Sentencia T-556 de 2013

T-556-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-556/13 DERECHO DE PETICION, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL DE USUARIOS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA-Ordenes a Colpensiones con efectos inter comunis en auto 110 de 2013 Esta Corporación advirtió que existen unos asuntos con incidencia iusfundamental que demandan su atención urgente como consecuencia del traumatismo que ha supuesto el proceso de transición del ISS en Liquidación a Colpensiones. Los problemas evidenciados por esta Corporación fueron sintetizados en los siguientes puntos: (i) Masivo incumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico para responder las peticiones pensionales; (ii) Sistemático desconocimiento de las órdenes de tutela que ampararon el derecho de petición o que ordenaron el reconocimiento de alguna pensión; y, (iii) Ausencia de un sistema de priorización frente a las personas con menor capacidad de asunción de cargas públicas y mayor necesidad de protección prestacional. DERECHOS FUNDAMENTALES DE USUARIOS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA-Clasificación de grupos de prioridad uno, dos y tres a tener en cuenta por Colpensiones, según auto 110 de 2013 EFECTOS INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad Debe la Sala señalar inicialmente, que una sentencia tiene efectos inter comunis, cuando la Corte extiende los efectos de una decisión de tutela por ella proferida, a todos los miembros de una comunidad o grupo de individuos respecto de quienes la vulneración de sus derechos fue causada por los mismos actos u omisiones de una misma entidad, sin importar que estas personas hubiesen acudido de manera individual a reclamar la protección de sus derechos. Este tipo de fallo tiene como fin principal dar efectiva garantía del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los afectados, pero además, busca prodigar una protección constitucional homogénea a todas aquellas personas cuyos derechos fundamentales fueron desconocidos en el marco de una misma situación jurídica y fáctica. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Contenido y alcance El derecho de petición se concreta (i) en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la consecuente obligación de las autoridades de comunicar de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho a la información y a la libertad de expresión. DERECHO DE PETICION-Elementos La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende los siguientes cuatro elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión en los términos consagrados en la ley; (iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado, y (iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o información requerida. DERECHO DE PETICION-Respuesta clara y precisa, congruente, de fondo y suficiente Resulta igualmente importante señalar que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que para que el derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha de ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) efectiva, si soluciona el caso que se plantea y (iii) congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con los anteriores aspectos. DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término de cuatro y seis meses para resolver reconocimiento y pago Es claro que cuando a la entidad encargada de pensiones se le solicita el reconocimiento de dicha prestación, ella tiene cuatro meses para dar respuesta de fondo a la solicitud, y máximo dos meses adicionales, para adelantar todas las actuaciones que sean necesarias con el fin de incorporar en nómina al beneficiario y proceder al pago de la pensión, si esta es reconocida. De esta manera, se confirma que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que el desconocimiento de los términos atrás reseñados, no sólo acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición, sino también supone el desconocimiento de otros derechos como la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna; por lo cual a partir de tal interpretación, el amparo constitucional es procedente. ACCION DE TUTELA Y DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Juez de tutela debe limitarse a verificar términos legalmente establecidos Debe recordarse que este Tribunal ha señalado, en principio, que el reconocimiento, la definición, y titularidad del derecho a la pensión no es una competencia natural del juez de tutela, pues éste debe inicialmente limitar su competencia a la verificación de los plazos establecidos para dar una respuesta al derecho de petición en materia pensional. En ese sentido, se ha dicho que “mediante la acción de tutela es posible lograr que el juez de tutela imparta una orden para que la autoridad morosa resuelva, sin embargo, el sentido de la decisión atañe a la respectiva autoridad que, debiendo entrar al fondo de lo solicitado, se encuentra obligada a generar respuesta.” DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Vulneración por el ISS hoy Colpensiones, al no dar respuesta de fondo sobre solicitud de pensión de vejez del accionante, a quien no se le tuvo en cuenta semanas cotizadas en la Policía Nacional PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación persiste en el tiempo En relación con la procedencia de la acción de tutela por cumplimiento del requisito de inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que determinar si el transcurso del tiempo entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la interposición de la acción de tutela es o no razonable, corresponde a un proceso de análisis exclusivo del juez constitucional, quien atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar propios de cada caso en concreto, determinará si se cumple o no con dicho requisito. Pues bien, en el presente caso, encuentra la Sala de Revisión que a pesar de que han transcurrido más de cuatro años, entre la fecha en que debió darse una respuesta oportuna a la petición del accionante y la interposición de esta acción de tutela, podría pensarse que el requisito de inmediatez no se cumplió. Sin embargo, dada la calidad de la reclamación hecha por el accionante, y atendiendo sus condiciones particulares, el tiempo transcurrido a la fecha, sin obtener respuesta efectiva a la petición de reconocimiento pensional, conlleva una vulneración continuada en el tiempo de los derechos del actor, lo que no permite considerar incumplido el referido requisito de inmediatez. DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Orden a Colpensiones profiera resolución de fondo sobre solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, de acuerdo al grupo de prioridad uno, según auto 110 de 2013 Referencia: expediente T-3.862.357 Acción de tutela instaurada por Luis Enrique Galvis Villarreal contra la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional- Grupo de Bonos de Pensiones y Pizano S.A. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad[1]. I. ANTECEDENTES Manifiesta el señor Luis Enrique Galvis Villarreal que presentó acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional- Grupo de Bonos Pensionales y Pizano S.A., al considerar que las accionadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. 1. Demanda 1.1. Hechos 1. El accionante actuando a través de apoderado judicial, manifiesta que cuenta con más de 80 años de edad[2] y que pasa por una delicada situación personal. Explica que no esta laborando por su avanzada edad y que tampoco percibe ingreso alguno que le permita suplir sus necesidades básicas. Agrega, igualmente, que su vivienda, la cual se encuentra en malas condiciones, está localizada en el barrio el Bosque de la ciudad de Barranquilla, zona identificada por las autoridades municipales como de alto riesgo, lo que ha llevado a la reubicación de muchos de sus moradores. A pesar de ello, y de su especial condición personal, el accionante no ha sido objeto de reubicación alguna. 2. Sostiene que durante su vida laboral cotizó a pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales –ISS-, hoy Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. Sin embargo, explica que en esta administradora de pensiones solo aparecen registradas trescientas treinta y nueve (339) semanas cotizadas, y como último empleador al señor Manuel Abello. 3. Ante esta información, el accionante aclara que laboró para la Policía Nacional entre el 1° de septiembre de 1962 y el 6 de junio de 1971, es decir, durante 8 años, 10 meses y 21 días, lo que equivale a 456 semanas. Así, al sumarse éstas con las semanas registradas ante el ISS, acumula un total de 795 semanas de cotizaciones. 4. Adicionalmente, indica que otro de sus empleadores fue la empresa Wayne Inc. armadores de la moto nave “AVALON”, la cual es agenciada por Aníbal Ochoa y Cía. Ltda. y arrendada por PIZANO S.A., en donde laboró entre el 4 de abril de 1974 y el 11 de noviembre de 1981, lo que suma 388 semanas más de cotizaciones, las cuales tampoco aparecen reportadas al ISS. En relación con esta relación laboral, el accionante aclara que se presentó una conciliación ante la oficina del Ministerio del Trabajo, Seccional Atlántico, en la cual no se tocó el tema de la seguridad social por ser este un derecho de carácter irrenunciable. 5. En vista de la inconsistencia de la información con que contaba el ISS respecto de su historia laboral, el accionante dirigió un derecho de petición a esta entidad el día 18 de diciembre de 1998, a efectos de que le fuese expedida una certificación del número de semanas laboradas para la empresa PIZANO S.A. por cuanto la compañía Wayne Inc. armadores de la motonave “AVALON”, agenciada por Aníbal Ochoa y Cía. Ltda. ya había desaparecido. 6. Sin embargo, no obtuvo respuesta a esa petición, y, por el contrario, mediante Resolución No. 0034041 del 30 de octubre de 1999, el ISS le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de $2.635.703.00, que corresponde a 339 semanas de aportes, señalando como último empleador al señor Manuel Abello con número patronal 17017100701.[3] 7. No contento con lo resuelto por el ISS, el accionante dirige el 17 de abril de 2000 un nuevo escrito en el que le solicita al ISS la revisión del número de semanas cotizadas, y pide además, que le sea dada una explicación del por qué se liquidó una indemnización sustitutiva con ese número de semanas cotizadas. 8. En respuesta a este nuevo requerimiento, el ISS, mediante oficio No. 54465 del 4 de octubre de 2000, dijo haber revisado la liquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez del accionante, y le informó que: “procedió al estudio de la documentación obrante (sic) al 7 y 8 y la cuantía única de $2.625.703.00 se basó por el total de 339 semanas con el patronal 17017100670 del 81-11-30 al 88-06-03”. (Negrilla y subraya fuera del texto original) 9. Tras revisar esta segunda resolución, el accionante advierte que si su último empleador fue el señor Manuel Abello, el número patronal señalado en este escrito de octubre de 2000, en nada corresponde con el número patronal 17017100701, el cual fuera relacionado inicialmente en la resolución de octubre de 1999, lo que lo llevó a considerar que las semanas cotizadas con el señor Manuel Abello realmente no fueron tenidas en cuenta al momento de reconocérsele la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 10. En vista de lo sucedido, el 30 de julio de 2008, el señor Galvis Villarreal dirige un nuevo derecho de petición al ISS en el que solicita se le explique el motivo por el cual no fueron tenidas en cuenta las semanas cotizadas a pensiones durante el tiempo que laboró en la Policía Nacional. 11. Sin embargo, el accionante afirma que esta última petición no fue respondida. 1.2. Pretensiones Con base en los anteriores hechos, el actor solicita la protección de sus derechos fundamentales como mecanismo transitorio mientras la jurisdicción ordinaria o administrativa resuelve de fondo la presente situación. Explica que la protección solicitada se pide como mecanismo transitorio en vista de la avanzada edad que tiene y de la especial protección que para tal efecto confiere la Constitución (Art. 13 y otros). En consideración a ello, reclama que COLPENSIONES, entidad que sustituyó al ISS, expida en las siguientes 48 horas la correspondiente resolución reconociendo su pensión de vejez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 1° del Decreto 2709 de 1994, derecho que ha de reconocérsele desde el 11 de mayo de 1992, fecha en que dice, nació su derecho pensional. Dicho reconocimiento deberá indexarse y actualizarse de conformidad con el índice de precios al consumidor que certifique el DANE. En el mismo sentido solicitó el reconocimiento y pago de las mesadas adicionales por haber cumplido los requisitos de ley para tal efecto. De otra parte, el actor pide ordenar al Grupo de Bonos Pensionales de la Policía Nacional, para que en los dos días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, genere con destino a COLPENSIONES, el respectivo bono pensional a su favor, correspondiente a los 8 años, 10 meses y 21 días que laboró en dicha institución, cuyo montó deberá indexarse y liquidarse de acuerdo a las disposiciones contempladas en la Ley 100 de 1993 (art. 115 y siguientes). Así mismo, solicita ordenar a la empresa PIZANO S.A. que, en los dos días siguientes a la notificación de la sentencia de esta acción de tutela, acuda a COLPENSIONES y liquide de manera indexada y actualizada los aportes pensionales correspondientes a todo el tiempo durante el cual laboró en la desaparecida empresa Wayne Inc. armadores de la motonave “AVALON”, agenciada por Aníbal Ochoa y Cía. Ltda. y PIZANO S.A. Finalmente, el accionante solicita que la entidad administradora de pensiones COLPENSIONES expida dentro de los dos días siguientes a la notificación de esta sentencia, el acto administrativo por el cual inicie la reclamación administrativa tanto al Grupo de Bonos Pensionales de la Policía Nacional como a la empresa PIZANO S.A. 1.3 Medios de prueba El accionante aportó como pruebas los siguientes documentos: 1.3.1 Recibos de servicios públicos que confirman la dirección del inmueble ubicado en el barrio El Bosque, y el estrato uno (1) del barrio (folios 30 a 32). 