Sentencia T-564 de 2013

T-564-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-564/13 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En la sentencia C-590/05 la Corte Constitucional sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y motivos de procedibilidad Lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental. En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas en los asuntos sometidos al conocimiento del juez. Para que el mismo proceda, debe comprobarse la existencia de una irregularidad que tenga un impacto considerable al momento de adoptar la respectiva sentencia, esto es, que los errores en que incurra, obstaculicen o lesionen la efectividad de los derechos constitucionales. En relación a la interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de la causal más restringida para la procedencia de la tutela por defecto sustantivo. Esto debido a que la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial, evitando injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento jurídico al que están sometidas sus decisiones, de conformidad con el artículo 230 superior. INTERPRETACION IRRAZONABLE DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS-Hipótesis en las cuales puede incurrir la autoridad judicial Esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al menos en dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene, es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados. DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Corresponde a la parte actora la carga de explicar la existencia de tal arbitrariedad En cuanto a la carga de la prueba por interpretación errónea de la norma, es menester precisar que la Corte Constitucional indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”. CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL Esta Corporación ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio de la función judicial. En esta oportunidad, la Sala reiterará los principales elementos de esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces, y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de tutela. PRECEDENTE JUDICIAL-Definición Esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia” y ha señalado que una sentencia antecedente es relevante para la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): “i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior).iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE TUTELA Y EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Diferencia/DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE TUTELA Y EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Aspectos comunes En relación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. Como aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la interpretación autorizada que hace la Corte como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, de acuerdo con la posición y misión institucional que le confiere el artículo 241 Superior. El papel de homogeneizar la interpretación de la Constitución es especialmente relevante en materia de derechos fundamentales que, como se sabe, son consagrados en cláusulas especialmente abiertas e indeterminadas. En lo que toca a los fallos de constitucionalidad, el carácter obligatorio de la jurisprudencia constitucional se desprende de sus efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. Además, por mandato expreso del artículo 243 Superior, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio decidendi contiene la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados, debe ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley sea conforme con la Constitución, norma de normas. La Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca sus precedentes incurre en un defecto sustantivo debido a que desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa esta Corporación. Este respeto al precedente también se hace extensible a las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas de esta Corporación, pues ello materializa el principio de igualdad y constituye una exigencia del principio de confianza legítima que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles, a la vez que opera como un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. La doctrina contenida en la parte motiva de las sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio decidendi de tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, en virtud de la competencia institucional de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia Esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”. Sin embargo, debido a que una práctica jurisprudencial saludable no puede basarse en la petrificación de determinadas decisiones o concepciones del derecho, el principio de autonomía funcional del juez implica que puede apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte”. DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Fundamental/DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991 Respecto al derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, por medio de la garantía de la indexación de la primera mesada pensional, la Sala presenta las siguientes conclusiones acerca de las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto analizado: 1. El derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, mediante la figura de la indexación, es aplicable a todas las categorías de jubilados, sin discriminación alguna por la modalidad de la prestación, por el origen de la misma, o por el momento en que se causó. Por tanto, esa garantía cobija a las personas que adquirieron el derecho al reconocimiento de una pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Esto tiene fundamento en la aplicación de los artículos 48 y 53 superiores, debido a que el fenómeno inflacionario afecta a todo tipo de pensionados por igual. El reconocimiento del pago de la