Sentencia T-556 de 2008

T-556-08 (Proyecto de circulación restringida) Sentencia T-556/08 LICENCIA DE MATERNIDAD-Naturaleza constitucional y legal LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por allanamiento a la mora por EPS LICENCIA DE MATERNIDAD-Requisitos para reconocimiento y pago por tutela Esta Sala precisó los siguientes requisitos jurisprudenciales para ordenar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad mediante la acción de tutela: (i) la falta de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad permite presumir la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de la madre y de su hijo, situación que puede ser desvirtuada por la EPS; (ii) la trabajadora cumple los requisitos exigidos por la ley para la exigibilidad del derecho; con relación al requisito legal de cotización ininterrumpida al Sistema durante el período de gestación, si el período en que no se cotizó al Sistema es inferior o igual a dos meses (8 semanas), las entidades promotoras de salud tienen la obligación de pagar el total de la licencia de maternidad; y, (iii) la acción de tutela fue interpuesta dentro del año siguiente a la fecha en que se causó el derecho. LICENCIA DE MATERNIDAD-Reconocimiento y pago total aunque se haya presentado interrupción en los aportes a salud Referencia: expedientes T-1819256, T-1823824, T-1825365 y T-1827192 (Acumulados). Acción de tutela instaurada por Katerine Giovanetti Moreno contra Saludcoop EPS, Rosa Haydé Villamizar Rubio contra el Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander, Luisa Estela Díaz Bohórquez contra Sánitas EPS, y Jessica Marcela Silva Castro contra Salud Total EPS. Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en los expedientes de tutela de la referencia, así: Expediente Número Primera instancia Segunda instancia T-1819256 Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao T-1823824 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta T-1825365 Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla T-1827192 Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá I. ANTECEDENTES 1. Hechos Los hechos relatados por las accionantes en los expedientes de tutela de la referencia se resumen así: 1.1 Expediente T-1819256 El 4 de octubre de 2007, Raúl Enrique Comas Charris, actuando como apoderado judicial de Katerine Giovanetti Moreno, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao contra Saludcoop EPS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su poderdante al mínimo vital, igualdad y los derechos fundamentales de los niños. El apoderado judicial fundamentó su acción en los siguientes hechos: 1. El apoderado judicial de la Sra. Katerine Giovanetti Moreno sostiene que su poderdante se encuentra afiliada a Saludcoop EPS en calidad de cotizante dependiente desde el 3 de febrero de 2007. 2. Indica que el 9 de septiembre de 2007, luego de un período de gestación de 39 semanas, su representada dio a luz a su hija Vanessa Isabel Díaz Giovanetti. 3. Señala que como consecuencia del nacimiento de su hija, su poderdante solicitó ante Saludcoop EPS el pago de la licencia de maternidad. 4. Afirma que en virtud de la solicitud presentada por la Sra. Katerine Giovanetti Moreno, en comunicación remitida el día 17 de septiembre de 2007 a su empleador, Saludcoop EPS le manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 047 de 2000 “Por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan otras disposiciones”, dado que sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud no fueron realizados de manera ininterrumpida durante el período de gestación, no era posible acceder al pago de la prestación económica reclamada. 5. Manifiesta que el sustento económico de su poderdante y el de su menor hija, dependen de su salario mensual de $500.000. 1.2 Expediente T-1823824 El 11 de julio de 2007, Rosa Haydé Villamizar Rubio interpuso verbalmente acción de tutela ante el Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta contra el Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander por considerar vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital y los derechos fundamentales de los niños. Fundamentó su acción en los siguientes hechos: 1. Afirma que se encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander en calidad de cotizante independiente desde el 20 de abril de 2005. 2. Sostiene que el 14 de diciembre de 2006, dio a luz a su hija María Isabela González Villamizar. 3. Señala que como consecuencia de su precaria situación económica, no realizó oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, de los meses de enero, febrero y marzo de 2007. Sin embargo, indica que el 3 de abril del mismo año, canceló dichos aportes, así como la cotización del mes de abril. En tal sentido, manifestó que los aportes correspondientes a los meses de mayo y junio, los realizó el 9 y 30 de mayo, respectivamente. 4. Manifiesta que el 10 de mayo de 2007, solicitó ante la Entidad accionada el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. No obstante, mediante Resolución No. 0248 del 25 de julio de 2007, el Instituto de Seguros Sociales EPS le comunicó que de acuerdo con lo previsto en las normas que reglamentan el reconocimiento y pago de la prestación económica aludida, debido a que sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud fueron realizados de manera extemporánea e interrumpida durante el período de gestación, no era posible acceder a su petición. 1.3 Expediente T-1825365 El 10 de abril de 2007, Ada Luz González Thorrens, actuando como apoderada judicial de Luisa Estela Díaz Bohórquez, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla contra Sánitas EPS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su poderdante al mínimo vital, vida, igualdad, salud y los derechos fundamentales de los niños. La apoderada judicial fundamentó su acción en los siguientes hechos: 1. La apoderada judicial de la Sra. Díaz Bohórquez sostiene que su poderdante se encuentra afiliada a Sánitas EPS en calidad de cotizante independiente desde el 1 de diciembre de 2005. 2. Indica que el 5 de julio de 2006, luego de un período de gestación de 39 semanas, su representada dio a luz a su hijo. 3. Señala que como consecuencia del nacimiento de su hijo, su poderdante solicitó ante Sánitas EPS el pago de su licencia de maternidad. 4. Afirma que en virtud de la solicitud presentada por la Sra. Díaz Bohórquez, en comunicación remitida el día 17 de julio de 2006, Sánitas EPS le manifestó: “[N]o es posible acceder a su solicitud ya que no cumple con el período mínimo de cotización y por tal razón se le liquida en cero.” 5. Manifiesta que dada la negativa de la EPS frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, durante el período de la licencia de maternidad el sustento económico de su poderdante dependió del ingreso que su cónyuge percibe como comerciante, el cual es un poco más del mínimo. 