1.3.2 Fotocopia de un reporte expedido por el Instituto de Seguros Sociales correspondiente al periodo comprendido entre enero de 1967 y octubre de 2009 respecto de todas las semanas cotizadas a pensiones por parte del señor Galvis Villarreal. En el mismo se establece el total de cotizaciones realizadas entre el 30/11/1981 y el 03/06/1988, para un total del 339.71 semanas, indicándose por demás, como único empleador a Manuel D. Abello Cía. Ltda. con número patronal 17017100670 (folio 33). 1.3.3 Fotocopia de constancia expedida por el Jefe de la Sección de Personal del Departamento de Policía del Atlántico de fecha el 29 de octubre de 1991, en la que se certifica que el accionante laboró en dicha institución por espacio de 8 años, 10 meses y 5 días (folio 34). 1.3.4 Copia de Extracto de Hoja de Vida contenida en el Archivo General de la Policía Nacional en la que consta que el accionante estuvo vinculado a dicha institución entre el 1° de septiembre de 1962 y el 6 de junio de 1971 (folio 35). 1.3.5 Copia de Registro de Cámara de Comercio de Barranquilla de la empresa PIZANO S.A. expedido el 26 de octubre de 2012 (folios 36 a 38). 1.3.6 Original del derecho de petición radicado por el accionante ante el Instituto de Seguros Sociales el 18 de diciembre de 1998, en el que solicitó la expedición de una certificación en la que se señale el número de semanas cotizadas a pensión, en tanto requería dicha información para el trámite del reconocimiento de su pensión de vejez que adelantaba ante “Cajanal”. (folio 39) (Comillas fuera del texto original). 1.3.7 Original del derecho de petición que radicara el accionante ante la Policía Nacional en el Departamento del Atlántico, el 17 de junio de 1999, en el que solicitó le fuese informado a qué entidad fueron hechos sus aportes pensionales, así como el valor de los factores salariales contemplados para efectuar dichos pagos (folio 40). 1.3.8 Fotocopia del Acta de Conciliación Laboral celebrada el 12 de noviembre de 1981 y suscrita por el accionante y el apoderado de la empresa Wayne Inc. armadores de la motonave “AVALON”, agenciada por Aníbal Ochoa y Cía. Ltda. y PIZANO S.A. En dicha acta se conciliaron valores por concepto de cesantías e intereses sobre las mismas, salarios moratorios, trabajos en dominicales y días festivos, así como recargos nocturnos, horas extras, primas de servicios y cualquier otro derecho eventual durante el tiempo que laboró en dicha empresa y que comprendió del 4 de abril de 1974 al 11 de noviembre de 1981 (folio 41). 1.3.9 Fotocopia de la Resolución No. 003041 de 30 de octubre de 1999 expedida por el Instituto de Seguros Sociales en el que se reconoce a favor del señor Galvis Villarreal la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por un monto de $2.625.703 pesos, valor que se liquidó con base en un total de 339 semanas cotizadas, a partir de un ingreso base de liquidación de $625.518 pesos (folio 43). 1.3.10 Fotocopia del derecho de petición radicado ante el Instituto de Seguros Sociales el 17 de abril de 2000, en el que el accionante solicitó "por segunda vez” explicación acerca de la razón del monto a él liquidado como indemnización sustitutiva de pensión de vejez, pues explica no estar de acuerdo con la suma liquidada por cuanto afirma tener un número muy superior de semanas cotizadas a las referidas en las resoluciones dictadas por esa entidad (folio 42). 1.3.11 Fotocopia de la respuesta dada por el ISS al señor Galvis Villarreal el 4 de octubre de 2000, respecto de su petición de revisión de la liquidación de la indemnización sustitutiva de pensión ya reconocida. En ella se le informó que revisada la liquidación en cuestión, no se observó irregularidad alguna que justificase la modificación del monto reconocido y ya pagado (folio 44). 1.3.12 Original de derecho de petición radicado por el señor Galvis Villarreal el 30 de julio de 2008 ante el Instituto de Seguros Sociales. En este se señala que a pesar de haber presentado oportunamente toda la documentación pertinente para el reconocimiento de su pensión de vejez, dicha entidad expidió resolución reconociéndole indemnización sustitutiva de la pensión, sin haber tenido en cuenta los aportes hechos durante el tiempo que estuvo vinculado a la Policía Nacional. Por ello, insistió en que el ISS debía solicitar a dicha entidad la generación del respectivo bono pensional, para que este fuese sumado a su historia laboral, y de ser el caso, procediera a revocar la resolución ya dictada, ordenando en su lugar el reconocimiento de la pensión de vejez (folio 45). 1.3.13 Fotocopia de extracto de hoja de vida del señor Galvis Villarreal generado por la Sección de Archivo General de la Policía Nacional, la cual contiene los datos personales del señor Galvis Villarreal, fecha de ingreso y egreso, el motivo de su retiro de la institución, y la razón de expedición de este extracto de hoja de vida como es el de adelantar una reclamación de carácter prestacional en pensión. (folio 46). 1.3.14 Fotocopia de respuesta dada por la Policía Nacional, de fecha 27 de mayo de 2010, a un derecho de petición presentado por el señor Galvis Villarreal en la que se resuelve la inquietud por él planteada acerca de un bono pensional. Tras explicar la naturaleza de este tipo de bonos y señalar cuales son los documentos que el accionante debe presentar al ISS para que le sean reconocidas todas las cotizaciones hechas al sistema pensional, procede a explicar lo siguiente: “De otra parte se comunica que los empleados públicos de la Policía Nacional, por tener un régimen especial no cotizamos para pensión y son la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y la Caja General, las encargadas de las asignaciones y pensiones del personal que se haga acreedor a este derecho. El descuento del 7% mensual que se hace al empleado no es destinado para cubrir pensión de vejez y tampoco representa un aporte para pensión, dicho aporte es para sostenimiento de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional cuyo objeto principal es la de reconocer y pagar las asignaciones mensuales de retiro al personal retirado con derecho a la referida prestación, (Acuerdo 08 de 2001 en concordancia con los Decretos 2062 de 1984, 1212 de 1990, 1213 de 1990 y 4433 de 2004, normas de carácter especial que rigen la carrera del personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional). NIT 800141397-5 Policía Nacional. El Sistema General de Pensiones entró en vigencia para la Policía Nacional el 01 de abril de 1994 mediante Ley 100/93.” Al anterior documento se anexó copia del Certificado de Información Laboral del señor Galvis Villarreal (folios 47 y 55). 