Sentencia T-560 de 2012

T-560-12 Sentencia T-560/12 ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE INDEXACION DE CESANTIAS YA CANCELADAS-Improcedencia ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE INDEXACION DE CESANTIAS-Procedencia excepcional por violación del derecho a la igualdad INDEXACION DE CESANTIAS Y TERMINO DE PRESCRIPCION INDEXACION DE CESANTIAS Y ACUERDOS DE RESTRUCTUIRACION DE PASIVOS ACCION DE TUTELA DE EXTRABAJADORES CONTRA ALCALDIA MUNICIPAL-Improcedencia en materia de indexación de cesantías parciales ya canceladas por existir otros medios de defensa judicial e inexistencia de perjuicio irremediable Referencia: expediente T-3407654 Acción de tutela instaurada por Luis Segundo Julio Morelo y otros contra la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú, Sucre. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Adrian Guillén Arango (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Promiscuo de Santiago de Tolú Sucre, en primera instancia, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, en segunda instancia, que resolvieron la acción de tutela promovida por Manuel Macea Gómez contra el Municipio de Santiago de Tolú. I. ANTECEDENTES Edgar Manuel Macea Gómez en representación de setenta y siete (77) ex trabajadores del Municipio de Santiago de Tolú, interpuso acción de tutela en contra de dicha entidad territorial, por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, pago oportuno de salarios, mínimo vital, derechos de los niños y a la vivienda digna de sus representados, al no reconocer la indexación de sus cesantías parciales. A continuación se sintetizan los fundamentos jurídicos y fácticos de la demanda, así como las intervenciones de las autoridades accionadas y los fallos objeto de revisión. 1. Hechos Las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo son las siguientes: 1.1. Cecilia Isabel Arrieta Benítez (CC 64.544.47), Nerly Beatriz Ayala Ortega (CC 64.920.905) Marcial Barbosa Licona (CC 984.724), Marisol Barbosa Pérez (CC 64.919.913), Bohanerges Antonio Cuadrado Ricardo (CC92.225.364), Mario Enrique Burgos Burgos (CC 92.228.333), Manuel Burgos Montes (CC 92.227.198), Olga Lucía Cabarcas Martínez (CC 64.920.407), Óscar Jairo Cabarcas Osuna (CC 92.225.491), Andrés José Camargo Beltrán (CC 64.571.816), José de Los Santos Campo Lareus (CC 4.019.909), José Concepción Cancio Herazo (CC 984.765), Isidora Cárdenas Agresot (CC 23.216.142), Liana Casas Pérez (CC 43.578.223), Jhon Javier Cedron Osuna (CC 92.225.167), Rosalba Cervantes Tous (CC 23.213.297), María Dionisia Correa González (CC 23.213.827), Rosa Amalia Cuadrado de la Cruz (CC 23.213.667), María Isabel Cuadrado Hernández (CC 64.920.309), Israel del Carmen Cuadrado Ozuna (CC 92.227.043), Gloria Paz Cueto Fonseca (CC 23.213.701), Yimmy Antonio De Ávila Flórez (CC 92.227.743), Fernando De la Rosa (CC 4.019.781), Margarita Escobar Correa (CC 64.920.890), Sara Luz Espinosa González (CC 64.919.754), Tomasa de Jesús García de Barrio (CC 23.213.393), Visitación de Jesús García de Martínez (CC 23.213.441), Martha Luz García Márquez (CC 64.919.822), Rafael García Sotomayor (CC 92.225.068), Martha Irene Gómez Bassa (CC 64.920.327), Estella del Carmen González de Polo (CC 23.212.438), Jorge Emiro González Herazo (CC 92.226.055), Zaida Herazo Caraballo (CC 33.169.296), Jarinson Hernández Campo (CC 92.227.911), Erley del Carmen Hernández Morelo (CC 23.214.660), Miguel Ángel Hernández Padilla (CC 4.019.915), Rubilda Antonia Hernández Sánchez (CC 23.214.031), Martha Luz Herrera Morelo (CC 23.187.134), Fanny del Rosario Iriarte Rosa (CC 23.213.608), María Julio Hernández (CC 64.919.692), Luis Segundo Julio Morelo (CC 9.041.945), Eucaris López de Díaz (CC 23.121.142), María Isabel Marmolejo Martínez (CC 64.920.443), Mirle del Carmen Márquez Tous (CC 23.213.773), Olga Martínez Bertel (CC 23.213.124), Isidoro Martínez Yepes (CC 987.130), Maury José Medrano Martínez (CC 92.228.160), Mirna de Jesús Mercado Chaguey (CC 45.458.256), Deris de Jesús Meza Mendoza (CC 64.920.667), Leonor Morelo Polo (CC 23.213.581), Maira Morelo Ricardo (CC 23.214.683), Omaira Moreno Calderón (CC 64.571.186), José Dolores Olivo Morelos (CC 92.226.063), Cecilia Isabel Ozuna Sierra (CC 23.214.240), Beatriz Padilla García (CC 33.167.674), Yoryanis del Rosario Patrón Altamiranda (CC 64.553.195), Minerva Andrea Pérez García (CC 23.214.296), Felipe Alfonso Pérez Gómez (CC 92.226.585), Eddy Margarita Ramírez Otero (CC 37.251.551), Gamilda Sierra Bravo (CC 23.214.989), Hilario Sierra González (CC 4.019.970), Adalberto Segundo Silgado Martínez (CC 92.226.206), José Pedro Solar Benítez (CC 92.226.506), Mary Luz Solar de Benedetti (CC 23.214.821), Martha Lucía Sotomayor Toscano (CC 64.919.987), Judith María Torres de Herazo (CC 23.214.255), Néstor Torres Villalobos (CC 4.019.382), María Eugenia Toscano Padilla (CC 64.921.044), Miguel Ignacio Tous Chaverra (CC 92.225.399), Hernán Tous De La Rosa (CC 92.225.523), Carlos SegundoTous Ricardo (CC 4.019.988), Alba María Uribe Ovalle (CC 23.214.157), Alirio Armando Vervel Vergara (CC 92.225.951), Indulfo Villero Anaya (CC 984.500), José Josmer Zamudio Vega (CC 92.226.966), Carlos Zúñiga Rodríguez (CC 983.954) y Miladys Zúñiga Romero (CC 64.919.577), estuvieron vinculados a la planta administrativa de la Alcaldía de Santiago de Tolú, en su mayoría a partir del año de 1987, y fueron desvinculados en los años de 1998, 2000, 2002 y 2006. 1.2. En aplicación del derecho a la igualdad, los actores reclaman a la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú la indexación de sus cesantías parciales desde el año que se vincularon a la administración municipal, tal y como se ordenó en el fallo de tutela del 25 de junio de 2009,[1] proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tolú, Coveñas, Sucre, confirmado en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, el 6 de agosto de 2009.[2] En esta providencia se reconoció a varios trabajadores activos[3] del Municipio de Santiago Tolú la liquidación de las cesantías parciales debidamente indexadas. Los actores consideran que se les debe aplicar por extensión la anterior sentencia, en cumplimiento del derecho a la igualdad, de los principios de economía procesal y celeridad, y de los precedentes judiciales relativos a los derechos invocados en la presente acción de tutela. 1.3. El Alcalde de Santiago de Tolú dio respuesta negativa a los diferentes requerimientos con fundamento en la inexistencia de obligaciones pendientes de pago a favor de los solicitantes. A su vez, manifestó que si en gracia de discusión, los actores hubieran tenido derecho al reconocimiento de sus cesantías parciales indexadas, éste ya había prescrito. Por último, y en referencia al derecho a la igualdad, consideró que la situación de los peticionarios no se equiparaba con la de aquellos favorecidos con el fallo de tutela por ellos citado, en tanto que los primeros estaban desvinculados de la administración municipal mientras que los segundos obtuvieron el pago de las cesantías parciales en razón a su calidad de trabajadores activos.