indexación de la primera mesada pensional, es un principio del Estado Social de Derecho que desarrolla los artículos 13 y 46 constitucionales, que tienen la finalidad de proteger a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por configuración de defecto sustantivo, indebida aplicación normativa y omisión en la aplicación directa de la Constitución/DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Todas las instituciones del Estado, entre ellas las Altas Cortes, están en la obligación de acatar el precedente proferido por este Tribunal Constitucional, en ejercicio de su función de interpretar autorizadamente la Carta Política y, en ese sentido, definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales, razón por la cual su incumplimiento hará procedente la acción de tutela contra las providencias judiciales. En el caso del incumplimiento de ordenar, reconocer o pagar la indexación de la primera mesada pensional, las decisiones judiciales incurrirán en los defectos: i) sustantivo por inaplicación de las normas específicas sobre la materia, ii) sustantivo por interpretación irrazonable de las normas laborales, iii) desconocimiento del precedente constitucional, iv) violación directa de la Constitución, sin perjuicio de la existencia de otros que se desprendan de la situación concreta del accionante. INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se ordena calcular su monto acorde a la fórmula adoptada en la sentencia T-098 de 2005 INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-No se aplica para el caso el precedente fijado en sentencia SU1073/12 Referencia: expedientes T-3852770 y T–3866480 (AC) Acciones de tutela instauradas por José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y Daniel Dussan Guzmán, contra Cajanal EICE en liquidación y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se adelanta el trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la referencia: Expediente Fallos de tutela T-3.852.770 Primera Instancia: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Segunda Instancia: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. T–3.866.480 Primera Instancia: Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá. Segunda Instancia: Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. I. ANTECEDENTES. 1. Expediente T-3.852.770 Los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez, iniciaron proceso ordinario laboral ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, bajo radicado No. 32.240, contra la extinta Álcalis de Colombia, solicitando el reintegro al cargo que ocupaban, el pago de salarios y demás factores salariales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el respectivo reintegro. De manera subsidiaria, requirieron judicialmente el reconocimiento de una pensión restringida de jubilación debidamente indexada, de conformidad al artículo 133 de la Ley 100 de 1993. El referido Juzgado, en sentencia del 30 de julio de 2003, condenó a Álcalis de Colombia a pagar a favor de los demandantes una pensión restringida de jubilación a partir de los 50 años y absolvió a la empresa demandada de las demás pretensiones. En la parte motiva de la sentencia se expuso que no era procedente la indexación de la primera mesada pensional, debido a que: “no se indexan las obligaciones si del incumplimiento del empleador no se deriva una significativa depreciación de la obligación, en cuyo caso solo procede la indexación como componente de daño emergente ocasionado al acreedor||(…) Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la entidad demandada no se le puede imputar el incumplimiento o mora en el pago de las mesadas pensionales a que se contrae la condena, que hubiese derivado en una depreciación de la obligación, se impone la absolución de la demandada”.[1] La anterior decisión fue apelada y conoció en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien profirió sentencia el 30 de noviembre del mismo año, confirmando la decisión de primera instancia. Contra el anterior fallo se interpuso recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual en providencia del 16 de abril de 2007, decidió no casar la sentencia, argumentando que los demandantes incurrieron en un error en la técnica de casación al atacarla por la infracción directa y no por la interpretación errónea de las normas sobre indexación pensional. Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación, por medio de Resolución No. 00253 del 20 de noviembre de 2007, reconoció a José Mauricio González una pensión restringida de jubilación en cumplimiento del fallo judicial proferido por el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de Bogotá, a partir del 24 de octubre de 2007 hasta el 24 octubre de 2017, fecha en la cual cumpliría la edad de 60 años y Colpensiones le reconocería la pensión por vejez. Respecto a Luis Orlando Guzmán Rodríguez, Álcalis de Colombia le reconoció una pensión restringida de jubilación, en cumplimiento del mismo fallo judicial, a partir del 28 de enero de 2008 y hasta el 28 de enero de 2018, fecha en la cual Colpensiones le reconocería su pensión de vejez, si cumple con los requisitos para tal propósito. Con posterioridad los actores interpusieron derecho de petición de indexación de primera mesada pensional ante el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia[2], quien en comunicación ALC-20123170026981, del 6 de febrero de 2012, negó tal pretensión con base en la excepción de cosa juzgada, debido a la existencia de un proceso ordinario que puso fin al debate sobre el derecho reclamado. Inconformes con el contenido de las resoluciones, las providencias judiciales que dieron origen a las mismas, y las comunicaciones posteriores emitidas por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez, interpusieron acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra las decisiones proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, el mínimo vital y el debido proceso. 