1.3.15 Fotocopia de listado de los tripulantes de la moto nave “Bahía Colombia”[4] en el viaje realizado el 20 de septiembre de 1986 en el que aparece el nombre del accionante, lo que confirma que éste laboró ese día en la referida moto nave (Folio 56). 1.3.16 Recibo de pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez reconocida al señor Luis Enrique Galvis Villarreal por valor de $2.625.703 pesos (folio 57). 1.3.17 Informe de los procesos judiciales de carácter laboral seguidos por varios particulares contra PIZANO S.A. entre los que se encuentra la reclamación del señor Galvis Villarreal (folios 58 a 60). 1.8.18 Fotocopia de la demanda de tutela que promoviera el señor Galvis Villarreal en junio de 2007 en contra del ISS por la negligencia de esta entidad en reclamar el bono pensional al que él afirma tener derecho por el tiempo en que estuvo vinculado a la Policía Nacional (folios 63 a 65). 1.4 Intervenciones de las demandadas 1.4.1 Empresa PIZANO S.A. en REESTRUCTURACIÓN Mediante escrito recibido por el juzgado de primera instancia el 21 de diciembre de 2012, el apoderado de la empresa PIZANO S.A. en REESTRUCTURACIÓN, dio respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos: - Explicó que entre el accionante Luis Enrique Galvis Villarreal y WAYNE INC. ANIBAL OCHOA Y CÍA. LTDA. MANUEL D. ABELLO, M y PIZANO S.A. se adelantó un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante sentencia del 24 de abril de 2001[5], aclarada el 27 de junio de ese mismo año[6], absolvió a las entidades demandadas de todas las pretensiones laborales propuestas por el demandante, que consistían en establecer con cuál empresa el accionante tuvo una relación laboral, exonerando de cualquier solidaridad laboral a la empresa PIZANO S.A. Esta decisión fue confirmada por sentencia del 31 de marzo de 2006[7] de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, la que igualmente fue aclarada por sentencia del 4 de septiembre de ese mismo año[8]. En efecto, explicó el interviniente, que tales decisiones judiciales dejaron en claro que nunca existió relación laboral entre el señor Galvis Villarreal y la empresa PIZANO S.A. Agregó que en la medida en que dichos pronunciamientos judiciales quedaron ejecutoriados, estos hicieron tránsito a cosa juzgada. - Por lo anterior, no resulta aceptable lo pretendido por el accionante en el sentido de exigir de PIZANO S.A. una solidaridad laboral inexistente, al intentar reclamar de esta empresa el reconocimiento y pago de aportes a la seguridad social y la consecuente actualización de dichos aportes. Como ya se anotó, cualquier acción encaminada a obtener una declaración de solidaridad laboral se encuentra ya prescrita a la luz del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 de esa misma codificación, pues entre el 11 de noviembre de 1981, fecha en la que el actor se retiró de Wayne Inc. armadores de la motonave “AVALON”, entidad agenciada por Aníbal Ochoa y Cía. Ltda., y el 19 de diciembre de 2012, fecha en que a PIZANO S.A. le fue notificada la presente tutela, transcurrieron más de tres años. - De esta manera, tras existir ya unas decisiones judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, también es claro que se ha configurado la prescripción de las acciones laborales de haber existido alguna relación laboral con el accionante. Por ello mismo, tampoco podrá COLPENSIONES adelantar a nombre del accionante, reclamación alguna respecto de los aportes que hizo a seguridad social durante el tiempo que laboró entre el 4 de abril de 1974 y el 11 de noviembre de 1981. - Así mismo, se observan numerosas inconsistencias en los hechos relacionados por el accionante en su demanda de tutela, pues de las afirmaciones hechas en relación con sus graves afecciones de salud, no existen pruebas que corroboren dicha situación. Así mismo, se recuerda que el apoderado judicial del accionante solicitó la práctica de pruebas documentales tanto a COLPENSIONES como a la POLICÍA NACIONAL, a efectos de aclarar los hechos que motivaron la interposición de esta acción de tutela, situación que demuestra una mayor complejidad probatoria que no puede ser tramitada en sede de tutela. - Finalmente, advierte que el accionante contaba con otros mecanismos judiciales para reclamar la afectiva protección de sus derechos fundamentales, los cuales ahora resultarían más expeditos en razón a la entrada en vigencia de la oralidad en los procesos ordinarios laborales. Sin embargo, debe recordarse que ya el accionante hizo uso de esta vía judicial en su reclamación contra la desaparecida Wayne Inc. Aníbal Ochoa y Cía. Ltda. Manuel D. Abello, M. 1.4.2 Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- En escrito recibido por el juzgado de primera instancia el 2 de enero de 2013, la apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones– COLPENSIONES- señaló que la presente acción de tutela resulta improcedente, pues de los hechos expuestos se advierte que el accionante no interpuso los recursos de reposición y apelación contra la resolución del Instituto de Seguros Sociales que le negó el reconocimiento de la pensión de vejez. Además, la accionante manifiesta que hay un proceso laboral en trámite, por lo que resulta pertinente esperar a que este se resuelva. Recuerda igualmente la accionada, que la Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia, la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para buscar el reconocimiento de prestaciones laborales. Advierte que en tanto las peticiones del accionante y las respuestas a éstas fueron emitidas por el Instituto de Seguros Sociales, cualquier actuación que se requiera de COLPENSIONES, sólo podrá ser cumplida hasta tanto el ISS, ahora en Liquidación, remita la historia laboral del señor Galvis Villarreal, hecho que hasta el momento no se ha cumplido a pesar de existir un compromiso del ISS en ese sentido para entregar la historia laboral de sus antiguos afiliados. Por ello, le resulta imposible dar respuesta a cualquier solicitud que ante esta entidad tramite el accionante. En consideración a lo anterior, COLPENSIONES se encuentra supeditada a las condiciones de modo, tiempo y lugar que disponga el ISS para la efectiva entrega de la historial laboral del accionante. Por las anteriores razones, COLPENSIONES solicita desestimar las pretensiones en su contra. 