1.4 Expediente T-1827192 El 11 de enero de 2008, la menor Jessica Marcela Silva Castro interpuso acción de tutela ante el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá contra Salud Total EPS, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida y salud. Fundamentó su acción en los siguientes hechos: 1. La accionante, quien tiene 17 años de edad, sostiene que se encuentra afiliada a Salud Total EPS en calidad de cotizante dependiente desde el 16 de marzo de 2007. Al respecto, precisa que en la actualidad su vinculación laboral se deriva de un contrato de aprendizaje suscrito con la Sociedad Grasco Ltda. 2. Indica que el 15 de noviembre de 2007, dio a luz a su hija María Fernanda Cepeda Silva. 3. Señala que en virtud del nacimiento de su hija, solicitó ante Salud Total EPS el pago de su licencia de maternidad. 4. Afirma que en respuesta a su solicitud, el 22 de noviembre de 2007, Salud Total EPS negó el reconocimiento y pago de la prestación económica en cuestión, toda vez que “[E]l número de semanas de cotización fue inferior al número de semanas de gestación,”. 5. Manifiesta que como consecuencia de la decisión de Salud Total EPS, se encuentra atravesando una difícil situación económica, pues es “[M]adre soltera, estudiante en la actualidad en el SENA, patrocinada por la sociedad Grasco, sin ningún otro ingreso con los que pueda subvencionar mis necesidades mínimas,”. 2. Solicitud de tutela Con fundamento en lo expuesto, las actoras en cada uno de los expediente de la referencia solicitaron ante el juez de tutela que ordenara a las EPS accionadas efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. 3. Respuesta de las entidades accionadas 3.1 Expediente T-1819256 En escrito dirigido el 11 de octubre de 2007 al juez de tutela, Gertudris Musalam Álvarez, actuando en calidad de Directora seccional de Saludcoop EPS, solicitó denegar el amparo invocado. Para sustentar su solicitud, la Entidad accionada indicó que de acuerdo con lo establecido para el efecto en las normas que regulan la materia, particularmente en los artículo 207 de la Ley 100 de 1993, 63 del Decreto 806 de 1998 y 3 del Decreto 047 de 2000, para acceder al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, es necesario cotizar de manera ininterrumpida al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el período de gestación. Con fundamento en las normas aludidas, Saludcoop EPS explicó que en el presente caso no es posible efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad reclamada, pues la accionante no cotizó ininterrumpidamente al Sistema durante el período de gestación. Esto por cuanto, dado que el parto tuvo lugar el 9 de septiembre de 2007 y que la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud se efectuó el 3 de febrero del mismo año, de 39 semanas de gestación, la actora sólo cotizó 31 semanas al Sistema. 3.2 Expediente T-1823824 Mediante escrito del 18 de julio de 2007, Claudia Patricia Peñaranda Hernández, actuando en calidad de Gerente del Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander, solicitó ante al juez de tutela denegar la solicitud de tutela. Para el efecto, la Entidad accionada afirmó que la accionante no cumple los requisitos exigidos por las normas que regulan el reconocimiento y pago de la prestación económica solicitada, esto es, “1. Haber cancelado en forma total las cotizaciones durante el último año y que por lo menos cuatro de los seis meses anteriores al momento del parto hayan sido pagados en forma oportuna; [y] 2. Haber cotizado ininterrumpidamente durante el período de gestación.” Al respecto, la Entidad precisó que al momento en que se causó el derecho a la licencia de maternidad, la accionante se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones al Sistema, debido a que en calidad de trabajadora independiente no realizó los aportes correspondientes a los meses de junio y julio de 2006. Adicionalmente, la Entidad señaló que la actora efectuó de manera extemporánea los aportes de los últimos cuatro meses anteriores al parto. En tal sentido, el Instituto manifestó: “Es de aclarar que el hecho de que como trabajadora dependiente haya cotizado los ciclos 2006-05 y 2006-06, no la eximen de cotizar como trabajadora independiente, pues para ello debía haber hecho el retiro en esa calidad de cotizante y reingresar nuevamente como independiente al término de la afiliación como dependiente, lo cual no hizo.” Con fundamento en lo anterior, el Instituto concluyó que la accionante no tiene derecho al pago de la licencia de maternidad, toda vez que no canceló en forma oportuna por lo menos cuatro de los seis meses anteriores al momento del parto, y no cotizó al Sistema de manera ininterrumpida durante el período de gestación. 3.3 Expediente T-1825365 En escrito dirigido el 2 de mayo de 2007 al juez de instancia, Fernando A. Vieco de Castro, actuando en calidad de Gerente regional de Sánitas EPS, solicitó negar la tutela interpuesta. En tal sentido, la Entidad accionada indicó que de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia, para obtener el reconocimiento y pago de una licencia de maternidad, es necesario cotizar de manera ininterrumpida al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el período de gestación. Por ello, en aplicación de lo anterior, en criterio de Sánitas EPS en el presente caso no es posible efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad reclamada, debido a que la actora no cotizó ininterrumpidamente al Sistema durante el período de gestación. Al respecto, la Entidad explicó: “[A] la fecha de inicio de la licencia, esto es el 5 de julio de 2006, la Sra. Díaz Completó treinta y un (31) semanas de cotización ininterrumpida, (contadas desde la fecha de su afiliación como cotizante) y según el certificado de nacido vivo A 6450779, a la fecha del parto contaba con treinta nueve (39) semanas de gestación.” Así, Sánitas EPS concluyó: “[A]l ingresar como cotizante a la EPS Sánitas, en julio de 2006, la señora Díaz ya se encontraba en estado de embarazo, lo cual genera que su período de cotización ininterrumpida no sea igual a su período de gestación, no cumpliendo así lo establecido en la norma para el reconocimiento económico objeto de esta acción.” Adicionalmente, la Entidad accionada sostuvo que a partir del 1 de agosto de 2006, la Sra. Díaz Bohórquez se encuentra afiliada a Sánitas EPS en calidad de beneficiaria de su cónyuge. En este orden, la EPS adujo que a la luz de las normas que regulan el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, durante el término de ésta, la trabajadora debe cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud, “[S]ituación que no se dio en el caso que nos ocupa, toda vez que la Sra. Díaz es beneficiaria amparada desde el 1 de agosto de 2006 y su licencia de maternidad inició el 5 de julio de 2006.” 