1.2 Trámite dado a las acciones de tutela interpuestas 1.2.1 La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia En sentencia del 9 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo reclamado, argumentando que los accionantes pretendían revivir una controversia que concluyó al proferirse fallo por parte de la Sala de Casación Laboral de esa Corporación. Ante esa situación los accionantes impugnaron el referido fallo de tutela, que correspondió resolver a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien en decisión del 14 de septiembre de 2012 declaró la nulidad de lo actuado e inadmitió la solicitud de amparo. Con el propósito de sustentar su decisión de nulidad, la Sala de Casación Civil argumentó que, debido a la calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción ordinaria que ostenta la Corte Suprema de Justicia, no hay fundamento alguno para que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que no hay otra entidad que pueda disputarle las resoluciones que efectúe en ejercicio de su propia competencia. Aunado a ello, consideró que no debían remitirse las acciones de tutela para su eventual revisión ante la Corte Constitucional, porque no se resolvió de fondo la solicitud de amparo presentada. 1.2.2 Admisión de la acción de tutela Los accionantes, por medio de escrito del 4 de octubre de 2012, solicitaron a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que, de conformidad con el Auto 004 de 2004 proferido por la Corte Constitucional[3], admitiera la acción de tutela. Mediante auto de 8 de octubre de 2012, se avocó la solicitud de amparo y se notificó a las entidades accionadas y terceros interesados, sobre el asunto de la referencia, para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa. 1.2.3 Intervención de las entidades accionadas. En escrito del 10 de octubre de 2012, la Corte Suprema de Justicia señaló que el Consejo Seccional no tenía la competencia para conocer del asunto de la referencia, según lo dispuesto en la Constitución y en el Decreto 1382 de 2000, el cual prescribe que las tutelas que se interpongan contra la Corte Suprema deberán repartirse al interior de la misma y resolverse por la Sala de decisión, sección o subsección, correspondiente, de conformidad con su reglamento interno. Igualmente manifestó que la Corte Constitucional carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencia a otros funcionarios judiciales para conocer de las solicitudes de amparo, por tratarse de una facultad exclusiva, “cuyo desconocimiento puede inducir en error a los usuarios del servicio ocasionando absurdas congestiones en los órganos judiciales y prohijando el desconocimiento ciudadano de la normatividad vigente”.[4] De otra parte, en oficio del 12 de octubre de 2012, el representante legal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Nacionales de Colombia, expuso que los accionantes ya surtieron la totalidad del proceso de acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual no es procedente tramitar nuevamente la acción ante otro juez. De la misma manera, afirma que los actores no expusieron las falencias de los fallos de instancia que atacan, y que no surtieron el requisito de inmediatez, pues interpusieron la solicitud de amparo cinco años después de la sentencia que concluyó el proceso laboral. Finalmente, concluyó que no puede desconocerse la existencia de decisiones judiciales previas, esto es, las que tuvieron lugar dentro del proceso ordinario, porque éstas hicieron tránsito a cosa juzgada y absolvieron a la demandada de indexar la primera mesada pensional a los demandantes. Por tanto, solicitó declarar improcedente el amparo solicitado. 1.2.4 Decisión de primera instancia. En sentencia del 19 de octubre de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, expuso que la acción de tutela no cumplió con el requisito de inmediatez, el cual es un factor decisivo para la procedibilidad de la misma frente a providencias judiciales, pues los actores interpusieron la solicitud de amparo cinco años después de concluir el proceso ordinario. En ese sentido, concluyó que revivir la discusión propuesta, atenta contra la seguridad jurídica, aunado al hecho que los actores no demostraron estar frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por tanto, negó el amparo de los derechos reclamados. Los accionantes impugnaron tal decisión, argumentando que, contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, sí hay evidencia de la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues el último sueldo devengado al momento del retiro era superior a los cinco salarios mínimos y en la actualidad, al no indexarse la prestación, su mesada es inferior al salario mínimo, por lo cual no pueden satisfacer de manera digna sus necesidades básicas. Respecto al argumento de la inmediatez, afirmaron que no se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura han dictado sentencias favorables en procesos de tutela, a pesar de no cumplirse con ese requisito. 1.2.5 Decisión de segunda instancia. En sentencia del 30 de enero de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, expuso que no entraría a estudiar el fondo del asunto, en consideración a que los accionantes no agotaron en debida forma todos los medios de defensa judiciales, conferidos por la justicia ordinaria. Con el propósito de sustentar su afirmación, sostuvo que los demandantes presentaron recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2004 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el cual no prosperó, porque incurrieron en un error en la técnica de casación al atacarla por la infracción directa y no por la interpretación errónea de las normas sobre indexación pensional. Así las cosas, consideró que los actores no hicieron un uso adecuado de los mecanismos que la ley les otorga para la reclamación de sus pretensiones, por lo cual no puede predicarse que cumplieran con el requisito de subsidiariedad, para la procedibilidad de la acción de tutela. Por tanto, confirmó la decisión del juez de instancia, esto es, declaró improcedente el amparo constitucional y negó la protección de los derechos fundamentales reclamados. 