1.4.3 Nación – Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, Grupo de Bonos Pensionales Mediante escrito recibido por el juzgado de primera instancia el día 2 de enero de 2013, el Jefe del Grupo de Orientación e Información de la Secretaría General de la Policía Nacional dio respuesta a la presente acción de tutela. En relación con la petición que hace el señor Galvis Villarreal, de reclamar de la Policía Nacional el bono pensional correspondiente a los aportes pensionales hechos por el tiempo que laboró en dicha institución (8 años, 10 meses y 21 días), informó lo siguiente: “Pongo en conocimiento de su superioridad que la Policía Nacional posee un régimen prestacional y pensional especial de carácter Constitucional contentivo de los Artículos 150 y 218, coligiendo de lo anterior que el reconocimiento pensional es un evento de estricta legalidad en el que el legislador ha circunscrito los reconocimientos de este tipo a dos eventos para el caso del personal uniformado de la Policía Nacional, denominados pensión de sobrevivencia y pensión de invalidez, únicos casos que la Policía Nacional como entidad del orden nacional reconoce el derecho pensional una vez se cumpla los requisitos contenidos en la ley. Para el personal uniformado que se retira o es retirado de la institución, cumpliendo requisitos de tiempo de servicio de más de 20 años o 25 años para el personal del Nivel Ejecutivo, es la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, establecimiento público, descentralizado del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente quien es la encargada de reconoce asignación de retiro por el tiempo laborado en la Policía Nacional según desarrollo normativo y quien administra los descuentos efectuados a los miembros de la institución para su sostenimiento. Como quiera que los decretos que en todo tiempo desarrollan la Carrera de Oficiales y Suboficiales, Agentes y Personal del Nivel Ejecutivo, normatividad esta que enmarca el desarrollo de una situación legal y reglamentaria pues los Policiales como funcionarios públicos son creados en ejercicio de una función reglada con clasificación, nomenclatura de cargos y sistema salarial, prestacional y pensional propio, no le corresponde a la Policía Nacional resolver sobre la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez del citado señor LUIS ENRIQUE GALVIS VILLARREAL, puesto que es claro que está en calidad de retirado y si cotizó es la última entidad la que debe resolver tal solicitud. Más cuando dentro del régimen pensional y prestacional especial de la Policía Nacional según voluntad del legislador la figura jurídica de pensión por vejez no está contemplada, por tanto no está llamada a concurrir con la misma figura jurídica que hace parte del desarrollo normativo del Régimen General Ley 100 de 1993, establecida en su artículo 37 que consagra: (…)” De otra parte, señaló la Policía Nacional, que es a COLPENSIONES a quien le corresponde reconocer o negar la pensión de vejez solicitada por el accionante, aclarando por demás, que hasta ese momento, el Grupo de Bonos Pensionales de la Policía Nacional, no ha recibido requerimiento alguno en tal sentido. Aclaró, sin embargo, que “una vez cese la relación laboral de los funcionarios que trabajaron en la Institución sin cumplir los requisitos para pensión dentro de la normatividad vigente, hay dos figuras para concurrir en la obligación pensional de las personas que laboraron en la institución: cuota parte pensional y bono pensional. Los bonos pensionales se destinan a la conformación del capital necesario para financiar la pensión adquirida con el sistema general de pensiones (las administradoras de fondos de pensiones o el ISS hoy COLPENSIONES), por lo tanto, una vez cumplidos los requisitos para el reconocimiento y pago del Bono Pensional para el tiempo laborado en la Policía Nacional, el mismo solo podrá ser efectivo por intermedio del Instituto de Seguro Social o de un Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, según artículo 115 y 116 numeral c de la ley 100 de 1993, esto dependiendo a cual este cotizando para el momento de la pensión.”[9] De esta manera, será COLPENSIONES quien deba reclamar directamente el bono pensional, por ser la entidad la última administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliado el accionante. Visto lo anterior, se aclara que cuando una administradora de pensiones va a tramitar el reconocimiento de una pensión, será esa entidad y no el posible beneficiario de tal prestación quien deberá solicitar al Archivo General de la Policía Nacional, la certificación laboral y demás datos con los cuales se liquidará la cuota parte, de acuerdo a la normatividad vigente. Así, si un trabajador se desvincula de la Policía Nacional, éste estará obligado a seguir cotizando a pensión dentro del régimen general, de tal manera que, hasta tanto no cumpla los requisitos jurídicos para adquirir el derecho pensional, la Policía Nacional no estará obligada a concurrir, sin que ello suponga violación alguna. 1.5 Sentencias objeto de revisión 1.5.1 Primera instancia 1.5.1.1 En sentencia del 27 de diciembre de 2012, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla amparó el derecho de petición del señor Galvis Villarreal. 1.5.1.2 En consideraciones confusas[10], el a quo señaló que la Gerente Seccional del Seguro Social del Atlántico y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- como entidad que reemplazó al Instituto de Seguros Sociales, no dieron respuesta a la petición del accionante para que “le reconozcan y paguen el retroactivo pensional dejado de reconocer en la resolución 000588 de 2003, mediante la cual reconocen pensión de vejez”[11] El a quo encontró que en efecto no se había dado respuesta a la petición del accionante “EDMUNDO PIZARRO SIERRA”[12] la cual fue presentada el día “01 de febrero de 2012”[13]. Por esta razón ordenó a la “gerente del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Atlántico en liquidación”[14] para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo remitiera a la Gerencia de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- el expediente contentivo de la historia laboral del señor Galvis Villarreal. Así mismo, ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- que una vez hubiese recibido la referida historia laboral del accionante iniciara las gestiones administrativas tendientes, para que en el plazo máximo de los diez (10) días hábiles siguientes, resolviera de fondo la solicitud de “reconocimiento y pago de retroactivo pensional” que le formuló el accionante “el 1° de febrero de 2012”. 1.5.2 Impugnación 1.5.2.1 En escrito recibido el 3 de enero del 2013 por el juzgado de primera instancia, la apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- impugnó la decisión proferida en su contra. - Explicó que frente al fallo que amparó el derecho de petición del señor Galvis Villarreal, resulta imperioso señalar que, de conformidad con el Decreto 2013 de 2012, el Instituto de Seguros Sociales tiene la obligación de entregar y suministrar a COLPENSIONES el insumo necesario junto con la copia del fallo de tutela, esto es, remitir el expediente administrativo y la información completa de la historia laboral del trabajador, a efectos de que COLPENSIONES, como nueva administradora del Régimen de Prima Media, pueda cumplir el fallo de tutela. - A pesar de existir dicho compromiso, hasta el momento el Instituto de Seguros Sociales no ha remitido toda la información o expediente del señor Galvis Villarreal a COLPENSIONES, lo que hace imposible que esta última entidad dé efectivo cumplimiento a la orden judicial impartida a pesar del deber que le impone los incisos tercero y cuarto del artículo 3° del Decreto 2013 de 2012.