3.4 Expediente T-1827192 Mediante escrito del 18 de enero de 2008, José Agustín Pulido Osuna, actuando en calidad de Gerente y representante judicial de Salud Total EPS sucursal Bogotá, solicitó ante al juez de tutela negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar su petición, la Entidad accionada afirmó que en concordancia con lo establecido en las normas aplicables al presente caso, no es posible efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad reclamada, dado que la actora no cotizó ininterrumpidamente al Sistema durante el período de gestación. Sobre el particular, la Entidad explicó: “La señora Silva interpone la presente acción de tutela con miras a obtener de Salud Total EPS el reconocimiento económico derivado de la licencia de maternidad, el cual fue negado por esta Entidad en virtud de que la usuaria no cotizó por un término igual al de la gestación y a que tal obligación legal y laboral le corresponde al empleador “Fabrica de Grasas y productos Químicos Ltda. Grasco”, de conformidad con lo preceptuado por el inciso segundo del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 047 de 2000,”. En el mismo sentido, Salud Total EPS señaló que de conformidad con la base de datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Sra. Silva Castro no efectuó las cotizaciones de los meses de febrero y marzo, así como 15 días del mes de abril de 2007. En consideración de lo expuesto, la EPS solicitó al juez de instancia “Negar la acción de tutela interpuesta por la Sra. Jessica Marcela Silva Castro (…), en virtud de que la Sra. Silva no cotizó de manera completa al sistema de salud durante todo su período de gestación, incumpliendo de esta manera con el precitado requisito, el cual es indispensable para tal reconocimiento.” 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente. 4.1 Expediente T-1819256 1. Folio 9, cuaderno 2, poder otorgado por Katerine Giovanetti Moreno al abogado Raúl Enrique Comas Charris para interponer acción de tutela contra Saludcoop EPS, ante la negativa de esa Entidad frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. 2. Folio 10, cuaderno 2, copia del registro civil de nacimiento de la menor Vanessa Isabel Díaz Giovanetti. 3. Folio 11, cuaderno 2, copia de la comunicación dirigida el 17 de septiembre de 2007 por Saludcoop EPS a la empresa Provisiones Antonia, mediante la cual le informa la negativa de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a favor de su trabajadora Katerine Giovanetti Moreno. 4. Folio 15, cuaderno 2, copia del certificado de incapacidad por licencia de maternidad dada a Katerine Giovanetti Moreno por la médica Digna Rosa Moscote, adscrita a Saludcoop EPS, desde el 10 de septiembre de 2007 hasta el 2 de diciembre de 2007. 5. Folios 16 a 20, cuaderno 2, copia de la historia clínica No. 40880051 de Katerine Giovanetti Moreno. 6. Folios 28 y 29, cuaderno 2, declaración juramentada rendida por la accionante Katerine Giovanetti Moreno el 9 de octubre de 2007 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao, mediante la cual reitera los hechos que fundamentan la presente acción de tutela. 7. Folios 34 a 39, cuaderno 2, copia del formato de liquidación de aportes al Sistema de Salud de Katerine Giovanetti Moreno, de los períodos de comprendidos entre los meses de febrero y julio de 2007, por un ingreso base de cotización de $500.000. 8. Folio 59, cuaderno 2, certificación de afiliación al Sistema de Salud de Katerine Giovanetti Moreno, expedida el 2 de noviembre de 2007 por Saludcoop EPS. 4.2 Expediente T-1823824 1. Folio 1, cuaderno 2, copia del formato de Relación de incapacidades y licencias por maternidad para reconocimiento por la EPS ARP – ISS, a favor de Rosa Haydé Villamizar Rubio, por un ingreso base de cotización de $640.000. 2. Folio 2, cuaderno 2, copia del certificado de la incapacidad por licencia de maternidad dada a Rosa Haydé Villamizar Rubio por la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, desde el 14 de diciembre de 2006, por un término de 84 días. 3. Folios 3 y 6, cuaderno 2, copia de la comunicación dirigida el 11 de mayo de 2007 por el Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander a Rosa Haydé Villamizar Rubio, mediante la cual le informa su negativa frente a su solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, toda vez que “[L]os aportes al sistema integral en salud se efectuaron por fuera de las fechas establecidas en el artículo 24 del Decreto 1406 de 1999.” 4. Folio 5, cuaderno 2 copia de los certificados de la incapacidad por licencia de maternidad dada a Rosa Haydé Villamizar Rubio por la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, desde el 9 de julio de 2006, por un término de 84 días; y desde el 4 de diciembre de 2006, por un término de 10 días. 5. Folio 27, cuaderno 2, copia del formato Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual – Salud de la trabajadora Rosa Haydé Villamizar Rubio, mediante la cual se registra la siguiente información: Ciclo (…) Fecha (…) Días Salario Cotización (…) (…) 2006/03 2006/04/07 30 640.000 76.800 2006/04 2006/04/07 30 640.000 76.800 2006/07 2006/09/21 30 640.000 76.800 2006/08 2006/09/21 30 640.000 76.800 2006/09 2006/11/27 30 640.000 76.800 2006/10 2006/11/27 30 640.000 76.800 2006/11 2006/11/27 30 640.000 76.800 2006/12 2007/01/02 30 640.000 76.800 (…) 6. Folios 31 a 34, cuaderno 2, copia de la Resolución No. 0248 del 25 de julio de 2007 expedida por el Gerente de la Empresa Promotora de Salud del Instituto de Seguros Sociales Seccional Norte de Santander, mediante la cual resolvió “Negar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de la cotizante independiente Rosa Haydé Villamizar Rubio (…) derivadas de los certificados de incapacidad por enfermedad general (…) y por licencia de maternidad L-25097, presentados ante esta EPS,”. 4.3 Expediente T-1825365 1. Folio 5, cuaderno 2, poder otorgado por Luisa Estela Díaz Bohórquez a la abogada Ada Luz González Thorrens para interponer acción de tutela contra Sánitas EPS. 2. Folio 6, cuaderno 2, copia del formulario de afiliación de la trabajadora independiente Luisa Estela Díaz Bohórquez a Sánitas EPS. 3. Folios 11 al 13, cuaderno 2, copia del formato de Comprobante de pago a la EPS Sánitas, de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud de la cotizante Luisa Estela Díaz Bohórquez, de los períodos comprendidos entre los meses de enero y julio de 2006, por un ingreso base de cotización de $408.000. 4. Folio 14, cuaderno 2, copia del certificado de la incapacidad por licencia de maternidad dada a Luisa Estela Díaz Bohórquez por Sánitas EPS, desde el 5 de julio de 2006 hasta el 26 de septiembre de 2006. 5. Folio 15, cuaderno 2, copia de la comunicación dirigida el 17 de julio de 2006 por Sánitas EPS a Luisa Estela Díaz Bohórquez, mediante la cual le informa su negativa frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, toda vez que la Sra. Díaz Bohórquez no cotizó ininterrumpidamente al Sistema de Salud durante el período de gestación. 6. Folio 16, cuaderno 2, copia del Certificado de nacido vivo del menor hijo de la Sra. Luisa Estela Díaz Bohórquez. 