1.2.6 Pruebas relevantes contenidas en el expediente a. Solicitud dirigida al Ministerio de Protección Social, Fondo de Pasivo Pensional Ferrocarriles de Colombia, el 10 de junio de 2011, suscrita por los accionantes. b. Resoluciones número 0253 del 20 noviembre de 2007 y 0028 del 24 de abril de 2008, proferidas por Álcalis de Colombia Ltda., reconociendo la pensión restringida de jubilación. c. Resoluciones número 0139 y 0140 del 7 de enero de 2010, proferidas por Álcalis de Colombia Ltda., por las cuales se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. d. Oficios números ALC-20123170042571 del 29 de febrero de 2012; ALC-20123170026981 y 2012-317-011333-1, proferidos por el Ministerio de la Protección Social Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. e. Copia de la Resolución B-0089 del 13 de octubre de 2009, proferida por Álcalis de Colombia Ltda., por el cual se da cumplimiento a un fallo de tutela que ordena la indexación pensional, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. 2. Expediente T – 3866480 El ciudadano Daniel Dussan Guzmán, presentó solicitud ante la Caja Nacional de Previsión, (en adelante Cajanal EICE en liquidación) de reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional, la cual fue resuelta el 11 de febrero de 2011[5] y en la cual se negaron sus pretensiones, con el argumento según el cual no adjuntó sentencia judicial que ordenase ese pago. Debido a ello, el accionante interpuso demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual correspondió resolver al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, quien mediante fallo del 25 de febrero de 2011, declaró la nulidad parcial de la resolución que le reconoció la pensión[6] y del acto administrativo que le negó la reliquidación pensional y, que a su vez condenó a Cajanal a reconocer y pagar los respectivos ajustes teniendo en cuenta la asignación básica junto con los demás emolumentos percibidos, desde el día 11 de noviembre de 1993, pero con efectos fiscales desde el 27 de febrero de 2006. El actor no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia. Con posterioridad el actor, inconforme con la reliquidación efectuada, presentó acción de tutela contra Cajanal EICE en liquidación y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP), solicitando que la indexación de la primera mesada pensional se realizara con el salario actualizado al momento en que cumplió la totalidad de requisitos para el reconocimiento de la prestación, esto es, tiempo y edad, y no con base en el salario devengado al momento en que cumplió las semanas necesarias para acceder a la pensión, de conformidad con lo expuesto por esta Corte en Sentencia SU-1073 de 2012. Las entidades accionadas no se pronunciaron respecto de los hechos y pretensiones expuestos en esta acción de tutela. 2.1 Decisión de primera instancia En sentencia del 5 de febrero de 2013, el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá consideró que el debate planteado por el actor no corresponde a un asunto puramente constitucional, además de estar demostrado que acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa, quien dirimió la controversia planteada respecto del reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional desde el momento que obtuvo el estatus de pensionado. Adicionalmente expuso que no resulta oportuno que el juez constitucional, bajo el pretexto del amparo de derechos fundamentales, entre a reemplazar la competencia de jueces ordinarios o especiales. Por último, argumentó que el actor desconoce que al haberse adoptado una sentencia judicial negando el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, no sería la acción de tutela el escenario para resolver un posible vicio sustancial o de procedibilidad, puesto que ello sería competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, negó el amparo solicitado. 2.2 Impugnación y sentencia de segunda instancia Inconforme con la decisión adoptada por el juez de primera instancia, el accionante interpuso recurso de apelación, argumentando que a pesar que el accionante demandó por la vía ordinaria el pago de la indexación de su primera mesada pensional, concurren diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde ha reiterado que los derechos laborales se pueden reclamar por la vía de tutela, por ser derechos adquiridos. Por tanto, concluyó que el mecanismo de amparo impetrado es pertinente para tal fin. En sentencia del 19 de marzo de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá expuso que el actor no controvirtió la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, en donde se le negó la indexación de su primera mesada pensional; hecho que hace que la acción constitucional se torne improcedente, pues la misma no puede emplearse para enmendar las deficiencias atribuibles al accionantes en el proceso contencioso. Además de ello, adujo que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de inmediatez, pues no se entiende cómo, si la presunta vulneración de derechos de la actor ocurrió desde febrero de 2011, sólo hasta el 23 de enero de 2013, esto es, un año y diez meses después, se acuda a la tutela como única forma de remediar su situación. Por tanto, negó las pretensiones del accionante. 