[4] 2. Solicitud de tutela El apoderado de los accionantes sostiene que la decisión del Municipio de Santiago de Tolú afecta gravemente los derechos fundamentales de sus representados, por cuanto se encuentran en una difícil situación económica y algunos de ellos no cuentan con vivienda propia. Por lo anterior, solicita al juez de tutela ordenar al Municipio de Santiago de Tolú (i) reliquidar y pagar las cesantías parciales a favor de sus poderdantes; y (ii) pagar la indexación y la sanción moratoria originada por la demora en el pago, en la misma forma en que se les reconoció a las personas relacionadas en el fallo de tutela del 25 de junio de 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tolú, Sucre, confirmado en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo el 6 de agosto de 2009, en aplicación extensiva del derecho a la igualdad. 3. Respuesta del Municipio de Santiago de Tolú a la acción de tutela El Alcalde Municipal de Santiago de Tolú intervino para solicitar la improcedencia de la acción de tutela,[5] debido a que no cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Señaló que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales, particularmente en materia de cesantías, puesto que los conflictos sobre derechos litigiosos de naturaleza legal se resuelven por la justicia ordinaria laboral o por la contencioso administrativa según sea la naturaleza de la vinculación (trabajador oficial o empleado público). La acción de tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio, al cual acudan las personas cuando dejaron de ejercer las acciones correspondientes para reclamar sus pretensiones dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Además, sostuvo que los actores no podían reclamar la reliquidación y pago de cesantías parciales, debido a que fueron desvinculados de la administración municipal cancelándoseles las cesantías definitivas por retiro del servicio. Finalmente expresó que las personas citadas como punto de referencia para invocar el desconocimiento del derecho a la igualdad, son empleados de planta del municipio de Santiago de Tolú, con régimen retroactivo de cesantías, circunstancias disimiles a la de los actores de la acción de tutela, cuya relación laboral ya finalizó. De manera que no se puede aducir la violación del derecho a la igualdad entre quienes se encuentran en situaciones diferentes. 4. Decisiones de instancia bajo revisión 4.1. Primera instancia El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Sucre, mediante sentencia del 15 de julio de 2011, declaró la improcedencia del amparo solicitado. Para llegar a esta decisión el juez de primera instancia analizó las causales de procedencia de la acción de tutela, y concluyó que las pruebas aportadas por el apoderado de los accionantes no brindaban certeza de que estos se encontraran en una situación apremiante que les impidiera acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, de manera que no se encontraba acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. Respecto del derecho a la igualdad, consideró que el fallo de tutela que fundamentó la solicitud de los demandantes, no se adecúa a las circunstancias de su situación particular, en la medida en que se encontraba acreditada la desvinculación de los accionantes como empleados del ente territorial, y por tanto mal podría hablarse de una igualdad entre los hoy tutelantes y los accionantes del fallo de tutela invocado (No. 2009-00094-00 del 25 de junio de 2009, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tolú, Coveñas, Sucre), quienes si mantienen su vínculo laboral con el Municipio. Por último, manifestó que los demandantes no tenían derecho al pago de las cesantías parciales por cuanto al momento de su desvinculación se les había cancelado las cesantías definitivas. 4.2. Impugnación El apoderado de los actores solicitó la revocatoria de la decisión y, en su lugar, conceder el amparo deprecado. Argumentó que el fallo de tutela en que basa su solicitud se ajusta totalmente a la situación de sus representados, en su mayoría mujeres cabeza de familia, quienes se encuentran en grave situación económica, circunstancia que exige la inmediata intervención del juez de tutela encaminada a evitar un perjuicio irremediable, frente al cual los mecanismos judiciales ordinarios no resultan efectivos. 4.3. Segunda instancia El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo mediante fallo del 29 de septiembre de 2011, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar concedió la protección solicitada ordenando a la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú la revisión de los pagos realizados a favor de cada uno de los demandantes por concepto de cesantías parciales, para así determinar si dicha liquidación se llevo a cabo en debida forma. El Juzgado consideró que en el presente caso, la acción de tutela era procedente en la medida en que se encontraba probada la afectación del mínimo vital de los accionantes, quienes carecen de un ingreso diferente al de su salario. Señaló que a pesar que los actores cuentan con la vía del proceso laboral ordinario para reclamar sus acreencias laborales, debido a su condición de madres cabeza de familia y personas de la tercera edad, cuyo mínimo vital se encuentra afectado, su estado de indefensión y vulnerabilidad hace que los medios ordinarios de defensa no resulten lo suficientemente expeditos para remediar su situación. Consideró que los demandantes lograron demostrar que la Alcaldía de Santiago de Tolú les adeuda las cesantías y demás prestaciones sociales requeridas, que nunca les respondió en forma clara sus peticiones y que seleccionaron acertadamente el mecanismo judicial porque la vía ordinaria resulta dispendiosa y tardía, privando a los actores de la posibilidad de cubrir los gastos familiares, principalmente los relativos a alimentación y educación como lo hacían cuando estaban vinculados con el municipio. 5. Pruebas que obran en el expediente 5.1. Certificaciones laborales de 51 de los 77 actores. Presentaron 10 certificaciones adicionales repetidas (folios 92 a 153, cuaderno No. 1). 5.2. Certificaciones expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en las que se hace constar que en los archivos catastrales no se encontró inscripción a nombre de 24 de los 77 actores (folios 154 a 189 cuaderno No. 2). 