4.4 Expediente T-1827192 1. Folio 5, cuaderno 2, copia del certificado de la incapacidad por licencia de maternidad dada a Jessica Marcela Silva Castro por Salud Total EPS, desde el 15 de noviembre de 2007 por un término de 84 días. 2. Folio 6, cuaderno 2, copia del formato de Negación de servicios de salud y/o medicamentos expedido el 22 de noviembre de 2007 por Salud Total EPS, mediante el cual le informa a Jessica Marcela Silva Castro lo siguiente: “Servicio no autorizado: reconocimiento económico por concepto de licencia [de maternidad]. Justificación: Licencias de maternidad períodos pagados No continuos. Fundamento legal: Decreto 047 de 2000, artículo 3. Alternativas para que el usuario acceda al servicio de salud o medicamento solicitado y haga valer sus derechos legales y constitucionales: Solicitar a su empleador / aportante el reconocimiento del subsidio económico, o la aclaración de los pagos ante Salud Total.” 3. Folio 8, cuaderno 2, copia de la tarjeta de identidad de la menor de edad Jessica Marcela Silva Castro. 4. Folio 9, cuaderno 2, copia del certificado de aportes al Sistema de Salud de la Empresa Grasco Ltda. a favor de la trabajadora Jessica Marcela Silva Castro, de los períodos comprendidos entre los meses de abril y noviembre de 2007, por un ingreso base de cotización de $434.000. 5. Folio 10, cuaderno 2, copia del registro civil de nacimiento de la menor María Fernanda Cepeda Silva. 6. Folios 12 y 13, cuaderno 2, copia del contrato de aprendizaje suscrito entre Grasco Ltda. y Jessica Marcela Silva Castro, desde el 16 de marzo de 2007 hasta el 21 de marzo de 2008. 7. Folios 14 y 15, cuaderno 2, copia del formulario de afiliación de la trabajadora Jessica Marcela Silva Castro a Salud Total EPS. II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 1. Expediente T-1819256 1.1 Sentencia de primera instancia En sentencia del 16 de octubre de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao denegó la tutela interpuesta. Para el efecto, el juez de tutela acogió los argumentos expuestos por la Entidad accionada en su escrito de contestación, en el sentido de afirmar que la actora no cumple los requisitos legales para obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, toda vez que no cotizó de manera ininterrumpida al Sistema de Salud durante el período de gestación. 1.2 Sentencia de segunda instancia Mediante decisión adoptada el 22 de noviembre de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao confirmó la sentencia de primera instancia mediante la cual se negó el amparo invocado. Al respecto, el juez de instancia precisó: “[S]e puede concluir que la razón esgrimida por Saludcoop EPS para negar la solicitud de pago de la licencia de maternidad de la accionante está justificada en el caso concreto, pues el término durante el cual se presentó la ininterrupción en los aportes a salud es muy significativo en comparación con el tiempo durante el cual la accionante ha venido cotizando al Sistema de Seguridad Social en Salud.” 2. Expediente T-1823824 2.1 Sentencia de primera instancia En sentencia del 27 de julio de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta denegó la tutela de los derechos fundamentales invocados. Para sustentar su decisión, el juez de tutela afirmó: “En cuanto a la solicitud de que se ordene a la entidad accionada, por vía de tutela, cancelar la licencia de maternidad y las incapacidades médicas, el Despacho no accede a ello, en virtud de que la acción de tutela no fue creada para ordenar el pago de prestaciones económicas, sino para proteger derechos fundamentales.” 2.2 Sentencia de segunda instancia Mediante decisión adoptada el 6 de septiembre de 2007, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta confirmó el fallo de tutela de primera instancia. En tal sentido, la Sala estimó: “Resulta palmariamente claro que los derechos fundamentales presuntamente conculcados no son tales, fundamentales, sino derechos asistenciales, prestacionales y por ende de consagración legal. En tales condiciones y por tal razón, no puede ser objeto de protección vía esta acción de amparo.” 3. Expediente T-1825365 3.1 Sentencia de primera instancia En fallo del 3 de mayo de 2007, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla negó el amparo constitucional. Para argumentar su sentencia, el juez de tutela señaló que la actora no cumple los requisitos legales para obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, pues de acuerdo con las pruebas aportadas durante el trámite de la acción, la Sra. Díaz Bohórquez no cotizó de manera ininterrumpida al Sistema de Salud durante el período de gestación. 3.2 Sentencia de segunda instancia Mediante decisión adoptada el 10 de julio de 2007, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla confirmó la sentencia de primera instancia. En su sentencia, el juez de instancia acogió las consideraciones expuestas por Sánitas EPS en el escrito de contestación de la acción, en el sentido de sostener que la accionante no tiene derecho al pago de la prestación económica reclamada, pues no cotizó ininterrumpidamente al Sistema de Salud durante el período de gestación y, durante el término de la incapacidad por la licencia de maternidad, dejó de realizar los aportes respectivos, toda vez que adquirió la calidad de beneficiaria de su cónyuge. 4. Expediente T-1827192 En sentencia única de instancia del 24 de enero de 2008, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá declaró la improcedencia de la tutela interpuesta. En su sentencia, el juez de tutela señaló que la presente acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad de la acción pues, a su juicio, la actora tiene a su alcance otros medios de defensa judicial para obtener la protección de los derechos invocados. Al respecto, el juez de instancia afirmó: “[L]a accionante al hacer uso de éste instrumento [la acción de tutela], busca que se coaccione a la accionada para que proceda a cancelarle la mesada correspondiente a la licencia de maternidad; pretensión ésta que en manera alguna puede ventilarse mediante la acción de tutela, pues para ello existen los procedimientos ordinarios que la ley consagra para la solución de conflictos laborales o prestacionales,”. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE. 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y con la selección y el reparto efectuados el 28 de febrero de 2008, esta Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas. 2. Problema Jurídico. 2.1 De acuerdo con los hechos expuestos, los casos de tutela de la referencia tienen los siguientes elementos fácticos comunes: (i) las accionantes se encuentran afiliadas al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud; las accionantes Katerine Giovanetti Moreno y Jessica Marcela Silva Castro en calidad de cotizantes dependientes, y las señoras Rosa Haydé Villamizar Rubio y Luisa Estela Díaz Bohórquez en calidad de cotizantes independientes; (ii) como consecuencia del nacimiento de sus hijos, las actoras solicitaron a las entidades promotoras de salud a las que se encuentran afiliadas, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad; (iii) dichas EPS negaron tal solicitud, con fundamento en que sus afiliadas no cumplen los requisitos legales previstos para el efecto, esto es, la cotización ininterrumpida al Sistema de Salud durante el período de gestación, y/o el pago oportuno de las cotizaciones; y, (iv) en virtud de lo anterior, las accionantes carecen de los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus menores hijos durante la etapa posterior al parto. 