[15] - De otra parte, no resulta razonable que COLPENSIONES deba dar cumplimiento al fallo de tutela en un plazo de diez (10) días, cuando quiera que esta entidad debe iniciar desde cero el estudio de la historia laboral del señor Galvis Villarreal. Además, el incumplimiento se dio en manos del extinto Instituto de Seguros Sociales quien a pesar de disponer de todo el tiempo, aún así no resolvió de fondo la reclamación hecha por el tutelante. 1.5.2.2 Por su parte, el apoderado del señor Luis Enrique Galvis Villarreal también impugnó la sentencia con base en los siguientes argumentos: - Señaló la evidente incongruencia entre lo reclamado por su poderdante y lo resuelto por el a quo, pues no solo hizo mención a un accionante distinto, sino que además ordenó a COLPENSIONES resolver de fondo la petición de reconocimiento y pago de un retroactivo pensional, a pesar de que al señor Galvis Villarreal ni siquiera se le ha reconocido pensión alguna. - El resto de su intervención se circunscribió a reiterar los mismos argumentos expuestos en su demanda de tutela. 1.5.3 Segunda instancia 1.5.3.1 La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia del 15 de febrero de 2013, confirmó la decisión de primera instancia. Consideró el ad quem que el derecho fundamental conculcado al accionante es el de petición. Insistió en señalar que no es la acción de tutela la vía judicial apropiada para reclamar el reconocimiento y pago de una prestación como la pensión de vejez, además de que el accionante no aportó soporte probatorio alguno que permitiese confirmar la actual afectación de su derecho al mínimo vital. 1.5.3.2 En cuanto a las observaciones hechas en el sentido de que la decisión judicial se refirió a otro accionante, y a un reconocimiento pensional jamás obtenido, advirtió que no existe incongruencia alguna. Por el contrario, consideró que lo anotado por el a quo hace referencia al deber de los accionados de resolver de fondo sobre el asunto planteado por el señor Galvis Villarreal. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política. 2. Consideraciones previas 2.1 Ámbito de resolución de la presente acción de tutela. 2.1.1 Tras analizar los hechos expuestos en la presente acción de tutela, y revisar igualmente el material probatorio obrante en el expediente, observa la Sala de Revisión, que no existe certeza sobre el derecho prestacional cuyo reconocimiento se pretende obtener por esta vía judicial. Si bien se anexan al expediente pruebas que confirman que, además de las 339 semanas reconocidas por el ISS, el actor acumuló en su vida laboral un número adicional de semanas mientras laboró en la Policía Nacional, concretamente otras 456, unas y otras no son suficientes para determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos de ley con el fin de obtener el reconocimiento pensional por vejez, lo cual hace inviable que por vía de tutela se pueda alcanzar el reconocimiento del anotado derecho pensional. En efecto, el actor manifiesta ser beneficiario del régimen de transición y tener derecho a la pensión conforme a la Ley 71 de 1988[16] y el Decreto 2709 de 1994[17]. De acuerdo con dichas normas, para acceder al reconocimiento pensional el trabajador debe haber acumulado al menos veinte (20) años de aportes y contar con cincuenta y cinco (55) años de edad si se es mujer y sesenta (60) años si se es hombre. Pues bien, a la luz de los citados requisitos, es claro que las 785 semanas que aparecen como efectivamente cotizadas por el señor Galvis Villarreal, no son en principio, suficientes para obtener el reconocimiento pensional solicitado, en relación con el tiempo de servicios requerido, sin que exista certeza respecto de otros aportes que hubiese podido contabilizar con otros empleadores. La alegada relación laboral que dice el actor haber tenido con la empresa Pizano S.A., fue objeto de pronunciamiento judicial en el que se desvirtuó su existencia, razón por la cual, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos pensionales ya anotados, persiste. Bajo ese entendido, en la medida en que como se ha anotado, no existe claridad sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al derecho a la pensión, no es posible que por vía de tutela se pueda resolver la solicitud formulada por el actor en la presente causa. Debe recordar la Sala que ha sido consistente la posición asumida por la Corporación en torno a la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo excepcional para reclamar el reconocimiento de una pensión. La Corte ha señalado que frente a las controversias relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello.[18] Así, la jurisdicción laboral y la contenciosa administrativa, según sea el caso, son los ámbitos en los cuales las personas pueden exponer sus problemas a fin de que estos sean resueltos de acuerdo con los procedimientos allí contemplados.[19] No obstante, también ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en señalar que la anterior regla no es absoluta en el caso de la declaración de derechos prestacionales[20], al considerar que la acción de tutela procederá de manera excepcional para ordenar el reconocimiento de un derecho prestacional, de manera definitiva o como mecanismo transitorio, cuando con ello se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o porque la presencia de los mecanismos ordinarios de defensa judicial no sean tan eficaces como la acción de tutela. “De manera excepcional es posible que el juez de tutela intervenga en el reconocimiento de esta clase de derechos, no sólo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial ordinario es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser valoradas por el juez constitucional en cada caso particular.”[21] Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela para el caso de la solicitud de reconocimiento de prestaciones sociales también exige certeza respecto del derecho reclamado, esto es, que no haya una controversia o incertidumbre en relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y/o con el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al derecho[22]. 2.1.2 Conforme ya se anotó, en el presente caso, no están dados los elementos de juicio que permitan a esta Sala de Revisión entrar a hacer un análisis jurídico en torno a la viabilidad excepcional de la acción de tutela como mecanismo judicial para ordenar el reconocimiento de un derecho pensional, y por lo mismo, tampoco puede entrar a proteger otros derechos como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, cuya garantía deriva, por lo general, del reconocimiento pensional. En efecto, a pesar de que el accionante relata haber tenido una vida laboral con varios empleadores, esta afirmación no se encuentra del todo respaldada en el expediente con los elementos probatorios que corroboren dicha afirmación, pues tan solo aportó algunas pruebas documentales que dan cuenta de la vinculación que tuvo con la Policía Nacional, así como también, de las semanas cotizadas y reportadas en su historial laboral ante el Instituto de Seguros Sociales (339.71 semanas). Como ya fue mencionado en punto a la relación laboral que dice haber tenido el actor con la empresa Pizano S.A., éste no aporta elemento de prueba alguno que corrobore la existencia de la misma, y, por el contrario, dicha empresa, en su escrito de intervención ante el juez de tutela de primera instancia, da cuenta de la existencia de una decisión judicial en virtud de la cual se negó la existencia de una relación laboral entre el actor y dicha empresa. Para corroborar dicha afirmación, la empresa anexa a la acción de tutela, la correspondiente acción judicial a la que se ha hecho referencia. 