5.3. Copia de la respuesta dada por la Alcaldía de Santiago de Tolú a un derecho de petición formulado por los actores (folios 190-206, 215-222). 5.4. Respuesta recurso de reposición contra las respuestas a los derechos de petición de fechas 2 de noviembre de 2010 y 23 de noviembre de 2010, (folios 207-214). 5.4 Copia del fallo de tutela de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú el 25 de junio de 2009 con radicado No. 2009-0094-00 (folios 223-230). 5.5. Copia del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo de fecha 6 de agosto de 2009 (folios 231-238). 5.6. Copia del comunicado mediante el cual la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú emite el concepto de los factores a liquidar para el reconocimiento y pago de las cesantías (folios 242-249). 5.7. Declaración extra proceso donde 41 de los 77 actores manifiestan su estado civil, las personas que dependen de ellos y la condición laboral actual (folios 250-291). 5.8. Letras de cambio, créditos y deudas de 25 de los 77 actores adquiridos principalmente entre los años 2009 a 2011, en su mayoría letras de cambio (folios 7 a 91). 6. Actuación en sede de revisión 6.1. Pruebas solicitadas Esta Sala de Revisión, mediante Auto del 11 de mayo de 2012, ordenó a la Secretaría General de la Corte, solicitar al Alcalde Municipal de Tolú, Sucre, la remisión de la siguiente información: (i) Certifique la fecha de ingreso y retiro de la administración municipal de cada uno de los actores que figuran el anexo adjunto, señalando el tipo de vinculación de cada uno y el régimen de cesantías aplicable. (ii) Copia de las resoluciones de reconocimiento y pago de las cesantías a que tuvieron derecho durante el periodo o periodos en que estuvieron vinculados a la administración municipal. (iii) Copia de los actos de reconocimiento de las cesantías para cada uno de los actores que figuran en el cuadro anexo y constancia de las fechas de pago efectivo de las mismas. (iv) Certifique la fecha en que el municipio Santiago de Tolú se acogió al proceso de reestructuración de pasivos previsto en la Ley 550 de 1999 y si los sumas adeudadas a los actores que figuran en el cuadro anexo fueron incluidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos. (v) Certifique si los actores agotaron la vía gubernativa en relación con las resoluciones en las que se les reconocieron los pagos de las cesantías adeudadas y el sentido en que fueron decididos. Enviar copia de los recursos interpuestos y de las decisiones respectivas. (vi) Certifique si los actores acudieron a la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa, para hacer efectivo el pago de las cesantías que demandan. En caso afirmativo enviar copia de las decisiones correspondientes. Si los procesos se encuentran en curso, certificar el estado actual de los mismos. 6.2. Pruebas aportadas al proceso de revisión De manera extemporánea e incompleta la Alcaldía envío el siguiente material probatorio: (i) Certificación de la fecha de ingreso y retiro de la administración municipal de 76 de los 77 actores, cargo desempeñado y régimen de cesantías aplicable. (ii) Copia de las resoluciones de reconocimiento y pago de las cesantías de 68 actores. (iii) Certificación expedida por la Tesorería Municipal de Santiago de Tolú respecto de la cancelación de cesantías a favor de 75 actores. Sin embargo, en un número significativo de los casos no da cuenta de la fecha precisa en que se efectúo el pago de las cesantías reconocidas. (iv) Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal en la que consta la fecha en que el municipio se acogió al proceso de reestructuración de pasivos. (v) Relación de los actores que acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar el pago de la sanción moratoria (10 de 77). En el cuadro siguiente se puede apreciar el estado de la información en relación con la fecha de desvinculación de los actores.[6] FECHA DESVINCULACIÓN DEFINITIVA ACTOR 1984 De la Rosa Barbosa Luis Fernando 1986 Cancio Herazo José Concepción 1989 Cedrón Osuna Jhon Javier 1992 Hernández Morelo Erley del Carmen Olivo Morelo José Dolores Sierra Bravo Gamilda María 1993 Martínez Yepes Isidoro Manuel 1994 Arrieta Benítez Cecilia Isabel Cabarcas Ozuna Óscar Jairo García Sotomayor Rafael 1995 Cabarcas Martínez Olga Lucía 1996 Ayala Ortega Nerly Beatriz Barbosa Pérez Marisol Tous Chaverra Miguel Ignacio 1997 Camargo Beltrán Andrés José Cervantes Tous Rosalba Cuadrado Ricardo Bohanerges Antonio Hernández Padilla Miguel Ángel Herrera Morelo Martha Luz Tous Ricardo Carlos Segundo 1998 Barbosa Licona Marcial Cuadrado de la Cruz Rosa Amalia Cuadrado Hernández María Isabel Cuadrado Ozuna Israel Segundo Cueto Fonseca Gloria Paz Escobar Correa Margarita García de Berrío Tomasa de Jesús García de Martínez Visitación de Jesús Gómez Bassa Martha Irene González de Polo Estella del Carmen Hernández Campo Jarinso López de Díaz Eucaris Mercado Chaguey Mirna de Jesús Morelo Ricardo Maira Ozuna Sierra Cecilia Isabel Silgado Martínez Adalberto Segundo Tous de La Rosa Hernán Villero Anaya Indulfo Zamudio Vega José Josmer Zúñiga Rodríguez Carlos 1999 Moreno Calderón Omaira Ramírez Otero Eddy Margarita Toscano Padilla María Eugenia Vervel Vergara Alirio Armando 2000 Campo Lareus José de los Santos Espinosa González Sara Luz García Márquez Martha Luz Herazo Caraballo Zaida Esther Julio Hernández María Julio Morelo Luis Segundo Medrano Martínez Maury José Zúñiga Romero Miladys 2001 Burgos Montes Manuel Cárdenas Agresot Isidora Casas Pérez Liana De Ávila Flórez Yimmy Antonio González Herazo Jorge Emiro Hernández Sánchez Rubilda Antonia Iriarte Rosa Fanny del Rosario Marmolejo Martínez María Isabel Márquez Tous Mirle del Carmen Meza Mendoza Deris de Jesús Pérez García Minerva Andrea Salas de Benedetti Mary Luz Solar Benítez José Pedro Sotomayor Toscano Martha Alicia Torres de Herazo Judith María Torres Villalobos Néstor Uribe Ovalle Alba María 2002 Correa González María Dionisia Martínez Bertel Olga del Carmen Morelo Polo Leonor del Socorro Padilla García Beatriz 2004 Sierra González Hilario 2008 Patrón Altamiranda Yoryanis del Rosario Pérez Gómez Felipe Alfonso Respecto al pago de las cesantías sobre las cuales se reclama la indexación, la situación de pago efectivo de cada uno de los demandantes es la siguiente: ACTOR FECHA PAGO EFECTIVO CESANTÍAS Arrieta Benítez Cecilia Isabel 7 de agosto de 2007 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 182 cuaderno de pruebas Ayala Ortega Nerly Beatriz Sin fecha Folio 175, cuaderno de pruebas Barbosa Licona Marcial Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Barbosa Pérez Marisol Sin fecha Folio 174, cuaderno de pruebas Burgos Burgos Mario Enrique Sin información Burgos Montes