2.2 En consideración de lo indicado, esta Corte deberá determinar si dada la naturaleza legal del derecho a la licencia de maternidad, la acción de tutela es procedente para ordenar su reconocimiento y pago, en los casos en que las EPS niegan dicha prestación económica con fundamento en el incumplimiento de los requisitos definidos por la ley para ello, y en consecuencia, la madre y su menor hijo carecen de los medios económicos necesarios para garantizar su sustento durante la etapa posterior al parto. 2.3 Para dar solución a los problemas jurídicos planteados, esta Sala de Revisión se referirá, en primer lugar, a la naturaleza constitucional y legal de la licencia de maternidad. En segundo lugar, reiterará la jurisprudencia de esta Corporación respecto de la licencia de maternidad como medio para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las madres durante el período posterior al parto y de los menores, así como a las condiciones que esta Corte ha establecido para que su reconocimiento y pago sean procedentes mediante la acción de tutela. Por último, desarrollará el cumplimiento del requisito consistente en la cancelación oportuna de los aportes a seguridad social en salud para acceder al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, y su relación con la figura del allanamiento en la mora. 2.4 Finalmente, con base en los enunciados normativos de esta Sentencia, esta Sala determinará si es menester revocar los fallos de tutela dentro de los expediente de tutela de la referencia, mediante los cuales se negó la tutela interpuesta por las accionantes. 3. Fundamento constitucional y legal del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. 3.1 De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política, el Estado Colombiano debe garantizar la protección especial de la mujer en estado de embarazo y después del parto. En el mismo sentido, la norma constitucional indicada dispone que “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado (…).” (Negrilla fuera del texto original). 3.2 En concordancia con lo anterior, la protección a la mujer en estado de embarazo y durante el período posterior al parto, no sólo se fundamenta en el interés de proteger a las madres, también cumple la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños que tal y como lo expresa el artículo 44 de la Constitución Política Constitución, “[P]revalecen sobre los derechos de los demás.”[1] 3.3 En este sentido, de conformidad con la aprobación y ratificación de múltiples convenios y tratados internacionales, el Estado colombiano ha asumido la obligación de garantizar los derechos de las mujeres durante el período del embarazo y después del parto.[2] En efecto, de acuerdo con el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968, el Estado colombiano reconoce que “Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social (…).”Así mismo, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San Salvador indica: “Derecho a la Seguridad Social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. (…) 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.” 3.4 Es así como, en consideración de las obligaciones del Estado colombiano contenidas en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales, mediante el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el legislador definió una prestación económica a favor de la madre y de su hijo recién nacido denominada licencia de maternidad. Dicha norma -modificada por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990-, dispone: “Descanso remunerado en la época del parto: 1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.” 3.5 Por su parte, el artículo 162 de la Ley 100 de 1993“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”, determina que el Plan Obligatorio de Salud – POS “[P]ermitirá la protección integral de las familias a la maternidad.” En este orden, el artículo 207 de la citada ley, señala que las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo reconocerán y pagarán a sus afiliadas “[L]a licencia por maternidad de conformidad con las disposiciones legales vigentes.”[3] 3.6 En este punto resulta preciso aclarar que el derecho de las mujeres a disfrutar de un descanso remunerado con ocasión al embarazo y al parto, no sólo radica en cabeza de las trabajadoras dependientes. Así, el artículo 28 del Decreto 808 de 1998 “Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud”, indica que las trabajadoras independientes[4] afiliadas a dicho sistema a través del régimen contributivo,[5] en virtud de sus aportes y cotizaciones directas, igualmente tienen derecho a recibir el pago de la licencia de maternidad. 3.7 Conforme a lo anterior, para efectos del derecho de las trabajadoras independientes a obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad en comento, el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 dispuso que para ello, al momento de la solicitud y durante el término de la licencia, la interesada debe haber cancelado en forma completa los aportes al sistema de seguridad social en salud a lo largo del año anterior. La norma citada prevé que tales pagos “[D]eberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho, pues de lo contrario, el trabajador independiente no tendrá derecho al pago de la licencia (…) o perderá este derecho en caso de no mediar el pago oportuno de las cotizaciones que se causen durante el período en que esté disfrutando de dichas licencias.” 3.8 En suma, con fundamento en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a sus menores hijos, asistencia y protección durante el embarazo y después del parto. Es por ello que el legislador definió una prestación económica denominada licencia de maternidad, según la cual, las mujeres trabajadoras afiliadas al Régimen Contributivo tienen derecho a recibir por parte de su empresa promotora de salud, una remuneración correspondiente al valor de su salario durante un período de descanso que comprenderá doce (12) semanas en la época del parto. 4. La licencia de maternidad como medio para garantizar la protección del derecho fundamental al mínimo vital de las mujeres y de sus menores hijos durante el período del parto. Reiteración de Jurisprudencia. 4.1 En reiterada jurisprudencia,[6] esta Corporación ha sostenido que el pago de la licencia de maternidad constituye un medio para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y de sus menores hijos durante la etapa del parto, particularmente, su derecho fundamental al mínimo vital.