2.3 Pruebas relevantes contenidas en el expediente. Pruebas allegadas por la parte accionante: a. Fotocopia del derecho de petición del 10 de junio de 2008, en el cual se solicitó que Cajanal reconociera y pagara la indexación de la primera mesada pensional (cuaderno principal de la demanda, folio 17). b. Fotocopia de la Resolución PAP 039961 del 21 de febrero de 2011, expedida por Cajanal, en la cual resuelve un recurso de reposición, interpuesto por el actor contra el acto que le concedió la pensión con indexación a partir de 1993 (cuaderno principal de la demanda, folio 19). c. Copia del fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, del 25 de febrero de 2011, en el cual se reconoce la indexación de la primera mesada pensional al actor, a partir del 11 de noviembre de 1993 (cuaderno principal de la demanda, folio 26) II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer de los fallos objeto de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto de la Sala de Selección número cuatro, proferido el 24 de abril de 2013. 2. Cuestión previa En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992, por el cual se adoptó el Reglamento de la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador presentó informe ante la Sala Plena de esta Corporación en el cual informó, que el expediente radicado bajo el número T-3.852.770 versaba sobre una acción de tutela contra una providencia judicial proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A partir de la presentación del caso, el Pleno de este Tribunal decidió que el asunto objeto de revisión debía seguir siendo de conocimiento de la Sala novena de Revisión. 3. Planteamiento del caso y presentación del problema jurídico De conformidad con la situación expuesta, los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Rodríguez, solicitaron la indexación de su primera mesada pensional, la cual consideran que no se efectúo de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal. Para tal propósito, acudieron a los medios ordinarios de defensa establecidos para ello, en los cuales se profirieron decisiones que accedieron parcialmente a sus pretensiones, pues no les fue liquidada la pensión desde la fecha que ellos afirman tener derecho. Ante esa situación, interpusieron recurso extraordinario de casación el cual fue adverso a los intereses de su demanda. Por las razones expuestas, los accionantes instauraron acción de tutela contra las providencias judiciales proferidas en el proceso ordinario, a fin que se les garantizaran sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y al debido proceso. Al respecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en su calidad de Tribunal de primera instancia, expuso que la acción de tutela no cumplió con el requisito de inmediatez, ni demostró la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por ello declaró improcedente el amparo reclamado. Ante esa decisión, los accionantes impugnaron el fallo y correspondió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolver la controversia, la cual negó las pretensiones, con el argumento según el cual los accionantes incurrieron en un error en la técnica de casación al atacarla por la infracción directa y no por la interpretación errónea de las normas sobre indexación pensional. Por tanto, consideró que no se hizo un uso adecuado del mecanismo judicial, razón suficiente para declarar la improcedencia de la solicitud de amparo. En relación con lo expuesto, esta Sala advierte que a pesar que los accionantes no expusieron de manera clara y suficiente las razones por las cuales las sentencias acusadas vulneraron su derecho al debido proceso, se desprende de los hechos de la demanda que los actores hacen referencia a la posible existencia de: i) defecto sustantivo por interpretación incorrecta de las normas sobre indexación de primera mesada pensional y ii) desconocimiento del precedente constitucional. De otra parte, el ciudadano Daniel Dussan Guzmán, solicitó la indexación de su primera mesada pensional ante Cajanal EICE, la cual no accedió a su petición, razón por la cual interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien declaró la nulidad parcial de la resolución que le reconoció la pensión[7] y del acto administrativo que le negó la reliquidación pensional, condenando a Cajanal a indexar la prestación a partir de noviembre de 1993. Ante esta decisión, el actor no interpuso recurso de apelación pero con posterioridad, presentó acción de tutela contra Cajanal EICE y la UGPP, argumentando que la reliquidación de su pensión no se efectuó de manera adecuada. En sede de tutela se negó la protección solicitada por el actor, con base en dos argumentos. El primero de ellos, es que el accionante no agotó todos los medios de defensa, pues no acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El segundo es que los jueces de tutela censuran que la tutela se presentase un año y 10 meses después de la sentencia con la cual concluyó el proceso ante la jurisdicción contenciosa, razón por la cual consideran que no se cumplió con el requisito de inmediatez. De conformidad con la situación expuesta, la Sala deberá determinar si las situaciones expuestas cumplen con los requisitos generales y específicos para la procedibilidad de la acción contra providencias judiciales. De esa manera, si llegare a concluirse que las solicitudes de amparo, cumplen con los presupuestos expuestos, se analizará (i) si los fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incurrieron en un defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 4 (supremacía de la Constitución), 48 (seguridad social), 53 (mínimo vital) superiores; (ii) si las decisiones adoptadas en las instancias referidas desconocieron el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional. Para resolver estas cuestiones, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: (i) la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por existencia de un defecto sustantivo o material; (iii) caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional; (iv) la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional. Luego, a partir de las reglas que se deriven del anterior análisis, se resolverá el caso concreto. 4. Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Esta Corporación ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. En sentencia T-757 de 2009, se expuso que la Corte Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.[8] Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[9]. Para lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales. Esto con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental. A continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[10]. En aquella oportunidad se expuso que la tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[11], como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[12] e, incluso, a partir de la ratio decidendi[13] de la sentencia C-543 de 1992[14], siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales[15], que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.” Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.” c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.” d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.” e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.” f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[16][17] De cumplirse la totalidad de los requisitos enunciados, el juez debe abordar el siguiente nivel de análisis, esto es, determinar si la sentencia impugnada presenta alguna de las causales genéricas de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia de esta Corporación, las cuales han sido clasificadas en: defecto orgánico,[18] sustantivo[19], procedimental[20] o fáctico[21]; error inducido[22]; decisión sin motivación[23]; desconocimiento del precedente constitucional[24]; y violación directa a la Constitución[25]. Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[26]. No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial[27]. Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional. De acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[28]. En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Ahora bien, una vez reiterados los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala estudiará los requisitos específicos, propuestos en el problema jurídico, esto es, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. 5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por existencia de un defecto sustantivo o material. La interpretación irrazonable como causa del defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[29]. Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas en los asuntos sometidos al conocimiento del juez. Para que el mismo proceda, debe comprobarse la existencia de una irregularidad que tenga un impacto considerable al momento de adoptar la respectiva sentencia, esto es, que los errores en que incurra, obstaculicen o lesionen la efectividad de los derechos constitucionales[30]. Esta Corte ha precisado que una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “(i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial[31], (ii) el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[32], bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso concreto es inconstitucional[33], ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[34] o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó; (iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.”[35] En relación a la última de estas hipótesis, esto es, la interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas[36], la Corte Constitucional ha señalado que se trata de la causal más restringida para la procedencia de la tutela por defecto sustantivo. Esto debido a que la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial, evitando injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento jurídico al que están sometidas sus decisiones, de conformidad con el artículo 230 superior.[37] Al respecto, en Sentencia T-1093 de 2012, esta Corporación expuso que la independencia y autonomía del juez al interpretar las normas o la Constitución, tiene límites, puesto que el carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 C.P.), deben guardar relación directa con los postulados del Estado Social de Derecho. Así las cosas, “las autoridades judiciales en el Estado Social de Derecho están sometidas a las restricciones derivadas del diseño constitucional adoptado en la Constitución. En ese sentido, su labor interpretativa encuentra como límite infranqueable el principio de legalidad, pilar del Estado de Derecho”[38]. Este principio, cabe precisar, ha de ser entendido en su acepción amplia, es decir, como precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide, además, se encuentra la Constitución, norma superior que tiene la pretensión de otorgar unidad y coherencia al ordenamiento jurídico[39]. El proceso de aplicación del derecho es complejo e impone la necesidad de que la autoridad judicial participe activamente en la interpretación del ordenamiento jurídico, pues en no pocos casos los jueces al resolver una controversia jurídica, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de los textos legales, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la norma jurídica aplicable al caso y las consecuencias que de ella se derivan en el proceso de subsunción. En ese orden de ideas es importante precisar que la Corte ha distinguido entre disposiciones jurídicas y el producto de su interpretación. Igualmente, la Corte ha entendido que una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas, mientras que una misma norma jurídica puede estar contenida en diversas disposiciones[40]. A partir de dicha perspectiva, el Tribunal Constitucional en Sentencia T-1045 de 2008, se refirió a la relación entre defecto sustantivo por interpretación irrazonable y el principio de autonomía judicial. En aquella oportunidad manifestó que: “la autonomía funcional del juez protege la aplicación