Manuel Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Cabarcas Martínez Olga Lucía 23 de julio de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 275, cuaderno de pruebas 30 de diciembre de 2003 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 269, cuaderno de pruebas 10 de octubre de 1999 Folios 272-274, cuaderno de pruebas 15 de junio de 1993 Folios 279-280, cuaderno de pruebas Cabarcas Ozuna Óscar Jairo 23 de agosto de 2006 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 269, cuaderno de pruebas Camargo Beltrán Andrés José Sin fecha Folio 169, cuaderno de Pruebas Campo Lareus José de Los Santos 15 de noviembre de 2001 Folio 203, cuaderno de pruebas Cancio Herazo José Concepción Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Cárdenas Agresot Isidora Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Casas Pérez Liana 28 de enero de 2005 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 217, cuaderno de pruebas Cedrón Osuna Jhon Javier Sin fecha Folio 221, cuaderno de pruebas Cervantes Tous Rosalba Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas Correa González María Dionisia Sin fecha Folio 174, cuaderno de pruebas Cuadrado de la Cruz Rosa Amalia Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas Cuadrado Hernández María Isabel Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Cuadrado Ozuna Israel Segundo Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Cuadrado Ricardo Bohanerges Antonio 3 de agosto de 2000 A través de proceso ejecutivo y acción de tutela Folio 169, cuaderno de pruebas Cueto Fonseca Gloria Paz 30 de diciembre de 2003 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 195, cuaderno de pruebas 19 de octubre de 1999 Folio 196, cuaderno de pruebas De Ávila Flórez Yimmy Antonio 28 de enero de 2002 Folio 213, cuaderno de pruebas De la Rosa Barbosa Luis Fernando Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Escobar Correa Margarita 4 de agosto de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 239, cuaderno de pruebas Espinosa González Sara Luz Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas García de Berrío Tomasa de Jesús Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas García de Martínez Visitación de Jesús 10 de marzo de 2010 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 176, cuaderno de pruebas García Márquez Martha Luz 06 de febrero de 2002 Folio 247, cuaderno de pruebas García Sotomayor Rafael Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas Gómez Bassa Martha Irene Diciembre de 1999 Folio 174, cuaderno de pruebas González de Polo Estella del Carmen Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas González Herazo Jorge Emiro Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Herazo Caraballo Zaida Esther 30 de diciembre de 2001 Folio 296, cuaderno de pruebas 09 de agosto de 1999 Folio 297, cuaderno de pruebas Hernández Campo Jarinso Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas Hernández Morelo Erley del Carmen Sin fecha Folio 170, cuaderno de pruebas Hernández Padilla Miguel Ángel Sin fecha Folio 175, cuaderno de pruebas Hernández Sánchez Rubilda Antonia Sin fecha Folio 176, cuaderno de pruebas Herrera Morelo Martha Luz Sin fecha Folio 174, cuaderno de pruebas Iriarte Rosa Fanny del Rosario Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas Julio Hernández María Sin fecha Folio 174, cuaderno de pruebas Julio Morelo Luis Segundo 4 de marzo de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 224, cuaderno de pruebas. López de Díaz Eucaris Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas Marmolejo Martínez María Isabel Sin fecha Folio 174, cuaderno de pruebas Márquez Tous Mirle del Carmen Marzo, junio y agosto de 2000 Folio 175, cuaderno de pruebas Martínez Bertel Olga del Carmen 12 de noviembre de 2002 A través de la Tesorería Municipal Folio 282, cuaderno de pruebas Martínez Yepes Isidoro Manuel Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Medrano Martínez Maury José 19 de octubre de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 255, cuaderno de pruebas 18 de mayo de 2001 Folio 257, cuaderno de pruebas Mercado Chaguey Mirna de Jesús Sin fecha Folio 175, cuaderno de pruebas Meza Mendoza Deris de Jesús 30 de diciembre de 2002 A través de la Tesorería Municipal Folio 189, cuaderno de pruebas Morelo Polo Leonor del Socorro Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Morelo Ricardo Maira Sin fecha Folio 173, cuaderno de pruebas Moreno Calderón Omaira Sin fecha Folio 176 , cuaderno de pruebas Olivo Morelo José Dolores 30 de diciembre de 2003 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folios 205, cuaderno de pruebas Ozuna Sierra Cecilia Isabel Sin fecha Folio 170, cuaderno de pruebas Padilla García Beatriz 12 de noviembre de 2002 Folio 169 y 178, cuaderno de pruebas Patrón Altamiranda Yoryanis del Rosario 31 de agosto de 2007 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folios 286-287, cuaderno de pruebas 18 de julio de 2007 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 289, cuaderno de pruebas 28 de diciembre de 1999 Folios 284-285, cuaderno de pruebas Pérez García Minerva Andrea 6 de marzo de 2002 Folio 264, cuaderno de pruebas Pérez Gómez Felipe Alfonso Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas Ramírez Otero Eddy Margarita Sin fecha Folio 170, cuaderno de pruebas Salas de Benedetti Mary Luz 16 de abril de 2002 Folios 252-254, cuaderno de pruebas Sierra Bravo Gamilda María 30 de diciembre de 2003 Folio 192, cuaderno de pruebas 21 de agosto de 1997 Folio 100, cuaderno de pruebas Sierra González Hilario 13 de octubre de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 200, cuaderno de pruebas Silgado Martínez Adalberto Segundo Sin fecha Folio 169, cuaderno de pruebas Solar Benítez José Pedro 24 de octubre de 1997 Folio 195, cuaderno No. 2 Sotomayor Toscano Martha Alicia 13 de noviembre de 1998 Folio 249, cuaderno de pruebas Torres de Herazo Judith María 19 de marzo de 2002 Folio 214, cuaderno de pruebas Torres Villalobos Néstor 8 de marzo de 2002 Folio 266, cuaderno de pruebas Toscano Padilla María Eugenia 28 de octubre de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 234, cuaderno de pruebas Tous Chaverra Miguel Ignacio 4 de marzo de 2004 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 196, cuaderno No. 2 30 de diciembre de 2003 Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 Folio 260, cuaderno de pruebas Tous de La Rosa Hernán Sin fecha Folio 171, cuaderno de pruebas Tous Ricardo Carlos Segundo Sin fecha Folio 170, cuaderno de pruebas Uribe Ovalle Alba María Sin fecha Folio 169, cuaderno de pruebas Vervel Vergara Alirio Armando 18 de marzo de 1998 Folio 169, cuaderno de pruebas Villero Anaya