[7] Así, en la sentencia T-589A de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte precisó: “[E]n los casos en que la negativa de las EPS frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, derive en la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de las madres trabajadoras y de los menores, esto es, cuando dicha prestación constituya el único recurso económico con el que cuenta la madre para su sustento y el de su hijo, dada la limitada eficacia del medio de defensa judicial ordinario en este sentido, de manera excepcional, procederá la acción de tutela para ordenar a las EPS el cumplimiento de esta obligación legal.” (Negrilla fuera del texto original). 4.2 De conformidad con lo anterior, esta Corporación ha definido las siguientes condiciones concurrentes para admitir la procedencia del amparo constitucional como medio para obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad: (i) Que la falta de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad implique la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de la madre y de su hijo.[8] (ii) Que la trabajadora cumpla con los requisitos exigidos por la ley para que el derecho se haga exigible.[9] (iii) Que la acción de tutela haya sido interpuesta dentro del año siguiente a la fecha en que se causó el derecho.[10] 4.3 Entonces, el fundamento constitucional para admitir la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, obedece a la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, especialmente, del derecho fundamental al mínimo vital. Con relación a la valoración de la afectación del derecho fundamental al mínimo vital de la madre y del menor como consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, la Corte ha sostenido que dicha afectación tiene lugar en los siguientes casos: (i) la trabajadora devenga un salario mínimo mensual; o, (ii) el salario devengado por ella, y en consecuencia la prestación económica reclamada, constituye su único ingreso. En tales casos, la Corte ha señalado que la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital alegada en el escrito de tutela o en posterior oportunidad, puede ser desvirtuada por el empleador o la EPS mediante la presentación de las pruebas que estimen pertinentes durante el trámite de la acción de tutela.[11] En efecto, en la sentencia T-136 de 2008, M.P Gerardo Monroy Cabra, la Corte afirmó: “[L]a accionante que reclama el pago de la licencia de maternidad posee la carga de aportar las pruebas que permitan evidenciar que existe la vulneración al derecho al mínimo vital, con el objeto de presentar al juez su situación económica y la afectación de la misma. Sin embargo, para no hacer dicha carga gravosa para la peticionaria, el solo hecho de afirmar que existe vulneración del mínimo vital es una presunción a la que debe aplicarse el principio de veracidad. Adicionalmente, en ciertos casos, el juez constitucional en procura de resguardar los derechos de los niños y de las madres gestantes puede presumir la vulneración del derecho cuando quien solicita la prestación económica es una persona de escasos recursos.” (Negrilla fuera del texto original). Adicionalmente, en la citada sentencia, la Corte aclaró que la sola negación del pago de la licencia de maternidad, así como la sola presentación de la acción de tutela, permite presumir la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital. En efecto, en esta oportunidad, esta Corporación sostuvo: “[S]i la afiliada al sistema de salud que queda en estado de embarazo deja de percibir salario debe presumirse que su situación económica se afecta y en consecuencia su derecho al mínimo vital. Tal supuesto debe ser aplicado igualmente para las mujeres que en calidad de cotizantes independientes se afilian al sistema, pues sus ingresos se verán disminuidos por su nueva situación de mujeres que dan a luz un hijo. En consecuencia, el no percibir ingresos por un período de 84 días (tiempo de la licencia de maternidad) indica la vulneración del derecho al mínimo vital, que se presume por la falta de salario.” (Negrilla fuera del texto original). Con relación a la valoración de la afectación del derecho fundamental al mínimo vital de la madre, en la sentencia en comento la Corte explicó que ésta no se desvirtúa atendiendo las circunstancias económicas favorables de su cónyuge, compañero permanente o núcleo familiar. Esto por cuanto, “[L]a trabajadora que ha cotizado al sistema general de seguridad social adquiere el derecho al pago de la prestación, ajena e independientemente, a su situación familiar, sin que exista una motivación jurídica para que esta tenga incidencia en el reconocimiento de un derecho personal y propio.” 4.4 Ahora bien, con relación a la segunda condición jurisprudencial indicada en esta Sentencia, esto es, que la trabajadora reúna los requisitos exigidos por la ley para la exigibilidad del derecho al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad,[12] esta Corporación ha precisado que aunque existen normas específicas que regulan la materia, en consideración de las circunstancias particulares que rodean el caso concreto, la acción de tutela procede para ordenar el pago de la licencia de maternidad aún cuando los requisitos legales previstos para el efecto no se encuentren plenamente satisfechos.[13] Particularmente, en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto, la jurisprudencia ha ordenado en múltiples oportunidades el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, incluso cuando no se han efectuado de manera ininterrumpida los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.[14] Así por ejemplo, en sentencia T-931 de 2003,[15] la Corte señaló: “Negar la licencia con el argumento formal de que la accionante tuvo una interrupción de 11 días en su cotización es optar por la prevalencia de la forma sobre lo verdaderamente sustancial, contrariando también el artículo 228 C.P.” De igual forma, en sentencia T-1010 de 2004,[16] se manifestó: “[E]l no pago de parte de las cotizaciones durante la licencia no hace que se pierda este derecho. Además, como la Corte ha sostenido en reciente jurisprudencia, cuando el desfase en los aportes es casi irrisorio (como en el caso de la señora Lida María Gil en el cual se dejó de cotizar por 18 días de marzo), no es dable aplicar con absoluto rigor las normas que exigen el pago completo e ininterrumpido de determinadas prestaciones; de lo contrario se estaría dando prevalencia a lo formal sobre lo sustancial.” Al respecto, en la sentencia T-136 de 2008,[17] la Corte precisó que en los casos en que la trabajadora en estado de embarazo no haya cotizado al Sistema de Salud por un término igual o inferior a dos meses (8 semanas), tendrá derecho al reconocimiento y pago total de la licencia de maternidad. Al respecto, la Corte explicó: “[E]n aquellos casos en los que el período dejado de cotizar por parte de la madre gestante afiliada al sistema sea inferior a dos meses, las entidades promotoras de salud tienen la obligación de pagar el total de la licencia de maternidad. La regla contigua indica que la madre en estado de embarazo que no cotice al sistema por un período mayor al de dos meses de su tiempo de gestación, igual tiene derecho al pago de la licencia de maternidad, pero solamente en proporción al tiempo cotizado, con el objeto de mantener el equilibrio financiero del sistema.” (Negrilla fuera del texto original). 