2.1.3 En consecuencia, al no tenerse certeza sobre la existencia del referido derecho pensional, no puede el juez constitucional sustituir la competencia de los jueces ordinarios, quienes en el desarrollo de los respectivos procedimientos, si podrán dilucidar tal incertidumbre y determinar o no la existencia del referido derecho. 2.1.4 Con todo, encuentra la Corte que, en el presente caso, el ISS ha desconocido violado el derecho de petición del actor en cuanto a que no ha dado respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento pensional presentada por éste en el año 2008. Adicional a ello, se advierte que existen elementos de juicio para deducir que el actor tiene un derecho prestacional más allá del que le fue reconocido por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 0034041 del 30 de octubre de 1999, en la cual no se hizo mención o reconocimiento alguno a las semanas cotizadas por el accionante en la Policía Nacional. 2.1.5 En efecto, la Sala de Revisión advierte, que de los hechos expuestos en la acción de tutela se pudo establecer que el ISS en Liquidación no dio respuesta a la petición que elevara el señor Galvis Villarreal el 30 de julio de 2008, en la que solicitó se expusieran las razones por las cuáles no se tuvieron en cuenta las semanas por él cotizadas durante el tiempo que laboró en la Policía Nacional. Sobre este punto, debe la Sala de Revisión señalar que, si bien el accionante solo reclamó por la omisión del tiempo laborado en dicha institución policial, habrá de entenderse que tal petición se orienta a reclamar del ISS, el que dicha entidad no hubiese tenido en cuenta todas las semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, distintas a las cotizadas con su empleador Manuel Abello, que son las únicas que aparecen efectivamente reportadas en su historia laboral. 2.1.6 Por lo anterior, y en el entendido que la referida petición del 30 de julio de 2008 no ha sido resuelta por el ISS o COLPENSIONES, al momento de la interposición de esta acción de tutela, esta Sala de Revisión se orientará a analizar la posible violación del derecho de petición del señor Galvis Villarreal y el amparo que podría impartirse por vía de esta acción de tutela a tal derecho fundamental. 2.2 Incidencia del Auto A-110 del 5 de junio de 2013 proferido por esta Corporación en la presente acción de tutela 2.2.1 Antes de entrar a desarrollar los planteamientos jurídicos que permitirán resolver el problema jurídico evidenciado en el presente caso, resulta necesario hacer una segunda consideración previa, en el sentido de advertir que en tanto la acción de tutela se interpuso en contra de varios accionantes, principalmente en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, como entidad que reemplazó al ISS en su gestión de administrar el fondo de pensiones de prima media, esta Corporación en reciente pronunciamiento, más precisamente en el Auto A-110 del 5 de junio de 2013, impuso unas órdenes cuyo alcance tienen un efecto inter comunis, en relación con las peticiones pensionales y ordenes judiciales que vinculan al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y a COLPENSIONES. La razón fundamental de la posición asumida por esta Corporación en el referido Auto, cuyos aspectos puntuales se explicarán más adelante, se debió al creciente número de peticiones no respondidas y de decisiones judiciales incumplidas por parte del ISS en Liquidación, las que se fueron acumulando de manera injustificada, causando una generalizada vulneración de derechos fundamentales de sus afiliados. 2.2.2 Ahora bien, debe la Sala señalar inicialmente, que una sentencia tiene efectos inter comunis, cuando la Corte extiende los efectos de una decisión de tutela por ella proferida, a todos los miembros de una comunidad o grupo de individuos respecto de quienes la vulneración de sus derechos fue causada por los mismos actos u omisiones de una misma entidad, sin importar que estas personas hubiesen acudido de manera individual a reclamar la protección de sus derechos[23]. Este tipo de fallo tiene como fin principal dar efectiva garantía del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los afectados, pero además, busca prodigar una protección constitucional homogénea a todas aquellas personas cuyos derechos fundamentales fueron desconocidos en el marco de una misma situación jurídica y fáctica. 2.2.3 Por lo anterior, en el referido Auto A-110, la Corte resolvió que las peticiones de todo orden que hubiesen sido presentadas en contra del Instituto de Seguros Sociales ISS en Liquidación, así como las acciones judiciales que se hubiesen iniciado en contra de la anotada entidad, debían ser resueltas a más tardar el 31 de diciembre de 2013, plazo máximo para su efectiva resolución, de conformidad con un plan de contingencia que fue presentado por el mismo presidente de Colpensiones a esta Corporación, y que fuera igualmente esbozado en reuniones previas sostenidas por esa entidad con la Defensoría del Pueblo y la Procuradora Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. 2.2.4 En efecto, esta Corporación advirtió que existen unos asuntos con incidencia iusfundamental que demandan su atención urgente como consecuencia del traumatismo que ha supuesto el proceso de transición del ISS en Liquidación a Colpensiones. Los problemas evidenciados por esta Corporación fueron sintetizados en los siguientes puntos: i) Masivo incumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico para responder las peticiones pensionales; ii) Sistemático desconocimiento de las órdenes de tutela que ampararon el derecho de petición o que ordenaron el reconocimiento de alguna pensión; y, iii) Ausencia de un sistema de priorización frente a las personas con menor capacidad de asunción de cargas públicas y mayor necesidad de protección prestacional. 2.2.5 En vista de la imposibilidad institucional de Colpensiones, no solo, para responder de manera oportuna a las solicitudes ante ella presentadas, sino también para dar cumplimiento a las órdenes judiciales que se dictaron en contra del ISS en Liquidación, entidad que la precedió como administradora del régimen pensional de prima media, la Corte encontró que el plazo sugerido por Colpensiones para evacuar la totalidad de las peticiones y reclamaciones judiciales represadas, como es el 31 de diciembre de 2013, era razonable. 