Indulfo Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Zamudio Vega José Josmer Sin fecha Folio 172, cuaderno de pruebas Zúñiga Rodríguez Carlos Sin fecha Folio 170, cuaderno de pruebas Zúñiga Romero Miladys 22 de octubre de 1999 Folio 261, cuaderno de pruebas II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las anteriores decisiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico Corresponde a la Sala Primera de Revisión determinar si es procedente la acción de tutela para obtener la indexación o actualización de las sumas canceladas por las cesantías parciales entre los años de 1993 y 2007, a algunos empleados del Municipio de Santiago de Tolú. Ello, con el fin de de evitar un perjuicio irremediable consistente en la afectación de sus derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna, dada la precaria situación económica en que se encuentran, tales ex-empleados, según anotan. Para resolver este asunto, la Corte recordará brevemente las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, y las aplicará al caso concreto. 3. Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y su aplicación al caso concreto 3.1. Línea jurisprudencial aplicable La Corte ha señalado de manera reiterada que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el reconocimiento de acreencias laborales, cuando existan medios ordinarios idóneos para tramitar dichos asuntos,[7] no se evidencie la vulneración de un derecho fundamental,[8] o cuando no se haya interpuesto para evitar un perjuicio irremediable.[9] Para esta Corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos,[10] la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.[11] Para determinar si la acción de tutela es procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales.[12] En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.[13] Cuando lo que se alega como perjuicio irremediable es la afectación del mínimo vital, la Corte ha señalado que si bien en casos excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna acreencia laboral, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basan sus pretensiones.[14] En este evento, la Corte analiza las circunstancias concretas en cada caso,[15] teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad de la persona que alega la vulneración del mínimo vital, el tiempo durante el cual se ha afectado supuestamente ese derecho, el tipo de pago reclamado y el término que deberá esperar para que la acción ordinaria a través de la cual puede reclamar el pago de sus acreencias laborales llegue a su fin. Específicamente, en los eventos en que se ha tratado de obtener por vía de la acción de tutela exclusivamente el pago de la indexación de cesantías que ya han sido canceladas a los actores, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la tutela por este concepto no está llamada a prosperar puesto que no es la vía para discutir la simple actualización del dinero causada por el retardo en el pago de obligaciones ya reconocidas. La indexación de cesantías sólo se ha concedido en esta sede, cuando va unida a una petición de carácter laboral que a su vez cumple con las exigencias excepcionales para ser evacuada por vía de tutela.[16] Esta situación se ha presentado cuando se trata de cesantías no satisfechas, debido a la discriminación presentada en el pago de las mismas, donde la indexación va ligada a ellas. Ha sido el caso de acciones de tutela iniciadas por funcionarios judiciales en los que la Corte ha señalado que la tutela no es el mecanismo idóneo para hacer efectivo pagos de esta naturaleza. Sin embargo, ha aceptado su procedencia en razón a la violación del derecho a la igualdad, dado el trato discriminatorio del cual son objeto empleados que permanecieron bajo el antiguo régimen prestacional de cesantías.[17] En estos casos, la falta de pago de una prestación social no es lo que lleva a conceder la tutela sino “la violación ostensible del debido equilibrio entre individuos que se encuentran en las mismas circunstancias”.[18] Sobre el particular se ha pronunciado la Corte en los siguientes términos: “En los expedientes analizados por ésta Sala de Revisión, el argumento esgrimido por los demandantes para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, se concreta al trato discriminatorio del cual vienen siendo objeto, en la medida en que permanecieron bajo el antiguo régimen de cesantías, lo que ha traído consigo la mora injustificada en la cancelación de sus cesantías parciales, prestación a la cual acceden con mayor prontitud aquellos trabajadores que escogieron el nuevo régimen señalado para tal prestación laboral. Es evidente por lo tanto, que lo solicitado por los petentes en las acciones de tutela objeto de revisión, no se concreta única y exclusivamente a obtener el pago de las cesantías a ellos ya reconocidas, sino también, a lograr la protección de su derecho a la igualdad, en virtud del trato discriminatorio al cual han sido sometidos por mantenerse bajo el antiguo régimen prestacional. Ya la Corte, en casos similares a los que son objeto de revisión en ésta sentencia,[19] manifestó que la protección solicitada es procedente en razón de la violación del derecho a la igualdad, como acaba de explicarse, y no en consideración a la petición de una prestación laboral. Sobre el particular la Corte en la sentencia T-175 de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, dijo: En el caso sub-examine debe resaltarse, además, que, si bien los interesados persiguen el pago de sus cesantías parciales, no es este el objeto central de las acciones de tutela. La razón básica de sus demandas tiene que ver en realidad con la violación del derecho fundamental a la igualdad a raíz de las diferencias de trato existentes entre los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al nuevo régimen contenido en los decretos 57 y 110 de 1993 y los que siguieron bajo las normas anteriores, en materia del pago de cesantías parciales. En efecto, como lo manifestaron en sus escritos, mientras a los del nuevo régimen se les está cancelando sus cesantías parciales máximo en un mes después de haberlas solicitado, los del antiguo sistema fácilmente tienen que esperar varios años para lograr el pago. Esta discriminación resulta odiosa pues no puede aceptarse que ante la ley y en las mismas circunstancias, existan trabajadores tratados peyorativamente y perjudicados desde el punto de vista económico sin razón válida alguna, tan sólo como consecuencia de haber optado por un régimen legal diferente”.[20] Se ha considerado, entonces, viable el amparo cuando a la reclamación de cesantías reconocidas y no pagadas se asocia la exigencia simultánea de indexación, pero esencialmente por vulneración del derecho a la igualdad y trato discriminatorio otorgado a ciertos empleados en razón al régimen al cual pertenecen.