4.5 Por último, respecto del término de interposición de la acción de tutela a fin de obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, se debe resaltar que a partir de la sentencia T-999 de 2003,[18] la Corte modificó el criterio de la jurisprudencia constitucional sostenido hasta entonces. Conforme a la jurisprudencia anterior a dicha sentencia, el término para la presentación de la solicitud de amparo correspondía al término de duración de la licencia, es decir, 84 días. En la sentencia en comento, la Corte estimó que el término de 84 días debía ser ampliado al término de un año establecido en el artículo 50 de la Constitución Política. Al respecto, la Corporación explicó: “No hay duda que la licencia de maternidad se concede en interés de la genitora, pero también y especialmente en interés del niño y sirve para atender necesidades de la madre, pero también para solventar las del niño incluidas las de su seguridad social o protección. Siendo la voluntad del constituyente que los derechos del niño prevalezcan sobre todos los de los demás, y que durante el primer año de vida gocen de una protección especial, el plazo para reclamar el derecho a la licencia por vía de tutela no puede ser inferior al establecido en el artículo 50 de la Constitución o sea 364 días y no 84 como hasta ahora lo había señalado jurisprudencialmente esta Corporación.” 4.6 En síntesis, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad constituye un mecanismo idóneo para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas recién nacidos y de las madres durante la etapa del parto, particularmente, el derecho fundamental al mínimo vital. Es por ello que previo el cumplimiento de los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para el efecto, su reconocimiento y pago podrán ser ordenados a través de la acción de tutela. 5. Allanamiento en la mora. Reiteración de jurisprudencia. 5.1 Con relación al análisis flexible del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para obtener el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, en concordancia con la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las mujeres en etapa de embarazo y de la población infantil recién nacida, esta Corporación ha precisado que aún en los casos en que exista falta, extemporaneidad o los aportes al sistema de seguridad social sean incompletos, bajo determinadas condiciones, las EPS están obligadas a efectuar el reconocimiento y pago de dicha licencia.[19] 5.2 Así mismo, en abundante jurisprudencia,[20] esta Corporación ha señalado que en aplicación de la figura jurídica del allanamiento en la mora, en los casos en que la empresa promotora de salud, a pesar de la falta, extemporaneidad o incompletud de las cotizaciones efectuadas por el empleador o la trabajadora, no haya requerido de manera expresa el pago respectivo o no haya manifestado su rechazo, deberá reconocer y pagar la prestación económica reclamada a favor de su beneficiaria.[21] Ello por cuanto, la actitud omisiva por parte de la entidad en este sentido “[N]o puede ser alegada a su favor frente a la parte más débil de la relación, la madre y su hijo, que por demás, sí ha participado en el sistema amparada en la buena fe y en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.”[22] 5.3 Respecto del caso de las trabajadoras independientes,[23] cuyo pago de la licencia de maternidad fue negada por la falta, extemporaneidad o incompletud de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, en la sentencia T-122 de 2007,[24] la Corte sostuvo que la figura del allanamiento a la mora es igualmente aplicable. En este sentido, adujo: “Evidentemente las consideraciones anteriores no sólo se aplican para los empleadores que en forma tardía realizan los aportes a la seguridad social, sino que también para los trabajadores independientes, ya que se parte del mismo supuesto, es decir, el de la protección efectiva de los derechos de la madre y del recién nacido durante sus primeras semanas de vida en desarrollo del mandato constitucional.” Así mismo, en la sentencia T-559 de 2005,[25] esta Corporación afirmó: “En el caso de madres que trabajan de manera independiente, el gravamen que impondría la ley si no se reconociera el allanamiento a la mora en el que incurren las E.P.S., podría ser mayor al que tienen aquellas que son laboralmente dependientes, ya que, en el caso de éstas últimas, ante el no pago de la licencia por parte de la E.P.S. correspondiente, las madres tienen la posibilidad de cobrar el auxilio de maternidad a su empleador, cuando la negativa en el pago por parte de la entidad promotora de salud se debe a un incumplimiento en las obligaciones que tiene éste para con el sistema. En cambio, cuando estamos ante un caso de una trabajadora independiente, frente a la imposibilidad para trabajar durante el tiempo de la licencia y la negativa de pago por parte de la E.P.S del auxilio por maternidad, la madre no tendría a quien acudir para que asumiera esa obligación, lo cual la dejaría desprotegida a ella y a su hijo recién nacido.” 5.4 De acuerdo con lo expuesto, en aplicación de la figura jurídica del allanamiento a la mora, las EPS no podrán abstenerse de reconocer y pagar la licencia de maternidad a las trabajadoras dependientes, así como a las trabajadoras independientes, en los casos en que frente a la cancelación extemporánea de los aportes al sistema de seguridad social en salud, o ante la ausencia de ésta, no hayan efectuado el respectivo requerimiento al empleador o a la trabajadora -según el caso-, o no hayan rechazado expresamente su pago. 6. Estudio de los casos concretos 6.1 En consideración de los hechos que fundamentan las acciones de tutela de la referencia, y con fundamento en los enunciados normativos expuestos anteriormente, a continuación esta Sala establecerá si se deben revocar los fallos de tutela mediante los cuales se negó la solicitud de amparo invocada por cada una de las accionantes. 