Armando Enrique Ramírez Mejía Carlos Guillot Rada Eduardo Zubiría Weber Daniel Vicente Ordoñez Vives Armando José Maiguel Córdova Rafael Avila Pacheco Víctor Segundo Henríquez Ortiz Adalberto Loaiza Buenaventura Novoa Díaz Filiberto Antonio Arias Obregón Isaac Rafael Ballestas Pachecho Lacides Roberto Campo Carrasquilla Ricardo Contreras Tobías Julio Manuel Gómez Lubo Juán Manuel Hernández Hurtado Cristina Esther Rodríguez Suárez Orlando Caguana Gómez Lacides Emilio Díaz Herrera Gilberto Enrique Díaz Jacquin Alvaro Enrique Ferreira Rudas Jairo Fornaris Lazcano Julio César Palacio Fontalvo Juan Manuel Gómez Díaz Genaro Gómez Díaz Yolanda Huertas Montes Luis Francisco Silva Hernández Emiliano Antonio Palacio Royer Justino Segundo Bonolis Baldovino Eduardo Escarraga Fontanilla Alfonso Granados Ospino Fredy Enrique Linero de Peñaloza Paulina López Castilla Elías N. Pontón García Benjamín Quinto Gómez Jorge Vanegas Mejía Francisco Pizarro Solano Haroldo Pérez Martínez Luciano Hernán Salcedo Sierra Jorge Miguel Saltarén Rodríguez Julián Alberto Gómez Oliveros José Domingo Cucunubá Ochoa Oscar Elí Granados Rojas Iván Alberto Bruges Parody Jorge Alberto Pérez Vega Ezequiel A. Noriega Moscote Víctor Manuel Caro Gómez Ricardo Alfonso Andrade García Antonio María Del Castillo De Castro Jairo Rafael Frías Martínez Jairo Enrique Correa Galue Manuel Antonio Gómez Calle Víctor Julio Fernández Pardo Edgar Emilio Rondano Daza Francisco R. Villalba de Angel Julio César Pimienta Effer Francisco Mendoza Ayala Jorge Antonio Fernández Avendaño Carlos Emilio Meza de Avila Ramón Antonio Giacometto Ortiz Leland Salas Aguirre Alberto Coronado Meriño Tomás A. Toncel Barros Rafael Better Hurtado Roberto Antonio Villar Meza Jairo Alberto Lemus Montaño Raúl Enrique Pertuz Maiguel Alvaro Villamil Cadena Andrés Alfonso Meléndez Zafrane Ramón Adolfo Rivas Herrera Carlos Julio Altamiranda Morales Alejandro E. Llanes Varela Carlos Alberto Peñaloza Mendoza Jorge Enrique Orozco Ospina José Henry Salas Aguirre Franklin Alfredo Cayón de Iguarán Paulina Martínez Florián Olga Pantoja Cervantes Rodrigo Fontalvo de la Hoz Maritza del C. Gastelbondo Gastelbondo Julio López Acosta Cornelio Cuisman Murgas Edinson Rodríguez Rosenthil Luis Pontón García Gabriel De la Cruz Charris Pedro Tache Vásquez Jaime Urquijo Anchique Yenny Pimienta Sabán Ovidio Fernández Cantillo Víctor Fernández Cantillo Nelson Fernández Cantillo Oscar Urbina Vengoechea Rodrigo Campo Vives Teresita Pardo de Gómez Carmen María Yanes Toscano Julio Lobera Suárez Virgilio Mozo Pérez Juan Correa Rueda Lacides Aguilar Meléndez Hernando Márquez Iguarán José Eduardo Dodino de Cotes Lilia Vanegas Rosette Luis Valencia Giraldo Hernando Blanco Gutiérrez Jaime Gómez Murgas Carlos Herrera Villamil Manuel López Pardo Alfonso Fonseca de López Marqueza Márquez Colina Lorenzo Márquez Colina Etilson Cera Navarro Germán Codina Escallón Atilio Díaz Romero Juan Mindiola Mendevil Carlos Rivas Pérez Orlando Freyle Mestre Víctor Manuel Anchila Adalberto Medina Pabón Martín Prieto García Ramiro Antonio Gómez Zapata Patricia de Jesús Pontón García Jaime Pinto Barros Víctor Manuel Urbina Vengoechea Edith Bustamante Ruíz Jorge Pérez Noriega Helena Quintana Licero Jesús María Maiguel Córdoba Rafael Pérez Solano Jaime Enrique Navarro Morales Luis Revollo Ferreira Rafael S. Espitia Vergara Fernando Escalante Ebrath Miguel Noriega José Julio Escobar Gutiérrez Armando