[21] En ningún caso, cuando lo que se persigue es la cancelación exclusiva de sumas de dinero, sin haberse acreditado el perjuicio requerido para la procedencia de la acción. Precisada la doctrina sobre procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la indexación de cesantías, pasa la Sala a aplicarla en los casos concretos. 3.2. La inexistencia de un perjuicio irremediable hace improcedente la acción de tutela A partir del material probatorio que obra en el expediente la Sala llega a las siguientes conclusiones: (i) Los accionantes tuvieron un vínculo laboral con el Municipio de Santiago de Tolú en diferentes periodos de tiempo comprendidos entre los años de 1984 y 2008, como se observa en el cuadro en que constan las fechas de terminación de dicha vinculación que se presentó en el apartado correspondiente al material probatorio de esta providencia. De manera que a la fecha de admisión de la acción de tutela que se examina, el 28 de junio de 2011,[22] ninguno de los actores tenía una relación laboral vigente con el municipio de Santiago de Tolú. (ii) Los accionantes recibieron el pago de sus cesantías parciales al parecer tardíamente y acuden al juez de tutela para que se repare el perjuicio ocasionado por la depreciación del dinero (indexación[23]). Sin embargo, no aportaron a la acción de tutela los documentos que permitieran determinar el momento en que se hizo el reconocimiento de sus cesantías parciales por parte de la administración municipal, ni la fecha exacta en que recibieron las sumas de dinero cuya indexación pretenden. La documentación faltante fue solicitada a la Alcaldía de Santiago de Tolú por la Sala de Revisión, pero la misma fue enviada en forma incompleta. (iii) A pesar que en un número significativo de los casos no se tiene certeza sobre la fecha exacta en que fueron pagadas las cesantías parciales cuya indexación se reclama, de los hechos narrados por el apoderado de los actores en la acción de tutela y en la impugnación al fallo de primera instancia, así como en la contestación de la tutela por parte de la administración municipal, resulta factible deducir que los pagos fueron realizados, en la mayoría de los casos antes del año 2009, fecha en la que se profirió la sentencia en que sustentan la vulneración de su derecho a la igualdad, y que lo que se pretende con la presente acción es la simple actualización de las sumas de dinero ya canceladas.[24] (iv) El municipio de Santiago de Tolú firmó un acuerdo de reestructuración de pasivos con sus acreedores el 2 de agosto de 2002, proceso que culminó el 28 de octubre de 2010. Este proceso fue registrado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 167 del 9 de agosto de 2002 y modificado el 9 de febrero de 2010. La modificación fue registrada el 25 de abril de 2010 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las acreencias que hicieron parte del acuerdo de reestructuración de pasivos debieron someterse a lo negociado y acordado en dicho proceso en cuanto a cuantías y plazos de cancelación, sin perder de vista que por su carácter laboral gozaban de preferencia para su pago, al igual que los créditos laborales causados con posterioridad al inicio de la negociación. Los acreedores de una entidad en proceso de reestructuración de pasivos deben someterse estrictamente a lo pactado en el acuerdo de reestructuración y en el que suscribió el municipio con sus acreedores se estipuló expresamente que las sumas de dinero que sufragaría en cumplimiento de lo pactado, no se pagarían indexadas, ni se reconocerían intereses sobre las mismas. (v) Los actores no recurrieron a los mecanismos de defensa judicial, según se trate de trabajadores oficiales o de empleados públicos, para obtener el reconocimiento solicitado, pese a que según la naturaleza de su vinculación tienen la posibilidad de iniciar un proceso ante la justicia ordinaria (trabajadores oficiales), o a la justicia contencioso administrativa (empleados públicos), o al procedimiento verbal sumario de única instancia, ante la Superintendencia de Sociedades, previsto en la Ley 550 de 1999 para resolver las controversias originadas en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes en el desarrollo de los acuerdos de reestructuración de pasivos. (vi) La sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tolú el 25 de junio de 2009, que los accionantes invocan como fundamento de la violación del derecho a la igualdad, tiene lugar con ocasión de hechos diferentes, puesto que se trata de actores vinculados a la administración municipal en el momento en que fue interpuesta, a los cuales no se les había cancelado aún las cesantías parciales, y su reclamo estaba dirigido al pago de las mismas junto con los intereses moratorios y actualizaciones a que hubiese lugar. Dentro de este contexto, los actores manifiestan en la impugnación a la acción de tutela que los mecanismos de defensa ordinarios no son eficaces debido a la afectación de su mínimo vital, dada la situación económica apremiante en que se encuentran. Asimismo, afirman estar desempleados, con personas a cargo, no tener vivienda propia, y haber adquirido deudas que están en la imposibilidad de cancelar. Sin embargo, para la Sala no es posible deducir la existencia de un nexo de causalidad entre la situación económica apremiante aducida por los actores y la negativa de la administración municipal a indexar cesantías parciales que ya fueron canceladas. En efecto, los actores reclaman la actualización o indexación de sumas de dinero que al parecer fueron canceladas, antes del 25 de junio de 2009, puesto que en esta fecha se expide el fallo de tutela que invocan como fundamento de la vulneración de su derecho a la igualdad. Si los pagos se efectuaron antes de la fecha mencionada y la acción de tutela fue interpuesta en junio de 2011 el paso excesivo del tiempo resulta evidente, desconocimiento del requisito de inmediatez, y con ello, se desvirtúa la afectación de los derechos fundamentales invocados. Incluso, en el único evento en que el pago fue posterior, marzo 10 de 2010 (Visitación de Jesús García de Martínez) transcurrió más de un año antes de que la actora acudiera al amparo constitucional, sin que aporte ningún elemento que justifique su tardanza. En esa medida, las sumas reclamadas no estarían relacionadas directamente con la subsistencia de los actores. Si esto no fuera así, indudablemente habrían buscado la protección de los derechos fundamentales que consideran vulnerados con la urgencia y prontitud que demanda el perjuicio que ahora reclaman. A pesar que la afectación al mínimo vital puede llegar a presumirse cuando se prolonga en el tiempo la cancelación de salarios y prestaciones laborales, dicha presunción se desvirtúa cuando los actores no actúan con la urgencia y prontitud que demanda el perjuicio a que se refiere el inciso 3 del Artículo 86 de la Constitución Política.