6.2 Para resolver estos casos, en las consideraciones generales de esta Sentencia, la Sala concluyó: (i) con fundamento en la Constitución Política y los instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno, la legislación nacional prevé que las mujeres trabajadoras -dependientes e independientes- afiliadas al Régimen Contributivo de Salud, tienen derecho a recibir por parte de su empresa promotora de salud, una remuneración correspondiente al valor de su salario durante un período de descanso que comprenderá doce (12) semanas en la época del parto; (ii) dado que la licencia de maternidad constituye un mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas recién nacidos y de las madres durante la etapa del parto, previo el cumplimiento de los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para el efecto, su reconocimiento y pago podrán ser ordenados a través de la acción de tutela; y, (iii) en aplicación de la figura jurídica del allanamiento a la mora, las EPS no podrán abstenerse de reconocer y pagar la licencia de maternidad a sus afiliadas, en los casos en que frente a la cancelación extemporánea de los aportes al sistema de seguridad social en salud, o ante la ausencia de ésta, no hayan efectuado el respectivo requerimiento al empleador o a la trabajadora -según el caso-, o no hayan rechazado expresamente su pago. En tal sentido, esta Sala precisó los siguientes requisitos jurisprudenciales para ordenar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad mediante la acción de tutela: (i) la falta de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad permite presumir la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de la madre y de su hijo, situación que puede ser desvirtuada por la EPS; (ii) la trabajadora cumple los requisitos exigidos por la ley para la exigibilidad del derecho; con relación al requisito legal de cotización ininterrumpida al Sistema durante el período de gestación, si el período en que no se cotizó al Sistema es inferior o igual a dos meses (8 semanas), las entidades promotoras de salud tienen la obligación de pagar el total de la licencia de maternidad; y, (iii) la acción de tutela fue interpuesta dentro del año siguiente a la fecha en que se causó el derecho. 6.3 Ahora bien, como pasará a demostrase, los casos de la referencia cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ordenar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad mediante la presente sentencia. 6.4 Expediente T-1819256 6.4.1 De acuerdo con lo indicado en el escrito de tutela[26] y en concordancia con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sra. Katerine Giovanetti Moreno se encuentra afiliada a Saludcoop EPS en calidad de cotizante dependiente desde el 3 de febrero de 2007.[27] El 9 de septiembre de 2007, luego de un período de gestación de 39 semanas, la Sra. Giovanetti Moreno dio a luz a su hija Vanessa Isabel Díaz Giovanetti.[28] En consecuencia, solicitó ante Saludcoop EPS el pago de la licencia de maternidad, cuya incapacidad médica fue dada por esa Entidad desde el 10 de septiembre de 2007 hasta el 2 de diciembre del mismo año.[29] Sin embargo, mediante comunicación del día 17 de septiembre de 2007, Saludcoop EPS le manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 047 de 2000, dado que sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud no fueron realizados de manera ininterrumpida durante el período de gestación, no era posible acceder al pago de la prestación económica reclamada.[30] Al respecto, en el escrito de tutela, el apoderado judicial de la accionante precisó que el sustento económico de su poderdante y el de su menor hija, dependen de su salario mensual de $500.000. 6.4.2 En escrito del 11 de octubre de 2007, Saludcoop EPS explicó que en el presente caso no es posible efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad reclamada, pues la accionante no cotizó ininterrumpidamente al Sistema durante el período de gestación. Esto por cuanto, dado que el parto tuvo lugar el 9 de septiembre de 2007 y que la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud se efectuó el 3 de febrero del mismo año, de 39 semanas de gestación, la actora sólo cotizó 31 semanas al Sistema, es decir, del término total de embarazo, no realizó los aportes correspondientes a 8 semanas. 6.4.3 De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, para esta Corte es admisible presumir que la negativa de Saludcoop EPS respecto de la solicitud de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad presentada por la Sra. Giovanetti Moreno, vulnera su derecho fundamental y el de su menor hija al mínimo vital. En efecto, es claro que su sustento económico, dada su condición de trabajadora, se deriva de la remuneración que percibe por la realización de su trabajo, esto es, $500.000. Entonces, si se tiene que el salario devengado por la accionante corresponde al monto de la licencia de maternidad reclamada, se puede concluir que el no reconocimiento y pago de la prestación económica en comento, deriva en su falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas propias y de su menor hija, pues aquella constituye su única fuente de ingresos. Al respecto, es menester resaltar que durante el trámite de la presente acción de tutela, la EPS no controvirtió la presunción indicada. 6.4.4 Con relación a la segunda condición jurisprudencial indicada en esta Sentencia, esto es, que la trabajadora reúna los requisitos exigidos por la ley para la exigibilidad del derecho al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, es necesario indicar que Saludcoop EPS en el escrito de contestación de la acción de tutela, señaló que el fundamento de su decisión obedece al incumplimiento del requisito legal según el cual, la trabajadora debe cotizar ininterrumpidamente al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el período de gestación. De acuerdo con el escrito de contestación aludido y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela,[31] se tiene que de 39 semanas de gestación, la actora sólo cotizó 31 semanas al Sistema, es decir, no realizó los aportes correspondientes a 8 semanas. Por ello, en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto en esta sentencia, esta Corporación ordenará a Saludcoop EPS que proceda a pagar a la actora el valor total de la licencia de maternidad que le corresponde. 6.4.5 Ahora bien, respecto del requisito jurisprudencial según el cual, en los casos en que a través de la acción de tutela se pretenda el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, aquella debe ser interpuesta dentro del año siguiente a la fecha en que se causó el derecho, esta Sala considera que en el presente caso dicho requisito se encuentra cumplido. En efecto, de acuerdo con los hechos que fundamentan la presente acción de tutela, la Sra. Giovanetti Moreno dio a luz a su hija el 9 de septiembre de 2007 e interpuso la presente acción de tutela el 4 de octubre de 2007, esto es, 25 días después del alumbramiento. 6.4.6 De esta forma, aplicando el criterio jurisprudencial señalado en esta Sentencia, esta Corte revocará la sentencia adoptada el 22 de noviembre de 2007 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao, mediante la cual se denegó la protección de los derechos fundamentales invocados, y en su lugar, concederá la tutela interpuesta y ordenará a Saludcoop EPS que en el término de 48 horas siguientes a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar a la actora el valor total de la licencia de maternidad que le corresponde. 6.5 Expediente T-1823824 6.5.1 La Sra. Villamizar Rubio se encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales EPS Seccional Norte de Santander, en calidad de cotizante independiente desde el 20 de abril de 2005. El 14 de diciembre de 2006, la Sra. Villamizar dio a luz a su hija María Isabela González Villamizar, razón por la cual su médico ordenó su incapacidad por licencia de maternidad desde esa fecha por un término de 84 días.[32] En este sentido, según lo afirmado en el escrito de recepción de la acción de tutela...