2.2.6 Sin embargo, consideró esta Corporación, que si bien la propuesta esbozaba un cierto orden o cronograma para adelantar el anotado plan de contingencia, se encontraron algunas falencias que era necesario corregir a afectos de dar efectiva garantía y respeto al principio de igualdad. 2.2.7 Así, la Corte advirtió que no todas las personas tienen la misma capacidad para asumir cargas públicas, razón por la cual no pueden someterse a una espera indefinida para obtener una respuesta a una petición presentada al ISS en Liquidación, o al efectivo cumplimiento por parte de esta entidad de una orden judicial que favoreciere sus intereses. Por ello, en desarrollo de acciones positivas, se establecieron unos criterios de priorización encaminados a romper la inequidad en las cargas asumibles. Así, con el fin de afrontar de mejor manera el problema estructural que ha supuesto el cambió del ISS en liquidación y la entrada en funcionamiento de Colpensiones, la Corte Constitucional estableció en el referido Auto, un detallado grupo de criterios y condicionamientos que permitirían clasificar a los afectados, con el único fin de hacer menos traumática su situación personal. 2.2.8 De manera general se establecieron tres grupos prioritarios de clasificación de usuarios: En el grupo con prioridad uno se “ubicará a los sujetos con mayor fragilidad y menor capacidad de soportar la espera en la resolución de sus peticiones pensionales, y el cumplimiento a los fallos de tutela que protegieron sus derechos” [24] 2.2.9 Sin embargo, dada la heterogeneidad de las personas afectadas por el problema estructural que ha supuesto el cambio del ISS en Liquidación a Colpensiones, la Corte estableció unos criterios que permiten asegurar el respeto al principio de igualdad. Así, consideró que pertenecerán al grupo con prioridad uno en la atención, las siguientes personas, en razón a su especial protección constitucional: (i) los menores de edad, (ii) las personas de la tercera edad (que tengan 60 o más años de edad); (iii) las personas en condiciones de invalidez que hubieren perdido un 50% o más de su capacidad laboral y las que acrediten padecer una enfermedad de alto costo o catastrófica[25]; (iv) los potenciales beneficiarios de una pensión que no estando incluidos en las tres anteriores categorías, ellos o el afiliado del que derivan la prestación hubiere cotizado sobre una base salarial entre uno (1) y tres (3) SMLM vigentes en el respectivo año de cotización o tuviere reconocida una pensión que no excediera dicho monto. 2.2.10 Igualmente hacen parte del grupo con prioridad uno los sujetos de especial protección que reclamen el reconocimiento o pago de una pensión en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando cumplan con alguno de los siguientes requisitos: (v) las personas que independientemente de la edad y estado de salud que en los últimos 3 meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial máximo del uno y medio SMLM, y los potenciales beneficiarios de una pensión de sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la anotada base salarial o tenía reconocida una pensión que no excedía dicho monto; (vi) las personas en condición de invalidez calificada que hubieren perdido el 50% o más de su capacidad laboral y las que acrediten padecer una enfermedad de alto costo o catastrófica[26]; (vii) los menores de edad y las personas que tengan o superen los 74 años de edad: 2.2.11 Frente a las peticiones y órdenes de tutela que se refieran a asuntos distintos al reconocimiento de una pensión hace parte del grupo con prioridad uno las siguientes personas: (viii) las personas referidas en los literales (i), (ii) y (iii) que realicen trámites previos al reconocimiento actual de una pensión; y, (ix) sin importar la edad o estado de salud, las personas que presentaron solicitudes o recibieron amparo por aspectos relacionados con el subsidio a la cotización o con los auxilios para los ancianos en condición de indigencia.[27] 2.2.12 Al grupo con prioridad dos pertenecen las personas que no cumplan con los criterios para pertenecer al grupo de prioridad uno, que reclamen el reconocimiento o pago de una pensión en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: (i) Independientemente de la edad o estado de salud, los afiliados que en los tres últimos meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial superior a uno y medio SMLM y máximo de tres SMLM, vigentes en el respectivo año de su cotización; (ii) los potenciales beneficiarios de una pensión de sobreviviente en los que los afiliados cotizaron sobre la anotada base salarial o una inferior, o tenía reconocida una pensión que no excedía dicho monto. 2.2.13 Finalmente, pertenecen al grupo de prioridad tres, los sujetos de especial protección constitucional que no cumplan los criterios de acceso a alguno de los anteriores grupos de prioridad y que se encuentren reclamando el reconocimiento y pago de una pensión. 2.2.14 Ahora bien, dadas las circunstancias particulares en las que se encuentra el accionante, y advertidos los criterios que deben cumplirse para pertenecer a alguno de los grupos prioritarios, se puede observar que el señor Galvis Villarreal, por avanzada edad (80 años de edad), pertenece al grupo con prioridad uno. 2.2.15 En este entendido, el referido Auto también estableció los mecanismos específicos dirigidos a la modificación de los términos jurisprudenciales dispuestos para la resolución de peticiones pensionales y al cumplimiento de fallos judiciales. 2.2.16 Atendiendo los hechos expuestos en la presente acción de tutela, en los que el accionante alega que en su momento el ISS, ahora Colpensiones, no dio respuesta a la petición que presentará el día 30 de julio de 2008, en la que solicitó una explicación respecto de la no contabilización dentro de su historia laboral de las semanas que cotizó a pensiones mientras laboró para la Policía Nacional, la Corte, en su Auto A-110 de 2013, dispuso que para estos casos, el término para resolver tal petición será el siguiente: (i) de cumplirse con los requisitos contenidos en la sentencia SU-975 de 2003, el juez concederá la tutela del derecho de petición o el reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá que Colpensiones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el fallo de acuerdo al orden de prioridad de que trata ese Auto, salvo el caso de las personas pertenecientes al grupo de prioridad uno, en cuyo evento el juez seguirá la jurisprudencia constitucional corriente sobre derecho de petición (SU-975/03), procedibilidad de la acción de tutela, e imposición de sanciones por desacato[28]. (ii) Al resolver la modalidad de protección, el juez ordenará al ISS en Liquidación para que dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la providencia, si aún no lo hubiere hecho, envíe el expediente pensional a Colpensiones, y esta última, ya sea que resuelva la petición o reconozca la pensión, deberá resolver dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del referido expediente p...