[25] En consecuencia, la inactividad de los demandantes para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales permite concluir que no se encuentran inmersos en circunstancias especialmente apremiantes que configuren un perjuicio irremediable y que justifiquen la omisión de acudir ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa, según la naturaleza del empleo, para lograr el pago de la indexación de cesantías que ya fueron canceladas a los trabajadores. Adicionalmente, la Sala debe reiterar que el uso del amparo cuando existen mecanismos ordinarios efectivos, desconoce que la acción de tutela no ha sido instituida como medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales y los diversos ámbitos de competencia de los jueces. Igualmente, que tampoco se trata de una instancia adicional a las existentes, puesto que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.[26] Para la Corporación, quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Apelar a la tutela, como si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal no resulta factible.[27] Incluso, la Corte ha señalado que no es posible invocar un perjuicio irremediable por quien teniendo a su disposición mecanismos ordinarios de protección no los utiliza o que pudiendo evitarlo los deja caducar. En efecto, “Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.”[28] En el caso que se revisa, los ex trabajadores del municipio de Santiago de Tolú tuvieron la oportunidad de acudir, según la naturaleza del empleo -trabajadores oficiales o servidores públicos-, bien sea, a la jurisdicción ordinaria laboral o a la contencioso administrativa, respectivamente, para controvertir los actos por medio de los cuales se les negó la indexación de las cesantías parciales. Estas instancias, de conformidad con la información que obra en el expediente, no fueron agotadas en su oportunidad. En efecto, mientras las acciones correspondientes a los derechos regulados en el Código Sustantivo del Trabajo prescriben en tres años, contados a partir del momento en que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales;[29] la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tenía para la época, un término de caducidad de cuatro meses contados a partir de la notificación, publicación o ejecución del acto definitivo.[30] A pesar que la Ley 550 de 1999[31] prevé el procedimiento verbal sumario de única instancia, ante la Superintendencia de Sociedades para resolver las controversias originadas en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes en el desarrollo de los acuerdos de reestructuración de pasivos, no se puede desconocer que en esta misma ley se excluyó la posibilidad de pagar sumas indexadas o el reconocimiento de intereses sobre las sumas adeudadas.[32] Cabe precisar que aunque algunos actores acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa, lo hicieron a efectos de obtener el pago de la indemnización por sanción moratoria, pretensión que es distinta de la que ahora se persigue.[33] Con la primera, se resarce el perjuicio causado por la mora en el pago, con la segunda, se resarce el perjuicio ocasionado por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria para sostener su valor real. Finalmente, tampoco se cumplen las condiciones exigidas por la Corte cuando excepcionalmente ha concedido el amparo en materia de cesantías, a saber, que se trate de cesantías insatisfechas o no pagadas (i) debido a un factor de discriminación (ii), en las que la indexación va ligada a ellas. En efecto, en los casos que se analizan en esta oportunidad, las cesantías fueron pagadas como lo reconocen los mismos actores en la acción de tutela y en la impugnación al fallo de primera instancia que considera improcedente la acción; se persigue exclusivamente la actualización de las sumas ya canceladas y, por último, no se está ante la hipótesis que ha suscitado el amparo constitucional en otras oportunidades, consistente en que el pago de las cesantías parciales no se efectúo respecto de actores que se encuentran en las mismas circunstancias, debido a la aplicación de un factor de discriminación laboral que vulnera el derecho a la igualdad. Así las cosas, (i) al no haberse acreditado la configuración de un perjuicio irremediable en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional; (ii) al no haberse recurrido al mecanismo judicial ordinario establecido en la ley; y (iii) al no haberse cumplido las condiciones exigidas por la Corte cuando excepcionalmente ha concedido el amparo en materia de cesantías parciales, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo solicitado, y por tanto, a revocar el fallo de segunda instancia que tuteló los derechos invocados, y a confirmar el fallo de primera instancia que declaró su improcedencia. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011), proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, que revocó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 2 Promiscuo de Santiago de Tolú Sucre y accedió a la protección constitucional de los derechos fundamentales de Cecilia Isabel Arrieta Benítez (CC 64.544.47), Nerly Beatriz Ayala Ortega (CC 64.920.905) Marcial Barbosa Licona (CC 984.724), Marisol Barbosa Pérez (CC 64.919.913), Bohanerges Antonio Cuadrado Ricardo (CC92.225.364), Mario Enrique Burgos Burgos (CC 92.228.333), Manuel Burgos Montes (CC 92.227.198), Olga Lucía Cabarcas Martínez (CC 64.920.407), Óscar Jairo Cabarcas Osuna (CC 92.225.491), Andrés José Camargo Beltrán (CC 64.571.816), José de los Santos Campo Lareus (CC 4.019.909), José Concepción Cancio Herazo (CC 984.765), Isidora Cárdenas Agresot (CC 23.216.142), Liana Casas Pérez (CC 43.578.223), Jhon Javier Cedron Osuna (CC 92.225.167), Rosalba Cervantes Tous (CC 23.213.297), María Dionisia Correa González (CC 23.213.827), Rosa Amalia Cuadrado de la Cruz (CC 23.213.667), María Isabel Cuadrado Hernández (CC 64.920.309), Israel del Carmen Cuadrado Ozuna (CC 92.227.043), Gloria Paz Cueto Fonseca (CC 23.213.701), Yimmy Antonio De Ávila Flórez (CC 92.227.743), Fernando De la Rosa (CC 4.019.781), Margarita Escobar Correa (CC 64.920.890), Sara Luz Espinosa González (CC 64.919.754), Tomasa de Jesús García de Barrio (CC 23.213.393), Visitación de Jesús García de Martínez (CC 23.213.441), Martha Luz García Márquez (CC 64.919.822), Rafael García Sotomayor (CC 92.225.068), Martha Irene Gómez Bassa (CC 64.920.327), Estella del Carmen González de Polo (CC 