razonable del derecho y no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación posible, ya que el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento. La autonomía judicial no equivale, entonces, a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho, puesto que de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. || Así las cosas, cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada, se configura un defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra de la decisión judicial”. En la misma línea, este Tribunal precisó[41] que a partir de la lectura del texto constitucional se advierte la existencia de “algunos mandatos de índole hermenéutica para los funcionarios judiciales”, que ineludiblemente guían y limitan su actividad interpretativa. Al respecto la Corte avanzó las siguientes consideraciones: “En primer lugar, tal y como se ha reiterado en varias oportunidades, está el principio de interpretación conforme, según el cual todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que toda interpretación que no sea conforme a la Constitución, debe ser descartada; segundo, que ante dos interpretaciones posibles de una norma, el juez se debe inclinar por aquella que, en forma manifiesta, resulte más adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en caso de dos o más interpretaciones que sean, en principio, igualmente constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía funcional, deberá escoger en forma razonada aquella que considere mejor satisface los dictados del constituyente en el caso concreto.||También esta Corte ha señalado que la autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados esto es, los frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la Corporación que cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista”.[42] De conformidad con lo expuesto, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al menos en dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene, es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.[43] En relación con la primera hipótesis, la Corte ha indicado que las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”[44]. Ello implica, que no se trate de una simple discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino que la misma ha de ser manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho. Igualmente, sobre este mismo tópico, la Sala Novena de Revisión en Sentencia T-079 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas) puntualizó que “la interpretación errada de una disposición jurídica constituye una transgresión evidente al principio de legalidad, parte esencial del derecho fundamental al debido proceso, y un desconocimiento de la obligación del juez de fallar dentro del imperio de la ley (es decir, del derecho)”. De otra parte, en relación a la segunda de las hipótesis, la Corte ha señalado que, sí bien en éste también se está en presencia de una afectación al principio de legalidad, su nota particular está dada “por una mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su resultado”[45]. Igualmente, ha indicado que “cuando la interpretación otorgada a la disposición legal es posible, pero contraviene el contenido constitucional aparejando la vulneración o el desconocimiento de los derechos fundamentales o preceptivas superiores, el juez constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales”[46]. Sin embargo, esta Corte ha explicado que es probable que en “algunas circunstancias concurran los dos motivos genéricos señalados y que la interpretación contraevidente de la ley comporte, así mismo, la vulneración de ciertos contenidos de la Constitución, que sean relevantes para el caso específico. Empero, los motivos referentes a la interpretación que dan lugar al defecto sustantivo son, en principio, independientes y, en consecuencia, no es indispensable que concurran para que sea viable hablar de defecto sustantivo derivado de la interpretación, pues pueden configurarse por separado, hipótesis en la cual, cada uno genera el anotado defecto sustantivo, sin necesidad de que se configure la otra causal”[47]. Finalmente, en cuanto a la carga de la prueba en este escenario jurisprudencial, es menester precisar que la Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2007 indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”. 6. Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional[48]. Esta Corporación ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio de la función judicial. En esta oportunidad, la Sala reiterará los principales elementos de esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces, y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de tutela.[49] En primer lugar, conviene recordar que desde la Sentencia SU-047 de 1999, la Corte expresó que una sentencia se compone de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum, (ii) las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi y (iii) los argumentos accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter dicta[50], y aclaró que sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo[51]. En segundo lugar, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia” y ha señalado que una sentencia antecedente es relevante para la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): “i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior). iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[52]. En relación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. En los apartados que siguen se expondrán los aspectos comunes para ambos tipos de sentencia y aquellos propios de cada clase de fallo, a partir de los cuales la Corte ha establecido que los jueces se encuentran vinculados a la jurisprudencia constitucional. Como aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la interpretación autorizada que hace la Corte como guardiana de la integridad y...