Jiménez Sánchez Manuel D. Avendaño Polo Felipe S. Pava Pedrozo Rafael Romero Felizola Julio D. Flórez Díaz Casimiro Montero Jiménez Ernesto Barros Hincapié Alfredo E. Rodríguez Olivero Arturo Valdemar Carmelo S. Tromp Elías Segundo Santoya Ramos Felipe Ibañez Guerrero Carlos Witt Jiménez Audelino Rivera Vélez Jairo E. Cortés Correa Humberto Roa Cabarcas José Delgado Noriega Víctor Aarón Montenegro Rafael Enrique Labastidas Henríquez Jorge E. Díaz Gutiérrez Oswaldo Espitia Ortíz Ermelinda Castillo Aguilar Orlando Cardozo García Teodomiro Narváez Flórez Víctor Manuel Fonseca Vásquez Rafael Sierra Martínez José Arce Rangel Alcides Morales Barranco Santander Moreno Rojas Azael González Cuello Manuel Antonio Barros de Acosta Carmen Mozo Smith Rafael Emilio Estrada Vergara Sebastián J. Viana Brito Eduardo A. Robles Lópezsierra Tomás Toncel Henríquez Rodolfo Valentín González Pérez Hugues Antonio López Maldonado Héctor Sánchez Freile Francisco Javier Jiménez Camargo José E. Blanco Rueda Carlos A. Barreto Díaz Guillermo Rafael Serrano Ceballos Myriam Luz Manjarrés Castillo Alfredo Panneflek de la Rosa Edgar E. Silva Ramírez Luis Omar Blanco Bánquez Julio Alberto Vega Romero Andrés Gutiérrez R. Manuel Sequeda Montero Hincapié Epimelio Pardo Rivas Edgar Yanes Granados Carlos Vanegas Mejía Rafael Francisco Viloria Carrillo José Rodríguez Suárez Orlando Carrasquilla de Moya José Miguel Morales Pérez Víctor Manuel Pachecho Rivas Santiago Zapata Cueva José Inés Bermúdez Santrich Gabriel José Pérez Bolaño Gabriel Segundo Ceballos de Hernández Magaly Hernández G. Manuel de Jesús Yanes Rodríguez Arnulfo E. Herrera Vanegas Manuel Segundo Méndez Gómez Jaime Vicente De Luque Ponzón Domingo de Jesús Miranda Durán Antonio Sarabia Orozco Angel A. Mancilla Lea Antonio Dolores Tromp Thowinson Genoveva Castillo Aguilar Carlos José Pájaro Montenegro Eduardo E. Zúñiga Lorduy René Sarmiento Rodríguez Otilio Barbosa Olascuaga Ramiro Taborda González Alfonso Marrugo Zambrano Francisco Javier Herrera Ochoa Efraín Cancio Collazos Joaquín Gómez Elguedo Anselmo Fernández Zapateiro Carlos E. Rojas Noriega Edilberto Mojica Carlos Julio Pérez Henríquez Jorge Eliécer Rondano Daza Francisco Fernández Danies Cicer José Caballero de Rodríguez Mercedes Pardo Rojas Elba Rosa Jimeno de Beltrán Luisa Valenzuela Morales Tulio Robles Torres Robinson Medina Ariza Fernando S. Ramo Fernández Alejandro Andrade García Antonio María Ordóñez Fuentes Luis Antonio Cantillo Palma Pedro M. Granados Rivas Orlando Emilio Figueroa Tapiero Armando Carrasquilla de Moya José Miguel Lindo Campo Simón Antonio González González Guillermo G. Lozano Yacomelo Carlos Alfonso Cuza Uribe Ricardo Javier Romero Rodríguez Gabriel González Ibarra Manuel Salvador Moreno Jiménez Luis Oswaldo Vásquez Gamero Alfonso Navarro Saucedo Nancy Dominga Vizcaino de la Hoz Pedro Cabas Bermudez Felipe Neris Hernández Gómez Juan Manuel Marmol de Meléndez Tilcia Correa Franco Eduardo Esteban García Calonge Francisco Martínez Buenaventura Caicedo de Bonilla Encarnación Riascos José Arcenio Ramos Alomia Alonso Segura Cuero Doroteo Mayolo González Roberto Acosta Guerrero Francisco Aguilar Meléndez Augusto Arvilla Campo Luis Emiro Arvilla Morón Narciso Pinto Barragán Campo Elías Barros de Acosta Carmen Alicia Cassiani Ledesma Marcelino Castrillo Hernández Ezequiel A. Charris Massi Fabiola Isabel Cortés Granados Neira Cuadro Medina Armando Julio De la P...