23.212.438), Jorge Emiro González Herazo (CC 92.226.055), Zaida Herazo Caraballo (CC 33.169.296), Jarinson Hernández Campo (CC 92.227.911), Erley del Carmen Hernández Morelo (CC 23.214.660), Miguel Ángel Hernández Padilla (CC 4.019.915), Rubilda Antonia Hernández Sánchez (CC 23.214.031), Martha Luz Herrera Morelo (CC 23.187.134), Fanny del Rosario Iriarte Rosa (CC 23.213.608), María Julio Hernández (CC 64.919.692), Luis Segundo Julio Morelo (CC 9.041.945), Eucaris López de Díaz (CC 23.121.142), María Isabel Marmolejo Martínez (CC 64.920.443), Mirle del Carmen Márquez Tous (CC 23.213.773), Olga Martínez Bertel (CC 23.213.124), Isidoro Martínez Yepes (CC 987.130), Maury José Medrano Martínez (CC 92.228.160), Mirna de Jesús Mercado Chaguey (CC 45.458.256), Deris de Jesús Meza Mendoza (CC 64.920.667), Leonor Morelo Polo (CC 23.213.581), Maira Morelo Ricardo (CC 23.214.683), Omaira Moreno Calderón (CC 64.571.186), José Dolores Olivo Morelos (CC 92.226.063), Cecilia Isabel Ozuna Sierra (CC 23.214.240), Beatriz Padilla García (CC 33.167.674), Yoryanis del Rosario Patrón Altamiranda (CC 64.553.195), Minerva Andrea Pérez García (CC 23.214.296), Felipe Alfonso Pérez Gómez (CC 92.226.585), Eddy Margarita Ramírez Otero (CC 37.251.551), Gamilda Sierra Bravo (CC 23.214.989), Hilario Sierra González (CC 4.019.970), Adalberto Segundo Silgado Martínez (CC 92.226.206), José Pedro Solar Benítez (CC 92.226.506), Mary Luz Solar de Benedetti (CC 23.214.821), Martha Lucía Sotomayor Toscano (CC 64.919.987), Judith María Torres de Herazo (CC 23.214.255), Néstor Torres Villalobos (CC 4.019.382), María Eugenia Toscano Padilla (CC 64.921.044), Miguel Ignacio Tous Chaverra (CC 92.225.399), Hernán Tous De La Rosa (CC 92.225.523), Carlos SegundoTous Ricardo (CC 4.019.988), Alba María Uribe Ovalle (CC 23.214.157), Alirio Armando Vervel Vergara (CC 92.225.951), Indulfo Villero Anaya (CC 984.500), José Josmer Zamudio Vega (CC 92.226.966), Carlos Zúñiga Rodríguez (CC 983.954) y Miladys Zúñiga Romero (CC 64.919.577) y CONFIRMAR, el fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Sucre, el 15 de julio de 2011, que declaró la improcedencia del amparo solicitado en relación con los actores antes citados. Segundo.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada ADRIANA MARIA GUILLÉN ARANGO Magistrada (E) MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Con Radicado No. 2009-00094-00. Folios 223 al 239, cuaderno No. 2. [2] Folios 231 a 239, cuaderno No. 2. [3] Dinora Zúñiga Meléndez, Bernardo Álvarez Garay, Manuel González Romero; Edith Viloria Garay, Isabel Medina Salgado, Cristina Colon Bonilla, Elizabeth Cárdenas Ramírez, Yomaira Ortega Salgado, Ruth Villalobos Sotomayor, Rosa Ana Pérez Ricardo, Feliciana Herazo Munzon, Nadis Munzon Barragán, Mónica Castellar Alviz, Jaider Álvarez Román, Martha López Carrascal, Valentín Mórelo Bello, Cecilia Rubio Vergara, Feliciana Herazo Pérez, Juventina Villalobos Bertel, Isabel Peinado Carvajalino; Julia Mary Agresoth Marimon, Luz Victoria Morelo Ricardo y Nancy Deulofeuth Álvarez. [4] Síntesis de las respuestas dada por la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú a los derechos de petición elevados por los demandantes, respecto del reconocimiento de las cesantías reclamadas. (Folios 190 a 222, cuaderno No. 2). [5] Respuesta de la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú a la demanda de tutela. Folios 295 a 303, cuaderno No. 2. [6] Folios 1 a 77, cuaderno de pruebas. [7] Ver entre otras, las sentencias T-100 de 1994 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-01 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-1156 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-1559 de 2000(MP. Fabio Morón Díaz); T-480 de 2001 (MP. Alfredo Beltrán Sierra); T-1338 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-944 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-859 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-118 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-087 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-043 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-372 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-562 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-691 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); y T-910 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo). [8] Ver entre otras las sentencias T-043 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-333 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); T-896 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); y T-1241 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). [9] Ver entre otras, las sentencias T-100 de 1994 (MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-1338 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-859 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); y T-043 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño). [10] Artículo 86. Constitución Política. “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…).” [11] Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 1993 (MP. Antonio Barrera Carbonell). La Corte afirmó que la posibilidad de acudir a la acción de tutela “(...)sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión.” Ver también, las sentencias T-480 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-100 de 1994 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-01 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-1156 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-1559 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz); T-480 de 2001 (MP. Alfredo Beltrán Sierra); T-1338 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-944 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-859 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-118 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-087 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-043 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-372 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-562 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-691 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); y T-910 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo). [12] En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio. Ver, entre otras, las sentencias T-458 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-871 de 1999 (Antonio Barrera Carbonell); T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-1089 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-851 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-729 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-847 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). [13] Esta doct...